Fertilizacion asistida: comentario al fallo: S



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FERTILIZACION HUMANA ASISTIDA: UNA DISCUSION JURIDICA QUE RECIEN COMIENZA
COMENTARIO AL FALLO: "S.A.F y A.H.A S/ AMPARO“, DE LA CAMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SAN NICOLAS – 15/12/2008 (VER FALLO COMPLETO AL FINAL)
Pablo Oscar Rosales1

I.- Introducción:
El fallo que comentamos se ha convertido en uno de los más conocidos y recientes sobre una problemática que viene creciendo exponencialmente en los últimos años: los reclamos de cobertura de la infertilidad al sistema de salud, o como consideramos más correcto, de la fertilización humana asistida.
Trascendiendo las posturas a favor o en contra de esta técnica médica, la realidad es que en la actualidad el sistema de salud asoma como perverso en tanto incluye en el Programa Médico Obligatorio una importante cantidad de prestaciones cubiertas en forma integral- en algunos casos parcial- para la determinación de la fertilidad de varones y mujeres, pero una vez que se ha obtenido el diagnóstico y éste es el de infertilidad (de un integrante de la pareja o de ambos), no se cubre casi ninguna de las técnicas destinadas a paliar este resultado.
En algunos casos, los menos, se cubren inseminaciones simples; pero carecen de cobertura - salvo rarísimas excepciones- las técnicas de fertilización asistida de alta complejidad (FIV o ICSI), ciertos estudios (PGD, por ejemplo), medicamentos especiales (Heparina, Inmunoglobulinas, etc.) o medicamentos de estimulación hormonal, destinadas a algunos casos que requieren ser complementados con ellos.
Indudablemente, a pesar que muchos de los detractores de las técnicas lo hacen en términos morales o religiosos, considero que la variable determinante es –como diría el poeta- el poderoso caballero Don Dinero.
Cuando en el año 2002 entró en vigencia la ley 25.673 de “Salud reproductiva y Procreación Responsable”, el sistema de salud -a través de sus aceitados cuasimonopolios, sobre todo privados- hizo oir su voz sosteniendo que no debían estar obligados a cubrir los métodos anticonceptivos de sus beneficiarios.
Si hacemos una lectura literal de la ley, notaremos que la misma, casi en su totalidad contempla derechos reproductivos -no sexuales-, aunque ha de admitirse que fueron los derechos sexuales, materializados en los métodos anticonceptivos (a partir de la revolución de la píldora anticonceptiva para la mujer en los años 60, que fortaleció los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las empoderó en un área sensible a la que la ley no llegaba, que es a la cama2), los que generaron andanadas de protestas por parte de quienes propician el mantenimiento del statu quo imperante, llamando “abortistas” a los quienes utilizan los métodos anticonceptivos3.
Varios años después, comienzan a surgir los reclamos de beneficiarios del sistema de salud –titulares de derechos reproductivos- por las coberturas de las técnicas de Fertilización Asistida, técnicas que no son nuevas- como los reclamos- sino que tienen más de 30 años, la FIV, y casi 15 años, la ICSI; son las de mayor complejidad.
Son parejas, la mayoría entre los 30 y los 45 años de edad y que no han podido tener hijos por la vía natural por padecer situaciones físicas o emocionales -generalmente ambas- que les han impedido ser padres y madres. La medicina ha definido a esta situación de salud como “infertilidad”, entendiéndose por tal, la incapacidad para lograr un embarazo después de un año de búsqueda intencionada sin el uso de algún método anticonceptivo (probabilidad menor a 25% de lograr embarazo). Se entiende en cambio que hay “esterilidad” cuando no se tiene posibilidad de lograr el embarazo sin ayuda médica. Pocos pacientes son estériles; la mayoría es infértil.4
Ante estos reclamos que se han judicializado en los últimos años, el sistema de salud, con la habilidad bien preservada para la argumentación, sostiene que ellos están obligados por la ley 25.673 a dar la cobertura de métodos anticonceptivos, pero no a las técnicas de fertilización asistida, ya que éstas no se encuentran incorporadas al PMO.
