Estos mataron a Allende



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Notas

1) En el aspecto presupuestario, la dedicación del Gobierno de Allende por dar un tratamiento especial a las FF.AA. fue realmente notable. Cifras obtenidas de El Estado de la Hacienda Pública, de los ministros de Hacienda Américo Zorrilla y Orlando Millas, para 1971 y 1972, daban los siguientes indicadores:

En 1971, el presupuesto en escudos para las FF.AA. era el 8,9% del presupuesto fiscal total. Para 1972, subió al 10,2 %.

En 1971, el presupuesto en dólares para las FF.AA. era el 13,1 % del presu­puesto fiscal en dólares. Para 1972, subió a 14,6 %.

En 1971, er presupuesto de Defensa era sólo 17 % mayor que el de Salud. En 1972 el presupuesto de Defensa ya era 35 % mayor que el de Salud.

En 1971, el presupuesto de Defensa equivalía al 49,5% del presupuesto de Educación. En 1972, el presupuesto de Defensa ya era el 61,3 % del de Educación.

El 16 de noviembre de 1971, se aprobó que el Ministerio de Hacienda entregara un presupuesto extra de 390.972.000 escudos (unos 32 millones de dólares) para iniciar un plan quinquenal de la UP para equipar de viviendas a las Fuerzas Armadas (se proyectaban unas 7.000 viviendas para oficiales y suboficiales). En el diario «La Na­ción», del 15 de enero de 1972, se informaba que el general Óscar Bonilla, director de Personal del Ejército, había pronunciado un discurso en la entrega de 56 nue­vas viviendas a los oficiales, diciendo: «Sólo estamos comenzando. Rotunda e in­conmovible es nuestra decisión y nuestra convicción de seguir adelante... La ins­titución se ha planteado esta iniciativa y luchará por ella, consciente de que defiende algo vital para cada uno de sus integrantes.» Y agregaba el mismo periódico: «Por su parte, el funcionario de Gobierno que asistió a la ceremonia de entrega de casas, dijo que "en el nuevo plan para este año, se contempla un número mayor de viviendas para entregar en forma extraordinaria al cuadro permanente del Ejér­cito".»
2) Para un detalle adicional sobre estos planes de estudio confeccionados en el Pentágono norteamericano, ver «Causa ML», núm. 8, mayo de 1969, que publicó el texto completo del Manual FM 31-15, utilizado por los cadetes de la Escuela Militar Bernardo O'Htggins, en sus cursos de postgraduados en la Zona del Canal de Panamá. Esta publicación causó «violentas polémicas» en Chile (Alain LABROUSSE, L'Experience Chilienne, París 1972, p. 152). Ver «Causa ML», núm. 2, septiembre-octubre de 1968. Más documentación sobre el mismo tema se encontrará en Las fuerzas armadas en el sistema político de Chile Alain Joxe, «Causa ML», núm. 21, julio-agosto de 1971, p.p. 20-25, artículo mío sobre las FF.AA. y la Unidad Popular.

Al respecto, en el libro de Labrousse podemos leer: "Pero incluso antes de que entrase en vigor el nuevo reglamento del general Schneider (se refiere a la concurrencia a Fort Gulick, en postgrado, de los cadetes de la Escuela Militar Bernardo O'Higgins), entre 1950 y 1965, ya 2.064 militares chilenos habían sido pre­parados en los Estados Unidos y 549 fuera de los Estados Unidos, es decir, en las escuelas antiguerrilla de los países sudamericanos.»


3) Una denuncia sobre estos «seis puntos» del general Manuel Torres de la Cruz se publicó en el periódico oficial de los cordones industriales de Santiago, «Tarea Urgente», en junio de 1973. Este periódico tenía 45.000 ejemplares de venta, principalmente entre los obreros, y era confeccionado por cuadros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y un sector del partido socialista. La denuncia afirmaba que a través de «oficiales de Carabineros patriotas» se había logrado obtener esta información que revelaba a Manuel Torres de la Cruz como un conspira­dor. Sin embargo, los sucesos del 29 de junio de 1973 (amotinamiento militar) se­pultaron esta espectacular denuncia en la tormenta noticiosa sobre el alzamiento, y no se revivió hasta agosto-septiembre de 1973, en los diarios «Puro Chile» y «Las Noticias de Ultima Hora». En estas mismas publicaciones se denunció el origen militar de esa Ley de Control de Armas, a través de la conexión de Juan de Dios Carmona y el general Osear Bonilla, poniendo énfasis en el carácter antipopular de la legislación aludida. Ver «Aurora de Chile», agosto de 1973 (periódico del partido socialista de 35.000 ejemplares de tirada).
4) Las estadísticas de los allanamientos provienen de síntesis hechas por «Ul­tima Hora», revista «Punto Final» y diario «Clarín» a fines de agosto y principios de septiembre de 1973. Lo mismo ocurre para los atentados y sabotajes de las organizaciones fascistas, reproducidas después en cables de PRENSA LATINA en el
diario «El Expreso» de Lima, del 13 al 30 de septiembre de 1973.
5) En marzo de 1973, el periodista Eugenio Lira Massi, en su columna La columna impertinente, que aparecía tres veces a la semana en el diario «Puro Chile», y Fernando Rivas Sánchez, en el mismo periódico, denunciaron de manera lateral este suceso sin nombrar al contralmirante Ismael Huerta Celis. Ambos columnistas presentaron la anécdota como probatoria de que había «altos mandos militares» involucrados en la conspiración para derribar al Gobierno constitucional, y que esos altos mandos protegían a los saboteadores y dinamiteros de los grupos terroristas de derecha.
6) Los generales Herman Brady Roche, Mario Sepúlveda Squella y Washington Carrasco, además de los coroneles Augusto Lutz (después del golpe militar ascendido a general de brigada y nombrado secretario general de la Junta Militar, as­cendiendo al cargo de Jefe del Servicio de Inteligencia Militar hasta diciembre de 1973) y Sergio Julio Polloni Pérez (ascendido en diciembre de 1973 a jefe del SIM), formaron el equipo central del SIM durante los tres años de Gobierno de la Unidad
Popular. En su oficina del SIM en el Ministerio de Defensa (noveno piso, oficina número 85) este grupo era el encargado de coordinar el trabajo con los asesores de Inteligencia Militar del Ejército de los Estados Unidos, encabezados, según denuncia del periódico «Tarea Urgente», en enero de 1973, por el coronel Thomas H. Jones (el día 21 de julio de 1971, al retirarse de Chile, el coronel Jones fue condecorado con La Estrella al Mérito Militar, en ceremonia presidida por el general
Carlos Prats González). Todos ellos, junto al coronel Manuel Contreras Sepúlveda, comandante del Regimiento de Tejas Verdes (en el puerto santiaguino de San Antonio) y el comandante de la Escuela de Paracaidismo y Fuerzas Especiales, teniente coronel Dante Marchesse, son graduados de la Escuela de las Fuerzas Armadas de los EE.UU., en especialidad de Inteligencia, del Comando Sur de las Fuerzas Ar­madas de los Estados Unidos en la Zona del Canal de Panamá. De este equipo del SIM, los generales Brady y Carrasco, y los coroneles Lutz y Polloni, hacían frecuentes viajes al Southern Command, a través del puente aéreo existente entre ese comando militar norteamericano y los Servicios de Inteligencia de los Ejércitos de América Latina (para Chile ese puente aéreo está constituido así: Base Aérea de Los Cerrillos, en Santiago; Base Aérea de Cerro Moreno, en Antofagasta; y Albrook Airfield, en la Zona del Canal). Para que el lector tenga una idea de lo que significa esta ligazón directa entre el Comando Sur del Pentágono y los generales chilenos, voy a reproducir una pequeña crónica de Francois Schlosser, aparecida en «Le Nouvel Observateur», número 467, 28 de octubre de 1973: «Los panameños lo lla­man el muro de la vergüenza. Es la barrera de alambre y rejas que separa al universo sudamericano de la "Zona del Canal", bajo jurisdicción norteamericana. Tras el tejido de alambre reina el american way of Ufe. Enormes edificios albergan los servicios de un organismo que hoy hace temblar a América Latina: el Southern Command. Su última victoria: Chile... El Southern Command es al mismo tiempo una central de información, una "universidad militar", pluridisciplinaria, y una base operacional. En la escuela antiguerrilla, miles de oficiales y suboficiales latinoamericanos se entrenan para la guerra contra la subversión. Los oficiales reciben una formación técnica completa en las diversas escuelas militares diseminadas por la Zona del Canal: Escuela de telecomunicaciones, Escuela de Estado Mayor, Escuela de Aviación, etc. Construcciones subterráneas, locales excavados en las rocas alojan el centro neurálgico de un sistema de comunicaciones que cubre todo el conti­nente... Aquí, los responsables norteamericanos se encuentran en contacto directo, por teléfono, o por teletipo, con sus corresponsales instalados en todas las capitales sudamericanas donde su papel es más importante que el de los embajadores norteamericanos "oficiales". Una red aérea se superpone a la de telecomunicaciones. Para trasladarse a Río, Santiago, etc., los agentes civiles y los "alumnos" mili­tares del Southern Command disponen de sus propios aviones, de sus propios aeropuertos... La creación del Centro se remonta a los comienzos de la década de 1960. Significa una opción estratégica realizada por Washington. Después del fra­caso de la Alianza para el Progreso para la «subversión» castrista, los norteame­ricanos decidieron jugar la carta de los militares... En las Escuelas Militares de la Zona en Panamá nació un mito: el de la «solidaridad» de los soldados sudameri­canos. La acción psicológica dio excelentes resultados. Tema: «Tenemos las mis­mas preocupaciones, somos patriotas, queremos reformas y tenemos un enemigo común: el comunismo.» Entre los oficiales y los suboficiales católicos del Sur, generalmente provenientes de las clases medias, estas fórmulas simplistas bastaban casi siempre para cimentar una conciencia política elemental. 35.000 de ellos reci­bieron las enseñanzas del Southern Command. Formaban los cuadros de los ejér­citos que tomaron el poder en Brasil, en Bolivia, en Chile, etc.»

En el «New York Times» del 23 de octubre de 1973, firmado por Drez Midletton, se publicaron detalles también del significado del Southern Command, como elemento de control del Ejército norteamericano sobre la mayoría de los generales latinoamericanos. Párrafos de esa crónica: «Nos mantenemos en contacto con nues­tros graduados y ellos se mantienen en contacto con nosotros», dijo el director coronel William W. Nair... La escuela imparte 38 cursos separados, todos ellos en español. El año pasado, 1.750 oficiales, cadetes y hombres de tropa de 17 países completaron sus cursos... Diseminados a través de América del Sur y del Caribe hay más de 170 graduados de la Escuela Militar de EE.UU. para las Américas; entre ellos se cuentan varios jefes de estados mayores y directores de Inteligen­cia... Los cuatro departamentos de instrucción de la escuela son: Comando, Operacio­nes de Combate, Operaciones Técnicas, Operaciones de Apoyo...»

