Gaceta del senado



Descargar 1.68 Mb.
Página3/6
Fecha de conversión09.05.2019
Tamaño1.68 Mb.
1   2   3   4   5   6

Es por todo lo anterior que el Partido Verde Ecologista de México en busca de una solución a la problemática tan compleja en que se encuentra nuestro sistema penitenciario, somete a consideración de esta honorable Cámara la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 6, recorriéndose los demás en su orden; se adiciona un Capítulo V Bis “De los Adultos Mayores” con los artículos 16 Bis y 16 Bis 1; se adiciona un Capítulo V Ter “De los enfermos psiquiátricos y de los enfermos terminales” con los artículos 16 Ter, 16 Ter 1 y 16 Ter 2; y se adiciona un Capítulo VII “De las mujeres y sus derechos” con los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, todos a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar como sigue:



LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE

READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS

ARTÍCULO 6.- ...

Tratándose de indiciados, procesados, sentenciados o internos que sean de cultura indígena, se les respetará su dignidad personal, salvaguardando sus derechos humanos, por lo que se les dará el trato y tratamiento correspondiente conforme a las disposiciones constitucionales, leyes y tratados aplicables en la materia, además de proporcionarles un traductor a fin de que les sea posible comunicarse e interactuar con la comunidad del Sistema Penitenciario.




CAPITULO V BIS

DE LOS ADULTOS MAYORES



ARTÍCULO 16 Bis.- En el caso de las personas mayores de 70 años:
I.- El juez de oficio o a petición de parte podrá ordenar que la privación de la libertad durante el proceso se ejecute en el domicilio del indiciado bajo las medidas de seguridad que procedan, cuando dicha imposición resulte notoriamente innecesaria e irracional, a consecuencia de que el indiciado presente senilidad o precario estado de salud.
II.- Antes de dictar sentencia, el juez de oficio o a petición de parte, valorará si el indiciado presenta senilidad o precario estado de salud y, en su caso, podrá sustituir la pena privativa de la libertad por una medida de seguridad, siempre y cuando no exista prohibición expresa por el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y la presente Ley para la obtención de este beneficio.
III.- Para aquellos que se encuentren purgando pena corporal en un Centro de Readaptación Social, el juez podrá de oficio o a petición de parte sustituir la pena privativa de la libertad por una medida de seguridad, cuando por su senilidad, su precario estado de salud o enfermedad crónica degenerativa, fuere notoriamente innecesario o irracional que siga compurgando dicha pena.
No gozarán de ésta prerrogativa quienes a criterio del juez puedan sustraerse de la acción de la justicia manifestando una conducta que haga presumible su peligrosidad. En todo caso la valoración por parte del juez se apoyará en dictámenes de peritos

ARTICULO 16 Bis 1: El otorgamiento del beneficio preliberacional señalado en el artículo anterior se concederá cumpliendo con los siguientes requisitos:
I.- Que el sujeto activo tenga más de 70 años y/o sufra de senilidad y/o su estado de salud sea tan precario que resulte irracional o innecesario la reclusión de éste.
II.- No ser reincidente.
III.- Cuente con una persona conocida, que se comprometa y garantice a la Autoridad Ejecutora, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el preliberado.
IV.- Compruebe fehacientemente contar con un medio de subsistencia en el exterior y/o una persona conocida se comprometa a ver por su bienestar, estado de salud y de avisar de cualquier eventualidad a la Autoridad Ejecutora.

CAPÍTULO V TER

DE LOS ENFERMOS PSIQUIATRICOS Y

DE LOS ENFERMOS TERMINALES



ARTICULO 16 Ter.- El juez de oficio o a petición de parte podrá ordenar que la privación de la libertad durante el proceso se ejecute en el domicilio del indiciado bajo las medidas de seguridad que procedan, cuando dicha imposición resulte notoriamente innecesaria e irracional, a consecuencia de su evidente precario estado de salud como resultado del padecimiento de una enfermedad terminal.
Antes de dictar sentencia, el juez de oficio o a petición de parte, valorará sí el indiciado presenta precario estado de salud a consecuencia de una enfermedad terminal, y en su caso podrá sustituir la pena privativa de la libertad por una medida de seguridad, siempre y cuando no exista prohibición expresa por el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y la presente Ley para la obtención de este beneficio.
No gozarán de ésta prerrogativa quienes a criterio del juez puedan sustraerse de la acción de la justicia manifestando una conducta que haga presumible su peligrosidad. En todo caso la valoración por parte del juez se apoyará en dictámenes de peritos
Artículo 16 Ter 1.- El sentenciado que haya sido diagnosticado como enfermo terminal, será ubicado inmediatamente en la institución o área de rehabilitación del Sistema Penitenciario Federal a fin de recibir el servicio médico adecuado para el tratamiento de su enfermedad.
Artículo 16 Ter 2.- La Autoridad Ejecutora de oficio o a petición de parte, podrá externar, provisional o definitivamente, a aquellos internos diagnosticados por un médico especialista como enfermos terminales cuando reúnan los siguientes requisitos:
I.- Cuente con valoración médica especializada que establezca que el sentenciado se encuentra desahuciado, por lo que resulta innecesario o irracional que siga compurgando dicha pena.
lI.- Cuente con valoración técnica que determine una adecuada vigilancia y contención familiar así como un bajo riesgo social.
III.- Cuente con una persona conocida, que se comprometa y garantice a la Autoridad Ejecutora, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el preliberado.

IV.- Compruebe fehacientemente contar con un medio de subsistencia en el exterior y/o una persona conocida se comprometa a ver por su bienestar, estado de salud y de avisar de cualquier eventualidad a la Autoridad Ejecutora.
No gozarán de ésta prerrogativa quienes a criterio del Autoridad correspondiente puedan sustraerse de la acción de la justicia manifestando una conducta que haga presumible su peligrosidad. En todo caso la valoración por parte de la Autoridad correspondiente se apoyará en dictámenes de peritos.

