Estos mataron a Allende



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La corrupción
La ocupación militar de Chile por parte de las tropas coman­dadas por los oficiales que obedecieron las órdenes del Pentágono el 11 de septiembre de 1973, ha desarrollado en las filas de la Fuerza Aérea, la Marina, el Ejército y Carabineros un nuevo estilo de corrupción, desconocido hasta ese día por los chilenos. Un resumen esquemático de este nuevo estilo de vida de los dueños de Chile, por el momento, es el siguiente:
Corrupción en Carabineros
1) Forman equipos de tres o cuatro funcionarios de civil, con armas que no son de reglamento, en las horas del toque de queda, para allanar domicilios y robarse especies de valor. Se las reparten según vaya robando cada uno, por turno. Primero, estudian el barrio, según soplos de empleados domésticos o fascistas civiles, después dan el golpe. A esto lo llaman «fona». Por ejemplo, los carabineros Daniel Vargas y Carlos Cáceres, de la 13 Comisaría en Santiago forman parte de uno de esos equipos.

2) Cuando están de guardia, por ejemplo en embajadas, se apropian de una libreta en blanco, y con ella en la mano hacen parar vehículos por supuestas infracciones del tránsito, y acep­tan sobornos en dinero o especies. A esto lo llaman «hacerse un sobresueldo».

3) Cobran dinero a los familiares de los asilados en emba­jadas por darles permiso para hablar, a través de las verjas del antejardín, por uno o dos minutos. Las tarifas, en diciembre de 1973, iban de los 2.000 a los 15.000 escudos, según el aspecto del familiar.

4) Tratan de hacer pagar «protección» a ex funcionarios del Gobierno de la Unidad Popular que no han sido detenidos. Las tarifas, en enero de 1974, fluctuaban entre los 10.000 y 15.000 escudos mensuales.

5) Se sobrepasan con las esposas de los detenidos. Esto a nivel de oficiales, que les insinúan a las esposas que si se acues­tan con ellos, podrán intervenir por el destino final de los pre­sos. Estos casos suman miles en Santiago y son de diaria con­currencia.

6) A las sirvientas de las casas cercanas donde hacen guar­dia, las manosean y las obligan a acostarse con ellos en sus propias casas, bajo la amenaza de «si no, te llevamos presa por ser marxista».


Corrupción en las Fuerzas Armadas
1) Algunos jefes eligen a las destinadas mejor parecidas pa­ra violarlas personalmente, como «parte del interrogatorio». Lo mismo que los oficiales de Carabineros presionan moralmente a las esposas de los detenidos para que se dejen violar a cambio de «alivio» para los maridos presos. Cuando son jefes de servicios, solicitan los mismos favores de empleadas y secretarias para «no despedirlas por simpatizantes de los marxistas».

2) En los allanamientos manosean a las mujeres, incluso se ha hecho habitual que las obliguen a desnudarse, «por si ocultan armas», y permanecer así mientras hacen registros. Se beben los licores que hay en las casas. En un departamento cén­trico de Santiago, una mujer sola sufrió el allanamiento de su habitación cinco veces en un mes y las cinco veces fue violada por el oficial de la patrulla.

3) Realizan allanamientos en dos etapas. En la primera vi­sita buscando al «prófugo» y en la segunda para llevarse apara­tos electrónicos o de uso doméstico, cuadros, antigüedades, etc. Y destrucción de libros.

4) Groseros en el lenguaje con las mujeres cuyas casas han sido allanadas varias veces y amenazadas de «si no nos das dó­lares te violamos entre todos».

A medida que ha ido pasando el tiempo y los militares han copado los puestos de responsabilidad de la Administración pú­blica, esta corrupción ha tomado formas más refinadas, y así un gran porcentaje del dinero que circula en el país, de las cosas de valor y de las mujeres, han pasado a formar parte del «botín de guerra» de estos mandos armados de la burguesía chilena, y del imperialismo norteamericano.

El comienzo
En realidad, es difícil establecer el punto exacto en que se inició esta especie de desenfreno mortal contra centenares de miles de chilenos (en los hechos más de un millón de adultos) cuyo gran pecado es ser partidarios de la izquierda. Puede ha­ber algunos puntos de partida, como el de este cable del 29 de septiembre de 1972, procedente de Santiago de Chile, de la agen­cia española EFE:

«En medios eclesiásticos de Santiago se confirmó hoy la muerte de un sacerdote español, Juan Alsina, durante los su­cesos ocurridos a partir del movimiento militar que derrocó al desaparecido presidente Salvador Allende. Su cadáver apare­ció el pasado jueves en el río Mapocho, que cruza Santiago, con disparos en la espalda. Otro sacerdote español, Antonio Gidó, es­tá siendo buscado por las Fuerzas Armadas y Carabineros de Quillota, bajo la acusación de estar vinculado a actividades extremistas».

O quizás, este otro cable, del 28 de septiembre, procedente de Montreal, de la Agence France Presse:

«Tres sacerdotes canadienses expulsados de Chile denunciaron hoy, a su llegada, la campaña de «asesinatos por millares» y «delación generalizada» que siguió al golpe militar del 11 de septiembre. El padre Jean Latulippe, quien colaboraba con un organismo de iniciativa popular, contó que según un testimonio del que no podía dudar, «los ocupantes de un camión militar registraron el 13 de septiembre a un peatón de unos 20 años y, al encontrar en su poder una navaja, un oficial desenfundó su pistola y lo mató en el acto. Arrojaron el cadáver al camión, y aconsejaron al testigo que se fuera cuanto antes. Es evidente que los soldados tenían la libertad de matar a quien les pare­ciera... Pero la represión de dirigentes de las organizaciones populares estaba perfectamente organizada».

Hay también otros casos, como los atestiguados por el parla­mentario chileno Eduardo Contreras, en la provincia de Nuble: «Carabineros de Ninhue tiraron el cuerpo agonizante del joven maestro Carlos Sepulveda Palaviccino delante de su domicilio, y durante dos horas mantuvieron sin poder acercarse al cuerpo sangrante a su esposa. Cuando la agonía cesó, y el profesor Se­pulveda murió, se fueron y dejaron que la esposa, ahora viuda, se acercara».

O tal vez el caso del alcalde de Chillan, Ricardo Lagos, que fue asesinado en su propia casa por los soldados, junto con su esposa Sonia Ojeda, embarazada, y su hijo Carlos, de 20 años.

Pero hay algo más importante. Está la orden transmitida por el general Augusto Pinochet que, aunque incorporado tarde a la conspiración contra la democracia burguesa chilena, se desta­có rápidamente como uno de sus más hábiles carniceros. Esa orden fue grabada en la mañana del 11 de septiembre por un radioaficionado, con la propia voz de Pinochet. Este es su texto:

«Aquí puesto uno... del general Pinochet... Que se prepare boletín... Que se establezca y se puntualice que por cada miembro de las Fuerzas Armadas víctimas de atentados se fusilarán de inmediato a cinco de los prisioneros marxistas en poder de las Fuerzas Armadas...

«Repita la última parte, por favor...

«Repito... SE FUSILARÁN DE INMEDIATO A CINCO DE LOS PRISIONEROS MARXISTAS EN PODER DE LAS FUER­ZAS ARMADAS... Que se prepare un boletín conteniendo estas ideas...

«Perfectamente claro».

¿No le parece, al lector, que esto trae un recuerdo como de Lídice, como del ghetto de Varsovia? ¿Como del comportamien­to de las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial, al de las tropas norteamericanas en Vietnam?

Fue en Chile, el 11 de septiembre de 1973. Y hay más. Más de las inapreciables grabaciones de un radioaficionado patriota de las órdenes de los generales. Lean ésta, por favor. En ella, el general Pinochet pide «informes»:

«Agradeceré informe resultado.

«Informa Operación Reducción Población La Legua a las 10,14 horas de hoy. Señala que 300 carabineros, tres compañías de Ejército y cinco compañías de El Bosque forman cerco pe­riférico a la población. Una vez aislado el objetivo se inicia ope­ración ablandamiento con penetración de tanques, apoyo aéreo de los helicópteros, y aviones de caza si es necesario. Es requisito esencial aislar el objetivo. Para eso se necesita cooperación de Carabineros.

»Sí... Pero coordinación con Carabineros... También tiene que ver con Ejército... ¿Ouién está a cargo de la operación?

»En la segunda División determinaron ellos que la hiciéra­mos nosotros por ser responsables de la zona... El comandante de los tanques, comandante Calderón está a cargo... El Ejér­cito coordina... Hay que entregarle el objetivo a los tanques...

»Mire, quiero que me aclare qué significa exactamente el término reducción...

Dice reducción de la población... ¿Qué significa exactamente reducción?

«Significa que si hay necesidad, si la población se entrega, se termina la reducción, mi general... Hasta ayer había muchos grupos insurgentes ahí que estaban causando molestias, pero parece que ahora están en actitud defensiva...

«Reducción, entonces, es hacer entrada... Hay un punto fun­damental, es importante... Al que se sorprenda con armas hay que detenerlo y al que se resista hay que darlo de baja... ¿Así lo entienden ustedes?

»Sí, general... Los tanques ablandarán...

»Está claro... Muy bien».

El general Pinochet estaba claro: mil soldados, tanques, he­licópteros artillados y aviones de caza contra una población de emergencia, de casas de latón, cartón y papel de diario; con no más de doce mil habitantes, contando los niños, las muje­res y los ancianos. Pero ésta era la medida inaugurada el 11 de septiembre: tanques contra hombres sin armas, niños descal­zos... o tal vez hombres con armas cortas, muy pocas. Esa ma­ñana, los mil soldados del general Pinochet asesinaron a más de doscientos hombres, mujeres y niños en la población La Le­gua, de Santiago de Chile.

