Ferney alberto argumedo torres


Del recurso propuesto por el apoderado de Estela González Gouriyu y otras víctimas



Descargar 142.42 Kb.
Página5/7
Fecha de conversión28.03.2018
Tamaño142.42 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

3. Del recurso propuesto por el apoderado de Estela González Gouriyu y otras víctimas.

Si bien el abogado dirige la alzada en contra de lo resuelto por el Tribunal en el numeral 11 de la parte resolutiva del fallo, apartado que dispuso “RECONOCER la calidad de víctimas a las personas afectadas por el accionar de FERNEY ALBERTO ARGUMEDO TORRES durante y con ocasión de su militancia en el grupo armado organizado al margen de la Ley -Frente “Contrainsurgencia Wayuu” del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia- relacionadas en el punto del Incidente de Reparación Integral de esta Decisión, quienes además de demostrar su condición, probaron en debida forma las afectaciones y los daños que les fueron causados”, decisión que no entraña ninguna lesión a la parte recurrente, con posterioridad, al desarrollar la impugnación, delimita la censura a múltiples puntos.

No obstante que inicialmente el recurrente propone temas generales sobre los que gira la impugnación, la Sala abordará la resolución de la misma atendiendo a los aspectos que en concreto señaló el apelante en el apartado de “SUSTENTACIÓN DEL RECURSO” ya que allí se esbozaron algunas razones que especifican y justifican los eventuales yerros cometidos por el fallador de primer grado.

3.1 Se queja porque el Tribunal no aceptó como pruebas las declaraciones juramentadas que rindieron Enohin Beleño Salazar, Yarima Sánchez y Noemith Medina Florez con las que se probó el daño moral sufrido por Jeisson David Sánchez González, E.S.S.G. y Erika Mercedes González Gouriyu por la muerte de sus “tíos y hermanos”.

Estudiada la sentencia se constató que el juzgador señaló respecto del menor E.S.S.G. y su hermano Jeison David Sánchez González haberse probado la condición de hijos de la víctima Claritza González, y sobrinos de Leopoldo José y Jairo de Jesús González Gouriyu, razón por la cual les reconoció reparación por daño moral respecto de su progenitora y la negó con relación a los tíos al no probarse la concreción del daño moral, carga que le competía cumplir a la víctima por no ser aplicable la presunción de daño que ampara a los parientes en primer grado de consanguinidad y primero civil y al cónyuge o compañero permanente.

Para llegar a esa conclusión sostuvo que si bien durante el incidente de reparación integral se aportó un acta juramentada en la que se expresaba que existían vínculos de fraternidad entre las víctimas directa e indirecta, “esta acta juramentada NO resulta ser una prueba pertinente, racional, ni útil para la demostración de las pretensiones alegadas, ya que no da plena certeza jurídica de la configuración del daño moral37.

Con relación a Erika Mercedes González Gouriyu, hermana de Claritza,_Leopoldo_José'>Claritza, Leopoldo José y Jairo de Jesús González, sostuvo el a quo que por encontrarse en segundo grado de consanguinidad debía demostrar el daño moral al no ser aplicable la presunción establecida para los familiares situados en primer grado de consanguinidad, obligación que no se cumplió, razón por la cual negó la reparación que se solicitaba por ese concepto.

Señaló igualmente el juez colegiado que si bien en el incidente de reparación integral se aportó acta juramentada en la que se expresa que existía vinculo fraternal entre las víctimas directas e indirecta, ese elemento de juicio no resulta ser prueba racional, pertinente ni útil para demostrar las pretensiones “ya que no da plena certeza jurídica de la configuración del daño”.38

En sentir del apelante estas decisiones desconocen el principio de libertad probatoria y el artículo 277 del C.P.C, que admite como prueba los documentos declarativos emanados de terceros, reconocidos tradicionalmente por la legislación nacional y la doctrina.

Al examinarse la actuación surtida ante el Tribunal de primera instancia ha podido constatar la Sala que en la carpeta correspondiente al joven Jeisson David Sánchez González reposa una declaración extra proceso, rendida ante la Notaria Única de Maicao, por Estela González, abuela materna, en la que señaló que tiene a su cargo a sus nietos Jeisson David y E.S.S.G., lo mismo que una copia del registro civil de nacimiento de Jeisson David en el que se indica que es hijo de Claritza González y Orson de Jesús.

En el legajo correspondiente al menor E.S.S.G., aparece su registro civil de nacimiento en el que se plasma que sus padres son Claritza González y Orson de Jesús, también se halló un informe de actividades periciales rendido por una psicóloga adscrita a la Defensoría del Pueblo, Regional Atlántico, que da cuenta de las afectaciones generadas en el joven con ocasión a la muerte de su madre.