Es notable este giro de 180 grados del sistema de salud que hoy desea cubrir métodos anticonceptivos (que lamentablemente se siguen interpretando como el reparto de preservativos y de DIU, casi como hacen las discotecas a la noche entre su clientela, sin haber generado debidas campañas mediáticas, ni tampoco políticas públicas al respecto), pero no acepta cubrir las técnicas complejas de fertilización asistida.
Con este esquema maniqueo de manejo de opinión pública, no debe llamarnos la atención que aquellas personas que usan métodos anticonceptivos hayan sido tachadas de “abortistas”, y hoy este otro grupo que se halla en las antípodas -conformado por quienes desean ser padres y madres- también sean calificados como “abortistas” debido a la manipulación5 de embriones.
Otro tema que es necesario abordar antes de ingresar al análisis del fallo, es el registro de un planteo que aparece recurrentemente en las presentaciones judiciales y en algunos fallos judiciales (huelga decir que no sólo en esta temática), que es la necesidad que exista una ley especial de fertilización asistida para que prosperen estos reclamos y la particular decisión de algunos magistrados, en el sentido que no pueden legislar a través de sus fallos.
Esto configura una falacia, entendida como error en la argumentación, o si se quiere, predicar de algo que constituye una falacia no es más que una manera de decir que viola una de las reglas de los buenos argumentos6. Concretamente esta falsa argumentación lleva las características de la falacia llamada “falso dilema” donde se reducen las opciones que se analizan solo a dos, a menudo drásticamente opuestas e injustas para la persona contra quién se expone el dilema.
Un exponente claro de esta falacia es el voto en minoría del fallo que se comenta, ya que en este caso el falso dilema es entre “Vida vs. Muerte” o “creencia religiosa vs. Ausencia de creencia” (sobre este punto avanzaremos en el comentario).
En términos generales, sostener la necesidad de la ley específica de fertilización asistida para declarar un derecho, es presuponer que la puja es entre Ley/ No Ley, ignorando completamente el plexo normativo del bloque de constitucionalidad y de las leyes vigentes, bajo la consigna de que el juez no puede avanzar si no existe una ley específica.
La pregunta relevante es: Si el poder legislativo nunca sanciona una ley de fertilización asistida, ¿qué ocurrirá con los derechos de estas personas? La lectura atenta de nuestra historia judicial nos alerta sobre el peligro de esperar a Godot7. Concretamente, no se hubiera producido la reforma del régimen de familia de los años 80, ni el divorcio vincular, ni la pensión para la concubina, ni la figura del Amicus Curiae, entre otros.
Finalmente, más allá de que en términos médicos la infertilidad sea una enfermedad, nosotros preferimos complementar este concepto con la afirmación contundente que surge de nuestro derecho positivo: Formar una familia y tener hijos es un DERECHO en nuestro sistema jurídico y como tal debe ser tutelado y regulado -en pos de su efectividad- por los Jueces, hasta tanto el Poder Legislativo dicte una ley justa que permita regularizar la situación de miles de personas en todo el país, cuyos derechos se ven conculcados, en los hechos.

II.- Comentario al fallo:
El fallo que comentaremos de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo de San Nicolás, presenta en sus dos votos principales (el de mayoría desarrollado por el Juez Marcelo José Schreginger, que es acompañado por el del Juez Damián Nicolás Cebey, formando la mayoría, y el voto de la Jueza Cristina Yolanda Valdez, en minoría) un buen ejemplo de la polarización que señalabamos en la introducción respecto a las percepciones sobre las temáticas donde la sexualidad es un elemento esencial. El Fallo se inicia con el voto en minoría.
Los antecedentes, sucintamente referidos, son los siguientes: Los actores interponen formal demanda en fecha 23/7/08 a los fines de obtener la cobertura por parte del IOMA, de los tratamientos de fertilidad asistida, a través de la técnica ICSI. El juez de primera instancia acogió la demanda y ordenó al IOMA solventar en forma total e integral el tratamiento de fertilización in vitro por técnica ICSI con medicación prescripta a favor de los amparistas, y siempre que los mismos continuaran afiliados a la entidad demandada. Impuso las costas a la demandada.
El Fiscal y la demandada apelan la sentencia. Ambos comparten un argumento algo insólito: Afirma IOMA, en el mismo sentido que el Fiscal, que ha “...llenado suficientemente sus obligaciones legales, ya que el método reclamado en estos autos no ha sido fijado por la autoridad de Aplicación de la ley (a saber el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos aires) y porque además, y para mayor justificación, no se ha dado el debate legislativo necesario para esclarecer sobre el requisito de que el método pedido se encuentre entre los “no abortivos” como reclama como condición la ley”, con aportes de la ciencia y la bioética (el subrayado es nuestro).