CAPITULO VII

DE LAS MUJERES Y SUS DERECHOS



ARTÍCULO 19.- Las internas tienen derecho a recibir atención médica así como medicinas, curaciones y medicamentos de manera periódica para el tratamiento:

I.- Ginecológico;

II.- Psicológico;

III.- Odontológico,

IV.- Terapéutico;

V.- Familiar;

VI.-Preventivo;

VII.- De Control Natal, y

VIII.- Los demás que por salud pública marque la Ley General de Salud, Reglamentos y demás disposiciones relativas y aplicables al presente artículo.
ARTÍCULO 20.- En caso de embarazo o embarazo de alto riesgo:
I.- El juez de podrá ordenar que la privación de la libertad durante el proceso se ejecute en el domicilio de la indiciada bajo las medidas de seguridad que procedan, cuando dicha imposición resulte notoriamente innecesaria e irracional, a consecuencia de que la indiciada presente riesgo en su embarazo y/o esté a semanas del alumbramiento.
II.- Antes de dictar sentencia, el juez valorará sí la indiciada presenta riesgo en su embarazo y en su caso podrá sustituir la pena privativa de la libertad por una medida de seguridad, siempre y cuando no exista prohibición expresa por el Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal y la presente Ley para la obtención de este beneficio.
III.- Para aquellas que se encuentren purgando pena corporal en un Centro de Readaptación Social, el juez podrá de oficio o a petición de parte sustituir la pena privativa de la libertad por una medida de seguridad, cuando sea inminente el riesgo que corre la interna y su hijo concebido pero no nacido, y/o cuando después del alumbramiento el hijo concebido y/o la interna se encuentren en una situación de salud tal, por lo que fuere notoriamente innecesario o irracional que siga compurgando dicha pena.
No gozarán de ésta prerrogativa quienes a criterio del juez puedan sustraerse de la acción de la justicia manifestando una conducta que haga presumible su peligrosidad. En todo caso la valoración por parte del juez se apoyará en dictámenes de peritos

ARTICULO 21.- El otorgamiento del beneficio preliberacional señalado en el artículo anterior se concederá cumpliendo con los siguientes requisitos:

I.- Que le sujeto activo padezca un embarazo de alto riesgo, lo cual represente de peligro inminente en su estado de salud por lo que resulte irracional o innecesario la reclusión de éste.

II.- No ser reincidente de delito grave.

III.- Cuente con una persona conocida, que se comprometa y garantice a la Autoridad Ejecutora, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la preliberada.

IV.- Compruebe fehacientemente contar con un medio de subsistencia en el exterior y/o una persona conocida se comprometa a ver por su bienestar, estado de salud y de avisar de cualquier eventualidad a la Autoridad Ejecutora.

ARTÍCULO 22.- En caso de alumbramiento las internas tendrán derecho a pasar los primeros cuarenta días del recién nacido en el pabellón designado por el Centro de Reclusión para tal efecto, con la finalidad de que la interna provea a su hijo de leche materna.

ARTÍCULO 23.- Pasados los primeros cuarenta días del recién nacido, la interna que se encuentre lactando tendrá derecho a:

I.- Acudir cada cuatro horas al cunero donde se encuentre su hijo para satisfacerlo de las necesidades básicas que pudiera tener.

II.- Pasar la noche con su recién nacido, en el pabellón designado por el Centro de Reclusión, a fin de satisfacer la demanda alimenticia del mismo.

III.- Dormir por un periodo de dos horas intercaladas entre sus actividades, a fin de que su recuperación sea pronta, y su estado de salud óptimo.

IV.- Recibir atención ginecológica para determinar la evolución de su recuperación después del alumbramiento, así hubiera sido parto o cesárea.

ARTÍCULO 24.- Las internas tienen el derecho de tener a sus hijos dentro del Centro de Reclusión, hasta que éstos lleguen a la edad de 1 año, los cuales contarán con las garantías que la Ley para la Protección de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención Sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas para respetarlos y hacer que se respeten, y las demás relativas y aplicables les otorguen.

ARTÍCULO 25.- Las internas tienen derecho a tener a sus hijos menores de 1 año en el Centro de Reclusión:

I. Cuando la interna no sea reincidente condenada por delito grave.

II. Cuando por resolución judicial el padre del menor haya perdido la patria potestad, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil.

III. Cuando exista impedimento para que el menor conviva con su padre en condiciones óptimas para su desarrollo.

VI. Cuando la interna sea madre soltera.

ARTÍCULO 26- Los hijos menores de las internas que se encuentren en el Centro de Reclusión, tienen derecho a:

I. Un nombre propio, para ello los Gobierno locales buscará los medios idóneos para que las autoridades del Registro Civil realicen jornadas, en el interior del Centro de Reclusión, para el registro de los menores así como se les proporcione las actas de nacimiento correspondientes.

II. Contar un lugar limpio y apropiado donde dormir.

III. Contar con la atención médica especializada de pediatra, nutriólogo y demás personal capacitado para su óptimo desarrollo.

IV. Tener acceso a las medicinas, curaciones y medicamentos que requieran para la cura por accidente, mal común y/o mal congénito.

V.- Contar con un lugar con mobiliario y material adecuado para la realización de sus actividades recreativas y de enseñanza.

VI. Tener tres alimentos al día.

VII. Las demás que por salud pública marque la Ley General de Salud, Reglamentos y demás disposiciones relativas y aplicables al presente artículo.



ARTÍCULO 27.- Es obligación de la Secretaria de Salud:

I. Verificar que las instalaciones donde se encuentren los menores, hijos de las internas, realizando sus actividades cumplan con las normas mínimas de salud.

II. Verificar que existan instalaciones limpias para la higiene, descanso y esparcimiento de los menores.

III. Verificar que exista un expediente por cada uno de los hijos menores de las internas que deberá contener:



  1. Nombre completo del menor;

  2. Nombre de la madre y ubicación de ésta dentro del Centro de Reclusión;

  3. Lugar y Fecha de nacimiento del menor;

  4. Historial Médico el cual se conforma de:

    1. Tipo de Sangre;

    2. Record de talla y peso por mes.

    3. Si padece alguna enfermedad congénita.

    4. Medicamentos prescritos por un médico especialista para el tratamiento de su padecimiento.

    5. Medicamentos a los que sea alérgico.

IV. En cada revisión el médico que atendió al menor, deberá elaborar informe detallado del estado físico que tenía el niño al momento de la consulta, la cual debe contener:

      1. La fecha y hora en la que se realizó la consulta;

      2. Nombre del menor

      3. Padecimiento

      4. Medicamentos que se le prescribieron, dosis a tomar e indicaciones extras para el pronto mejoramiento de la enfermedad

      5. Nombre y firma del médico que realizó la consulta

V. Planear y llevar a cabo de manera periódica, programas de vacunación, así como otorgar la cartilla de vacunación a cada uno de los hijos menores de las internas.

VI. Coadyuvar y brindar el apoyo necesario que el Centro de Reclusión solicite en caso de cualquier enfermedad común, enfermedad contagiosa, mal congénito y/o emergencia.

