Funcion ejecutiva


Art. 37.- La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos determinará el número de ciudadanos que ingresarán como pilotines o cadetes. Art. 38.-



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Art. 37.- La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos determinará el número de ciudadanos que ingresarán como pilotines o cadetes.

Art. 38.- La publicación para el llamamiento de aspirantes a pilotines o cadetes se efectuará por los medios de comunicación colectiva del país.

Art. 39.- Los exámenes de admisión de conocimientos generales y aptitud física, se tomarán en la ESMENA; asimismo, la entrevista personal la realizará un funcionario que designe el Director de la ESMENA.

Los exámenes médicos se efectuarán en la Dirección de Sanidad de la Fuerza Naval, o en una institución autorizada por la Autoridad Marítima Nacional, si es necesario



Art. 40.- La ESMENA, para el llamamiento de aspirantes a pilotines o cadetes editará un prospecto de admisión, en el que se establecerán los requisitos a cumplir por los aspirantes.

Art. 41.- La selección de los aspirantes a pilotines o cadetes será realizada por la comisión integrada por los señores: Subdirector de Estudios, que la presidirá y los jefes de departamentos de Carrera Marítima y Portuaria, Instrucción y Evaluación de la Competencia, División de Liderazgo y el Psicólogo/a Educativo/a, quienes establecerán orden de antigüedad, producto del resultado de los exámenes y ficha médica.

CAPITULO IX

DE LOS PERIODOS DE EMBARQUE

Art. 42.- Los pilotines y cadetes cumplirán los cruceros de instrucción a bordo de los buques mercantes nacionales o internacionales de acuerdo a las regulaciones vigentes y cumplirán las tareas que se especifiquen en el respectivo manual de embarque y su calificación será de acuerdo a lo estipulado en el manual de evaluación.

Art. 43.- La ESMENA deberá realizar las coordinaciones necesarias o establecer convenios con organismos nacionales o internacionales, para que los estudiantes realicen cruceros de instrucción, tanto en tráfico nacional como internacional.

Art. 44.- Los pilotines o cadetes que se embarcaren estarán sometidos además al Manual de Disciplina Interno de la ESMENA.

CAPITULO X

DE LAS CLASES DE TITULOS OTORGAMIENTO Y REFRENDACION

Art. 45.- La Escuela de la Marina Mercante Nacional, también dictará cursos de perfeccionamiento, entrenamiento y especialización, concediendo los títulos y certificaciones, de acuerdo a la clasificación del personal de a bordo y de tierra dispuesto por la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos.

Art. 46.- Para otorgar cualquier título o certificado, se requiere que el nombre de los alumnos, conste en el cuadro de calificaciones finales y el cuadro de graduaciones aprobado por la Junta Académica de la ESMENA.

Art. 47.- Los títulos o certificados serán suscritos por el Director de la Escuela de la Marina Mercante Nacional.

Art. 48.- Todo título o certificado otorgado por la Escuela de la Marina Mercante Nacional, deberá ser registrado en la Secretaría del Departamento de Cursos y refrendado por la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos.

Art. 49.- Para ser refrendados los títulos o certificados se cancelarán los derechos determinados en el Reglamento de Derechos por Servicios Prestados por la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos y sus Dependencias.

CAPITULO XI

DE LOS CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO PARA ASCENSO DE LA GENTE DE MAR

Art. 50.- Los cursos de perfeccionamiento, se ejecutarán en la ESMENA, de acuerdo a lo especificado en el Manual de Procedimientos para la Formación y Perfeccionamiento de Oficiales y Marinería de la Marina Mercante Nacional y resoluciones de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos.

CAPITULO XII

DE LOS CURSOS DE FORMACION DE TRIPULANTES Y DE SERVICIOS AUXILIARES

Art. 51.- Los cursos de formación de tripulantes y de servicios auxiliares, se dictarán en la ESMENA, de acuerdo a lo especificado en el Manual de Procedimientos para la Formación y Perfeccionamiento de Tripulantes de la Marina Mercante Nacional y las resoluciones de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos.