Si bien la defensa de la demandada y del Fiscal es abiertamente inconsistente con la pretensión de los actores- ya que éstos desean tener un hijo y solicitan una cobertura de derechos reproductivos, no un método anticonceptivo-, no ha de soslayarse que el mismo argumento va a ser considerado en el voto de la minoría, en ambos casos como si estuviera discutiéndose en el caso equivocado. El otro argumento previsible es que la técnica que solicitan los actores no se encuentra regulada en el Programa Médico Obligatorio.
Un nuevo agravio de la demandada IOMA, que aunque peculiar tendrá acogida en el voto de la jueza en minoría es: “Que la técnica solicitada implica la manipulación y descarte de embriones y que por ello se impone realizar a la hora de comprometer su provisión, si el embrión es o no persona humana para poder afirmar que el método sea de aquellos a los que el artículo 6 de la ley 13.066 se refiere (fs. 104). Con cita del Vaticano, la Iglesia Ortodoxa rusa, de la Evangélica Alemana y según dice, “probablemente de muchas otras” (SIC), se tiende a asociar –dice- “concepción” con el primer encuentro entre el óvulo y espermatozoide, desde la fecundación de éste en aquél. Indica doctrina sobre bioética en el tema y fallo de CSJN. Dice que nuestro derecho protege a la persona por nacer desde la concepción”. (La redacción es del voto de la minoría, el agregado entre paréntesis es nuestro). Por su parte, de la sentencia no surge que los actores hayan expresado una creencia religiosa propia, sino más bien parece surgir de la creencia propia de la demandada y de la Jueza en minoría, que la extiende en su fallo a la interpretación del reclamo de los actores.
Respecto de la metodología del comentario del fallo, nos ha parecido más adecuado dedicarnos a los agravios, comparando su tratamiento en el voto de la mayoría y en el voto de la minoría.
I.- El primer agravio tratado por el primer voto (minoría) es la procedencia de la técnica solicitada, es decir, si la Fertilización Asistida por técnica ICSI es adecuada o no.
El voto de la minoría asume desde el comienzo una postura sumamente restrictiva, por momentos con cierto desconocimiento de las particularidades de la propia técnica.
La Jueza dice: “Sin perjuicio de las consideraciones que efectuaré en el resto de los agravios, y en especial en el que hace a la técnica cuestionada, considero que no se ha demostrado que los amparistas hayan agotado otros medios, como por ejemplo el quirúrgico -al menos el profesional tratante no ha hecho referencia ninguna al respecto, aunque indicara la técnica como única posibilidad sin efectuar ningún tipo de certificación de estudios y/o prácticas que avalaran la afirmación-, lo que hubiera resultado sumamente necesario (v. fs. 9/10). Considero que los certificados de fs. 9/10 no constituyen "historia clínica", sino meras manifestaciones del médico. En este sentido, el perito médico observó la falta de historia clínica en la causa. Al respecto, este Tribunal ha tenido oportunidad de expedirse y resaltar los aspectos mínimos del instrumento: diagnóstico, consigna de tratamiento específico y fundamento del pronóstico para el paciente ("G.H. R. C/ IOMA S/ AMPARO", expte. 45 año 2006)”.
Pero unos párrafos adelante la misma magistrada afirma: “Dado que la opinión del experto en este sentido no ha sido impugnada, y que tampoco obran elementos que me hagan apartar o dudar de ello, mi convencimiento pasa por la falta de medios probatorios que justificaren el requerimiento de los amparistas de la Fecundación In Vitro a través de la técnica ICSI” (el subrayado es nuestro), en contradicción con lo manifestado ut supra.
