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FIJA DOMICILIO

PROMUEVE DEMANDA POR

DAÑOS Y PERJUICIOS

CITACIÓN EN GARANTÍA

DENUNCIA INCIDENTE B.L.S.G.
SR./A. JUEZ/A CIVIL:

R. JAVIER, matrícula profesional nº…., en nombre y representación de DANIEL, SEBASTIAN Y GERARDO….., y de Cesar por su hijo menor FRANCO ….., ante V.S. me presento y respetuosamente digo:

  1. PERSONERÍA. DATOS PERSONALES.

Que la personería invocada por los señores Daniel Alejandro surge del poder especial para juicio que en copia debidamente firmada se acompaña, declarando bajo fe de juramento que es copia fiel de su original y que se encuentra vigente.

Que los datos personales de mis mandantes obran en dicho poder, al que me remito en honor a la brevedad.




  1. DOMICILIO LEGAL:

Que juntamente con mis mandantes y los letrados que me patrocinan lo dejamos constituido en España Nº475, 1ºPiso, Oficina 5 de la Ciudad de Mendoza, el que solicitamos se tenga presente.


  1. OBJETO.

Que por la presente vengo a promover formal DEMANDA POR DAÑOS Y PERJUICIOS en contra del Sr. Alberto, D.N.I. 22.185.540, con domicilio real en calle San Isidro 370, Barrio La Línea, Monoblock B-2, Dpto. “8”, Rivadavia, Mendoza; del Sr. Joaquín, D.N.I. 26.462.508, con domicilio real calle San Isidro 370, Barrio La Línea, Monoblock B-2, Dpto. “8”, Rivadavia, Mendoza, como propietario del rodado embistente, y de quien/es resulte/n en definitiva civilmente responsable/s, por los daños derivados del accidente de tránsito acaecido el día 23 de julio de 2004 a las 11:00 horas aproximadamente, en el que perdieran la vida la Srta. Vanesa y la Sra. Patricia, como consecuencia de haber sido embestido el vehículo en el que circulaban por el camión MERCEDES BENZ 1114, dominio RKO-751 con acoplado dominio REZ-934, conducido por el Sr. Alberto Alberto Alberto.

La suma total reclamada asciende a PESOS quinientos mil ($500.000), o lo que en más o menos surja de las pruebas que se rindan en autos y en definitiva determine el prudente criterio de V.S, con más los intereses legales correspondientes desde la fecha del hecho hasta su efectivo pago, gastos y costas.


IV. CITACIÓN EN GARANTÍA.

Que atento que el conductor del camión MERCEDES BENZ 1114, dominio RKO-751 con acoplado dominio REZ-934, Sr. Alberto Alberto Alberto, ha aportado al expediente penal dos tarjetas de donde surgiría que dichas unidades se encontrarían aseguradas a la fecha del accidente por la compañía de seguros “EL COMERCIO COMPAÑÍA DE SEGUROS”, solicito se cite de garantía a esta empresa en el domicilio de calle 9 de julio 875, Ciudad Mendoza, a los términos y con los efectos previstos por los arts. 25, 26 sgtes. y ccs. del C.P.C.; y 118 de la Ley 17.418.

En efecto, una de las tarjetas corresponde al dominio RKO751 (camión Mercedes Benz) con vigencia desde el 19/12/03 válida por un año, póliza inicial 001600396, asegurado Sr., Joaquín; la otra corresponde al dominio REZ934 (acoplado) con vigencia desde el 28/04/04 válida por un año, póliza inicial 001622208, asegurado Sr., Joaquín.
V. DENUNCIA PROMOCIÓN INCIDENTE BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.

Que denuncio la promoción de incidente por beneficio de litigar sin gastos (Art. 95 C.P.C.), lo que pido se tenga presente a los efectos legales que correspondan.


VI. HECHOS (Fundamentos fácticos de la pretensión deducida).

El día 23 de julio de 2004, pocos minutos antes de las 11:00, la Srta. Vanesa e conducía el vehículo Citröen América, dominio UAZ-266, de propiedad de su padre, el Sr. Daniel , en compañía de su madre Sra. Patricia, (que se encontraba en el asiento de acompañante), su pequeño hijo, Franco, y su hermano, Sr. Sebastián (quienes se encontraban en el asiento trasero). Circulaban por calle Buena Nueva, de Guaymallén, en dirección Este-Oeste, a velocidad precaucional (35 km/h).

Al llegar a la intersección con calle Florencio Sánchez, el rodado conducido por la Srta. Vanesa detuvo su marcha, procediendo la conductora a mirar tanto hacia su izquierda como hacia su derecha, a fin de cerciorarse que el cruce se encontrara expedito. No había, en ese momento, obstáculo alguno que impidiera el cruce seguro. El rodado conducido por el co-demandado Alberto se encontraba a gran distancia del cruce. Por ello, con la prioridad que le otorgaba el haber arribado mucho antes a la encrucijada y tener expedito el paso (por otro lado, no existía cartel “PARE” alguno sobre la vía de circulación del Citröen), Vanesa inició el cruce. Iniciada la marcha y habiendo traspasado totalmente el eje medio de encrucijada, el Citröen fue violentamente impactado por el camión Mercedes Benz 1114 dominio RKO-751 con acoplado dominio REZ-934, conducido por el Sr. Alberto , que circulaba a gran velocidad en dirección Sur-Norte, quien inexplicablemente manejaba el rodado en forma absolutamente desaprensiva y claramente imprudente.

Dada la altísima velocidad a la que el codemandado conducía el camión Mercedes Benz, el rodado conducido por Vanesa fue arrastrado por aproximadamente 22 metros, hasta la total detención de ambos vehículos (ver croquis policial a fs. 96 de los autos nº53.147/04, “F. c/Alberto, Alberto p/Homicidio Culposo y Lesiones”, originario del Octavo Juzgado de Instrucción, que desde ya se ofrece como prueba). La violencia del impacto produjo la muerte a Srta. Vanesa, y de su Sra. madre, Patricia Sonia Agostini, en el acto por “politraumatismos” (fs….. del referido expediente penal), como así también lesiones gravísimas a Sebastián y al pequeño Franco, las que luego serán referidas en detalle.