Pero el infierno estaba siendo desatado por todas partes. Hay este otro comunicado grabado por un radioaficionado:

«Puesto tres a puesto uno... Puesto tres a puesto uno... Pa­ra el general Leigh de parte del general Pinochet: que el ataque aéreo al Banco del Estado y al Ministerio de Obras Públicas, si puede llevarse a cabo cuanto antes. Que estos ataques se hagan sobre los techos de esos edificios. Que se hagan lo antes posi­ble y que dé la hora en que se van a realizar, para coordinarlo con la acción terrestre...

«Puesto tres a puesto dos... El general Leigh al teléfono... Que haga los ataques aéreos lo antes posible...

«Entendido... Un momentito por favor... Puesto dos informa a general Pinochet: helicóptero artillado hará fuego sobre los techos del Banco del Estado y Ministerio de Obras Públicas dentro de quince a veinte minutos...

«Entendido... Que el ataque aéreo se haga sólo sobre los techos de los edificios...»

Ésta era otra gran batalla del general Pinochet contra la democracia chilena. Tanques, carros blindados, cañones y qui­nientos hombres contra una cuarentena de civiles en el Palacio de La Moneda y una veintena de otros civiles en los edificios de Obras Públicas y Banco del Estado, a pocos metros de La Mone­da. Todos los civiles armados de armas cortas o semicortas. Y hubo que pedir apoyo aéreo para tamaña batalla, cerca del lu­gar donde Salvador Allende vivía las últimas horas de su vida, batallando contra el destino que le habían fijado los generales: asesinarlo.

Mientras tanto, en la cordillera, en la Escuela de Alta Montaña, la esposa del general Pinochet pasaba un día de «cordille­ra» esquiando, con su hijo de 16 años y su hija de 14. Los había enviado allá el general Pinochet. En la tarde, a las siete, ella llamó por teléfono al general, y éste le contestó: «Está todo tranquilo». Ya había asesinado al presidente Allende, destruida La Moneda y una alfombra de miles de muertos civiles cubría la «tranquilidad» de la tierra chilena, de norte a sur, de este a oeste.

Pero la desesperación hace milagros, y grupos de obreros, empleados, estudiantes y hasta mujeres que dejaron las ollas del almuerzo para combatir, trataban, ese día 11, de oponer­se a la invasión militar del país por las tropas manejadas des­de Washington a través de los generales y almirantes insurrec­tos.

Las comunicaciones se sucedían así:

«Correcto, puesto cinco... Avenida Las Acacias 1.000... Allí se está entregando armas... Hay una reunión de gran cantidad de personas a las que se les está entregando armas...

«Comprendido, puesto dos...

«Adelante, puesto dos... Por favor, informen qué medidas se están tomando respecto a la situación en el paradero seis de Santa Rosa... Allí fuerzas terrestres de la Fuerza Aérea y Ca­rabineros están siendo copadas por gran número de personas armadas...

«Puesto tres a puesto uno... Por favor, informe...

«Puesto cinco... Aquí puesto tres... Mi general necesita el informe...

«Aquí puesto cinco para puesto tres... Lo que usted pidió del paradero seis de Santa Rosa... el comando informa que par­tieron tanques para allá y refuerzos de la Escuela de Infan­tería. ..

«Comprendido...

«Del puesto cinco al puesto uno... De acá al comando de tropas... Informe... Hay una radio clandestina que está trans­mitiendo en 29 megaciclos... Segundo, noveno... 29 megaciclos...

«Comprendido...

«Informe a puesto tres estamos pendientes de la concurren­cia de apoyo...»

«Mire, Nicanor... "beta uno" El Bosque consulta necesidad de repetir bando de toque de queda para el día de hoy porque hay una concurrencia muy grande de gente en las calles... "Beta uno" cree que hay que repetirlo cada diez o quince minutos...

»Okey... Se repetirá el bando...»

«Aquí general Benavides... El centro de Perfeccionamiento de Carabineros en Macul está siendo atacado... He solicitado apoyo aéreo. En Los Jazmines hay tiroteo. En esa población se infor­ma que hay sólo un oficial y dos conscriptos...»

«Se necesita urgente información sobre intimidad de gru­pos de izquierda en gran cantidad en Villa Las Acacias de Maipú... Esto queda al fondo de Villa Schneider... ¿Copió?

»No copié...

»Repito... Fuerzas de izquierda están intimidando poblado­res de la Villa Las Acacias en Maipú... ¿Recibió?

«Positivo...»

«No se acepta publicación de prensa de ninguna especie. Y si sale alguna, esto motivará la destrucción del lugar donde fue publicada...

»Sí…


«Repito la primera parte: de la Junta Militar de Gobierno a los comandantes de guarnición y unidades independientes: a partir de este momento se procede a arrestar a cualquier diri­gente político o gremial o persona que no obedezca las órde­nes y los bandos. Estas personas serán sometidas a proceso, y si se las sorprende con armas y/o explosivos, a los tribunales en tiempo de guerra...

«Entendido...»

Sí, realmente era un «entendido» para todo el pueblo de Chile. Destruida la libertad de prensa, de asociación, de opinión, de vivir... Todos los derechos bajo las botas o las orugas de los tanques militares, después de una débil defensa de menos de tres días por parte de un pueblo sorprendido, atacado por la es­palda, engañado y sin preparación para sostener una guerra con los representantes armados del gran capital monopólico de Es­tados Unidos y Chile.

Tan atacado por la espalda como el propio presidente Allen­de, que todavía en la mañana del 11 de septiembre, mientras es­taba cercado, creía en la lealtad de Pinochet y Herman Brady.

Un colaborador de Allende, que estaba trabajando con él la noche del 10 de septiembre, cuando preparaba su rendición frente a las exigencias de la oposición civil, cuenta la dramá­tica ignorancia del Presidente acerca del verdadero papel que estaban jugando sus generales. Copiamos del relato recopilado por la agencia española EFE, el 18 de septiembre:

«En el transcurso de la reunión de trabajo el Presidente fue informado por teléfono del desplazamiento de camiones con tropas de San Felipe (a 100 kilómetros de la capital) en dirección a Santiago. El ministro de Defensa se puso en comunicación telefónica con el general Herman Brady, jefe de la guarnición militar de Santiago y comandante en jefe de la Segunda Divi­sión del Ejército. Este último le indicó a Letelier que no te­nía ninguna noticia, pero que iba a informarse y que lo llamaría de nuevo en 15 ó 20 minutos.

»A las 00.30 horas del martes 11, el ministro repitió su llama­da al general Brady y éste le indicó que se había puesto en con­tacto con San Felipe y que allí "todo se encontraba normal".

»Poco antes de las 07.00 horas el presidente Allende fue des­pertado con la información de que los oficiales de algunas na­ves de la Marina se habían sublevado. En particular, el cru­cero Almirante Latorre y el submarino Simpson. (La verdad era que hacía NUEVE HORAS se había iniciado la invasión de Val­paraíso por la Marina, el puerto estaba ocupado, y ya los tortu­radores y fusileros estaban trabajando duro, en TODAS las pro­vincias de Chile. Y en Santiago, los cordones industriales de Vicuña Mackenna y Los Cerrillos habían sido ocupados por tro­pas, había tiroteos esporádicos, y la parte oriente de Santiago estaba bajo la ocupación de las tropas del general César Raúl Benavides Escobar.)

A las 07.00 Allende llamó por teléfono a los comandantes en jefe y ninguno le contestó.

A las 07.10 conversó Allende telefónicamente con el gene­ral Brady y le dijo que tomara las medidas del caso y "que si no iba a tomarlas que se lo dijera directamente". (A esa hora, Brady estaba en conferencia con los generales Sergio Arellano Stark, jefe de las fuerzas de ocupación de la ciudad de San­tiago; con el general Ernesto Baeza Michelsen, jefe de las fuer­zas de ocupación del centro de Santiago; y con el general Ja­vier Palacios Ruhman, jefe de las fuerzas de ocupación y des­trucción de La Moneda.)

A las 07.30 el presidente Allende llegaba al Palacio de La Moneda.

A las 7.45 se puso en contacto telefónico con Luis Figueroa (comunista), presidente de la Central Ünica de Trabajadores.

A las 7.55 grabó su primer mensaje al país transmitido por Radio Corporación (socialista).

A las 8.00 llamó telefónicamente a Ro­lando Calderón (socialista), secretario general de la CUT. Hasta ese momento había reiterado sus intentos de comunicarse con los comandantes en jefe, sin éxito. Manifestó que temía que estuvieran comprometidos. Indicó igualmente que el general Orlando Ubina (Inspector General del Ejército) no estaba en su casa y tampoco lo estaba el Almirante Montero.

A las 8.20 el edecán aéreo del Presidente, comandante Rober­to Sánchez, llamó por teléfono en el momento en que el doctor Allende estaba grabando la segunda alocución radiofónica. El comandante Sánchez le indicó que se encontraba en el Grupo Siete de la Fuerza Aérea (en Santiago) donde había ido a infor­marse y que el general Gabriel Van Schowen (Jefe del Estado Mayor del Aire) le había manifestado que tenía dispuesto un avión para el presidente Allende. La respuesta a este mensaje fue la siguiente: "Dígale al general Van Schowen que el Pre­sidente de Chile no arranca (no huye) en un avión, y que sepa cumplir con su deber de soldado.

A las 8.30 se escuchó por la radio en La Moneda la primera proclama de la Junta Militar.

El infierno se había desatado finalmente sobre Chile. Toda la inmensa maquinaria de guerra alimentada por el Pentágono había comenzado a marchar por los caminos de Chile, para de­jar un rastro de dolor, miseria, muerte y patentizar la bajeza moral de los oficiales chilenos. Las radioemisoras del Gobierno fueron bombardeadas. Las fábricas fueron ametralladas. Las poblaciones perforadas con tanques. La gran mentira militar cubriendo el país.