Por su parte, en la foliatura allegada para sustentar las pretensiones de Erika Mercedes González se otearon las declaraciones rendidas ante la Notaria Única de Maicao por Yarima del Rosario Sánchez y Meliza Cristo Martínez, quienes sostuvieron que por el conocimiento que tenían de los hermanos Claritza, Leopoldo José y Jairo de Jesús González les consta que su muerte “afectaron notablemente” a Erika Mercedes González, Estela González, Yeison David y E.S.S.G., aclarando que a Erika Marcela la afligió porque dependía económicamente de Claritza y Leopoldo José, razón por la cual dejó de estudiar, al igual que Jeisson David, hijo mayor de Claritza.

De la misma forma, aparecen tres actas juramentadas que suscribieron Enohin Beleño Salazar, Yarima Sánchez Medina y Noemith Medina Florez39, en las que se sostiene que entre Claritza, Leopoldo José y Jairo González Gouriyu, y su hermana Erika Mercedes y sus sobrinos Jeisson David y E.S.S.G existían “lazos de fraternidad y solidaridad y entre ellos existía dependencia psicoafectiva, lo que nos permite afirmar que la muerte de CLARITZA GONZÁLEZ GOURIYU, LEOPOLDO JOSÉ GONZÁLEZ GOURIYU, JAIRO DE JESUS GONZÁLEZ GOURIYU le causó mucha tristeza, aflicción y dolor.”

La Sala ha tenido la oportunidad de referirse al principio de flexibilización de las reglas de apreciación probatoria dentro del trámite incidental de reparación integral en el sistema de Justicia y Paz, llegando incluso a fijar criterios de tasación de perjuicios morales con el fin de evitar inequidades o desigualdades, aplicables en los eventos en que habiéndose acreditado el daño no se probó el monto de los mismos.

Dentro de ese propósito, se ha señalado que en los casos de violaciones graves y masivas de Derechos Humanos, como los que se juzgan en Justicia y Paz, es posible acudir a los hechos notorios, el juramento estimatorio, el modelo baremos o diferenciado, las presunciones y las reglas de la experiencia, se reitera, con el fin de armonizar los métodos de ponderación probatoria y evitar trasgresiones al derecho fundamental a la igualdad40.

Sobre esta orientación en la doctrina de la Corte, pertinente resulta recordar lo señalado por la Corporación en la sentencia emitida dentro del proceso radicado 34547:

Desde luego, coincide la Corte en que la especial circunstancia de agravio, profunda lesión, quebranto a la dignidad en formas manifiestamente oprobiosas, colocan a las víctimas, tanto al momento de la ejecución de los actos cometidos contra ellas y sus familiares, como ulteriormente en el curso de los trámites judiciales, en una situación de ostensible desventaja frente al poderío de los aparatos delincuenciales armados organizados, de modo que se impone brindarles toda clase de protección y salvaguarda en procura de reparar, en cuanto ello sea posible, el quebranto de sus derechos.

Efectuadas las anteriores precisiones, considera la Sala que para superar los escollos derivados de la imposibilidad de acreditación probatoria o de la insuficiencia de medios de convicción, no es procedente acudir a la decisión en equidad, pero sí es preciso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Carta Política, materializar el derecho fundamental a la igualdad de las víctimas, dada su evidente condición de desventaja en casos como el de la especie en que la criminalidad armada y organizada los sometió en su núcleo familiar a cruentas afrentas a sus derechos.

Advierte esta Corporación que en el propósito de hacer efectivo el derecho a la igualdad de las víctimas de violaciones graves y masivas de los derechos humanos, se impone flexibilizar las reglas de apreciación de las pruebas, no por vía de facultar la discrecionalidad ilimitada, sino de afinar los métodos de ponderación probatoria.”

Siendo esta la tendencia imperante en casos de violaciones graves y masivas de Derechos Humanos como las que se reconocieron dentro del caso de la especie, la valoración probatoria que haga el juez no puede desconocer esas particulares condiciones de indefensión o desventaja de las víctimas frente a los victimarios pertenecientes a los grupos armados organizados.

Así, resulta desmedida la decisión del a quo al negarle valor suasorio a los elementos de juicio aportados por la víctimas Erika Mercedes, Jeisson David y E.S.S.G. por no generarle un conocimiento de “plena certeza jurídica de la configuración del daño”, no solo porque se desconoció el contenido de cada una de esas pruebas, sino porque demandó un grado máximo de conocimiento para dar por probado las afectaciones de orden moral, contrariando la línea de pensamiento que reclama una flexibilización en los estándares probatorios en materia de reparación de perjuicios en justicia transicional, propósito que tiene sustento en los principios de buena fe, pro hómine y de igualdad material.