VII. Proveer al Centro de Reclusión de un botiquín de primeros auxilios con medicamentos pediátricos.

VIII. Certificar y avalar a los médicos especialistas que presten su servicio en el Centro de reclusión como son Pediatras, Nutriólogo, Psicólogo, Terapeuta, así como todo aquel personal que tenga contacto con el menor para verificar la salud mental del prestador de servicios, principalmente.

IX. Verificar que los alimentos que consumen los hijos menores de las internas estén en buen estado y sean adecuados a su edad.

X. Proveer al Centro de Reclusión de fórmulas de leche, complementos alimenticios, y demás insumos que requieran los hijos menores de las internas para un sano desarrollo.

XI. Realizar jornadas de prevención y detección del Cáncer Cervico Uterino, Cáncer de Mama.

XII. Realizar jornadas de Control Natal.

XIII. Las demás que por salud pública marque la Ley General de Salud, Reglamentos y demás disposiciones relativas y aplicables al presente artículo.
T R A N S I T O R I O S

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:
SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS

COORDINADOR
SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA

SEN. LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ

SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO

Del Sen. Francisco Javier Obregón Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

E






SEN. Francisco Javier
Obregón
Espinoza




l que suscribe, Francisco Javier Obregón Espinoza, Senador por el Estado de Baja California Sur, a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 135 de la Carta Magna y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter, por conducto de esta Honorable Soberanía, la siguiente:


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 56 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:


Exposición de Motivos
El objeto de la presente iniciativa de reforma constitucional es que para la elección de senadores de representación proporcional los partidos políticos registren una fórmula por entidad federativa, a efecto de evitar la sobre y subrepresentación de éstas en el Senado de la República.
En esta etapa de revisión de nuestro diseño institucional, en el que se discuten temas de fondo sobre la conformación del Poder Legislativo federal, en la búsqueda de los equilibrios que demanda nuestro sistema representativo, es necesario que se replantee la forma de integración del Senado de la República, específicamente de los senadores electos mediante lista nacional, a la luz de la evolución que éste ha sufrido en los últimos años.
Mediante una reforma en 1986 se modificó el sistema prevaleciente de renovación total por el de renovación parcial por mitad de los senadores cada tres años, similar al caso del Senado norteamericano, en que la renovación es parcial a terceras partes cada dos años.
Con la reforma de 3 de septiembre de 1993 se volvió al sistema anterior de renovación total del Senado cada seis años y se estableció una nueva composición de la Cámara de Senadores con 128 integrantes, cuatro por entidad federativa, incluyendo tres de mayoría relativa y uno de primera minoría, a fin de integrar otras fuerzas políticas a la vida del Senado por una vía distinta a la de la mayoría, con lo que se abre así, por primera vez a la pluralidad.
La última reforma a este artículo 56 constitucional, en 1996, mantiene la conformación del Senado con 128 senadores, pero establece una nueva forma de integración, al pasar a una elección de dos senadores por el principio de votación mayoritaria y uno de primera minoría por cada entidad federativa y se introduce la figura de la representación proporcional, mediante un sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, sistema por el que se elegirán los 32 senadores restantes.
No obstante que mediante estas modificaciones se avanzó en la forma de que nuevas expresiones puedan acceder a la Cámara de Senadores, sobre todo con la figura de los senadores electos mediante la lista nacional, que refleja mejor las preferencias electorales de los partidos políticos, la realidad es que ésta fórmula rompió con la esencia federalista de la Cámara de Senadores en nuestro país desde su origen: la representación de las entidades federativas ante el Pacto Federal.
Con la introducción de la lista de senadores de representación proporcional establecida en el artículo 56 de la Constitución General de la República, el Senado de la República ha perdido el papel de órgano de representación paritaria de las entidades federativas, ya que dicha figura no quedó regulada para mantener el equilibrio de la representación de los estados y el Distrito Federal, con lo que se rompió con el principio de paridad que debe tener la representación territorial del Senado.
No olvidemos el papel que constitucionalmente tiene asignado el Senado, particularmente en los sistemas federales, que es el de servir de órgano de representación de las entidades que han suscrito el pacto federal.
De acuerdo con el análisis de la entidad de origen de las 32 Senadoras y Senadores que se eligieron mediante el sistema de lista nacional para la LX y LXI Legislaturas, se distribuyen de la siguiente manera:

DISTRITO FEDERAL 9 GUANAJUATO 3

COAHUILA 2 SINALOA 2

PUEBLA 2 NUEVO LEÓN 2

ZACATECAS 2 EDO. DE MÉXICO 1

CHIHUAHUA 1 MICHOACÁN 1

SONORA 1 OAXACA 1

COLIMA 1 GUERRERO 1

VERACRUZ 1 DURANGO 1

BAJA CALIFORNIA 1


De acuerdo con lo anterior, 7 entidades federativas exceden el número que les corresponde para mantener el equilibrio en esta Cámara, 10 se encuentran representadas adecuadamente y 15 entidades federativas son las que no se encuentran representadas en la lista nacional: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.
Evidentemente que esta desproporción ocasiona que en el Senado existan entidades que cuentan con un número de legisladores que no responde a criterios territoriales, poblacionales, económicos, sino son producto del texto constitucional vigente, que no ha dispuesto el mecanismo adecuado para generar una representación paritaria y equilibrada en este cuerpo legislativo.
Con la presente propuesta de reforma, se establece que en la integración de la lista nacional a la que alude el segundo párrafo del artículo 56 constitucional los partidos políticos registren una fórmula de candidatos por entidad federativa, con lo cual se generan dos resultados directos: se disminuye la desproporción del número de senadores electos por entidad federativa por este principio y posibilita que en dicha lista se incluyan candidatos de cada una de las entidades federativas, suprimiéndose la posibilidad de repeticiones por entidad.
No obstante que esta fórmula no genera por sí misma la representación paritaria de las entidades federativas en el Senado, porque no puede establecerse un orden en la confección de la listas de candidatos de cada partido, ni puede preverse la proporción de la votación nacional que obtenga cada uno de ellos, sí hace posible mayores condiciones para lograr tal paridad, y que la integración misma de la lista de cada partido permita que los electores cuenten con un elemento adicional para la emisión de su voto.
Pero además, y consideramos que es la aportación fundamental de la presente iniciativa, se evita la posibilidad teórica de que una sola entidad federativa pueda estar representada por 35 senadores: dos de mayoría relativa, uno de primera minoría y la totalidad de los integrantes de la lista nacional.
Mediante esta reforma se conserva el propósito fundamental de la figura de los senadores de representación proporcional de que los partidos minoritarios puedan acceder al Senado, pero se generan márgenes menores de sobre y subrepresentación que con el esquema actual.
Finalmente, de acuerdo con lo dispuesto por el texto de la parte final de este párrafo, la ley secundaria será la que determinará las formas en que se cumplirá el registro de candidatos correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:



PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 56 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el segundo párrafo del artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 56. .....

