Ferney alberto argumedo torres



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R E S U E L V E

PRIMERO: DECLARAR DESIERTO PARCIALMENTE el recurso de apelación con relación a la crítica propuesta por el apoderado de Jaime Arturo Boscan y otras víctimas, por no haberse tenido en cuenta las pruebas aportadas en todos los casos que representó. (Consideraciones 1.1 de la motivación).

SEGUNDO: DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación propuesto contra la decisión que reconoció reparación no monetaria por el daño al buen nombre de Giovanny López Sierra. (Consideraciones 3.8 de la motivación).

TERCERO: REVOCAR PARCIALMENTE EL FALLO respecto de la decisión que negó la representación judicial de los menores Y.U.U., C.U.P. y O.U.P, y en su lugar se dispone que los menores Y.U.U., C.U.P. y O.U.P. se encuentran debidamente representados legal y judicialmente dentro del proceso.

En consecuencia, SE RECONOCE a favor de los menores Y.U.U., C.U.P. y O.U.P., reparación por daño moral subjetivado en la suma de CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno. (Consideraciones 1.2 de la motivación).



CUARTO: NEGAR reparación por daño a la vida de relación respecto de Y.U.U., C.U.P. y O.U.P., por las razones esbozadas en la motivación que antecede. (Consideraciones 1.2 de la motivación).

QUINTO DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la sentencia al omitirse pronunciamiento frente a las pretensiones indemnizatorias planteadas por el apoderado judicial a favor de los menores Y.U.U., C.U.P. y O.U.P. (Consideraciones 1.2 de la motivación).

SEXTO: NEGAR la solicitud de nulidad propuesta contra la sentencia por falta de motivación o fundamentación probatoria y jurídica, al resolverse las reclamaciones presentadas a favor de Ruby Stella Orozco Mora. (Consideraciones 2.1 de la motivación).

SÉPTIMO: NEGAR la solicitud de nulidad contra la sentencia respecto de la negativa a reconocer indemnización por daños morales a favor de los hermanos de Javier Martínez; la que negó indemnización por lucro cesante y daño emergente a favor de Victoria Martínez de Jerez; la negativa de reparar los daños morales a favor de José Francisco Mejía Meléndez por el delito de desaparición forzada, y la que le reconoció indemnización por daño moral frente al delito de desplazamiento forzado. (Consideraciones 4.5 de la motivación).

OCTAVO: DECRETAR LA NULIDAD PARCIAL de la sentencia ante la omisión de pronunciamiento respecto de la solicitud de reparación por los daños materiales a favor de los familiares de Lorenzo Pushaina. (Consideraciones 3.4 de la motivación).

NOVENO: REVOCAR PARCIALMENTE EL FALLO respecto de la decisión que negó reparación por daño moral a Ruby, Spaider Johan, Nini Johana, Roy Nimar, Roiny Grey Orozco Mora y Spaider Johan González Mora, por la desaparición y muerte de su hermano Edilberto Mora González. En consecuencia, SE RECONOCE a Ruby, Spaider Johan, Nini Johana, Roy Nimar, Roiny Grey Orozco Mora y Spaider Johan González Mora reparación por concepto de daño moral subjetivado equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno. (Consideraciones 2.1 de la motivación).

DÉCIMO: REVOCAR PARCIALMENTE EL FALLO con relación a la decisión que negó reparación por daño moral a Ana Mercedes, Cristiam, Deibison, Jandis, Manuel, Maria Manuela, Tibaldo y Esteban de Jesús Torres Teherán por desaparición forzada y homicidio de Juan Antonio Torres Teherán. En consecuencia, SE RECONOCE a Ana Mercedes, Cristiam, Deibison, Jandis, Manuel, Maria Manuela, Tibaldo y Esteban de Jesús Torres Teherán reparación por concepto de daño moral subjetivado equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno, debiéndose considerar las prevenciones que sobre compensación para evitar un enriquecimiento sin causa se hiciera frente a los hermanos Ana Mercedes, Cristiam, Deibison, Manuel, Tibaldo y Esteban Torres Teherán. (Consideraciones 2.2. a 2.2.4).

DÉCIMO PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE EL FALLO con relación a la decisión que negó reparación por daño moral a Erika Mercedes González Gouriyu por la muerte de sus hermanos Claritza, Leopoldo José y Jairo de Jesús González Gouriyu. En consecuencia, SE RECONOCE a Erika Mercedes González Gouriyu reparación por concepto de daño moral subjetivado equivalente a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Consideraciones 3.1 de la motivación).