A las 7.40 de esa mañana, una mujer sola, la esposa de Allen­de, también comenzó a vivir su pesadilla. Cuenta:

«...el martes a las 7.40 recibí un llamado telefónico que me despertó. Era Salvador que me dijo: "Te hablo desde La Mo­neda. La situación se ha tornado grave. Se sublevó la Marina. Yo voy a quedarme aquí. Tú permanece en Tomás Moro". Prác­ticamente me prohibió salir de la residencia. Estuve pendiente de la radio. Escuché su último mensaje al pueblo de Chile. A las doce ya no me respondió el teléfono de La Moneda. Cerca de las 11.30 horas apareció sobre la residencia un helicóptero de reconocimiento. Para ese entonces no sabía yo que los Carabineros nos habían abandonado. Fue entonces cuando se inicia­ron los bombardeos aéreos. Llegaban los aviones, descargaban sus cohetes y volvían. Entre cada uno de los ataques se desa­taba un tiroteo de locura. La residencia se convirtió en una ma­sa de humo, de olor a pólvora y destrucción. Las últimas lla­madas al Palacio de La Moneda las hice en el suelo, a veces de rodillas y a veces acostada. Cuando estaba en esas condicio­nes me fue a buscar Carlos Tello, mi chófer, que había logrado llevar el automóvil hasta el patio posterior de la casa. Salimos por el colegio de las monjas que queda atrás de la casa. Decidí irme a la casa de Felipe Herrera, por fortuna no nos había se­guido nadie. Allí permanecí todo el día. No pude salir por­que se había establecido el estado de sitio y el toque de queda. Estuve allí sin saber de mi marido y de mis hijos».

El resto de la historia es conocida por todos los pueblos del mundo. Pero hay, tal vez, un detalle que no lo es tanto. Cuando los aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea chilena comenza­ron a bombardear la casa de Tomás Moro para «reducir» a la esposa de Salvador Allende, el primer avión atacante cometió un error muy serio. Confundió el blanco. En vez de dejar caer sus primeros cuatro cohetes sobre Tomás Moro, los dejó caer sobre el Hospital de la Fuerza Aérea de Chile, a unas veinte cuadras del objetivo. «Me confundió el brillo de las ventanas», confesó más tarde el piloto a sus compañeros. Pero sus cohe­tes impactaron en un ala del Hospital de la Fuerza Aérea: uno en el subterráneo-lavandería, otro en el tercer piso, un tercero en la terraza y el cuarto en el jardín. Una enfermera resultó con ambas piernas fracturadas.

Esa noche, el general Leigh declaró por televisión a todo el país que «los marxistas son malvados... No han vacilado en ata­car un hospital... El hospital de la Fuerza Aérea en Las Condes». Y enseguida declaró solemnemente que ahora brillaba el sol para los chilenos, porque serían gobernados por personas ho­nestas, porque «los militares no mentimos jamás».

La casa de Tomás Moro, residencia de los presidentes de Chile, ya había sufrido los primeros efectos del Gobierno de estas personas honestas. Después de ser bombardeada, fue de­jada abierta para el saqueo de turbas de la clase alta, que se vengaron de Allende robándole sus pertenencias. Esos ladro­nes lo eran dos veces, porque pertenecían a las clases más adineradas de Chile.

Pero no sólo el general Gustavo Leigh era un militar «que no miente jamás». También lo era el general Augusto Pinochet, que el 16 de septiembre declaraba por teléfono a la radio franco-lu­xemburguesa RTL lo siguiente: «Pablo Neruda no está muerto y es libre. No matamos a nadie. Si Neruda muere será de muerte natural».

La verdad era otra ese día 16 de septiembre. Primero, había miles de muertos asesinados por orden personal de generales como Pinochet. Segundo, el asesinato del presidente Allende ha­bía sido encubierto con un suicidio fabricado. Tercero, Pablo Neruda, enfermo de cáncer de próstata, en gravísimo estado y con necesidad de atención médica diaria, había sido aislado en su residencia de Isla Negra, por cinco días, por un fiero cor­dón de soldados, que no dejaban pasar nada, ni siquiera medi­cinas, ni salir nada de la residencia del gran poeta. No se ha podido establecer si los generales insurrectos decidieron ase­sinar a Neruda, matándolo «de muerte natural» al aislarlo en Isla Negra cinco días sin atención médica. Pero el hecho es que la muerte de Neruda se produjo por efecto de esos cinco fatí­dicos días desde el 11 al 15 de septiembre, día en que, agonizan­te, fue trasladado a la Clínica Santa María de Santiago. Cuan­do todavía el cuerpo del poeta, agonizante, no salía de Isla Ne­gra, las tropas entraron en la casa y la saquearon, rompieron las pertenencias del poeta, quemaron sus libros y robaron su di­nero. Y la casa de Neruda en Santiago, a los pies del Cerro San Cristóbal, también fue saqueada, o «allanada», que viene a ser lo mismo en el lenguaje de los militares «que no mienten», sus libros quemados y sus pertenencias robadas. El 23 de sep­tiembre falleció Neruda de «muerte natural» provocada por los generales Pinochet, Mendoza, Leigh y el almirante Merino. De los cuatro, tres planearon la muerte de Allende. De los cuatro, todos planearon la muerte de una democracia y la masacre de un pueblo.

El día 24 de septiembre, la agencia France Presse, transmitía esta noticia:

«El cuerpo de Pablo Neruda, muerto ayer, reposaba esta tar­de en las ruinas —abiertas a todos los vientos— de su palomar encaramado en las alturas de Santiago. Hoy, al alba, los mili­tares hicieron un allanamiento en la casa del gran poeta comu­nista chileno. Las ventanas están ahora rotas, el lecho destro­zado, los armarios destruidos y las revistas y los libros quema­dos. El piso de su casa y del palomar que la domina está inun­dado. Neruda reposa en medio de trozos de vidrios, de fotografías desgarradas y de piezas de alfarería precolombina con­vertida en cascotes».

Una semana más tarde, el primero de octubre, los generales y almirantes en contacto con el Pentágono, emitieron el Decreto Ley número 54, por medio del cual se multiplicaron POR DOS los sueldos de los oficiales, colocándose entre los personajes mejor remunerados de Chile. El mismo decreto «bonificaba» con CINCO MIL ESCUDOS a los conscriptos de las Fuerzas Ar­madas. Es decir, un gasto extra de unos 600.000 dólares. Algo así como 40 dólares por civil asesinado desde el día 11 hasta el 30 de septiembre.

40 dólares por el cadáver del muchachito de 14 años, hijo de José Soto, fusilado por los soldados en las puertas de su casa. 40 dólares por el cadáver de Salvador Allende, ametralla­do en el Salón Rojo de la Presidencia. 40 dólares por el cadáver de Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura.12



Notas
1) El almirante José Toribio Merino, en el diario «La Tercera», del 19 de septiembre de 1973, dijo: «Yo acuartelé la guarnición de Valparaíso con el pretexto de buscar armas. Un cuarto para las seis comenzó el plan "silencio". Los buques habían regresado. Cortamos todos los teléfonos, menos uno, y todas las radios, menos la de la Armada. Se dejó el teléfono para que una persona llamara a Santiago a Allende... A la hora justa que nosotros planeamos se supo en San­
tiago. "Pero ya todo el país estaba controlado por las Fuerzas Armadas y Carabineros». Por su parte, Augusto Pinochet, muy ufano de su blitzkrieg contra el pueblo chileno, decía en el diario «La Opinión», de Buenos Aires, el 5 de oc­tubre de 1973:

«...sólo algunos oficiales sabían lo que haríamos. Los envié a Antofagasta, Iquique, Concepción y Valdivia con los últimos detalles, para evitar que se produjeran muertes inútiles, desórdenes. Lo mantuve en secreto hasta 14 horas antes del advenimiento de la Junta de Gobierno Militar. Todo salió de acuerdo a uno de los principios elementales de la estrategia. Allende se preocupó de Valparaíso, cuando el centro de gravedad estaba en la capital».


2) Para la forma en que se hacían esos viajes entre Santiago y el Southern
Command en la Zona del Canal, remito al lector a la nota 27. Respecto a la for­ma minuciosa en que el Southern Command apoyó y asesoró a las Fuerzas Armadas chilenas para la insurrección y su dominio posterior de todo el país, algunos datos adicionales: «Los soldados chilenos reciben diariamente cuatro raciones de alimentos, debidamente enlatadas y selladas en los EE.UU.» («Boletín del
Comité de Solidaridad de Panamá con Chile», enero de 1974, p. 6). «Más de 200
militares, agregados de la última promoción de la Escuela Militar de Chile, lle­garon hace poco a Fort Gulick (Zona del Canal) para ser sometidos a intenso
entrenamiento para combatir guerrillas urbanas» (misma fuente anterior). «Des­de la Zona del Canal, concretamente desde la Base Aérea de Howard, salen aviones que tienen como destino la base aérea chilena en Antofagasta, al norte del país. Hasta allí llegan dos tipos de "solidaridad yanqui". Por un lado, la empresa ITT, instigadora y financista del golpe, se ha comprometido con la Junta a enviar gran cantidad de productos necesarios para el Ejército, la Ma­rina y la Fuerza Aérea chilenas. Los productos yanquis llegan desde California a la Base Howard en la Zona. De ahí salen vía Antofagasta. Por otro lado, desde el 11 de octubre de 1973, rige la circular núm. 17.277 Air Forcé de EE.UU. procedente del Pentágono, según la cual es necesario mantener todo tipo de apoyo logístico a la Junta. Desde el Post Echanze de Corozal, Zona del Canal, según las guías de salidas de productos de ese puesto militar, se consignan grandes cantidades de productos destinados a Chile: parque (balas para fusil M-l; cali­bre 45 para automáticos, gases lacrimógenos, etc.); igualmente productos farmacéuticos y plasma. Llama la atención en los envíos la gran cantidad de drogas, y particularmente, un tipo de alimento que se da a los soldados al momento de ir al combate» (extractado del «Boletín» mencionado, número 6 de junio de 1974, p. 5).
3) El diario «El Mundo» agregaba que el número de serie del avión era USAF-63103289. En la revista «Crawdaddy», de Nueva York, del mes de mayo de 1974, en su página 40 se leía: «Un reportero del periódico semanal "Phoenix", de Boston, comprobó con el Pentágono el mes pasado y un vocero de la Fuerza Aérea confirmó que un avión con ese número de licencia y con esa tripulación había dejado Argentina el día del golpe. El vocero, sin embargo, insistió en que el avión había estado en "misión meteorológica" y que no penetró en el espacio aéreo de Chile. Entretanto, Tim Butz, ex experto de reconocimiento de la U.S. Air Forcé, el cual ahora trabaja para Action Research de la Intelligence Community, examinó una serie de fotografías aéreas del bombardeado Palacio Presiden­cial. Butz informa que las fotos muestran que la zona aledaña está virtualmente intocada mientras que el palacio de Allende estaba totalmente demolido, y afirma que ese tipo de precisión podría solamente ser conseguido con el uso de las avanzadas armas norteamericanas llamadas smart bombs and rockets».
4) Buenos Aires, septiembre 12 de 1973 (Prensa Latina): «Juan Domingo Perón condenó hoy el golpe fascista producido en Chile... Le preguntaron si habría intervención norteamericana en este golpe, y Perón respondió: "No podría demostrarla, pero creo que sí, creo profundamente que sí. Como conozco estos procesos, cómo no voy a saber. Si ayer mismo, los comentarios decían que había farra (fiesta) en el Departamento de Estado"» (publicado en «El Expreso», Lima, 13 de septiembre).