Los generales Brady, Carrasco y Sepúlveda son casos típicos de estos graduados. El más viejo de ellos, Brady, tuvo la siguiente trayectoria: en 1943 fue jefe de la Zona Militar de Chuquicamata, en 1946 se graduó en el Southern Command; en 1947 y hasta 1953, fue nombrado delegado del Ejército en la Corporación de Fomento de la Producción; en 1959 viajó a Fort Benning, EE.UU., para un curso militar; después pasó al Comando de la VI División Blindada en el norte del país; jefe de Estado Mayor de la II División, comandante de la II División, y actualmente (1974) jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas chilenas. El general Carrasco, con los mismos diplomas militares en los EE.UU., es ahora Jefe de la Misión Militar chilena en Washington.
7) Agustín Toro Dávila fue ascendido a general de brigada en octubre de 1973, en forma apresurada, cuando todavía estaba en la Embajada de Chile en México, como adicto militar. Toro, de oscura trayectoria, era, sin embargo, amigo de ex­trema confianza del general Augusto Pinochet. El senador Bulnes Sanfuentes, ele­gido por la provincia de Concepción, realizaba frecuentes viajes a esa provincia y, sin secreto de ninguna especie, visitaba permanentemente a Carrasco en su oficina
de comandante en jefe de la III División (denuncias en «Punto Final», «El Rebelde» y «Puro Chile» de agosto-septiembre de 1973).
8) «Los militares chilenos han tenido una larga y estrecha relación con los Estados Unidos, y el Pentágono estima que los 90.000 soldados, marinos, aviadores y carabineros (la fuerza policial nacional) chilenos, están entre las mejores Fuerzas Armadas del continente. Entre 1950 y 1970, Chile recibió más ayuda militar (175,8 millones de dólares) que cualquier otro país latinoamericano, excepto Brasil. Esto significa alrededor del 10 % del presupuesto total de Defensa en el mismo período.
Las mayores cantidades de ayuda fueron proporcionadas antes de las elecciones de 1964 y 1970, para aplacar el descontento en los militares, el cual podría ser utilizado por los fuertes partidos de izquierda. Este alto nivel ha sido mantenido durante los tres años últimos, incluyendo proyectos garantizados para 1974, el cual totaliza 45,5 millones de dólares. Esto es el doble del total correspondiente a los cuatro años previos. En un momento, cuando la ayuda económica se había sumergido a menos de 4 millones de dólares, esto significaba una liberalización de la ayuda mi­litar a Chile. (En cifras, significa que entre 1971 y 1974, Estados Unidos proporcionó 11,37 millones dé dólares anuales a las FF.AA. chilenas, contra un promedio anual de 5,75 millones de dólares entre 1967 y 1970, y un promedio anual de 8,98 millones de dólares entre 1950 y 1966.)

»La Fuerza Aérea de EE.UU. tiene una relación particularmente estrecha con sus colegas chilenos, construida por la Misión de la Fuerza Aérea de los EE.UU. en Santiago durante los últimos 20 años. Más del 70 % de la Fuerza Aérea chilena está constituida por aviones y helicópteros construidos en los EE.UU. Actualmente, los militares chilenos están esperando un embarque de 20 cazas A-4B Skyhawk, que eran de la U.S. Navy, utilizados previamente en Vietnam, los cuales están en un aeropuerto en la Davis-Monthan AFB en Arizona. En efecto, la pasada primavera los Estados Unidos ofrecieron conceder crédito a Chile y otros cuatro países latinoamericanos para comprar cazas F-5E Freedom. La oferta es particularmente sig­nificativa ya que el presidente Nixon debe firmar un documento especial para pasar sobre las restricciones acordadas para vender armamento refinado a los países subdesarrollados. Esto puede sea hecho solamente si el Presidente determina que tal financiamiento es importante para "la seguridad nacional de los EE.UU.", lo cual, obviamente, él hizo en este caso... Durante las audiencias del Senado sobre ayuda exterior, el senador Inouye también cuestionó la lógica de conceder créditos militares a un país que había expropiado intereses norteamericanos. El almirante Raymond Peet justificó esta política hacia Chile en el comité del Senado. Explicó que los Estados Unidos prefieren que los países subdesarrollados "compren ame­ricano" en vez de que miren hacia otra parte para equipo militar... Más todavía, según Peet, «una de las grandes ventajas conseguidas por los EE.UU. de tales programas de ventas al extranjero es la considerable influencia que se deriva de proporcionar apoyo para esos aparatos aéreos". Proveyendo cazas F-5E o Skyhawks, preservaría cierta orientación pronorteamericana entre los militares chilenos en un momento de tensión entre los Gobiernos de los dos países.

»La Marina chilena también ha continuado recibiendo créditos militares y lle­vando a cabo maniobras conjuntas con la U.S. Navy. En efecto, el día del golpe, buques norteamericanos estaban en ruta hacia Valparaíso para hacer maniobras de rutina, pero se desviaron después de un breve encuentro con un navío chileno.

»El suministro de material es solamente una de las tácticas que usa Estados Unidos para influir a los militares chilenos. En los últimos 20 años, más de 4.000 oficiales chilenos han sido adiestrados en los EE.UU. y en las escuelas norteamericanas de la Zona del Canal de Panamá. El general Pinochet, cabeza de la Junta Militar, sirvió como agregado militar en la Embajada chilena en Washington, y fue varias veces al U.S. Southern Command en la Zona del Canal. Pinochet es conocido por ser duro, y en 1972 advirtió: "Espero que el Ejército no tenga que salir a las calles, porque si lo hace, sale a matar". Además, de acuerdo a la revista "Newsweek" del 24 de septiembre de 1973, los otros miembros de la Junta chilena, Gustavo Leigh, de la Fuerza Aérea; almirante Toribio Merino, de la Ma­rina; y el general César Mendoza Duran, de Carabineros, han estado todos algún tiempo en los Estados Unidos. Y en 1971, una misión militar norteamericana de alto nivel visitó a los líderes militares chilenos. (Ver nota 17.)

»Los Carabineros también han recibido ayuda norteamericana a través de la Oficina de Seguridad Pública de la Agencia Internacional para el Desarrollo. El programa bombeó cerca de 2,5 millones de dólares desde 1961, pero fue terminada en 1971 por el gobierno UP. En 1970, de acuerdo a un artículo del "Washington Post" del 1 de octubre de 1970, el asesor de la OSP estacionado en Chile, Joseph Vassile, fue expulsado por estar comprometido en un complot terrorista de derecha para desacreditar al presidente Allende. Vasile fue transferido a Vietnam, donde trabajó en un programa de pacificación. Los Carabineros están jugando un importante papel en la Junta y lo más seguro es que caigan, cada vez más, bajo la influencia de los militares.»

Por último, como un ejemplo de la dependencia de la Fuerza Aérea chilena de la norteamericana, este dato: en 1971, la Fuerza Aérea chilena hizo 21 "vuelos logísticos al exterior». Los 21 vuelos fueron a los Estados Unidos (tomado del diario «La Nación», marzo de 1972, con ocasión del 42 aniversario de la Fuerza Aérea chilena, a cuya celebración asistió como invitado especial el jefe "de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, John D. Ray).


9) Como establecimos en la nota 2, la existencia y reconstrucción del «informe de octubre» del Pentágono fue obtenida por algunos sectores de la izquierda a tra­vés dé los discursos, arengas y reuniones semipúblicas de mandos medios militares con su tropa. Pero, por supuesto, también hubo información adicional y bastante exacta, al parecer, de algunos oficiales leales a la democracia chilena, cuyos nombres el autor no puede citar porque todavía están en servicio activo en Chile y «no han sido detectados por los Servicios de Inteligencia de los generales insurrectos. Ese informe del Pentágono había sido un cambio radical en su actitud de «esperar y ver» mantenida hasta octubre de 1972, y que reflejaba el pensamiento de un sec­tor importante de los consorcios multinacionales norteamericanos que influyen sobre el Gobierno de Washington. Este sector, encabezado por el grupo Rockefeller, se oponía a la actitud dura y de destrucción inmediata del Gobierno de Allende por parte de grupos como la ITT, la Anaconda y la Kennecott. Esta dualidad de criterios explica lo ocurrido en 1970, 1971 y 1972 en Chile, cuando las Fuerzas Ar­madas, manejadas por el Pentágono, se mantuvieron al margen de la situación po­lítica en desarrollo, para entrar después en 1973 en la senda del golpe. Para un estudio detallado de la dualidad de criterio entre los grupos de consorcios nortea­mericanos respecto a Chile y su Gobierno Allende, ver The Chilea Road To Socialiim, de Dale Johnson, ya citado; U.S. Policy in the Making: Chile, to Accommodate or Crush, y The Coincidence of Infernal and External Counterrevolutionary Forces. También se sugiere ver mi obra: El imperialismo yanqui en Chile.

Una ilustración de las causas del «esperar y ver» lo pueden dar estos párrafos sacados de la versión de «NACLA», de Nueva York, de las sesiones del Council on Foreign Relations of United States. En la sesión del 14 de diciembre de 1970, Jérome I. Levinson, del BID, dice: «La experimentación de diversos sistemas políticos en Latinoamérica es inevitable. El proceso cambiante de las sociedades lati­noamericanas promoverá variaciones en el statu quo de la propiedad norteameri­cana en el hemisferio. Pero los intereses norteamericanos no son incompatibles con el desarrollo social de Latinoamérica. Podemos llegar a acuerdos con los cambios como ha sucedido en México.» Covey T. Oliver, del Departamento de Estado, decía: «Se debe dar a Chile todas las oportunidades para que logre éxito con su nuevo Gobierno. Tal como no se puede considerar a Cuba como un fracaso, a causa de los efectos de la política norteamericana después que Castro subió al poder, hay que darle a Chile una oportunidad.» Y Walter Sedwitz, de la OEA, dice en la misma sesión: «Si el Gobierno fracasa, habrá una radicalización en Chile y un problema de seguridad para Estados Unidos.»

Por supuesto, esta actitud cambió cuando en Chile comenzó a gestarse un movimiento revolucionario de masas incontrolable por los partidos de izquierda a me­dida que pasaba el tiempo y, por lo mismo, fuera del alcance de controlar por el clásico juego democrático burgués, tan sólido en Chile. Ya no se trataba de «variaciones» en el statu quo de las inversiones norteamericanas, sino de revolución social y expulsión de las inversiones norteamericanas del país. Eso unió a los con­sorcios en un solo criterio y, coherentemente, al Pentágono: fin para el Gobierno dé Allende.
10) Esta «incapacidad» de Allende para salir de la crisis tenía su fundamento en que la alianza entre los partidos Demócrata Cristiano, Nacional y Demócrata Radical, impedía toda legislación en el Parlamento que permitiera, vía impuestos a la oligarquía, reducir el déficit fiscal y controlar la especulación desenfrenada de los grandes magnates de la industria y el comercio; y vía la aprobación de una ley contra los delitos económicos, frenar la escandalosa forma en que los indus­triales, comerciantes y latifundistas saboteaban la economía nacional. En el Par­lamento, elegido en 1969, las fuerzas estaban así: Partidos de Gobierno: 80 diputa­dos y senadores; Democracia Cristiana: 75 diputados y senadores; Partido Nacional y Democracia Radical: 45 diputados y senadores. Así, la mayoría opositora era de 120 a 80, lo que bloqueaba toda iniciativa legislativa y permitía barrenar políticamente al Gobierno con «acusaciones constitucionales» a los ministros de Estado. En los 33 meses de Gobierno, Allende tuvo que cambiar 22 veces la composición de su Gabinete, a causa de estas maniobras. Estaba lejos el 24 de octubre de 1970, cuando el Parlamento votó así: 153 senadores y diputados por Allende como Presidente; 35 por Alessandri y 7 en blanco.

