Exposicion de motivos



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EXPOSICION DE MOTIVOS
El ramo de la procuración y administración de justicia ha sido una de las preocupaciones de la presente administración, para lo cual se ha hecho una revisión exhaustiva del marco jurídico y estructura administrativa bajo la que se sustentan esos renglones.
La consulta popular y la participación ciudadana para atender los reclamos de la población en el aspecto de procuración y administración de justicia, han cristalizado en la aportación de experiencias y puntos de vista que han contribuido al mejoramiento institucional para la impartición de justicia.
Hemos asumido el compromiso de prestar atención prioritaria al marco legislativo que rige en nuestra Entidad por estimar que es de nuestra responsabilidad el proseguir con esmero en este propósito, máxime en una rama tan importante como lo es la administración de justicia.
La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en vigor fue un ordenamiento operante en su época. Sin embargo es necesario adecuarla a una realidad actual que influye e incide en todos los aspectos por cambios y políticas de organización administrativa, considerándose necesaria la expedición de un nuevo ordenamiento que de respuestas a reclamos de la población.
La ley cuyos motivos se exponen, mantiene en parte la estructura de la actual y en otra tiende a mejorar los lineamientos orgánicos adoptados por el ordenamiento vigente. En efecto contiene en lo básico la estructura, ordenamiento y denominación de algunos capítulos de la ley en vigor, refiriéndose sus cambios estrictamente para hacerla más ascequible a las condiciones de modernización administrativa.
La normación legal de la organización del Poder Judicial del Estado en la forma que se contiene en el Proyecto es adecuada y ponderable, porque establece la pirámide jerárquica iniciando la cúspide el Pleno del Tribunal Superior de Justicia; las Salas que conforman el mismo a continuación, luego los Juzgados de Primera Instancia y finalmente Juzgados Municipales.
Se asienta con toda claridad la orientación de la administración de justicia hacia el conocimiento y resolución de las controversias que se susciten entre particulares, mediante el ejercicio de la función jurisdiccional, con el señalamiento de las atribuciones y competencias de cada uno de los órganos que lo componen.
En suma, el Proyecto que se somete a la consideración de esa Soberanía contiene nuevas estructuras administrativas tendientes a mejorar la organización y el despacho de las actividades y asuntos encomendados al Poder Judicial del Estado, para dar eficacia a su función principal que es la de impartir justicia, bajo los principios de que sea ágil, pronta y expedita y además para evitar posibles rezagos en el trámite de los diversos asuntos que son a su cargo.
Bajo ese marco de referencia, la Ley a que se refiere esta Iniciativa se integra en Ocho Títulos que en forma sistemática permiten encuadrar y normar el contenido de la organización y funcionamiento del Poder Judicial del Estado, destacándose a continuación los aspectos más sobresalientes de los mismos.
El primero de ellos denominado de la Administración de Justicia, señala el objeto de la ley consistente en regular la organización, estructura y funcionamiento del Poder Judicial del Estado, los órganos que lo componen y sus obligaciones.

De igual forma se menciona a los auxiliares de la Administración de Justicia que son partes coadyuvantes, por realizar funciones importantes derivadas de la ley para apoyar las acciones del Poder Judicial.