Washington, 12 de septiembre (EFE): «Una organización independiente norteamericana pidió hoy al Senado que investigue la posible participación en la Agencia Central de Inteligencia (CÍA) en el golpe de Estado que ayer derrocó al presidente Allende en Chile. El Comité para una Sociedad Abierta, con sede en Washington pidió al senador William Fulbright, presidente del Comité de RR.EE. del Senado norteamericano, que realice una investigación sobre cualquier su­puesta intervención directa norteamericana en los sucesos de Chile. "Creemos que el Gobierno de los EE.UU. estaba profundamente comprometido en el de­rrocamiento del Gobierno de Allende"... dijo el director William Higss» («El Ex­preso», Lima, misma fecha).

«En cifras globales, hasta el 11 de septiembre de 1973, se requisaron 170 empresas, se intervinieron 155 y se compró un porcentaje importante de las acciones de otras 90, lo que da un total de 415 empresas» (declaración del general Sergio Nuño, vicepresidente de «Corfo», a la revista chilena «Qué Pasa», 2 de noviembre de 1973).

Santiago de Chile, 15 de noviembre (AFP): «Medio centenar de empresas norteamericanas que fueron nacionalizadas por el Gobierno de Allende, serán entregadas a sus antiguos propietarios extranjeros, se confirmó hoy aquí en fuentes de la Junta Militar» (publicado en «El Día», de Buenos Aires).

«En Nueva York, la revista "Business Week" anticipó ayer, 14 de noviembre, que 50 empresas norteamericanas nacionalizadas por Allende serán entregadas a sus antiguos dueños... Añade la revista que "es improbable" qué la ITT vuelva a tener control de la Compañía de Teléfonos de Chile, pero recalca que, en cam­bio, tendrá más posibilidades dé obtener buenas indemnizaciones ("El Día", de Buenos Aires, 16 de noviembre de 1973)».

«Durante la semana pasada llegaron a Chile los expertos de las misiones del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Comité Interamericano para la Alianza para el Progreso y observadores de la OEA... Trabajan en el Banco Central de Chile desde donde toman contacto con los organismos que les inte­resan» (revista chilena «Ercilla», del 14 al 20 de noviembre de 1973).

«En busca de oxígeno fue a USA y Canadá una misión presidida por el can­ciller almirante Ismael Huerta y su resultado fue satisfactorio. Se tomó con­tacto con agencias internacionales y con el Gobierno y empresarios privados norteamericanos, con quienes hay muchos asuntos pendientes» (misma fuente).

Washington, noviembre 5 (UPI): «Chile prometió hoy reparar presuntas injusticias en las expropiaciones de las empresas norteamericanas del cobre, y anunció que renegociará su indemnización. "Es injusto negar indemnización en forma unilateral a las empresas expropiadas, so pretexto de que no pagaron impuestos en años anteriores", dijo el nuevo embajador de Chile en la Casa Blanca, general Walter Heitman».

Diario «El Día», de Buenos Aires, citando el repon del Bank of America sobre el golpe en Chile, el 14 de diciembre de 1973: «El informe dice que "los bancos nacionales en el futuro, como era en el caso anterior de ser nacionali­zados por el Gobierno derrocado, volverán a actuar independientemente y direc­tamente en sus operaciones con el exterior, pero bajo la supervisión del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos".»

Washington, 22 de diciembre (PL): «Chile acordó con los EE.UU. pagarle 124 millones de dólares como primer plazo de su deuda externa y otorgarle "una indemnización justa a los intereses norteamericanos". La decisión fue dada a conocer en un comunicado conjunto del Departamento de Estado y el del Tesoro Nacional del país. El documento del Gobierno norteamericano dice que "la nueva Junta Militar de Chile está comprometida a pagar las compensacio­nes correspondientes a las empresas norteamericanas y asegura un clima pro­picio a las inversiones» («El Expreso», de Lima, 23 de diciembre, página 15).

Nueva York, 4 de enero de 1974 (Reuter Latin): «La Dow Chemical dijo hoy haber firmado un contrato con el Gobierno chileno para retomar la Administración de dos compañías (en Chile)... Fernando Leniz, ministro de Economía, ex­presó que el Gobierno tiene listo un plan para devolver a sus propietarios pri­vados los bancos estatizados durante el régimen del extinto presidente Salvador Allende».

Washington, 28 de enero (AP): «El "New York Times", en un artículo acerca de la situación chilena a cuatro meses del golpe militar, dice que el programa económico de la Junta ha logrado el elogio de los economistas conservadores... Agrega el artículo que en los barrios pobres existe temor por la represión, y que allí las libertades civiles importan ahora menos que los precios de los alimentos».

Diario «El Mercurio», de Chile, 19 de enero: «Robert Haldeman, alto ejecutivo de la Braden Copper, propietaria hasta 1971 de la mina de cobre El Te­niente, llegó al país... Se reunió con Eduardo Simián, asesor de la Junta... Des­pués de sus reuniones en Santiago, ha iniciado una gira por los grandes yaci­mientos cupríferos, visitando especialmente Chuquicamata»...

Santiago de Chile, enero 23 (AP): «Trece industrias textiles estatales serán devueltas a sus antiguos propietarios (eran monopolios textiles de los clanes Yarur, Sumar e Hirmas, en sociedad con capitales norteamericanos de Chase Manhattan Bank). En noviembre pasado se publicó la lista de las primeras 88 empresas devueltas, incluidas fábricas de conservas, ropa, madereras, metalúrgicas y otras.

Washington, 29 de enero (AP): «El Servicio de Inteligencia Económica Rundt... informa que... los empresarios se sintieron grandemente aliviados por el cam­bio de Gobierno, y ese espíritu fue afianzado cuando se devolvieron las propie­dades incautadas por el presidente Allende»...

Washington, 8 de febrero (EFE): «El Gobierno chileno pagó hoy más de millón y medio de dólares a los EE.UU. en compensación por la nacionalización de compañías de cobre y productoras de papel con interés norteamericano».

Mendoza, Argentina, 28 de marzo (PL): «Respecto al pago de indemnizaciones (a la Anaconda y la Kennecott), el asesor económico de la Junta, Raúl Sáez, anunció que su monto oscilará "entre 300 y 600 millones de dólares"».

Santiago, 13 de abril: «La General Motors ha aceptado formalmente regresar a Chile después de haber suspendido sus operaciones bajo el ex presidente Allende» (extractado del Miami Herald, del 14 de abril de 1974).

Santiago de Chile (inserción de la Embajada de Chile en Panamá, en «La Estrella de Panamá», del 30 de mayo de 1974): «Ya se ha superado la etapa de la regularización de unos 3000 predios agrícolas que habían sido expropiados ilegalmente por el anterior régimen marxista.» (Esto significa la devolución a los latifundistas de casi el 50 % de la tierra expropiada por la reforma agraria durante las administraciones de Frei y Allende).

Santiago de Chile, 13 de junio de 1974 (AP): «El Gobierno puso ayer en venta 107 empresas que fueron expropiadas durante los tres años del Gobierno del extinto presidente Salvador Allende... La Corfo publicó una lista de un total de 150 firmas que serán devueltas al sector privado... En la lista figuran 7 empresas que operaban con capital norteamericano, dos con británico y una con italiano... Hace nueve meses, la Junta Militar devolvió alrededor de 90 empresas a sus anteriores propietarios... Un vocero de la Corfo dijo que el Estado ven­derá todas las empresas actualmente bajo su control, con excepción de los ser­vicios públicos o estratégicos (extractado de «La Estrella de Panamá», 14 de junio 1974).


5) Como ejemplo, veamos los comandantes en jefe del Ejército.

General Luis Miqueles Caridi, comandante en jefe en 1967: cursos en Fort Belvoir y Fort Monmouth en 1941 y 1942. En 1952, Misión Militar en la Embajada en Washington. General Sergio Castillo Aranguiz, comandante en jefe en 1968: Fort Knox en 1949. General René Schneider Chereau, comandante en jefe 1969-70: Fort Benning, en 1953.

General Carlos Prats González, comandante en jefe 1970-73: Fort Leavenworth, en 1954.

General Augusto Pinochet, comandante en jefe desde 1973: Fort Leavénworth, en 1955, y Southern Command en 1956. Misión Militar en Washington en 1956.


6) Hay algunas frases alrededor de la idea, las cuales, probablemente pasarán
a la historia, como ésta, del general Augusto Pinochet, a la revista «TIME», reproducida por el semanario «Punto en Domingo», de Caracas, del 30 de septiembre de 1973: «La democracia lleva en su seno la semilla de su propia destruc­ción. La democracia debe cada cierto tiempo BAÑARSE EN SANGRE para que pueda continuar siendo democracia».