Esta especie de empate político entre el Parlamento y la Presidencia, se man­tuvo aun después de marzo de 1973, cuando el Gobierno aumentó a 84 sus sena­dores y diputados, y la oposición disminuyó a 111. Por eso, el 18 de julio de 1971, el secretario general del partido socialista, Carlos Altamirano decía: «Las fuerzas políticas de Chile se encuentran transitoriamente en un empate social. Frente a este empate nuestra estrategia se orienta a romperlo y a utilizar esa ruptura para impulsar un fuerte proceso de movilización de masas... y radicalizar el proceso revolucionario.» Esta táctica fue rotundamente rechazada por Salvador Allende y la mayoría del Comité Central del Partido Comunista de Chile, que jugaron siempre a la tesis de «no radicalizar» y «consolidar lo conquistado». Esto llevó a Allende y al PC de Chile a plantear la idea de conversar con la Democracia Cristiana, contra lo cual se alzaron el PS y el MAPU. La revista del MAPU, «De Frente», número 12, del 29 de junio, denunciaba que «la burguesía, encabezada por Frei y Jarpa, ataca por partida doble, intentando derrocar al Gobierno u obligarlo a transar... Hacen entrar a la cancha a generales sedicio­sos... Calientan el clima para el momento de la insurrección fascista... Lo que pretende la DC es que la propia Unidad Popular se haga el harakiri, congelando el proceso, reprimiendo a los que exigen avanzar, separándola así de su base social más genuina... Para el caso de que el Gobierno se mantenga firme, la DC cuenta y sabe que sus aliados preparan la otra salida». Por su parte, la revista «Chile hoy», también socialista, explicaba en ese mismo mes que el diálogo con el PDC era sólo un pretexto de los generales golpistas para «utilizar las inacep­tables exigencias planteadas para reforzar la embestida final contra el proceso revolucionario». Y eso fue así: cuando Allende anunció su rendición política para el 11 de septiembre, los generales fijaron ese día para el golpe; querían impedir, precisamente, que Allende se rindiera.


11) La primera referencia oficial que los chilenos tuvieron de esa idea qui­rúrgica de los generales insurrectos (antes los diarios de izquierda habían infor­mado sobre este pensamiento cavernario de los generales conspiradores, sobre todo en agosto y septiembre), fue la misma noche del 11 de septiembre de 1973, cuando por cadena nacional de TV, el general Gustavo Leigh explicó que el golpe se había dado para «extirpar el cáncer marxista en Chile». El 19 de septiembre, en el diario «El Mercurio», el general Pinochet declaraba que «cuando hayamos extirpado el tumor maligno del marxismo... el país recuperará todas sus liberta­des, ya que es por ellas que nosotros hemos luchado». El día 11 de abril de 1974, la Junta Militar emitió una Declaración de Principios del Gobierno de Chile, en que se escribe que «resulta imperioso cambiar la mentalidad de los chilenos», y qué para ello «ejercerá con energía el principio de autoridad, sancionando drásticamente todo brote de indisciplina o anarquía» (cable AP, fechado en Santiago de Chile, el 11 de marzo 1974, reproducido en «La Estrella de Pana­má», el 13 de marzo de 1974). El 18 de junio de 1974, «La Estrella de Panamá» publica en la primera página de su segundo cuerpo un cable AP, desde Santiago de Chile, bajo el título Reorganizarán educación con enfoque antimarxista, que comienza así: "Alrededor de 600.000 profesores y maestros iniciaron ayer una consulta nacional de dos días para estudiar la reorganización de un enfoque antimarxista de la educación.» Y agrega que el documento repartido por la Junta Militar para ser aprobado, señala que «la educación no aceptará la participa­ción de profesores que promuevan la enseñanza de doctrinas nacionales o fo­ráneas, como el marxismo». Los profesores tienen que indicar a las autoridades militares, personalmente, si están de acuerdo o no con este documento. En Chile hay estado de «guerra interna», «estado de sitio» y «suspensión de las garantías individuales».
12) La petición de los generales, sobre todo por parte de Pinochet,resultaba doblemente cínica porque el día 6 de marzo de 1973, el comandante en jefe subrogante del Ejército, general de división Augusto Pinochet, al mando de las fuerzas militares en todo el país que «garantizaron una elección democrática, limpia y sin incidentes, y con absoluta imparcialidad», emitía una declaración pública utilizando esa misma frase. Lo mismo hacía el director del Registro Electoral, Andrés Rillon, democratacristiano, treinta días más tarde, después que los Colegios Escrutadores (formados todos con mayoría democratacristiana y nacional) revisaron UNO POR UNO todos los votos. Rillon dijo que había sido «una de las elecciones más limpias de la historia de Chile». Sus palabras aparecieron en todos los periódicos nacionales de la época.
13) Los torturadores eran el jefe del Servicio de Inteligencia Naval, capitán Gajardo; el capitán de Infantería de Marina Koller; el capitán de Inteligencia Naval Acuña; los tenientes Jaeger, Letelier, Luna, Alarcón, Tapia y Maldonado; y el subteniente de Infantería de Marina Boetsch. Las torturas se realizaron en el Fuerte Borgoño, de Talcahuano, y en la Academia Naval de Valparaíso. (Denuncias de «Ultima Hora», «Puro Chile», «Clarín», «Punto Final» y «Chile Hoy», agosto y septiembre de 1973.
14) Un párrafo de la carta de Prats decía: «Al apreciar, en estos últimos días, que quienes me denigraban habían logrado perturbar el criterio de un sector de la oficialidad del Ejército, he estimado un deber de soldado de sólidos principios no constituirme en factor de quiebra de la disciplina institucional y de dislocación del Estado de Derecho, ni servir de pretexto a quienes buscan el de­rrocamiento del Gobierno Constitucional» (copiado de «Chile Hoy», número 64).
15) El segundo párrafo de la noticia dejaba al descubierto toda la falsedad que había en la maniobra de Merino de culpar a Carlos Altamirano, Garretón y Enríquez de «subversión» en la Marina, para tener el pretexto del «golpe rojo». Sucede que ahora Merino no solicitaba el desafuero de estos parlamentarios por «subversión» (claro, no podía presentar prueba alguna al Senado ni a la Cámara de Diputados), sino por «el respaldo entregado por ambos parlamentarios a los
marineros», lo cual, era de toda evidencia que significaba POR HABER DEFENDIDO PUBLICA Y REITERADAMENTE A LOS MARINEROS ACUSADOS FALSA­MENTE DE INTENTAR UNA SUBVERSIÓN; es decir, por defender a acusados de subversión. La verdad es que a estas alturas de la conspiración militar, sus jefes no se cuidaban ni siquiera de mantener el pudor intelectual de hacer coherentes sus declaraciones, acusaciones y dichos.
16) Son notables las coincidencias entre los movimientos de los generales insurrectos chilenos y la misión diplomática y militar de los Estados Unidos en Santiago. Ocurre que en la mañana del 7 de septiembre, los generales acordaron derribar a Allende el día 11, cuatro días más tarde y «el embajador de EE.UU. en Chile, Nathanael Davis, viajó a los Estados Unidos el viernes 7 de septiembre (cuatro días antes del golpe), se reunió con Kissinger el día 8 y volvió a Chile el día 9» (citado de Nacla's Latin American and Empire Report, vol. VII, nú­mero 8). Este Davis fue director de Cuerpos de Paz en Chile en 1962, y en 1968 fue destinado a Guatemala, donde dirigió un «programa de pacificación política» similar a los realizados en Vietnam. «Para 1971 ese programa había dejado 20.000 personas muertas» (citado de la misma fuente). Jack Anderson, en el «Washington Post» del 10 de diciembre de 1972, cita un cable mandado por Davis a Nixon, desde Santiago, pocos días antes, que dice: «Tal vez lo más significativo ahora es la creciente convicción, en los partidos de oposición, sector privado y otros, que la oposición es posible... Los objetivos (de Allende) se ven cada vez más como incompatibles y como que están yendo más allá de lo que se puede acep­tar. Si los intereses de la oposición tienen que ser protegidos, la confrontación no se puede evitar.» Bueno, la confrontación vino y el programa de «pacifica­ción» en Chile costó 15.000 muertos en los primeros 18 días, según datos de las fuentes de la resistencia que, en general, están formadas por los mismos infor­madores que la izquierda tuvo, durante el Gobierno, en el seno de las Fuerzas Armadas, y que ahora esperan la oportunidad para luchar por la democracia de nuevo.
6
El infierno

Los excesos de la Junta son tan sistemáticos, que se acercan al genocidio.

(Palabras de Leopoldo Torres, de Madrid, presidente del Movimiento Internacional de Juristas Católicos)

Poco antes de la medianoche del día 10 de septiembre, co­menzó a desencadenarse el infierno sobre el pueblo chileno. Las fuerzas de la destrucción y la muerte fueron soltadas de los re­gimientos, bases militares, navales y aéreas, de los cuarteles y de los domicilios de jefes de organizaciones fascistas, donde grupos operacionales civiles, llamados «unidades independien­tes» por el alto mando insurreccional, comenzaron a guiar a las patrullas militares para asesinar a dirigentes de los trabajado­res chilenos.

El infierno se desencadenó bajo la forma de una blitzkrieg que, en el plazo de menos de veinte horas a partir de ese mo­mento, dejaría un ancho camino de destrucción, muerte, tortura, ignominia y brutalidad sin límites puestas en práctica por los altos mandos militares que se presentaron a la nación como cumpliendo «con el deber moral que la Patria les impone», para, en verdad, cumplir con las instrucciones de las FF.AA. de una potencia extranjera (los Estados Unidos). País que necesitaba urgentemente detener el movimiento revolucionario de mi pue­blo y colocar a su Gobierno en el flanco de la dictadura militar de Brasil, con el propósito de iniciar una «limpieza de enemigos de los EE.UU., de los grandes consorcios imperialistas de los EE.UU.», desde el extremo sur de América Latina hasta llegar a México.

A las diez de la noche del 10 de septiembre, los pocos borra­chos rezagados en los bares del puerto de la ciudad de Valpa­raíso, vieron algo no acostumbrado: las naves de la Escuadra de Guerra, que había zarpado diez horas antes desde allí mismo, con el supuesto propósito de unirse a cuatro naves de guerra de los EE.UU. para iniciar los ejercicios bélicos anuales llamados Opera­ción Unitas, habían regresado al puerto... ¡y estaban desembar­cando sus tropas que se desplegaban por la ciudad!

Contingentes de la Infantería de Marina, bajo el mando per­sonal del contralmirante Sergio Huidobro, estaban ocupando el gasógeno de la Estación Cerro Barón, la Intendencia, la plaza Ar­turo Prat, la Estación de Ferrocarriles y otros sitios estratégi­cos... grupos de tropa de Carabineros se mezclaban con ellos.

En la comandancia naval de la Primera Zona, en Valparaíso, el comandante en jefe de la Marina, almirante Raúl Montero Cor­nejo, era arrestado personalmente por el vicealmirante José Toribio Merino, depuesto y dejado bajo custodia por un capitán de fragata armado de subametralladora, «hasta que las cosas se aclaren mañana». Merino tomó el mando de la Marina, en presen­cia de los almirantes dirigidos por Patricio Carvajal Prado, quien, después de la ceremonia insurreccional, viajó apresuradamente a Santiago para hacerse cargo de su puesto «de combate», en el Ministerio de Defensa, a pocos metros del Palacio de Gobierno.