La causa única y exclusiva de la producción del accidente en cuestión, y de los profundos daños que del mismo se derivaron, fue la conducta gravemente negligente (rayana con el dolo eventual) del Sr. Alberto. No puede calificarse de otra manera el conducir un camión de las características del que manejaba el co-accionado, a altísima velocidad, en una zona de calzada estrecha (debe tenerse en cuenta que el Mercedes Benz 1114 ocupaba casi la mitad de la calzada de calle Sánchez) y con intensa circulación, tanto vehicular como de peatones.

En efecto, la velocidad que desarrollaba al momento del impacto el camión conducido por el codemandado, era de –al menos- 95 km/h, tal como describe y fundamenta con precisión el Licenciado Aldo Videla Valdez en el Informe Técnico adjunto. La velocidad máxima permitida en la arteria por la que circulaba el camión Mercedes Benz 1114 (RKO-751) es de 60 km/h (veáse cartel de velocidad máxima ubicado sobre calle Florencio Sánchez, en el sentido de circulación que mantenía el conductor del camión, según fotografía certificada por la Escribana Estela A. Llano de Giromini y de acuerdo al croquis ilustrativo elaborado por el Arquitecto Pablo G. Rocha, que se acompañan). Tanto Sánchez como Buena Nueva son vías secundarias, según la calificación de la D.P.V. No es Florencio Sánchez una vía de circulación rápida. No se trata de una autopista, ni de una semiautopista, ni siquiera es una ruta o un corredor. Es, simplemente, una calle asfaltada. Tampoco permite, la configuración propia de la calzada (ancho máximo 5,50 mts, según verificación realizada por el Arq. Pablo Rocha, certificada por Escribana, adjuntas), el desarrollo de velocidades mayores. La carpeta asfáltica es, reitero, muy estrecha y existen calles de importante afluencia vehicular que la atraviesan, como por ejemplo Buena Nueva.

A ello cabe agregar que el accidente se produjo a plena luz del día (en horas cercanas al mediodía), sin que existieran condiciones climáticas que dificultaran en manera alguna la conducción, frenado, o visibilidad del conductor del camión.

Por ello, y como quedará demostrado con la prueba ofrecida que oportunamente se rinda en autos, y con la acompañada con esta demanda, el lamentable hecho luctuoso que origina las presentes actuaciones reconoce como causa exclusiva el accionar del codemandado, motivo por el cual V.S. deberá hacer lugar a la acción incoada, extendiendo la responsabilidad hacia los eventuales civilmente responsables (arts. 1.113 del Código Civil y 118 de la Ley 17.418).


VII. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA PRETENSIÓN.

a.-Grave negligencia del conductor del camión Mercedes Benz 1114 dominio RKO-751. Velocidad excesiva. Maniobra evasiva negligente.
Lo primero que debe apreciar V.S. al analizar la mecánica del accidente, es la altísima velocidad con que se desplazaba el camión Mercedes Benz conducido por Alberto.

En efecto, como destaca el Lic. Aldo Videla Valdez, al momento del choque el camión “circulaba a una velocidad no menor de noventa y cinco kilómetros horarios (95 km/h)” (punto C. del informe técnico acompañado), con un margen de error de más/menos cinco kilómetros por hora y teniendo en cuenta una hipotética eficacia frenante del camión del 100%, aunque existen elementos que permiten inferir que era menor. Debe tenerse presente que, si bien el croquis elaborado por Policía Científica, a través del Cabo P.P.D. Carlos A. Bazán (fs. 88/89 del expediente penal) estima como velocidad del camión 72,42 km/h, ello es simplemente una velocidad mínima (conclusión nº3, a fs. 89) y que surge de no haber tenido en consideración la energía cinética absorbida por el vehículo impactado y sus ocupantes.

Resulta a todas luces evidente que se trata de una velocidad absolutamente excesiva, que evidencia un claro desprecio por la vida humana (principalmente, la de los restantes conductores y/o peatones, ya que rara vez resultan gravemente lesionados los conductores de camiones en este tipo de accidentes). Advierta V.S. que la vía por la que circulaba el camión tiene como máxima 60 km/h, velocidad que –en razón de las circunstancias del lugar y de los vehículos- puede entenderse apropiada para rodados menores y con mayor poder de reacción y frenado, pero que resulta todavía excesiva en el caso de camiones como el que nos ocupa. En el caso, el co-demandado llevaba un acoplado de grandes dimensiones (que disminuye la maniobrabilidad y alarga las distancias de frenado), transitaba por una arteria estrecha, atravesada por otras calles, y en la que suelen circular ciclistas y peatones (a modo de ejemplo, foto 01 a fs. 90 del expediente penal).

Cabe destacar que rodados como el conducido por Sr. Alberto JAMÁS pueden circular, bajo ninguna circunstancia y ni siquiera en vías de alta velocidad como una autopista, ni en zonas completamente rurales, a más de 80 km/h (así surge de los términos del art. 69 de la Ley 6.082; lo propio dispone la legislación nacional: ver art. 51, incisos “b” punto “3”, “c” y “d” de la Ley 24.449). Aquí circulaba a 95 km/h, por lo menos.

Como consecuencia de todo lo anterior, resulta claro que el coaccionado conducía al momento del accidente, a una velocidad notoriamente superior a la máxima permitida y evidentemente peligrosa, teniendo en cuenta las circunstancias de lugar y del rodado que conducía (Art. 48 inc. “b”, Ley 6.082; Arts. 512, 902 y 1109 C.C.). Su conducta bordea el dolo eventual, o siendo más benévolo en la interpretación, la culpa conciente. No hay dudas de que un conductor cualquiera, máxime uno profesional como es el caso, debió representarse que tal modo de conducir en las antedichas circunstancias produciría un accidente con consecuencias muy probablemente desastrosas para los bienes y la integridad de terceros.

Nótese que la velocidad determinada por el Sr. Perito Videla lo es al momento de la colisión y luego de 29,50 metros de frenado aproximadamente (croquis de fs. 96, expte. penal). Es decir que Alberto circulaba, en los momentos anteriores al impacto, a una velocidad aún mayor. Hizo caso omiso de la intersección, dispuesto a pasar por ella como si no existiera y sin siquiera disminuir la velocidad, contrariamente a lo que exigen la legislación vigente y elementales reglas de prudencia (Art. 69, inc. “e” sub 3, Ley 6.082), máxime teniendo en cuenta la cercanía de un establecimiento escolar.