DÉCIMO SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE EL FALLO con relación a la decisión que negó reparación por daño moral a JEISSON DAVID SÁNCHEZ GONZÁLEZ y al menor E.S.S.G. por la muerte de sus tíos Leopoldo José y Jairo de Jesús González Gouriyu. En consecuencia, SE RECONOCE a JEISSON DAVID SÁNCHEZ GONZÁLEZ y al menor E.S.S.G reparación por concepto de daño moral subjetivado equivalente a sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno. (Consideraciones 3.1 de la motivación).

DÉCIMO TERCERO: REVOCAR PARCIALMENTE EL FALLO con relación a la decisión que negó reparación por daño a la salud y a la vida de relación a favor del menor E.S.S.G.. En consecuencia, SE RECONOCE indemnización por el daño a la salud y a la vida de relación a favor de E.S.S.G., la cual se fija en cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Consideraciones 3.2 de la motivación).

DÉCIMO CUARTO: REVOCAR PARCIALMENTE EL FALLO con relación a la decisión que negó reparación por daño moral a Odalis del Carmen Buelvas Vega, Manuel Enrique Buelvas Pacheco, Leidis Buelvas Vega, Alejandro Antonio Buelvas Vega, Elvia Rosa Buelvas Vega, Sol Marina Buelvas Vega, Manuel Antonio Buelvas Casseres y Luis Manuel Buelvas Vega, por la muerte de su hermano y tío DOMINGO ANTONIO BUELVAS. En consecuencia, SE RECONOCE a Odalis del Carmen Buelvas Vega, Manuel Enrique Buelvas Pacheco, Leidis Buelvas Vega, Alejandro Antonio Buelvas Vega, Elvia Rosa Buelvas Vega, Sol Marina Buelvas Vega, Manuel Antonio Buelvas Casseres y Luis Manuel Buelvas Vega reparación por concepto de daño moral subjetivado equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno. A favor de Luis Manuel Buelvas Vega, sobrino del occiso, se reconoce indemnización por daño moral en cuantía equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Consideraciones 3.5.1 de la motivación).

DÉCIMO QUINTO: REVOCAR PARCIALMENTE EL FALLO con relación a la decisión que negó reparación por daño moral a Berenice, Marciana Cismena, Shirly María, Neivy, Nivaldo, Marvis Cecilia, Narayana y Alejandro Sierra González, por la muerte de su hermano ÁNGEL SIERRA GONZÁLEZ. En consecuencia, SE RECONOCE a Berenice, Marciana Cismena, Shirly María, Neivy, Nivaldo, Marvis Cecilia, Narayana y Alejandro Sierra González reparación por concepto de daño moral subjetivado equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno. (Consideraciones 3.5.2 de la motivación).

DÉCIMO SEXTO: REVOCAR PARCIALMENTE EL FALLO con relación a la decisión que negó reparación por daño a la salud y vida de relación a VIURIS VIVIANA BRACHO CASTILLA por la muerte de su compañero permanente Geovanny López Sierra. En consecuencia, SE RECONOCE a VIURIS VIVIANA BRACHO CASTILLA indemnización por daño a la salud y vida de relación la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Consideraciones 3.6 de la motivación).

DÉCIMO SÉPTIMO: REVOCAR PARCIALMENTE EL FALLO con relación a la decisión que ordenó reparación patrimonial a favor de José Francisco Mejía por el daño moral derivado de la conducta punible de desplazamiento forzado. (Consideraciones 4.4 de la motivación).

DÉCIMO OCTAVO: REVOCAR PARCIALMENTE EL FALLO con relación a la decisión que ordenó reparación patrimonial a favor de Luz Marina Castrillón por el daño material, conforme a las razones dadas en la motivación que antecede. (Consideraciones 2.5 de la motivación).

DÉCIMO NOVENO: REVOCAR PARCIALMENTE LA SENTENCIA que dispuso negar indemnización por daño moral subjetivado a los hermanos Claritza González Gouriyu, Leopoldo José González, Jairo de Jesús González con relación a los delitos de secuestro y tortura del que fueron víctimas directas. En consecuencia, SE RECONOCE a favor de sus herederos las siguientes indemnizaciones: para Estella González Gouriyu ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales, y para los menores Jeisson David y E.S.S.G treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno, conforme a las razones aducidas en la motivación que precede. (Consideraciones 3.2).

VIGÉSIMO: NEGAR la solicitud de exhortar a la Unidad Administrativa Especial para la Reparación Integral a las Víctimas por las razones señaladas en la parte motiva de esta decisión. (Consideraciones 5).

VIGÉSIMO PRIMERO: COMPULSAR COPIAS de la actuación, con destino a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue la posible comisión del delito de falsedad en documento público con relación al registro civil de nacimiento del menor J.A., conforme a las razones esbozadas en el aparte 2.4 de las consideraciones de la Corte.