El título segundo relativo a la División Territorial, resalta la división del Estado en 16 Distritos Judiciales y los Municipios que a cada uno de ellos corresponde.
El título tercero referente a las Condiciones y Prohibiciones para ejercer Funciones Judiciales, alude a la designación de los Magistrados que se hará en términos de lo dispuesto por la Constitución Política local. La de los Jueces que se hará por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, dando énfasis a la toma de protesta del cargo respectivo.
Se señalan los impedimentos de los Magistrados, Jueces y demás servidores de la Administración de Justicia para desempeñar otro empleo de la Federación, del Estado o de los Municipios, con la salvedad de los cargos docentes y el ejercicio de la abogacía en causa propia o de sus familiares.
En el título cuarto con la denominación De la Organización de los Tribunales, se establece ordenadamente la integración del Poder Judicial, siguiendo el orden jerárquico de la enunciación que contiene el título primero. Determina en primer lugar la forma de integrar el Tribunal, con 16 Magistrados que ejercerán sus funciones en Pleno y en Salas, dispone como se integran y como debe hacerse la designación del Presidente y de los Presidentes de cada Sala.
Establece este título las facultades del Pleno con toda amplitud y determina su intervención en las áreas judiciales y administrativas que le competen. A continuación se tiene sumo cuidado en determinar las facultades del Presidente del Tribunal, para continuar en forma detallada con la normatividad del funcionamiento de las Salas la forma de adoptar resoluciones y las atribuciones de los Presidentes de las propias Salas determinándose además la competencia y facultades de dichos órganos Jurisdiccionales.
En cuanto a los Juzgados de Primera Instancia se señala que habrá el número de éstos que el Pleno del Tribunal considere necesarios; que tendrán competencia para conocer de los asuntos Civiles, de lo Familiar, Mercantiles y Penales que correspondan a su jurisdicción con las salvedades que se señalan en la propia ley.
Se consignan los requisitos que se requieren para ser Juez de Primera Instancia: las facultades de los mismos y normas relativas al despacho de los asuntos.
Refiere que en cada Cabecera Municipal habrá el número de Juzgados Municipales que determine el Pleno del Tribunal, con la adscripción que corresponde a cada uno respecto de los Juzgados de Primera Instancia; los asuntos de que conocerán tanto en materia Civil y Mercantil como en Penal, en concordancia con las competencias que se los señalan en los Códigos de procedimientos Civiles y Penales del Estado. Se consignan sus obligaciones, resaltando como más importantes las de visitar mensualmente la Cárcel Municipal, informar de los asuntos que se tramiten en sus Juzgados y conservar el orden y respeto que sean debidos.
Se establece asimismo el personal que debe formar parte de los Organos del Poder Judicial, con señalamiento especial de los Secretarios y Oficiales Mayores, los primeros investidos de fe pública con sus obligaciones y deberes tendientes a la buena marcha de la Administración de Justicia, agilización de los Procedimientos y asuntos a su cargo y en suma otros aspectos de carácter administrativo para una mejor organización del servicio.
Por otra parte y en lo que se refiere a los auxiliares de la Administración de Justicia, se establece que tendrán las facultades y atribuciones que les señalen los ordenamientos legales, en los asuntos en que intervengan, resaltándose que la emisión de peritajes constituye una función pública, por lo que los peritos estarán obligados a dictaminar con la ciencia, arte u oficio que dominen en los asuntos en que intervengan.
El aspecto de licencias a los Magistrados, Jueces y demás personal de la Administración de Justicia, se configura en concreto de la siguiente manera:
Las que no excedan de quince días podrán ser concedidas en forma administrativa por el Presidente del Tribunal; las que excedan de este término pero menores de tres meses, serán acordadas por el Pleno y en el caso de los Magistrados si exceden de ese lapso, será el Ejecutivo con la aprobación de la Legislatura del Estado.
Se hace una definición precisa de las faltas de asistencia que pueden ser accidentales, temporales y absolutas, señalándose los mecanismos de substitución para no obstaculizar la buena marcha del servicio de Administración de Justicia.
Partiendo del principio de renovación moral que ha caracterizado a la presente administración, se establecen las responsabilidades de los Magistrados, Jueces y demás servidores públicos del Poder Judicial, señalándose en forma precisa cuáles son las faltas, enlistando las más importantes, con señalamiento del trámite para aplicarlas y determinándose las sanciones respectivas y los órganos encargados de su imposición, especificando con claridad el procedimiento que debe seguirse en cada una de las hipótesis que se norman. Se concede acción a las partes y Ministerio Público en un procedimiento para denunciar faltas administrativas.