A esa hora, un oficial de Carabineros de Valparaíso, sin tener idea de lo que realmente estaba sucediendo, informó a la Direc­ción de Carreteras en Santiago que «los marinos están montando un operativo en busca de armas tremendo», «están por todas par­tes en la ciudad.» Después hubo silencio y las comunicaciones telefónicas con Valparaíso, desde la capital, se cortaron.1

Lo que pasaba era que la Marina, cumpliendo con el plan de acción final acordado el 7 de septiembre, en el mismo puerto, con el general de Ejército Augusto Pinochet, había simulado salir a alta mar con su Escuadra de Guerra el día 10, y regresado a puerto, cerca de la medianoche, dividiéndose en dos. La mitad se quedó en Valparaíso, con apoyo «internacional si es necesario» de dos destructores de los Estados Unidos que navegaban hasta ponerse a 200 millas mar frente al principal puerto de Chile. La otra mitad navegaba ya, a toda máquina, hacia el puerto de Talcahuano. También allí, a 200 millas mar afuera, se deberían situar dos unidades de guerra de la Marina de los EE.UU. como «apoyo tentativo».

La ocupación militar de Valparaíso, utilizando las fuerzas de­sembarcadas como vanguardia, se hizo en las dos últimas horas del día 10 de septiembre con tal precisión y efectividad que nadie en el resto del país se dio cuenta de la situación hasta muy entrada la madrugada del día 11 de septiembre.

Es cierto que el mérito de la eficacia no es totalmente de los altos mandos militares chilenos, porque los planes de ocupación militar del país habían sido discutidos, rectificados y remenda­dos con los miembros de la Misión Militar de los Estados Uni­dos en Chile, y con el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos en la Zona del Canal de Panamá, durante los meses de junio, julio y agosto.2 Incluso, la gigantesca operación militar de invasión de Chile por los generales en contacto con el Pen­tágono, tenía una debilidad técnica: la falta de un sistema de centralización de las comunicaciones radiales entre las Fuerzas Armadas repartidas en veinticinco provincias por mar, aire y tierra. El Comando Sur del Ejército yanqui, a través de su base militar aérea de la provincia de Mendoza, en la República Argen­tina, les resolvió el problema. Les destinó un avión equipado especialmente para servir de «estación de relay» y «centralizadora» de mensajes radiales militares. La operación fue tan des­carada, de todos modos, que los propios reporteros argentinos descubrieron la maniobra, tres días después del golpe militar, cuando el mundo estaba horrorizado por el genocidio que suce­día dentro de las fronteras chilenas.

El diario «El Mundo», de Buenos Aires, reveló parte de la operación de «apoyo de transmisiones» por parte del Pentágono norteamericano, en esta información:

«El avión tipo WB57S y los pilotos de reservas M. B. Lemmons y D. C. Baird, comandados por los mayores V. Dueñas y T. Shull, de la Fuerza Aérea norteamericana, coordinaron todas las operaciones de las Fuerzas Armadas golpistas antes y du­rante el cuartelazo.

»Este avión, especializado en misiones de espionaje y equi­pado con los más modernos instrumentos de telecomunicaciones, operó el día del golpe como estación radial volante. El perí­metro de vuelo comprendía la región limitada por Mendoza, Argentina, y las ciudades chilenas de La Serena y Puerto Montt.

»El avión yanqui comenzó a operar en la zona el 7 de sep­tiembre. Ese día cumplió dos misiones y otras el día 10. Del día 11 al 13 estuvo adscrito permanentemente al apoyo del siste­ma de comunicaciones de las tropas golpistas, que era vital para tares

»La cobertura legal de las misiones de coordinación en co­municaciones de los militares golpistas se llamó "Mission Airstream". La tarea cumplida por el avión norteamericano permitió la conexión de estaciones de la Armada chilena, de una parte del Ejército y de la Fuerza Aérea.»3
Operación Pinzas
Sin embargo, no todo el mérito del infierno que se comen­zaba a desencadenar sobre Chile era de los generales norte­americanos del Pentágono y del Comando Sur en la Zona del Canal de Panamá. Buena parte de los objetivos de la insurrec­ción había nacido de las mentes de los conspiradores de más alto rango. Ese era el caso, por ejemplo, del vicealmirante José Toribio Merino Castro, autoascendido a almirante y a coman­dante en jefe de la Armada esa noche del 10 de septiembre, por la fuerza que dan las armas, y en pocas horas más tarde desti­nado a ser uno de «los cuatro» integrantes de la Junta Militar que comenzaría a gobernar un país ocupado militarmente, y en guerra permanente de un grupo de generales y su tropa contra un pueblo que había construido la democracia burguesa más sólida y duradera del continente latinoamericano. Una guerra declarada para destruir, arrasar, no dejar piedra sobre piedra de esa democracia chilena, impidiendo con ello, para defensa de una potencia imperialista extranjera y de los grandes señores del dinero en Chile, que ese pueblo creara una democracia más amplia, más sólida todavía.

El «almirante» Merino Castro era un hombre de 57 años, graduado de la Escuela Naval de Playa Ancha (Valparaíso) en 1936. Años más tarde, al igual que todos los altos mandos mili­tares de América Latina «destinados» a ser jefes de sus ejércitos, hizo una «larga práctica» en el aparato militar de los EE.UU. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió a bordo del buque de guerra Raleigh, de la Armada de los Estados Unidos, patru­llando por la Zona del Canal de Panamá y Guadalcanal. Entre 1956 y 1957 fue adicto naval en Londres, y después oficial de Estado Mayor y profesor de Geopolítica y Logística.5

Merino Castro fue el primero de los altos mandos insurrectos que se «sublevó» contra la idea de que una combinación de partidos de izquierda gobernara Chile. Ya en 1971 hacía oír su voz en la Academia Naval de Playa Ancha, para decir que «es un error de los americanos dejar que Allende gobierne». Y esa noche del 10 de septiembre de 1973, Merino Castro era un hombre orgulloso: estaba poniéndose en práctica un plan de «extermi­nio de la ideología marxista» por el cual había luchado muy duro desde 1972. Primero fue el general Gustavo Leigh Guzmán quien apoyó con toda su fuerza ese plan de exterminio. Después el general de división Augusto Pinochet Ugarte y, por último, el general de Carabineros César Mendoza Duran. Antes, en julio de 1973, cuando Merino Castro, a través de Gustavo Leigh y Augusto Pinochet, expuso los detalles de su plan a la Misión Militar de los EE.UU. en Santiago, ésta contestó que «le parecía bien», pero que la forma en que «ustedes se desembaracen de los rojos es problema de ustedes, no nuestro».

Días más tarde, cuando algunos jefes navales, después del golpe militar, hicieron ver su horror por la terrible matanza que estaba asolando al país, el almirante Merino Castro dio una tajante y breve definición, que recorrió los buques de la Armada como un escalofrío: «Nosotros somos los cirujanos del país. Cuando un enfermo tiene cáncer en una pierna, se le extirpa y se salva al paciente. Nosotros estamos extirpando el marxis­mo... Estamos haciendo una operación quirúrgica... Nuestra la­bor es humanitaria.»8

En junio de 1973, aun antes de que Augusto Pinochet fuera «invitado» por los demás altos mandos insurrectos para ser «jefe» en la sublevación militar que se estaba montando, los planes operativos de la ocupación armada del país estaban com­pletos en su aspecto estrictamente bélico; pero no estaban completos en la parte de cómo mantener «políticamente» la ocupación militar del país por largos años. Claro, había acuerdo general en clausurar el Congreso Nacional, disolver la Central Unica de Trabajadores, militarizar los sindicatos, fábricas del área de propiedad social, aparato administrativo y disolver todos los partidos políticos, comenzando por los de la Unidad Popular. Pero, ¿era eso suficiente?

Para Merino Castro eso no era suficiente. Para Merino Castro el problema estaba en «los comunistas como personas» y no en sus organizaciones. Él proponía un plan que llamaba orgullosamente de «los tres tercios». Decía que había que fusilar «en las primeras horas» de la «operación» a tres mil dirigentes medios de todos los organismos y organizaciones de la Unidad Popular; detener, juzgar y condenar a prisión larga a otros tres mil diri­gentes que tuvieran una fama pública muy conocida; y «exiliar» a otros tres mil políticos, profesionales y «gente intelectual», desde «la Democracia Cristiana a la izquierda». Con eso, decía Merino Castro, se garantiza «la paz social» por un decenio.

Esta idea de Merino Castro no era nueva para él. Había co­menzado a hablar de ella ya en marzo de 1973, en los círculos navales de Valparaíso, y cuando llegó a oídos de algunas perso­nas de la izquierda en ese mismo mes (entre ellos el autor de este libro), el comentario fue «este pobre tipo está loco, es un nazi trasnochado... No se da cuenta de que está en Chile». La realidad, meses más tarde, probó que no era un nazi trasnocha­do, sino muy contemporáneo, con la diferencia de que su centro ideológico no hablaba en alemán, sino en inglés. Y probó tam­bién que la capacidad de barbarie de los seres humanos mane­jados por la ideología del imperialismo no tiene límites.

Contra la idea de Merino Castro se oponía solamente la de un grupo de generales en el Ejército, del seno de los «refor­mistas», que estimaban que una acción así provocaría una reac­ción de «odio contra los militares, que nos costará estar en guerra de guerrillas durante todo el tiempo que nos mantenga­mos en el poder». Pero los sucesos de marzo, abril, mayo y junio de 1973, que vimos en detalle en los capítulos anteriores, demos­traban la profundidad, las hondas raíces que el deseo de libe­ración nacional había tomado en el pueblo, y ello fue decisivo en la decisión. Los generales y almirantes complotadores esti­maron que los chilenos estaban «enfermos» de revolución, que eso era lepra, y como en la Edad Media, había que quemar a los leprosos para sanear el ambiente.

Y desde fines de junio comenzó a perfeccionarse el plan de «los tres tercios» de Merino Castro. Se codificaron las listas de «extremistas», «dirigentes», «políticos de izquierda», «perio­distas marxistas», «agentes del comunismo internacional», y toda persona que participara con alguna fuerza en organizaciones ve­cinales, comunales, sindicales o nacionales, que tenían prepara­das desde octubre-noviembre de 1972 los Servicios de Inteligen­cia del Ejército, la Marina y la Aviación. Se pidió ayuda al Pen­tágono para que se le proporcionaran al Ejército chileno las listas de la Agencia Central de Inteligencia... ¡de chilenos vincu­lados con los países socialistas!, y se trabajó con la meta de separar dos niveles: las personas no conocidas públicamente, o conocidas relativamente poco, pero que eran importantes en las organizaciones de todo tipo de la izquierda; y las personas conocidas públicamente en un grado importante, incluyendo funcionarios estatales de categoría de la Administración Allende.

A los primeros se les llamó, por indicación de Merino Castro, «motores del marxismo». A los segundos, «dirigentes del mar­xismo». Ya a principios de agosto, las listas estaban bastante completas, y el plan de «los tres tercios» de Merino Castro tomó una dimensión apocalíptica.

Se llegó a la conclusión de que los «motores del marxismo» eran unos veinte mil chilenos, que iban desde estudiantes uni­versitarios hasta personas de edad avanzada, ya jubilados de sus trabajos pero con una vida de participación en la comunidad muy activa. Estos eran los que había que detener y fusilar en las primeras horas, o días, del golpe militar.