El Tribunal pretirió las manifestaciones que hicieron Yarima del Rosario Sánchez, y Meliza Cristo Martínez en las declaraciones extra proceso que rindieron ante la Notaría Única de Maicao el 9 de agosto de 2014, en las que afirmaron de manera coincidente que la muerte de Clartiza, Leopoldo José y Jairo de Jesús afectaron notablemente a Erika, Jeisson David y al niño E.S., como también desconoció las revelaciones hechas por Enohin Beleño, Yarima Sánchez y Noemith Medina Florez41, sobre la “mucha tristeza, aflicción y dolor” que se generó en ellos por la muerte de sus familiares hermanos y tíos, respectivamente, atendiendo a los lazos de fraternidad y solidaridad que los unía, máxime que para el momento de los hechos ninguno superaba la mayor edad, pruebas que acreditan con seriedad la afectación emocional que se busca reparar.

A la par, el Tribunal no ofreció mayores razones que permitan identificar por qué estas piezas probatorias42 resultaban impertinentes, irrazonables e inútiles en la demostración del daño moral, ni tampoco por qué solo hizo mención a un acta cuando las diligencias acreditaban que fueron dos declaraciones ante Notario Público y tres declaraciones juramentadas las que se le presentaron por el apoderado de las víctimas para ser examinadas y valoradas durante el incidente de reparación integral.

En este orden de ideas, habiéndose acreditado el daño moral en cada una de las víctimas indirectas por la desaparición y muerte de Claritza_,_Leopoldo_José'>Claritza, Leopoldo José y Jairo de Jesús en su hermana Erika Mercedes González Gouriyu, se revocará la sentencia en este aspecto concreto, y se reconocerá una indemnización por daño moral subjetivado que se fija en la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, incrementados en 100 salarios mínimos mensuales vigentes por la muerte de los otros dos hermanos, para un total de ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, dándose aplicación al criterio esbozado por la Sala en CSJ SP de 27 de abril de 2011, rad. 34547.

Y con relación a los hermanos Jeisson David y E.S.S.G., se reconocerá, para cada uno, sesenta 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes por los daños morales sufridos con ocasión a la muerte de sus tíos Leopoldo José y Jairo de Jesús González Gouriyu, que corresponden a 30 salarios mínimos por cada uno de los parientes asesinados.

3.2 Igualmente, no obstante la falta de claridad, orden y precisión del discurso que afecta la comprensión del disenso, se recurre la sentencia porque habiéndose reclamado indemnización por daños morales a favor de Erika Mercedes González, Jeisson David y E.S. Sánchez González, generados por los delitos de secuestro y tortura de que fueron víctimas Claritza, Jairo de Jesús y Leopoldo José González Gouriyu, el Tribunal no la ordenó y no se sabe cuál fue la argumentación para ello.

Similar crítica hace con relación a las indemnizaciones reclamadas por daño al buen nombre de las víctimas sometidas a tortura y secuestro.

Así mismo, sostiene que el Tribunal desconoció el informe pericial de fecha 3 de julio de 2013 con el que se acreditó el daño en la salud del niño E.S.S.G. por el homicidio de su madre Claritza y sus tíos Jairo de Jesús y Leopoldo José González Gouriyu, y otros medios de prueba que demostraban el daño a la vida de relación.

Examinado el fallo recurrido, el a quo se pronunció sobre las pretensiones alegadas por el recurrente en el aparte titulado “NOTA”, visible al folio 398, en los siguientes términos:

El abogado representante de víctimas Dr. Miguel Deavila Cerpa, solicito en Audiencia de Reparación Integral la Indemnización por los siguientes Daño al Buen Nombre o Fama, Daño a la Salud, Daño a la Vida en Relación, Daño Moral por los delitos de Secuestro y Tortura, por la suma de mil (1.000) S.M.L.MV. respectivamente, no obstante en los Elementos Materiales Probatorios aportados por el apoderado, no se incorporó prueba que demostrará el perjuicio causado o la concreción del daño solicitado, ello atendiendo a lo expresado en la jurisprudencia que contempla la carga probatoria cuando se solicite la reparación por alguno de los daños antes mencionados, conlleva a esta Sala de Conocimiento a proceder a NO reconocer reparación por las peticiones antes relacionadas, al existir insuficiencia probatoria.



Respecto al daño al buen nombre o fama, en atención a la situación fáctica, jurídica y hechos legalizados, esta Magistratura procederá a reparar como medida de satisfacción no indemnizatoria.” ([Sic]).