CAPITULO XIII

DE LOS CURSOS DICTADOS POR LA ESCUELA

Art. 52.- Los cursos modelo OMI, se dictarán en la Escuela de la Marina Mercante Nacional de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Evaluación y el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (SCTW).

Art. 53.- La ESMENA podrá dictar cursos en apoyo al desarrollo de la actividad marítima y portuaria, de acuerdo a las disposiciones emanadas por la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos.

Art. 54.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Art. 55.- Derógase el Reglamento Interno de la Escuela de la Marina Mercante y del Litoral, expedido con la Resolución Nº 247/03 de la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral del 2 de octubre del 2003, publicada en el Registro Oficial Nº 193 del 20 de octubre del mismo año.

Dada en Guayaquil, a los seis días del mes de octubre del dos mil nueve.

f.) Jaime Ayala Salcedo, Capitán de Navío - EMC, Director Nacional de los Espacios Acuáticos.

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ESCUELA DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL

No. 426-04

JUICIO LABORAL QUE SIGUE FREDDY AGUILAR CONTRA MUNICIPIO DE MACHALA.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

Quito, 13 de marzo del 2008; las 08h05.



VISTOS.- La Corte Superior de Machala dictó el 28 de octubre del 2004 la sentencia que confirma la del Juez Primero de Trabajo de el Oro, inconformes con el fallo los señores doctor Mario Minuche Murillo y abogado Marco Valencia, Alcalde y Procurador Síndico de la Municipalidad de Machala, respectivamente, interpusieron recurso de casación en el juicio verbal sumario de trabajo propuesto por el señor Freddy Aguilar González.- Como la causa se encuentra e estado de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.- La competencia de esta Primera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia se radicó en virtud del sorteo y por lo dispuesto en los Arts. 1 de la Ley de Casación y 613 del Código del Trabajo. SEGUNDO.- La parte demandada al plantear el recurso estima que se han infringido los Arts. 355, causal tercera, 117, 118 y 119 del Código de Procedimiento Civil. Fundamentando su recurso en las causales segunda y tercera del Art. 3 de la Ley de Casación. TERCERO.- Con el propósito de cumplir con el objetivo de la casación que es la revisión de la legalidad de la sentencia, la Sala ha comparado la impugnación con el ordenamiento jurídico vigente, con el fin de verificar si en su texto se han producido los vicios acusados por la parte demandada. Al respecto, se manifiesta que el recurso propuesto se contrae a dos señalamientos: a) La inexistencia de la relación laboral, porque se expresa que el demandante jamás tuvo vínculo o relación alguna con la entidad demandada. Dilucidado este punto se podría establecer si existió o no la relación laboral, ya que de esta se derivará también la existencia o inexistencia de los derechos y obligaciones entre las partes de este juicio; y, b) La prueba presentada por el Municipio de Machala no fue apreciada en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica violándose los Arts. 117, 118 y 119 del Código de Procedimiento Civil. Sobre estos dos puntos a dilucidarse, la Sala expresa: 3.1.- El actor en el presente juicio señaló en su demanda que entró a prestar sus servicios en el Municipio de Machala, en calidad de obrero de aseo de calles, desde el 20 de marzo de 1994 hasta el 25 de octubre de 1999, “en que la empleadora dio por terminadas las relaciones de trabajo de manera unilateral con el compareciente, al ser objeto de despido intempestivo por parte de ésta…”. 3.2.- A fs. 37, consta la copia certificada del oficio firmado por los demandados, en el cual dan a conocer al Inspector Provincial de Trabajo que ante la denuncia presentada por los trabajadores del Municipio de Machala, esta institución está eliminando personal y que por lo mismo ha dado por terminadas las relaciones laborales, comprobándose de esta manera la existencia de estas y el despido intempestivo de que fue objeto el Señor Freddy Aguilar González, que es uno de los trabajadores denunciantes como se desprende del documento de fs. 38 y 38 vlta. del primer cuaderno del primer nivel. 3.3.- Por su parte, el señor Ministro Fiscal Distrital de El Oro, en dictamen No. 240 MFD-O presentado el 25 de julio del 2004, (fs. 7 del cuaderno del segundo nivel) concluye que se ha establecido la relación laboral entre las partes de este juicio con base en lo dicho en el documento referido en el punto 3.2 de este fallo. 3.4.- En cuanto a la valoración de la prueba, la doctrina de la casación nos dice que no puede servir de fundamento para la interposición del recurso de casación la tesis de que no se han aplicado las reglas de la sana crítica porque, en ninguna norma legal de nuestra legislación, se hallan consignadas dichas reglas y por lo mismo se entiende que los jueces forman su criterio y evaluan las pruebas con base en el conocimiento y experiencia jurídicos que poseen.- En consecuencia, esta Sala considera que el Tribunal ad-quem no ha infringido norma legal alguna y por las consideraciones expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso de casación interpuesto por los representantes del Municipio de Machala y deja en firme la sentencia del Tribunal de alzada.- Sin costas ni honorarios que regular.- Notifíquese y devuélvanse los autos al inferior.

Fdo.) Dres. Rubén Bravo Moreno, Alfredo Jaramillo Jaramillo y Ana Isabel Abril Olivo.

Es fiel copia de su original.

Quito, 18 de abril del 2008.

f.) Secretario de la Primera Sala de lo Laboral y Social, Corte Suprema de Justicia.

No. 221-05

JUICIO LABORAL QUE SIGUE RAFAEL LOPEZ MONCAYO CONTRA CONSTRUCTORA CAHALELA S. A.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

Quito, 23 de abril del 2008; las 08h05.



VISTOS: La Tercera Sala de la Corte Superior de Guayaquil dicta su fallo el 30 de julio del 2002, mediante el que revoca la de primer nivel y acepta parcialmente la demanda iniciada por Rafael López Moncayo en contra de Rubén Chalela Sáenz por sí y por los derechos que representa en “Constructora Chalela Cía. Ltda.” y Juan Chalela Costa. Inconformes con el pronunciamiento superior, los demandados interponen recurso de casación. Para resolver se considera: PRIMERO.- La competencia de la Sala se encuentra establecida en lo dispuesto en el Art. 200 de la Constitución Política de la República del Ecuador; Art. 613 del Código del Trabajo; Art. 1 de la Ley de Casación; y, sorteo de causas cuya acta consta de autos. La Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema declara la admisibilidad del recurso en providencia de 17 de marzo del 2004; las 08h15. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 de la resolución obligatoria dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 7 de diciembre del 2005, se resorteó la causa y correspondió su conocimiento a esta Primera Sala que avoca conocimiento en su providencia de 12 de enero del 2006. SEGUNDO.- Los recurrentes afirman que en el fallo impugnado se infringen los siguientes artículos: 8, 9, 10 del Código del Trabajo; 34 (numeral 2), 70, 71, 72, 77, 78, 355 (numerales 3 y 4) del Código de Procedimiento Civil.- Funda su recurso en las causales primera, segunda y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación.- Los principales aspectos que censuran son: 2.1. El infundado reconocimiento de que entre actor y demandados haya existido relación laboral, porque el vínculo fue por honorarios profesionales, a lo que inclusive renunció el 2 de mayo de 1995; después aseveran que el actor daba asesoría profesional cuando existían obras. 2.2. La indebida aceptación de los demandados como la parte pasiva del litigio, porque ellos no tienen la calidad de representantes legales de la empresa demandada lo que provoca la aplicación indebida de las normas procesales y la ilegitimidad de personería del demandado. 2.3. Los yerros jurídicos cometidos en la sentencia influyeron en la decisión de la causa que acepta la relación laboral y reconoce derechos inexistentes del actor. TERCERO.- La Sala ha revisado la sentencia recurrida y el acervo procesal para confrontarlo con el ordenamiento jurídico a partir de las acusaciones de ilegalidad que contiene el recurso, sobre lo que observa: 3.1. El punto central de la impugnación es la aceptación de la existencia de relación laboral que hace la sentencia de segundo nivel, por lo que es necesario que las reflexiones se orienten a determinar si el vínculo jurídico que existió entre los justiciables es una relación laboral. Del texto del artículo 8 del Código del Trabajo aparecen los elementos que deben estar presentes en la relación laboral: i) Prestación de servicios lícitos y personales; ii) Dependencia; y, iii) Remuneración fijada por el convenio, la ley o la costumbre. En la especie, se verifica que Rafael López ha laborado para la Constructora Chalela en dos períodos, el primero de los cuales terminó por su renuncia voluntaria conforme consta a fs. 17 del primer cuaderno; el segundo se inicia en mayo de 1996, dato que es reiterado en las certificaciones de fs. 46, 47, 48 y 49 ibídem, documentos que permiten verificar la existencia del elemento “prestación de servicios lícitos y personales”; en el mismo documento de fs. 46 que es una “Certificación” otorgada por Rubén Chalela como Gerente General, se comprueba que la remuneración que percibía era de cinco millones de sucres, cifra que es concordante con la que indica el accionante en su libelo inicial y que permite establecer que en esta relación jurídica existió como segundo elemento “la remuneración”. 3.2. En cuanto a la dependencia o subordinación es necesario orientar el examen al encuentro de otros componentes que coadyuven al análisis, porque en el estado actual de la evolución jurídica, no se puede ceñir únicamente al tradicional concepto de las órdenes superiores, el control del horario, cumplimiento de normas de calidad, porque la transformación del mundo abarca también al ámbito laboral que ya no puede basarse solo en estos parámetros sino que debe referirse a cómo se trabaja, para descubrir que la anterior apreciación física de la subordinación ha sido rebasada por ejemplo, por la pérdida de la ubicuidad, porque el mundo actual exige la inclusión jurídica de relaciones laborales realizadas a través de las tecnologías de la información, en los cuales estos parámetros devienen en impracticables, es así que en el caso que se analiza sí hay dependencia económica y subordinación jurídica porque al existir una cantidad fija como remuneración mensual, se aleja el concepto de honorarios y se constituye en un elemento de colaboración porque las actividades cumplidas por este trabajador son parte del quehacer empresarial, se hace trascendente lo productivo o de resultados, de manera que la inclusión de la labor productiva cumplida a los resultados del dueño de la infraestructura conduce a concluir que en el presente caso sí hay el elemento “dependencia” y por lo tanto, se ha comprobado la relación laboral, tanto más que esta consta de las certificaciones expedidas por los demandados que comparecen a nombre de la Constructora Chalela Cía. Ltda. 3.3. El reclamo de los recurrentes sobre la ilegitimidad de personería, porque afirman no ser los representantes legales de la empresa demandada, deviene en infructuoso porque en fallos de triple reiteración, la Corte Suprema de Justicia ha expresado que “El trabajador puede dirigir la demanda en contra de quien ejerce funciones de dirección y administración; no solo contra el representante legal”, así consta en el libro “Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador - Fallos de triple reiteración”, septiembre del 2004, editado en Quito por el Consejo Nacional de la Judicatura: PRIMERO: IV - A: Freddy Vaca contra ingeniero Cléber Montesinos y otros, publicado en el Registro Oficial Número 39 de 3 de octubre de 1996, página 4; SEGUNDO: IV - B: Juan Carlos Vallejo contra José Balarezo y otro, publicado en el Registro Oficial número 64 de 8 de noviembre de 1996, página 13; IV - C: Cléber Solano contra Empresa Larvirey, publicado en el Registro Oficial número 120 de 30 de enero de 1997, página 4; siendo así, y aún cuando no sean representantes legales los demandados, bien ha hecho la sentencia de segundo nivel al aceptar la demanda en contra de Rubén Chalela Sáenz y de Juan Chalela Costa, debiendo aclarar que solo al primero de los nombrados se le incoa por los derechos que representa de la empresa constructora, razonamiento que dirige a la Sala a rechazar la impugnación en este punto. Por lo expuesto, sin que sean necesarios otros razonamientos, la Primera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso de casación y confirma en consecuencia, el fallo expedido por la Tercera Sala de la Corte Superior de Guayaquil.- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Casación, el Tribunal ad quem entregue a la parte actora el valor total de la caución, por la demora causada.- Sin costas ni honorarios que regular.- Notifíquese y devuélvase.

Fdo.) Dres. Rubén Bravo Moreno, Alfredo Jaramillo Jaramillo y Ana Abril Olivo.

Es fiel copia de su original.

Quito, 16 de junio del 2008.

f.) Secretario de la Primera Sala de lo Laboral y Social, Corte Suprema de Justicia.

No. 230-05

JUICIO LABORAL QUE SIGUE MARIA CHAFLA ZUÑIGA CONTRA FEDERACION DEPORTIVA DE CHIMBORAZO.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

Quito, 17 de marzo del 2008; las 08h20.



VISTOS: La Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Riobamba, el 29 de enero del 2004; a las 08h30, dicta sentencia en el juicio que por reclamaciones de índole laboral sigue María Isabel Chafla Zúñiga en contra de la Federación Deportiva de Chimborazo en la persona del Ing. Nelson Serrano Vicuña, Presidente y representante legal, sentencia que conocida por las partes ha merecido el desacuerdo de la parte demandada que interpone recurso de casación. Para resolver se considera: PRIMERO.- La competencia de esta Sala se encuentra determinada en el Art. 200 de la Constitución Política de la República del Ecuador; Art. 613 del Código del Trabajo; Art. 1 de la Ley de Casación; y sorteo de rigor de causas cuya acta obra de autos. La Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia en auto de 16 de marzo del 2004, a las 11h25 analiza el recurso y lo admite a trámite. En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 3 de la Resolución Obligatoria dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 7 de diciembre del 2005, se procedió al resorteo de la causa correspondiendo a esta Sala su conocimiento y trámite, lo que ocurre en providencia de 11 de enero del 2006; a las 14h40. SEGUNDO.- Asevera el casacionista que el fallo del Tribunal de alzada infringe los Arts. 119, 211, 273, 278 y 280 del Código de Procedimiento Civil; Arts. 3, 11 letra h, 17, 45 letras a y e, 169 n. 1 y 311 del Código del Trabajo; Art. 125 de la Constitución Política de la República; y Art. 33 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Sustenta el recurso en la causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación. Contrae la censura a los siguientes aspectos: 2.1.- El fallo impugnado no toma en cuenta que la relación jurídica mantenida por la Federación Deportiva de Chimborazo con la accionante, es de servicios profesionales para desempeñar la función de entrenadora de la disciplina de Judo, como consta de los contratos agregados al proceso, percibiendo honorarios profesionales por su trabajo, lo que determina la inexistencia de la relación laboral reconocida indebidamente por el juzgador. 2.2.- El juzgador de segundo nivel al no considerar el carácter de empleado privado de la actora que brindó a la Federación Deportiva de Chimborazo sus servicios profesionales de índole intelectual, dejó de aplicar lo dispuesto en el Capítulo IV del Código del Trabajo, y de interpretar en el sentido de que, la terminación de la relación jurídica, por el carácter de esta, no podía calificarse como despido intempestivo. 2.3.- En la sentencia que se impugna hay una falta de valoración conjunta de la prueba, puesto que no realiza análisis alguno de las declaraciones rendidas por mis testigos sobre el tiempo laborado por la accionante y el carácter de la relación jurídica de prestación de servicios profesionales por honorarios, inaplicando lo dispuesto en el Art. 117 (hoy 115) del Código de Procedimiento Civil. TERCERO.- Luego del estudio realizado de la sentencia del Tribunal de alzada el memorial de censura y los recaudos procesales confrontados con el ordenamiento jurídico, la Sala concluye: 3.1.- El principal ataque del recurrente al fallo de segundo nivel, lo constituye la afirmación de inexistencia de relación laboral entre los judiciables, correspondiendo a esta Sala determinar si existió o no dicha relación entre los litigantes. El Art. 8 del Código del Trabajo Dispone: “Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre.”, norma jurídica que al definir al contrato individual de trabajo, establece los presupuestos que debe reunir la relación jurídica para conformar el contrato laboral, a saber: la voluntad de las partes de contratar; la prestación de un servicio lícito y personal; la dependencia, subordinación o sometimiento a las disposiciones de un superior jerárquico; y, la contraprestación del servicio con el pago de una remuneración que puede ser mensual o quincenal. En la especie, del análisis realizado por esta Sala de los contratos insertos de fojas 8 a 15 de los autos se desprende lo siguiente: a) El elemento volitivo se demuestra con la suscripción de dichos instrumentos por las partes; b) La prestación de un servicio lícito y personal lo conforma la función de la actora como entrenadora de la disciplina deportiva de judo en la Escuela de Iniciación Deportiva en los locales de la Federación Deportiva de Chimborazo (cláusula segunda); c) La actividad fue cumplida dentro de un horario de trabajo establecido de tres horas diarias, de lunes a viernes, y una remuneración mensual con la denominación de honorarios; y, d) El desempeño de la actora se dio bajo las disposiciones del Departamento Técnico Metodológico de la Federación Deportiva de Chimborazo ante quien debía presentar informes permanentes y someterse al control y evaluación de su trabajo (cláusula cuarta del contrato).- Innumerables tratadistas han dedicado su investigación al tema de las relaciones civiles dentro del ámbito laboral, para concluir que en la actualidad se presenta de manera persistente este afán del empleador de encubrir el vínculo jurídico de trabajo invocando otras normas del Código Civil o del Código de Comercio, fenómeno jurídico al que se conoce como la “huida del derecho del trabajo”, así lo dice José Luis Ugarte Cataldo en su libro “El Nuevo Derecho del Trabajo” (Talleres de Imprenta Salesianos S. A. - 2004- Chile) “Ante ese escenario, el fenómeno de la huida del derecho del trabajo tiene pleno sentido para el empleador: trasladar el desarrollo de la relación jurídica fuera del ámbito protector del Derecho Laboral, y llevarlo a áreas de mayor benevolencia en la intensidad de la protección social. Surge entonces, desde antiguo en las relaciones laborales el fenómeno del encubrimiento laboral, esto es, de la superposición de una figura contractual de signo no laboral, por sobre la relación efectiva de trabajo, con el fin de esconder o mantener oculta esta última, eludiendo la aplicación del régimen tuitivo del Derecho del Trabajo”.- Consecuentemente, por más que se haya tratado de ocultar la índole real del contrato laboral denominándole de “Servicios Profesionales” y con cláusulas que dicen que la contratación es de carácter civil, ha quedado claramente establecido, sin ninguna duda, que la relación de los judiciables ha sido de carácter laboral, como bien lo establece el Tribunal de alzada en su fallo, sin que por tanto exista el vicio acusado por el casacionista.- 3.2.- En cuanto al tiempo de servicio de la accionante en la Federación Deportiva de Chimborazo, el Juzgador ha basado su decisión en el certificado extendido por el señor Roberto Abdo, Director del Departamento Técnico Metodológico de la Federación Deportiva de Chimborazo de 26 de diciembre del 2001, fojas 36 del cuaderno de primera instancia que señala que la doctora María Isabel Chafla Zúñiga “presta sus servicios como Técnico de la Disciplina de Judo y Defensa Personal desde 1992”, hecho que se corrobora con el juramento deferido de la trabajadora de fojas 48 vta. del proceso. 3.3.- El sistema procesal ecuatoriano funda la valoración de la prueba en las reglas de la sana crítica sin que exista norma jurídica que señale taxativamente cuales son dichas reglas, dejando al juzgador para que con análisis de las pruebas aportadas por las partes, su conocimiento y el consejo de la experiencia, en un proceso lógico - jurídico forme su convicción que la expresará motivadamente en su sentencia, procedimiento que si observa el fallo del Tribunal de alzada. Por las razones expuestas esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso de casación interpuesto por el Ing. Nelson Felipe Serrano Vicuña en representación de la Federación Deportiva de Chimborazo y en consecuencia, confirma la sentencia del Tribunal ad-quem.- En aplicación del Art. 12 de la Ley de Casación, se dispone que el valor consignado por concepto de caución se le entregue a la accionante María Isabel Chafla Zúñiga.- Sin costas ni honorarios que regular.- Notifíquese y devuélvase.

Fdo.) Dres. Alfredo Jaramillo Jaramillo, Ana Isabel Abril Olivo y Rubén Bravo Moreno.

Es fiel copia de su original.- Quito, 16 de junio del 2008.

f.) Secretario de la Primera Sala de lo Laboral y Social, Corte Suprema de Justicia.





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