Los «tres mil» de Merino Castro se habían transformado en «veinte mil», ya en agosto de 1973.

Los de la segunda lista, los «dirigentes del marxismo», en cambio, no fueron sorpresa para el almirante Merino Castro. Su suma no sobrepasaba los tres mil. A ésos, se acordó, había que apresarlos, juzgarlos por el mero hecho de haber deseado una democracia mejor para su pueblo y condenarlos a prisión larga.

Los altos mandos militares encontraban que esta idea era muy buena porque «si damos de baja a los dirigentes tan cono­cidos, se nos va a acusar de dictadores en todo el mundo». Y en cambio, pensaban, si exterminaban a los desconocidos, pero verderos movilizadores de los obreros, campesinos y empleados, entonces, «nadie nos preguntará por ellos».

Así, a fines de agosto, estaba todo tan calculado, tan a punto de ponerse en práctica por parte de los generales y almirantes insurrectos, que la operación, en realidad, parecía lo que era en esencia: los preparativos secretos de la invasión militar de otro país, para apoderarse de él definitivamente.

Cuando en la noche del 10 de septiembre los infantes de ma­rina comenzaron a ocupar Valparaíso, como primera fase de la ocupación de todo el país, los generales y almirantes tenían metas específicas a cumplir en su blitzkrieg:

1) Cazar y asesinar a veinte mil personas, cuyos nombres figuraban en listas distribuidas previamente a todos los mandos de las veinticinco provincias. La meta para las primeras horas del golpe eran seis mil personas de esas listas.

2) Detener y confinar en campos de concentración, previa­mente designados, a tres mil personas más.

3) Ocupar militarmente todos los centros administrativos, económicos y políticos del país.

4) Prepararse para un combate de cinco a seis días, que hacía suponer un presupuesto de bajas de «cincuenta mil per­sonas», de las cuales las Fuerzas Armadas militares podían so­portar una parte «no mayor» de dos mil hombres, para ase­gurar la operación. (Sobre estos puntos, en declaraciones públi­cas posteriores a la masacre, los jefes militares incurrieron en algunas divergencias. Por ejemplo, el general Gustavo Leigh, en el diario «La Tercera», de Santiago, del día 17 de septiembre de 1973, declaraba: «Actuamos así porque es preferible que haya CIEN MIL MUERTOS en tres días y no un millón en tres años, como ocurrió en España.» Y el general Augusto Pinochet, en en­trevista por televisión en red nacional, en octubre de 1973, decía: «La resistencia se desmoronó rápidamente. Nosotros esperába­mos, estábamos preparados para que ellos resistieran cinco días... No fue así, podría haber habido CINCUENTA MIL MUERTOS.»)

En todo caso, es importante ver lo siguiente: los cuatro obje­tivos básicos de la blitzkrieg, que abrió las puertas del infierno sobre Chile el 11 de septiembre, demuestran que los militares insurrectos estaban actuando sobre seguro, que ellos «sabían» que se iban a enfrentar con un pueblo desarmado, o pobre­mente armado, por sorpresa, sin siquiera sospechar la invasión militar, y que su resistencia a la masacre iba a ser solamente la resistencia que da la desesperación frente a la muerte segura. Por eso calculaban un máximo de UN SOLDADO muerto por cada VEINTICUATRO CIVILES. Esto es bueno recordarlo para quien tenga en mente el supuesto Plan Zeta esgrimido como excusa por los generales y almirantes.

Con el correr de los meses, después del inicio del genocidio en la noche del 10 de septiembre de 1973, la situación se haría tan brutal, que incluso el cardenal de la Iglesia Católica chilena, arzobispo de Santiago Raúl Silva Henríquez, declararía pública­mente, tomando un gran riesgo personal, lo siguiente: «Creemos que no se hará la paz de Chile sobre la base de LA DESTRUC­CIÓN DE UNA PARTE NUMEROSA DE LOS CHILENOS» («Ercilla», número 2002, 12 diciembre de 1973. Esta revista es demócratacristiana, del grupo de Eduardo Frei).7

No obstante, a pesar de la preparación minuciosa del asesinato de los veinte mil chilenos de la lista manejada por las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, a pesar de la sor­presa con que se lanzó la maquinaria de muerte sobre este grupo de chilenos tan grande, y a pesar de la falta de prepara­ción de las organizaciones populares para resistir con éxito una matanza de esa magnitud, los resultados de las primeras veinti­cuatro horas de la operación exterminio de los «motores del marxismo» fue un fracaso relativo para los generales y almi­rantes.

De acuerdo a cifras aproximadas, conseguidas por el propio autor de este libro y por amigos de él que arriesgaron su vida para informarlo en los días inmediatamente posteriores a la in­surrección, en el primer día de operaciones (el 11 de septiem­bre), sólo lograron asesinar a poco más de tres mil personas.



Un detalle tentativo, provincia por provincia, de esos resul­tados estimados «no satisfactorios» por el Estado Mayor insu­rrecto, es el siguiente:

Provincia de Tarapacá: 80 dirigentes medios asesinados, de un total buscado de 400. La región fue invadida por las tropas al mando del general de brigada Carlos Forrestier Haengsgen y el coronel Odlanier Mena Salinas.

Provincia de Antofagasta: Alrededor de 80 asesinados, des­pués de ser cazados en sus propios domicilios, de un total bus­cado de 400, más o menos. Las Fuerzas Armadas de ocupación estaban al mando del general de brigada Joaquín Lagos Osorio y el coronel Eugenio Rivera Desgroux.

Provincia de Atacama: De un total aproximado de 1.000 nom­bres inscritos en la lista de exterminio, sólo consiguieron cazar y asesinar a unos 100 dirigentes.

Provincia de Coquimbo: 100 asesinatos de un total presu­puestado de 200. Las provincias de Atacama y Coquimbo estaban al mando de los tenientes coroneles Óscar Haag Blaschke y Ariosto Lapostol Orrego.

Provincia de Aconcagua: 100 asesinatos de un total buscado de 500. Las tropas genocidas estaban al mando del coronel Héc­tor Orozco Sepúlveda.

Provincia de Valparaíso: 250 asesinatos de un total buscado aproximadamente de 2.000. La ocupación militar estaba al mando del contralmirante Adolfo Walbaum Wieber.

Provincia de Santiago: De una lista para cazar y asesinar de cerca de 6.500 personas, los comandos de exterminio consiguieron matar «sólo» a unos 800 miembros de organizaciones civiles de izquierda. El jefe militar de las tropas invasoras era el gene­ral de brigada Herman Brady Roche.

Provincia de O'Higgins: Alrededor de 80 cazados y ejecutados, de un total buscado de unos 600. Al mando de los invasores esta­ba el teniente coronel Cristian Ackercknecht.

Provincia de Colchagua: Los comandos de exterminio consi­guieron matar a unos 100 civiles de un total buscado cercano a los 500. Comandaba las tropas invasoras el coronel Hernán Brantes Martínez.

Provincia de Curicó: De una lista para exterminar a 300, consiguieron cazar y ejecutar a unos 50. Jefe militar: teniente coronel Sergio Angelotti Cádiz.

Provincia de Talca: Los comandos militares asesinos tenían una lista que bordeaba las 400 personas. Asesinaron a 80. Jefe militar: el teniente coronel Efraín Jaña Girón.

Provincia de Linares: Cerca de 20 asesinados de un total pro­gramado de 100. Jefe militar: coronel Gabriel del Río Espinosa.

Provincia de Maule: De un total buscado de cerca de 100 ci­viles, lograron cazar y asesinar a unos 20. Jefe militar: teniente coronel Rubén Castillo Whyte.

Provincia de Nuble: La lista de exterminio pasaba de los 500. A la medianoche del día 11 de septiembre informaron a la cen­tral de Inteligencia en Santiago, que sólo habían conseguido «dar de baja» a 98 de los buscados. Jefe de las fuerzas de ocu­pación: coronel Juan Toro Dávila.

Provincias de Concepción y Arauco: Bajo el mando conjunto del general de brigada Washington Carrasco Fernández y el con­tralmirante Jorge Paredes Wetzer. En Concepción, de un total buscado de 2.000 civiles, lograron asesinar cerca de 250. En la provincia de Arauco, de un total buscado de alrededor de 500, asesinaron cerca de 100.

Provincia de Bío Bío: 120 cazados y asesinados de un total buscado de más o menos 800 personas. Jefe militar: coronel Alfredo Rehren Pulido.

Provincia de Malleco: De un total aproximado de 400 busca­dos, las fuerzas de ocupación lograron cazar y ejecutar a unos 80. Jefes militares: tenientes coroneles Elias Bacigalupo Soracco y Alejandro Morel Donoso.

Provincia de Cautín: 150 ejecuciones de un total programado de 600. Jefes militares: coronel Hernán Ramírez Ramírez y te­niente coronel Pablo Iturriaga Marchesse.

Provincia de Valdivia: La lista de «motores del marxismo» tenía alrededor de 200 nombres. Se logró la captura y muerte de cerca de 40. Jefe de las fuerzas invasoras: el general de bri­gada Héctor Bravo Muñoz.

Provincia de Osorno: Las fuerzas invasoras, a cargo del te­niente coronel Lizardo Simón Abarca Maggi, lograron la captura y muerte de alrededor de 140 civiles de un total buscado cer­cano a los 600.

Provincias de Llanquihue y Chiloé: El jefe de las fuerzas de ocupación era el coronel Sergio Leigh Guzmán (hermano del integrante de la Junta Militar, Gustavo Leigh Guzmán). Se con­siguió la caza y asesinato de más o menos 115 personas, de un total aproximado de 400 personas buscadas en las dos provincias.

Provincia de Aisén: Fueron cazados y capturados 10 «motores del marxismo», de una lista de alrededor de 200 buscados. Jefe militar: coronel Humberto Gordon Rubio.

Provincia de Magallanes: El jefe militar era el general de división Manuel Torres de la Cruz, cuyas fuerzas «sólo» consi­guieron asesinar a unas 100 personas, de un total inscrito en «las listas» de alrededor de 500.

En términos estadísticos, la efectividad de los comandos ase­sinos de los Servicios de Inteligencia Militares, a pesar de estar siendo asesorados por las unidades «independientes» de civiles de los grupos fascistas, que funcionaban barrio por barrio en las ciudades, era muy baja.

Esto, al parecer, decidió a los generales y almirantes insu­rrectos a desatar sobre la población civil considerada como «can­cerosa» una represión sin límites, bajo la forma de apresamien­to masivo, instalación de lugares de torturas propias de la época nazi en Europa y campos de concentración en toda la nación.

En los primeros 18 días tras el 11 de septiembre había sola­mente en Santiago casi 20.000 civiles presos. Y en todo el país, esta cifra llegaba a los 75.000; era una desesperada búsqueda de todos los componentes de la lista de los «veinte mil».

De acuerdo a cifras aproximadas, desde el 12 al 30 de sep­tiembre, de entre las decenas de miles de prisioneros, los gene­rales y almirantes insurrectos lograron detectar a otros 6.300 integrantes de las listas de los Servicios de Inteligencia, que fue­ron fusilados en el interior de los mismos campos de concentra­ción. Esto dejó la efectividad de los comandos asesinos a poco menos del 50 % para el total de veinte mil. Esto fue lo que se llamó Operación Pinzas.