Varios fueron los aspectos que decidió el juzgador en este capítulo de la sentencia, uno la negación de reparación por daño a la vida de relación y daño a la salud del menor E.S.S.G; dos, la negativa a reconocer indemnización por daño moral por los delitos de tortura y secuestro a Estella González Gouriyu, Erika Mercedes, Jeisson David y E.S.S.G., y tres, la reparación no patrimonial a favor de Erika Mercedes González, Jeisson David y E.S. Sánchez González por el daño al buen nombre o fama de sus familiares por los delitos de secuestro y tortura.

Frente a los dos primeros puntos de disenso ha de señalarse que el fallador exteriorizó como razones de su decisión las siguientes: “(…)no se incorporó prueba que demostrará el perjuicio causado o la concreción del daño solicitado, ello atendiendo a lo expresado en la jurisprudencia que contempla la carga probatoria cuando se solicite la reparación por alguno de los daños antes mencionados, conlleva a esta Sala de Conocimiento a proceder a NO reconocer reparación por las peticiones antes relacionadas, al existir insuficiencia probatoria.”

Y con relación al tercero señalóRespecto al daño al buen nombre o fama, en atención a la situación fáctica, jurídica y hechos legalizados, esta Magistratura procederá a reparar como medida de satisfacción no indemnizatoria”. (Resalto fuera del texto original)

Resulta evidente que el Tribunal sí fundamentó la negativa de reconocer la reparación solicitada por daño moral derivado de los delitos de tortura y secuestro a favor de los familiares de los hermanos Claritza, Leopoldo José y Jairo de Jesús, sustentación que se concretó en la falta de acreditación del daño, además de estimar que frente al eventual menoscabo al buen nombre o fama de las víctimas procedía una reparación no monetaria.

Frente al delito de secuestro la Sala ha sostenido que en esta clase de atentados contra el derecho a la libertad individual deviene indudable la afectación psíquica que la privación de la libertad, forzada e ilegal, comporta a la víctima directa al producir terror, angustia y zozobra, sufrimientos que también resultan predicables del delito de tortura si en cuenta se tiene las repercusiones que en lo espiritual o moral conlleva los dolores o sufrimientos físicos o psíquicos que se infligen en la persona.

Por ello, resulta equivocada la decisión del Tribunal al reclamar prueba del daño moral en quien sufre directamente esas conductas punibles, como lo fueron en el caso de estudio los consanguíneos Claritza, Leopoldo José y Jairo de Jesús González Gouriyu, y frente a los cuales el recurrente solicitó reparación durante el incidente de reparación integral, razón por la cual habrá de revocarse este aparte de la sentencia y en su lugar reconocer indemnización para cada uno de ellos en la suma de sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes por el daño moral subjetivado que hayan sufrido con la privación ilegal de la libertad y los dolores o sufrimientos físicos y psíquicos a los que fueron sometidos.

Ahora, como las víctimas directas, Claritza, Leopoldo José y Jairo de Jesús González Gouriyu, a quienes se les ha reconocido esta indemnización, fueron asesinados, la reparación habrá de concederse a favor de los herederos reconocidos dentro de este trámite procesal43 Estella González Gouriyu, en su condición de progenitora, a quien se indemnizará con ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes - por sus descendientes Leopoldo José y Jairo de Jesús,44- sin que tenga derecho a recibir indemnización por su hija Claritza al ser desplazada por los hijos de aquella45, y a los menores Jeisson David y E.S.S.G, por su condición de hijos de Claritza, treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno.

Ahora, con relación al daño al buen nombre o fama de las víctimas de los delitos de secuestro y tortura, advierte la Sala que el Tribunal anunció una reparación no patrimonial o “no indemnizatoria46, medida que concretó al folio 639 al disponer que “(…) deberá aclarar públicamente, que las víctimas de su actuar delincuencial, NO eran miembros o colaboradores de algún grupo armado organizado al margen de la ley.”, reconociendo el juzgador que las disculpas públicas difícilmente pueden restablecer la dignidad, por lo que a su juicio, las excusas están orientadas a pedir perdón de las personas honorables, víctimas del actuar criminal de FERNEY ARGUMEDO TORRES, y de sus familiares, restableciéndose así el buen nombre en la sociedad, por lo que infundada resulta la censura en este punto del fallo.

El tercero de los planteamientos que esgrime el recurrente se fundamenta en el desconocimiento del dictamen pericial que acredita los daños a la vida de relación y a la salud del menor E.S.S.G por la muerte de su progenitora.

