Guía código: g-anaj-01 implementación del programa nacional de casas de justicia y centros de convivencia ciudadana



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GUÍA

Código: G-ANAJ-01

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CASAS DE JUSTICIA Y CENTROS DE CONVIVENCIA CIUDADANA

Versión: 02

Vigencia:







  1. OBJETIVO.

Ser la herramienta de información que permita a los Entes Territoriales (Municipios y Departamentos) contar con los lineamientos necesarios para la implementación del Programa Nacional de Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana.




  1. ALCANCE.

Inicia con las generalidades del Programa Nacional de Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana, y finaliza con los lineamientos definidos para la implementación de una Casa de Justicia o de un Centro de Convivencia Ciudadana.




  1. GLOSARIO.



3.1. Casas de Justicia. Las Casas de Justicia son centros multiagenciales de información, orientación, referencia y prestación de servicios de resolución de conflictos, donde se aplican y ejecutan mecanismos de justicia formal y no formal. Con ellas se pretende acercar la justicia al ciudadano orientándolo sobre sus derechos, previniendo el delito, luchando contra la impunidad, facilitándole el uso de los servicios de justicia formal y promocionando la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Los servicios que se prestan en las Casas de Justicia serán gratuitos (Título 2, Artículo 2.1.2.1 del Decreto único 1069 de 2015).
Las Casas de Justicia son Centros Interinstitucionales de información, orientación, referencia y prestación de servicios de acceso a la justicia y resolución de conflictos, donde se aplican y ejecutan mecanismos de justicia formal y no formal. Con las Casas de Justicia se pretende acercar la justicia al ciudadano orientándolo sobre sus derechos, previniendo el delito, luchando contra la impunidad, facilitándole el uso de los servicios de justicia formal y promocionando la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Esto se realiza articulando la oferta de acceso a la justicia de diferentes Entidades del orden nacional, local y de la justicia comunitaria1.