Por su parte, el general Sergio Arellano Stark, jefe de la guarnición de Santiago, dijo, el 23 de diciembre de 1973, en el Canal 13TV, a las once de la noche, que «en realidad los muertos no son tantos... SI HUBIERA HABIDO SETECIEN­TOS MIL MUERTOS, como dicen algunos, YA NO TENDRÍAMOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD».

Estas ideas tienen antecedentes civiles, como la declaración del diputado nacional, Patricio Phillips, en este mismo programa, en febrero de 1973: «NOSOTROS TENEMOS QUE TENER CLARO QUE EL MEJOR MARXISTA, ES EL MARXISTA MUERTO».

O también, la declaración, a gritos, del diputado nacional Domingo Godoy Matte, el primero de julio de 1973, en la Cámara de Diputados: «Que no se ale gren los marxistas, ¡YAKARTA va!» (refiriéndose a la idea planteada por Patria y Libertad de una operación Yakarta en Chile, copiando la de Indonesia en 1965, cuando fueron asesinados más de 300.000 civiles por las tropas insurrectas, acusándolos de «comunistas»).


7) A partir de abril de 1974, se desarrolló un violento conflicto entre los generales y la Iglesia Católica, porque ésta, a través de su cardenal Raúl Silva
Henríquez comenzó a protestar por los asesinatos, detenciones arbitrarias y torturas, además de miseria nunca vista antes en el país, a que era condenado el
pueblo chileno. El día 14 de abril, el cardenal dijo en una homilía en la Catedral de Santiago: «Lo hemos dicho a nuestro pueblo, a nuestras autoridades, que no se puede faltar a los principios del respeto al hombre, los derechos humanos son sagrados, nadie puede violarlos. Por eso, hoy día lloramos el dolor del padre que presencia el desgarramiento de su familia, la lucha entre sus hijos, la muerte de algunos de ellos, la prisión y el dolor de muchos de ellos... Hemos dicho que la violencia sólo genera la violencia y que ese no es el ca­mino».

Más tarde, el 24 de abril, la mayoría de los obispos católicos emitieron un documento dramático, en que denuncian «las delaciones», «los falsos rumores», «el aumento de la cesantía y los despidos arbitrarios o por razones ideo­lógicas», que «los asalariados debencargar con una cuota excesiva de sacrificio», «la falta de resguardos jurídicos eficaces para la seguridad personal», «detencio­nes arbitrarias o excesivamente prolongadas», «interrogatorios con apremios fí­sicos y morales»... «Hay derechos que tocan la dignidad misma de la persona humana, y ellos son absolutos e inviolables». Esto provocó una reacción airadísi­ma de la Junta, cuyo vocero, el general Gustavo Leigh, dijo: «Los obispos son instrumentos del marxismo internacional» (publicado el 30 de abril de 1974, en “El Mercurio», de Santiago).
8) Cuando se desencadenó el golpe militar del 11 de septiembre, había dos grupos políticos bastante preparados para soportar el ataque: el MIR (Movi­miento de Izquierda Revolucionaria) y el PCR (Partido Comunista Revoluciona­rio) los cuales tenían un aparato de información clandestino desde el comienzo del Gobierno de la Unidad Popular (incluyendo la clandestinidad de la abru­madora mayoría de sus miembros activos). Estos dos aparatos de información, más los restos en reorganización del PS y el PC, permitieron al autor hacer una reconstrucción sumamente aproximada de las bajas de la batalla de septiembre. A principios de 1974, el diputado francés Gustav Ansart, del Parlamento Inter­nacional con sede en Estrasburgo (Francia), dio a la publicidad cifras muy se­mejantes, que eran así: 15.000 muertos; 30.000 presos políticos; 200.000 trabajado­res expulsados de sus centros de trabajo por haber pertenecido a la Unidad Popular o simpatizado con ella, y 25.000 estudiantes expulsados de las universi­dades. El 5 de diciembre de 1975, Martin Reynolds, de la UPI, en recuento no­ticioso anual publicado en «El Comercio», de Lima, dice «el 5 de octubre se revela que según los cálculos de la CÍA, unas 3.000 personas murieron en el proceso de consolidación del golpe militar en Chile». Se agregaba que 250 miem­bros de Patria y Libertad habían sido adiestrados por militares de Paraguay, Bolivia y Brasil, los cuales, previamente, habían recibido adiestramiento en la Zona del Canal de Panamá.

Por su parte, los militares chilenos, más conservadores, informaban el 4 de octubre que las bajas fueron 476 civiles y 17 militares. Pero, en marzo, a la revista «Ercilla», de Chile, el general Augusto Pinochet declaró otra cosa: «He­mos tenido 1.600 muertos, de los cuales 200 fueron de nuestro lado.»
9) Entre los torturadores, han sido identificados con precisión, los siguientes: capitán Bender Hoffer (en Chillan), coronel Manuel Contreras Sepúlveda (regimiento Tejas Verdes, en San Antonio), el teniente Medina (en la cárcel de Rancagua), el coronel Horacio Oteiza, el general Orlando Gutiérrez, el capitán Nelson Arturo Duffey, el capitán Víctor Matic, el capitán Florencio Dublé, el capitán Alvaro Gutiérrez, el teniente José García Huidoro, el capitán Alberto Bastendorf, el auditor de guerra Christian Rodríguez, el comandante de es­cuadrilla Jaime Lavín Parina, el comandante de grupo Gonzalo Pérez Canto, el comandante Erick Barrientos Cartagena y el comandante de escuadrilla Edgardo Ceballos, todos de las bases aéreas 7 y 10 de Santiago. Y coronel Daniel Ivaceta, de Carabineros, en Santiago.
10) De este espeluznante tipo de torturas hay centenares de testimonios. Uno de ellos, presentado a la Comisión Internacional de Helsinki, que funciona desde el 21 de marzo de 1974, sirve de prueba abrumadora, porque se puede dar el nombre de la torturada, ya que ahora está segura en otro país del mundo. La denuncia, hecha en forma de carta-testimonio enviada a Chile, a los propios militares, dice en parte:

«Conocemos, señor Daniel Ivaceta, cómo usted interrogó y torturó a Ana Alicia Flores, chilena, de 25 años, profesora de educación física en Santiago, es­posa de Manuel Matamoros, gerente de Banco durante el Gobierno del Presidente Allende». El relato cuenta que las torturas fueron para saber dónde estaba Matamoros. Hubo golpes, insultos y «esperaba unos segundos y al no obtener respuesta la despojaba de una prenda de vestir». «La golpeaba en la cabeza, en el pecho, enrollaba sus cabellos en el puño, le echaba la cabeza hacia atrás y le golpeaba el rostro». Después cuenta que la dejaron sola, pasó un rato, y la ba­jaron, en camisa y calzada, dos pisos más abajo en el Cuartel Zañartu, de Ca­rabineros, en Santiago. «Allí la esperaba usted, señor Daniel Ivaceta y cinco oficiales. Eran hombres mayores, con canas, aproximadamente de su edad. Antes de empezar el interrogatorio, usted y sus compinches la obligaron a quedarse desnuda, y así, en cueros, le ordenaron que pasara por delante de ustedes, viejos repugnantes. Después la obligaron a que corriera y bailara. Claro está que Ana Alicia Flores no podía bailar. Entonces la obligaron a que se tumbara en el suelo, después la echaron sobre la mesa que tenían delante y, usted, señor Ivaceta, empezó a desnudarse primero... La infeliz encontró fuerzas para saltar de la mesa, correr hasta un rincón de la habitación y lanzar a sus mugrientos y sudorosos rostros todo lo que pensaba de ustedes... Desfallecida, la echaron sobre la mesa y tres de ustedes la violaron»... El testimonio cuenta que la víctima se desmayó y la encerraron hasta el día siguiente. Ese día, nuevo interrogatorio y «juntos le pegasteis de nuevo, luego la violasteis, y ella otra vez perdió el conocimiento». Pero Alicia Flores no respondió (no sabía dónde estaba su marido, de todas maneras). «Al día siguiente usted la echó de la comisaría, com­prendiendo que con ella no iba a lograr nada. La metieron en un vehículo, semidesnuda y manchada de sangre, la llevaron a varias cuadras de la comisaría... y la dejaron en la calle. Unas personas desconocidas le ayudaron a llegar a casa».
11) El 23 de marzo se denunció ante la Comisión Internacional de Helsinki esté hecho, con documentación que fue aceptada como valedera por parte del presidente del Comité Organizador, ministro de Instrucción Pública de Finlan­dia, Ulf Sundkwist, y de los miembros del Comité. La asesoría ha producido torturas muy refinadas, de tipo moral, como la hecha a Clodomiro Almeyda, mi­nistro de RR.EE. de Allende, que estuvo quince días con la vista vendada, día y noche, en la Academia de Guerra Aérea de Santiago, según expresó al director del diario «El Excelsior», de México. El mismo periódico, el 16 de mayo reprodujo un detallado informe sobre las torturas realizadas por estos «técnicos milita­res», según unas denuncias de obispos católicos, líderes protestantes y rabinos judíos en Chile.
12) En septiembre de 1973, el grupo Pro Justicia y Paz de Chicago, escribía un informe titulado Chile: Hora Cero, que decía: «La política de EE.UU. en Chile no fue: dejémosle solo, sino: cortemos su yugular, quitémosle la comida y el agua, forcémosle a morirse económicamente y después mirémosle caer. Mien­tras suspendían toda ayuda económica, los EE.UU. seguían contentos enviando ayuda militar a la nación y ocurrió que la ayuda económica militar de Nixon a Chile en 1974 es la más grande jamás recibida. Nixon es tan inocente en Chile como lo fue en la última campaña electoral: Chile es un Watergate con pasaporte» (tomado de «Diálogo Social», 9 de octubre de 1973, Panamá).

Cable de la AP, del 11 de septiembre de 1973: «...para el año fiscal de 1974, el presupuesto del Gobierno Nixon tenía asignado UN MILLÓN DE DOLARES para el adiestramiento de oficiales chilenos, una de las cifras más altas para cualquier país del mundo».