La postura de la minoría se rigidiza cuando el perito médico afirma que La técnica propuesta implica la formación de más de un embrión. La implementación es selectiva”, lo que lleva a la Jueza a manifestar objeción de conciencia (sic) afirmando que “Está científicamente comprobado que desde que el espermatozoide fecunda el óvulo, nace un individuo único, irrepetible, diferente de cualquier otro individuo en ese embrión está todo el hombre” (citando a Borda), constituyendo dicha afirmación una falacia “non sequitur”8, pues se extrae una conclusión que no es una inferencia razonable de una prueba: Ningún científico extraería una conclusión jurídica de un hecho médico. La definición de “persona” (equívocamente individuo) en la forma en que lo expresa el voto es una construcción jurídica. Esta es la razón por la cual la cita del voto es de Guillermo Borda y no de un científico médico. Un científico diría que hasta que no se produce la implantación no puede hablarse de individuo, ya que incluso podrán ser dos o más embriones.
El voto entonces avanza un paso mas cuando sostiene, que: “Con la técnica pretendida, donde habrá necesariamente congelamiento de embriones, sin que hasta el momento la ciencia pueda aseverar la inexistencia de efectos no deseados, o bien, el alcance de los mismos, con la incertidumbre que ello implica, además del descarte de embriones, no puede pensarse, al menos en forma espontánea, en una procreación responsable”.
La magistrada utiliza terminología de la ley 25.673, no en el sentido que le da la ley, sino en el sentido superyoico de deber social o mandato social externo (“responsable”).
El artículo 2 inciso a) de la ley citada indica entre sus objetivos: “a) Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia” y la reglamentación de este artículo establece:9 “La ejecución de las actividades deberá realizarse con un enfoque preventivo y de riesgo, a fin de disminuir las complicaciones que alteren el bienestar de los destinatarios del Programa, en coordinación con otras acciones de salud orientadas a tutelar a sus beneficiarios y familias. Las acciones deberán ser ejecutadas desde una visión tanto individual como comunitaria”.
La responsabilidad establecida en la norma está planteada como un concepto que circula de dentro hacia fuera, no en el camino inverso como lo sugiere el voto, es decir, con carácter de mandato externo o social. Asume y exige que el beneficiario puede tomar decisiones libres de discriminación y coacción, y por ello no alcanza con la objeción de conciencia del Juzgador, porque si así fuera el Juez solo debería cumplir con la Constitución y con las leyes. Por ello resulta anacrónico que el voto sostenga que: “De la inmediatez que he tenido con los actores, me encuentro convencida que si bien el deseo de concebir un hijo se encuentra en ellos fuertemente presente, no ha mediado en los mismos un profundo razonamiento sobre los alcances y consecuencias del tratamiento que requieren someterse. En efecto, han expresado que de concebir en un intento, el resto de los embriones se descarta, pero que no conocen qué se hace con ellos” (afirmación que luce forzada cuando el voto de la mayoría demuestra lo contrario). Esta afirmación que aparece más como una mera disconformidad de la Jueza con la decisión de los actores, que un análisis serio de los hechos que surgen de autos.10
Por su parte, el voto de la mayoría analiza este agravio con una objetividad procesal impecable. Respecto del argumento de la falta de prueba sobre la técnica de la ICSI sostenido por la minoría, el Dr. Schreginger sostiene: “De las constancias de la causa en primera instancia surge que el juez declaró a fs. 84 que la cuestión resultaba de puro derecho, ello por no existir hechos controvertidos y por resultar innecesaria la prueba de la cuestión a resolver. Esta providencia quedó consentida luego de la notificación a la parte actora (fs. 85 y 89) y demandada (fs. 86 y 88)” para agregar: “Por ello, menos aún debemos atribuirle responsabilidad a la parte actora por una eventual carga probatoria insatisfecha que de ninguna manera le puede resultar exigible, más aún cuando ofreció suficiente prueba en primera instancia, que no fuera producida por la forma en que ha quedado trabada la litis, declarada de puro derecho y consentida por la demandada”.
El voto de minoría cuestiona del método ICSI,o que por el mismo se seleccionan embriones y ello atenta contra el derecho a la vida de los que se desechan (en términos del voto). Se expresa de la siguiente forma: “Al tratar de conciliar el derecho de los esposos de procrear a través de la técnica que proponen, y el derecho de las personas que se concebirán por ese medio artificial, con el agravante que sólo una de ellas tendrá la chance de ser "elegida" en el proceso de selección para su implantación y el resto desechados, como ha quedado demostrado en estos autos, no dudo que debo estar por el de los seres humanos que no tendrán posibilidad alguna de ver respetados sus derechos a la vida y dignidad” . Dicha postura implica desconocer que naturalmente el cuerpo humano “desecha” (sic) muchos mas embriones que los que se implantan. Esta es parte de la función de la menstruación. Indudablemente la postura del voto en minoría se sustenta únicamente en la consideración que el embrión (unión gametica) es una persona, opinión que es respetable, pero no es científica desde ningún punto de vista y menos en los términos que anteriormente se citaron y que la propia Jueza manifiesta darle.