Por otro lado, en los primeros cinco días después del co­mienzo de la ocupación militar, la defensa desesperada y des­coordinada de algunos grupos de trabajadores contra la maqui­naria bélica lanzada contra ellos, dejó unos 500 muertos civiles «caídos en combate», contra alrededor de 500 miembros de las tropas bajo mando fascista, entre los cuales se contaban los oficiales y soldados asesinados en la misma mañana del 11 de septiembre y días posteriores, por negarse a obedecer las órde­nes de salir a las calles y caminos y masacrar al pueblo chileno. Cerca de 100 oficiales y soldados cayeron en esta forma, fusila­dos por sus propios compañeros de armas.

Todo esto hace una cuenta homicida de casi 15.000 víctimas civiles en los primeros 18 días del desencadenamiento del in­fierno sobre Chile. Es decir, unos 740 muertos por día. O, de otro modo, 30 víctimas por hora; es decir, ¡UN ASESINATO CADA DOS MINUTOS!'

Después de esta primera lluvia torrencial de muerte sobre los chilenos, los asesinatos se hicieron más espaciados a medida que las dificultades para los comandos asesinos se hacían ma­yores por la reorganización del pueblo, que comenzó a burlar en parte la maquinaria destructiva montada, por encargo del Pentágono, por los generales y almirantes chilenos.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1973, los oficiales insurrectos asesinaron a un promedio de 30 a 40 personas por semana, aplicando métodos tan sutiles como «la ley de fuga».

Una crónica transmitida el 15 de noviembre para el diario «Excelsior», de México, por su corresponsal en Buenos Aires, Giangiacomo Foa, dibuja ese rincón del infierno en aquellos meses. Su texto, resumido, es el siguiente:

«En Chile sigue aplicándose "la ley de fuga". Todos los días, todas las noches, la Junta Militar que gobierna Chile ejecuta en nombre de los sagrados derechos humanos, la libertad, la demo­cracia y la religión a decenas de ciudadanos chilenos cuyo único delito consiste en haber sido partidarios del Gobierno socialista del extinto presidente Allende. La paz que busca implantar Pinochet es la paz de los sepulcros.

»Las palabras que siguen son de la abogado Carmen Hertz. Su esposo, Carlos Berger, que fue jefe de la empresa de cobre de Chuquicamata, acaba de ser fusilado en la cárcel de Calama junto con veintiséis obreros del cobre. La Junta Militar de Chile sigue implacable con sus prisioneros de ''guerra". "Estuve con

él hasta las 16,30 horas. Conversamos largo rato. Estaba tran­quilo, sabiendo que sólo le restaban 20 días para cumplir la condena que le había impuesto pocos días antes el consejo de guerra. Nunca llegó a pensar que 90 minutos más tarde sería fusilado"

El relato de Carmen Hertz no difiere mucho del que hacen centenares de víctimas que han visto destruidos sus hogares, sus familias y su vida, cuando la furia represora del Gobierno de Pinochet se ensaña en sus seres queridos. En Chile, los perfumes nacionales se han vuelto la pólvora y la sangre. La "ley de fuga'" es el pan macabro de todos los días: "Al inquirir por mi esposo me contestaron lacónicamente que había sido muerto cuando, en compañía de otros veinticinco prisioneros, intentaba fugarse. Creí volverme loca cuando me confirmaron la noticia que había recibido un día antes, pero a la que no podía dar crédito. Me habían dicho la víspera que todos los prisioneros que estaban en la cárcel de Calama habían sido sacados sorpresivamente de sus celdas y llevados a un lugar denominado Topater, campo de entrenamiento de tiro de los militares acantonados en esa región fronteriza con Bolivia. Luego logré obtener del médico forense de Calama el certificado de defunción de mi esposo. Allí se "esta­blece como causal de la muerte la destrucción del tórax y la región cardíaca por fusilamiento". Junto con Berger murieron esa tarde David Miranda, ex dirigente nacional de la Federación Minera; dos periodistas de radio El Loa y el resto obreros. Pero el ajusticiamiento de Calama es sólo uno más de una sangrienta serie de sucesos inconfesables.

En el cuartel de La Serena se mató a quince ciudadanos. Entre ellos ejecutaron al director del Conservatorio de Música, Jorge Peña, y al médico pediatra Jorge Jordán. En las afueras de Antofagasta, el 19 del mes pasado, fueron fusilados otros veintidós patriotas chilenos. Entre ellos estaba un primo de la esposa del ex presidente Eduardo Frei. TODOS LOS FUSILADOS HABÍAN SIDO CONDENADOS POCOS DÍAS ANTES A RECLU­SIÓN CARCELARIA, con penas que iban de dos meses a cua­renta años. Pero la Junta los prefirió muertos...

Mientras la Junta Militar celebrada los dos meses del derro­camiento del Gobierno socialista, un largo convoy de vagones jaulas, utilizados habitualmente para transportar ganado, con­ducía novecientos presos políticos a la oficina salitrera de Chacabuco, recientemente convertida en campo de concentración. Los detenidos tendrán que soportar los rigores de un clima desértico: la salitrera fue convertida hace dos años en monumento nacional por el presidente Allende.

Sin embargo, el infierno no terminó para los chilenos con el final de 1973. Todavía en abril de 1974, al completar casi siete meses del derrocamiento del Gobierno constitucional por parte de los generales en contacto con el Pentágono, la situación era horrible. La agencia norteamericana Associated Press, el primero de abril, transmitía desde Santiago de Chile la siguiente noticia:

«Dirigentes religiosos católicos, luteranos y judíos de Chile apelaron ante los tribunales en favor de ciento treinta y una personas de las que, dicen, nada se sabe desde que fueron arres­tadas por fuerzas del orden en los últimos meses. La petición fue hecha por monseñor Fernando Ariztía Ruiz, obispo auxiliar de la Archidiócesis Católica de Santiago; Helmuth Frenz, obispo evangélico luterano; Ángel Kreitman, gran rabino de Chile, y varios otros dirigentes.

El documento fue presentado el viernes pasado como recur­so de amparo (habeos corpus), en nombre de un Comité de Cooperación para la Paz ante la Corte de Apelaciones de San­tiago.

Expresa que su objetivo es salvaguardar la integridad fí­sica y moral de tantas personas que hoy se encuentran priva­das de libertad y recluidos en sitios que se mantienen secreto para sus parientes y amigos e inaccesibles, por ende, a una jus­ta y adecuada defensa pública.

El recurso de amparo de los dirigentes religiosos fue pre­sentado en favor de los presuntos perseguidos, entre los cua­les no figuran nombres de resonancia pública. "El drama hu­mano que están viviendo tantas madres, esposas, hijos, parientes y amigos ha movido al Comité de Cooperación para la Paz en Chile a presentar en favor de personas arrestadas, y no ubica­das hasta hoy, el presente recurso de amparo", dice el docu­mento.

Agrega que "nos ha conmovido, en nuestra condición de pastores, el dolor y la angustia de tantas personas inocentes, pobres y humilladas en su inmensa mayoría, desprovistas de to­do relieve social, sin nombre conocido y sin influencias im­portantes. El caso de cada una de las personas por quienes re­currimos hoy de amparo ha sido estrictamente estudiado y so­metido a comprobación no sólo por los parientes o amigos de los recurridos, sino además por un cuerpo de abogados y asis­tentes sociales".

Aun cuando muchos de los casos citados en la apelación ha­brían ocurrido poco después del levantamiento militar de sep­tiembre pasado, otros son más recientes, según el documento. Entre ellos menciona a una madre de dos hijos, identificada co­mo Amapola Lizette Ruiz, de 29 años, quien habría sido dete­nida el 17 de marzo último por cinco soldados en un barrio mo­desto de la capital. Agrega el documento que su hermana la ha estado buscando desde entonces sin éxito.

Cita también el caso de Sergio Héctor Salinas Tamayo, de 48 años de edad, casado. Dice que fue arrestado en una fábrica hace tres semanas por cinco personas que se identificaron co­mo agentes del Servicio de Inteligencia Militar (SIM). Agrega que los esfuerzos de sus parientes para tratar de averiguar su paradero fueron infructuosos "a pesar de haber visitado sitios de detención, cárceles, estadios, morgue, hospital, etc"

Otro caso mencionado es el de un empleado de servicio de energía eléctrica de Santiago, Luis Alberto Gerlach Zúñiga, de 23 años, de quien afirma que ha sido arrestado el 27 de febrero sin que se sepa nada de él.

Todo lo anterior no es más que un pálido reflejo de lo que comenzó a ocurrir desde el momento que los generales y almi­rantes en contacto con el Pentágono decidieron cometer un ge­nocidio con un tercio de la población chilena para salvaguardar los intereses económicos de un puñado de oligopolios del dólar.

El asesinato de civiles indefensos, así, ha pasado a ser más que un castigo, un alivio para los centenares de miles de hom­bres, mujeres, ancianos e incluso niños brutalmente torturados cotidianamente por la maquinaria montada por el almirante Merino y los generales Leigh, Mendoza y Pinochet.
Las torturas
A principios del mes de noviembre de 1973, los pocos campe­sinos que transitaban por el Puente Las Tejuelas, a dos o tres kilómetros de Chillan, sobre el río Nuble, se dieron cuenta que ya las aguas comenzaban a bajar por el cese de la época de las lluvias. Y junto con ese fenómeno visto tantas veces, otro, nue­vo y horroroso: la aparición de decenas de cadáveres de perso­nas sin cabeza, degolladas, con las manos atadas a la espalda. Muchos de los cadáveres estaban semipodridos; otros no tanto. Los campesinos fueron a avisar al puesto de Carabineros de la salida de la ciudad; la respuesta fue ésta: «Ustedes no han vis­to nada. Si cuentan lo que vieron, los tomaremos presos y los degollaremos igual que esos cadáveres.»

Eran los restos de la operación «exterminio» en la provin­cia de Nuble. Restos semejantes a los de cualquier otra pro­vincia de Chile después del 11 de septiembre. Restos dejados por la bayoneta, ametralladora y aparatos de tortura de los militares chilenos.

Poco antes, en el puerto de Talcahuano, la Sociedad Pesque­ra Arauco tuvo que suspender varios días sus faenas ¡porque en los peces llegados para su trabajo, se encontraban restos de seres humanos! Eran de los cadáveres que la marina chilena iba a lanzar mar adentro.

Una periodista, cuyo nombre no puedo citar porque correría peligro en Chile, me cuenta cómo, en el río Mapocho, que atra­viesa Santiago, comenzaron a aparecer cadáveres de personas torturadas y luego fusiladas:

«Durante las primeras semanas de octubre me tocó pasar casi todos los días, muy temprano, por el puente Bulnes, que cruza el río Mapocho. La primera vez me negué a creer lo que vi. No podía ser cierto. Desde lejos pude ver que en las barandas del puente y en los bordes del río se agolpaba gran cantidad de gente. Estaban mirando los cadáveres. Cuatro cuerpos de hombres que semiflotaban. Todavía recuerdo que uno de ellos llevaba una camisa roja. Un poco más lejos, un quinto cadáver, que había sido arrastrado hasta la orilla. La escena se repetía todos los días. Y no sólo en ese puente, también los pude ver en el puente Pedro de Valdivia. Decenas de mujeres se aposta­ban todos los días en los puentes con la esperanza de ver pa­sar el cadáver de su esposo o hijo desaparecido. Un día, vi nue­ve cadáveres, todos con el torso desnudo y las manos atadas a la espalda. Los cuerpos perforados a balazos. Y junto a ellos, el cadáver de una niña, de aparentes quince o dieciséis años».