Instituto de Estudios Estratégicos dé Londres, informe anual de 1973: «Chile fue en 1972, el país latinoamericano con más alto gasto militar per capita: 36 dó­lares por habitante, que equivalen al 4,6 % del PNB».

Los 40 dólares por muerto producido por los generales chilenos, tuvieron un fruto impresionante, según recopilación de informaciones oficiales a través de cables AP, UPI, EFE y AFP:

24 de octubre de 1973. El Agricultural Department de EE.UU. presta 24 millones de dólares a la Junta para adquirir trigo. Había sido pedido el 26 de sep­tiembre por los generales, y es el mayor crédito en la historia de Chile para ese propósito. Durante los tres años de Allende, sólo se obtuvieron 3.200.000 dólares. Entre 1962 y 1965, se obtuvieron 6.500.000 dólares.

8 de noviembre de 1973. 20.000.000 de dólares para electrificación rural.



9 de noviembre de 1973. 24.000.000 de dólares para artículos manufacturados, concedidos por el Manufacturers Hannover Trust, y 20.000.000 de dólares para el Banco Central; 8 bancos de EE.UU. y 2 de Canadá ofrecen 150.000.000 de dólares en préstamos a la Junta. James Green, presidente de la Asociación de Banqueros de Nueva York, al firmar el convenio, dice: «Extender la mano al nuevo Gobierno chileno, en una ayuda psicológica y de buena fe».

14 de noviembre de 1973. 28.000.000 de dólares de préstamo para comprar maíz, del Agricultural Department de EE.UU., batiendo otro récord para Chile (por supuesto a tres años plazo y 9,5 % a 10,5 % de interés anual).

12 de diciembre de 1973. 80.000.000 de dólares del FMI, batiendo otro récord para Chile.

18 de enero de 1974. El BID ha concedido 128.000.000 de dólares en préstamos a la Junta. En los últimos 14 años, antes del 11 de septiembre de 1973, Chile había recibido un total de 314,1 millones de dólares del BID.

Apéndice

El Pentágono, la C. I A. Kíssinger y los generales de la junta chilena

En los últimos veintidós días de septiembre de 1974 ocu­rrieron tres sucesos dramáticos, dos en Estados Unidos y uno en Argentina, los cuales, aparentemente desconectados entre sí, fueron, sin embargo, parte de la trama que conduce a cono­cer el argumento completo del derrocamiento sangriento del gobierno constitucional de Chile en septiembre de 1973, la par­ticipación de sectores de poder de los Estados Unidos en él, y las maniobras que hoy se hacen para ocultar a los verdaderos actores estadounidenses de esa trágica pieza fascista.

Los tres sucesos son los siguientes:



1) El «New York Times», el 8 de septiembre, da a conocer pruebas irrefutables (con los extractos del testimonio del propio jefe de la CÍA) de los esfuerzos del gobierno norteamericano, entre 1970 y 1973, para derrocar al gobierno chileno de la época.

2) El presidente de los Estados Unidos, en una conferencia de prensa sostenida el 17 de septiembre, admite como válidos los esfuerzos del gobierno de su país para derrocar al extinto presidente Allende, de Chile.

3) El 30 de septiembre, es asesinado en Buenos Aires el ex comandante en jefe del ejército chileno, general de división (R) Carlos Prats González.

Los dos primeros sucesos dejaban en claro las siguientes cosas: La CÍA gastó más de ocho millones de dólares entre 1970 y 1973 para derribar el gobierno legal de Chile, y lo hizo con el visto bueno, la aprobación y la complacencia del presidente de los Estados Unidos; el secretario de estado Henry Kissinger aprobó personalmente el complot. El actual presidente de los Estados Unidos encuentra «moralmente» apropiado que la Ca­sa Blanca conspire para cambiar gobiernos en otros países.

Hasta aquí, todo claro, excepto por un pequeño, importan­te, y fundamental detalle.



No fue la CÍA la que tuvo un papel fundamental en los pre­parativos para el derrocamiento y asesinato de Allende y pos­terior masacre del pueblo chileno. Al revés, la CÍA cometió errores de apreciación (asesinato del comandante en jefe del ejército chileno en octubre de 1970, general de división René Schneider) y de subestimación de la capacidad de organiza­ción del pueblo chileno (gran huelga empresarial de octubre de 1972). Errores que le costaron perder «el liderato» en el complot norteamericano para acabar con el gobierno constitucional de Santiago. Y no fue la CÍA, sino el Pentágono quien convenció, sobornó y planificó, en unión con los actuales gene­rales de la Junta fascista chilena, el asesinato de la democracia en mi país.

Así pues, la publicación en septiembre de 1974 de los testi­monios de William E. Colby, director de la Agencia Central de Inteligencia, dados en abril del mismo año en una audiencia top-secret del senado norteamericano, ¿para qué servía en rea­lidad?

Notoriamente, para dos propósitos: uno, hacer de la CÍA un chivo expiatorio norteamericano de la ingerencia del gobier­no de Washington en los sucesos de Chile, y, dos, para «des­estabilizar» la posición del Secretario de estado Henry Kissin­ger en la actual pblítica interna de los Estados Unidos.

Del segundo suceso no me ocuparé aquí porque correspon­de a problemas internos de la política de los Estados Unidos, que no me incumben. Pero del primero sí me ocuparé, porque tiene que ver con el infierno que los generales del Pentágono, vía sus títeres militares en las fuerzas armadas chilenas, desataron en mi patria.

¿Para qué —podía uno pensar— se destapaba así, en sep­tiembre de 1974, el papel intervencionista de la CÍA en los asun­tos políticos internos de Chile? Claro, para ocultar la culpabilidad de los verdaderos protagonistas del drama: los generales del Pentágono. Y eso, porque los hechos y los dichos de los generales títeres chilenos estaban causando una tal conmoción en el mundo, incluyendo la opinión pública de los Estados Uni­dos, que necesariamente debía llegar el momento en que los polí­ticos de este país tuvieran que responder a la inquietud de sus electores, sobre todo teniendo en cuenta los renovadores aires de Watergate.

En suma, para nosotros los chilenos, conocedores del inte­rior de la trama que puso al fascismo en el cuello del pueblo chileno, estaba claro la noche del 8 de septiembre que el «nue­vo Watergate» desatado por el «New York Times», señalando a la CIA y a Kissinger como chivos expiatorios del golpe de Chi­le, ocultaba las manos del Pentágono en el suceso.

Dos hechos posteriores lo probaron. Uno ocurrió el 9 de septiembre, cuando Kissinger autorizó a su vocero, Robert Anderson, para decir que «el Comité de los 40 actúa solamente con la aprobación unánime de sus cinco miembros»... y que «el Comité de los 40 somete sus decisiones a la aprobación per­sonal del Presidente, antes de llevarlas a cabo». («The New York Times», 11 de septiembre 1974, en la crónica «Censored Matter in Book about CIA Said to Have Relate Chile Activities»).

Kissinger esquivaba el bulto de dos formas: pasando la res­ponsabilidad al caído señor Richard Nixon, y apuntando con el dedo a la composición de los cinco miembros del Comité de los 40, organismo superior de inteligencia de los Estados Uni­dos... ¡en el cual tienen mayoría de votos los representantes del Pentágono! Veamos la composición del Comité de los 40:

1) El señor Henry Kissinger que, por su cargo, tiene que tomar en cuenta los informes de seguridad nacional proporcio­nados por el Pentágono sobre cualquier tema importante; 2) el presidente del Estado Mayor General Conjunto (Joint Chiefs of Staff), es decir, el superjefe del Pentágono; 3) el subsecretario de Defensa, es decir, un funcionario directamente manejado por el Pentágono; 4) el subsecretario de Estado para asuntos polí­ticos directamente bajo la presidencia de la República, y 5) el director de la CÍA.

En suma, tal como lo pensó el asesinado presidente John Kennedy al crear el Comité de los 40 después de la frustrada invasión a Cuba de la CÍA en 1961, este comité ponía a la CÍA bajo la vigilancia del Pentágono y de la presidencia de los Es­tados Unidos... ¡Y eso, probablemente, era lo que quería señalar Kissinger, a través de su vocero, el 9 de septiembre, en un in­tento de defenderse del Watergate que se le venía encima...! ¡señalar que si la CÍA actuó en Chile, lo hizo por aprobación del Pentágono y del Presidente Nixon!

Tres semanas más tarde, vino el asesinato del ex comandan­te en jefe del ejército chileno, residente en Buenos Aires desde una semana después de haber triunfado la conspiración Pentá­gono-generales fascistas chilenos, el general de división (R) Car­los Prats González.

¿Por qué asesinar a Prats ahora? Porque Prats, como jefe del ejército chileno hasta fines de agosto de 1973, conoció las maniobras del Pentágono para derrocar a Allende, conoció el «informe Perú» del Pentágono leído a los generales chilenos en noviembre de 1972, conoció las instrucciones de jefe del Estado Mayor General Conjunto de los Estados Unidos (uno de los cinco del Comité de los 40), a los generales chilenos para derrocar el régimen constitucional de Chile, y conoció tanto todo esto, que a fines de agosto de 1973 renunció a su cargo de comandante en jefe para no ser cómplice de la desvergüenza universal que se iba a dejar caer sobre el generalato chileno a partir del 11 de septiembre.