VIGÉSIMO SEGUNDO: REMITIR COPIA de la actuación con destino al Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira, Sala Disciplinaria, para que se adelante la indagación que corresponda frente a la posible falta disciplinaria en que haya incurrido el abogado Fernando Antonio Chacón Lebrún conforme a lo señalado en el acápite que antecede. (Consideraciones 2.4. de la motivación).



VIGÉSIMO TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada, conforme a las razones señaladas en la motivación que antecede.

Contra esta providencia no procede recurso alguno, salvo el de reposición contra las decisiones que declararon desierto el recurso.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ

EYDER PATIÑO CABRERA

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA



Secretaria

1 Conforme a la imputación sus restos óseos fueron encontrados en la finca Torcoroma en las diligencias de exhumación que se efectuó por la Unidad Nacional para la Justicia y paz de la Fiscalía General de la Nación.

2 Así lo hizo en los folios 3 a 29 del escrito de apelación.

3 Folio 41 del cuaderno que contiene los recursos de apelación.

4 Folio 43 del cuaderno de apelaciones.

5 Folio 64 del cuaderno de los recursos de apelación.

6 Citó la Ley 105 de 1931, artículo 625; Ley 1400 de 1970, artículo 211; Ley 1395 de 2010, artículo 10; y el Código General del Proceso, artículo 206.

7 Folio 399 de la sentencia.

8 Están contenidos en 2 carpetas aportadas por el apoderado judicial.

9 Así lo delimita el artículo 5º de la Ley 575 de 2005.

10 Record 2.10:18. Archivo 6

11 Folio 404 de la sentencia.

12 Cfr. CSJ SP, 23 de septiembre de 2015, rad. 44595.

13 Cfr. folios 389 a 392, en la casilla denominada OBSERVACIONES del cuadro No. 3.

14 Folios 14 y 16.

15 CSJ SP de 27 de abril de 2011. Rad. 34547.

16 El fallo reconoce como víctima a JUAN ANTONIO TORRES TEHERAN y no a JUAN MANUEL.

17 Cfr. Folios 460 a 467 de la sentencia.

18 Cfr. Folio11 de la correspondiente carpeta

19 Cfr. Folio12 de la correspondiente carpeta

20 Cfr. Folio 09 de la correspondiente carpeta

21 Cfr. Folio12 de la correspondiente carpeta.

22 Cfr. Folio13 de la correspondiente carpeta

23 Cfr. Folio11 de la correspondiente carpeta.

24 CSJ SP 27 de abril de 2011. Rad. 34547

25 La jurisprudencia nacional distingue, como atrás se precisó, entre perjuicios morales subjetivados y objetivados. Por los primeros se entiende el dolor, sufrimiento, tristeza, angustia, miedo originados por el daño en la psiquis de la víctima y por los segundos, las repercusiones económicas que tales sentimientos puedan generarle. Esta última clase perjuicio y su cuantía debe probarse por parte de quien lo aduce. En tal sentido, su tratamiento probatorio es similar al de los perjuicios materiales, tal como fue expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-916 de 2002.

26 En este sentido fallo del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, del 9 de marzo de 2011. Rad. 17175.

27 Sentencia C-916 de 2002, antes citada.

28 Cfr. Folios424 a 426 de la sentencia.

29 Se decidieron los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia parcial proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá el 30 de agosto de 2013, respecto del postulado RODRIGO PÉREZ ALZATE. Radicado 42534, de 30 de abril de 2014. También la Sala se pronunció sobre este tema en la SP de 23 de septiembre de 2015, rad 44595.

30 ARTÍCULO 3o. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.


31 Cfr. Capitulo denominado “Sobre acreditación de víctimas”. Concretamente folios 354 y 355 de la sentencia.

32Cfr. artículo 95 de la ley 599 de 2000 y 5 de la Ley 975 de 2005

33 CSJ SP, 17 abr. 2013, rad. 40.559.

34 Folio 27 de la carpeta número 220960 aportada por la Fiscalía.

35 Folio 17 de la carpeta correspondiente a las pretensiones de Luz Marina Castrillón. Igualmente reposa en copia al folio 20 de la carpeta número 220960 de la Fiscalía General de la Nación.

36 Folios 20 y 21.

37 Folios 394 y 397 de la sentencia.

38 Folio 396 de la sentencia.

39 Folios 3,4 y 5 de la carpeta demarcada con el No. 4 BIS.

40 CSJ SP de 27 de abril de 2011. Rad. 34547.

41 Actas juramentadas aportadas en el incidente de reparación integral

42 El artículo 277 del C.de P. C. prevé como medio de prueba los documentos emanados de terceros, señalando que “Los documentos privados de contenido declarativo, se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite ratificación”. Norma fue derogada por el artículo 626, literal c de la Ley 1564 de 2012.El artículo 262 de la Ley 1564 de 2012 que adoptó el Código General del Proceso reguló la misma materia así: “ARTÍCULO 262. DOCUMENTOS DECLARATIVOS EMANADOS DE TERCEROS. Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación.”

43 Artículo 1040 del Código Civil, subrogado por el artículo 2º de la Ley 29 de 1.982.

44 Artículo 1046 del Código. Civil. subrogado por el artículo 5º de la Ley 29 de 1.982.

45 Artículo 1045 del Código Civil, subrogado por el artículo 4º de la Ley 29 de 1.982.

46 Folio 398 de la sentencia

47 CSJ SP de 27 de abril de 2011. Rad. 34547.

48 Así en sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 3 de diciembre de 2001, caso Cantoral Benavides, y en sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de 15 de agosto y 18 de octubre de 2007.

49 Sentencia del 25 de enero de 2001. Rad. 11413.

50 Sentencia del 13 de mayo de 2008. Exp. 11001-3103-006-1997-09327-01. En el mismo sentido, sentencia del 20 de enero de 2009. Exp. 17001310300519930021501.

51 Cfr. Folios 444, 447 y 448 de la sentencia.

52 Información que se obtiene del Folio que contiene el registro civil de nacimiento identificado con el No. serial 26330732 de la Notaria Única de Barrancas, Guajira. Folio 20 de la carpeta 307716.

53 Dentro de la información aportada aparece copia de esta cédula de ciudadanía y aparece expedida a JOSE PUSAINA.

54 Información obtenida de los registros civiles de nacimientos identificados con los números seriales 18874292 y 18874288.

55 Conforme se desprende del folio del registro civil de nacimiento que obra en la carpeta 307716.

56 Cfr. CSJ SP de 12 de diciembre de 2012, rad. 38222. y CSJ SP de 6 de junio de 2012, rad. 35508.

57 Conforme a la imputación los cargos fueron por Desaparición forzada, homicidio y desplazamiento forzado de su núcleo familiar.

58 Conforme al registro civil de nacimiento es hijo de Elvia Rosa Buelvas Vega. Folio 2 de la carpeta demarcada con su nombre.

59 Folio 3 de la carpeta presentada por el apoderado de víctimas con relación a la reclamación de Odalis del Carmen Buelvas.

60 El artículo 5 de la Ley 975 de 2005 se refiere a él como “sufrimiento emocional”.

61 Así aparece reseñado en el cuadro anexo que presentó la Fiscalía General de la nación en el resumen de los hechos imputados.

62 ARTÍCULO 183. PRUEBAS EXTRAPROCESALES. Podrán practicarse pruebas extraprocesales con observancia de las reglas sobre citación y práctica establecidas en este código..

63 Conforme al registro civil de nacimiento y copia de la cédula de ciudadanía se establece su identidad como MANUEL ENRIQUE. En la sentencia se registro su nombre como Manuel Antonio

64 Cfr folios 467 a 474 de la sentencia.

65 Cfr. Sentencia del 13 de mayo de 2008. Exp. 11001-3103-006-1997-09327-01..

66 Estos dos hechos se acreditan a través de las declaraciones extra proceso rendidas por Jaime Rojas Salazar, Jaider Alberto Baquero y Alba Luz Pimienta Sierra.

67 La Corte Constitucional en la sentencia C 109 de 1995 elevó a la categoría de derecho fundamental innominado el derecho al establecimiento de la filiación real que resulta del derecho a la personalidad jurídica, del libre desarrollo de la personalidad, el acceso a la justicia y la dignidad humana

68 Cfr. Artículo 217 del Código Civil

69 Sentencia 242 de 26 de septiembre de 2005, expediente 0137-01

70 Sentencia de 27 de octubre de 2000, expediente 5639; citada en la de 26 de septiembre de 2005, expediente. 1999-0137 y sentencia de 20 de agosto de 2013, exp. 1100131100022003-00716-01

71 Folio 428 del fallo.

72 Folios 429 a 431.

73La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento”

74 La jurisprudencia nacional distingue, como atrás se precisó, entre perjuicios morales subjetivados y objetivados. Por los primeros se entiende el dolor, sufrimiento, tristeza, angustia, miedo originados por el daño en la psiquis de la víctima y por los segundos, las repercusiones económicas que tales sentimientos puedan generarle. Esta última clase perjuicio y su cuantía debe probarse por parte de quien lo aduce. En tal sentido, su tratamiento probatorio es similar al de los perjuicios materiales, tal como fue expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-916 de 2002.

75 En este sentido fallo del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, del 9 de marzo de 2011. Rad. 17175.

76 Sentencia C-916 de 2002, antes citada.

77 Cfr. folios 429 a 437 de la sentencia.

78 Folio 19 del fallo.

79 Folio 21 del fallo.

80 Folio 25 ibídem.

81 Folio 27 ibídem.

82 Folio 27 ibídem.




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