3.2. Centro de Convivencia Ciudadana. Es un espacio donde se promueve la convivencia ciudadana. Opera a través de la articulación de Entidades prioritariamente de orden local y de la justicia comunitaria, que desarrollan Programas psicosociales y de acceso a la justicia, a través de mecanismos formales y alternativos, relacionados con la prevención, la atención y la resolución de conflictos, con el fin de contribuir a la reconstrucción y sostenibilidad del tejido social en las comunidades2.
3.3. Coordinador Nacional del Programa de Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana: Es un servidor público de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, encargado de la coordinación del equipo de trabajo, la articulación y gestión del funcionamiento del Comité Nacional, la orientación a la ejecución del plan de acción y la atención a los asuntos misionales del Programa en conjunto con los Coordinadores regionales y los demás integrantes del equipo de trabajo.
3.4. Coordinador Regional de Casas de Justicia. Profesional de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos perteneciente al equipo de trabajo del Programa Nacional de Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana, quien tiene a bajo su responsabilidad y seguimiento un conjunto de Casas de Justicia y/o Centros de Convivencia Ciudadana correspondientes a una parte del territorio nacional. Asimismo, contribuye en la ejecución de las acciones misionales del programa y afines en la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos.
3.5. Solicitud para la implementación del Programa Nacional de Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana. Es la petición que realiza el Representante Legal del Municipio o Distrito, a través del formato electrónico establecido por el Ministerio, en el cual registra los datos requeridos para la implementación del Programa Nacional de Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana, acatando los lineamientos establecidos. La solicitud se presenta en conjunto con el Diagnóstico de Conflictividad y los documentos técnicos y legales requeridos.
3.6. Diagnóstico de Conflictividad. Es un estudio que elabora el Ente Territorial y que debe entregar junto con la solicitud para la implementación del Programa Nacional de Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana. Este diagnóstico se elabora teniendo en cuenta la problemática psicosocial que afecta al Municipio o Distrito, y permite acceder a información pertinente de naturaleza estadística, cualitativa y al mapa de conflictividad. Asimismo, constituye un elemento de juicio para evaluar la pre-factibilidad de la solicitud y como insumo necesario para la visita de acompañamiento institucional. El diagnóstico debe estar vigente y puede corresponder al que es elaborado para establecer el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio.
3.7. Estudio de Pre-factibilidad de la solicitud. Es la verificación previa del cumplimiento de unos requisitos mínimos establecidos por el Ministerio, para la implementación del Programa Nacional de Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana. Uno de los resultados de este estudio será la generación de un concepto relacionado con la factibilidad para construir una Casa de Justicia o un Centro de Convivencia Ciudadana u otra alternativa de articulación interinstitucional.
3.8. Visita de acompañamiento institucional. Comprende la presentación del Programa, la sensibilización a la comunidad y a las Entidades que harán presencia en la Casa de Justicia o en el Centro de Convivencia Ciudadana, al igual que la verificación de la oferta institucional existente, la factibilidad de articulación interinstitucional y demás condiciones sociales, institucionales, de operación y de sostenibilidad, requeridas para la implementación del Programa.
3.9. Visita de verificación técnica. Es el reconocimiento presencial del lote que posee el Municipio o el Distrito, donde va a ser construida la Casa de Justicia o el Centro de Convivencia Ciudadana, con el fin verificar la ubicación, dimensiones, servicios públicos, vías de acceso, riesgos y demás condiciones técnicas requeridas para la ejecución del respectivo proyecto de construcción.
3.10. Concepto de Factibilidad de la solicitud. Es el resultado del estudio realizado a la solicitud que presenta el Municipio o Distrito, teniendo en cuenta los conceptos generados de las visitas de acompañamiento institucional y de verificación técnica. Este concepto permitirá definir en la instancia competente, si procede o no la presentación del Proyecto para su respectiva revisión técnica, jurídica y financiera, de acuerdo a los criterios establecidos por éste.
3.11. Proyecto de cofinanciación para la construcción de Casas de Justicia o Centros de Convivencia Ciudadana. Es la compilación de la documentación y cumplimiento de requisitos técnicos y para celebrar Convenios, que presentan las Alcaldías Municipales o Distritales, para la cofinanciación de la construcción de una Casa de Justicia o de un Centro de Convivencia Ciudadana, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Programa.
3.12. Radicación de los soportes documentales del Proyecto. Es la presentación formal en la Oficina de Correspondencia del Ministerio, de los soportes documentales del Proyecto, tanto en medio físico como magnético, teniendo en cuenta los requisitos establecidos por el Programa.
3.13. Revisión del Proyecto. Es el procedimiento mediante el cual se verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Programa, del Proyecto que ha sido radicado.
3.14. Viabilización del Proyecto. Es el producto que se obtiene cuando se han cumplido los requisitos técnicos y los institucionales y es un requisito para la suscripción del convenio de cofinanciación.
3.15. Convenio de Cooperación Interinstitucional para la cofinanciación de la construcción de Casas de Justicia y/o Centros de Convivencia Ciudadana. Es la suscripción del Acuerdo Contractual entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y los Entes Territoriales (Municipio o Distrito y eventualmente los Departamentos u otro Ente Cofinanciador), con el fin de materializar la cofinanciación de la construcción de la Casa de Justicia o del Centro de Convivencia Ciudadana.
3.16. Convenio para la operación y sostenibilidad de la Casa de Justicia o el Centro de Convivencia Ciudadana. Es la suscripción de un Acuerdo que se efectúa simultáneamente con la firma de Convenio de Cofinanciación para la construcción de la Casa de Justicia o el Centro de Convivencia Ciudadana, mediante el cual el Ente Territorial asume la responsabilidad de garantizar los recursos, equipos, muebles y el talento humano, para que opere la Casa de Justicia o el Centro de Convivencia Ciudadana como lo establece el Programa. Esto con la finalidad de garantizar el óptimo funcionamiento físico e institucional y la sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo de los mismos.
3.17. Proceso de inducción al Programa. Es el aprestamiento que suministra el Ministerio de Justicia y del Derecho, junto con las Entidades de la oferta nacional y de la Justicia comunitaria preferiblemente, la cual va dirigida a los Funcionarios u Operadores de servicio de acceso a la justicia que harán parte del equipo de trabajo de la Casa de Justicia o del Centro de Convivencia Ciudadana, sobre el gobierno, la organización, operación, funciones, competencias y lineamientos establecidos por el Programa.
3.18. Puesta en operación de la Casa de Justicia o el Centro de Convivencia Ciudadana. Es cuando la Casa de Justicia o el Centro de Convivencia Ciudadana inicia a ofrecer los servicios misionales a la comunidad.

  1. DESARROLLO.



I. PROGRAMA NACIONAL DE CASAS DE JUSTICIA Y CENTROS DE CONVIVENCIA CIUDADANA

Se encarga de establecer lineamientos que contribuyan a garantizar el acceso eficiente y oportuno de los ciudadanos a la administración de justicia, sobre todo en aquellos lugares que presentan altos índices de vulnerabilidad, marginalidad económica y social, criminalidad y conflictividad comunitaria y que cuentan con reducida o ausente presencia física o institucional estatal en materia de justicia, al igual que desarrollar estrategias preventivas orientadas hacia la convivencia ciudadana, el rescate de valores y el restablecimiento del tejido social.


El Programa se compone de dos elementos: las Casas de Justicia y los Centros de Convivencia Ciudadana.

A. CASAS DE JUSTICIA.

Las Casas de Justicia son centros multiagenciales de información, orientación, referencia y prestación de servicios de resolución de conflictos, donde se aplican y ejecutan mecanismos de justicia formal y no formal. Con ellas se pretende acercar la justicia al ciudadano orientándolo sobre sus derechos, previniendo el delito, luchando contra la impunidad, facilitándole el uso de los servicios de justicia formal y promocionando la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Los servicios que se prestan en las Casas de Justicia serán gratuitos (título 2, artículo 2.1.2.1 del Decreto único 1069 de 2015). Esta definición se ratifica en el Convenio Nacional.