En una palabra: el ex jefe del ejército chileno era el único testigo de graduación máxima en situación de decir que no ha­bía sido la CÍA sino el Pentágono el jefe del complot para ase­sinar la democracia chilena. Había que asesinarlo. (Esto no es nuevo para la opinión pública norteamericana. La lista de tes­tigos clave asesinados a propósito de los asesinatos de John Kennedy, Martin Luther King, Robert Kennedy y otras figuras menores es interminable).
Nueve puntos
Sin embargo, es bueno acercarnos más al detalle del asunto. De acuerdo a la crónica firmada por Seymour M. Hersh, del «New York Times» del 8 de septiembre de 1974, las declaracio­nes del señor Colby (director de la CÍA), el día 22 de abril, al Subcomité de Inteligencia sobre los Servicios Armados de la Cámara de Representantes, podrían resumirse en nueve puntos fundamentales:
1) Las operaciones de la agencia, desde 1970 hasta 1973, fueron consideradas como una prueba para la técnica de utilizar fuertes pagos en efectivo a fin de derribar un gobierno con­siderado como antagónico para los Estados Unidos.
2) El señor Colby afirmó también que todas las operacio­nes de la agencia contra el Gobierno Allende fueron aprobadas por adelantado en el Comité de los 40 en Washington, un or­ganismo secreto de alto nivel para la inteligencia dirigido por el secretario de Estado Kissinger (...es decir, el Comité de los 40, en el cual tienen mayoría de votos el Pentágono, autorizó a la CÍA su intervención de apoyo a las maniobras del Pentágono para poner a los generales títeres chilenos en el poder, destru­yendo la democracia chilena).
3) El testimonio del señor Colby indica que altos funciona­rios en el Departamento de Estado y la Casa Blanca engañaron repetida y deliberadamente al público y al Congreso acerca de la magnitud de la acción de los Estados Unidos al introducirse en los asuntos internos de Chile durante los tres años del go­bierno del doctor Allende (los recientes sucesos de Watergate no hacen de este hecho una novedad para el público norteame­ricano).
4) El señor Colby testimonió que 500.000 dólares fueron autorizados secretamente por el Comité de los 40 en 1970 para ayudar a las fuerzas anti-Allende. Otros 500.000 dólares fueron proporcionados a las mismas fuerzas en 1969, dijo el señor Colby. (Esto tiene que ver con el primer gran fracaso de la CIA en Chile contra Allende, en octubre de 1970, cuando el Pen­tágono debió intervenir incluso para exigir a Nixon que orde­nara a la CÍA desistir de su descabellado plan para impedir que Allende fuera ungido presidente en el Congreso chileno, el 24 de octubre de ese año).
5) Testimonió que habían sido autorizados 350.000 dóla­res por el Comité de los 40 en un fracasado esfuerzo para so­bornar a miembros del Congreso chileno. El soborno era parte de un complot mucho más complicado cuyo fin era desconocer los resultados de la elección (presidencial), aseguró el señor Colby, pero todo el plan, aunque inicialmente aprobado por el Comité de los 40, fue más tarde rechazado por impracticable. (Es una verdadera lástima no contar en la actualidad con un testigo responsable del Pentágono, para saber si esta historia de los sobornos se repitió con los generales que actualmente mantienen al pueblo chileno bajo la bayoneta.)
6) El director de la CIA también dijo que después de la elección de Allende, el Comité de los 40 autorizó cinco millones de dólares para mayores esfuerzos de «desequilibrio» en 1971, 1972 y 1973. Una cantidad adicional de un millón y medio fue proporcionada para ayudar a los candidatos anti-Allende en las elecciones generales del año pasado. Algunos de esos fondos fueron proporcionados, testimonió el señor Colby, a un periódi­co influyente anti-allendista en Santiago, al cual no identificó (a partir de 1972, esta parte del trabajo de la CIA se hizo en concordancia con el trabajo del Pentágono: mientras la CIA «desequilibraba», el Pentágono «equilibraba» a los generales chilenos en torno al plan para destruir la democracia chilena. La CIA hacía el trabajo sucio público, mientras el Pentágono hacía el trabajo sucio secreto.)
7) El señor Harrington (representante demócrata por Massachusetts que reveló el testimonio Colby en carta del 18 de julio de 1974) señaló que «se proveyeron fondos a personas, par­tidos políticos y medios de comunicación en Chile, a través de canales en otros países, tanto en América Latina como en Europa... La descripción de esas operaciones por parte del señor Colby fue directa, aunque no hasta el punto de identificar los contactos y conductos reales», añadió el señor Harrington.
8) El señor Harrington citó al señor Colby testimoniando que el Comité de los 40 autorizó un gasto de un millón para actividades de «un mayor desequilibrio político» en agosto de 1973, un mes antes de que la junta militar se hiciera con el po­der en Santiago... «Todo el plan autorizado en agosto fue can­celado cuando ocurrió el golpe militar menos de un mes más tarde», escribió el señor Harrington. Agregó que, sin embargo, el señor Colby había testimoniado que habían sido gastados 34.000 dólares de esos fondos incluyendo un pago de 25.000 dólares a una persona para comprar una radioemisora... (Esto demuestra cómo el Pentágono, por encima del Comité de los 40, y por lo mismo, por encima del Presidente Nixon, llevaba ade­lante su propio complot en Chile, sin contarle a nadie los deta­lles... ¿Cómo se llama esto? ¿Un estado dentro de otro estado? ¿Una especie de gobierno militar-industrial más arriba de la Ca­sa Blanca cuando es necesario?)
9) Complementando las declaraciones del señor Colby, los reporteros del «New York Times» consultaron a funcionarios de gobierno y obtuvieron esto: «en el período antes del golpe», dijo un funcionario, «en el Comité de los 40 había el convenci­miento absoluto., de que el gobierno Allende estaba destinado a desmoronarse y que era necesario desacreditarlo en todos los aspectos... El Departamento de Estado apoyaba esto, pero de un modo diferente... La discusión era entre aquellos que desea­ban usar la fuerza y terminar rápidamente con él (el gobierno chileno) y los que deseaban que se desmoronara solo. Henry Kissinger estaba del lado de los primeros... Todos los funcio­narios entrevistados pusieron énfasis en que la Agencia Central de Inteligencia no fue autorizada para jugar ningún papel di­recto en el golpe que derrocó a Allende». (Este punto es muy importante. Prueba que Kissinger actuaba según había deci­dido el Pentágono ya en noviembre de 1972, derribar a Allen­de con un golpe militar dirigido por los generales chilenos al servicio del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, que el Departamento de Estado no sabía del «plan duro» del Pen­tágono, y que el Comité de los 40, manejado por el Pentágono, había prohibido a la CIA entorpecer con acciones directas el complot altos mandos Estados Unidos-Chile en marcha ininte­rrumpida desde fines de 1972).

En suma, Kissinger, el Departamento de Estado y la CIA, aunque cómplices en el derrocamiento del gobierno constitucio­nal de Chile, jugaron un papel secundario en comparación con el Pentágono, director verdadero de toda la trama.
¿Quién gobierna a quién?
En Chicago, el 16 de septiembre de 1970, cuando Kissinger era funcionario del Pentágono, es decir era asesor de Nixon para asuntos de seguridad nacional, dijo, de acuerdo al «New York Times» del 11 de septiembre de 1974:

«...La asunción de Allende (a la presidencia) en Chile pre­sentará masivos problemas para nosotros, y en verdad para todo el hemisferio occidental... ustedes tendrán un gobierno comunista en un país principal latinoamericano, junto a, por ejemplo, la Argentina, que está profundamente dividida... a Pe­rú, que ha estado ya caminando en direcciones difíciles de tra­tar... y Bolivia, que ha ido en una dirección más a la izquierda, más anti Estados Unidos... Estamos mirando de cerca la si­tuación. Y ella no es una en la cual sea muy grande nuestra ca­pacidad para influir...»

El señor Kissinger, en esta apresurada declaración hecha sólo doce días después que Allende ganara las elecciones pre­sidenciales chilenas, cometió dos errores que sus jefes immediatos en asuntos de seguridad no cometieron: primero, Kissinger calificó a Allende de comunista, lo cual estaba muy lejos de la realidad, tanto, que pocas semanas después el propio Pentágo­no estuvo de acuerdo con el informe de los generales chilenos acerca de que Allende podía hacer un gobierno que aplacara el ardor revolucionario del pueblo chileno, impidiendo, preci­samente, la revolución social en Chile... las esperanzas del Pentágono fueron frustradas por el empuje del pueblo chileno, y en noviembre de 1972 cambió de opinión y estimó que no había otra salida... para la seguridad de los Estados Unidos... que estrangular la democracia burguesa en Chile. Segundo, Kissin­ger señaló públicamente el itinerario de los «esfuerzos» de las fuerzas monopólicas que gobiernan en Washington para cam­biar gobiernos en América Latina: Argentina, Perú, Bolivia, Chi­le. Hoy, cuatro años más tarde, cada lector puede sacar sus propias cuentas, tanto en gobiernos derrocados como en cons­piraciones frustradas con la marca made in USA.

Pero, vamos a la esencia del asunto, ¿por qué el Pentágono ordenó a los generales chilenos asesinar a Allende y a la de­mocracia burguesa chilena? Para impedir por medio de ese asesinato real e histórico, aunque transitoriamente, que el pue­blo chileno hiciera la revolución social y se liberara del control que sobre él tienen los grandes consorcios multinacionales con casa matriz en Estados Unidos. Dicho de otro modo, los gene­rales chilenos, al derrocar a Allende, lo hicieron para proteger, primero, los intereses de grandes empresas monopólicas nor­teamericanas, y, segundo, los intereses de grandes empresas monopólicas chilenas.

Los hechos posteriores al 11 de septiembre de 1973 prueban este hecho, y hacen comprender por qué el Pentágono, complejo militar estrechamente ligado a los intereses monopólicos de los grandes consorcios norteamericanos, fue el jefe de toda la conspiración.

Quince días después del golpe militar, el 26 de septiembre de 1973, los generales chilenos piden al Departamento de Agri­cultura de los Estados Unidos un préstamo de 24 millones de dólares para comprar trigo. Era el mayor crédito pedido en la historia de Chile para ese propósito al gobierno de Washington. El 24 de octubre... menos de treinta días después... fue con­cedido. Veinte días más tarde, el 14 de noviembre, el mismo Departamento de Agricultura concede un préstamo de 28 millones de dólares a los generales chilenos, para comprar maíz, en los Estados Unidos, por supuesto.

Es bueno saber que durante el período de Allende, tres años, ese departamento yanqui le concedió préstamos por tres millones de dólares. A los generales, en dos meses, 52 millones de dólares.