El título quinto, relativo al Archivo, Boletín Judicial, Biblioteca y Jurisprudencia del Tribunal, regula la organización y funcionamiento del archivo judicial en el que se depositarán todos los expedientes concluidos y aquellos en trámite pero que se hubiese dejado de actuar durante cinco años y bajo un sistema adecuado de control; se institucionaliza el Boletín Judicial, como órgano encargado de publicar las listas de acuerdos, resoluciones y Jurisprudencia de los Tribunales; se establece la normatividad sobre los mecanismos necesarios para el inventario, manejo, administración, conservación y acrecentamiento del acervo bibliográfico del Tribunal, indispensable para la consulta jurídica.
Materia nueva en la ley, que se considera de suma importancia, es la normatividad referente a la Jurisprudencia del Tribunal que es una cuestión clave para que la justicia pueda aplicarse con un criterio permanente pero abierto a los cambios necesarios; Jurisprudencia que se señala como obligatoria cuando esté debidamente integrada y que servirá de pauta a las autoridades judiciales para los fallos que deban dictarse, conforme a la interpretación adecuada, recta y justa de las disposiciones contenidas en los diversos ordenamientos legales aplicables.
Consideramos que para una eficaz impartición de justicia, se requiere contar con los medios económicos necesarios. Para cumplir con esos fines la presente administración ha brindado al Poder Judicial todos los apoyos a su alcance tendientes al logro por parte de éste de la función de vital importancia para la sociedad. Sin embargo, se requieren otros mecanismos para allegarse otros recursos independientes de los derivados del presupuesto de egresos respectivos, que servirán para el mejoramiento de la administración de justicia.
La filosofía de la normatividad contenida en el título sexto denominado De la Dirección Administrativa y del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, está íntimamente vinculado con los señalamientos expuestos en el apartado que antecede, ya que regula la formación de un Fondo Auxiliar integrado con recursos propios del Tribunal y los ajenos al mismo. Los primeros se constituyen con el monto de cauciones y multas que se hagan efectivas en términos de las disposiciones legales; los intereses que se generen por inversiones de los depósitos de dinero o valores que se efectúen ante los Tribunales; los objetos o instrumentos materiales del delito, el monto de la reparación del daño y los muebles y valores depositados, cuando no se reclamen dentro de los plazos que fija la ley. Los ajenos, constituidos por depósito en efectivo o en valores, que por cualquier causa se realicen o se hayan realizado ante los Tribunales.
El Presidente del Tribunal tendrá a su cargo y bajo su responsabilidad el manejo y administración del Fondo Auxiliar conforme a las bases que se insertan en el texto del proyecto relativas a la facultad de invertir las cantidades que integran el Fondo en la Adquisición de títulos de renta o a plazo fijo; ordenar auditorías para verificar que el manejo del citado Fondo se realiza convenientemente y la obligación de rendir un informe sobre el resultado de los ingresos de las inversiones y de las erogaciones efectuadas.
Se establece que el destino de los recursos del Fondo serán para sufragar los gastos de adquisición de mobiliario y equipo; libros de consulta para la biblioteca; arrendamiento de locales; acondicionamiento de los existentes; de capacitación; mejoramiento y especialización profesional del personal del Poder Judicial y los originados por la participación de Magistrados y Jueces en congresos y finalmente para el otorgamiento de estímulos y recompensas a los servidores públicos de la Administración de Justicia.
Esos recursos que se manejarán de manera transparente servirán como se han indicado, para el mejoramiento de la Administración de Justicia.
El título séptimo cumple con el sistema implantado en otros niveles, de profesionalización, capacitación y adiestramiento que el Poder Judicial desea establecer para su personal, ya que ello redundará en una superación del mismo y de la propia Administración de Justicia.
La modernización administrativa mediante la utilización de sistema de computación e informática hace que se cubran eficientemente las necesidades de servicio y volumen de trabajo.
En el título octavo se alude a la implantación de esos sistemas en el Poder Judicial para la captura de datos procedentes de los Juzgados y de las Salas, relativos a los diversos juicios y procedimientos que ante ellos se tramiten y que servirán de apoyo a todas aquellas actividades que requieren de estadísticas e información que serán aprovechadas en todas las áreas del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Se estima que con el ordenamiento que se propone, se hará más eficaz la impartición de justicia porque ésta se llevará a cabo en forma ágil y oportuna, como lo demanda el desarrollo del Estado.