Respecto de la procedencia de la técnica ICSI, lejos de ser una técnica experimental como se la describe en el sistema de salud para rechazar su cobertura, constituye una técnica médica no solo reconocida sino que lleva más de 20 años realizándose en nuestro país. El voto de mayoría, en este punto, sostiene “el tratamiento en sí -cuestionado por la apelante rechaza- no sólo ha sido un gran avance para superar las patologías que generan infertilidad, sino que tiene un desarrollo de más de veinte (20) años en nuestro país; ergo, centrar la discusión sobre el mismo en discusiones éticas -ya sea confesionales o de otra naturaleza, como pretende el demandado- es cambiar el eje de la discusión”. Es importante esta aclaración porque discutir técnicas médicas o científicas con argumentos confesionales es cambiar el eje de la discusión, sobre todo cuando los propios actores no presentan objeción de conciencia alguna al respecto. Los argumentos confesionales se demuestran excusatorios cuando los esgrime la propia demandada, que es una institución que debe proveer servicios médicos (ergo cientificos) a la población.
La CSJN se ha expresado en muchas oportunidades sobre la necesidad que el Estado cumpla con los compromisos asumidos en el derecho internacional respecto a la salud de sus habitantes: El Estado Nacional ha asumido compromisos internacionales explícitos orientados a promover y facilitar las prestaciones de salud y que dicha obligación se extiende a sus subdivisiones políticas y otras entidades públicas que participan de un mismo sistema sanitario… asimismo, en Fallos: 323:3229 este Tribunal ha dejado bien establecida la responsabilidad que cabe en esta materia a las jurisdicciones provinciales.”. (Nota: la actora es una persona discapacitada, que solicita una prótesis y medicamentos). CSJN, Sánchez, Norma Rosa c/ Estado Nacional y otro s/ acción de amparo”, S. 730. XL Originario (20/12/05). Doctrina que la Corte Suprema profundizó en el conocido precedente judicial:CSJN, V. 856. XXXVIII. Recurso de Hecho: “Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus”, 03/05/2006. Recurso de hecho interpuesto por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Este fallo judicial se dicta además en la provincia de Buenos Aires, cuya ley 13.066 regulatoria de la materia se halla en vigencia desde 2003, sin una política pública adecuada sobre derechos sexuales y reproductivos.

II.- La infertilidad como enfermedad:
El otro agravio, desarrollado principalmente por el voto de la mayoría, versa sobre si la infertilidades es o no un enfermedad. El argumento de la demandada es que si le ley no lo reconoce como enfermedad, entonces carece de dicho carácter. No le cuesta demasiado al voto de la mayoría refutar semejante argumento. Dice el voto: “Entiendo que este argumento carece de solidez, ya que no puede afirmarse lógicamente que las disfunciones psicofísicas que provocan infertilidad no sean una patología, de hecho la propia obra social dice cubrir determinados tratamientos para ello. Menos justificativo podemos encontrar en el argumento que exige la consagración legislativa de una enfermedad, ya que de esta manera un resfrío, una gripe o una laringitis no podrían ser consideradas como enfermedades hasta tanto se sancione una ley que las reconozca, tampoco cabría reconocer cobertura al profesional o la medicación que éste prescriba para su tratamiento”. De hecho, digamos que la oxigenoterapia (provisión de oxigeno al paciente) no está incorporada en el PMO ni en ninguna otra norma. ¿Podemos deducir de ello que la necesidad de oxigeno no existe o que no debe proveerse porque la norma no lo dice?11
Contrariamente a lo sostenido en minoría, este voto avanza sobre dos normas fundamentales en la provincia de Buenos Aires que avalan el reclamo: el artículo 36 de la Constitución Provincial12 y la ley Nro. 13.066 (de salud reproductiva). Respecto de esta última sostiene: “En el caso, el Estado Provincial ha dictado la Ley nº 13066, la cual establece el Programa Provincial que garantiza las políticas orientadas a la promoción y desarrollo de la Salud Reproductiva y la Procreación Responsable; en los fundamentos del proyecto de ley (fuente: página web: www.hcdiputados-ba.gov.ar) se expresa que: “La provincia de Buenos Aires, no posee una clara política de salud reproductiva y de procreación responsable clara y concordante con la Constitución Provincial y que alcance a personas de edad fértil asegurándoles la gratuidad y las garantías éticas y morales, que correspondan.”, es decir, a través de la ley se operativizan los derechos garantizados por la Carta Provincial”.