Frente al daño de vida de relación la Sala ha sostenido que hace parte de los daños inmateriales, entendidos por ellos “aquellos que producen en el ser humano afectación de su ámbito interior, emocional, espiritual o afectivo y que, en algunas ocasiones, tienen repercusión en su forma de relacionarse con la sociedad. Conforme a las últimas posturas jurisprudenciales, dichos perjuicios entrañan dos vertientes: daño moral y daño a la vida de relación”.47

En la misma sentencia en cita se precisó:

El daño a la vida de relación (también denominado alteración de las condiciones de existencia48) alude a una modificación sustancial en las relaciones sociales y desenvolvimiento de la víctima en comunidad, comprometiendo su desarrollo personal, profesional o familiar, como ocurre con quien sufre una lesión invalidante a consecuencia de la cual debe privarse de ciertas actividades lúdicas o deportivas.

También puede acontecer por un dolor aflictivo tan intenso que varíe notoriamente el comportamiento social de quien lo sufre; desde luego, este daño puede hacerse extensivo a familiares y personas cercanas, como cuando éstas deben asumir cuidados respecto de un padre discapacitado, de quien además ya no reciben la protección, cuidados y comodidades que antes del daño les procuraba. En suma, se trata de un quebranto de la vida en su ámbito exterior, mientras que el daño moral es de carácter interior.

Hoy en día, como ya se dijo, siguiendo la tendencia observada en Europa, la jurisprudencia de nuestro país tanto del Consejo de Estado como de la Corte Suprema de Justicia en sus Salas de Casación Civil y Penal ha admitido el daño a la vida de relación, como un perjuicio extrapatrimonial distinto del moral, inicialmente denominado perjuicio fisiológico, pero luego, con fundamento en la doctrina italiana expuesta sobre el tema, adquirió la nominación citada para hacer referencia a la pérdida de la posibilidad de realizar actividades vitales que, aunque no producen rendimiento patrimonial, hacen agradable la existencia.

Sobre el mencionado tema tiene dicho el Consejo de Estado en su Sección Tercera:

Aquella afectación puede tener causa en cualquier hecho con virtualidad para provocar una alteración a la vida de relación de las personas, como una acusación calumniosa o injuriosa, la discusión del derecho al uso del propio nombre o la utilización de éste por otra persona (situaciones a las que alude, expresamente, el artículo 4º del Decreto 1260 de 1970), o un sufrimiento muy intenso (daño moral), que, dada su gravedad, modifique el comportamiento social de quien lo padece, como podría suceder en aquellos casos en que la muerte de un ser querido afecta profundamente la vida familiar y social de una persona. Y no se descarta, por lo demás, la posibilidad de que el perjuicio a la vida de relación provenga de una afectación al patrimonio, como podría ocurrir en aquellos eventos en que la pérdida económica es tan grande que – al margen del perjuicio material que en sí misma implica – produce una alteración importante de las posibilidades vitales de las personas...”49.



A su turno, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha dicho sobre el referido daño:

Como se observa, a diferencia del daño moral, que corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo, el daño a la vida de relación constituye una afectación a la esfera exterior de la persona, que puede verse alterada, en mayor o menor grado, a causa de una lesión infligida a los bienes de la personalidad o a otro tipo de intereses jurídicos, en desmedro de lo que la Corte en su momento denominó ‘actividad social no patrimonial’.



Dicho con otras palabras, esta especie de perjuicio puede evidenciarse en la disminución o deterioro de la calidad de vida de la víctima, en la pérdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como también en la privación que padece el afectado para desplegar las más elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad. Podría decirse que quien sufre un daño a la vida de relación se ve forzado a llevar una existencia en condiciones más complicadas o exigentes que los demás, como quiera que debe enfrentar circunstancias y barreras anormales, a causa de las cuales hasta lo más simple se puede tornar difícil. Por lo mismo, recalca la Corte, la calidad de vida se ve reducida, al paso que las posibilidades, opciones, proyectos y aspiraciones desaparecen definitivamente o su nivel de dificultad aumenta considerablemente. Es así como de un momento a otro la víctima encontrará injustificadamente en su camino obstáculos, preocupaciones y vicisitudes que antes no tenía, lo que cierra o entorpece su acceso a la cultura, al placer, a la comunicación, al entretenimiento, a la ciencia, al desarrollo y, en fin, a todo lo que supone una existencia normal, con las correlativas insatisfacciones, frustraciones y profundo malestar50 (subrayas fuera de texto).

Ciertamente al proceso se allegó por el apoderado de las víctimas una carpeta demarcada con el nombre de E.S.S.G., caso No. 3, víctima directa




Compartir con tus amigos:
1   2   3   4   5   6   7


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad