Estudio Violencia Género



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“PROPUESTAS DE LAS ASOCIACIONES DE MUJERES PARA UN PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”

CONSEJO DE LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE MADRID




PANORAMA DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS QUE SE PRESTAN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

1998 - 2000

Dirección y coordinación: Carmen Pujol Algans, Abogada

carmenpujol@teleline.es

Equipo de trabajo: María José Fernández Ferrero, Abogada

Sara Resa López, Abogada

Wenceslao Barrera Herrero, Ingeniero

Madrid, 16 de febrero de 2001

ÍNDICE


I.- INTRODUCCIÓN

II.- METODOLOGÍA

III.- ACTUACIONES DEL ESTADO


  1. Reformas legales

  2. Formación específica a profesionales del Derecho y de la Administración de Justicia

  3. Ministerio Fiscal

  4. Poder Judicial

  5. Policía

IV.- SERVICIOS JURÍDICOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

1. Asesoría jurídica

1.1. Administración Central

1.2. Administración Autonómica

1.3. Administraciones locales

1.3.a) Ayuntamiento de Madrid

1.3.b) Muestra de 92 municipios de la Comunidad de Madrid

1.4 Asociaciones de mujeres

1.4.a) Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas

1.4.b) Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres

1.4.c) Asociación de Mujeres Juristas Themis

2. Asistencia letrada en juicio

2.1. Turno de Oficio

2.2. Asociación Libre de Abogados

2.3. Asociación de Mujeres Juristas Themis

V.- Documentación consultada

VI.- ANEXOS 1. Cuestionario Ayuntamientos

2. Legislación

3. Instrucción 1/1998 sobre la intervención del Ministerio Fiscal en la persecución de los malos tratos en el ámbito doméstico y familiar (Fiscal General del Estado)

4. Informe sobre el tratamiento de los malos tratos familiares en el año 99 (Fiscal General del Estado)

5. Los Juzgados especializados en violencia doméstica (de la Memoria del Consejo General del Poder Judicial de 1999)

6. Informe sobre la problemática jurídica derivada de la violencia doméstica (Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial)

7. Subvenciones y aportaciones de las Administraciones a los Servicios Jurídicos

I. INTRODUCCIÓN
A estas alturas ya no es discutible que el ejercicio de la violencia contra las mujeres es una lacra social que se ha mantenido oculta y, por tanto, incuestionada hasta que el movimiento feminista inicia un período de reflexión y denuncia de las condiciones de vida de las mujeres, a escala mundial.

Soy consciente de que, cuando el Consejo de la Mujer, de la Comunidad de Madrid, me encarga el presente informe lo hace en mi doble condición de abogada y militante feminista. Por ello, este estudio realizado desde un análisis objetivo de los datos que ha sido posible recabar, se ofrece desde una perspectiva de género, desde el conocimiento adquirido por la práctica profesional y desde una visión crítica pero constructiva, cuya única finalidad es propiciar la mejora de los servicios que se prestan a las mujeres en nuestra Comunidad.

Ya en 1980, la II Conferencia Mundial sobre las Mujeres patrocinada por Naciones Unidas reconoce que “la violencia contra las mujeres es el crimen encubierto más frecuente en el mundo”.

Desde entonces todos los Organismos Internacionales vienen propiciando que los Gobiernos adopten medidas eficaces para terminar con esta mal endémico que está reconocido como la forma más brutal de discriminación de la mujer.

En la IV Conferencia Mundial, celebrada en Pekín en 1995, se define la violencia contra las mujeres como “cualquier acto de violencia específica por razones de sexo que resulte o pueda resultar en daños o sufrimientos físicos, sexuales o psíquicos para las mujeres, incluyendo la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad”.

Asumiendo esta definición y conforme al artículo 2 de la Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la Mujer, efectuada en 1993 por la Asamblea General de Naciones Unidas ésta se produce en tres ámbitos:

a) En el ámbito familiar

b) en la sociedad en general

c) la perpetrada o tolerada por el propio Estado.

En el estudio se van a analizar los recursos jurídicos que se ofrecen a las mujeres víctimas de violencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid y, en la medida de lo posible, se analizarán también los resultados obtenidos.

La importancia de la recogida de los datos estadísticos es, continuamente, puesta de manifiesto por las Instancias internacionales. Así el Parlamento Europeo en su Resolución sobre Campaña Tolerancia 0 ante la violencia contra las mujeres, de 1997, afirma: “Que las estadísticas que existen muestran que la violencia es endémica en nuestras sociedades y afectan diariamente a las mujeres” . Y “pide a los Estados miembros que lleguen a un acuerdo sobre una base común para la recogida de datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres que incluyan información sobre la mujer, agresor, el tipo de abuso y el lugar donde se ha cometido, lo que la mujer hizo posteriormente y las medidas que adoptaron las autoridades y su resultado”.

Hay que tener presente que en nuestra Comunidad convergen recursos financiados por la Administración del Estado, la Administración Autonómica y las Administraciones Locales, recursos no siempre coordinados, lo que en ocasiones genera duplicidad de funciones y, siempre, dispersión de datos. Se anticipa ya que la falta de coordinación en la recogida de datos dificulta, enormemente, el conocimiento de la magnitud del problema.

El presente estudio, por razones exclusivamente de tiempo, va a centrarse, principalmente, en la violencia física y psicológica que sufren las mujeres en el ámbito familiar en el sentido más amplio.

Si bien, esta forma de violencia es, numéricamente, la más frecuente, se considera imprescindible, para tener una visión de conjunto del fenómeno de la violencia, profundizar tanto en el estudio de la violencia sexual, incluido el acoso en el trabajo y la trata de mujeres, como la violencia económica.

Los datos ofrecidos corresponden a los tres últimos años, 1998,1999 y 2000, lo que nos permite sacar conclusiones al respecto del panorama de la asistencia jurídica que se está prestando, actualmente, a las mujeres maltratadas. Por otra parte, estos datos permiten evaluar las políticas llevadas a cabo por las Administraciones públicas, ya que este período coincide con la vigencia de:

III Plan de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (1997 -2000):

III Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Gobierno de la Nación (1997 -2000)

Plan de Acción contra la Violencia Doméstica, 1998 - 2000, del Gobierno de la Nación.


III. ACTUACIONES DEL ESTADO.

1. Reformas legales.-

En cumplimiento de las actuaciones previstas en los Planes del Gobierno se han llevado a cabo dos importantes reformas legislativas:



  • La Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, de modificación del Título VIII del Libro II del Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, relativo a los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.

  • Ley Orgánica 14 /1999, de 8 de junio, de modificación del Código Penal en materia de protección a las víctimas de malos tratos y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Además y a través de la Ley Orgánica 11/1999 se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En materia de violencia familiar merecen especial mención: la inclusión de los ex-cónyuges y ex-convivientes como autores en las faltas y delitos de maltrato habitual; la definición del concepto de habitualidad en estos casos; el establecimiento expreso de la posibilidad de adoptar como medida de protección a la víctima el alejamiento del agresor; la posibilidad de acordar en las sentencias la prohibición al agresor de residencia en determinados lugares, aproximación y comunicación con la víctima y la mención específica al ejercicio de la violencia psicológica en la tipificación de estas conductas.

En materia de violencia sexual, la reaparición del término violación, y del delito de corrupción de menores, desaparecidos en 1995; la tipificación como delito del tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual, y la inclusión del acoso ambiental como delito;

En ambos tipos de violencia se lleva a efecto la modificación del cómputo del plazo de prescripción de estos y otros delitos, cuando al momento de la comisión, las víctimas fueran menores.

En cuanto al enjuiciamiento de estos delitos, por la Ley 36/1998, de 10 de noviembre, se había atribuido el conocimiento y fallo de determinadas faltas a los Jueces de Paz (amenazas con armas, coacciones, injurias y vejaciones injustas de carácter leve). Por la Ley 14/1999 se realizan, entre otras las siguientes reformas: se viene a corregir la atribución al Juez de Paz descrita, cuando el autor de las mismas sea una persona de las comprendidas en el delito de maltrato habitual en el ámbito familiar.(artículo 153 C.P.) Asimismo, esta Ley en un nuevo artículo (artículo 544 bis) establece de forma explícita que durante el enjuiciamiento se podrán adoptar medidas cautelares de protección a la víctima: alejamiento del agresor, prohibición a éste de acudir a determinados lugares, de aproximarse y de comunicarse con la víctima. Se suprime, por fin, la referencia a la desobediencia de la mujer al marido (artículo 103) y se posibilita la persecución de oficio en las faltas de malos tratos.

(En relación con la legislación, ver Anexo 2)



2. Formación específica a profesionales del Derecho y de la Administración de Justicia .

En cumplimiento de las actuaciones previstas en los diferentes Planes de Igualdad y de Acción anteriormente citados, por primera vez en España y durante el trienio estudiado, se ha impartido formación específica sobre violencia de género al personal de los órganos judiciales y profesionales del Derecho.

Desde el Instituto de la Mujer se han promovido las siguientes acciones formativas:

En colaboración con el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, se han celebrado varias Jornadas sobre violencia familiar y violencia sexual. A las diferentes Jornadas han asistido Jueces, Magistrados, Fiscales, Médicos Forenses y Secretarios Judiciales.

Los cursos bajo el título “Actuación Institucional ante la violencia doméstica” han ido dirigidos a Oficiales Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia.

Asimismo, en la Escuela Judicial de Formación Continuada se han celebrado “estancias“ de 5 días dirigidas a Jueces y Magistrados para “prevención y asistencia a mujeres víctimas de malos tratos”.

Si bien la formación se ha impartido en varias ocasiones en Madrid, desconocemos la procedencia de los asistentes por lo que no tenemos datos de cuántos de ellos ejercen sus funciones en nuestra Comunidad Autónoma.

3. Ministerio Fiscal.-

El Fiscal General ha dictado en los últimos años diferentes Circulares e Instrucciones en relación con la violencia familiar. La última ha sido la Circular 1/1998, de 24 de octubre, Sobre la intervención del Ministerio Fiscal en la persecución de los malos tratos en el ámbito doméstico y familiar. (Ver Anexo 3)

En cuanto a los aspectos organizativos en las Fiscalías, la Circular establece la creación del Servicio de Violencia Familiar en cada Fiscalía con competencias en esta materia, este Servicio se dirigirá por un Fiscal especialmente encargado de la coordinación de las causas por violencia familiar en el que se llevará un registro especial de causas de violencia doméstica que tendrá, fundamentalmente dos objetivos:

- detectar la conexidad de las causas con el fin de que las conductas habituales de maltrato se juzguen como delito

- y la elaboración de estadísticas al respecto.

El Informe de la Fiscalía General del Estado Sobre el tratamiento jurisdiccional de los malos tratos familiares en el año 1999, publicado en el 2000, arroja los siguientes datos sobre nuestra Comunidad Autónoma:

Procedimientos por hechos relativos a violencia doméstica incoados en 1999: Diligencias Previas: 2600.1

Así como otras Fiscalías han facilitado datos sobre Juicios de Faltas, Ley de Jurado y Sumarios, la Fiscalía de Madrid incluye el número total de denuncias, sin distinguir el tipo de procedimiento. En cuanto a la naturaleza de la supuesta infracción penal, tampoco se ofrecen datos por parte de esta Fiscalía.

La Memoria refleja que en Madrid han fallecido 4 mujeres a manos de su cónyuge, si bien precisa que estos datos se han extraído de los obrantes en el Ministerio del Interior. 2

La Memoria ofrece datos ciertamente interesantes, tanto referidas a agresores y víctimas, como de las sentencias dictadas en los distintos procedimientos, no siendo posible extraer conclusión alguna de la Comunidad de Madrid, puesto que los únicos datos existentes en la misma son los anteriormente expuestos. No obstante, dado el interés del documento se acompaña como Anexo 4 .



4.- El Poder Judicial.

El Consejo General del Poder Judicial, mediante Acuerdo del Pleno, de 18 de mayo de 1988, se comprometió a incluir, como capítulo diferenciado en los datos estadísticos que se elaboran sobre la actividad de los órganos judiciales, los procesos seguidos en Juzgados y Tribunales por malos tratos a mujeres.

Revisadas minuciosamente las Memorias del Consejo General del Poder Judicial de los años 1998,1999 y 2000 no se han encontrado datos al respecto de nuestra Comunidad.

Sin embargo, en la última Memoria presentada,- año 2000- se dedica un apartado específico a “los Juzgados especializados en violencia doméstica”, en el que se pone de manifiesto que existen en España, por Acuerdo definitivo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 1 de diciembre de 1999, tres Juzgados especializados en materia de malos tratos:

el Juzgado de Instrucción nº 5 de Elche

el Juzgado de Instrucción nº 4 de Orihuela

y el Juzgado de Instrucción nº 5 de Alicante.

El apartado concluye afirmando que “Todavía es pronto para el análisis de los datos ofrecidos por los Juzgados especializados durante el año 2000, excediendo de la presente Memoria el estudio de los mismos, si bien de una lectura rápida de los datos provisionales obtenidos hasta la fecha se detectan las siguientes tendencias: a) aumento de las denuncias presentadas ante estos Juzgados. b) Aumento de la ratio existente entre la incoación de causas por delitos en relación con los juicios de faltas. c) Mayor uso de medidas cautelares en protección de la víctima”. (Ver Anexo 5)

Por otro lado, la Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial ha acordado en estos días remitir al Pleno, para su aprobación, el Informe sobre la problemática jurídica derivada de la violencia doméstica.

En el citado informe (que también se acompaña en Anexo 6), se establece con claridad la limitación del sentido del Acuerdo a adoptar, fijando “la posición del Consejo General del Poder Judicial sobre el problema de la violencia doméstica, abordando, desde el respeto a su estricto marco competencial, las siguientes cuestiones:



- En primer lugar, el análisis de aquellos extremos de la normativa vigente que pudieran estar más necesitados de esclarecimiento general para los usuarios y profesionales de la justicia, señalando respecto de cada uno de ellos cuál es la posición adoptada por nuestro Tribunal Supremo.

-En segundo término, la concreción de las carencias que se aprecian en la normativa vigente, que impiden o dificultan una lucha eficaz contra este fenómeno delictivo.

En tercer lugar, el señalamiento de las deficiencias apreciadas en los aspectos gubernativos, organizativos y en el funcionamiento diario de nuestros Juzgados y Tribunales, así como la proposición, para su mejora, de los criterios generales de actuación que sean precisos a tal fin con pleno respeto a la plena independencia jurisdiccional.

Asimismo, la sugerencia de las reformas legales que, a juicio del Consejo. permitirían mejorar sensiblemente los resultados obtenidos hasta ahora en esta lucha contra la violencia doméstica”.

(A pesar de que el informe contiene aspectos muy positivos y muy interesantes, preocupa, sin embargo, que en el apartado IV de este Informe: “Sugerencias de Reforma” se proponga bajo el epígrafe 3: “La Consideración como delito de los hechos constitutivos de violencia familiar y reenvío de las actuales faltas a la jurisdicción civil.

Por una parte, al proponer que todas las agresiones que se produzcan en el seno familiar, que alcancen entidad suficiente para merecer una respuesta penal, sean conceptuadas como delito y, por otra la modificación del vigente Código Penal con supresión de las faltas y la remisión de las “conductas violentas más leves, aunque en todo caso indeseables” a la Jurisdicción Civil, para que sea el Juez de Familia quien conozca de las mismas.

¿Es posible que una conducta violenta en el seno familiar no atente contra bienes jurídicos tales como la dignidad de la persona, su integridad física o moral o contra la paz familiar?

Es un hecho, como más adelante se verá. que estas conductas violentas son calificadas, por abrumadora mayoría, como faltas y no como delitos por parte de Jueces y Tribunales, lo que nos hace plantearnos que, de llevarse a efecto esta propuesta de modificación legislativa, se podría producir un retroceso en el sentido de invisibilizar, una vez más, el fenómeno de la violencia familiar.

La remisión de estas conductas violentas a la jurisdicción civil -procesos de familia- parece no tener en cuenta que en nuestro Código Civil se suprimió, en 1981, la declaración de culpabilidad en los procesos de separación y divorcio.

Por otra parte, se han consultado las Memorias elaboradas por el Juzgado Decano de Madrid de los años 1998 y 1999, no habiéndose encontrado datos de interés para el presente estudio.

Los únicos datos judiciales de la Comunidad de Madrid que se han podido recabar han sido facilitados por la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Fuenlabrada y proceden del Decanato de los Juzgados de Fuenlabrada, Leganés y Humanes en el que se ha puesto en funcionamiento un registro de violencia familiar. Los datos corresponden al período comprendido entre el 6 de abril de 2000 al 26 de enero de 2001.

Tienen la constancia de 377 víctimas,. de las cuales 307 son mujeres y 70 son varones; de éstas 89 mujeres han denunciado en más de una ocasión, lo que supone el 29%.

5. La Policía.

Desde que en los años 80 se realizaran las primeras campañas, por parte del Instituto de la Mujer y del Ministerio del Interior, en contra de la violencia hacia las mujeres, este Ministerio ha dictado diversas Circulares e Instrucciones con el fin de que se tomaran “todas las medidas tendentes a asegurar pruebas, instrumentos y datos, a fin de posibilitar que la Autoridad Judicial pueda conocer los hechos en todas sus circunstancias” ((Instrucción de la Dirección General de Policía, de 22 de marzo de 1983).

En la segunda mitad de la década de los ochenta, el Ministerio del Interior crea dos servicios policiales específicos para determinadas víctimas, mujeres (SAM) y menores (GRUME) implantándose progresivamente.

En desarrollo y aplicación del Plan de Acción contra la Violencia Doméstica, la Secretaría de Estado de Seguridad dicta la Instrucción 2/1998 sobre “Adopción de medidas relativas a la prevención, investigación y tratamiento de la violencia contra la mujer y asistencia a la misma”

A raíz de esta Instrucción los dos servicios SAM y GRUME se unifican dando lugar al Servicio de Atención a la Familia. 3(SAF)

Las mujeres víctimas de violencia en nuestra Comunidad pueden presentar denuncias ante el Cuerpo Nacional de Policía, o la Guardia Civil si la agresión se ha producido en zonas rurales, así como en los Juzgados.

A continuación se ofrecen los datos de la Policía Judicial4 referidos al periodo estudiado, en cuanto a “denuncias presentadas por malos tratos de maridos a sus esposas” :

Delitos Faltas Total

Año 1998 969 2.262 3.231

Año 1999 1.180 2.168 3.348

Año 20005 1.088 2.233 3321

Asimismo, se ofrecen datos sobre el resultado de la acción, entre los que cabe destacar el número de mujeres muertas a manos de su pareja6:

Resultado de muerte

Año 1998 2

Año 1999 5

Año 20007 9

(Fuente: Comisaría General de Policía Judicial. Secretaría General. Sección de Estadística Criminal)

En cuanto a los datos ofrecidos por la Dirección General de la Guardia Civil, cabe señalar que en 1999 modificaron la ficha estadística. Hasta ese año los datos se refieren a malos tratos en el ámbito familiar sin efectuar una segregación por sexo de las víctimas.

Los datos que se ofrecen son los siguientes:

Año Nº Total víctimas Cónyuge Lugar

1998 538 377 Domicilio: 394

Por otro lado, del número total de víctimas, 82 fue sin lesión, 441 con lesión leve y 15 con lesión grave.

Como se ha dicho antes, en 1999, se modifica la recogida de datos ofreciéndolos ya en relación con la víctima, su relación con el agresor: padre, madre hijo, hija, otro pariente, cónyuge y desagregando este dato por sexo. Las mujeres víctimas de maltrato por parte de su marido son:

Año Total víctimas . cónyuge mujer %

1999 240 217 90

(Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Dirección General de la Guardia Civil)

En cuanto a las Policías Municipales, cabe señalar que, dado que no tienen la consideración de Policía Judicial, carecen de competencia para recibir y tramitar denuncias de las mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, han creado servicios específicos de atención a estas víctimas, bien de violencia en general, bien de violencia doméstica, que se estudian en el epígrafe referido a las Administraciones Locales.

No obstante, desde el Área de Promoción de Igualdad y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, informan que la Sección de Atención a la Violencia Doméstica de la Policía Municipal (SAVD) ha presentado de oficio ,durante el año 2000, 189 denuncias y ha facilitado la presentación de denuncia en el Servicio de Atención a la Mujer de la Policía Nacional (SAM) a 403 víctimas.


IV. LOS SERVICIOS JURÍDICOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

Podemos distinguir dos tipos de servicios gratuitos en el ámbito de nuestra Comunidad: el asesoramiento jurídico y la asistencia letrada en juicio.

En este apartado se va a reflejar la información obtenida de las distintas Administraciones, así como de las organizaciones de mujeres en relación con el número de consultas atendidas, y del funcionamiento general de estos servicios, referidos los datos, siempre que ha sido posible, a los tres últimos años.

En primer lugar, poner de manifiesto que de las actuaciones dedicadas a formación que aparecen en la Memoria sobre las actuaciones de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, 1996-1999”, de la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, cabe destacar que se realizaron sendos cursos en 1998 y 1999, a través de la Asociación Libre de Abogados, Sección Mujer, y que a través del Servicio de Formación, se programan cursos sobre “Práctica Jurídica en materia Civil y Penal” que “orienta a las alumnas sobre cuestiones relativas a la violencia de género”.

Según la Memoria de Actividades del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, el 8 de marzo de 2000, éste ha suscrito con la Comunidad Autónoma, a través de la Dirección General de la Mujer, un Convenio para la creación del “Turno de Oficio de Violencia Doméstica”.

Mediante este acuerdo se ha creado un nuevo Turno integrado por letrados especializados en la defensa jurídica en los procedimientos que se inicien como consecuencia de violencia o malos tratos en el ámbito doméstico. Por su parte, la Comunidad, a través de la Dirección General de la Mujer, aporta las subvenciones para los Cursos de formación especializada y para los gastos de infraestructura necesarios para el mantenimiento de este nuevo servicio social.”

Hasta la fecha se han realizado seis cursos con una duración aproximada de 24 horas lectivas, siendo obligatorios para los abogados y abogadas que deseen inscribirse en el nuevo Turno de Violencia Doméstica. El número de plazas por curso es de 75.




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