Los niños nunca fueron ajenos a la furia militar. El día 18 de septiembre, una patrulla militar fue a buscar a su domicilio a José Soto, artesano mueblista en hierro forjado, presidente de la Junta de Abastecimientos y Control de Precios en su barrio de Quinta Normal. Soto no estaba. La patrulla militar sólo encontró a su hijo de 14 años. Lo apresó. Y después lo fueron a botar a la puerta de la casa, fusilado. «Para que el hijo de puta no sea maricón y se entregue», les gritaron los militares a los vecinos. José Soto y su familia están ahora fuera de Chile, por eso se puede contar lo que el anciano (de unos 60 años) le contó al autor de este libro.

Durante todo el mes de septiembre y parte de octubre, en las poblaciones de Santiago, alrededor de concentraciones indus­triales, los oficiales al mando de las tropas de ocupación deja­ban cadáveres en las calles, para que sus parientes fueran a re­cogerlos y así apresarlos. Los cadáveres estaban habitualmente con las uñas arrancadas, las piernas quebradas o los testículos reventados. Varios aparecieron con los ojos quemados, al pare­cer con colillas de cigarrillos.

En enero de 1974, tropas de la Fuerza Aérea de Chile dejaron en una población del lado sur de Santiago a un joven de 17 años, perteneciente al MIR, al que habían apresado diez días antes. Su cuerpo, ya muerto, resumía la brutalidad de las torturas: parte del abdomen sometido a vivisección en vivo, las dos piernas quebradas, el brazo izquierdo quebrado, todo el cuerpo con huellas de quemaduras de cigarrillos, y castrado. El médico forense puso «muerte por anemia aguda».

Otra forma de tortura habitual practicada por los oficiales de los Servicios de Inteligencia Militar y de Carabineros era el apagar cigarillos encendidos en el ano de la víctima; así como la aplicación de corriente eléctrica en los oídos, ano y testículos. Por su parte, los oficiales de Infantería de Marina parecían te­ner otra afición: siete miembros de la policía marítima de Val­paraíso aparecieron muertos con las piernas quebradas y los testículos reventados a golpes.

Personas que estuvieron presas en el barco de transporte Lebu, en la rada de Valparaíso, en septiembre, le contaron al autor de este libro cómo la nave se constituyó en una cárcel para torturas. Por ejemplo, en la bodega número dos, había dos­cientos presos y, en un rincón, un tambor de petróleo partido por la mitad para los excrementos y orinas de esos presos. En un calabozo de madera, había veinticinco presos, los cuales dor­mían en el suelo, y los infantes de marina, en la noche, cuando los presos habían logrado conciliar el sueño, se paseaban sobre ellos pisándolos. Salía el Lebu en la noche hasta alta mar y fusi­laban en cubierta. Luego tiraban los cadáveres por la borda tras abrirles el pecho con bayoneta «para que no floten los conchas de su madre».

Pescadores de Horcones, Quinteros y otras caletas de la zo­na han encontrado, al recoger la pesca, cadáveres o restos hu­manos en sus redes.

Cuando en la madrugada del 11 de septiembre, siete mil sol­dados del Ejército, dos mil de la Fuerza Aérea y cuatro mil de Carabineros, bajo las órdenes del general de brigada Sergio Arellano Stark, se dejaron caer sobre la población obrera y trabajadora de Santiago para masacrarla y asesinar al Presi­dente constitucional del país, ya había preparados diecisiete campos de concentración y de tortura para entrar en acción de inmediato. Eran las instalaciones de la Fuerza Aérea en los Cerros de Chena (San Bernardo), el Estadio Chile, la galería 5 de la Cárcel de Santiago, un patio de la Penitenciaría de Santia­go, la Base Aérea de Los Cerrillos, los subterráneos del Minis­terio de Defensa, el recinto oriente de la Escuela Militar Ber­nardo O'Higgins, el Regimiento Buin, el Regimiento Blindados Número 2 (este recinto solamente para recibir a Salvador Allen­de cuando se «rindiera» y efectuar ahí la operación asesinato del presidente); la estación meteorológica de la Armada, en el parque de Quinta Normal; el Estadio Nacional, el Regimiento Tacna; la Escuela de Infantería; la base aérea El Bosque; la Escuela de Paracaidismo y Fuerzas Especiales, y el Estadio Nataniel.

En la mañana del 11 de septiembre, cuando todavía no se da­ba la orden de bombardear el Palacio de Gobierno donde esta­ba Salvador Allende, la preocupación del general. Pinochet, je­fe insurgente, desde su «cuartel general» en Peñalolén, era saber si esos diecisiete campos de tortura y concentración estaban ya en funcionamiento, y consultaba al puesto de comando del vicealmirante Patricio Carvajal sobre la materia, según esta graba­ción de sus transmisiones:

»Puesto cinco a puesto uno, cambio...



«Puesto cinco... Aquí puesto uno... Se necesita saber si es­tán en funcionamiento los estadios Chile y Nataniel para los prisioneros... Queremos saber qué personal lo está guarnecien­do. Si no están funcionado todavía, que para qué hora se es­pera que funcionen».

Allí, en esos campos de concentración y tortura, se fue di­bujando toda una enciclopedia de la brutalidad de los seres hu­manos con uniforme de «soldados de la Patria». Desde los cu­latazos, los insultos, la quema de barbas con encendedores, los palmetazos en el oído o las simples patadas en los testículos has­ta situaciones más refinadas.

Testimonio de Luciano Duque, obrero de imprenta de los Ferrocarriles del Estado, preso en el Estadio Nacional:

«...me enterraron la punta del fusil en la cicatriz de una operación de hernia que tenía al costado derecho. Pero a mí me pegaron poco. Vi a Alberto Corvalán, hijo de Luis Corvalán, se­cretario general del Partido Comunista de Chile. Lo vi en el Estadio Nacional. Lo tenían aislado y no dejaban hablar con él. Nosotros éramos como cuatrocientos detenidos y nos hicieron formar entre dos filas de soldados que nos encañonaban con sus armas, por delante y por detrás. Allí estaba Corvalán hijo, con una frazada en la cabeza. Esto pasaba en la parte exterior del velódromo. Seis milicos lo insultaban en forma soez, para pro­vocarlo y hacerlo hablar, según me daba cuenta. Corvalán no largaba nada. Cuando lo soez de los insultos le exasperaba, él contestaba como hombre y entonces entre los seis milicos lo pateaban, lo golpeaban, lo culateaban sin miramiento alguno, con todo salvajismo y como contentos de hacerlo. Corvalán gritaba entonces que no le pegaran más. Esto se repitió una y otra vez y todos los detenidos estábamos desesperados porque no podía­mos hacer nada y estaba claro que si gritábamos siquiera nos iban a ametrallar a todos. Al fin terminó el suplicio de Corvalán cuando se se movió más y quedó botado. Los milicos exigieron la ayuda de los propios detenidos de la fila para trasladarlo. No supe donde lo llevaron...».

Las mujeres
Los equipos de torturadores militares, graduados en la Es­cuela de las Américas en la Zona del Canal, han demostrado con las mujeres chilenas una especie de conocimiento general de la bestialidad humana que los coloca muy por encima de sus maes­tros norteamericanos, a juzgar por lo que sabemos.9

Una profesora universitaria, de la sede Oriente de Santiago de la Universidad de Chile, casada, dos hijos, que estuvo cua­renta días detenida en el Estadio Nacional, hace un memorán­dum para el autor de este libro, sobre el trato a «las prisione­ras de guerra»:

«Se las obligaba a permanecer todo el día boca abajo, con las manos sobre la nuca y las piernas abiertas... Había filas de prisioneras hincadas o paradas contra los muros, y al menor movimiento eran golpeadas, pateadas... Y en varios casos, lo vi, baleadas... En los camarines de seis por cinco metros había cien mujeres. Comida una sola vez al día (a las 16 o 17 horas). Había dos grupos mayoritarios de prisioneras: obreras y profesiona­les universitarias... Muchachas y mujeres adultas fueron veja­das, obligadas a desnudarse, manoseadas e insultadas como pre­ámbulo a los interrogatorios... Las profesoras habían sido saca­das desde las propias salas de clase con los brazos en alto... Un grupo de maestras de escuela tuvo una peregrinación abyec­ta: en la comisión investigadora una de ellas fue pelada al ra­pe... Luego a los Cerros de Chena, siempre con los ojos venda­dos... Para ir a los servicios higiénicos debían hacerlo con guar­dias que aprovechaban para manosearlas y golpearlas... Las interrogaban desnudas, les aplicaban corriente eléctrica en la boca, las manos, los pezones, la vagina, desparramaban agua sobre sus cuerpos para que el dolor fuera más intenso. Las pala­bras con que se dirigían a ellas eran propias de degenerados y las hacían repetir continuamente ''yo soy huevona", "yo soy hue­vona"... Una profesional de un hospital fue llevada al recinto naval de la Quinta Normal. Allí estuvo tres días sin poder dor­mir nunca, sometida a torturas eléctricas cada ciertas horas. También a ella se le aplicó electricidad en la vagina. Después la llevaron al Estadio Nacional. Fue llevada a interrogatorio de nuevo, también con los ojos vendados. Esta vez, al parecer fue en el Velódromo, donde ya se había instalado la cámara de tor­turas. Fuera de corrientes eléctricas, esta vez se le obligó a to­mar algo con la mano. Le habían puesto una inyección, que supu­so de pentotal y que la tenía algo mareada, pero consciente. Al momento, sintió que era un miembro masculino que, al contac­to con su mano, se puso erecto. Se lo introdujeron en la boca, donde eyaculó».10

Hay otros memorándum de prisioneras que después lograron comunicarse con el autor de este libro. En esencia relatan lo mismo, aunque agregan que algunos oficiales les contaban que tenían «métodos de interrogatorio fuerte» para «ablandar», para «sacar información» y para «intimidar moralmente».

Y algunas novedades en esos otros memorándum: «Las acos­taban desnudas, sobre las tablas, y desparramaban cera derre­tida sobre el vientre... Hubo violaciones de a grupo o indivi­dual. "Muévete puta marxista", le decían. "Si no contestas vas a tener que chuparle el pico hasta al general Pinochet, puta de mierda", les decían también. "Otros oficiales comenzaban por introducirme un dedo en la vagina, con la intención de excitar­me»...