CESAR CAMACHO QUIROZ, Gobernador del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed:
Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:

DECRETO NÚMERO 95
LA H. “LII” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
D E C R E T A:

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
TITULO PRIMERO

Del ejercicio del Poder Judicial
CAPITULO UNICO

Disposiciones Generales
Artículo 1.- La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Poder Judicial del Estado.
Artículo 2.- Corresponde a los Tribunales del Poder Judicial, en los términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la facultad de interpretar y aplicar las leyes en los asuntos del orden civil, familiar, penal, de justicia para adolescentes y en las demás materias del fuero común y del orden federal, en los casos en que expresamente los ordenamientos legales les confieran jurisdicción.
Artículo 3.- El Poder Judicial del Estado se integra por:
I. El Tribunal Superior de Justicia;
II. El Consejo de la Judicatura;
III. Los juzgados y tribunales de primera instancia;
IV. Los juzgados de cuantía menor; y
V. Los servidores públicos de la administración de justicia, en los términos que establece esta ley, el Código de Procedimientos Civiles, el Código Nacional de Procedimientos Penales y, demás disposiciones legales.
Artículo 4.- El tribunal y los juzgados señalados en el artículo anterior, tendrán la competencia que les determine esta ley, la de los fueros común y federal, las Leyes Generales y demás ordenamientos legales aplicables.
Artículo 5.- Son auxiliares del Poder Judicial:
I. Los presidentes, síndicos y delegados municipales;
II. Los cuerpos de policía;
III. El Director General de Prevención y Readaptación Social y los servidores públicos de esa Dirección;
IV. El Director General del Registro Público de la Propiedad y los registradores;
V. El Director, los delegados regionales y los oficiales del registro civil;
VI. Los notarios y los corredores públicos;
VII. Los intérpretes y los peritos;
VIII. Los servidores públicos de carácter técnico de las dependencias del Poder Ejecutivo y el personal académico o de investigación científica o tecnológica de las instituciones de educación superior del Estado, que designen éstas, que puedan desempeñar el cargo de perito;
IX. Los síndicos e interventores de quiebras y de concursos;
X. Los tutores, curadores, depositarios, albaceas y los interventores judiciales, en las funciones que les sean asignadas por la ley; y
XI. Los mediadores y conciliadores, en los casos y términos establecidos en la ley;
XII. Los demás a quienes las leyes les confieran ese carácter.
Artículo 6.- Los auxiliares del Poder Judicial cumplirán los mandamientos de la autoridad judicial y le proporcionarán el apoyo solicitado. En el caso de los corredores públicos, del personal de las instituciones de educación superior y de las dependencias del Poder Ejecutivo, el presidente del Consejo de la Judicatura establecerá con los representantes de aquéllas, las condiciones para la prestación del servicio.
Artículo 7.- Los árbitros conocerán de los asuntos que les encomienden los interesados, conforme a los términos de los compromisos respectivos y observarán en su trámite las formas y restricciones que fijen las leyes.
Artículo 8.- El Tribunal Superior de Justicia, los tribunales y juzgados, tienen las siguientes obligaciones:
I. Ejercer la función jurisdiccional de manera pronta, completa, imparcial y gratuita;
II. Ajustar sus procedimientos y resoluciones a las leyes;
III. Realizar todas las acciones necesarias para la plena ejecución de sus resoluciones y solicitar, en su caso, el apoyo de las autoridades estatales y municipales;
IV. Auxiliar a los órganos jurisdiccionales de la federación y a las demás autoridades, en los términos de las disposiciones legales;
V. Diligenciar de manera física o electrónica exhortos, cartas rogatorias, suplicatorias, requisitorias y despachos en las materias de su competencia, que les envíen los jueces del Estado, de otras entidades federativas o del extranjero que se ajusten a las leyes procesales aplicables.

VI. Proporcionar a las autoridades competentes los datos e informes que soliciten, cuando proceda conforme a la ley;


VII. Oír a los interesados en los asuntos de que conozcan cuando les sea solicitado;
VIII. Disponer lo necesario para que los magistrados y jueces usen toga en las audiencias públicas, reuniones del Tribunal y actos solemnes judiciales;
IX. Implementar a través del Consejo de la Judicatura el uso estratégico de tecnologías de la información que ayuden a que la impartición de justicia se realice de manera pronta y expedita.
X. Las que los ordenamientos legales les impongan.
Artículo 9.- Ningún negocio judicial podrá tener más de dos instancias.