Fue esa conducta desaprensiva, en particular la altísima velocidad a la que circulaba, la que hizo imposible que el Citröen conducido por la Srta Vanesa completara totalmente el cruce. A la vez, fue lo que impidió cualquier posibilidad de éxito en maniobras de detención.

El Mercedes Benz RKO-751 apareció súbitamente, debido a la alta velocidad desarrollada, por la izquierda del Citröen y lo arrolló.

El impacto del camión sobre el Citröen se produjo en el cuadrante NOROESTE (croquis de fs. 02 y fs. 96; informe técnico Lic. Videla Valdez adjunto). Esto significa que el vehículo en que circulaban las occisas y dos de mis mandantes YA HABÍA ATRAVESADO LA MITAD DE LA CALZADA AL MOMENTO DE PRODUCIRSE EL ACCIDENTE.

Aquí aparece otra negligencia conductiva del codemandado Alberto: intentó realizar una maniobra evasiva que, lejos de contribuir a la evitación del accidente, fue determinante de su producción. Así, los croquis policiales muestran que el camión circulaba de Sur a Norte, sobre la mano derecha de Florencio Sánchez. Sin embargo, el impacto se produjo sobre el cuadrante NOROESTE, esto es sobre la mano contraria a la que venía circulando el camión. Al advertir la presencia del Citröen que, correctamente, estaba atravesando F. Sánchez, el conductor del camión desvió su marcha hacia la izquierda, lo cual implicó seguir la trayectoria del Citröen y finalmente impactarlo. Era obvio que si el Citröen había iniciado la marcha, el camión debió haber intentado frenar pero MANTENIENDO su mano de circulación. Ello hubiera permitido, sin dudas, que el vehículo Citröen hubiera terminado de cruzar exitosamente la arteria y, en consecuencia, que el accidente no se hubiera producido. V.S. debe tener presente que la ley de tránsito impone esta solución (permitir que el vehículo que ha iniciado un cruce termine el mismo) para TODOS los casos en que un vehículo inicia un cruce de una vía, aún cuando el que circula por ella tenga prioridad –inclusive, semafórica- (Art. 53, inc. “e”, Ley 6.082).

Es dable exigir de un conductor profesional la máxima diligencia en el desarrollo de su tarea (Arts. 512 y 902 C.C.). Ello le imponía a Alberto Alberto el deber de conducir a una velocidad MUY inferior a la que observaba en el momento de los hechos – y que debió ser inferior, inclusive, a la máxima permitida en la arteria-, y –en la eventualidad ocurrida- le imponía haber efectuado una maniobra de evitación diligente. Seguir la trayectoria del vehículo finalmente embestido, sin dudas, no lo es.

Es claro que, más allá de las referencias a la velocidad de circulación del camión, el codemandado Alberto no pudo mantener el dominio efectivo del vehículo, que exige tanto la norma de tránsito (Art. 48 inc. “b”, Ley 6.082) como la jurisprudencia reiterada de nuestra Suprema Corte de Justicia. No circulaba con el “cuidado y prevención” que era dable exigirle, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito (Art. 48 inc. “b”, Ley 6.082; Arts. 512, 902 y 1109 del Código Civil), ya recordadas (camión con acoplado de grandes dimensiones, calzada muy estrecha, intersecciones importantes en la arteria, velocidad máxima 60 km/h, circulación de ciclistas y peatones en la zona).

A ello cabe agregar que el codemandado NO es un conductor diligente, ni que se caracterice por la observancia de los reglamentos de tránsito. Así lo demuestran los antecedentes penales que posee: ha sido partícipe ya de, al menos, otros dos accidentes en el pasado relativamente cercano, uno de ellos –inclusive- involucrando muerte de dos personas.

Por todo ello, V.S. deberá declarar la responsabilidad única y exclusiva del co-demandado Alberto Alberto en la producción de los daños aquí reclamados.


b.-Riesgo creado o vicio de la cosa (Art. 1.113)

Asimismo, y más allá de toda imputación subjetiva referente a la conducta del codemandado, cabe la responsabilidad objetiva de quienes resulten dueños o guardianes del rodado (conceptos que, eventualmente, podrían recaer sobre el mismo codemandado Alberto y/o principales del conductor en virtud de lo dispuesto por el art. 1.113 del Código Civil.




  1. DAÑOS. ESTIMACIÓN

Seguidamente procedo a detallar los daños sufridos por mis mandantes como consecuencia del accidente narrado antes, estimando provisionalmente los montos correspondientes a cada rubro reclamado y sujetando los mismos a lo que V.S. estime justo según se acredite en autos.
VIII.1.-DAÑOS MATERIALES.

Se reclaman los siguientes rubros por daños materiales:



VIII.1.A.-Valor vida del ama de casa.

Patricia, fallecida a causa del accidente de marras, era esposa de mi mandante Daniel, desde hacía casi 22 años. Ambos eran padres de la occisa Vanesa Anahí, como así también de otros dos hijos: Gerardo Daniel y Sebastián Alejandro Junto a ellos, y completando el núcleo familiar, vivía el pequeño Franco, hijo de Vanesa Anahí y del Sr. César

Vanesa actuaba como “mano derecha” de Daniel, ayudándole –junto a Patricia- en la actividad comercial de venta de carne que habían iniciado tiempo antes de los hechos, llevando todo lo relativo al pago de impuestos y realizando todos los trámites familiares y comerciales.

Daniel ha pasado a ser el único sostén anímico, moral y físico de su familia. A causa del accidente, la familia de Daniel perdió la guía y administradora doméstica, trabajadora del hogar, educadora diligente, madre y a la vez amiga de los hijos. Las tareas que antes realizaba Patricia han quedado a cargo del Sr. Daniel en soledad. Pero, como V.S. comprenderá, no sólo la sustitución que Daniel puede hacer de la madre del hogar es necesariamente imperfecta y sólo parcial, sino que la falta de la figura “cónyuge-madre” provoca a su núcleo familiar un daño material considerable.

Como ha señalado la doctrina y jurisprudencia en forma conteste, “…tiene un innegable valor económico la actividad doméstica, que se cumple en interés propio y de los allegados convivientes y representada tanto por los quehaceres materiales que suscita la atención del hogar, como por la organización y economía familiar y la educación y cuidado de los hijos…La administración del hogar y la conducción de los múltiples aspectos cotidianos de la vida de los hijos tiene el valor de una verdadera empresa, cuyas ventajas –materiales y morales- son evidentes, así no se visualicen desde un punto de vista monetario directo…” (ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, Resarcimiento de daños, Tomo 2a: Daños a las personas, 2da edición ampliada, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1996, p. 427/428. En igual sentido: C2CCom. De La Plata, Sala III, 3-8-1995, “Mariani, Arnaldo y otro c/Musa, Alberto y otro s/Daños y perjuicios, en Revista de Derecho de Daños, 2001-1, p. 414; CNCiv, Sala I, 02/12/2003, “Poncini, Jorge A. y otros c/Bergamini, Carlos y otros”, www.laleyonline.com.ar).

A ello debe sumarse que “…la trascendencia de la actividad del ama de casa y madre de familia alcanza su punto máximo en los núcleos humildes, imposibilitados económicamente para sustituir el esencial aporte de aquélla…” y que “…es evidente [que] aún contándose con el mejor y más intenso servicio doméstico, no deja de estar presente la mujer (o su cónyuge) en múltiples actividades cotidianas: no sólo ya en labores manuales, sino ejerciendo además la vigilancia de estudios, regulación y control de horarios, preocupación por la asistencia médica y salud espiritual de la familia, etc…Ninguna empleada a sueldo podrá reemplazar todo ese esfuerzo. No obstante lo señalado, el sueldo del personal doméstico puede constituir una pauta básica para evaluar la indemnización, pero aumentado en función de las circunstancias antedichas…” (ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, op. cit., p. 429 y 433/434 –énfasis añadido-. En igual sentido: C1aCC La Plata, Sala III, octubre 27-1983, “Caprarella de Hernández Bardi, Beatriz y otros c/Bocabella, José y otro”, L.L. 1985-D, 28, especialmente ps. 44 y 45).

Es claro que, tanto para Daniel como para sus hijos Gerardo y Sebastián, la muerte de Patricia ha significado no solamente un profundo agravio moral –que se reclama y cuantifica más adelante-, sino también un innegable daño económico, en la forma de la pérdida del trabajo doméstico que en su beneficio realizaba la difunta, como así también en la forma de la colaboración en la actividad comercial de venta de carnes que prestaba Patricia.

Teniendo en cuenta que Patricia tenía, al momento de su muerte, apenas 40 años; que la expectativa de vida para la mujer ronda actualmente los 78,10 años; que el salario mínimo vital y móvil –como pauta orientadora reconocida jurisprudencialmente- es a la fecha de pesos seiscientos treinta; que una empleada doméstica a tiempo completo percibe alrededor de pesos cuatrocientos mensuales; que si bien la mayor intensidad en el trabajo doméstico se da mientras los hijos son menores y viven en el hogar paterno/materno, ese mismo hecho permitiría a Patricia dedicarse plenamente a colaborar con su marido en la realización de actividades económicas fuera del hogar –como de hecho estaba intentando hacer en sus tiempos libres-; que los hijos supérstites eran –y son aún- menores de edad; las restantes circunstancias vitales de los reclamantes; como así también los lineamientos de la jurisprudencia nacional en casos similares; esta parte estima justo reclamar por este concepto la suma de pesos treinta mil ($30.000) para Daniel y sus hijos Gerardo y Sebastián.

Sumas similares han sido consideradas justas por diferentes tribunales de alzada del país. A modo de ejemplo, cabe recordar que para un caso que guarda razonable analogía con el presente, donde la fallecida tenía 39 años, era ama de casa y efectuaba esporádicamente trabajos domésticos para terceros, sin que se acreditara la cuantía de tales ingresos, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul estableció la suma de $28.000 como reparación por el valor vida del ama de casa (CCivComAzul, 30/09/1997, “Vezzosi, Juan c/Rossi, Mario”, L.L.B.A. 1998-195, también disponible en www.laleyonline.com.ar; primer voto del Dr. Jorge Mario Galdós) . La Cámara Primera de Apelaciones de Mar del Plata ha estimado justa la suma de $32.000 para resarcir la pérdida de la vida de un ama de casa de 61 años (C1aCivComMardelPlata, Sala I, 23/08/1995, “Mateo, Ramón y ots. c/Burón, Diego y ots.”, L.L.B.A. 1995-953, también disponible en www.laleyonline.com.ar). La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ha confirmado la sentencia de primera instancia que fijaba la suma $30.000 para el cónyuge (y $15.000 para cada uno de los hijos) como indemnización por la pérdida de la vida del ama de casa, en un caso donde la fallecida tenía 36 años y se dedicaba solamente al cuidado de sus hijos menores, siendo la familia en cuestión de condición muy humilde (CNCiv, Sala H, 04/11/1997, “L. de A., M.M. c/Brizuela, Carlos y ot.”, L.L. 1998-B, 609).

A su vez, aparece como muy moderada si tomamos en cuenta la escasa renta anual que podría producir dicho capital colocado a intereses en el mercado financiero local. A una tasa anual de alrededor del 4% (B.N.A., para operaciones de plazo fijo a 30 días), la suma reclamada ($30.000) rendiría una muy modesta renta mensual de $100.- Por ello, y desde la óptica de la renta que genera el capital que adoptan algunas de nuestras Cámaras de Apelaciones (a modo de ejemplo: 4taCámCiv, 13/03/1997, As. 22.848, “Alcázar de Yunes, Adriana c/T.A.C.”, L.S. 141-139; del mismo tribunal, 17/11/1999, As. 24.625, “Pérez, Barbarita por sí y por sus hijos menores c/Obra Social Hotelera y Gastronómica”, L.S. 151-093), la suma aparece como muy acotada. Lo propio puede decirse si consideramos como referencia numérica orientativa el salario que correspondería a una empleada doméstica sin retiro (alrededor de $400), los períodos resarcibles dada la corta edad de la víctima y su expectativa de vida (alrededor de 457 períodos) y aún cuando se considerase una disminución por adelanto de capital.

Por todo lo expuesto, y como V.S. puede apreciar, la suma reclamada es sumamente modesta y ajustada a derecho, y corresponde su acogimiento total.
VIII.1.B-Daños Psicológicos.

Como consecuencia de los hechos vividos por los miembros de la familia, incluido el pequeño Franco quien vivía con su madre y sus abuelos maternos, mis mandantes han sufrido distintos trastornos psicológicos que requieren tratamiento.

Ello no es más que la consecuencia natural de la tragedia vivida por la familia. Así lo ha señalado la jurisprudencia con claridad:

“…es de público y notorio conocimiento, formando parte de las máximas de experiencia, que en toda familia normalmente constituida el inesperado y traumático fallecimiento de uno de sus integrantes generalmente conlleva la devastación psicológica de los sobrevivientes. Más en casos como el que nos ocupa, en el que se produjo el homicidio de una joven madre de 37 años de edad, destruyendo absoluta y definitivamente la natural composición del hogar familiar, como señalé anteriormente, frustrando así la vida matrimonial que llevaba el coactor con aquella y privando de su madre a los restantes accionantes…” (CCivComQuilmes, Sala II, 15/02/2005, “Orozco, Oscar c/Medina, Arnoldo”, L.L.B.A. 2005-864; también disponible en www.laleyonline.com.ar)

Así, Daniel presenta un cuadro de “TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO” y “TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR” que determinan una incapacidad laboral del 20% y requiere, para intentar aminorar –sin garantías de éxito- una sintomatología “surgida a partir del accidente” y que “tiene un carácter de cronicidad”, un tratamiento psicológico de duración estimativa de 2 años, a un costo semanal de $35 (Informe Psicológico, págs. 14, 17 y 18). Ello nos da un total de $3.640.- Debe tenerse en cuenta, además, que se ha indicado la necesidad adicional de Tratamiento Psiquiátrico, que puede incluir eventualmente necesidad de medicación, con los costos consiguientes.

Sebastián presenta una elaboración de duelo obstaculizada, con dificultades en la motivación, voluntad, sueño, memoria y concentración, habiéndose acentuado los rasgos de introversión, inhibiciones y miedo, por lo cual se recomienda tratamiento psicológico de un año y medio de duración estimativa, a un costo semanal de $35 (Informe Psicológico invididual elaborado por la Lic. Natalia Illuminati, adjunto). Ello nos da un total de $2.520.

En el caso de Gerardo, los trastornos psicológicos descriptos por la licenciada informante (funciones somáticas alteradas –insomnio, altos montos de ansiedad-; miedos, sentimientos de tristeza, entre otros) redundan en un estado de vulnerabilidad psíquica y social, que requiere tratamiento de un año de duración, con el mismo costo semanal referido antes. El total del mismo sería de $1.680.

Finalmente, el pequeño Franco Daniel presenta un “TRASTORNO DEPRESIVO DE TIPO REACTIVO”, requiriendo un tratamiento de al menos un año. Tomando como base el costo semanal de $35, el total sería de $1.680.

La sumatoria de los distintos tratamientos requeridos por mis mandantes alcanza a $9.520. Sin embargo, teniendo en cuenta que el tratamiento se extiende a lo largo de dos años, y que las sumas se entregarían de una sola vez, esta parte practica un descuento del 10% (equivalente a los intereses que el capital podría devengar durante los dos años de tratamiento, aun considerando que las sesiones se van pagando a lo largo de los dos años y no todas juntas al final). Por ello, la suma total estimada provisoriamente por esta parte para responder al rubro “Daño Psicológico” asciende a $8.568.-, siempre librado a lo que en más o en menos determine V.S. de acuerdo a lo que informen oportunamente los Peritos a designarse en autos.
VIII.1.C.-Pérdida de Chances de ayuda económica por parte de Vanesa:

Como surge de la prueba arrimada y a producirse en autos, Vanesa Anahí era una joven entusiasta, emprendedora, y aplicada, cuyas perspectivas en el campo laboral eran –cuando menos- muy buenas.

Durante sus años escolares fue excelente alumna, como acredita el certificado analítico que se adjunta. Las calificaciones, a lo largo de sus cinco años de escuela secundaria, muestran un claro predominio de notas destacadas (“Muy Bueno” y “Excelente” en casi todas las asignaturas). Como reconocimiento a su rendimiento académico, como así también a su calidad humana, fue designada escolta de la bandera en la Escuela “Santa María de los Ángeles” (primaria) y abanderada en la Escuela 4-050, “Roberto Azzoni”.

Sus inquietudes por desarrollarse y aprender fueron siempre manifiestas. Así, realizó pasantías calificadas en AFIP-DGI (resultando aprobada en las mismas) y tomó cursos de computación extra escolar, con la intención de capacitarse más allá de la formación básica que otorgan los establecimientos educativos públicos en general.

A pesar de las dificultades propias de su condición de madre, Vanesa siempre se las arregló para que ello no impidiera su progreso a nivel personal y laboral.

Vanesa poseía habilidades en temas legales y administrativos. Era “Perito Administrativo Contable” y ayudaba a su padre Daniel en la organización de una actividad de venta de carne, encargándose de los temas fiscales y contables (pagos, trámites, etc.). Pero su verdadera vocación era el derecho. Quería convertirse en abogada, y se había inscripto en el preuniversitario de abogacía de la U.N.C. (ver constancia adjunta), y más tarde –ante la imposibilidad de rendir en esa oportunidad por temas vinculados al cuidado de Franco- se enroló en un curso preuniversitario privado. Estaba determinada a lograrlo, y tenía una voluntad “de hierro”.

Con la doble intención de aprender la práctica tribunalicia, haciendo experiencia en temas legales, y de iniciar una carrera que le brindara un ingreso económico razonable para mantener a su hijo Franco y contribuir con la economía familiar, Vanesa comenzó a buscar trabajo en el ámbito del Poder Judicial. Luego de una intensa búsqueda, surgió una muy concreta oportunidad de ingresar como “auxiliar” en la Defensoría Oficial ante los Tribunales Federales de Mendoza. Inclusive fue entrevistada por el Sr. Defensor Oficial Dr. Daniel E., quien quedó con una excelente impresión y se mostró favorable a la incorporación de Vanesa. Al momento de su muerte, Vanesa se encontraba terminando los trámites pertinentes, y su ingreso a la Defensoría era inminente. Las condiciones laborales eran francamente muy buenas, ya que se trataba de un ingreso en planta permanente, con un salario básico de $1.000 mensuales, con los correspondientes adicionales en razón de asignaciones familiares, antigüedad, y demás. Había buenas posibilidades de desarrollar una carrera, ascender, y –título universitario mediante- poder llegar inclusive a ser funcionaria.

Es claro entonces que, ante tan buenas perspectivas, la desaparición física de Vanesa Anahí ha generado un daño patrimonial cierto, tanto a su hijo Franco, como a su padre Daniel, en la forma de “pérdida de chances de ayuda”. A fin de poder efectuar una estimación aproximativa de los mismos, corresponde –previamente- realizar una proyección estimativa de las chances económicas de la propia Vanesa que se vieron frustradas por su muerte. A tales efectos debe considerarse que Vanesa tenía una vida laboral de 43 años y medio por delante (al morir tenía apenas 21 años y 6 meses). El monto mensual a considerar es de $1.000. Considerando que se estaría adelantando un capital que la fallecida hubiera generado a lo largo del tiempo, se utilizará como pauta orientativa la fórmula matemática utilizada por el Tribunal Superior de Córdoba y propuesta por algunos autores (por ejemplo, ZAVALA DE GONZÁLEZ, Resarcimiento de daños, Tomo 2a: Daños a las personas, 2da edición ampliada, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1996, p. 523, haciendo la salvedad que algunas ediciones presentan el error material de mostrar “Vn” –expresión correcta- como “V elevado a la n” –expresión incorrecta-), que contempla amortización por anticipo de capital:

C= a.(1-Vn). 1/i donde Vn =1/(1+i) elevado a la n.

“C” representa el capital indemnizatorio;

“a” representa la pérdida de valor económico provocada por la muerte en cada período;

“n” representa el número de períodos a resarcir y al cabo de los cuales se agota el capital;

“i” es la tasa anual de interés que rendiría el capital adelantado.
En este caso, “a” es igual a 1.000 por mes; “n” es igual a 522 (meses de trabajo, o 43,50 años), e “i” representa el interés anual de acuerdo a la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina en operaciones de plazo fijo a 30 días (4%, equivalente en decimales a 0,04). Así, el capital total que correspondería por la muerte de Vanesa es de pesos doscientos sesenta y seis mil doce con cincuenta centavos ($266.012,50) Se trata, sin dudas, de una estimación moderada, en la que no se han tenido en cuenta asignaciones familiares, potencial de ascenso, entre otros rubros que engrosarían notablemente el monto total.

A su vez, en el entendimiento de que se trata de una “chance”, si bien MUY concreta, esta parte estima razonable justipreciar dicha chance en un 70%, con lo que el capital indemnizatorio se concreta en la suma de pesos ciento ochenta y seis mil doscientos ocho con setenta y cinco centavos ($186.208,75).

Esta suma, será tenida como base para estimar los daños materiales, en forma de pérdida de chance, de Daniel A. y de Franco.
a.-Daño sufrido por Daniel A.

Sin lugar a dudas, Daniel ha sufrido un concreto perjuicio económico ante la desaparición de su hija mayor Vanesa.

Como ha reconocido la doctrina mayoritaria (Ver, por todos, ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, op. cit., p. 633, y doctrina que allí se cita), los padres tienen una expectativa legítima de ser asistidos económicamente por sus hijos.

Lo propio es sostenido por nuestra jurisprudencia:

El fundamento de la indemnización por la muerte de una persona de corta edad, las posibilidades futuras de la víctima frustradas por el evento y las legítimas esperanzas de sus progenitores, es cierto que debe tenerse en cuenta el medio socio económico en que se desarrollaban, pues la ayuda o sostén se hubiera concretado dentro de él, pero también lo es que el reclamo pueden realizarlo los padres, sin necesidad de probar el perjuicio material sufrido, pues este daño está en la experiencia de la vida y no es otro que el derecho que tienen de contar con el apoyo y asistencia de sus hijos…” (4taCámCivCom, 10/02/1997, As. 22.837, “Videla Pastrán, Eugenio c/Cuello, J.C.”, L.S. 141-048; el destacado –negrita- es propio; en igual sentido: 3raCámCivCom, 19/11/1999, As. 24.486, “Oballi, Salomón y ots. c/Espinosa, Adrián T. y ots”, L.S. 087-006; 2daCámCivCom, 04/06/1986, As. 82.758, “Sevilla, Francisco y ots. c/De la Motta, Roberto”, L.S. 075-013; 1ra CámCivCom, 20/08/1996, As. 112.339, “Nievas, Roberto por sí y por sus hijos menores c/Attaguile, Juan Lorenzo y ots.”, L.S. 154-132)

La importancia de esta ayuda cobra especial relevancia en supuestos como el de Daniel, quien se desenvuelve en un medio modesto, de ingresos variables medios, y quien ha desempeñado distintas tareas en la vida, a veces de manera autónoma, otras en negro, lo cual determina que al llegar a la vejez muy probablemente se encontrará en un estado de especial vulnerabilidad económica. Es posible que no cuente con la totalidad de los aportes necesarios o, de lograrlo, es seguro que su jubilación será mínima y claramente insuficiente. Es en este tipo de situaciones donde el derecho a ser asistido por los hijos cobra especial relevancia.

Por ello, y teniendo en cuenta que la edad jubilatoria es de 65 años y la expectativa de vida para los varones de 70,60 años aproximadamente, y que es prudente pensar que Vanesa pudiera destinar un 30% de sus ingresos durante tal período a ayudar a su padre, esta parte estima el daño sufrido por este rubro en la suma de pesos siete mil ciento noventa y uno con cincuenta y un centavos ($7.191,51).
b.-Daño sufrido por Franco D.

Tampoco pueden quedar dudas de que el pequeño Franco ha sufrido un menoscabo patrimonial ante la desaparición física de su madre. En efecto, acostumbra suceder según el curso natural y ordinario de las cosas (art. 901 C.C.) que los padres –y en especial, en aquellos supuestos de padres no convivientes, aquellos progenitores que conviven con los hijos- destinen una porción sustancial de sus ingresos a la crianza de sus hijos. Así, una mejor posición económica y disponibilidad de recursos por parte de Vanesa hubiera redundado en mejores posibilidades para el pequeño. Posibilidades de obtener una mejor educación, quizás con el tiempo concurrir a establecimientos privados; de concurrir a aprender idiomas, o a realizar actividades deportivas, o de culturales que enriquecen el espíritu –como estudiar música o aprender la ejecución de algún instrumento musical-; posibilidades de acceder, en definitiva, a una mayor holgura y un mejor estándar de vida. Ello, hasta la edad legal en que dependería de su madre. Todas estas posibilidades se han visto frustradas por la trágica muerte de Vanesa, y deben ser reparadas. Esta parte estima prudente fijar el monto reclamado por este concepto en el 50% del potencial productivo de Vanesa, durante los años que faltaban hasta la mayoría de edad (17 años y 9 meses), contemplando debidamente la amortización por adelanto de capital. En suma, reclamo el monto de pesos treinta y siete mil novecientos noventa ($37.990) por este concepto.

A la vez, no caben dudas de que TODO lo que pudiera producir en su vida Vanesa Anahí, aún más allá de la edad hasta la que habría tenido la obligación legal de mantener a Franco (Arts. 126 y 265 C.C.), terminaría por corresponder iure hereditatis al pequeño Franco (Art. 3565 C.C.; y arg. Art. 3567 C.C.). Si, como acostumbra suceder según el curso normal y ordinario de los acontecimientos (Art. 901 C.C.), Vanesa falleciese antes que Franco –pero, en todo caso, en un tiempo normal, esto es a una edad acorde a la expectativa de vida en el país-, todo su patrimonio pasaría a pertenecer al menor aquí reclamante. Ello, cualquiera fuera el tiempo futuro en que tal hecho acaeciese. Si su madre adquiriese, con las cantidades que pudiere ahorrar y/o créditos que pudiere tomar, un vehículo o un inmueble, tales bienes pasarían a su único hijo. Por ello, existe un daño indudable –bien que a título de chance- que debe ser igualmente reparado. Esta parte reconoce la dificultad de su estimación precisa. Por ello, brinda a V.S. una base aproximada y deja librado a su prudente arbitrio la determinación de la suma (Art. 90 inc. 7 C.P.C.). Sin perjuicio de ello, y a fin de cumplir con lo establecido por el art. 165 inc. 3 del C.P.C., esta parte estima dicha chance en la suma de pesos diecinueve mil setecientos cuarenta y tres con sesenta y nueve centavos ($19.743,69), la que surge de descontar al total de producción estimado de Vanesa –contemplando debidamente el anticipo del capital- ($186.208,75), las sumas estimadas como destinadas a solventar la crianza de Franco ($37.990) y a la ayuda a Daniel ($7.191,51) y a tal suma aplicar un 20% (que se estima razonable como posibilidad de ahorro, una vez deducido un 80% en concepto de gastos varios –esparcimiento, etc.- y manutención), y a la resultante, un 70% que se estima como chance probable de que Vanesa destinara ese excedente (ahorro) a capitalizarse y que lo adquirido con el mismo fuera recibido por el hijo.

POR TODO LO EXPUESTO, ESTA PARTE ESTIMA JUSTO RECLAMAR LA SUMA TOTAL DE PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 69/100 ($57.733,69) PARA FRANCO DANIEL, EN CONCEPTO DE DAÑOS MATERIALES DERIVADOS DE LA MUERTE DE VANESA ANAHÍ.


VIII.1.D.-Incapacidad física de Sebastián

Como destaca el certificado médico extendido por el Dr. Federico G. que se acompaña, el accidente dejó secuelas físicas significativas en Sebastián

Si bien la primera impresión podría ser que se trata de una incapacidad menor (el médico determina, de acuerdo a los parámetros del Dec. 478/98, un 5% del total; debe hacerse la salvedad que esta estimación es solamente provisional, pudiendo surgir un porcentaje mayor de lo que determine la pericia médica ofrecida, existiendo otros baremos distintos al utilizado por el Dr. Fede que asignan un porcentaje mayor de incapacidad por esplenectomía –a modo de ejemplo, se indica un 10% de incapacidad en RUBINSTEIN, Santiago J., Las incapacidades laborativas: Derechos de los incapacitacidos –Teoría y práctica-, 2da edición actualizada y ampliada, Ed. Ábaco, Buenos Aires, 1986, p. 190-), la realidad es bastante diferente. En efecto, al sufrir una sensible disminución de la capacidad de respuesta de su sistema inmunológico, Sebastián no solamente ha visto mermado su potencial laboral total (entendido como máxima capacidad de generación de esfuerzo productivo) sino que también ha visto cerradas sus posibilidades en una amplia gama de actividades laborales.

En efecto, la extirpación del bazo tiene importantes repercusiones en el funcionamiento inmunológico del organismo. Así, la falta de dicho órgano produce una disminución en el “aclaramiento” de antígenos intra y extracelulares, generando una disminución en la respuesta a antígenos polisacáridos, y alteraciones en la fagocitosis, tal como se describe generalizadamente en la bibliografía médica (ver certificado extendido por el Dr. Federico G. Grilli, adjunto). Como consecuencia de los déficit funcionales descriptos, entre otras complicaciones, los pacientes esplenectomizados como Sebastián presentan una mayor sensibilidad a una amplia gama de agentes patógenos (entre ellos “Streptococco neumonie”, “H. influenza”, “N. meningitidis”, “Streptococo beta hemolítico del grupo A”, “E. coli” y “pseudomonas”) y un correlativo aumento en la resistencia que los gérmenes presentan a los antibióticos conocidos. Esta situación genera, en pacientes del mismo tipo, “una mortalidad por sepsis de 50 a 200 veces más que el resto de la población no esplenectomizada de sintomatología inespecífica” y aparecen en ocasiones “infecciones fulminantes en adultos con aumento de la mortalidad”. En el caso particular de Sebastián, estas complicaciones han comenzado a manifestarse, mediante la aparición de “infecciones recurrentes, principalmente de vías respiratorias altas” y requiere aplicarse todos los años vacuna antineumocóccica.

Como puede apreciarse sin mayores esfuerzos, esta condición médica implica la lisa y llana imposibilidad de realizar tareas que puedan colocar a Sebastián en exposición directa a agentes patógenos o a situaciones de riesgo en las que pudiera resultar herido o lastimado, lo que constituye una variada gama de actividades. Así, y solamente a título de ejemplo, Sebastián no sería apto para realizar tareas de maestranza y/o limpieza, ni labores asociadas a la prestación de servicios de salud (sea como profesional de la salud, enfermero –con o sin título-, o personal de limpieza o maestranza), ni labores en servicios municipales de recolección de residuos, ni tareas vinculadas a la seguridad –sea ésta privada o a través de los organismos públicos-, ni labores en la construcción, ni en la actividad mecánica, entre muchísimas otras.

A la fecha del accidente, y dada su condición de adolescente y estudiante, Sebastián realizaba tareas en el taller mecánico de su tío Nelson, aprendiendo el oficio y percibiendo como remuneración la suma de pesos trescientos. Es claro que, justamente, la actividad mecánica, en razón de las condiciones higiénicas en las que suele desarrollarse (en contacto permanente con grasa, metales sucios, partes de vehículos que por su naturaleza presentan suciedad), de las propias necesidades de la actividad (que requieren, por ejemplo, tirarse debajo de un auto o meterse en fosas, ambientes propicios para cualquier sepsis) y de los riesgos permanentes de cortes o lastimaduras en las manos y demás, NO es una ocupación que Sebastián vaya a poder desarrollar en absoluto en lo sucesivo. No, al menos, sin poner en grave riesgo su debilitada salud.

Las chances laborales también se ven directamente afectadas debido a que su condición de paciente esplenectomizado es fácilmente detectable (se aprecia, de hecho, la cicatriz a simple vista), la cual será advertida en exámenes pre-ocupacionales a los que se someta, disminuyendo sus posibilidades de empleo. Aunque no se lo admita directamente, es un hecho que ningún empleador (en ningún ramo) quiere tener empleados “débiles de salud” y expuestos a infecciones recurrentes, ya que lo expone –sin ir más lejos- a no poder contar con el empleado en un “x” número de días al año como así también a incurrir, potencialmente, en mayores costos laborales asociados a control del ausentismo, cobertura de enfermedades y otros.

Actualmente, Sebastián se encuentra intentando terminar sus estudios “secundarios”, mediante la asistencia a un establecimiento escolar para adultos, como así también está tomando cursos vinculados a tareas de diseño gráfico.

Por ello, esta parte estima justo ponderar el daño material derivado de la incapacidad física de Sebastián tomar como base el salario mínimo vital y móvil, actualmente fijado en $630, y a la proyección de 44 años útiles (desde los 21 años hasta los 65, sin perjuicio de que Sebastián ya trabajaba a los 16 años) aplicarle el 5% directo (debe aclararse que no obstante tratarse de un cálculo directo, esta parte entiende ajustada a derecho la suma resultante, en tanto las repercusiones dañosas en el ámbito de la productividad laboral claramente exceden el muy moderado porcentaje de incapacidad estimado, como se ha argumentado antes, y se ha tomado como parámetro un salario mínimo, sin tener en cuenta posibilidades de salarios mayores y aumentos derivados de antigüedad y otros ítems que usualmente conforman una remuneración estándar de mercado; a ello debe sumarse que los intereses que pudiera devengar dicho capital anticipado se compensan claramente con la inflación normal y corriente en el país, máxime ante lo moderado de la suma reclamada –ver GREGORIO, Carlos G-HIGHTON, Elena I.-ÁLVAREZ, Gladys S., “Indemnizaciones por daños a las personas: una comparación entre provincias”, en Revista de Derecho de Daños, 2005-3, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2006, p. 30, y nota 24). Ello nos da un resultado de pesos dieciocho mil dieciocho ($18.018), los que se reclaman por este rubro, siempre sujeto a lo que estime prudente V.S. de acuerdo a su elevado criterio y probanzas de la causa.
VIII.1.E.-Incapacidad de Daniel A.:

El Sr. Daniel es una persona que ha trabajado toda su vida, y desde muy joven. Contrajo matrimonio y fue padre a corta edad (19 años, ver partidas adjuntas), y siempre mantuvo a su familia en condiciones dignas, gracias a sus permanentes esfuerzos y ansias de superación.

Durante muchos años se dedicó a la conducción de camiones, efectuando viajes que lo obligaban a ausentarse del hogar, que quedaba a cargo de Patricia. En épocas cercanas al accidente, trabajaba para la empresa “Miceli”, percibiendo una remuneración mensual de $1.800 aproximadamente. Debido que tal actividad lo mantenía alejado por demasiado tiempo de su familia, decidió cambiar de actividad, organizando una actividad “autónoma” de reparto de carnes y venta mayorista, que desarrollaba –hasta el momento mismo del accidente- en vinculación comercial con la empresa “Transporte San Carlos”. Daniel efectuaba el reparto conduciendo un vehículo de propiedad del Sr. Carlos Fernández. Los ingresos eran variables, ya que percibía una comisión sobre las ventas, pero no bajaban de los $1.800 mensuales. Además, el movimiento a nivel ventas había comenzado a crecer, ya que Patricia y Vanesa se turnaban para colaborar con él en la organización de las tareas –desde el mismo hogar o ayudando con algunas tareas fuera del hogar-.

En síntesis, Daniel siempre fue una persona activa y muy trabajadora, que gracias a su esfuerzo personal y a la solidaridad y apoyo de su núcleo familiar, pudo mantener su hogar con gran dignidad y expectativas de superación.

Luego de ocurrido el accidente, Daniel tuvo que dejar su trabajo y no ha podido, hasta la fecha, retomarlo. Ello, por un doble orden de razones vinculadas directamente con el accidente de marras: 1) los gravísimos trastornos anímicos y físicos que sufrió como consecuencia de la muerte trágica de su mujer y su hija, que determinan una incapacidad del 20% (según estima la Lic. Natalia Illuminati, informe adjunto); y, 2) la imposibilidad de continuar con su trabajo ya que debía hacerse cargo de la casa (tuvo que mudar a su familia a vivir junto a su padre, ya que los hijos tenían fobia y no querían volver a su casa anterior), del cuidado y contención de sus hijos (ambos menores, especialmente vulnerables y afectados –como surge de los informes psicológicos acompañados-, y uno de ellos convaleciente de las graves lesiones sufridas), y durante un tiempo, del pequeño Franco también.

Desde el accidente, sólo ha podido realizar changas esporádicas, y ha mantenido a sus hijos –y, parcialmente, a su nieto- con la ayuda económica de sus parientes (madre y esposo de la madre).

Por ello, esta parte estima prudente y justo reclamar la suma de pesos catorce mil cuatrocientos noventa ($14.490) por los daños materiales sufridos hasta el momento de interposición de la demanda. La misma surge de considerar el salario mínimo vital y móvil, como pauta orientativa y sin perjuicio de que los ingresos inmediatamente anteriores de Daniel eran muy superiores al mismo, como se demostrará, y multiplicarlo por los 23 meses transcurridos hasta el momento.




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