Hay muchos ejemplos, las páginas de los periódicos del mundo están llenos de ellos. Los cementerios de Chile están cubiertos de cadáveres mutilados. Quisiera citar, como una es­pecie de resumen del arte de la tortura aplicado en mi país por los militares, el testimonio aparecido en el diario «El Tiem­po», de Bogotá, en las ediciones del 26 y 27 de marzo de 1974, bajo la firma de autenticidad del columnista Daniel Samper Pizano. El testigo es un estudiante universitario de Valparaíso y dice esto:

«Fui detenido a mediados de octubre en el mismo recinto universitario donde estudiaba, donde asistía normalmente a clases. El rector designado por los militares permitía que los esbirros del Servicio de Inteligencia Naval se introdujeran en la universidad, y tengo la impresión de que el propio rector delataba a los estudiantes de izquierdas. Con los demás detenidos nos llevaron a la Academia de Guerra Naval. Éste es un edificio de acero, de cuatro pisos, ubicado en un promontorio sobre el mar, en el Cerro Playa Ancha. Llegando se nos vendó los ojos y se nos hizo subir hasta el cuarto piso por las escaleras de hie­rro. Las caídas y los empujones iniciaban la tortura. Al subir escuchábamos gritos desgarradores; creímos que eran graba­ciones para amedrentarnos, pero luego nos dimos cuenta de que eran gemidos auténticos de los torturados. Nos metieron en una pieza y nos obligaron a permanecer de pie, con las manos en la nuca, sin hablar. El que se movía o hablaba era lanzado al suelo donde le daban culatazos y lo pateaban. Allí permanecimos toda una tarde, en espera de que nos llamaran para interrogar­nos. Nos sorprendieron hablando y nos castigaron brutalmente, pero así pude saber que en esa sala ya había personal de la Aduana que estaba siendo torturado. Había un profesor de literatura de la Universidad de Chile, un cura católico, y otro de nombre Juan, que era muy conocido en los barrios obreros de Valparaíso, quien posteriormente murió en una sesión de tortu­ras. Se nos dio comida bastante buena, pero nadie comía por el horror de los gritos del recinto y el miedo. Los guardias sá­dicamente decían: "Aprovechen de comer, que será la última comida". No se pudo dormir en todo el tiempo que permanecí en el edificio, puesto que los gritos eran desgarradores; eran verdaderos alaridos de dolor y no cesaban ni de día ni de no­che.

El primer día sacaron a mucha gente que había llegado an­tes: los de la Aduana, el profesor de literatura y el cura cató­lico. No volvieron más. Después sorprendí a un guardia que comentaba con otro: "El cura se les fue cortado, lo van a ha­cer aparecer como suicidio".

Al segundo día fui interrogado: Permanecí torturado duran­te más de tres horas. Me desnudaron y me golpearon con ma­nos y pies por todo el cuerpo. Parece que los interrogadores eran muchos. Luego me aplicaron corriente en los testículos. Cuando suspendían la corriente me golpeaban con manos y pies. Especialmente me golpeaban el abdomen, porque cuando se ini­ció la tortura intuí un golpe de karate en el vientre e instinti­vamente endurecí los músculos. Me gritó el torturador: "¿Así que entrenado? Ahora vas a ver". Durante todo el interrogatorio me tuvieron con los ojos vendados y las manos esposadas. Con las contracciones musculares por la electricidad, las esposas se cerraban cada vez más y me rompí las muñecas hasta el hueso. A estas alturas del interrogatorio ya no sentía dolor. Solamente me daba cuenta que me estaban quemando con electricidad. Al término del interrogatorio, que perseguía saber si había armas en la Universidad, me llevaron a otra sala donde me sacaron la venda para que pudiera caminar; pero me caía al suelo y me hicieron arrastrarme hacia otra sala donde yacían los tortura­dos. Había allí un profesor universitario que conocía de vista, que estaba con todo un lado del cuerpo negro de los hematomas y le habían perforado el tímpano, por lo que el dolor le hacía aullar; los restantes estaban todos tanto o más golpeados que yo. Muchos tenían las costillas rotas y no podían siquiera res­pirar. Ninguno podía caminar; tenían fracturas en los huesos de las piernas, por golpes y por las contracciones musculares pro­ducidas por la corriente. Había muchas mujeres tan golpeadas como nosotros. A las mujeres las habían violado en forma bes­tial; estaban desgarradas internamente y sangraban con profu­sión. Una se quejaba continuamente, le habían introducido un objeto cortante en la vagina y parece que le había traspasado el peritoneo. Entre los que estaban, algunos dijeron haber recono­cido a los interrogadores: "eran infantes de marina de los que han preparado las bases norteamericanas en Panamá".

Al tercer día me mandaron al buque Lebu, habilitado como cárcel, a la bodega número 3, donde ya había ciento sesenta per­sonas. Al descender sentí un hedor a excrementos que daba náuseas. Se debía a que no tenían baño y hacían sus necesida­des en unos tarros colocados en la misma bodega. Había allí obreros, empleados, médicos, abogados, estudiantes, profesores. Entre ellos recuerdo a Patricio Muñoz, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en Valparaíso; Sergio Fischer, eminente cardiólogo; Nelson Osorio, profesor de literatura; Félix Laborde, ingeniero químico; Carlos Pabst, físi­co; y muchos más que no puedo nombrar. Conviví con ellos du­rante sesenta y cinco días. La comida era asquerosa. Nos servían porotos con gorgojo, es decir, con gusanos. En un tiempo trata­ron de aparecer más humanos y el jefe del recinto, un oficial de apellido Osorio, nos permitió subir a cubierta, pero, para que no nos divisaran desde la ciudad, nos obligaba a estar sentados e inmóviles al sol. Se nos quemaban los talones y muslos por el calor de las planchas de cubierta. Después, el jefe se dio cuen­ta de que desde un buque italiano, creo que era el Verdi, nos fotografiaban y desde entonces se prohibió que saliéramos a cu­bierta.

Nos hacían levantar a las 6 y hacer gimnasia desnudos. Las faltas —fumar, conversar, no agregar el vocativo "señor" cuan­do nos interrogaban— eran sancionadas con culatazos y plan­tones, es decir, nos dejaban en posición erecta, rígidos, con las manos en la nuca, hasta por 24 horas, sin movernos. El menor movimiento era reprimido a culatazos. En las mañanas y en la noche nos hacían cantar el himno patrio al izar o arriar la ban­dera. Nos prohibían cantar el verso que dice "O la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión", porque parece que al principio los detenidos hacían mucho énfasis en esos versos y los marinos lo estimaban como un sarcasmo contra ellos.

Un día nos sorprendimos porque nos hicieron limpiar, nos dieron implementos y bajaron colchonetas para todos. Era que concurría ese día una delegación de la Cruz Roja Internacional. No bien se estaba retirando la Cruz Roja después de la visita, nos quitaron las colchonetas y no las volvimos a ver más. En los contados casos en que existía un interés de la Armada por ocultar las gravísimas flagelaciones inferidas a personalidades reclamadas por entidades internacionales, o cuya muerte podía causar escándalo exterior, se les llevaba al Hospital Naval, don­de algunos de ellos se suicidaban, como me consta que ocurrió con una muchacha que fue reiterada y bestialmente violada, quien se suicidó, razón por la cual en el Hospital estaba suma­riado todo el personal del cuarto piso para averiguar quién ha­bía permitido el suicidio.

Cuando llegó la noticia de que el Lebu era vendido como chatarra, me dejaron en libertad bajo condición de ser vigilado por la comisaría de Carabineros del barrio, donde tenía que concurrir diariamente. Una vez que habilitaron el nuevo campo de concentración (el estudiante se refiere al campo de torturas ha­bilitado en Colliguay Alto, en Valparaíso, donde en diciembre fueron trasladados los prisioneros de los barcos), empezaron a detener de nuevo a los que habían sido liberados, y entonces yo me fugué. Antes de enviarme a casa bajo vigilancia trata­ron de dejarme psicológicamente condicionado y me llevaron a la Academia de Guerra para una nueva sesión de torturas. Estuve cuatro días y me di cuenta de que las cosas estaban mu­cho más crueles y refinadas. Golpeaban más y empleaban más la electricidad. Casi me trastorné, no tanto por mi propio sufrimien­to como por el de personas más débiles que yo. Vi a jóvenes uni­versitarias que habían sido torturadas hasta lo indecible; una de ellas, embarazada, había sido golpeada repetidamente en el vientre y mostraba síntomas de aborto. Ancianos de más de 60 años habían sido quemados por todo el cuerpo con cigarrillos y electricidad. Hombres y mujeres con las uñas arrancadas con ali­cates. Después me llevaron al Cuartel Silva Palma, de la Infante­ría de Marina. Al cabo de dos días en este recinto, inexplicable­mente, me dejaron en libertad, obligándome a controlarme dia­riamente y a no contar lo que había visto. Nunca supe la razón de mi detención, ya que no sabía de armas en la Universidad, no era extremista ni militaba en ningún partido de la izquierda y solamente había participado en los trabajos voluntarios de toda la juventud, como cualquier estudiante universitario. Tengo excelentes notas y mis profesores me estimaban mucho. Mis pa­dres le pidieron al rector que intercediera por mí y quizás eso haya sido la razón de mi libertad. Son tan arbitrarios los fas­cistas que eso no lo sabré jamás.

Esto parece ser suficiente para explicar parte del infierno que se desencadenó sobre Chile a partir del 11 de septiembre de 1973. Sin embargo, algunos detalles adicionales son imprescin­dibles.

Por ejemplo, que a partir de febrero de 1974, el campo militar de Peñalolén, en los faldeos cordilleranos de Santiago, que para el día 11 sirvió de cuartel a los generales y almirantes insurrec­tos, se ha habilitado como «campo de torturas piloto» para los presos políticos. Antes, y durante tres meses, asesores de la policía y del Ejército brasileños, adiestraron a oficiales chilenos en el difícil arte de torturar a «prisioneros de guerra».11

Esta asesoría «técnica» brasileña no es sorprendente, ya que, según propia confesión de los generales insurrectos, en declaraciones de una semana después del golpe militar, dijeron que habían enviado a Brasil, Bolivia y Paraguay oficiales del Ejér­cito y la Marina de Chile para «poner en antecedentes» a esos Gobiernos del levantamiento militar que tendría lugar el 11 de septiembre. Así, los brasileños, bolivianos y paraguayos, un día después de dar el golpe, comenzaron a enviar expertos de Inte­ligencia de sus respectivos Ejércitos para «colaborar» en la identificación, apresamiento y torturas de ciudadanos brasileños, bolivianos, paraguayos y uruguayos que habían buscado asilo político en Chile durante los años anteriores.

Un caso que ahorra todo comentario es el del sociólogo y pro­fesor universitario brasileño Theotonio Dos Santos, refugiado en Chile desde hacía siete años. Dos Santos se asiló en la embaja­da de Panamá después del 11 de septiembre, y fue mantenido cinco meses allí sin que se le otorgara el salvoconducto. En Washington, cuando una delegación de la Hostos Community de la Universidad de Nueva York preguntó en la embajada chilena en la capital yanqui por qué no se le concedía salvoconducto a Dos Santos, la secretaria de prensa de esa embajada, periodista Carmen Puelma, respondió que «Dos Santos no tiene ningún problema pendiente en Chile, lo que pasa es que el Gobierno brasileño nos ha pedido que lo retengamos». Estás declaracio­nes fueron publicadas en el diario «The New York Times» del 24 de noviembre de 1973.

Los «asesores» brasileños fueron los que introdujeron la téc­nica de ablandamiento moral del fusilamiento «simulado», que consiste en llevar a los prisioneros al campo de matanza, some­terlos a la ceremonia del fusilamiento, en grupo, y matar sólo a uno de cada cinco o a uno de cada tres de los prisioneros en fila. Esta técnica fue utilizada profusamente en los primeros dos meses después del 11 de septiembre. Ahora se utiliza en los diferentes campos de concentración como Chacabuco, en Antofagasta; Pisagua, cerca de Iquique; Isla Juan Fernández, a 360 millas de Valparaíso; Isla Quinquina, frente a Talcahuano; Isla Dawson, en el canal de Beagle; Colliguay Alto, en Valparaíso; y campos de Peñalolén, en Santiago.

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