Los 32 Senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, para la cual los partidos políticos o coaliciones deberán registrar una fórmula por cada entidad federativa. La Ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

………….

TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente



Senador Francisco Javier Obregón Espinoza

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a los doce días del mes de marzo de dos mil ocho.



Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción V del artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y se reforma y adiciona el inciso 32 Bis del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

I





SEN. Silvano
Aureoles
Conejo





NICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 31 DE DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, Y SE REFORMA Y ADICIONA EL INCISO 32 BIS DEL ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El suscrito, Silvano Aureoles Conejo, Senador de la República integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa de con Proyecto de Decreto por el que se, de conformidad a la siguiente



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO.- La energía compactada en una pila permite escuchar música, operar a distancia equipos electrónicos y mantener en funcionamiento otros aparatos como cámaras fotográficas y teléfonos celulares. Cuando esa energía se extingue, tiramos la pila a la basura. Ese acto en apariencia inofensivo representa un serio problema, pues las pilas contienen sustancias de elevada toxicidad que amenazan nuestra salud.

SEGUNDO.- Las pilas son fabricadas con elementos químicos considerados como tóxicos, de hecho, 30 por ciento de su contenido son materiales que causan daños a la salud y el medio ambiente. En México, cuando una pila ya no sirven se tira en la basura doméstica o a cielo abierto; con el paso de tiempo y por la descomposición de sus elementos se oxidan y derraman diferentes tóxicos en suelo, agua y aire. Lo mismo sucede cuando se quema en basureros o se incinera.

TERCERO.- Existen estudios que muestran que 35 por ciento de la contaminación por mercurio es ocasionada por las baterías que se incineran con la basura doméstica.  Para tener una dimensión del problema de contaminación basta mencionar que una sola pila botón (como las que utilizan los relojes) puede contaminar 6.5 millones de litros de agua, la misma cantidad que tiene la alberca universitaria de la UNAM.

CUARTO.- Los principales componentes de las pilas son litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo y zinc. Estos son  sus efectos nocivos:

Litio: provoca fallas respiratorias, depresión del miocardio, edema pulmonar y estupor profundo. Afecta seriamente el sistema nervioso, puede conducir al estado de coma y a la muerte.

Níquel: el efecto adverso es una reacción alérgica. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer ha determinado que es cancerígeno.

Mercurio: el metil-mercurio puede atravesar la placenta, acumularse y provocar daño en el cerebro, en los tejidos de los neonatos, y transmitirse a través de la leche materna. En los menores provoca retraso mental, falta de coordinación, ceguera y convulsiones. A los adultos les ocasiona cambios de personalidad, pérdida de la memoria, sordera, daños en los riñones y en los pulmones.

Cadmio: respirarlo produce lesiones graves en pulmones; además, se acumula en los riñones. Altas dosis pueden causar la muerte.

Manganeso: ocasiona problemas respiratorios y alteraciones de la función sexual. El manganismo es la afectación a la parte del cerebro que controla las funciones motrices.

Plomo: daña al cerebro, a los riñones, a la médula espinal, y al sistema reproductivo masculino. Altas concentraciones ocasionan convulsiones, estado de coma e incluso la muerte.

Zinc: Ocasiona intoxicación por inhalación.[1]

Por su contenido, las pilas deberían ser manejadas de un modo especial cuando termina su vida útil. Si van a la basura, se descomponen con el paso del tiempo y al contacto con la materia orgánica que las rodea, o peor aún, son quemadas junto con los desechos. Al ser destruida su envoltura metálica, los componentes tóxicos son liberados al aire, el suelo y el subsuelo. Así entran en contacto con ríos y lagos, con las corrientes subterráneas, con el mar.

El efecto adverso más común de exposición al níquel en seres humanos es una reacción alérgica. Entre 10 y 15 por ciento de la población es sensible a él. Algunas personas que son sensibles a este metal sufren ataques de asma luego de periodos de exposición. La exposición a niveles de manganeso muy altos durante largo tiempo ocasiona perturbaciones mentales y emocionales, y provoca movimientos lentos y faltos de coordinación.

Después de cierto tiempo, los componentes de las pilas comienzan a oxidarse, deshaciendo su empaque. Estas sustancias, al estar en contacto directo con los aparatos, terminan por "quemarlos" y echarlos a perder. Se recomienda quitar las baterías a los aparatos que no van a ser usados por lapsos prolongados de tiempo.

Los componentes de la pila, en su mayoría tóxicos, si son sacados de la envoltura o empaque antes de oxidarse, pueden quemar o corroer las superficies con las que tengan contacto. Además, pueden lastimar seriamente la piel humana.

Algunas pilas al entrar en contacto con el fuego pueden explotar. En otros casos, los componentes de las pilas entran en combustión y liberan gran cantidad de contaminantes al aire.

QUINTO.- Las pilas de origen ilegal o "piratas" contaminan más que otras, debido a que su tiempo de duración es muy corto, por lo que se desechan rápidamente.  Se calcula que en un año se consumen más de 300 millones de pilas de origen ilegal, lo cual podría dar una dimensión de la cantidad de materiales tóxicos que producen.

Cada año se consumen 75 toneladas de baterías de telefonía inalámbrica; 18 por ciento del contenido de estas baterías es cadmio y 20 por ciento es níquel, por lo que se calcula que cerca de 28.5 toneladas de residuos peligrosos son generados anualmente por las baterías utilizadas en teléfonos celulares.

Debo recordar que un estudio realizado por el Instituto Nacional de Ecología resalta que de 1960 a 2003 se liberaron en el país aproximadamente 635 mil toneladas de pilas, las cuales produjeron cerca de 190 mil toneladas de sustancias tóxicas. Estas cifras no tomaron en cuenta las pilas "piratas" y las que ya incluyen muchos aparatos y relojes.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente, para quedar como sigue:



ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma y adiciona la fracción V del artículo 31 de la Ley General de Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 31.- Estarán sujetos a un plan de manejo los siguientes residuos peligrosos…:

I a IV…

V. Pilas o baterías eléctricas que contengan litio, níquel mercurio: cadmio, manganeso o zinc;

VI a XV….