TITULO SEGUNDO

De la División Territorial Jurisdiccional
CAPITULO UNICO
Artículo 10.- El territorio del Estado de México, para los efectos de esta ley, se divide en los distritos judiciales de: Chalco, Cuautitlán, Ecatepec de Morelos, El Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Lerma, Nezahualcóyotl, Otumba, Sultepec, Temascaltepec, Tenango del Valle, Tenancingo, Texcoco, Tlalnepantla, Toluca, Valle de Bravo y Zumpango. Los distritos judiciales tendrán como asiento de su cabecera los municipios del mismo nombre.
Artículo 11.- Los distritos judiciales comprenden los municipios siguientes:
I. Distrito de Chalco: Chalco, Amecameca, Atlautla, Ayapango, Cocotitlán, Ecatzingo, Ixtapaluca, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad;
II. Distrito de Cuautitlán: Cuautitlán, Coyotepec, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Melchor Ocampo, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tultepec y Tultitlán;
III. Distrito de Ecatepec de Morelos: Ecatepec de Morelos, Coacalco de Berriozabal y Tecámac;
IV. Distrito de El Oro: El Oro, Acambay, Atlacomulco, San José del Rincón y Temascalcingo;
V. Distrito de Ixtlahuaca: Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, Morelos y San Felipe de Progreso;
VI. Distrito de Jilotepec: Jilotepec, Aculco, Chapa de Mota, Polotitlán, Soyaniquilpan de Juárez, Timilpan y Villa del Carbón;
VII. Distrito de Lerma: Lerma, Ocoyoacac, Otzolotepec, San Mateo Atenco y Xonacatlán;
VIII. Distrito de Nezahualcóyotl: Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y La Paz;
IX. Distrito de Otumba: Otumba, Axapusco, Nopaltepec, San Martín de las Pirámides, Temascalapa y Teotihuacán;
X. Distrito de Sultepec: Sultepec, Almoloya de Alquisiras, Texcaltitlán, Tlatlaya y Zacualpan;
XI. Distrito de Temascaltepec: Temascaltepec, Amatepec, Luvianos, San Simón de Guerrero y Tejupilco;
XII. Distrito de Tenango del Valle: Tenango del Valle, Almoloya del Río, Atizapán, Calimaya, Capulhuac, Chapultepec, Joquicingo, Mexicaltzingo, Rayón, San Antonio la Isla, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco;
XIII. Distrito de Tenancingo: Tenancingo, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Malinalco, Ocuilan, Tonatico, Villa Guerrero y Zumpahuacán;
XIV. Distrito de Texcoco: Texcoco, Acolman, Atenco, Chiautla, Chicoloapan Chiconcuac, Papalotla, Tepetlaoxtoc y Tezoyuca;
XV. Distrito de Tlalnepantla: Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jilotzingo, Naucalpan y Nicolás Romero;
XVI. Distrito de Toluca: Toluca, Almoloya de Juárez, Metepec, Temoaya, Villa Victoria y Zinacantepec;
XVII. Distrito de Valle de Bravo: Valle de Bravo, Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Santo Tomás, Otzoloapan, Villa de Allende y Zacazonapan; y
XVIII. Distrito de Zumpango: Zumpango, Apaxco, Hueypoxtla, Jaltenco, Nextlalpan, Tequixquiac y Tonanitla.
Artículo 12.- En cada distrito o región judicial funcionarán los tribunales o juzgados que determine el Consejo de la Judicatura, los que tendrán su sede en la cabecera del distrito judicial respectivo, así como en los municipios del propio distrito judicial que la demanda del servicio lo justifique.
Artículo 13.- Los tribunales o juzgados tendrán jurisdicción en el territorio de la región o distrito judicial al que pertenezcan o en la fracción o partido en que se divida este último, conforme lo determine el pleno del Tribunal Superior de Justicia.
Las regiones judiciales podrán comprender el ámbito territorial de más de un distrito judicial.
Artículo 14.- El Consejo de la Judicatura podrá determinar que un juzgado quede habilitado para conocer de asuntos de cuantía menor como de primera instancia y de una o varias materias de conformidad con las necesidades del servicio.
El Pleno del Tribunal Superior de Justicia podrá determinar el ámbito territorial de los órganos jurisdiccionales, aún de municipios de distritos judiciales distintos, privilegiando la cercanía del servicio de administración de justicia.
Artículo 15.- Los jueces serán los necesarios para el despacho de los asuntos que les correspondan.

TITULO TERCERO

De las Designaciones, Incompatibilidades e

Incapacidades de los Magistrados y de los Jueces
CAPITULO PRIMERO

De las designaciones


Artículo 16.- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los jueces serán designados por el Consejo de la Judicatura del Estado de México, previo concurso de oposición público y abierto.
El proceso de selección y nombramiento de magistrados se regirá por los principios de legalidad, veracidad, acceso a la información, publicidad, libre concurrencia, igualdad, transparencia, objetividad, razonabilidad, mérito, idoneidad y capacidad.
Artículo 17.- Los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, se sujetarán a la aprobación de la Legislatura o de la Diputación Permanente, en su caso, la cual la otorgará o negará dentro del término improrrogable de diez días hábiles. Si no resolviere dentro de ese plazo, se tendrán por aprobados.
En caso de negativa, el Consejo de la Judicatura formulará una segunda propuesta y si tampoco es aprobada, quedará facultado para realizar un tercer nombramiento que surtirá efectos desde luego.
Artículo 18.- Sin la aprobación a que se refiere el artículo anterior y la protesta respectiva, no podrán tomar posesión los magistrados nombrados por el Consejo de la Judicatura, salvo el caso a que se refiere la parte final del precepto.
Artículo 19.- Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia deberán rendir la protesta de ley ante la Legislatura o la Diputación Permanente.
Artículo 20.- Los demás servidores públicos de la administración de justicia deberán rendir la protesta de ley, ante el presidente del Consejo de la Judicatura o la autoridad que éste determine, para ejercer las funciones que les correspondan.
Artículo 21.- Si la persona nombrada no se presentare a rendir la protesta, sin causa justificada, dentro del término de 10 días hábiles a partir de la fecha de la notificación de su nombramiento, éste se dejará sin efecto y se procederá a realizar una nueva designación.

CAPITULO SEGUNDO

De las Incompatibilidades e Incapacidades
Artículo 22.- Los magistrados, jueces, secretarios del pleno, de la residencia, de acuerdos, auxiliares y oficiales mayores de las salas, ejecutores, proyectistas de sentencias y notificadores, están impedidos para desempeñar otro empleo, cargo o comisión de la federación, del estado, del municipio o de particulares. Los demás servidores públicos tendrán los mismos impedimentos, pero tratándose de empleos con particulares podrán desempeñarlos siempre que no sean incompatibles con su función. El incumplimiento de esta disposición será causa de responsabilidad.
Quedan exceptuados de esta disposición los cargos honoríficos en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia; asimismo, los cargos docentes siempre que su desempeño no perjudique las funciones y labores propias de los servidores de la justicia.
Los magistrados no podrán ocupar otro cargo en la administración pública estatal, durante el tiempo señalado para el ejercicio de su función, salvo que renuncien al cargo que desempeñan.
Artículo 23.- Ningún nombramiento para servidor público de la administración de justicia o auxiliar de ésta, podrá recaer en ascendientes, descendientes, cónyuges o colaterales dentro del cuarto grado por consanguinidad, segundo por afinidad o con parentesco civil, con los servidores que hagan la designación.
No podrán prestar sus servicios en el mismo órgano jurisdiccional dos o más personas con el parentesco a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 24.- Los magistrados, jueces, secretarios del pleno, de la presidencia, de acuerdos, auxiliares, oficiales mayores de las salas, ejecutores, proyectistas de sentencias y notificadores están incapacitados para el ejercicio de la abogacía, salvo en causa propia, de su cónyuge o de sus familiares hasta el cuarto grado. Tampoco podrán ser agentes de cambio o ministros de algún culto religioso.

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