Cabe hacer notar que, en los considerandos del Decreto Provincial nº 2327/03 (reglamentario de la Ley nº 13.066), se expresa: "la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos...", en consonancia con la definición adoptada por la OMS.

El voto de la minoría sostiene, haciendo suya una defensa de la demandada, que “La ley 13.066 reconoce el derecho a la prestación de métodos conceptivos y anticonceptivos, siempre que no sean abortivos. No quedan dudas con la prueba recaída en este proceso, que la técnica en cuestión no encuadra en la permisión legal, ya que apareja el descarte de embriones, y por consiguiente el congelamiento y manipulación y posterior muerte de los mismos” lo que respecto de los métodos conceptivos resulta un evidente contrasentido”. Nuevamente el voto de la mayoría viene a llenar de lógica este oximoron argumental: “Es necesario precisar que, cuando el artículo 6º de la Ley refiere a los métodos no abortivos, lo está haciendo claramente respecto de los anticonceptivos, los que -a su vez- deben ser de carácter transitorio y reversibles, ya que resultaría un contrasentido entender que los métodos conceptivos puedan ser abortivos, sin perjuicio del debate -ajeno a este proceso- que merecería el régimen de los “preembriones o embriones” en tratamientos de fecundación in vitro -como alega la demandada-, cuestión posterior, o quizás paralela, a la fecundación en sí.” Agregamos nosotros a esta postura que hablar de métodos conceptivos “transitorios y reversibles”, también sería equivocado. Cierto forzamiento en la argumentación del voto de la minoría en encuadrar el caso en lo resuelto en el caso “Portal de Belén” de la Corte Suprema de Justicia lo lleva a una pendiente resbaladiza directa a la contradicción, que surge evidente en el análisis del voto de mayoría.


El voto de la mayoría también toma una postura sobre lo que define como recurrir a la ciencia para tener un hijo: “Debo decir que recurrir al apoyo en la ciencia para tener un hijo, no es algo reprochable, por el contrario, resulta por demás positivo, fundamental para el pleno desarrollo de una familia como tal; ello no implica desconocer las distintas implicancias que puedan derivar del método, pero -en el caso- no deben ser materia de abordaje por ser ajenas a la autorización del tratamiento en sí, lo que constituye el objeto del proceso”.
Tanto el Fiscal como la demandada IOMA plantean defensas –como se dijo- desde posturas éticas o confesionales. Pero desde este punto de vista, el voto de la mayoría hace estricta aplicación del artículo 19 de la Constitución Nacional, reconociendo una area de intimidad que solo puede ser decidida por el propio interesado, está exenta de la autoridad de los magistrados y no puede ser objeto este proceso: “Respecto del primero de los motivos (nota: conceptos o posturas religiosas respecto del momento en el cual comienza la vida humana), es necesario observar que las posibles implicancias éticas (que hipotéticamente pudieren derivar de la utilización de la técnica solicitada) resultan posteriores y ajenas al juicio, y sometidas a la decisión de la pareja, sin perjuicio de la exigencia -a los profesionales tratantes- de brindarles adecuada información al respecto”. Sustenta esta postura en varias consideraciones: a) “La defensa de una determinada posición o interpretación -la que puede estar basada en determinada creencia o confesión- debe darse, en dicho ámbito, bajo un consenso entrecruzado” (cita John Rawls) b) La Constitución Nacional ha consagrado un Estado laico, y c) el Estado debe asumir neutralidad en el desempeño de sus cometidos o prestaciones positivas (tal el caso de la educación o la salud) las que repercuten necesariamente en la producción normativa destinada a reglamentar los derechos de todos sus habitantes.

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