La Secretaría



ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma y adiciona el inciso 32 bis  del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194.- Se califican como delitos graves…

I. Del Código Penal Federal…:

1) a 32)…

32) Bis. Contra el Ambiente, previsto en los artículos 414, párrafos primero y tercero, 415, párrafo último, 416, párrafos primero y último y 418, fracción II, cuando el volumen del derribo, de la extracción o de la tala, exceda de dos metros cúbicos de madera o se trate de la conducta prevista en el párrafo último del artículo 419 y 420, párrafo último.

33) a 35)…

II a XVI…

La tentativa…



TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SUSCRIBE
Dictámenes de Primera Lectura


De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del inciso b) del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, que contiene Proyecto de Decreto que reforma el párrafo segundo del inciso b), del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
HONORABLE ASAMBLEA:
A las comisiones que suscriben les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el párrafo segundo del inciso b), del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Senador Ricardo Francisco García Cervantes.
Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Primera, realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa y expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones unidas someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el dictamen al tenor de los siguientes:
I. ANTECEDENTES.


  1. En la sesión ordinaria celebrada por esta Cámara de Senadores el día 13 de diciembre de 2007, el Senador Ricardo Francisco García Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del inciso b), del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.




  1. En la misma sesión la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, acordó el trámite a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Con base en lo anterior, las comisiones unidas que suscriben, realizaron un cuidadoso estudio a efecto de elaborar el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:


II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.
La iniciativa objeto del presente dictamen, de acuerdo con el promovente, tiene la finalidad de fijar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el requisito mínimo de edad para ocupar el cargo de gobernador, lo anterior con el fin de que un requisito tan importante quede establecido en las normas de mayor jerarquía, las cuales son las bases jurídicas que sustentan la unión y cohesión de nuestro sistema federal.
Señala en su exposición de motivos que un sistema federal debe comprometer a los poderes estatales constituidos, a sus constituciones particulares y a sus poderes constituyentes permanentes, a respetar las disposiciones de la Constitución General de la República, puesto que las normas constitucionales de mayor jerarquía son las que proporcionan la base jurídica sobre la que se sustenta la unión y cohesión de cualquier sistema federal en el mundo.
Y que parte fundamental de una República son los mecanismos legales que procuren el fortalecimiento del federalismo; y con el objeto de que con un requisito tan importante como la edad mínima para ser gobernador en un Estado sea igual en todos ellos, obedeciendo a la tendencia dominante advertida en nuestro país, de disminuir la edad para acceder a los cargos públicos de elección popular, se espera que sea la Constitución Federal la que lo establezca, evitando con ello la posibilidad futura de que se produzcan cambios en las constituciones locales, producto de decisiones arbitrarias u oportunistas, o aún caprichosas, para determinar lo conducente.
III. CONSIDERACIONES.
El artículo 116 de nuestra Ley Suprema, se encuentra colocado en el Titulo Quinto denominado “De los Estados de la Federación”, y se refiere a la forma que deben organizarse los poderes de una entidad federativa.
En el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 1933 aparece publicada una reforma a la Constitución en la que se establece la elección directa de los titulares del Poder Ejecutivo de los Estados; al tocar los requisitos para ser gobernador se instaura que debe ser mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva en el Estado no menor de cinco años.
Por otro lado, en las constituciones locales se mencionan otras condiciones para acceder a este cargo de elección popular, siempre bajo el marco de los requisitos mínimos ineludibles que señala la Suprema Norma Federal. Algunas Constituciones Locales señalan para ser gobernador las siguientes:


  1. Saber leer y escribir, tener instrucción media superior, condición señalada en los casos de los Estados de Puebla y Veracruz;

  2. La edad, varia en las diferentes Entidades Federativas;

  3. La residencia, que en algunos Estados debe de ser de 10 años;

  4. Ser hijo de padres mexicanos; y

  5. No haber sido condenado a más de un año de prisión, requisito que señala la Constitución de Durango.

El promovente en la exposición de motivos, toma en cuenta que los mecanismos legales son parte fundamental para el fortalecimiento del federalismo, por lo tanto este requisito para ser gobernador en un Estado debe de ser igual para todos ellos, lo anterior obedeciendo a la tendencia dominante advertida en nuestro país, de disminuir la edad para acceder a los cargos públicos de elección popular, en tal virtud se espera que sea la Ley Suprema quien lo establezca, logrando con ello que en futuras reformas que produzcan cambios a las constituciones locales, no obedezcan a intereses personales, oportunistas o políticos, de los tomadores de decisiones.