El 9 de noviembre, es decir, cinco días antes, el Manufacturers Hannover Trust de Nueva York presta 24 millones de dó­lares a los generales «para compra de artículos de consumo habitual».

El día 2 de marzo de 1974, el ministro de Economía de los generales, Fernando Léniz, en el periódico «El Mercurio» seña­la que «ya hemos concretado los siguientes préstamos: 95 mi­llones de dólares del Fondo Monetario Internacional; 10 millo­nes de la AID; 13 millones del Banco Mundial; 93 millones del Banco Interamericano de Desarrollo; otros 50 millones del BID prometidos para septiembre, y uno adicional del mismo bando de 24 millones de dólares para 24 meses»... y que «existen va­rias operaciones crediticias en marcha con empresas del área privada de Estados Unidos y otras naciones».

El 6 de abril, «El Mercurio» informa que el EXIMBANK ha otorgado garantía para los créditos de empresas privadas nor­teamericanas a Chile a corto y mediano plazo, y el general de brigada Eduardo Cano, presidente del Banco Central de Chile, dice que «la decisión de EXIMBANK muestra la confianza de la comunidad financiera internacional en las favorables pers­pectivas de la economía chilena»...



Al parecer, la «comunidad financiera internacional» se re­fiere a los Estados Unidos. Es cuestión de sacar las cuentas. 285 millones de dólares de las alegres cuentas de Léniz, más 52 millones del Departamento de Agricultura y 24 millones del Hannover Trust, hacen 360 millones de dólares para los genéra­les chilenos en seis meses.

Hay que comparar estas cifras del Banco Central de Chile: préstamos de la misma categoría en 1967: 124 millones de dó­lares; en 1968: 304 millones de dólares; en 1969: 263 millones de dólares; en 1970: 148 millones de dólares; en 1971: 45 millo­nes de dólares; en 1972: cero; en 1973, hasta el derrocamiento de Allende, cero.

Hay más cifras, como la petición de la Junta al BID, en mayo de 1974, por 297 millones de dólares adicionales. Como las nuevas inversiones de consorcios como Dow Chemical, General Motors, Ford Motor y ADELA, como los pagos de indem­nización por 42 millones de dólares para la Cerro Corporation (el gobierno derrocado había fijado en 31 millones esa indem­nización), y de 253 millones de dólares a la Anaconda (Allende había fijado una «indirecta» de 770 millones de dólares en con­junto con la Kennecott Corporation y nada en forma «directa»). La junta fue generosa «con la comunidad financiera internacio­nal» y dio 253.000.000 de indemnización «directa» adicional a la «indirecta».

Pero no se trata de abrumar al lector con cifras. Sólo un ejemplo más que resume la pregunta de ¿quién gobierna a quién? respecto a la junta militar chilena. Este ejemplo:

En la edición del 26 de junio de 1974, página 4, del diario santiaguino «La Tercera», se leía la siguiente noticia:

«Con la asistencia del Presidente de la Junta de gobierno, general Augusto Pinochet Ugarte; el almirante José Toribio Me­rino, miembro de la Junta, y el ministro de Relaciones Exterio­res, vicealmirante Ismael Huerta, fue inaugurada en la tarde de ayer en el edificio Diego Portales la reunión que sostienen autoridades del gobierno y representantes del sector privado de nuestro país con 168 empresas afiliadas a la Business International Corporation»... «dio la bienvenida... el general Au­gusto Pinochet, expresando: "Es muy significativo para noso­tros que tan importante organización internacional de hom­bres de negocios haya decidido organizar esta convención en nuestro país"... y agregó: "En pocos días más será legalizado el estatuto del inversionista, lo que orientará y alentará a miem­bros de ustedes a invertir en el país CON LAS SEGURIDADES QUE POCAS NACIONES EN EL MUNDO DE HOY PUEDEN OFRECER"...»

Y Pinochet tenía razón ¡y de qué manera!



Al día siguiente, 26 de junio, Eldridge Haymes, presidente ejecutivo de la BIC (que reunió en Santiago a delegados de corporaciones como la Dow Chemical, Wells Fargo Bank, Ge­neral Electric, General Motors, Gulf Oil, IBM, Monsanto, ALCAN Aluminium, y 50 otros distinguidos miembros del negocio multinacional), dijo: ...«con respecto al Pacto Andino el grupo internacional ha expresado objeciones a uno de los artículos, el número 24»... «uno de los principales intereses del grupo visitante es conocer el Estatuto del Inversionista Extranjero. Mientras no sea aprobado será difícil para cualquiera de las empresas del Grupo adoptar una decisión final sobre sus pro­yectos en Chile».

Dos días más tarde, después de cuatro reuniones entre el gru­po BIC de consorcios «multinacionales y los cuatro integrantes de la junta Militar, el almirante José Toribio Merino, declaró: «...creemos que, objetivamente, la Decisión 24 no favorece, como era su propósito, el crecimiento acelerado de la región».

Menos de quince días después, el 11 de julio de 1974, los generales de la Junta publicaron el Estatuto del Inversionista Extranjero, en el cual se daba libertad absoluta a los capitales (naturalmente de las empresas multinacionales) para sacar ga­nancias del país, invertir «en igualdad de condiciones con los capitalistas chilenos», y no tener limitación en los sectores en que entrarían. Todo esto, contra la Decisión 24 del Pacto Andi­no, que fijaba un plazo de 15 años para nacionalizar las empre­sas de capital extranjero y un tope de 14 °o para el traslado de utilidades al exterior. Fue un escándalo para el resto de los fir­mantes del Pacto Andino, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. La Junta Militar se vio obligada a enviar una misión especial a esos países, y en el diario «La Opinión», de Buenos Aires, del 5 de septiembre, reproduciendo las actividades de la misión chilena en Colombia, se escribía: «Los enviados chilenos justificaron la adopción de la medida en virtud de la an­gustiosa situación económica por que pasa su país y pidieron comprensión para estos pecados veniales...». Fue sólo el comien­zo. En la reunión de Lima, en septiembre pasado, de los países del Pacto Andino, el gobierno militar chileno fue criticado tan acremente por los otros miembros, que la delegación chilena abandonó la reunión.

Este episodio demostraba como los generales chilenos habían destruido la democracia en mi país para garantizar al gran capital monopólico de los Estados Unidos sus negocios allí... y a qué costo... El 1 de septiembre de 1974, el abogado británico John Platts Mills, laborista, después de estar 15 días en Chile, declaraba: «El grado de represión y horror vigente en Chile su­pera al que reinó en Alemania en la época de la dictadura de Hitler» («La Opinión», Buenos Aires, 2 de septiembre 1974).

Y el Pentágono seguía prestando apoyo irrestricto y confi­dencial a los generales chilenos a su servicio. El 14 de mayo, según declaraciones a «El Mercurio» de Santiago, el embaja­dor en Washington de los militares insurrectos, general Walter Heitman, decía: «...Las relaciones entre Chile y los Estados Unidos son excelentes... hay un manifiesto deseo de ayu­darnos a resolver nuestros problemas. Las autoridades estado­unidenses han demostrado ésto con hechos»...

Sí. Como, por ejemplo, la gigantesca cantidad de armas pro­porcionada por el Pentágono a los jefes del fascismo en Chile. De acuerdo a una denuncia del periodista chileno Hernán Uribe Ortega, en el diario «Excelsior» de México y reproducida en «La Opinión» de Buenos Aires el 11 de septiembre de 1974, más de 200 millones de dólares en armas han salido de los almace­nes del Pentágono para los generales chilenos.

Esta es la lista: 24 cazabombarderos de ataque A-4-D Sky-hawk; 18 a 24 cazas F-5-E Tiger II; 18 a 24 Cessnas T-37 y A-37-B;24 aviones de entrenamiento primario tipo T-41-C Cessna; dos destructores provistos de cohetes mar-aire y mar-tierra, mar-mar; dos submarinos convencionales; dos barcos de desembarco de tropas tipo LST o LSM; un número indeterminado de tan­ques M-60 y de fusiles M-16 (AR-55) y otras armas menores.

La publicación de esta lista no fue desmentida por la Junta fascista chilena, y se limitó a despojar de la nacionalidad chi­lena al periodista Uribe. La pregunta es: ¿Tiene el Congreso norteamericano alguna idea de estos 200 millones de dólares en armas proporcionados por el Pentágono a los generales fas­cistas chilenos? ¿Para qué se está armando el gobierno títere del Pentágono de Chile? ¿Acaso para atacar al Perú, bajo pre­texto de diferencias fronterizas, y hacer para el Pentágono el trabajo sucio de derribar el actual gobierno del Perú? No hay que olvidar las palabras de Kissinger aquí citadas. Según esas palabras el Pentágono ya resolvió los problemas de hacerse de gobiernos títeres en Boliv'a y Chile... le fatan Perú y Argentina. No sería una novedad histórica que militares traidores a su pa­tria le hagan el juego a una potencia extranjera, por medio de guerras entre países pequeños.

Y ocurre que el Pentágono manejó el golpe fascista en Chile a partir de un «informe de inteligencia» enderezado contra un pretendido «revanchismo» del actual gobierno peruano. Ocurre que los generales chilenos al servicio del Pentágono han atiza­do una violenta campaña antiperuana a través de sus escribas en los diarios «El Mercurio» y «La Tercera», de Santiago. Es como para pensar que algo grande preparan en el cono sur de nuestra América los generales del Pentágono por medio de sus peones militares en Chile, Pinochet, Merino, Leigh y Mendoza. ¿Será una novedad el hecho de que el Pentágono esté preparando una guerra en algún punto del globo y el Congreso de los Estados Unidos no tenga la menor idea?

Los hechos señalan que así está ocurriendo. Y señalan tam­bién como el Pentágono está tratando de cubrir su retirada en el caso del golpe militar chileno, desviando la atención, como único culpable, a la CÍA y su jefe en el Comité de los 40, Henry Kissinger, en circunstancias que el verdadero director de la orquesta estuvo y está en el gigantesco Ministerio de Defensa de cinco lados de los Estados Unidos.
6 de octubre de 1974


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