En las Casas de Justicia, las personas de la Comunidad reciben una respuesta centralizada, mediante la intervención coordinada de las diferentes Entidades tanto del orden Nacional como local que hacen presencia en la casa, buscando principalmente la apropiación ciudadana y comunitaria en el uso de mecanismos alternativos para la solución pacífica de conflictos.

I. Antecedentes.
La Reforma Constitucional de 1991, fue el impulso para el desarrollo de Programas que tienen como objetivo garantizar el acceso al servicio de justicia, contemplado como un derecho fundamental, y también para descongestionar el sistema judicial en Colombia. Específicamente, el artículo 229 de la Constitución garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. Por su parte, el artículo 116 faculta al Estado para otorgar a particulares la función de administrar justicia en ciertas circunstancias.
Las Casas de Justicia en Colombia se conciben como centros interinstitucionales de orientación, referencia y atención para facilitar el acceso de la población de determinada localidad a servicios de justicia formal y no formal. Allí los usuarios encuentran atención amable, integral, gratuita y una respuesta centralizada, ágil y oportuna, a sus inquietudes y requerimientos.

Como Programa, inició en el año 1995 por iniciativa del entonces Ministerio de Justicia y del Derecho; el día 17 de junio de 1995 fue acogido por el Gobierno de Bogotá, con la implementación de la primera Casa de Justicia ubicada en Ciudad Bolívar, poco tiempo después se inauguró la segunda Casa de Justicia en Aguablanca - Cali.


En el año 2003, el Ministerio de Justicia y del Derecho se fusiona con el Ministerio del Interior y a partir de ese momento el nuevo Ministerio del Interior y de Justicia, a través de la Dirección de Acceso a la Justicia, asume la Coordinación del Programa Nacional de Casas de Justicia, mediante el Decreto 200 del 3 de febrero del mismo año.
En el año de 2011, con la promulgación de la Ley 1444 del mismo año. el Ministerio del Interior y de Justicia se escinde y se crea el Ministerio de la Justicia y el Derecho, que asume el manejo del Programa Nacional de Casas de Justicia a través de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos mediante Decreto 2897 de 2011.

II. Marco normativo y reglamentario convencional.
El Programa Nacional de Casas de Justicia se desarrolla a partir de lo estipulado en la Constitución Política (artículos 113 -229). Está regulado por el Decreto 1477 de 2000, en el cual se destacan los objetivos fundamentales, los servicios, las Entidades participantes y las responsabilidades de cada una de ellas.
Ante la necesidad de incorporar nuevos elementos para la proyección y sostenibilidad del Programa Nacional, se firma el 29 de julio de 2005 el Convenio Nacional para la Puesta en Marcha del Programa Nacional de Casas de Justicia. Por su parte, el Decreto 2897 de 2011 asigna las funciones a la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, entre estas, las relacionadas con el Programa.

III. Misión.
Formular, coordinar y apoyar la política pública de acceso a la Justicia por medio de los modelos de Justicia formal y no formal para ser implementada a nivel Municipal y/o Distrital a través de las Casas de Justicia.

IV. Visión.
Ser el Programa líder en el tema de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos y modelo de articulación de las Entidades que hacen parte del mismo y trabajan el acceso a la justicia, consolidando un portafolio de oferta de servicios, prestado con estándares de eficiencia y calidad.

V. Objetivo general.
Facilitar a la comunidad el acceso a la Justicia, prioritariamente en zonas marginales y en las cabeceras Municipales (artículo 1° del Decreto 1477 de 2000 y numeral 1 sección A del Convenio Nacional).


VI. Objetivos y funciones específicas (artículo 2.2.4.1.2, del Decreto unificado 1069 de 2015).


  • Crear espacios de acción integral en materia de justicia comunitaria con la justicia formal.

  • Acercar la prestación de ciertos servicios de justicia formal a la comunidad con el fin de facilitar su acceso.

  • Ampliar la cobertura de la administración de justicia.

  • Involucrar a la comunidad en la resolución formal y no formal de los conflictos.

  • Fomentar una cultura de convivencia pacífica y de respeto al derecho ajeno.

  • Propiciar la participación efectiva de la comunidad en el diagnóstico y solución de los problemas en materia de administración de justicia.

  • Establecer espacios de participación y pedagogía ciudadana que contribuyan a la construcción de una convivencia pacífica.

  • Implementar metodologías para el uso y la difusión de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.

  • Ser instrumento para la articulación de las políticas de justicia del Estado, con los Programas de desarrollo comunitario.

  • Promover la defensa de los derechos humanos de los miembros de la comunidad.

  • Asesorar y orientar a la comunidad en el uso del servicio público de la justicia.

  • Orientar jurídicamente a la comunidad en sus derechos y obligaciones.

  • Desarrollar Programas de prevención en violencia intrafamiliar y protección de los derechos humanos.

  • Servir de espacio para el análisis de la conflictividad social, por parte de investigadores avalados por el Ministerio de Justicia y del Derecho.





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