Actualmente para ser gobernador, cinco Estados de la República consideran como edad mínima 35 años, Quintana Roo requiere 25 años de edad, Sonora eliminó de su constitución local este requisito, por lo que hace al resto de las entidades federativas establecen como requisito para acceder al cargo de gobernador tener 30 años.
En tal virtud, es indispensable que ese requisito quede plasmado en la Carta Magna, logrando el acceso a la vida política del país, y al mismo tiempo a los cargos de elección popular, alentando con esto al sector juvenil del país, quienes reclaman, en todos los ámbitos, más oportunidades de participación en la toma de decisiones.
Asimismo, es de considerarse que en la transición generacional que vive nuestro país, los jóvenes tienen una presencia importante, que más que cuantitativa es cualitativa; sin embargo las necesidades, demandas y problemas que para este sector poblacional se presentan, no siempre son atendidos con el debido interés, o en su caso son relegados en las políticas públicas; de igual forma, se deja a los jóvenes fuera de la política y sin espacios de elección popular.
Es importante considerar que el crecimiento juvenil en la pirámide demográfica es en razón de 60% de la población mexicana que no excede los 30 años de edad, y de este porcentaje veintisiete millones ciento setenta y siete mil habitantes versan entre los 15 y 29 años edad12. Este segmento de la población padece en mayor medida la falta de empleo y oportunidades; de igual forma, se incrementa en manera significativa la deserción escolar lo que da como resultado un porcentaje muy elevado de jóvenes en condiciones de desventaja económica y subempleo, y en este mismo orden de ideas una desventaja que no se excluye en el orden político, así como en los espacios en la toma de decisiones.
Es importante mencionar que el sistema ha venido abriendo espacios a este sector de la población, propiciando la participación de los jóvenes en la vida política de la nación, como lo menciona el proponente en su exposición de motivos al referirse a que las reformas constitucionales para acceder a los cargos públicos de elección popular, han tenido como constante la disminución de la edad como requisito para ser elegible a los diversos cargos de elección democrática.
Este ha sido el caso de los Diputados Federales, que con la reforma a la fracción II del artículo 55 constitucional, redujo la edad mínima requerida de 25 a 21 años, tomando en cuenta al artículo 34 de la Ley Suprema, que otorga la ciudadanía a los 18 años de edad, en lugar de los 21 años que determinaba el artículo original. Cabe mencionar también, que actualmente se encuentra establecido en el artículo 58, para el caso de los Senadores, como requisito mínimo de edad la de 25 años, ello producto de la reforma constitucional que se hiciera a dicho artículo 58 de la Ley Suprema, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 29 de julio de 1999”.
En tal virtud, coincidimos con el legislador iniciante al aludir que una persona de 30 años tiene la capacidad y madurez suficiente, no sólo para ser electo Diputado o Senador, sino gobernador de un Estado.
Por lo que valorada la iniciativa por estas comisiones dictaminadoras, se llegó a la conclusión que es viable emitir en dictamen positivo; sin embargo, consideramos necesario proponer algunas modificaciones en el régimen transitorio, con la finalidad de dar mayor certeza jurídica a la propuesta a dictaminar.
IV. MODIFICACIONES A LA INICIATIVA.
Estas comisiones dictaminadoras, como resultado de un exhaustivo y detallado análisis al proyecto de iniciativa de mérito, así como habiendo tomado en consideración las opiniones emitidas en las mesas de trabajo, se estimó conveniente realizar algunas modificaciones en cuanto a la reforma del artículo 116 constitucional, así como del artículo segundo transitorio del planteamiento inicial.
Respecto a la propuesta de iniciante de tener al menos 30 años cumplidos el día de la elección, con el ánimo de respetar la autonomía de los Estados se estima conveniente establecer como edad 30 años, y en el caso de los Estados que contemplan una edad menor, se sugiere precisarlo en este precepto constitucional, en los siguientes términos:
“Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa.”
Respecto al artículo segundo transitorio, se propone modificarlo bajo la premisa de dar una mayor claridad a la interpretación que con respecto a este decreto se dé, y al mismo tiempo estableciendo un periodo homogéneo a los Congresos Locales para adecuar a sus respectivas leyes fundamentales y reglamentarias de la materia, evitando la trasgresión a la supremacía constitucional, con base en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Actualmente dice:
Segundo.- Las legislaturas de los Estados deberán adecuar en sus respectivas constituciones locales, la edad mínima para ser Gobernador a lo establecido en la presente reforma constitucional.
Texto que se propone:
Segundo. Las Legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones que correspondan a sus Constituciones Locales, así como a su legislación secundaría en un plazo máximo de treinta días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de este Decreto.
Una vez realizadas las anteriores modificaciones, y considerando la apremiante necesidad de fijar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el requisito mínimo de edad para ocupar el cargo de gobernador, dando unión y cohesión a nuestro sistema federal, brindando al mismo tiempo un mayor peso a los liderazgos juveniles, lo anterior motivados por la composición demográfica del país.
Y como en su momento fue mencionado por las comisiones dictaminadoras en el dictamen que da origen al decreto del 29 de julio de 1999: “Por la composición de edades de la población mexicana, aceptar esta reducción hará factible ampliar las expectativas políticas de un numero considerable de ciudadanos que seguramente cuentan no solo con la legítima aspiración de constituirse en representantes…. Sino también con la preparación que les permita desempeñar acertadamente las tareas que el ejercicio del cargo trae aparejadas y seguramente con un grado aceptable de madurez moral e intelectual, que les permitirá apreciar con reflexión y mesura las diversas cuestiones planteadas a su conocimiento y decisión.
Estas comisiones unidas estiman conveniente proponer la aprobación del presente proyecto de Ley.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Primera, con las atribuciones conferidas por los artículos: 73, fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 numeral 6, incisos e) y f) y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este Honorable Pleno, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL INCISO B), DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 116, párrafo segundo del inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 116.- ...

… .


I. ...

… .


… .

… .


a)...
b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denominación, supla las faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años del periodo.
Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa.
II. … .
TRANSITORIOS
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las Legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones que correspondan a sus Constituciones Locales, así como a su legislación secundaria en un plazo máximo de treinta días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de este Decreto.

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los doce días del mes de febrero de dos mil ocho.


COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

Dictámenes a Discusión


De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se deroga la última parte del inciso e) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, que contiene Proyecto de Decreto que deroga la última parte del inciso e) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
HONORABLE ASAMBLEA
A las comisiones que suscriben, les fueron turnadas para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente las Iniciativas con Proyecto de Decreto que derogan la última parte de la fracción IV inciso e) del artículo 116 constitucional.
Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de las iniciativas y expresar sus observaciones y comentarios a las mismas, e integrar el presente dictamen.
De conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 87 y o en los artículos 56, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta Soberanía el presente dictamen al tenor de los siguientes:
I. ANTECEDENTES


  1. En sesión ordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 2007, el Senador Alfredo Rodríguez y Pacheco, en nombre propio y del Senador Hugo Antonio Laviada Molina, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que derogan la última parte de la fracción IV inciso e) del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la misma sesión, la Mesa Directiva acordó el trámite a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.




  1. En sesión ordinaria celebrada el día 7 de febrero de 2008, el Senador Ricardo Monreal Ávila, en nombre propio y del Senador José Luis García Zalvidea, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y del Senador Fernando Baeza Meléndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se derogan los tres últimos párrafos del inciso e), fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la misma sesión, la Mesa Directiva acordó el trámite a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.


II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS
Ambas iniciativas proponen derogar la última parte del inciso e) de la fracción IV del artículo 116 constitucional, que a la letra dice:
“Artículo 116. …

I – III. …



IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:
a) – d). …

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2o., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución;


f) – n). …
V – VII. …

…”
La exposición de motivos de la iniciativa del Senador Alfredo Rodríguez y Pacheco hace referencia a la reciente reforma electoral, con la cual se busca conseguir la equidad y una justa participación de todos los actores en las elecciones tanto federales y locales. Dentro de los avances más importantes de esta reforma, resaltaron, entre otros temas, el de los derechos políticos de los ciudadanos.


En relación a este último punto, destaca el hecho de eliminar la exclusividad a los partidos políticos de postular candidaturas a cargos de elección popular a nivel federal, lo anterior es un sentido reclamo de la sociedad y un avance histórico en la promoción de la participación ciudadana en este país.
Asimismo, señala que pese a las bondades de dicha reforma y a la voluntad de todos los que la votaron, se omitió armonizar la reforma del artículo 41 al artículo 116 constitucional, mismo que habla de los derechos y las obligaciones de las entidades federativas quedando incólume la exclusividad de los partidos políticos en los Estados de postular candidatos en las elecciones locales, por lo tanto el derecho ciudadano de ser votado sin la postulación de un partido político o coalición queda nugatorio.
Igualmente, señala que en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán (desde la reforma a la publicada el 21 de enero de 2007) se permiten las candidaturas ciudadanas, por lo que, de no derogarse la última parte del inciso e) de la fracción IV artículo 116 constitucional se estaría limitando un derecho adquirido y quedaría desvirtuado uno de los principios fundamentales de la reforma electoral recientemente aprobada, el que se refiere a la igualdad.
Respecto a la iniciativa del Senador Ricardo Monreal, en su exposición de motivos reconoce que dicha reforma electoral se produjo en el marco del proceso de Reforma del Estado como resultado de los acuerdos logrados por las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión y los Congresos de los Estados de la Federación, respecto de la necesidad de lograr una transformación sustancial en las instituciones electorales y en el modelo de comunicación política principalmente.
Asimismo, precisa, que uno de los temas que abarcó esta reforma fue la posibilidad de elevar a rango constitucional la facultad exclusiva de los partidos políticos para registrar a candidatos a cargo de elección popular, prevista en el COFIPE vigente en aquel entonces. Sin embargo, la Cámara de Senadores como cámara de origen, al debatir en lo particular el artículo 41 fracción I, párrafo segundo, determinó eliminar dicho párrafo ya que le otorgaba el monopolio de las candidaturas a los partidos políticos; no obstante ello, la eliminación de este párrafo sólo ocurrió en el artículo 41 y no así en el artículo 116 fracción IV, inciso e) que contenía una disposición idéntica, el párrafo retirado decía a la letra: “Corresponde exclusivamente a los partidos políticos el registro de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular”.
Por último señala el iniciante, que durante el debate de esa reforma, pasó por inadvertido la última parte del inciso e) de la fracción IV en comento, misma que se propone derogar en su iniciativa, por lo que, de no suprimir esta parte, significaría una contradicción grave y sobre todo un retroceso en el avance democrático que trajo esta reforma de gran calado a nuestro sistema político-electoral.
III. CONSIDERACIONES
Como bien se ha señalado en el apartado anterior, en el contenido de ambas iniciativas, la reforma electoral promulgada el 13 de noviembre de 2007 fue aprobada con una omisión.
Al respecto cabe señalar que el decreto del dictamen del Senado, como cámara de origen, establecía respecto al artículo 41, Base I, primer párrafo:
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Corresponde exclusivamente a los partidos políticos el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.”
Sin embargo, durante el debate en que se llevó a cabo la discusión de la reforma electoral, el día 12 de septiembre de 2007, el Senador Ricardo García Cervantes presentó ante el Pleno la propuesta de modificación para eliminar los tres últimos renglones del párrafo 2º de la base 1 del artículo  41 constitucional. Propuesta que fue aprobada con 107 votos en pro y 11 en contra.
Con esta modificación se eliminó la prohibición a las candidaturas independientes del artículo 41 constitucional, pero no así del artículo 116 de la Carta Magna, lo cual no concuerda con el espíritu de la reforma electoral, y en ese tenor es necesario y trascendental eliminar esta obligación impuesta a las constituciones de los Estados, ya que el objetivo de la reforma electoral en este rubro, fue desaparecer el monopolio de los partidos políticos como único canal para acceder a una candidatura.
En virtud de lo anterior, estas comisiones unidas coinciden con la propuesta de las iniciativas de mérito, toda vez que es importante subsanar esta omisión legislativa y armonizar el texto constitucional.
Por lo que se estima apropiado derogar la última parte del inciso e) de la fracción IV del artículo 116 constitucional que señala:
“e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2o., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución;”
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Primera, con las atribuciones conferidas por los artículos: 73, fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 numeral 6, incisos e) y f) y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este Honorable Pleno, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA ÚLTIMA PARTE DEL INCISO E)

DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga la última parte del inciso e) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 116.


I – III. …


IV. …
a) – d). …
e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa;
f) – n). …
V – VII. …

…”
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil ocho.


COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA







De las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 343 Bis del Código Penal Federal.


COMISIONES UNIDAS DE:

JUSTICIA; Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

HONORABLE ASAMBLEA



A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, fue turnada para su análisis y dictamen la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 343 Bis del Código Penal Federal, remitida por la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes.
Con fundamento en los artículos 85, 86, 89, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 57, 60, 63, 64, 65, 88, 93, 94, 135, 136 y 137 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas Comisiones Unidas someten a la consideración del Pleno de esa Honorable Asamblea, el dictamen que se formula al tenor de los apartados que en seguida se detallan.
A N T E C E D E N T E S
I. En sesión ordinaria celebrada por el Senado de la República, el 27 de abril de 2006, se recibió de la Cámara de Diputados para los efectos del inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 343 Bis del Código Penal Federal.
II. En la misma fecha, para su análisis y dictamen, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, acordó el trámite de recibo de la Minuta de referencia y ordenó su turno a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.
A N Á L I S I S D E L A M I N U T A
I. En el artículo 343 bis del Código Penal Federal, que se integra con cuatro párrafos —que define en el primero el concepto de “violencia familiar”; consigna en el segundo la descripción típica del delito; establece en el tercero su penalidad, y; en el cuarto, señala la regla general y la excepción relativas a los modos en que se puede generar o iniciar el ejercicio de la instancia y acción pública del Estado en contra del agente del delito —, la Minuta sustituye en el párrafo primero el vocablo “moral” por la palabra “psicológica”, ambos, como adjetivos que califican a uno de los tipos de fuerza que se pueden usar como medios operatorios para consumar el delito. El segundo de los conceptos, a juicio nuestro, de aplicación más correcto porque se refiere a la violencia como conjunto heterogéneo de comportamientos, en todos los cuales se produce una forma de agresión emocional o la amenaza de sufrir un mal grave e inminente; a diferencia del término “moral”, perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia.
II. Así, conforme a dicha reforma, en el párrafo primero del artículo 343 bis del Código Penal Federal, por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o “psicológica” —y no “moral”— así como la omisión grave, que de manera reiterada se ejerce en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma contra su integridad física, psíquica o ambas, independientemente de que pueda producir o no lesiones. El párrafo segundo del precepto punitivo en cita, que consigna la descripción típica del delito de violencia familiar, no se modifica.
III. En el párrafo tercero, que contempla como medida de seguridad adicional a la que debe sujetarse el autor del delito, además de la pena de prisión que se le imponga y la pérdida del derecho de pensión alimenticia, se añade un enunciado que se refiere al fin que se persigue con el tratamiento especializado, es decir, el alcance de su rehabilitación. Pero no sólo la rehabilitación que tiene por objeto reintegrar al condenado en los derechos civiles, políticos o de familia que hubiese perdido en virtud de la sentencia dictada en un proceso o en cuyo ejercicio estuviese suspenso, en los términos del artículo 99 del Código Penal Federal, sino a su rehabilitación emocional, psíquica o mental del agresor en el delito. Así se desprende no solamente de la interpretación del texto en el que se inserta el enunciado de referencia —que alude a la obligación del autor del delito a sujetarse a un tratamiento psicológico especializado—, del dictamen que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, formuló el 26 de abril de 2006, al señalar que la rehabilitación integral de quienes cometan el delito de violencia familiar, es adecuado conforme a los lineamientos que se infieren de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, que recomiendan atender, no sólo a las víctimas del delito, sino también a los agresores; instrumento que, entre sus resoluciones, en el tema de la violencia, sugiere a los Gobiernos adoptar medidas que eviten la comisión de actos de violencia contra las mujeres, revisando y analizando periódicamente las leyes pertinentes, a fin de asegurar su eficacia en la eliminación de ese fenómeno social. En su parte conducente, dice el dictamen aludido:
“Por lo que se refiere a la reforma del artículo 343 bis, párrafo tercero del Código Penal Federal, del Diputado Manuel González Reyes, para establecer la obligación de proporcionar, además de tratamiento psicológico especializado, la "rehabilitación integral a quienes cometen el delito de violencia familiar". Se considera adecuado pues, de acuerdo a los lineamientos que se desprenden de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, que se recomiendan atender, no sólo a las víctimas de este delito, sino también a los agresores, pues también son parte del mismo fenómeno. En consecuencia, si nuestro deseo es consolidar a la familia como célula fundamental de toda sociedad, es indispensable procurar que todos los integrantes de la misma, vivan en un ambiente libre de violencia.”
IV. En un nuevo cuarto párrafo que se adiciona en el artículo 343 bis del Código Penal Federal, el juez, en ejercicio de una facultad discrecional que ahí se comprende, podrá imponer al autor del delito, además, de la pena de seis meses a cuatro años de prisión y de la pérdida del derecho de pensión alimenticia, la suspensión o privación de los derechos hereditarios y los de patria potestad o tutela, que pudiera tener respecto de la persona agredida. El texto vigente del cuarto párrafo —y final— del consabido precepto, solamente se recorre para quedar como quinto párrafo.
C O N S I D E R A C I O N E S
I. Se percibe en la minuta en estudio, el interés de fortalecer la respuesta que el Estado debe dar a un fenómeno criminal que ofende la dignidad humana. En tal proyecto, reconocemos el propósito que se orienta a la finalidad de garantizar la protección del desarrollo integral de la familia en un ambiente de sana convivencia, a través del cumplimiento de una de las responsabilidades que nos corresponde como parte de uno de los tres órganos fundamentales en que se divide el ejercicio del poder público en México, a saber, la responsabilidad de buscar la eficacia de la ley en beneficio de nuestra sociedad.
II. La violencia contra un miembro de la familia por otro integrante de la misma, sea física o psíquica, o ambas, es un obstáculo para lograr el sano desarrollo de la institución como parte esencial de la sociedad; injusto criminal que menoscaba, por añadidura, el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus miembros. La inveterada incapacidad de proteger y promover esos derechos y libertades en los casos de violencia familiar es un problema que nos incumbe a todos y exige inexcusablemente la adopción de las medidas necesarias para ello. Bajo estas circunstancias, reconocemos la pertinencia de la inserción en el texto vigente de la disposición que se examina, solamente de alguno de los conceptos que se plantean en el proyecto en estudio, esto es, nos referimos a lo que implica la palabra “psicológica”.
III. En efecto, el concepto de referencia, a juicio nuestro, es de aplicación más correcto porque se refiere a la violencia como conjunto heterogéneo de comportamientos, en todos los cuales se produce una forma de agresión emocional o la amenaza de sufrir un mal grave e inminente; a diferencia del término “moral”, perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia. Concepto que ya se reconoce por el derecho vigente en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a partir del primero de febrero de 2007, en cuyo artículo 6, fracción I, señala que la violencia psicológica, es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, desamor, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio.
IV. No obstante, las reformas y adiciones que se han descrito, a juicio nuestro, son inatendibles los enunciados que se añaden en la parte final del párrafo tercero del artículo 343 Bis, que se refiere al fin que se persigue con el tratamiento especializado, es decir, el alcance de la rehabilitación, cuestión que es redundante precisar si consideramos que todo tratamiento, como acción y efecto de tratar, se refiere al conjunto de medios que se emplean para curar o aliviar una enfermedad, y el que se inserta también en el párrafo cuarto que se adiciona al numeral en cita, para consignar como penas adicionales la suspensión o privación de los derechos hereditarios, de patria potestad o tutela, que el agente pudiera tener respecto a la persona agredida.
V. Ciertamente, tampoco es atendible dar vigencia en el artículo 343 Bis del Código Penal Federal, a la imposición de las penas adicionales que se insertan en el cuarto párrafo de referencia, habida cuenta que el sentido y alcance del enunciado que las contempla ya están previstos en el Código Civil Federal, entre otros preceptos, en el artículo 444, fracción V, conforme al cual, la patria potestad se pierde por resolución judicial, cuando el que la ejerza sea condenado por la comisión de un delito doloso en el que la víctima sea el menor; o bien, el artículo 1316, al tenor del cual, son incapaces para heredar por testamento o por intestado, el que haya sido condenado por un delito que merezca pena de prisión, cometido contra el autor de la herencia, de sus hijos, de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus hermanos.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en el apartado “E”, del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 343 Bis del Código Penal Federal, deberá devolverse a la Cámara de su origen con las observaciones que la revisora plantea en las consideraciones que anteceden; así como los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, 65, 88, 93, 135, 138, 139, 140 y 144 del Reglamento para su Gobierno Interior, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, someten al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente proyecto de:
DECRETO

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 343 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 343 Bis, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 343 bis.- Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, así como la omisión grave, que de manera reiterada se ejerce en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma contra su integridad física, psíquica o ambas, independientemente de que pueda producir o no lesiones.

...


...

...



TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SALA DE COMISIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A CINCO DE MARZO DE DOS MIL OCHO.



Catálogo: sgsp -> gaceta


Compartir con tus amigos:
1   2   3   4   5   6


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad