Estos mataron a Allende



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Octubre de 1972
En ese plan, planificado por la Sociedad de Fomento Fabril, y febrilmente apoyado por la CÍA, no figuraban las Fuerzas Ar­madas. Era una conspiración civil para detener al país, ponerlo al borde del colapso total y obligar con ello a renunciar a Allen­de, tras perder un plebiscito que debía convocar como única manera de sacar al país de la paralización. La SOFOFA y la CÍA estimaban, en septiembre, que octubre era una buena fe­cha porque ya la situación de «enflaquecimiento del apoyo po­pular al Gobierno es mucho, por las alzas, colas para comprar alimentos, escasez de todos los productos y la inoperancia del Gobierno».

El día 10 de octubre, a propósito de un proyecto del Gobierno de formar una compañía estatal de transporte camionero en la provincia de Magallanes, el presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, León Vilarín (hombre ligado al «sindicalismo libre» de los Estados Unidos), paraliza a sus asociados en todo el país «en señal de protesta contra la dicta­dura estatal marxista». Se pliegan a su paro la Confederación del Comercio Detallista, dirigida por Rafael Cumsille (democratacristiano del equipo de Frei), «en defensa de la libertad de tra­bajo», y lo siguen la Asociación de Dueños de Microbuses y Taxibuses de la Locomoción Colectiva Particular (dirigida por democratacristianos), Sociedad de Fomento Fabril, Sociedad Nacional de Agricultura, Confederación Nacional de la Produc­ción y el Comercio, Colegio de Abogados, Colegio de Ingenieros y Colegio Médico. Se suman técnicos y empleados de algunos bancos comerciales todavía no estatizados... En suma, todos los empresarios privados del país, la mayoría de los profesionales y un pequeño sector de empleados se declaran en paro inde­finido y levantan como bandera lo que llaman «el pliego de Chile». El «pliego» contenía exigencias políticas de variado or­den, pero su esencia era destruir todo lo avanzado en la apli­cación del programa de la Unidad Popular.

El presidente Allende nombra «interventor» en la locomo­ción colectiva de Santiago al general de brigada Hermán Brady Roche, director de la Academia de Guerra. El general Brady, del grupo de los «reformistas», hace todo lo necesario que, al revés de lo que le pedía Allende, los microbuses y taxibuses no se pongan en movimiento. Alega que hay tres mil quinientos vehícu­los de ese carácter en Santiago, que la guarnición de la capi­tal tiene menos de siete mil hombres, y como tendría que poner un soldado en cada microbús y taxibús para que pudiera tra­bajar protegido de los sabotajes de los comandos fascistas, haciendo dos turnos de ocho horas tendría que ocupar siete mil soldados solamente en eso, dejando sin guarnición militar la ciudad. La excusa era esa, pero la verdad era otra.

El general Brady estaba recibiendo instrucciones de su gru­po de generales «reformistas» para «dejar que Allende se aho­gue solo». «No le demos apoyo de ningún tipo, pero sin que se note.»

Pero, de improviso, comenzó a surgir un personaje que ni los miembros de la Sociedad de Fomento Fabril, ni la CÍA, ni los generales de las Fuerzas Armadas habían tomado en cuen­ta. Ocurre que mientras los parlamentarios democratacristianos y nacionales, a través de las radios y diarios con ediciones extra, vociferaban todo el día que «el país ha caído en un co­lapso», «todo Chile está detenido», «los trabajadores exigen que Allende renuncie o llame al plebiscito», en las calles, caminos, asentamientos campesinos, fábricas, oficinas públicas y pobla­ciones se comienzan a ver camiones transportando carga, vehícu­los llevando pasajeros, miles de obreros, silenciosos, con los puños cerrados y la mirada hosca, caminando por las calles ha­cia su trabajo todos los días; máquinas funcionado, arados la­brando la tierra. En suma, el país caminando. Caminando a me­dio tranco, es cierto, pero caminando. Todos los patrones en sus casas y los trabajadores haciendo caminar las fábricas. To­dos los grandes dueños de la tierra en la ciudad y los campesi­nos haciendo germinar la tierra.

Comenzó a verse una movilización popular gigantesca. Obre­ros, campesinos y empleados, reforzados por los estudiantes, salieron a combatir el paro patronal.

El Gobierno había decretado zonas de emergencia (control militar) en las veinticinco provincias de Chile, pero no se veía ni un solo soldado allanando casas de patrones para obligarlos a ir a trabajar. Sin embargo, se veían miles de obreros tra­bajando. A medias, es cierto, porque tenían que formar briga­das de choque para repeler los criminales atentados de los fas­cistas. Pero impedían el colapso económico.

En las barriadas industriales de Santiago, comenzaron a apa­recer con personalidad propia los llamados «cordones industria­les». Se habían comenzado a formar en junio de ese mismo año, llevados por la necesidad de combatir de alguna manera el sabotaje patronal, el mercado negro, la especulación y la esca­sez de materias primas industriales. Habían nacido como «orga­nizaciones de trabajo, comercio, planificación laboral y defen­sa contra los enemigos de clase» en la zona industrial de Los Ce­rrillos, al sudoeste de Santiago. Habían sido vilipendiados por algunos políticos de los propios partidos de la Unidad Popular, calificándolos de «organizaciones extremistas contrarrevolucio­narias» manejadas por «ultras».

Ahora, en octubre, mostraban su fuerza. Hacían caminar la industria, ocupaban los monopolios industriales, y sin patrones, sin técnicos, sin gerentes, los hacían caminar. Hacían asambleas y se discutía esto: «¿Qué plazo les fijamos a los momios (reac­cionarios) para que vuelvan a trabajar?» O también: «Debe­mos organizarnos en brigadas armadas populares para derrotar definitivamente a nuestros enemigos... Los militares están ayu­dando a los patrones con su pasividad... El problema tene­mos que resolverlo nosotros mismos, el pueblo».

Los Servicios de Inteligencia del Ejército, la Marina y las Fuerzas Aéreas recibían informes diarios sobre la «moviliza­ción popular.» Y también otro tipo de informes. Informes in­ternos de «las instituciones». Con el espectáculo del país fun­cionando sin empresarios, sin patrones, algunos mandos milita­res habían expresado, admirados: «Estos rotos se la pueden», o algo más específico: «El Gobierno de Allende nos merece res­peto... Está haciendo algo extraordinario.»

Es decir, la puesta en tensión de todas las fuerzas durante el desarrollo del «plan octubre», había dejado al descubierto la existencia de un grupo de mandos militares «simpatizantes de Allende». La situación era grave para quienes habían pensado que había total coherencia ideológica en la estructura militar.

Y se hacía más grave si, como lo señalaban los informes del SIM, había «un número cercano a los ochenta mil obreros movilizados sólo en la provincia de Santiago». Era como para pen­sarlo: ochenta mil obreros en ánimo de combate, con una guar­nición militar de cinco o seis mil hombres.

Los generales «reformistas», «duros» y «constitucionales» se reunieron para fijar «una táctica para el difícil momento». Se llegó a un acuerdo general de «apoyar a Allende para una salida política». ¿Por qué? Porque de ese modo se puede «detener a tiempo la furia popular», la cual las fuerzas armadas «difícilmente podrán destruir sin entrar en una guerra civil pro­longada, de desgaste», que dejaría al aparato militar, aun en el caso de vencer, semidestruido e inerme «frente a sus ene­migos externos», y fácilmente «vulnerable frente a los enemigos internos»; porque la economía está tan deteriorada que si su­mamos el efecto del actual paro al que vendría con una guerra civil, «nos desmoronaríamos», pasando a ser «los parias de América Latina» y «nuestro país se desmembraría»; porque los políticos civiles «se han demostrado incapaces de obligar a Allende a renunciar».

Al mismo tiempo, los oligarcas de la Sociedad de Fomento Fabril, de la Sociedad Nacional de Agricultura y de la Confede­ración Nacional de la Producción y el Comercio, viendo el mis­mo paisaje de movilización popular, y siendo testigos de la «pasividad» de las Fuerzas Armadas, instruyeron a sus políticos para que buscaran una «salida política de transacción», abando­nando la meta, por ahora, de derrocar a Allende.

En el Gobierno, por consejo de algunos dirigentes del par­tido socialista, se le sugiere a Allende que nombre un Gabinete que tenga al general de Ejército y comandante en jefe Carlos Prats González como ministro del Interior (cargo equivalente a vicepresidente de la República), para dar una imagen de fuer­za y de «apoyo al Gobierno» de las Fuerzas Armadas.

Se hace la proposición al general Prats, éste consulta con sus generales y con los mandos superiores de la Marina y la Fuerza Aérea, y se llega a la conclusión de que la proposición es buena porque permite las alternativas siguientes: Controlar desde el Ministerio del Interior (a cargo de todo el aparato policial chi­leno) las actividades de los trabajadores y sus organizaciones «no clásicas», a fin de estudiarlas con precisión; avanzar en la tesis de los generales «constitucionalistas» de llegar a formar un Gobierno Allende-FF.AA.; dar un respiro a una situación crí­tica en grado máximo, para llegar hasta las elecciones generales de parlamentarios de marzo de 1973, que son una «oportunidad absolutamente constitucional» de destituir constitucionalmente a Allende y reemplazarlo por un «demócrata probado»; tener tiempo para «revisar los mandos de las instituciones», puesto que habían sido detectados «focos de opinión extremista» entre ellos, y cambiarles destinación, quitándoles mando de tropa a los que lo tuvieran; fijar una táctica adecuada al momento pa­ra la idea general de los altos mandos militares de «prepararse para gobernar el país».

Sin embargo, estos razonamientos no les fueron comunica­dos a los cómplices del «plan octubre», Eduardo Frei y Onofre Jarpa, principales interesados en fomentar un golpe militar que pudiera conducir, a uno de ellos, a la presidencia. A estos po­líticos se les explicó que las Fuerzas Armadas no estaban to­davía en situación de manejar el país, y por eso no habían po­dido hacer nada en el paro.

El 2 de noviembre, Allende anuncia cambio de Gabinete: mi­nistro del Interior, el general comandante en jefe del Ejército Carlos Prats González; ministro de Obras Públicas, el contral­mirante Ismael Huerta; ministro de Minería, el general de la Fuerza Aérea, Claudio Sepúlveda.

El 5 de noviembre, Allende sale por dos semanas del país, en gira a Argelia, URSS, Marruecos y Cuba, y cortas estancias en Caracas y Lima. Queda como jefe de la nación el general Prats. Cuando Allende regresa Prats le entrega el mando consti­tucional. Parecía el mejor momento de seguridad para el Pre­sidente y, sin embargo, no lo era.

3
Los Generales dicen “okey”

La situación no era buena para Allende porque, mientras él viajaba por diversos países, en Washington, el Latinamerican Desk del Pentágono analizaba lo sucedido durante el paro del mes de octubre, y llegaba a la conclusión de que era necesario planificar, antes de que fuera tarde, «en cooperación con las Fuerzas Armadas chilenas» el derrocamiento de Allende. El Pentágono, a partir de la experiencia de octubre, había llegado a la conclusión que «la insurrección popular en Chile está en el punto de despegue» y hay que impedirle hacerlo. Del mismo mo­do, estimó que Salvador Allende «ya no estaba en posición de controlar la insurrección popular» y, por eso mismo, resultaba inocuo no contribuir a derrocarlo y reemplazarlo por un régi­men duro, de fuerza, que desarticulara la organización de los trabajadores a fin de prevenir el peligro subversivo «desde abajo».

Durante los catorce días que Allende estuvo fuera de Chile, en Washington, los generales del Pentágono, sin consultar o in­formar a Nixon, su Presidente, decidieron dar «luz verde» para que los generales chilenos intentaran derrocar a Allende de una manera eficaz, drástica y segura.

Cuando en noviembre de 1972 Salvador Allende fue recibi­do por el general Carlos Prats, Vicepresidente de la Repúbli­ca, y le hizo entrega del mando de la nación, ya estaban en la capital los emisarios del Pentágono para iniciar las conversacio­nes con los generales chilenos dispuestos a intentar la gran aventura militar. Y en esa aventura, por decisión del Pentágono, debía quedar fuera Carlos Prats González. De tal modo que ni Prats ni Allende sabían, el 19 de noviembre de 1972, que los días del Gobierno constitucional estaban contados, y los habían contado en inglés.

Y el asunto no era como para tomarlo en broma. El informe Octubre en Chile preparado por el Latinamerican Desk, ha­bía sido puesto en la mesa del presidente del cuerpo de gene­rales responsables de divisiones administrativas en el Pentágono, el almirante Thomas Moorer. Y el señor almirante había dado su aprobación a las «conclusiones» del informe.1

Y los hombres del Pentágono en la Embajada de los Estados Unidos en Chile conocedores en detalle de la situación de las Fuerzas Armadas chilenas, al revés que la CÍA que siempre tu­vo una sorprendente ignorancia sobre el pensamiento de los altos mandos militares chilenos (lo cual la hizo cometer erro­res graves tanto en su complot de septiembre-octubre de 1970 como en el de octubre de 1972), se conectaron con «los hombres precisos».

Ya en noviembre de 1972, los enviados del Pentágono habla­ron con el general Gustavo Leigh Guzmán, segundo hombre de la Fuerza Aérea; con el vicealmirante José Toribio Merino, segun­do hombre de la Marina; con los generales «reformistas» Was­hington Carrasco, Herman Brady y Sergio Arellano Stark; con los generales «duros» Manuel Torres de la Cruz y Óscar Boni­lla; y con el general «constitucionalista» Héctor Bravo Muñoz. Les dijeron escuetamente: Hay que preparase para derribar a Allende y reemplazarlo por un Gobierno duro, fuerte, que haga trizas la estructura de poder naciente de los trabajadores. Es una carrera contra el tiempo. Se trata de «nuestra superviven­cia». Si «el populacho tiene vía libre para seguir el camino de octubre, en un año o dos nos arrollará». Y los enviados del Pentágono establecieron un razonamiento que se esparció, más tarde, como reguero de pólvora por las filas de los altos man­dos chilenos. El razonamiento, aproximadamente, era así:

Los informes de los Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. demuestran que el Perú se está preparando para una guerra con Chile y recuperar las provincias perdidas en la guerra del siglo pasado. De fuentes fidedignas sabemos que los generales peruanos se están armando con blin­dados pesados y harán compras en la Unión Soviética (por su­puesto, los enviados del Pentágono no contaron a los generales chilenos que ellos habían planificado suspender las ventas de armas al Perú, precisamente para obligar a los gobernantes pe­ruanos a reponer su parque en el mercado de la Unión Soviética, y tener así «excusa estratégica» para iniciar una campaña con­tra el Perú, una vez resuelto el problema chileno). También sa­bemos que el Perú cuenta con una división aerotransportada para su ataque a Chile, y ha construido una carretera central, muy amplia, de norte a sur, que llega al límite con Chile. El Perú atacará en uno o dos años más, tal vez tres, aprovechán­dose del momento en que la economía chilena esté destruida por el marxismo. Chile no es la Unión Soviética de 1917, no po­drá resistir ese ataque y será vencido. Nuestros cálculos nos señalan eso. Solamente una alianza con Brasil podrá detener «los afanes revanchistas» de los peruanos. Pero el Gobierno bra­sileño nos ha informado que apoyará a Chile solamente si hay un Gobierno de confianza. Nunca apoyará al actual. La situa­ción es simple: la supervivencia de Chile como nación no sólo está amenazada por el marxismo que quiere conquistarlo total­mente para que sirva de base a la Unión Soviética contra los Estados Unidos y «todo el mundo civilizado», sino también por los enemigos externos que quieren desmembrar su territorio y recuperar las ricas tierras minerales del extremo norte. Perú recibiría el apoyo de Argentina, nosotros (el Pentágono) podría­mos sujetar a Bolivia (no sabemos por cuánto tiempo), pero con el Gobierno de Allende funcionando, las Fuerzas Armadas chilenas serían derrotadas. Ustedes (los generales chilenos) com­prenderán la responsabilidad que se echan encima al enterarse de estos hechos.

El «informe» del Pentágono fue como un narcótico para mu­chos generales. Era la «justificación» para participar en la trama para el derrocamiento de Allende. Estados Unidos les había dado una justificación «patriótica» para inclinarlos al la­do que temían: de destruir la democracia burguesa chilena. Muy pocos generales pusieron en duda el informe del Pentágono. Entre esos pocos, estaba el general Carlos Prats González, co­mandante en jefe. La palabra que utilizó para definirlo fue «gro­tesco».

Pero el general Carlos Prats, en verdad, ya no importaba na­da. Después de haberse unido estrechamente, a partir de no­viembre, los generales «reformistas» y «duros», existía una ma­yoría sustancial a favor del derrocamiento de Allende. Por lo demás, la ayuda ofrecida por el Pentágono y su anuncio de que el Gobierno brasileño también estaría a su lado, daba mayores ímpetus a la idea de reemplazar el Gobierno civil por uno mili­tar, «sin plazo fijo de término».

Los generales chilenos, en la reunión final con los enviados del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, hicieron una contraproposición que fue aceptada. Dijeron que darían de pla­zo a «los organismos constitucionales» chilenos para que derro­caran a Allende hasta marzo de 1973. Si en esa fecha los parti­dos democratacristiano y nacional no eran capaces de sacar dos tercios de parlamentarios para destituir al Presidente por sim­ple mandato del Congreso, entonces se prepararían rápidamente para dar un golpe militar eficaz, drástico y masivo.

La maquinaria quedó alineada en su punto de partida.


El fracaso político
En enero de 1973, en la ciudad de Viña del Mar, se reunió la directiva ampliada de la Sociedad de Fomento Fabril. El tema de discusión era obvio: un resumen de la fracasada campaña del año anterior para derrocar al Gobierno constitucional. Se leyó un resumen hecho por las autoridades oficiales del Gobier­no, en noviembre de 1972, sobre los efectos materiales del «paro de octubre»:

«El paro patronal de octubre perseguía la caída del Gobier­no Popular y en esto fracasó rotundamente. Pero en lo que logró golpear al país fue en sus objetivos económicos. Provo­car un desbarajuste en los transportes, en la circulación y en la distribución de los productos de consumo, de las materias primas y combustibles. Pese al esfuerzo de los obreros que mantuvieron en funcionamiento las industrias, pese al empeño de la juventud que suplió con su trabajo voluntario la carga, descarga y movilización de los productos, pese a la protección de las Fuerzas Armadas, el enemigo logró inferir serios e irre­parables daños a la economía nacional, a la producción pre­sente y futura.

Durante los 26 días del paro patronal se perdieron importantes volúmenes de productos perecederos, entre ellos más de 10 millones de litros de leche que no pudieron llegar a las plan­tas. Hubo que sacrificar miles de cerdos y aves que no alcanza­ron a recibir el alimento. El no traslado oportuno de las semi­llas, de los fertilizantes, implicó que habrá bajas de siembras y de los rendimientos que podrían haberse logrado en numero­sos cultivos. Gran cantidad de industrias, aunque no se para­lizaron, debieron disminuir su producción para no agotar sus existencias de materias primas. Las fundiciones de Paipote, Potrerillos, Ventanas y Chagres dejaron de producir más de 5.000 toneladas de cobre porque se interrumpió el transporte de con­centrado desde los grandes yacimientos mineros. A otras fá­bricas les afectó la disponibilidad de combustible. Se atrasa­ron muchos proyectos de construcción e inversión. Quedaron postergadas reparaciones urgentes porque no llegaron a tiempo elementos, piezas o equipos indispensables. Todo ello condujo a la baja apreciable en la producción de octubre lo que repercutirá en el índice del año y de los próximos meses.

»Desde el punto de vista financiero, el Gobierno experimentó la pérdida de los ingresos de las plazas de peaje; se dejaron de percibir los impuestos de la compraventa —la más impor­tante de las recaudaciones tributarias— y se mermaron consi­derablemente otras fuentes impositivas. Ello significó nuevos déficit financieros y emisiones monetarias adicionales para evi­tar males mayores.

«Con todo, la reacción no se la pudo. Se mostró más gran­de la fuerza del proletariado, de la aplastante mayoría de los campesinos, de la juventud, las mujeres, los sectores patriotas de la pequeña y mediana industria, el comercio y los trans­portes que desafiaron las amenazas de los golpistas. El pueblo consciente y organizado, comprobó su capacidad para sostener la vida del país en las más difíciles condiciones.

»La lección de octubre es que la reacción, con todos los in­mensos recursos y el respaldo de la conspiración internacional, puede ser derrotada.»

Los asistentes a la reunión de la oligarquía industrial en Viña del Mar estuvieron de acuerdo en que este breve infor­me del Gobierno era correcto: se había herido gravemente a la economía nacional, pero no a la voluntad de combate de los obreros, campesinos, empleados y demás sectores que apo­yaban el Programa de la Unidad Popular. Se había puesto la producción nacional al borde del colapso, pero el Gobierno de Allende seguía en pie y en aparentes mejores condiciones que antes. Se había conseguido que las Fuerzas Armadas no actua­ran con decisión en favor del Gobierno; pero, al final de los 26 días críticos, frente a la atemorizante movilización del pueblo, había aparecido integrando el Gabinete del presidente Allende, como Vicepresidente de la República, un general.

Sin embargo, también estuvieron de acuerdo en que había que seguir en el empeño de botar a Allende. Durante el paro de octubre, solamente en los 26 días que duró, habían gastado los oligarcas industriales más de 100 millones de dólares en pagos a gentes en huelga. Ese dinero provenía, en gran parte, de sectores industriales brasileños, argentinos y venezolanos. Y esa gente quería resultados, no excusas.

Examinando la situación con mayor precisión, los oligarcas in­dustriales notaron que el alza del costo de la vida en diciembre de 1972, había terminado con un 99,5 %, record de inflación para Chile, y que el aparato productivo estaba tan deteriorado en oc­tubre, que la escalada de la escasez de alimentos y productos esenciales era tremenda y las colas para conseguirlo duraban días enteros en diversos barrios de la capital. En suma, se podría predecir que durante los meses de enero y febrero de 1973 habría una estampida inflacionaria, un deterioro considera­ble de las condiciones de vida y, por lo tanto, una capacidad de «influir favorablemente en la opinión pública para que vote en contra del Gobierno en las elecciones parlamentarias del 4 de marzo de 1973».

Se acordó entonces pedir apoyo, principalmente, a empresas multinacionales de los Estados Unidos y a las asociaciones in­dustriales de Brasil, con ello se pretendía formar una «caja electoral» para los candidatos a parlamentarios de la Demo­cracia Cristiana, Partido Nacional, Democracia Radical y otros grupúsculos de derecha. La caja resultó enorme. En sólo siete días, entre el sábado 17 y el viernes 23 de febrero de 1973, el candidato a senador por Santiago, Eduardo Frei Montalva, gastó en propaganda de diarios, revistas, afiches, folletos, televisión, radio y movilización callejera, dos millones de dólares.

La Sociedad de Fomento Fabril creía, en enero de 1973, que con esas condiciones de deterioro económico, jamás vistas en Chile hasta entonces, los candidatos de la reacción llenarían los dos tercios de los escaños parlamentarios. De esta forma, cuan­do el 21 de mayo siguiente comenzara a funcionar el nuevo Parlamento, Allende podría ser destituido constitucionalmente.

Sin embargo, a pesar de haberse fijado esa estrategia a corto plazo, en la reunión de Viña del Mar se previó una alterna­tiva. La alternativa de que «la UP saque más de 40 % de los votos». Si esto ocurría, «aunque parece muy remoto», «nuestra única salida es la guerra civil». De modo que al finalizar su reunión en Viña del Mar, la oligarquía industrial chilena acordó, al mismo tiempo que poner todas sus fuerzas al servicio de la campaña electoral, no dejar en ningún instante de alimentar a los grupos fascistas Patria y Libertad, Comando de Ex Ca­detes, etc., para que siguieran cumpliendo con sus tareas de sabotaje y de infiltración en las Fuerzas Armadas.

La Sociedad de Fomento Fabril discutió con la Sociedad Na­cional de Agricultura y con la Confederación Nacional de la Producción y el Comercio y estuvieron de acuerdo, en general, con los mismos puntos.

Se desató la campaña electoral con el lema público por parte de los reaccionarios de «conseguir los dos tercios para desti­tuir a Allende». El lema del candidato a senador nacional por Santiago, Onofre Jarpa, era: «No nos hace falta un nuevo Parlamento, sino un nuevo Gobierno».

Sin embargo, la campaña electoral, por parte de los partidos de derecha, se dio de tal modo, que pronto eran muchos los que daban cuenta que la elección misma era un mero pretexto. El diario de izquierda «Puro Chile», por ejemplo, durante todo el mes de febrero denunció en sus editoriales que «a la Socie­dad de Fomento Fabril, a la Sociedad Nacional de Agricultura y a la Confederación Nacional de la Producción y el Comercio, no les interesa que sus políticos, como Frei y Jarpa, lleguen al senado para «legislar». Les interesa que lleguen para derrocar al Gobierno de Allende de alguna manera recubierta de «constitucionalidad». Así, en esencia, para la derecha en este país, la obtención de los dos tercios en el Parlamento es apenas un accidente. Se puede dar o no se puede dar. Si lo consiguen, des­tituirán a Allende después del 21 de mayo. Si no lo consiguen, llevarán adelante su complot para destituirlo de todas maneras, recurriendo a los altos mandos fascistas que en nuestras Fuer­zas Armadas se han dejado engañar por sus cantos de sirena. El peligro del golpe comenzará en la misma noche del 4 de marzo. El imperialismo norteamericano ya ha dado orden a sus lacayos en Chile que derroquen al Gobierno constitucional de cualquier manera. Por eso, el pueblo tiene que estar alerta. No tiene que dejarse engañar con la idea de que «en las elecciones se resuelve el problema del Poder». En las elecciones no se resuel­ve nada. El problema del Poder se resuelve preparándose para enfrentarse a los fascistas en su propio terreno y con sus pro­pias armas. Claro, es cierto que hay que luchar para que el enemigo no saque los dos tercios en marzo. Pero eso es fácil conseguirlo. Se ve en la calle, en las poblaciones, en las fá­bricas y los asentamientos campesinos. Lo duro es lo otro. Y eso hay que conseguirlo. Organizar, los obreros como dirigen­tes, a los campesinos, empleados y demás sectores patriotas entre los pequeños y medianos empresarios, para formar un muro imbatible para la contrarrevolución fascista, y enseguida destruirla con sus propios métodos».

Este tipo de editorial en el diario «Puro Chile» causaba mu­chos problemas en el seno de la Unidad Popular (excepto en un sector importante del partido socialista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, donde había el mismo pensamiento que en el periódico), la cual, bajo el mando personal de Allende, y con el apoyo total de la directiva del partido comunista, había afrontado las elecciones parlamentarias de marzo como «la única» tarea de las organizaciones populares, que habían demostrado una enorme fuerza durante el paro empresarial de octubre de 1972. Basándose en esta línea general, se había dado una lucha muy fuerte por reemplazar las directivas de los cor­dones industriales, que estaban en manos de sectores avanzados del partido socialista, del MIR, del PCR y de partidos independientes de izquierda, por cuadros que siguieran la senda indi­cada por Salvador Allende y sus ministros comunistas: a «Ha­cer la revolución es producir».

Sin embargo, la idea de los cordones industriales era otra. Era la de formar «batallones de masas» para detener la contra­revolución armada. Esto fue catalogado de «infantilismo de izquierda» por las publicaciones oficiales de la UP controladas por el Presidente y por los partidos que le acompañaban.

Para los redactores de diarios como «Puro Chile» el problema también estaba, además de consolidar el pensamiento de «pre­pararse para la lucha», en advertir al pueblo de que la conspira­ción fascista tenía hondas raíces en los altos mandos de las Fuerzas Armadas, sin que esta denuncia significara el cierre del periódico por «injurias a las Fuerzas Armadas». Este hecho refleja cómo estaban atadas las manos de los izquierdistas en ese momento por todo el aparato «legalizante» del proceso que se desarrollaba en nuestra sociedad.


Las elecciones
Para nadie fue una sorpresa los resultados de las elec­ciones parlamentarias. Dos o tres semanas antes del 4 de marzo, un informe de «sondeo de la opinión pública» realizado en San­tiago, Valparaíso y Concepción para el grupo democratacristiano de Eduardo Frei, indicaba que la Unidad Popular bordearía el 40 % de los votos. Es decir, estaba claro que la oposición no iba a sacar los dos tercios necesarios para destituir a Allen­de y reemplazarlo por el Presidente del Senado mientras se lla­maba a nuevas elecciones presidenciales.

Los propios candidatos democratacristianos y nacionales montaron la trampa psicológica en que cayeron. Públicamente hicieron toda su propaganda en el sentido de «sacar los dos tercios». Cuando en la noche del 4 de marzo estuvo claro que la Unidad Popular había sacado casi el 44 % de los votos, la masa reaccionó como si la combinación de partidos de Gobier­no hubiera obtenido una «aplastante» victoria sobre las manio­bras de la oligarquía y el imperialismo. En las propias palabras de Salvador Allende, la interpretación que se dio al resultado de las elecciones, por parte de la Unidad Popular, fue la siguien­te, según el texto incluido más tarde en su Mensaje al Con­greso del 21 de mayo de 1973:

«Las elecciones parlamentarias del 4 de marzo han demostra­do algo que desespera a algunos de nuestros adversarios: el funcionamiento regular de los mecanismos político-institucio­nales a través de los cuales se expresa la voluntad popular. Con­trariando los designios de quienes no han cesado en sus inten­tos de destruirlos, porque veían en las elecciones «una meta sin destino», la jornada del 4 de marzo fue clara manifestación de defensa del régimen democrático.

»Por otra parte, la significación del resultado electoral la da el contexto histórico en que ha tenido lugar. La política gu­bernamental se ha traducido en el apoyo masivo que han reci­bido los partidos políticos que lo sustentan, el más alto que Gobierno alguno haya alcanzado en los últimos veinte años tras veintisiese meses de gestión. El 4 de marzo ha sido reafirmada la vía chilena al socialismo.

»De ahí que, en la consulta nacional del 4 de marzo, se manifestara no sólo el respaldo al Gobierno, sino la reafirmación de una voluntad revolucionaria. Es algo más que un simple de­seo de cambios. En una coyuntura económica tan desfavorable como la que atravesamos, es la decisión popular de avanzar hacia el socialismo.»

El mismo día 5 de marzo, el siguiente de las elecciones, el entusiasmo de las masas recibe un balde de agua fría. En todos los cordones industriales, comandos comunales, consejos campe­sinos y juntas de abastecimientos y control de precios se habían organizado reuniones para «analizar el resultado electoral y dar un salto adelante en la formación del poder popular», bajo la forma general de «mejorar nuestra preparación para afrontar la contrarrevolución armada». Pero estas discusiones se hicie­ron inocuas porque no pudieron comenzar, ya que el propio presidente Allende y la directiva del partido comunista, iniciaron ese día una violentísima campaña contra «los ultraizquierdistas» que «objetivamente» le hacen el juego al imperialismo y a la oligarquía. Y se comenzó una campaña por volver por otro camino a la consigna de «Hacer la revolución es producir». Se lanzó la de «y ahora, a producir para la revolución».

Poco a poco, los ecos de octubre, que habían renacido en marzo, se fueron apagando para volver a la pugna entre los con­ceptos de si prepararse para la lucha contra el fascismo arma­do «es una provocación» o «es una acción revolucionaria». Y los días siguieron pasando sin que a la conspiración que se desarro­llaba en el seno de las Fuerzas Armadas, con un gigantesco apo­yo de las oligarquías de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Bolivia y Venezuela, además de la chilena, fuera tomada como un peligro real, y ante la cual no había otra defensa que la movilización de los trabajadores de manera correcta para esa condición objetiva.

Los generales, okey
A la semana siguiente de las elecciones, el grupo de genera­les en contacto directo con los emisarios del Pentágono, se reu­nieron varias veces para determinar sus próximos pasos. Una cuestión estaba clara: los políticos civiles habían fallado, no existía esperanza alguna de que Allende fuera destituido por las maniobras de los Frei, Jarpa y demás parlamentarios. Por eso mismo, había que cumplir con las órdenes del Pentágono: hacer el trabajo completo, a cara descubierta, y sin escudarse en los otros grupos de la oligarquía chilena y del imperialismo norteamericano.

En verdad, ya no había angustia en los generales y almiran­tes. Mientras los políticos se dedicaban en enero y febrero a su campaña electoral, los generales y almirantes se habían de­dicado a «estudiar» y a «reflexionar». Habían echado un vistazo a la historia de Chile, en lo corrido del siglo, a la situación la­tinoamericana y mundial. Habían profundizado en la historia del movimiento obrero, del movimiento campesino y de los partidos de izquierda del país. Habían estudiado los problemas económicos y las crisis periódicas del sistema en la nación. Ha­bían buscado luces... ¡y las encontraron! Fue en un folletito llamado «La Nueva República», que era sencillamente el pro­grama presidencial del candidato derrotado en 1970, Jorge Alessandri Rodríguez. Los generales estaban de acuerdo con los planteamientos generales de esa «nueva República», producto del pensamiento del presidente más conservador que tuvo Chi­le en los últimos treinta y cinco años.

Las ideas principales escritas en «La Nueva República» eran éstas: «Sólo un gobierno autoritario», que imponga «orden», «disciplina» y «rechazo a la politiquería» podrá resolver los problemas de Chile.

«Se trata, entonces, de sustituir la lucha de clases divisionista por una vigorosa conciencia nacional, eminentemente uni­taria y solidaria...

»El aporte del capital extranjero al desarrollo económico permite hacer crecer la inversión sin necesidad de postergar los beneficios sociales a una población que los necesita.

»La unidad, la solidaridad y la ulterior movilización de los chilenos serán posibles únicamente si son precedidas por un vigoroso renacer del espíritu nacional.»

Por ejemplo, «los jóvenes estudiarán más y marcharán me­nos».

«Son muchos los factores que conspiran contra la nacionali­dad. El más importante es aportado por el marxismo interna­cional, representado en Chile por los partidos socialista y co­munista».

Estas citas de La Nueva República eran buenas para los ge­nerales que habían dicho okey al Pentágono.

Pero no lo decían todo. No decían, por ejemplo, que los ge­nerales pensaban que el «desquiciamiento de nuestra sociedad» había comenzado a ser un factor grave no solamente desde 1970, con la inauguración del Gobierno de «los factores que conspiran contra la nacionalidad», «los partidos comunista y socialista», sino desde mucho antes, desde 1964, cuando «la De­mocracia Cristiana, un partido que tiene claras vinculaciones in­ternacionales que lo pueden hacer antipatriótico, dejó en liber­tad las fuerzas del desquiciamiento con la sindicalización cam­pesina, la reforma agraria sobrepasada y su populismo que soli­viantó las aspiraciones del pueblo, con un deslumbramiento que atentó contra el orden».

No decían tampoco que los generales pensaban que, por eso mismo, porque el proceso de «desquiciamiento» había sido tan largo, ya todo el cuerpo de nuestra sociedad está corrompido por falta de «unidad nacional». Que habían sido los «políticos de todos los partidos» los que, por afanes electorales o por deseos de aparecer como «progresistas y avanzados», se constituían en los verdaderos responsables de la situación y que, por esta razón, el país necesitaba «un saneamiento total». Tampoco decían que los generales chilenos estimaban correcta la apreciación de los generales del Pentágono de que «las Fuerzas Armadas eran la única organización coherente, nacionalmente uniforme, que po­día emprender la tarea de la reconstrucción del país»; y que no había ninguna combinación política civil que estuviera en con­diciones de emprender una tarea, después de derrocado Allende, que llegara a la meta de desarticular todos los factores del «desquiciamiento»; es decir, la organización sindical obrera y campesina, las juntas de abastecimientos y control de precios, consejos campesinos, consejos comunales, cordones industriales y partidos políticos de izquierdas.

En suma, los generales en contacto directo con el Pentá­gono estaban de acuerdo en los siguientes puntos principales:

1) El Gobierno que reemplazara al de Salvador Allende de­bía ser solamente militar, con la inclusión de las tres armas y de Carabineros.

2) Este nuevo Gobierno debía buscar apoyo en los civiles solamente considerándolos como técnicos en materias especí­ficas, y no como miembros de partidos políticos.

3) Todas las ideologías «foráneas» deberían ser erradicadas de Chile, con la acción «moralizadora» de las Fuerzas Armadas.

4) La crisis económica tenía una sola salida: la de que todos los chilenos se pusieran a trabajar, sin tener ninguna oportuni­dad de participar en discusiones políticas, y que los países occi­dentales, encabezados por Estados Unidos, prestarán un sus­tancial apoyo financiero.

5) Para conseguir ese apoyo financiero había que dar «seguridades al capital extranjero», comenzando por discutir una compensación «razonable» a las compañías norteamericanas del cobre, cuyo mecanismo podría ser anulando el descuento de las rentabilidades «excesivas» planteadas por Allende. (Esto significaba que se dejaba de restar 774 millones de dólares a las indemnizaciones fijadas en octubre de 1971. Es decir, Chile debería pagar a la Anaconda y la Kennecott una cantidad cer­cana a los 500 millones de dólares.)

La segunda parte de las discusiones de los generales en la primera y segunda semanas de marzo de 1973, estuvo centrada en cómo llevar a la práctica esas ideas.

Como primera medida, se estableció la de iniciar una labor de «convencimiento» de los generales «constitucionalistas» que todavía seguían apoyando la tesis del comandante en jefe, ge­neral Carlos Prats, de «ir forzando las cosas hasta llegar a un Gobierno de Salvador Allende con las FF.AA.». Carlos Prats había informado al cuerpo de generales, en múltiples ocasiones, sobre todo a partir de octubre de 1972, que «hace falta esperar un poco». El presidente Allende ha dicho en reiteradas ocasiones que está aburrido ya de los partidos que lo acompañan, porque no son capaces de dirigir al pueblo por el camino del orden social y la dedicación al trabajo». Carlos Prats expresaba su opinión, a los mandos que se la quisieran escuchar, que el pre­sidente Allende «está llegando a un punto en que se quedará solo, y no tendrá más alternativa que gobernar con las Fuer­zas Armadas». Carlos Prats había informado, pocos días an­tes de las elecciones de marzo que, a su manera de ver, «Allen­de es un brillante político, de muy buenas intenciones, que desea lo mejor para su pueblo y que tiene la decisión total de impedir una insurrección sangrienta, ya sea de parte de los extremistas de derecha como de los extremistas de izquierda».2

Para los generales «reformistas» y «duros» todas estas in­formaciones del comandante en jefe del Ejército no eran más que justificaciones para «sus ambiciones personales». Lo que Carlos Prats deseaba, según estos altos mandos militares, es transformarse en el «delfín» de Allende, llegar a 1976 como el candidato presidencial de los partidos de izquierda. Las am­biciones personales «están haciéndole traicionar a la institución», argumentaban personajes como Manuel Torres de la Cruz.

Entonces, todo les indicaba que era correcto dejar fuera de juego a su comandante en jefe, aislarlo de sus simpatizantes en el cuerpo de generales, y sacarlo del buque en el momento indicado para dar el golpe y derrocar a Allende. En ese momento, el general Augusto Pinochet Ugarte, jefe del Estado Mayor y segunda antigüedad del Ejército, aparecía como «constitucionalista», y los conjurados decidieron centrar sobre él la mayor fuerza de las presiones para conseguirlo como aliado, sobre todo para evitar el efecto de debilidad que tendría el insurrec­cionar a las Fuerzas Armadas descabezando a las dos antigüe­dades más altas del Ejército.

Del mismo modo, se acordó «trabajar» a los mandos de Ca­rabineros, y se eligió a César Mendoza Duran, como «el primer contacto», ya que había demostrado tener una alta capacidad de odio respecto a Salvador Allende y un neto repudio «a los marxistas».

Respecto a su participación en el Gabinete de Salvador Allen­de, estimaron que había que pedirle que formara uno sin mili­tares, presentándole la idea de que «ya las Fuerzas Armadas cum­plieron con el propósito de garantizar unas correctas eleccio­nes generales y de pacificar los ánimos a partir de octubre pa­sado». Pero, al mismo tiempo, decidieron dejar en sus puestos a los demás militares que estaban en cargos estatales de res­ponsabilidad con un doble objetivo: el de mantener información fresca «y oportuna» sobre las maniobras internas de los altos funcionarios de la Unidad Popular, y anular influencia en la tropa de los mandos leales a Salvador Allende, que habían mos­trado sus simpatías «extremistas» a partir de octubre de 1972; y que, como en el caso del general de aviación Alberto Bachelet Martínez, nombrado por Allende en la Secretaría Nacional de Distribución, estaban «dando un mal ejemplo de lealtad a los extremistas» al conceder entrevistas en las que se avalaban las ideas de quienes pensaban que las Juntas de Abastecimientos y Control de Precios, formadas por «el populacho», debían ser quienes controlaran la buena distribución de los alimentos en el país. (El general Bachelet fue apresado el día 11 de septiem­bre, cuando se presentó al Ministerio de Defensa, llevado al cam­po de torturas de la aviación en la base aérea de Los Cerrillos hasta octubre, y en seguida trasladado a la Cárcel Pública, don­de murió el 12 de marzo de 1974, al no poder recuperarse del brutal castigo físico a que fue sometido por los equipos de in­terrogadores de la Fuerza Aérea chilena.)

Cuando los generales en contacto con el Pentágono estaban discutiendo estos detalles de su operación para derrocar a Allende, los principales mandos de tropas del Ejército, espina dorsal del complot, estaban distribuidos de la siguiente forma. De norte a sur:

División Blindada, con asiento en Iquique, de la provincia de Tarapacá. Comandante de división el general de brigada Car­los Forestier Haebgsgen, del grupo de los «duros».

Primera División, con sede en Antofagasta, provincia de Antofagasta. Comandante de división el general Joaquín Lagos Osorio, del grupo de los «constitucionalistas» y entusiasta par­tidario de la tesis del general Carlos Prats González de formar un Gobierno Allende-FFAA.

Segunda División, con asiento en Santiago, provincia de San­tiago. Comandante en jefe el general de brigada Mario Sepúlveda Squella, jefe del Servicio de Inteligencia Militar, del grupo de los generales «reformistas», violento partidario de la desapa­rición de los políticos civiles de todos los colores, pero con serias contradicciones con otros generales «reformistas», como Herman Brady Roche, en la lucha por el liderato de la situación, lo que le hacía acercarse al general Carlos Prats. Era, junto con el general Guillermo Pickering, jefe de los Institutos Mili­tares, el único «reformista» que planteaba abiertamente que «el derrocamiento debe darse en dos etapas» —la primera un Gobierno Allende-FF.AA., y la segunda con las Fuerzas Arma­das solamente—, «a fin de evitar un derramamiento de sangre inútil». El general Sepúlveda Squella era, al mismo tiempo, co­mandante en jefe de la guarnición de Santiago, que compren­de ocho regimientos. De ellos, la Escuela de Suboficiales, el Regimiento Blindados Número 2 y la Escuela de Telecomunicaciones, estaban comandadas por coroneles del grupo de los «du­ros»; la Escuela de Paracaidismo y Fuerzas Especiales, por un coronel «reformista»; y la Escuela de Infantería, los regimien­tos Buin, Tacna y Ferrocarrileros de Puente Alto, por corone­les «constitucionalistas».

Tercera División, con asiento en la ciudad de Concepción, provincia de Concepción. Comandante en jefe el general de brigada Washington Carrasco Fernández, del Servicio de Inte­ligencia Militar, del grupo de los generales «reformistas» y li­gado estrechamente al Pentágono.

División de Caballería, con asiento en la ciudad de Valdivia, provincia de Valdivia. Comandante en jefe el general de briga­da Héctor Bravo Muñoz, aparentemente del grupo de los «cons­titucionalistas» pero, de hecho, en el grupo de los «reformis­tas», haciendo el juego de infiltrado en el primer grupo, motivado por razones de ambición personal. Era otro de los coman­dantes de división en estrecho contacto con el Pentágono.

Quinta División, con asiento en la ciudad de Punta Arenas, provincia de Aisén. Comandante en jefe el general de división Manuel Torres de la Cruz, del grupo de los «duros», virtual jefe de éstos, mientras aparecía como «amigo personal de Allende» y «gran apoyo» para el general Prats. Torres de la Cruz sería encargado de «experimentar» en su división la actuación con­junta de Ejército, Fuerzas Aéreas, Marina y Carabineros contra las organizaciones obreras, vistiendo las operaciones del ino­cente ropaje de «allanamientos en busca de armas para cum­plir la ley sobre control de armas y explosivos».

Como se ve, ya en la primera quincena de marzo de 1973, la alianza de los grupos «reformista» y «duro», más la posición personal del «constitucionalista» Bravo Muñoz, daba un abru­mador dominio a los generales que habían decidido decir okey al Pentágono y derrocar a Salvador Allende.

Por eso no sorprende la tranquilidad con que los conspira­dores tomaron la tarea, y la lentitud con que fueron montando una a una todas las piezas de su maquinaria infernal para de­jarla caer sobre el pueblo de Chile en el momento preciso. Ac­tuaban sobre seguro.



Y tanta fue su tranquilidad, que pudieron llegar al perfeccio­nismo de actuar con los políticos civiles que los estaban empu­jando al golpe desde 1970, haciéndoles creer que ellos, los ge­perales, eran un instrumento de esas figuras políticas. El caso que revela toda la dimensión de lo que afirmo es el de Eduar­do Frei Montalva, jefe de la fracción más reaccionaria de la Democracia Cristiana. Los generales actuaron en forma tan im­pecable en este sentido, que Eduardo Frei, aun dos o tres se­manas después del golpe del 11 de septiembre, estaba conven­cido de que al derrocamiento de Allende seguirían rápidamente las elecciones y él sería el candidato de «salvación nacional». Con este propósito Eduardo Frei trabajó hasta el agotamiento desde el Senado de Chile, donde llegó con las elecciones del 4 de marzo de 1973, para convencer a los generales que derroca­ran a Allende. Los generales, durante la conspiración, le hicie­ron creer que así era en efecto, y obtuvieron lo que querían: apoyo masivo de las organizaciones controladas por esos grupos políticos reaccionarios. Fueron tremendas las alabanzas que en los primeros días después del golpe hicieron a los «militares salvadores de la Patria» los políticos, organizaciones y periodistas democratacristianos. Dieron discursos, se pasearon por el mundo y escribieron libros para alabar a los «héroes con uniforme». Sólo meses después, ya en diciembre, se dieron cuen­ta con angustia de que habían sido utilizados por los genera­les, que estaban fuera del juego y, lo más horrible, que habían estado glorificando a un grupo de personas que dirigían una carnicería humana contra centenares de miles de chilenos. Car­nicería tan enorme que tenía horrorizado al mundo. Se dieron cuenta que cada palabra escrita en favor de los militares des­pués del 11 de septiembre, equivalía al cadáver de un civil chileno, a una mujer violada por la soldadesca, los oficiales e incluso por mandos de altísima graduación, a un hombre castra­do con bayoneta, a un cadáver flotando sobre el río Mapocho con las manos atadas a la espalda y la huella de una ráfaga de ametralladora en su pecho, a un Salvador Allende asesinado con planificación fría, a un Pablo Neruda dejado morir por negársele atención médica, durante cinco días, para que ocu­rriera específicamente eso: que muriera.
Ahora o nunca
Pero no fueron sólo los altos mandos militares chilenos los que se reunieron rápidamente después de la noche del 4 de marzo de 1973. Los dirigentes máximos de la Sociedad de Fomento Fabril, de la Sociedad Nacional de Agricultura y de la Confede­ración Nacional de la Producción y el Comercio también lo hicieron. Y en sus reuniones, la tesis que habían planteado des­pués del paro de octubre de 1972, quedó reconfirmada. La tesis de que «es imposible derribar a Salvador Allende por medios constitucionales». Es decir, que el fracaso de los políticos tipo Frei y Jarpa para cumplir con el encargo de la oligarquía y el imperialismo norteamericano, demostrado en octubre, había vuelto a demostrarse en marzo.

Se decidió entonces concentrar todos los esfuerzos en em­pujar a las Fuerzas Armadas contra Allende. Los monopolistas industriales, comerciales, financieros y agrícolas de Chile razo­naron de dos maneras:

1) Solamente si hay un verdadero caos económico, político y social las Fuerzas Armadas se verán obligadas a intervenir y depondrán a Allende.

2) Una vez depuesto Allende, las Fuerzas Armadas se encargarán de mantener el orden social, político y económico y no­sotros planificaremos una nueva forma de desarrollo del país.

El día 28 de marzo —veinticuatro horas después de que Sal­vador Allende admitiera la sugerencia de los generales y cam­biara de nuevo la composición de su Gabinete, sacando de él a los representantes de las Fuerzas Armadas—, Orlando Sáenz, pre­sidente de la Sociedad de Fomento Fabril, hace publicar en «El Mercurio» su intervención de dos días antes como memoria anual de su gestión, en la que se encuentran las líneas generales de los razonamientos aprobados.

Sáenz dice que «la salida de las Fuerzas Armadas del Ga­binete» prueba que «ellas han repudiado al Gobierno», porque significa el caos para una nación y eso atenta contra su segu­ridad y soberanía. Dice que «el propósito de los marxistas» es «destruir a Chile», de modo que no hay que extrañarse de la gravísima crisis económica que afecta al país, y señala que la única salida es un Gobierno «integrador», «fuerte y eficaz», que «haga del Estado un árbitro, pero no un monopolista que as­fixie», que tenga la participación activa del «poder gremial», es decir, de las organizaciones de grandes empresarios. Con voca­ción de profeta, Orlando Sáenz indica que es importante «estar preparados» porque los días que vendrán serán muy difíciles, graves y críticos; en ellos «se decidirá quién triunfa en Chile, si el caos marxista o la democracia». Pide a todos los «demó­cratas» del país luchar sin descanso, sin tregua, hasta vencer al marxismo», y señala el buen deseo de que «el Presidente de la República escuche nuestras voces».

Pero ésta era sólo la forma pública, o publicable en un perió­dico como «El Mercurio», cabeza de serie de la conspiración ci­vil, de algo mucho más concreto. Orlando Sáenz, en representa­ción de la Sociedad de Fomento Fabril, había pedido a Eduardo Frei, que a fines de mayo sería elegido Presidente del Senado de Chile, y por lo tanto en «la línea de sucesión de Allende» si éste era declarado «inhábil» para el cargo por el Congreso, que cumpliera una tarea especial, en cooperación con su ex minis­tro de Defensa, Juan de Dios Carmona. La tarea era entrar en conversaciones «precisas, francas y directas» con el general Oscar Bonilla Bradanovic para formar un esquema de derroca­miento de Allende y para pedirle que él, como «buen amigo de ambos», hablara con los generales Carlos Prats y Augusto Pinochet para plantearles las mismas ideas.

Por su parte, Jorge Fontaine, en representación de la Confederación Nacional de la Producción y el Comercio, se contactó con los políticos nacionales Onofre Jarpa, presidente de ese partido; Patricio Phillips y Pedro Ibáñez Ojeda, todos senado­res, para que «se acerquen» al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, César Ruiz Danayau; al comandante de la Primera Zona Naval, vicealmirante José Toribio Merino; y al general de divi­sión Manuel Torres de la Cruz.

Se les dijo a estos políticos que había que hablarles con franqueza a los generales y almirantes, y garantizarles una «gran campaña publicitaria» en favor de «un Gobierno de las Fuerzas Armadas». Que ellos (la Sociedad de Fomento Fabril y demás organizaciones empresariales) pondrían en práctica la difusión de la idea «poder militar» en contra de la de «poder popular». Que se encargarían de crear dificultades constantes de trans­porte, comercialización y producción, de tal manera que el apa­rato productivo nacional se paralizaría completamente. Que, siguiendo las instrucciones que los generales pudieran dar, ellos, pondrían sus órganos de prensa («El Mercurio», Canal 13 TV de la Universidad Católica, radios Minería, Balmaceda, Coope­rativa, Sociedad Nacional de Agricultura, etc.) para «despres­tigiar» a quienes ellos deseasen, y «prestigiar» a quienes quisie­sen, si eso ayudaba a los propósitos finales.3

También se les dijo que garantizasen a los generales «un rápido aumento en el desprestigio de Allende entre los traba­jadores», porque las organizaciones sindicales controladas por los partidos democratacristiano y nacional «promoverán un au­mento de las huelgas exigiendo mayores salarios y sueldos».

Pero no sólo con los políticos hablaron los dirigentes de la oligarquía chilena. Hablaron también con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Urrutia Manzano, latifun­dista expropiado y accionista de media docena de monopolios industriales. Le pidieron que iniciara una campaña de decla­raciones para poner en duda «la legalidad» de las actuaciones del Gobierno, y que hablara con «los mandos militares que usted pueda», para influirlos en una decisión que «sirva para librarnos del Gobierno de Allende». Lo mismo hicieron con el controlador general de la República, Héctor Humeres, para que redoblara sus esfuerzos en declarar fuera de la ley todas las adquisiciones, requisiciones o intervenciones en las industrias monopólicas por parte del Estado.

El último día de marzo de 1973, una vez más, la oligarquía chilena y el imperialismo de los Estados Unidos habían puesto a todos sus peones en el punto de partida para una nueva ca­rrera contra el Gobierno constitucional de Chile. Pero, al revés que en ocasiones anteriores, ahora estaban realmente TODOS los peones del sistema en el punto de partida.


Notas
1) La intromisión del Pentágono en los esfuerzos de la oligarquía chilena para derrocar a Allende fue denunciada por Julio Zapata Bernales, en una serie de
artículos en el suplemento dominical de «Puro Chile», en diciembre y enero de
1972 y 1973 respectivamente, titulados: Anatomía de un golpe de Estado, Cómo
la gran burguesía quiere derrocar a Allende, El fascismo como técnica del golpe
de Estado, Estados Unidos detrás de Frei
y Jarpa, La Sociedad de Fomento Fabril y El imperialismo: golpe. Estos reportajes revelaban la orientación general de las instrucciones de aislar al general Prats, dejar en segundo plano a los políticos, crear el «poder gremial», base del fascismo, y llevar a los altos mandos militares a formar un bloque conspirativo. La revista «Punto Final», de marzo y abril de 1973, retomó estas denuncias acerca de los planes del Pentágono. En julio de 1973, después de que el día 20 de ese mes el general Washington Carrasco viajó a San­tiago para hablar con su comandante César Guevara Fuentes y quince oficiales más de un esquema para que «Santiago pueda ser atacado por aviones desde La Serena, Quintero y Concepción», salieron a la luz pública más detalles de la intromisión del Pentágono (publicados en «Chile Hoy», de agosto y septiembre de 1973).
2) En octubre de 1972, a propósito de la táctica a seguir para derrotar la conspiración patronal, se produjo la primera crisis entre las directivas del partido
comunista y el partido socialista, y entre Carlos Altamirano y Salvador Allende,
dirigentes máximos de los socialistas. Allende entendía que Altamirano se desbarrancaba por el «ultraizquierdismo», y lo hacía saber en alta voz a quien quisiera escucharlo. Esto se reflejó en violentísimos ataques personales a Carlos Altamirano, desde el diario «Puro Chile», en noviembre y diciembre de 1973, por columnistas y redactores simpatizantes de Allende y de la directiva del partido comunista. En enero de 1973, a propósito de una discusión sobre las Juntas de Abastecimientos y Precios (organizaciones populares para controlar la especulación y la distribución de los alimentos) con el ministro de Hacienda Fernando Flores, el Presidente gritó, delante del equipo de prensa de «La Moneda», que los partidos de la UP le tenían aburrido, que eran «una bolsa de gatos» y que no sabían guiar al pueblo. Desde meses antes, a partir de la crisis de diciembre de 1971, por la marcha de las ollas vacías montada por la derecha, Allende había expresado semipúblicamente estas mismas ideas, lo que aprovechaban los diarios de derecha, especialmente «La Tribuna», para incluso titular en primera página sobre el tema {Allende hasta la coronilla con la UP, de «La Tribuna», primera semana de septiembre de 1972).
Tal vez por estas circunstancias, el general Prats opinó ante sus colegas militares
que Allende estaba a punto de «estar maduro» para unirse con las Fuerzas Armadas en su Gobierno. Sin embargo, los hechos posteriores demostraron que el Presi­dente nunca tuvo esa intención, aun cuando sus declaraciones públicas pudieran inducir a pensar lo contrario. Sobre esta crisis de conducción y trizadura en la cúpula de la Unidad Popular, hay mayor material de juicio en el capítulo quinto de este libro.
3) A partir de abril de 1973, los diarios «El Siglo», «Ultima Hora, «Puro Chile»,
y las revistas «Punto Final», «Chile Hoy», «De Frente» y "El Rebelde" denunciaron
constantemente las andanzas conspirativas de Juan de Dios Carmona, Patricio Phillips, Eduardo Frei y Pedro Ibáñez; y de los generales Oscar Bonilla y César Ruiz Danyau, además del almirante Marino. La situación llegó a su clima en agosto
de 1973, cuando Allende aceptó el retiro de Ruiz Danyau y se decidió a pedir el
retiro de Óscar Bonilla junto a otros cinco generales y del almirante Merino en la
segunda quincena de septiembre. Pero el golpe vino antes. Ver el documento de
Joan Garcés, ya citado, y el detalle de estos sucesos en el capítulo quinto de este
libro.

5
El general no es honorable

Usted tendrá siempre mi lealtad incondicional, Presidente.

(Respuesta dada por Augusto Pinochet Ugarte, comandante en jefe del Ejército chileno, al presidente Allende, ante una pregunta por teléfono hecha por Allende el 7 de septiembre de 1973, cuando la Marina pretendió sublevarse)

1972 había sido un año brillante para las Fuerzas Armadas chilenas en sus relaciones con el poder ejecutivo. El presupues­to para gastos militares había llegado a una cifra récord de 360 millones de dólares, lo que constituía el 4,6 % del Produc­to Nacional Bruto del país, y ponía a Chile a la cabeza de los países latinoamericanos (excluyendo Cuba), porcentualmente, en gastos militares. Incluso en cifras totales, Chile, con sus 360 mi­llones de dólares, sólo estaba detrás de Brasil, con un presu­puesto de 1.105 millones de dólares, y de Argentina, con 889 mi­llones de dólares, en la lista de presupuestos militares desde México al sur.1

Además, los cursos en los fuertes militares del Ejército de los EEUU en la Zona del Canal de Panamá, se habían intensifi­cado, y la asistencia de oficiales y suboficiales chilenos era mu­cho más nutrida.

Pero no sólo era eso. Gran cantidad de dólares de ese pre­supuesto tan abultado había sido destinada para mejorar el armamento liviano del Ejército y de Carabineros, lo cual ponía en un mejor pie de combate «contra la subversión interna» (de acuerdo a los entrenamientos impartidos en la Zona del Canal de Panamá) a las Fuerzas Armadas chilenas. Incluso el presidente Allende había echado adelante el proyecto de una extensa zona fronteriza con Argentina, en las provincias de Malleco, Cautín y Valdivia, la cual, además de servir para iniciar planes pilotos de explotación de maderas y productos agrícolas, servía para adiestrar al Ejército y la Fuerza Aérea en «operacio­nes combinadas contraguerrillas».

Había sido un año excelente para las Fuerzas Armadas chi­lenas, sobre todo si se tiene en cuenta que el presidente Allende había estado de acuerdo, desde 1970, con el cuerpo de generales de no modificar absolutamente nada de los planes de estudio, adiestramiento y cultura impartidos en los cuarteles, que eran confeccionados mayoritariamente en el seno del Ejército de los Estados Unidos en Washington.2

Y más todavía, durante 1971, a iniciativa del Gobierno de Salvador Allende, los sueldos de los altos mandos tuvieron un sustancial aumento. Por ejemplo, los generales de brigada pa­saron de 12 sueldos vitales a 16 sueldos vitales, lo cual quería decir que obtenían un mejoramiento adicional del 33 % al ob­tenido por todos los trabajadores y empleados del país. En el año 1972, estos sueldos de generales de brigada subieron de 16 suel­dos vitales a 21 sueldos vitales, lo cual significaba un aumento por sobre todos los demás chilenos que vivían de una remune­ración de más del 31 %. Acumulando las cifras, teníamos que en los dos primeros años de Gobierno de Salvador Allende, los sueldos de los generales habían obtenido un mejoramiento de 75 % por sobre los ingresos producto de sueldos o salarios de los millones de otros chilenos.

Esto dejaba a los generales entre los 50.000 chilenos de más altos ingresos del país, de un total de tres millones que traba­jaban.

Pero no sólo en el equipamiento, adiestramiento «antisub­versivo» y situación económica personal había sido un buen año, para los generales y demás mandos militares.

A mediados de 1972, por una idea conjunta de los genera­les «reformistas» y «duros», se le comunicó a Juan de Dios Carmona que propiciara, por cuenta de su partido, el democratacristiano, la dictación de una Ley Sobre Control de Armas, que dejara en manos de los mandos militares, a su entero arbi­trio, el control de las armas en manos de los civiles. La idea fue encontrada buena por el Presidente Salvador Allende, y los parlamentarios de la Unidad Popular, junto con los parlamentarios de la oposición, aprobaron esa ley, que llevaba el número 17.998.

En esencia, el texto de la ley permitía que los organismos de justicia militar podían ordenar el allanamiento de cualquier domicilio a las tropas, para buscar armas, en cualquier momen­to, circunstancia o lugar.

Al aprobarse esta ley tan buena para las Fuerzas Armadas, Salvador Allende dijo que «ésta es una herramienta en manos del pueblo para combatir a los saboteadores fascistas, porque las Fuerzas Armadas chilenas son una garantía de constitucionalidad y rectitud». Los hechos posteriores probaron que esto no era así. Que lo que se había dado era un instrumento formi­dable de poder a unas Fuerzas Armadas manejadas por oficiales al servicio del imperialismo norteamericano y la oligarquía chi­lena.

Y esos oficiales utilizaron este formidable instrumento. Y lo comenzaron a utilizar en forma sistemática, a partir de marzo de 1973 cuando, decidido ya el destino final del Gobierno cons­titucional, se trataba de estructurar una forma «rápida, eficaz y drástica» de llevar a cabo el derrocamiento. Por iniciativa del general de división Manuel Torres de la Cruz, planteada en marzo de 1973, inmediatamente después que los generales en contacto con el Pentágono comenzaron su operación final con­tra el Gobierno chileno, se acordó utilizar la Ley Sobre Control de Armas y Explosivos para seis propósitos principales:

1) Evaluar la real capacidad de combate de los obreros y campesinos, según fuera su protesta a los allanamientos que se iniciarían de manera masiva y mortificante para ellos.

2) Evaluar la cantidad de armas en poder de las organizacio­nes de masas y políticas de la izquierda.

3) Adiestrar a la tropa de las tres armas de los institutos militares en operaciones contra la población civil.

4) Adiestrarse en la coordinación de mando conjunto para las Fuerzas Aérea, Marina y Ejército.

5) Medir la capacidad de respuesta política de los partidos de la Unidad Popular.

6) Adiestrar psicológicamente a las tropas para que «co­miencen a ver a los obreros, campesinos y estudiantes como sus enemigos».3

Los allanamientos a fábricas, locales sindicales, asentamien­tos campesinos, sedes de partidos políticos de izquierdas e incluso domicilios particulares de dirigentes populares, comenzaron a aumentar gradualmente en número y rudeza ejercida por las tropas al mando de oficiales fascistas.

Durante abril, mayo y junio se hicieron allanamientos en promedio de tres por semana. Ya en julio, este promedio subió a casi uno por día y en agosto fueron más de 45 en todo el mes.

El carácter de estos allanamientos lo dan las estadísticas del mes de julio de 1973. Hubo 24 en total. Y de ellos, diez fueron contra fábricas, tres contra oficinas de Gobierno, cuatro contra partidos de la Unidad Popular, tres contra casas de estudio de organizaciones populares... y sólo dos contra grupos fascistas armados.4

Y ocurre que en ese mismo mes, se habían hecho 128 aten­tados con armas de fuego y explosivos contra dirigentes de la Unidad Popular, sedes políticas y puentes, torres de transmisión eléctrica y periódicos de la Unidad Popular. Mucho más que eso todavía: los propios organismos fascistas como Patria y Li­bertad, habían hecho pública su responsabilidad por más de setenta de esos atentados. Sin embargo, nunca se allanaron los locales de grupos fascistas, ni domicilios de dirigentes.

De los 128 atentados cometidos por fascistas civiles, las fis­calías militares, navales y aéreas encargadas de investigarlos, declararon como «de autor desconocido» a 122.

Un caso típico fue el del atentado a la casa del contralmirante Ismael Huerta Celis, ex ministro de Obras Públicas del presidente Allende, miembro del grupo conspirador del vicealmirante José Toribio Merino y más tarde, después del golpe, nombrado mi­nistro de Relaciones Exteriores de la Junta Militar. El contral­mirante Huerta vivía en Viña del Mar, y fue lanzada una bom­ba de alto poder explosivo a su antejardín. La policía civil des­cubrió al autor del atentado, un miembro de Patria y Libertad. Cuando los detectives lo llevaron a la casa de Huerta para re­construir la escena, el contralmirante le dio la mano al sabotea­dor, le palmoteó la espalda, le invitó a pasar a su casa y le ofre­ció café. Y acabó diciéndole, delante de los detectives: «No te preocupes, hombre. Ya arreglaremos todo esto. Dime qué necesitas en la cárcel y yo hablaré con tu abogado».

El informe de este extraordinario suceso fue pasado al presidente Salvador Allende, porque era evidente que se tra­taba de un autoatentado, para dar imagen de «caos social», y en el cual estaba involucrado un contraalmirante en servicio acti­vo. Pero Salvador Allende dio orden de no hacer público el incidente.5

Pero fue sólo en los primeros días de agosto de 1973, cuando el general Manuel Torres de la Cruz llevó sus planes de utilizar la Ley Sobre Control de Armas hasta un punto de poner a prueba los «seis puntos» de su teoría para «preparar el terreno» en el asalto final al Gobierno constitucional de Chile. En esa fecha, reuniendo cerca de dos mil hombres de tropa de las Fuer­zas Armadas y de Carabineros, de la guarnición de la austral ciu­dad de Punta Arenas, donde era comandante en jefe de la Quin­ta División de Ejército, el general dirigió una operación de cerco y allanamiento al «barrio industrial», cuya principal in­dustria era la textil Lanera Austral. Para la operación utilizó tanques, cañones sin retroceso montados en jeeps, carros de asalto, helicópteros y vuelos rasantes de aviones. La novedad de la operación estaba en que había un «mando conjunto», bajo la supervigilancia del Ejército en la persona del general Manuel Torres de la Cruz. Las tropas y aparatos de guerra de la Fuerza Aérea estaban al mando del general José Berdichewski; las de la Marina, bajo las dirección del contralmirante Hora­cio Justiniano; y las de Carabineros, con el mando del general Hernán Fuentealba. Todos ellos de acuerdo «en la necesidad de terminar con el Gobierno de la Unidad Popular de una vez».

La operación de cerco, reducción de obreros y obreras, y allanamiento, comenzó en la helada madrugada y duró más de ocho horas. El centro del objetivo estaba en la textil Lanera Aus­tral, donde no había más de doce personas en ese momento, de las cuales siete eran mujeres obreras. Los soldados entraron a la carrera, destrozando puertas, quebrando vidrios a culatazos y sacando a tirones a los obreros y a las obreras al patio, cuya superficie estaba congelada por el intenso frío de ese lugar (a 53 grados de latitud sur). Los prisioneros fueron obligados a tenderse en el suelo congelado, boca abajo y con las manos en la nuca, durante seis horas, mientras los oficiales y la tropa registraban la fábrica rincón por rincón. Las mujeres fueron encañonadas por los fusiles ametralladores, a las voces de los soldados «¿dónde están las armas, putas de mierda?». Un obre­ro, que estaba en esos momentos en el servicio higiénico, defe­cando, y por lo tanto no se dio cuenta de qué era lo que pasaba, fue sacado, tal como estaba, con los pantalones en las pantorrillas, por los soldados, y semitriturado a culatazos, contra el suelo, mientras le gritaban «¡esto es para que aprendas a obe­decer, maricón comunista!». Otro obrero, que estaba cerrando las llaves del agua caliente en una ducha, llamado Alberto González Bustamante, fue baleado por la espalda y muerto en el acto. El jefe del Servicio de Inteligencia en Punta Arenas, se instaló en el mismo lugar de los hechos para interrogar a los obreros detenidos, a quienes les ofreció la siguiente alternativa, según pudimos comprobar semanas más tarde los reporteros que hablamos con ellos: «Si me firman una declaración en que ates­tigüen que hallamos toneladas de armas escondidas, no los acu­saremos de resistirse a las Fuerzas Armadas. Si no, por ese car­go van a ir presos por un buen tiempo». A las mujeres las ame­nazaron con violarlas allí mismo, pero las amenazas no se cum­plieron. Ninguno de los obreros firmó la declaración que pedía el oficial del Ejército. El resultado del gigantesco operativo mi­litar fue realmente grotesco: un revólver calibre 22, marca Star, argentino, utilizado por el cuidador nocturno de la fábrica.

Pero el suceso, por la muerte del obrero González Busta­mante a manos de la tropa, causó conmoción pública entre las organizaciones de izquierda. El diputado socialista Mario Palestro, de la comuna de San Miguel (Distrito Pedro Aguirre Cerda) de Santiago, declaró enfurecido en la Cámara de Dipu­tados que el «general Manuel Torres de la Cruz deshonra nues­tras Fuerzas Armadas... Es un demente, un asesino... Se cree un reyezuelo y un sátrapa».

La directiva del partido socialista exigió a Salvador Allende que llamara a retiro al general Torres (una facultad privativa de los presidentes de Chile hasta el 11 de septiembre de 1973). Allende habló con el entonces comandante en jefe subrogante del Ejército, general de Ejército Augusto Pinochet Ugarte, para «exigirle» que destituyera a Torres de la Cruz. El general Pi­nochet le dijo que a su entender, y al entender del cuerpo de generales del Ejército, el «comandante en jefe de la Quinta División cuenta con toda la confianza del Estado Mayor», y que, por eso mismo, no se podía hacer nada. Pinochet, en un gesto típico de su acción doble, de traición a Allende a partir de julio de 1973, le expresó que «hay que esperar un poco, que las aguas se calmen, para limpiar los altos mandos de gente sin criterio político, Excelencia». Por su parte, el general Carlos Prats, ya fuera de toda capacidad de influir en el Ejército, ni siquiera fue consultado por Allende en este incidente.

Así, en vez de ser destituido Manuel Torres de la Cruz, la comandancia en jefe del Ejército se querelló judicialmente con­tra el diputado socialista Mario Palestro, por «injurias graves y ofensas al Ejército de Chile».

El 29 de agosto, el periódico «El Mercurio», publicó en forma destacada en su página número dos, una crónica que se titulaba El general Torres de la Cruz y las Actividades de la Quinta División. En parte del texto, escrito por una reportera, se decía: «Manuel Torres de la Cruz es un hombre robusto, y sin ser alto resulta imponente, su gesto es siempre amable... firmemente amable. El primer encuentro con el comandante en jefe de la Quinta División del Ejército, con asiento en Punta Arenas, se produce a bordo del avión que lo trasladaba a su jurisdicción; en Santiago, se había negado a hacer declaracio­nes a la prensa, aduciendo que se encontraba fuera de ella. Bajo inmediatamente después de él; antes de pisar la escale­rilla del avión se vuelve y me dice con serenidad y satisfacción: «Va a ver algo que puede interesarle». En la losa del aeropuerto Presidente Ibáñez se encuentran formados los oficiales de la Marina, la Aviación y el Ejército; están el contralmirante Ho­racio Justiniano y el comandante subrogante de la Fuerza Aérea, Eduardo Clavijo. El titular, José Berdichewski, lo iría a saludar horas después, a su llegada del extranjero»...

«El Mercurio» había entendido «el mensaje» del general To­rres de la Cruz, en el sentido de que las tres armas del aparato militar chileno estaban sólidamente unidas detrás del coman­dante en jefe de la Quinta División, y como en esa fecha ya mu­chos sectores oligárquicos sabían que «el golpe es en cualquier momento», se figuraron que Manuel Torres de la Cruz sería el jefe de la futura Junta Militar... y comenzaron a «dar una buena imagen pública de él». La crónica cumplía este cometido en algunos párrafos escogidos como estos:

«¿Su opinión acerca de los militares en el Gobierno?

»...off the record.

«Como militar y como hombre, ¿qué cualidades admira en el ser humano?

»La franqueza y la lealtad; por eso, detesto lo contrario, la hipocresía y la falta de hombría.

»¿Cuál es la misión específica del Ejército en este momen­to en Chile?



»Seguir manteniendo la seguridad interna de nuestro país, protegiendo la soberanía y luchando para que quienes no conocen nuestras Fuerzas Armadas no continúen tratando de dividir­las, lo que no lograrán...»

Todo este suceso, ya a fines de agosto de 1973, probaba que la maquinación militar montada por orden del Pentágono de los EE.UU. para derribar a Salvador Allende, destruir la demo­cracia burguesa chilena, reemplazarla por un Gobierno fascis­ta incluso más brutal que el de Brasil, y articular un «frente común» en el cono sur de América Latina contra el progreso y el desarrollo de los pueblos, ya estaba funcionando.

Demostraba también que el general Manuel Torres de la Cruz había evaluado bien el grado de desarticulación de los partidos de la Unidad Popular, la posición indecisa y suicida de Salvador Allende y el partido comunista de Chile, al plantear su tesis «de los seis puntos» en los allanamientos masivos. El había dicho que «los marxistas no se atreverán a pararnos... nos tienen un miedo pánico». Y los hechos lo estaban demostrando. El había dicho «no se atreverán a empujar al populacho contra nosotros, porque también le tienen miedo pánico el Presidente y sus apo­yos comunistas». Y los hechos, desgraciadamene, seguían de­mostrándolo.

Los allanamientos protagonizados por las tropas de la Fuer­za Aérea, la Marina, el Ejército y Carabineros, a lo largo de todo Chile, habían sido hechos con una brutalidad sin límites. Habían destrozado maquinarias, muebles de modestos obreros en sus casas, ropas, libros, herramientas, archivos de regionales de la Central Única de Trabajadores. Habían golpeado brutalmente a hombres, mujeres e incluso niños indefensos. Un batallón de la Fuerza Aérea, en Santiago, había allanado el Cementerio Metro­politano, en el sur de la ciudad, de noche, desplegando un gigan­tesco aparato de guerra incluso con helicópteros artillados. Sus enemigos habían sido dos cuidadores del cementerio, a quienes golpearon y mantuvieron arrodillados con las manos en la nuca durante nueve horas, bajo una lluvia intensa. En ese allana­miento destrozaron más de cincuenta ataúdes, tirando los res­tos de los muertos en la superficie, y dejándolos allí, confun­didos unos con otros, actuando brutalmente también contra los deudos de esos muertos.

Y lo más increíble, desde el punto de vista de la «justifica­ción pública» del inmenso aparato de «búsqueda y destrucción contra las cosas» que desataron durante cinco meses los gene­rales chilenos en contacto con el Pentágono, es que NUNCA en­contraron otras armas que aquellas portadas por los vigilantes nocturnos de los locales atacados. Y además, después de esas inmensas movilizaciones de gente en pie de guerra, exhibían como «armas encontradas», largos listones de madera, cascos de obreros de la construcción, varillas de coligüe (una especie de bambú chileno, mucho más delgado) y herramientas de trabajo personales, calificándolos de «objetos contundentes».

Todos estos listones y varillas eran las utilizadas para por­tar banderas en los desfiles, y para ser usados como defensa con­tra los ataques de los grupos fascistas civiles en las manifesta­ciones públicas. Es típico el caso del allanamiento a la sede de la Central Única de Trabajadores (organización de los trabaja­dores y un sector de los empleados de Chile, que agrupaba a casi un millón de afiliados) en la ciudad de Osorno. Esa sede era al mismo tiempo casa habitación de un obrero. En el patio interior de su casa tenía una plantación de porotos (frijoles blancos), la cual exige, para que las plantas tomen sol, un arma­zón de listones por donde las guías de la planta suban aferrán­dose. Pues bien, las tropas requisaron esos listones del pequeño huerto (veinticuatro listones de metro y medio de largo) como «armas».

Y ocurre que mientras las tropas del aparato militar chi­leno, en acción conjunta, ponían en práctica la etapa de «ablan­damiento y reconocimiento» contra el pueblo de Chile, con el pretexto de «desarmar» a quienes propician «la violencia en el país», había generales que estaban protegiendo a los grupos fascistas como Patria y Libertad para que contrabandearan armas desde Argentina y Bolivia.

En el norte, el comandante en jefe de la División Blindada (Sexta División), general de brigada Carlos Forrestier Haengsgen, protegía al grupo de contrabandistas de armas dirigido por Roberto Thierne, segundo jefe de Patria y Libertad, y el ex ca­pitán de Ejército Arturo Marshall (complicado con el ex gene­ral Roberto Viaux en la conspiración para asesinar al general René Schneider en 1970), que tenían a las ciudades de Salta, en Argentina, y Oruro, en Bolivia, como centro de operaciones. Por allí entraban explosivos, armas automáticas y municiones bajo la protección de Forrestier. Este general era católico (al igual que Manuel Torres de la Cruz), definido por sus amigos como «El Nazi» y latifundista expropiado por la reforma agra­ria durante el período de Salvador Allende.

En el centro-sur del país, el general de brigada Washington Carrasco Fernández, comandante en jefe de la Tercera División (con asiento en Concepción), daba protección no sólo a los miembros de Patria y Libertad al guardarles sus arsenales te­rroristas, incluso en las casas de oficiales de su Estado Mayor, sino también a los Comandos Rolando Matus, del Partido Nacional, y los Comandos de Ex Cadetes, del agente de la CÍA Fede­rico Willoughbly McDonald. Este general Carrasco, estrechamente ligado al Servicio de Inteligencia Militar, en relación di­recta con el Pentágono (su relación con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos es tan grande, que en diciembre de 1973, la Junta Militar lo designó jefe de la Misión Militar en la Emba­jada de Chile en Washington, para tener «al hombre preciso en el lugar correcto», arriesgando dejar la Tercera División en ma­nos de un general sumamente inepto, como es Agustín Toro).7 Además el general Washington Carrasco Fernández tenía rela­ciones directas con la oligarquía chilena a través del senador na­cional Francisco Bulnes Sanfuentes, empresario monopolista y socio del consorcio norteamericano WR Grace. El general Ca­rrasco formaba parte de los «reformistas».

Por su parte, el comandante en jefe de la División de Caba­llería, general de brigada Héctor Bravo Muñoz, protegía los adies­tramientos que los latifundistas de la provincia de Valdivia ha­cían para afrontar el creciente movimiento campesino de liberación, que exigía más tierras y la expropiación de los lati­fundios, sin pago alguno para los empresarios de la tierra y con­siderando en esa expropiación toda la maquinaria y las insta­laciones de las haciendas. El general Bravo Muñoz estaba ligado estrechamente al Pentágono de los EEUU a través del general Mario Sepúlveda Squella, que fuera comandante de la Segunda División del Ejército y de la guarnición de Santiago hasta el 24 de agosto de 1973, fecha en que renunció al conocer los planes para asesinar al Presidente Allende simulando un suicidio (lo mismo ocurrió con el general Guillermo Pickering, jefe de los Institutos Militares hasta ese mismo día en que renunció por las mismas razones). Bravo Muñoz era ultracatólico, como Manuel Torres de la Cruz, y formaba parte del grupo de los generales «constitucionalistas» encabezados aparentemente por Carlos Prats González.


Ultimo mensaje
Cuando el 21 de mayo de 1973, el presidente Allende leyó ante el nuevo Congreso Nacional, elegido el 4 de marzo, su men­saje anual a la nación, la situación era explosiva desde todos los ángulos posibles. El costo de la vida había tenido un alza, en los últimos doce meses, de 195,5 %. El día 16 de mayo, los stocks de combustibles líquidos (gasolina y parafina) se habían agotado, y el gas licuado estaba en serios problemas de abastecimiento. A tal punto, que el Gobierno mexicano despachó a Chile un bu­que tanque velozmente, para salvar las necesidades de combus­tible de la entrada del invierno en Chile, a petición desespera­da de Salvador Allende.

Había realmente un descalabro económico mayúsculo, pro­ducto del sabotaje sistemático del capital monopolista en ma­nos privadas chilenas y yanquis, y del imperialismo de los EEUU, durante los tres años del Gobierno elegido en septiembre de 1970. Sólo como referencia, daremos algunos antecedentes.

«Las líneas de crédito de la banca norteamericana comenzaron a disminuir inmediatamente. De 219 millones de dólares que te­nían otorgados en líneas de crédito en agosto de 1970 bajaron rá­pidamente a 32 millones al promediar 1971. Lo propio aconteció con los organismos bancarios internacionales y las institucio­nes financieras de Estados Unidos. El ministro Orlando Millas, en su exposición del estado de la Hacienda Pública, señaló que entre 1964 y 1970 Chile contrató en el BID, el BIRF, AID y el EXIMBANK créditos por 1.031 millones 806 mil dólares, lo que hacía un promedio anual cercano a los 150 millones de dólares. En 1971 este volumen disminuyó a 40 millones de dólares y se ha reducido a CERO en el curso de 1972 (Hugo Fazio: El Bloqueo Financiero, «Revista de la Universidad Técnica del Estado», enero-febrero de 1973).»

«Charles W. Bray, portavoz del Departamento de Estado, dijo en Nueva York que "en cuanto a la caída de los préstamos externos e inversiones en Chile no parece necesario buscar nin­guna razón exótica". Bray manifestó que la moratoria unila­teral de Allende en los pagos de la deuda externa adoptada el año pasado "ha dañado seriamente el crédito de Chile" (Cable de la agencia United Press International, de 6 de diciembre de 1972).»

«Cuando estos contactos sean llevados a cabo ( el memorán­dum escrito al presidente de la ITT, el 20 de octubre de 1970, se refiere al doctor Henry Kissinser, mister Meyer y mister Irwin, del Departamento de Estado, al secretario William Rogers y al presidente Nixon), nosotros exigiremos que los represen­tantes norteamericanos de los bancos internacionales tomen una acción decidida en contra de cualquier petición de préstamos de los países que expropien compañías norteamericanas o ejerzan acciones negativas contra el capital privado extranjero. Y, como parte de nuestra acción total, debemos pedir a nuestros amigos del Congreso que alerten a la Administración norteamericana, avisándoles que de continuar un tratamiento inadecuado del ca­pital privado norteamericano, esto traerá como consecuencia una reducción de los fondos de los contribuyentes norteamericanos en los bancos internacionales. (Parte de los documentos de la ITT, dados a conocer por el periodista yanqui Jack Anderson).»

«La Kennecott Cooper está tratando de lanzar un bloqueo internacional legal a los embarques de cobre chileno... La bata­lla en el Tribunal de París no podría haberse poducido en un momento peor para Chile, que obtiene alrededor de un 70 % de sus divisas de la venta del cobre... Este país ya está hirviendo con la inquietud política y social y se está balanceando al borde de la bancarrota. Obviamente la ofensiva de la Kennecott perju­dicará posiblemente las futuras ventas de cobre a los clientes que no desean arriesgar disputas legales y posiblemente atrasos costosos en las entregas.

»Los ejecutivos de la Kennecott están decididos a mantener esta situación candente sobre Chile. La oficina de Manhattan del Consejero General, Pierce McCreary, que está dirigiendo la cam­paña, tiene el aspecto de una sala de guerra. Su escritorio está sembrado de informes de embarques y sobre una pared cuelga un gran mapa para marcar las rutas de los barcos.

Desde aquí, McCreary mantiene una estrecha vigilancia so­bre los barcos que entran o salen del puerto chileno de San Antonio, el único lugar desde donde se embarca el cobre de El Teniente. Actualmente está observando los movimientos de por lo menos seis barcos que se dirigen a Europa cargados con el metal de El Teniente; cuando lleguen enviará a sus agentes allí para recibirles con órdenes judiciales (Revista "Time", del 6 de noviembre de 1972).» Por supuesto, la revista «Time» no podía agregar en su crónica que a la Kennecott en Nueva York le llegaban los informes de los zarpes de los barcos con cobre desde San Antonio, vía marina de los Estados Unidos, a través de los mensajes provenientes de la Primera Zona Naval de Val­paraíso, bajo el mando del vicealmirante José Toribio Merino. Es decir, el espionaje para la Kennecott se efectuaba en un puerto chileno, por medio de ¡oficiales traidores a su patria en Chile!... El vicealmirante Merino es hoy día uno de los «salva­dores de la Patria», como miembro de la Junta Militar. Este hecho fue denunciado por «El Rebelde» (Santiago, octubre 1972).

«...después de la decisión tomada por la mayoría de los orga­nismos internacionales de crédito de cesar todas sus actividades en favor de Chile, la ofensiva sobre el cobre, conducida con el apoyo tácito del Gobierno norteamericano y lanzada por la De­mocracia Cristiana, se unen en una misma y vasta operación que tiende literalmente a estrangular la experiencia emprendida después de octubre de 1970 por el presidente Allende ("Tribuna", de Lausana, del 17 de octubre de 1972.)»

Pero no era solamente el bloqueo financiero imperialista de los Estados Unidos (bloqueo solamente contra la economía glo­bal chilena, pero dejando a salvo el financiamiento de las Fuer­zas Armadas chilenas, que en el mismo período recibieron prés­tamos norteamericanos cuantiosos, incluso para comprar un avión Hércules C-130, para 90 paracaidistas, con su equipo com­pleto, por valor de 5 millones de dólares, y varias naves de guerra menores y equipamiento liviano para «lucha contra subversión interna,5 y el sabotaje sistemático de los monopolios, chilenos los que habían descalabrado a tal punto la economía del país. Se sumaba a ello la falta de flexibilidad del sistema financiero internacional que, incluso con los préstamos de la Unión Sovié­tica y otros países de Europa Oriental, impedía zafarse de los efectos destructivos del cierre de los préstamos norteamericanos. Se sumaba también un notable porcentaje de incapacidad de los mandos medios en el aparato económico de la Unión Popular, incluyendo (aunque en número muy minoritario) casos de co­rrupción administrativa y de desvíos de dinero hacia el finan­ciamiento de cajas electorales y de pago de funcionarios de algu­nos partidos políticos. Sin embargo, en una relación cuantificada de las causas de la cuasi bancarrota económica del país en el primer trimestre de 1973, el porcentaje de la inepcia y la corrup­ción de miembros responsables de la Unidad Popular es mínimo, comparado con el sabotaje sistemático, brutal y sumamente des­piadado de los monopolistas privados chilenos y norteamerica­nos. Incluso más, se podría afirmar científicamente que aun en el caso de que no hubiera habido ni inepcia ni corrupción en algunos sectores de la Unidad Popular, el descalabro económico habría sido tan significativo como era en ese momento.

En todo caso, la situación se podía resumir con algunos as­pectos como éstos:

a) Por primera vez en la historia de la gran minería del cobre chileno, el mineral de Chuquicamata no tuvo utilidades en 1972, y acusó una pérdida cercana a los 5 millones de dólares. La falta de repuestos y su reemplazo a tiempo, por el cierre del mercado norteamericano, fue la causa principal.

b) En 1972, la enorme industria textil Sumar, estatizada en 1971, arrojó pérdidas por 132 millones de escudos (unos 11 mi­llones de dólares).

c) La Corporación del Cobre informa que la mina de cobre de Chuquicamata tuvo una baja de producción de 15000 tonela­das en 1972 en comparación con 1971. El mineral de cobre de La Exótica marca una baja de 4000 toneladas en el mismo período, y el mineral de El Salvador una disminución de 2000 toneladas.

d) El balance al 30 de junio de 1972, señala para la Distribui­dora Nacional (DINA) del sector estatal, una pérdida de 20 mi­llones de escudos y un endeudamiento con el sistema tributario y de seguro social del Gobierno de 172 millones de escudos.

e) La Compañía Chilena de Electricidad (que fue comprada por el Gobierno de Frei a la American Foreign Power de los EE.UU. en 1970, por 186 millones de dólares, teniendo instala­ciones que valían sólo 18 millones de dólares), acusa en 1972 una pérdida de 250 millones de escudos.

f) En mayo de 1973, el ministro de Agricultura, Pedro Hi­dalgo, declara a los periodistas que como resultado del bloqueo externo, han dejado de funcionar la mitad de las grúas de un sector del puerto de Valparaíso. Por la misma causa de falta de repuestos, hay 250 locomotoras de la Empresa de Ferroca­rriles del Estado paralizadas, de un total de 500 locomotoras que posee la empresa.

Ninguno de los efectos relatados brevemente más arriba po­drían haber sido evitados sustancialmente desde el punto de vis­ta económico, ya que tenían su origen en una presión constante (sobre una economía capitalista dependiente del imperialismo norteamericano) de las fuerzas monopólicas privadas chilenas y extranjeras, con una meta bien precisa: provocar el descala­bro del aparato productivo para obligar a los trabajadores, azo­tados por la miseria consecuente, a quitarle su apoyo al Gobierno de la Unidad Popular, y dejarlo a merced del esquema de derro­camiento. Y no podrían ser evitadas porque el programa polí­tico, económico y social de los dirigentes de la Unidad Popular no era socialista, no estaba dirigido por los trabajadores y se había metido en una batalla por el poder económico dentro de las propias leyes de funcionamiento del capitalismo monopólico dependiente del imperialismo, dejando así en manos de la oli­garquía y los consorcios transnacionales la mayor capacidad de maniobra. Un ejemplo de la debilidad extrema de la posición meramente desarrollista, y no socialista, de todo el programa de Gobierno de la Unidad Popular, lo da el estrangulamiento exter­no considerando sólo cuatro factores: el bloqueo financiero, el cambio en el precio mundial del cobre, el aumento de los precios mundiales de los alimentos y la presión interna por importar más alimentos.

Los efectos combinados de estos cuatro factores significa que para los años 1971 y 1972, el país perdió MIL CIENTO CINCO MILLONES DE DOLARES. El bloqueo financiero significó la necesidad de remitir al exterior 200 millones de dólares por concepto de movimiento de capitales; la baja del precio del cobre, de 64 centavos la libra en 1970, a 49 centavos en el 71 y el 72, lo que costó al presupuesto nacional una menor entrada de 460 millones de dólares en esos años; el alza de los precios mundiales del trigo en un 51 %, la mantequilla en un 88 %; la carne congelada en un 40 % y el azúcar en un 86 % (precios del mercado de Nueva York), acumuló un mayor gasto de 275 millo­nes de dólares en el bienio; y el aumento en volumen de las importaciones de trigo (300 mil toneladas en 1970 contra más de 500 mil toneladas en 1971) y de leche descremada (3.800 tonela­das en 1970 contra 38.400 toneladas en 1971) significó un aumento de los gastos de 50 millones de dólares para 1971 y de 120 mi­llones de dólares para 1972.

Si a esto sumamos que, para 1973, el Gobierno debía pagar 493 millones de dólares por concepto de amortizaciones e inte­reses de la deuda externa (duplicada en el período de Eduardo Frei y aumentada en casi mil millones de dólares por Allende a causa de la nacionalización de las minas de cobre, hierro, salitre y expropiación de algunas industrias norteamericanas), tenemos un cuadro de debilidad extrema en el sector externo, causada precisamente por lo contrario que argumentaban quie­nes planificaban el derrocamiento de Allende. Es decir, por no ser un programa económico ni político socialista el del Gobierno de la Unidad Popular, sino el de un reformismo desarrollista profundo.

La medida exacta del problema externo lo da el hecho de que el TOTAL de los ingresos en divisas de Chile, anualmente, no supera los 1.200 millones de dólares.

Esto quería decir que por el bloqueo externo, manejo de los precios mundiales por el imperialismo norteamericano, pago obligado de una deuda externa hipertrofiada y la importación de aumentos indispensables, el Gobierno se veía obligado a gastar 1046 millones de dólares anuales, lo que dejaba disponibles para importación de maquinarias, repuestos, combustibles y materias primas industriales la escuálida suma de menos de 150 millones de dólares anuales. Eso, naturalmente, produjo una paralización gravísima del aparato productivo nacional, metiendo a su eco­nomía en una espiral inflacionista gigantesca.

Ahora bien, si a esto agregamos el sabotaje interno de los aliados chilenos de los consorcios multinacionales como la ITT, Anaconda, Kennecott y bancos como el Chase Manhattan y el First National City, el cuadro se completa. Dos datos para la comprensión:

1) Solamente en 1972, los grupos monopólicos chilenos des­plazaron más de 100 millones de dólares desde la reinversión a la especulación, y dejaron de reinvertir capitales en el aparato productivo privado (más del 60 % del total nacional) en un orden del 54 %

2) La mayoría política al servicio de los intereses norte­americanos y oligárquicos chilenos en el Parlamento, solamente aprobó durante el año 1972 veinte proyectos de leyes que signifi­caban un mayor gasto de 60.000 millones de escudos con un
financiamiento de sólo 12.000 millones de escudos. ¡Es decir, obli­gó al Gobierno a emitir billetes sin respaldo productivo, por este solo concepto, por la enorme suma de casi 4000 millones de dólares! ¡Cerca de la mitad del producto nacional bruto! Con esto, además, se impidió que los empresarios monopólicos priva­dos chilenos y extranjeros ayudaran al financiamiento de la eco­nomía nacional por medio de mayores tributaciones, trasladando la carga económica a los hombros de los obreros, campesinos, empleados y empresarios pequeños y medios, los que pagaban principalmente los efectos inflacionarios de estas gigantescas
emisiones de billetes sin respaldo.

Sin embargo, todo este cuadro de tragedia económica provo­cado por la conspiración monopólica chilena-norteamericana para crear las condiciones «objetivas» del derrocamiento de Allende, había tenido una respuesta no calculada por los conspi­radores. A medida que el caos económico se agravaba quedaba más claro el sabotaje de las fuerzas reaccionarias, y las organi­zaciones populares, al margen de las directivas de los propios partidos de la Unidad Popular, habían ido transformando lo que se bautizó como «poder popular para aumentar la producción» (discursos de Allende y directivas públicas del Partido Comu­nista de Chile en 1970, 1971, 1972 y 1973), en un esbozo de «poder popular para hacer la revolución». Ya en mayo de 1973 estaba claro tanto para los directivos de la Unidad Popular como para los jefes de las Fuerzas Armadas chilenas y sus líderes ideoló­gicos en el Pentágono, así como para los dirigentes de la oligar­quía nacional, que había en el seno de la clase obrera, de los campesinos y los empleados, un movimiento «independiente» que, sacando experiencia de los años 1971 y 1972, había llegado a conclusiones bien claras sobre cómo salir de la crisis económica, política y social en que estaba sumida la democracia burguesa chilena.

Grandes sectores del partido socialista, incluyendo a su secre­tario general Carlos Altamirano; el Movimiento de Acción Popu­lar Unitaria (MAPU) y el Movimiento de Izquierda Revolucio­naria (MIR), llegaron a la conclusión de que la tesis del Partido Comunista de Chile y del propio Salvador Allende englobaba en el concepto de la «vía chilena hacia el socialismo» y basada en la subjetiva idealización de un supuesto «tránsito pacífico al socialismo», había entrado en bancarrota. Que incluso constituía un freno a la revolución chilena por ser un factor de debilidad, ante las conciliaciones con los monopolios privados chilenos y norteamericanos, y un enorme peligro de que todo el aparato reformista semiconstruido por Salvador Allende fuera destruido, junto con la democracia burguesa, para dar paso al fascismo. Y que, por eso mismo, el pueblo chileno se hallaba ante una coyuntura histórica en la que: o tomaba el camino de preparar­se para destruir «las fuerzas de reserva estratégica del imperia­lismo y de la oligarquía en Chile: sus Fuerzas Armadas» y para expropiar todo el poder económico y político de la oligarquía y el imperialismo en Chile, o serían atacados por una contra­revolución armada que implantaría el fascismo. Esto hizo que estos sectores de la Unidad Popular se sumaran a las tesis sus­tentadas desde muchos años antes por grupos de izquierda revo­lucionaria como el Partido Comunista Revolucionario, pero sin haber logrado dar forma, hasta ese instante, a una táctica ade­cuada para las condiciones chilenas.

Como una manera de evitar que el pueblo tuviera que afron­tar una contrarrevolución armada inerme, esos grupos políticos trataron durante todo el año 1973 (hasta septiembre) de impul­sar la movilización de miles de obreros y campesinos, empleados y estudiantes, exigiendo al Gobierno avanzar en el proceso de expropiaciones, exigiendo control de los trabajadores en las in­dustrias y empresas del área social, exigiendo que los funciona­rios ineptos y corrompidos, los burócratas y los dirigentes sindicales reformistas fueran sacados de sus cargos y reemplazados por auténticos representantes de los obreros, campesinos y empleados; exigiendo la aplicación drástica de las propias leyes bur­guesas contra los saboteadores de la economía nacional, y por último, planteando la necesidad de una enorme movilización a nivel masivo, en constante actitud de vigilancia y de combate que neutralizara el complot fascista de las Fuerzas Armadas por el tiempo suficiente para lograr una organización obrera armada capaz de oponerse a los intentos del Pentágono y de los altos mandos chilenos por colocar a Chile en el yugo de los grandes consorcios yanquis dócilmente.

Infortunadamente, toda esta movilización se vio entrabada, perseguida e incluso denunciada por los propios dirigentes polí­ticos cercanos a Salvador Allende y del Partido Comunista de Chile, y cuando los militares en contacto con el Pentágono dieron la señal de partida para la destrucción de la democracia bur­guesa el 11 de septiembre de 1973, no había todavía una prepa­ración adecuada de defensa, ni armas en manos del pueblo, ni un criterio uniforme para asumir la defensa de la democracia contra el ataque fascista.

Sin embargo, todo este fenómeno de «emergencia política» de grandes sectores del pueblo chileno, era lo que había hecho decir al Pentágono, en su «informe de octubre», que «la insurrección popular estaba en el punto de despegue» en Chile y que era necesario impedirle que «despegara», para lo cual ordenó a los generales chilenos servidores del imperialismo norteamericano que derrocaran a Allende «lo más pronto posible» y en «el mo­mento más adecuado» para impedir un enfrentamiento «dudoso» con ese naciente «poder popular» al margen del manejo que hasta ahora habían hecho de él el presidente Allende y sus apo­yos políticos como el Partido Comunista de Chile.9

El 21 de mayo de 1973, en su Mensaje al nuevo Parlamento chileno, el presidente Salvador Allende, que sabía tan bien como el que más que «el nuevo poder popular» se le escapaba de las manos, trató de utilizar ese «fantasma que recorre Chile» para asustar a la oligarquía y convencerla de que le diera tiempo para «encauzar» las inquietudes populares e impedir que se transformaran en una revolución cabal.

De manera dramática, el presidente Allende fue exponiendo ese día su «petición de mayor plazo» a los enemigos políticos que habían decidido derrocarlo porque «ya no es capaz de impe­dir la insurrección popular». Dijo: «El dinamismo de un proceso revolucionario libera energías reprimidas, hiere intereses dominantes, genera fenómenos sociales que pueden ser guiables Y QUE EL GOBIERNO SE HA FORZADO EN CONTROLAR... Pero, para que esto culmine satisfactoriamente, se necesita un régimen institucional flexible.»

Y Allende propuso una reforma de todo el aparato del Estado burgués para «controlar» los «fenómenos sociales nuevos», y así impedir que destruyeran todo el sistema de dominio de la bur­guesía. Pero los parlamentarios que lo estaban escuchando ese día 21 de mayo de 1973 estaban representando el pensamiento del Pentágono, de sus subordinados entre los generales de las Fuerzas Armadas chilenas y de la oligarquía chilena que, desde noviembre de 1972 y marzo de 1973, habían dado por terminado el «experimento reformista para impedir la revolución» habien­do estimado que «la subversión del populacho» ya no se detiene ni con reformas ni con Allende ni con Frei... Se detiene con el fascismo en su expresión más cruel y despiadada. Y por eso no escuchaban las llamadas angustiosas de Allende, como ésta:

«Más que los problemas económicos coyunturales por los que atravesamos, el Gobierno atribuye mayor trascendencia a la real y seria amenaza que pesa sobre nuestra democracia. Como pue­blo y como nación pocos peligros aparecen más graves ya que la quiebra de la paz civil supondría el fracaso de nuestra capa­cidad política colectiva para resolver los problemas de la comu­nidad por medios distintos de la violencia física que algunos buscan obsesivamente. Enfrentamiento cuyas trágicas consecuen­cias acarrearían un profundo drama humano, además de catastróficos efectos económicos... Hoy adquiere mayor realismo lo que anticipara en mi primer mensaje: "Si la violencia, interna o externa, en cualquiera de sus formas —física, económica, social o política— llegara a amenazar nuestro normal desarrollo y las conquistas de los trabajadores, correrían el más serio peligro la continuidad institucional, el Estado de Derecho, las libertades políticas y el pluralismo. El combate por la emancipación social o por la libre determinación de nuestro pueblo adoptaría obliga­toriamente manifestaciones distintas de lo que, con legítimo or­gullo y realismo histórico, denominamos la vía chilena al socia­lismo". El enfrentamiento diario entre conservación y revolu­ción, del que somos protagonistas, ha acumulado una densa carga de violencia social que, hasta el momento ha sido posible contener dentro de los límites razonables, o sofocar cuando se ha desbordado... No son los campesinos hambrientos de pan y de justicia que se toman —procedimiento que no comparti­mos— un pedazo de tierra para trabajarla, quienes amenazan la paz. Para ellos, el desarrollo de la revolución significa liberarse de su explotación secular. Son más bien aquellos que no toman nada, porque lo tienen todo, pero que están obsesionados en crear las condiciones de una guerra civil, los verdaderos pro­pulsores de la violencia... Para nadie puede ser un secreto que el problema clave que estamos viviendo es la crisis generalizada del orden tradicional, mientras dificultosamente emerge una nue­va estructura de relaciones sociales.»

Y pedía Allende que le dejaran asistir a ese parto social por­que «la jerarquía, la autoridad y el orden burgués han perdido su vigencia ante los trabajadores, quienes se esfuerzan por crear, dentro del régimen institucional del Estado y su normativa legal, un orden y una disciplina que repose socialmente en ellos mis­mos. Comités de Dirección del Área Social, Consejos Comunales Campesinos, Consejos de Salud, Consejos Mineros, Juntas de Abastecimientos y Precios, Cordones Industriales, Comandos Co­munales, etc., son otras tantas manifestaciones de esta realidad surgida después de 1970. En pugna con la estructura de la anti­gua clase dominante, las instituciones de la naciente organización social están buscando, ensayando, criticando y recreando su propio estatuto de trabajo y disciplina».

El presidente Allende resumía que el «aparato del Estado se habría paralizado» a consecuencia del sabotaje interno y externo que soportaba su Gobierno, si no hubiera ocurrido «la conjun­ción de los trabajadores y de las Fuerzas Armadas y de Orden» (resulta notable esta afirmación, el 21 de mayo de 1973, cuando Allende se aferraba a la idea de que los altos mandos militares podían ser convencidos por él para ayudarlo en su experimento, aun cuando era notorio que los generales estaban conspirando para derrocarlo en cualquier momento).

Por último, en su dramático mensaje al Parlamento, Allende pidió a la mayoría parlamentaria reaccionaria que lo ayudara a crear una «nueva institucionalidad» y que él, a cambio, se esforzaría «en controlar» el movimiento de obreros, campesinos y empleados que pugnaba por la revolución. Y para poner prue­bas en sus palabras, terminó su mensaje con un llamado a los trabajadores a trabajar y sólo a trabajar... ¡precisamente en los momentos en que sus enemigos ya flectaban las piernas para lanzarse al cuello del pueblo y degollarlo! Estas fueron sus palabras:

«El Gobierno Popular apela a la conciencia y sentido de clase de todos los trabajadores. Sus logros sociales, sus libertades políticas, sus organizaciones, su poder para desafiar a la fuerza del capitalismo nacional e imperialista y su capacidad para edi­ficar la nueva sociedad son grandes instrumentos. La reacción nacional e internacional pueden destruirlos. Pretenden arrasar las conquistas de los trabajadores. Ante una amenaza tan real y presente, los trabajadores no permitirán que se les use. Sus reivindicaciones económicas no pueden ser utilizadas por la burguesía contra el Gobierno y el proceso revolucionario. La dis­ciplina social y el esfuerzo consciente deben marcar la ruta del trabajo. Chile exige mayor producción, una mayor productivi­dad.»

Pero ya nadie quería escuchar a Salvador Allende entre los servidores políticos de la oligarquía y el imperialismo. La orden había llegado desde Washington y, por mucho que Allende se esforzara por convencerlos, su destino estaba marcado: debía ser derrocado. Las palabras del diputado nacional (y miembro secreto de la organización fascista Patria y Libertad), Hermógenes Pérez de Arce, comentando el mensaje, fueron elocuentes: «Este mensaje sólo puede servir para convencernos de cuán nece­sario es para nuestro país deshacerse de esta generación de demagogos... Que el señor Allende deje de hablar... y dé paso en Chile... a quienes sepan gobernar.»
Nuevo paso adelante
En verdad el presidente Allende tenía razón para estar deses­perado. La ofensiva reaccionaria pedida por los generales en con­tacto con el Pentágono estaba llegando a una violencia tremenda. El mes de mayo marcaba ya el segundo mes de una gravísima huelga de los trabajadores de El Teniente, mineral de cobre nacionalizado. La huelga había comenzado el 20 de abril y estaba siendo manejada por el grupo de Frei en estrecha alianza con la organización fascista Patria y Libertad.

De acuerdo a los cálculos correctos de los reaccionarios, la crisis económica debía provocar un gran aumento de las huelgas de trabajadores por mayores aumentos de sueldos y salarios, lo cual, una vez más, serviría para agudizar esa misma crisis eco­nómica, ya que el Gobierno Allende era incapaz de ensayar una salida de la crisis que echara sobre los hombros de la oligarquía el peso de pagar las consecuencias vía mayores tributos a las ganancias de capital e incluso la renta personal. En este esque­ma, sobre todo a través de las organizaciones sindicales de la Democracia Cristiana, los propios dirigentes de la Sociedad de Fomento Fabril se encargaron de influir en las huelgas de los trabajadores.10

Un caso típico fue el de la huelga de El Teniente en la que se exigía un sobreaumento de salarios del 41 %. A través de Guillermo Medina, dirigente máximo de los trabajadores en huel­ga, la Democracia Cristiana se apoderó del movimiento reivindicativo y transformó la lucha justa de esos obreros por mayores salarios en un arma contra el aparato de Gobierno de la Unidad Popular, para minarlo, cumpliendo con las instrucciones de los generales. El dirigente Guillermo Medina fue puesto en contacto con el periodista Manuel Fuentes Wedling, de la jefatura de la organización Patria y Libertad, y era este Fuentes el encargado de escribir los discursos de Medina, tanto en El Teniente como en Santiago (así se descubrió más tarde, después del abortado putsch del 29 de junio, que desarmó la jefatura de Patria y Liber­tad y permitió el allanamiento del domicilio de Fuentes, donde se encontraron los borradores de discursos dichos por Medina en abril y mayo).

La huelga duró más de dos meses y, durante mayo, fue trans­formada en el centro de un movimiento huelguístico general controlado por la Democracia Cristiana para acorralar al Gobier­no. El 23 de mayo, unos veinticinco mil estudiantes pertenecien­tes a centros de alumnos de la Universidad de Chile controlados por el PDC paralizaron sus actividades en apoyo de los mineros de El Teniente. El mismo día, la Federación de Estudiantes Se­cundarios de Santiago, también en manos del PDC, hizo igual paralización de actividades. La situación se hizo más clara ese día, cuando en Rancagua, ciudad cercana a El Teniente, grupos de choque fascistas y del PDC asolaron la ciudad, transformando una manifestación pública «en apoyo de la huelga» en un ataque con armas de fuego, pedradas y otras armas contundentes a la Intendencia de la ciudad y al local regional de los partidos comu­nista y socialista. El jefe de las Fuerzas Armadas de la ciudad, teniente coronel Cristian Ackercknecht, desplegó sus soldados, ¡pero en contra de los atacados!, y allanó el local del partido socialista «en busca de armas». La situación era bastante ri­dicula porque mientras los soldados del teniente coronel Ac­kercknecht entraban «a la guerra» en el local del partido socialista, a pocos metros de ellos, en la calle, miembros del grupo fascista Patria y Libertad ocultaban sus revólveres bajo sus cha­quetas o transformaban sus bastones de ataque en «astas de banderolas».

La acción antisocialista del jefe militar de la ciudad provocó una declaración enfurecida de la directiva nacional del partido socialista (a la cual pertenecía el presidente Allende), exigiendo la destitución de su cargo del teniente coronel Ackercknecht. Pero no ocurrió así. El comandante en jefe subrogante del Ejér­cito, general Augusto Pinochet, envió más tropas a la ciudad, por lo cual puso al mando a un oficial de mayor graduación, el coronel Sergio Ibáñez, pero al mismo tiempo emitió una declara­ción pública en que decía, «en forma enfática», que «las medidas adoptadas por el oficial a cargo de la Zona de Emergencia el día 23 de mayo cuentan con mi más irrestricto apoyo, respaldo y conocimiento».

Una vez más, frente a la tamaña insolencia política del jefe del Ejército chileno, las directivas de los partidos de la Unidad Popular guardaron silencio, y los generales conspiradores si­guieron montando su esquema de ocupación militar de todo el país «para una fecha no determinada».

Sin embargo, a pesar del enorme esfuerzo desplegado por Eduardo Frei para hacer de la huelga de El Teniente «el deto­nante» para la renuncia o derrocamiento de Allende, esto no ocurrió porque los generales estimaron que «no estamos preparados todavía» y porque las organizaciones populares no domi­nadas por el PDC respondieron con una movilización que puso en marcha, parcialmente, El Teniente.

La actuación de Manuel Fuentes Wedling, sin embargo, es importante en este episodio porque nos permite mostrar cómo, para llevar adelante la conspiración, incluso altos dignatarios de la Iglesia Católica se mezclaron en maniobras que llegaron al asesinato. Los hechos ocurrieron así:

En marzo de 1973, por orden del cura Raúl Hasbún, (secre­tario del arzobispo de Santiago), se instaló en Concepción un canal de televisión filial del Canal 13TV, del que él era director, sin permiso legal. El Gobierno, cumpliendo con las leyes, montó un aparato electrónico para interferir las transmisiones de ese canal pirata de televisión (el 5) en la ciudad de Concepción. El cura Raúl Hasbún, entonces, se contactó con Manuel Fuentes Wedling, de Patria y Libertad, para pedirle «ayuda» para «re­solver» el problema de las «interferencias». Hasbún le pidió a Fuentes que buscara «un grupo de personas audaces» que des­truyeran las instalaciones electrónicas del Gobierno en Concep­ción, que estaban impidiendo que Canal 5TV saliera al aire en buenas condiciones. Manuel Fuentes reunió a Michael Vernon Townley Welch, alias «Juan Manolo», adiestrador de armamento de Patria y Libertad por cuenta de la CÍA y a los chilenos Rafael Undurraga Cruzat y Gustavo Etchepare. Con ellos formó un «equipo comando» que quedó a las órdenes del cura Raúl Hasbún, el cual planificó todos los detalles para entrar en la casa de la calle Freire 382, de Concepción, en donde estaban los equi­pos electrónicos del Gobierno.

El «comando» entró en la casa el 18 de marzo de 1973, robó los equipos, también asesinó al cuidador de la casa, un obrero pintor de brocha gorda llamado Jorge Tomás Enríquez González.

La investigación y el juicio que pendían sobre el cura Raúl Hasbún por «autoría intelectual» de asesinato y robo con homi­cidio fueron interrumpidos por el golpe militar del 11 de sep­tiembre de 1973, lo cual le salvó definitivamente, al menos mien­tras exista Junta Militar, de responder por sus conexiones con la CÍA y con Patria y Libertad.

Pero no solamente eran personajes como el sacerdote Raúl Hasbún —que con sus comentarios sabatinos en Canal 13TV de la Universidad Católica atizó continuamente la hoguera de odio contra el pueblo por más de dos años—, los que actuaban en Chile por cuenta del Pentágono, la CÍA y los consorcios norteamericanos.

Había senadores que, por lo menos no como Hasbún que am­paró asesinos, se transformaron en contrabandistas de armas, bajo la protección del Poder Judicial y de los generales conspi­radores. Es el caso del senador Pedro Ibáñez Ojeda.

Este parlamentario está conectado a un grupo oligárquico de Valparaíso, cuyo principal giro económico es la importación de maquinaria agrícola y la industria del café instantáneo (Sí Café). La firma Ibáñez Ojeda (del hermano del senador y propia) se dedica a importar principalmente desde Brasil. Pues bien, du­rante 1972 y 1973, el senador Pedro Ibáñez Ojeda puso a dispo­sición de Patria y Libertad sus conexiones con la oligarquía bra­sileña para importar armas desde los puertos brasileños... den­tro de las cajas de maquinaria agrícola y productos enviados a su firma. Este sistema de contrabando de armas para nutrir a los grupos terroristas fascistas chilenos funcionó sin proble­mas durante más de un año.

En realidad, el traficante de armas, senador Pedro Ibáñez Ojeda, era apenas un engranaje en una maquinaria enor­me montada en Brasil para, a través de la Sociedad de Fo­mento Fabril Chilena, canalizar los fondos para el sabotaje de la economía chilena y la alimentación de los grupos fascis­tas. Grupos privados brasileños de grandes empresas, entre los que figuraban el magnate de la imprenta Gilberto Hubles, en colaboración con monopolistas de la metalurgia y la ban­ca, utilizaron correos de envíos de dinero a Chile como Aris­tóteles Brumond, adscrito al equipo de la CÍA en Brasil, o co­mo el ingeniero Glaycon de Paiva, nervio motor del llamado Instituto de Investigaciones y Estudios Sociales (IPES), fun­dado en 1961 con asesoría de Washington, para «prevenir» un levantamiento popular en las Administraciones de Janio Quadros y Joao Goulart. (Para un estudio más profundo de este IPES, ver mi libro Estados Unidos en Brasil, Ediciones Pren­sa Latinoamericana, Santiago de Chile, 1965.) Estos grupos brasileños estaban detrás, en lo financiero y en lo ideológico, de los equipos de «expertos» de la Democracia Cristiana del grupo de Frei y del Partido Nacional, en la coordinación del sabotaje político al Gobierno de Allende. Orlando Sáenz es­taba en contacto permanente con los brasileños de estas orga­nizaciones, así como con grupos similares de Argentina, Vene­zuela v los EE.UU.
Nueva insurrección militar
En el mes de junio de 1973, la organización fascista Patria y Libertad, impresionados sus dirigentes por la efectividad de su trabajo terrorista, por la enorme penetración que habían lo­grado entre los organizaciones latifundistas del sur del país, y por la amplia protección que recibían de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, decidieron montar una aventura por su cuenta. El jefe de los conjurados, Pablo Rodríguez Grez, de­cidió montar una insurrección militar en Santiago, que, espe­raba, sería como encender un barril de pólvora en todo el país, y provocaría la rápida caída de Allende, su reemplazo por una junta cívico-militar compuesta por los presidentes del Sena­do (Eduardo Frei), del Poder Judicial (Enrique Urrutia Manzano) y los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuer­zas Armadas.

Rodríguez consultó con el general en retiro Roberto Viaux Marambio, preso en la Penitenciaría de Santiago desde noviembre de 1970 por el «caso Schneider», y le mostró los he­chos. Por ejemplo, que los atentados terroristas marcaban un record impresionante: durante el año 1973, cinco atentados di­namiteros, a balazos, a golpes y asaltos contra personas o lu­gares de la Universidad Popular en enero; 29 en febrero; 28 en marzo; 57 en abril y 105 en mayo... (de esos atentados, sólo cien habían sido investigados habiendo caído presos 83 hechores... ¡Y todos habían sido dejados libres por los tribunales de jus­ticia!); que la Corte Suprema de Justicia, a petición expresa del director del departamento de personal del Ejército, gene­ral Oscar Bonilla («hombre de Frei», dijo Rodríguez Grez, re­pitiendo la definición que le daban Juan de Dios Carmona y Juan Hamilton en cualquier reunión social en Santiago), el 26 de mayo había enviado un oficio público al presidente Allen­de, sumamente insolente, en que le representaba «por enési­ma vez la actitud ilegal de la autoridad administrativa en la ilícita intromisión en asuntos judiciales» y le advertía «no ya una crisis del estado de derecho, sino una perentoria o inmi­nente quiebra de la juricidad del país»; que el prestigio in­terno del comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, esta­ba por los suelos; que no sólo conspiraban algunos altos man­dos militares, sino también Frei, Jarpa y otros políticos de derechas; que la Agencia Central de Inteligencia de los EEUU, opinaba que las condiciones estaban maduras para provo­car un golpe militar-civil; que los latifundistas chilenos, a tra­vés de Benjamín Matte, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, estaban de acuerdo en que había llegado el mo­mento de derrocar a Allende; y que, por último, la organiza­ción Patria y Libertad contaba con «la lealtad» de por lo me­nos un regimiento de Santiago, el Blindados Número 2, ya que su comandante, el teniente coronel Roberto Souper Onfray era miembro activo de la organización fascista y, además, her­mano de su dirigente regional (en Concepción) del mismo grupo.

El general en retiro Viaux Marambio (que estaba siendo protegido abiertamente por la Corte Suprema, al serle rebaja­da la pena de presidio de veinte años de cárcel que le corres­pondía por su responsabilidad intelectual en el asesinato del general René Schneider Chereau, a sólo dos años) estuvo de acuerdo con Rodríguez Grez y le dio un esquema. Según contó Rodríguez Grez más tarde a Benjamín Matte, y éste, borra­cho, pocos días antes del intento insurreccional del 29 de ju­nio, en su casa, a un grupo de amigos, el esquema era así: primero, provocar de algún modo un escándalo en el que el general Carlos Prats fuera el protagonista para «suicidarlo moralmente», obligando a las Fuerzas Armadas a pensar que «ya no se puede aguantar más»; y segundo, atacar La Moneda con los tanques del Regimiento Blindados, presentando a los man­dos de Santiago «el hecho consumado».

Como se ve, el esquema era una especie de repetición me­jorada de lo que Viaux pretendió hacer en octubre de 1970. Patria y Libertad se dio a la tarea confiando mucho en el de­sarrollo mecánico de las cosas, y concentró sus esfuerzos sola­mente en preparar los dos «detonantes»: el desprestigio de Carlos Prats y el levantamiento contra el Palacio de La Mo­neda de las tropas de tanques de Santiago.

En la mañana del 26 de junio, martes, comenzó a funcio­nar la insurrección con la complicidad de un regimiento de Santiago. Se montó un «incidente callejero» en el cual debía ser linchado, o por lo menos golpeado brutalmente por la mul­titud, el comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats. Se utilizó como señuelo a una mujer llamada Virginia Cox, cuya apariencia de hombre (esa mujer era conocida en la alta sociedad santiaguina por su lesbianismo casi «profesional») era el centro de toda cuestión. Se trataba de que a la hora de ma­yor concurrencia de automóviles desde el barrio alto de la capital hacia el centro, el automóvil de Prats debía ser mo­lestado, interceptado y puesto en peligro de chocar varias ve­ces, por otros dos automóviles, mientras, desde un tercero, Virginia Cox molestara al general hasta exasperarlo. Se espera­ba que Prats creyera que la Cox era hombre (tal como ocu­rrió) y que arremetiera físicamente contra ella, lo cual provo­caría un lío considerable en el lugar, con indignación maneja­da por dos hombres adiestrados para ello, que iban en los otros dos automóviles de la operación, y el general sería gol­peado y, en el mejor de los casos, linchado. Toda la operación fue preparada por la CÍA norteamericana, a través del perio­dista Manuel Fuentes Wedling, de Patria y Libertad.

Así ocurrió cerca del mediodía del martes 26 de junio. A la salida del barrio alto de Santiago, y después de que duran­te veinte cuadras el automóvil del general Prats fue cruzado, tocado, y a veces empujado por otros dos, y después que Virginia Cox, desde su automóvil pequeño, le hiciera muecas gro­seras, gestos con las manos y le gritara «viejo maricón», el co­mandante en jefe del Ejército interceptó al auto de Virginia Cox, sacó su pistola de reglamento, bajó de su automóvil y en­cañonó en la cabeza a la mujer. Sólo en ese momento el gene­ral Prats se dio cuenta que Virginia Cox no era hombre, sino mujer. Pero ya más de un centenar de personas rodeaba la escena, y uno de los provocadores trató de iniciar el lincha­miento gritando: «¡General maricón, eres como Allende, sólo te atreves con las mujeres!» Sin embargo, por una casualidad, estaba en el grupo un chófer de taxi que cogió al general Prats de un brazo y a tirones lo metió en su taxi y lo llevó al Mi­nisterio de Defensa. Más tarde, el chófer declaró a los perio­distas: «Me di cuenta de que la gente quería linchar al general. Si no lo saco, lo matan. Había tipos que le dieron de empu­jones, le gritaban de todo y azuzaban a los demás para que hi­cieran lo mismo... Para sacar mi taxi tuve que meter el ace­lerador a fondo y empujar a varios que querían obstruirnos el paso.»

Pero el automóvil del general Prats quedó en el lugar. De­sinflaron las llantas y escribieron, con pintura amarilla, en el parabrisas y el techo, las palabras «generales gallinas» y «Prats maricón». En el lugar de los hechos estaban, desde el prin­cipio, periodistas de la radioemisora Minería, perteneciente a la oligarquía industrial, y de «El Mercurio». Los periódicos, radios y cadenas de televisión de la reacción informaron del suceso, desde la tarde misma del 26 en el sentido de «general Prats ataca a una mujer que le sacaba la lengua», y afirmando con sus crónicas la tesis de ser «un cobarde», una persona que «no puede ser jefe de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas».

Al día siguiente, miércoles 27 de junio, en la página dos del diario «El Mercurio», apareció un larguísimo artículo firmado por Carlos Vicuña Fuentes, un anciano intelectual reacciona­rio, titulado Un llamado a la Gente Sensata. El artículo decía, en síntesis, que «el país ya no aguanta más la situación actual», nuestras Fuerzas Armadas son la reserva moral que debe sal­var la República», es «necesario que un Gobierno militar tome las riendas de la nación» y «después de pasado un tiempo prudente, entregue el mando a un grupo selecto de personas probadamente sabias e inteligentes»

El mismo día, en el casino de oficiales del Regimiento Blin­dados Número 2, un capitán trató de convencer a sus compañeros oficiales que «debemos ir a la Comandancia en Jefe con los tanques, para pedir la salida del maricón de Prats y la re­nuncia de Allende». El capitán fue arrestado por los miembros del Servicio de Inteligencia de la unidad y llevado al Ministe­rio de Defensa. Al día siguiente, 28 de junio, el comandante de la unidad, teniente coronel Roberto Souper Onfray, comunicó al equipo dirigente de Patria y Libertad que «la comandancia me ha relevado de mi cargo, mañana tengo que entregar el mando al coronel Ramírez, ¿qué hago?»

Pablo Rodríguez Grez y Benjamín Mette le dijeron que insurreccionara la unidad. El día 29 de junio, a las nueve de la mañana, después de un baleo en el interior del regimiento contra oficiales que se opusieron (murieron 8 militares), a bordo de seis tanques Sherman, el regimiento Blindados Nú­mero 2 rodeó La Moneda, asaltó el Ministerio de Defensa y li­beró al capitán apresado el día 27. Pero, la insurrección había cometido un pequeño error: Salvador Allende NO estaba en el Palacio de Gobierno; estaba en su residencia del barrio alto, al otro extremo de la ciudad, en la calle Tomás Moro.

Desde las nueve a las once de la mañana, espacio en el cual los tanques de Souper dispararon más de quinientos tiros, los conjurados de Patria y Libertad y el propio teniente coronel Souper esperaron en vano que «los detonantes» montados des­de el día 26 surtieran su efecto. Ningún otro regimiento de Santiago se plegó al asedio de La Moneda. Ninguna radio fue tomada por efectivos militares. Ni Eduardo Frei, Presidente del Senado, ni Urrutia Manzano, presidente de la Corte Supre­ma dijeron nada. ¿Qué había pasado?

Había pasado que los generales y almirantes conspirados no tenían seguridades todavía de que Augusto Pinochet, se­gundo general del Ejército, estuviera totalmente convencido de la operación derrocamiento; aun cuando la «estrategia ge­neral del derrocamiento» estaba terminada, según estudios de los generales Sergio Arellano Stark, Hermán Brady Roche, Gustavo Leigh y el vicealmirante José Toribio Merino, ocurre que no se habían iniciado conversaciones con el general César Mendoza Duran, de Carabineros (aun cuando se le eligió a él como «contacto», ya a fines de marzo, los generales poster­garon las conversaciones hasta poder presentarle un cuadro militar completo, y eso en junio todavía no ocurría), y que no había sido terminado el esquema de acción en Santiago, que debía coordinarse con una intensa «campaña política a partir de julio, para desembocar en septiembre» que colocara a Allen­de en la «ilegalidad» a los ojos del Parlamento, el Poder Judi­cial y la Contraloría.

Entonces, cuando el general Carlos Prats, por orden de Allen­de, se fue a la Escuela Militar de Santiago, a las nueve y cuar­to de la mañana del 29 de junio, «para sofocar el motín», se encontró con que «los generales están reunidos discutiendo la situación». Sólo una hora y quince minutos después, los gene­rales, sin la presencia de Prats, estuvieron de acuerdo en «so­focar el motín». Carlos Prats (sin saberlo) a la cabeza de los generales conspiradores, se dirigió a los distintos regimientos de Santiago, para hacerlos salir a sofocar el levantamiento.

El general Prats se dirigió a la Escuela de Suboficiales por­que estaba comandada por el coronel Julio Canessa Roberts, elemento ultrafascista cuyos pasos conocimos en capítulos ante­riores. El general Augusto Pinochet se puso a la cabeza del Regimiento Buin, cuyo comandante era «constitucionalista». El general Óscar Bonilla fue enviado al regimiento sublevado, el Blindados Número 2, por recomendación de Orlando Urbina Herrera, Inspector General del Ejército y con grandes ambi­ciones de ser «líder» de un movimiento «militar reformista» que reemplazara a Allende. La recomendación se justificaba porque Bonilla, «duro» y conspirador, era una de las pocas personas capaces de convencer a los sublevados del regimien­to para que depusieran las armas «esperando una ocasión pro­picia».

Más tarde, de camino a La Moneda, al general Prats se su­mó el general Guillermo Pickering, «reformista», jefe de los Institutos Militares; mientras, el jefe de la guarnición de San­tiago, el general «reformista» Mario Sepúlveda Squella, orde­naba que la Escuela de Infantería (al mando de un coronel «constitucionalista»), la Escuela de Telecomunicaciones (al mando de un coronel «duro») y la Escuela de Paracaidismo y Fuerzas Especiales (al mando de un teniente coronel «refor­mista») avanzaran desde el noroeste y el sur hacia La Moneda.

El general Prats había pedido a Salvador Allende que orde­nara a las Fuerzas de Carabineros retirarse del escenario de la operación de «cerco» de los amotinados. Allende accedió y limitó la acción de Carabineros a cuidar su residencia de To­más Moro.

En un esfuerzo desesperado, los fascistas de Patria y Liber­tad dinamitaron la planta transmisora de Radio Portales, del partido socialista. Pero ya no había nada que hacer. A las on­ce y media de la mañana, los insurrectos se rindieron en las propias calles adyacentes a La Moneda, mientras tres tanques al mando del teniente coronel Souper escapaban hacia la sede del regimiento Blindados Número 2, para rendirse ante el ge­neral Óscar Bonilla.

Pablo Rodríguez Grez, Benjamín Matte y otros dirigentes de Patria y Libertad se refugiaron en la Embajada del Ecuador.

A las ocho de la noche de ese mismo viernes, frente al Pa­lacio de La Moneda, el presidente Allende convocó al pueblo para dar «un informe sobre los hechos». Los obreros reuni­dos, unos veinte mil, gritaban consignas como «armas para el pueblo», «crear poder popular», «a cerrar el Congreso», «fue­ra de Chile los yanquis, ahora».

Allende hizo un discurso que finalizó con este párrafo: «Ma­ñana, de nuevo las usinas a levantar su humo para saludar a la patria libre; de nuevo al trabajo a recuperar las horas que significó el paro del jueves; mañana cada uno a trabajar más, a producir más, a sacrificarse más por Chile y por el pueblo... Compañeros trabajadores: tenemos que organizamos. Crear y crear el Poder Popular, pero no antagónico ni independiente del Gobierno, que es la fuerza fundamental y la palanca que tienen los trabajadores para avanzar en el proceso revolucionario».

Grupos de trabajadores, esa noche, se fueron caminando hacia sus casas gritando eufóricos: «¡Soldado amigo, el pueblo está contigo!»
Larga reunión
A la mañana siguiente del 29 de junio, se reunieron casi to­dos los generales de la guarnición de Santiago, agrupados ba­jo el liderato de Herman Brady, Mario Sepúlveda, Guillermo Pickering, Sergio Arellano Stark, Javier Palacios y Óscar Bonilla. Se leyó un informe del SIM que decía que «entre las nue­ve y las once de la mañana», en los cordones industriales de Los Cerrillos y Vicuña Mackenna, se había reunido un contin­gente de más o menos diez mil obreros, en preparación para avanzar al centro de Santiago a combatir con las tropas blin­dadas amotinadas». Se estableció que el «amotinamiento» ha­bía sido «causado por la mala influencia de personas civiles sobre nuestros mandos», y que «esta situación da una mala imagen de la cohesión del Ejército». Se acordó instruir a to­dos los mandos de unidades en el país «suspender todo tipo de contacto con la organización Patria y Libertad» y «mantener informado al Estado Mayor, cotidianamente, de lo que ocurra en las áreas de jurisdicción respectiva». Se dio un instructivo general a todo el aparato central del Ejército de «constante alerta», de «aumentar el ritmo de los allanamientos de fábri­cas y sedes de partidos de la Unidad Popular y de la Central Única de Trabajadores, para limpiar la población civil insu­rreccional de elementos bélicos». Al mismo tiempo, se plan­teó la necesidad de comenzar «una educación rápida y siste­mática de la tropa y suboficiales, con charlas y pequeñas reu­niones lideradas por oficiales de alta graduación en las que se señale terminantemente que la Patria está en peligro, que los marxistas preparan una invasión del país con ayuda peruana y que está llegando la hora de dar la vida por la nacionalidad chilena».

(En varios regimientos de Santiago, desde julio en adelan­te, diversas compañías eran despertadas en la madrugada, se las llevaba al salón de proyección de cine, se les hacía ver pe­lículas sobre la lucha de la selva en Vietnam, concluyendo con una pequeña charla sobre «el peligro comunista mundial con­tra nuestras mujeres, hijos y padres», y se lograba, así, mante­ner constantemente con los nervios en tensión a parte de la tropa.)

La reunión de la mayoría de los generales de la guarnición de Santiago en la mañana del sábado 30 de junio, fue sólo el primer paso de una decisión tomada apresuradamente por los altos mandos en el círculo más íntimo de la conspiración. Esa misma tarde, los generales Óscar Bonilla y Sergio Arellano Stark fueron designados por acuerdo de Herman Brady Ro­che, Mario Sepúlveda Squella, Javier Palacios, Orlando Urbina Herrera y Guillermo Pickering para conversar con el general Augusto Pinochet, ponerlo en antecedentes de lo que se trama­ba y pedirle que se sumara a la conspiración como «el líder del Ejército».

Las reuniones con Pinochet duraron toda la tarde del sá­bado 30 de junio, parte del domingo primero de julio y la ma­ñana del lunes 2. De acuerdo con informaciones filtradas pos­teriormente, en esos tres días, al parecer, se fijaron los de­talles ideológicos más importantes del golpe militar en gesta­ción, incluyendo la necesidad de sacar del cuadro de la sociedad chilena a todos los partidos políticos, para «poner en prác­tica la patriótica tarea de limpiar el cerebro de los chilenos, infiltrados de la ideología marxista».11

La decisión de Pinochet de sumarse a la conspiración, acep­tando el ofrecimiento de ser «el líder de la operación», fue comunicada con alborozo al general Gustavo Leigh Guzmán y al vicealmirante José Toribio Merino. El primer fin de semana de ese mismo mes, la misión norteamericana en el Ministerio de Defensa chileno también fue informada de que el círculo conspirativo se había cerrado al más alto nivel. En la segunda semana de julio, el general Óscar Bonilla fue encargado de conversar con el general de Carabineros César Mendoza Duran para sumarlo a la conspiración. Mendoza Duran aceptó sólo después que se le aseguró que formaría parte de la posible Junta Militar de insurrectos, desplazando a su superior en Carabineros, José María Sepúlveda Galindo.

Así, la primera mitad de julio de 1973, fue una época de júbilo en el Pentágono norteamericano al comprobar que «sus generales» en el Ejército chileno estaban articulando un es­quema golpista de enorme magnitud.


Los peones
En las conversaciones del general Augusto Pinochet con los generales en contacto directo con el Pentágono, se acordó pre­sionar a los dirigentes políticos Eduardo Frei y Onofre Jarpa y a los jueces de la Corte Suprema para acelerar una cam­paña intensa de desprestigio «constitucional» del presidente Allende, y de llegar a una situación de «opinión pública» en que «no hubiera dudas para el común de los chilenos, que los militares chilenos tenían que derrocar a Allende para volver a la legalidad».

La maquinaria militar para poner en movimiento a los políticos funcionó de manera increíblemente eficaz. Los de­seos de Eduardo Frei y de Onofre Jarpa de provocar un gol­pe militar para después quedar, uno de ellos, como nuevo presidente de Chile, fueron una tierra sumamente abonada en don­de germinó la semilla de los generales que querían «salvar» a Chile por cuenta del Pentágono.

En la misma primera semana de julio, y al parecer por idea del general Augusto Pinochet, muy preocupado por los resultados electorales imprevistos de las elecciones de mar­zo de 1973, se acordó pedir «a los contactos civiles» una investigación «que demuestre» que en marzo de 1973 hubo «un gigantesco fraude». Con eso, esperaban los generales, se pon­dría en duda todavía de manera mucho más fuerte, la «legi­timidad» del Gobierno de Allende. Esta tarea recayó en el de­cano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, Jaime del Valle, simpatizante del grupo fascista Patria y Libertad.12

En poco menos de dos semanas, estuvo «listo» el «estudio científico» de Jaime del Valle y un equipo de ingenieros diri­gidos por Santiago Moran, ligado a la oligarquía metalúrgica chilena. El encargo de los generales había sido cumplido. El «estudio» decía (basándose en 29 casos de fallas de inscrip­ción electoral, en un total de más de tres millones de votantes) que «el Gobierno había cometido fraude en marzo de 1973», «falsificando» por lo menos 400 mil votos. Pero, lo importante, era que el «documento» terminaba así:

«Podemos sostener, entonces, que nuestra democracia está hoy quebrada. Nuestro régimen electoral ha permitido un frau­de gigantesco y no da garantías de que en futuras elecciones no se vuelva a repetir... Es evidente que en una coyuntura de esta naturaleza, el pueblo chileno se enfrenta con una tarea de gran envergadura que ya no puede eludir. Ésta es la de reconstruir la democracia creando la nueva institucionalidad que la garantice eficazmente».

¡Era la idea que los generales querían ver escrita en ese informe! La idea, metida en la cabeza de miles de chilenos a través de la repetición de «documentos» como éste en diarios, revistas, radios y canales de televisión: había que crear «una nueva institucionalidad». Tarea, por supuesto, reservada a los militares.

El 8 de julio, el presidente del Senado, Eduardo Frei, hizo pública una declaración que la noche anterior había sido revi­sada por los generales Óscar Bonilla y Sergio Arellano Stark. La declaración la firmaba también el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Pareto, del mismo partido que Frei, y em­presario ligado al monopolio de la locomoción colectiva par­ticular de Santiago. El documento decía: «Es un hecho que Chile atraviesa por una de las más graves crisis en el orden político, económico, social y moral que ha conocido en su his­toria». Más tarde agregaba detalles parciales de la situación política y señalaba «a esto se agrega un proceso organizado de odio y violencia que divide al país». (Por supuesto, sin mencio­nar la campaña de prensa de la derecha chilena, que califica­ba cotidianamente a Allende de «borracho» y «maricón», que acusaba al general Prats de «vendido por unos dólares más», que pedía a los chilenos que se sumaran a la teoría de que «el mejor marxista es el marxista muerto»; y tampoco no mencionaba el sabotaje a la economía chilena de parte de los organismos financieros de los Estados Unidos, del propio Frei, de la oligarquía chilena; ni la ola de sabotajes dinamiteros, a balazos y a golpes de las organizaciones fascistas, que habían elevado la marca en junio a 115 atentados. Más tarde, en junio, llegarían a 128 y en agosto a 300 mensuales.)

Y en un ejemplo realmente brillante de cinismo, la decla­ración Frei-Pareto, encargada por Bonilla-Arellano, afirmaba: «Los sectores democráticos que representamos no están arma­dos. Ellos han confiado en que la seguridad interna de Chile está en manos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, con­forme a lo dispuesto en la Carta Fundamental y a una tradi­ción quebrantada. Esta situación es aún más incomprensible si se considera que el Gobierno asegura contar con la lealtad de esos Institutos y que el país está tranquilo y que él controla la situación.»

Y agregaba que «nos parece fundamental» que el Gobierno «promulgue en su totalidad la Reforma Constitucional despa­chada por el Congreso» (se trataba del proyecto Hamilton-Fuentealba, que congelaba el área de propiedad social, reducía su alcance y significaba la destrucción del programa económico de la Unidad Popular).
Un asesinato
La situación se deterioraba por momentos en julio de 1973. Según datos incompletos, entre enero y mayo de 1973, el capi­tal especulativo en manos de la oligarquía nacional había lle­gado a la enorme cifra de 250 millones de dólares, con lo cual hicieron trizas el ya debilitado equilibrio entre la oferta y la demanda de bienes de consumo. La restricción en la reinver­sión de capital, según un pre-estudio de la Sociedad de Fo­mento Fabril, iba a llegar, en los primeros seis meses de 1973, a porcentajes superiores al 50 %.

También, a esa altura de la situación, al sabotaje económi­co se sumó una intensa campaña para denunciar la ineptitud demostrada por un número de funcionarios estatales de los partidos de izquierda encargados de administrar «el área de propiedad social», es decir, las empresas estatizadas. Estos fun­cionarios, conocidos como «interventores», hicieron de la co­rrupción y la inepcia administrativa un arte, provocando des­calabros sectoriales en la producción. Los oligarcas y los im­perialistas norteamericanos se aprovecharon de esta realidad parcial para presentar la fábula económica de que «el marxis­mo» había desmoronado el sistema productivo chileno y que, por lo tanto, «el socialismo» no servía para Chile y había que reemplazarlo por un Estado fascista corporativo.

Las cifras del alza del costo de la vida, que reflejaban la escalada del sabotaje económico reaccionario e imperialista y la incapacidad de algunos sectores de la Unidad Popular para manejar la situación, eran las siguientes:

diciembre de 1970 a diciembre de 1971 ……… 22,1 %

diciembre de 1971 a diciembre de 1972 …….. 163,4 %

enero de 1972 a enero de 1973 180,1 %

mayo de 1972 a mayo de 1973 238,5 %

Esto significaba que en los primeros cinco meses de 1973, la inflación iba saltando a un promedio mensual de 14,6 %. Después fue peor. Las cifras para julio de 1973, en relación con el mismo mes del año anterior, daban un índice increíble de 323,6 % de inflación anual, el mayor del mundo. Esto quería decir que el promedio mensual había subido a 42,55 %. Según esto, la perspectiva para diciembre de 1973 era de una infla­ción anual de 500 %.

Con este paisaje de fondo trabajaban los diversos círculos conspiradores de la derecha, pero con contradicciones entre sí.

El punto de vista de la Democracia Cristiana, encabezada por Frei, era distinto al del Partido Nacional, encabezado por el senador Onofre Jarpa. Mientras Frei se debatía en el dilema de utilizar a las Fuerzas Armadas como «disuasivo» contra Allende y, en el caso de llegar a un apoyo cierto para una dic­tadura militar, maniobrar para que los generales dejaran el poder lo más pronto posible en manos de civiles (en las manos de Frei, por supuesto), la posición del nacional Jarpa era más dura.

Jarpa estimaba que «la única salida posible para mantener la paz social por largo tiempo, es una dictadura militar». Por eso, todos sus esfuerzos eran para empujar a los generales y almirantes por este camino.

Esto provocaba una contradicción y muchas fricciones en la oposición. Sobre todo porque el grupo de Frei tenía conversa­ciones secretas con Allende, para «llegar a un entendimiento», a un acuerdo con el partido democratacristiano para congelar las reformas, desviar el inmenso caudal revolucionario que se acumulaba en las filas de los trabajadores en todo el país, y de­tener la posibilidad de que los militares se sintieran tentados de dar un golpe militar y quedarse «para siempre» en el Gobier­no, como ocurrió en Brasil en 1964.

Esto, naturalmente, se reflejaba también en el seno de los altos mandos militares, sobre todo en el Ejército, pilar fun­damental de cualquier insurrección militar. A mediados de ju­lio de 1973, ya estaba claro en el seno de los generales del Ejér­cito el acuerdo por «terminar con el proceso Unidad Popular», pero no estaba nada de claro el «cómo». El general Carlos Prats, comandante en jefe, había acuñado la tesis de un gobier­no Allende-FF.AA., con la firma de una «paz política» con la Democracia Cristiana y la participación restringida del Parti­do Comunista de Chile y una parte del socialista, basando su argumentación en que «sólo así impediremos que los trabaja­dores más extremistas se insurreccionen». A esta tesis se adhe­rían los generales Joaquín Lagos Osorio, Herman Brady Ro­che, Washington Carrasco Fernández, Héctor Bravo Muñoz, Ma­rio Sepúlveda Squella, Guillermo Pickering y Orlando Urbina Herrera pero con variantes. Mientras Lagos Osorio no hacía objeciones al plan Prats, lo mismo que Orlando Urbina He­rrera; los otros cinco generales decían que el Gobierno «tran­sitorio» debía ser solamente con Allende-FF.AA., por «un tiem­po corto», para preparar las condiciones para implantar un Gobierno «puramente militar» y poner en ejecución los acuer­dos del Pentágono. Los generales Óscar Bonilla, Sergio Arellano Stark y Javier Palacios, en cambio, encabezaban otro grupo, al que se había sumado Augusto Pinochet. En éste se considera­ba que la etapa de gobierno Allende-FF.AA era innecesaria.

Con este último grupo estaban los generales César Ruiz Danyau y Gustavo Leigh Guzmán; y los almirantes José Toribio Merino, Horacio Justiniano, Sergio Huidobro, Patricio Car­vajal y Pablo Weber.

Solo, pugnando por ser el «líder de la sublevación», estaba el general Manuel Torres de la Cruz, que era el único que de­cía que «tenemos que operar ahora, de inmediato».

Fue con este marco cuando José Toribio Merino, jefe de la Primera Zona Naval de Valparaíso, ordenó a un grupo del Ser­vicio de Inteligencia Naval asesinar al edecán naval del presi­dente Allende, comandante Arturo Araya Peters. Tarea que se puso en práctica el 26 de julio de 1973, con todos los detalles que ya he relatado anteriormente, en el primer capítulo de este libro.

Este asesinato ordenado por los conspiradores de la Marina, permitió a los servicios de contrainteligencia del partido socia­lista, detectar un plan del Partido Nacional, en combinación con la Agencia de Inteligencia a través del Comando de Ex Ca­detes, para asesinar al presidente Allende. La CÍA, después de su error que llevó a Patria y Libertad a intentar la insurrección militar del 29 de junio, estimó que solamente el asesinato de un «pez gordo» podía provocar el caos necesario para que los mi­litares se «movieran». El 27 de julio, viernes, los servicios de contrainteligencia socialistas descubrieron que había movimien­tos en el Partido Nacional, en relación con una «gran operación» para el 4 de septiembre de 1973, que tenía como objetivo asesi­nar a Salvador Allende. El plan se descubrió por las infidencias de un parlamentario ligado estrechamente a los grupos fascistas cuando, en la noche del 27 de julio, dijo en una casa particular que «el asesinato de Araya (el edecán naval, ocurrido la noche antes) puede echar a la basura nuestros propósitos». El parla­mentario se mostró preocupado por la conmoción nacional que provocaría el asesinato del edecán naval (él no sabía que había sido planificado por el Servicio de Inteligencia Naval), ya que las investigaciones para descubrir a los asesinos podrían levan­tar la tapa con respecto a la muerte de Allende.

El primero de agosto, Allende denunció esto al general Carlos Prats, y el comandante en jefe del Ejército informó a su cuer­po de generales. Los generales estuvieron de acuerdo en que era «una aventura» el asesinato de Allende, y tomaron medi­das para desbaratar el plan a través del SIM. Una vez más, la CÍA se embarcaba en cosas no aprobadas por el Pentágono y entorpecía los planes de los generales.

Veinte días más tarde, sin embargo, como vimos en el primer capítulo, los generales en contacto con el Pentágono cambiaron de opinión y decidieron asesinar a Allende, pero simulando un suicidio, después de haberse hecho cargo de todo el país por medio de una ocupación militar a sangre y fuego.

El asesinato del edecán naval de Allende precipitó las cosas desde el ángulo de los conspiradores civiles, que estimaron que era el momento de desencadenar «un nuevo paro de octubre». El mismo 27 de julio los dueños de camiones de todo Chile comenzaron un paro, alegando que «no se han cumplido los acuerdos por los cuales suspendimos la huelga de octubre de 1972». Tres días más tarde, León Vilarín, presidente de la Aso­ciación de Dueños de Camiones de Chile, declara que «este paro termina cuando se acabe el Gobierno de Allende». En Santiago, ese mismo día, Frei conversa con un grupo de amigos, en su casa, y les dice que su indecisión ha terminado, que «creo que sólo las Fuerzas Armadas pueden salvar a Chile».

El martes 31 de julio, el general Carlos Prats se reúne con 250 oficiales de la guarnición de Santiago, para discutir, por iniciativa de los oficiales, «la situación política, la grave crisis económica y las amenazas de sectores obreros contra las Fuerzas Armadas». Los 250 oficiales le piden a Prats que le diga al pre­sidente Allende que «los oficiales del Ejército creen que si no se llega a un acuerdo con la Democracia Cristiana, y si no se incorpora a las Fuerzas Armadas el manejo total del área de propiedad social y se declaran fuera de la ley los corodones in­dustriales, entonces, tendrán que actuar los militares».

Allende contrarresponde sacando a relucir los documentos que tenía sobre la complicidad de altos jefes navales en el ase­sinato del edecán Araya Peters, y pretendiendo dar un golpe de efecto —como se relata en detalle en el primer capítulo de este libro—, obliga a los altos mandos de las tres ramas de las Fuer­zas Armadas y Carabineros a aceptar cuatro ministerios en su Gabinete, que comienza a funcionar el 9 de agosto como «la úl­tima oportunidad».

El día anterior, 8 de agosto, el Colegio de Abogados de Chile, dirigido por Alejandro Silva Bascuñán, magnate de las finan­zas, emite una declaración siguiendo la campaña pedida por los generales conspiradores. En ella dice que se dirige a la opi­nión pública «en cumplimiento del deber de conciencia de mo­vilizar a los más amplios sectores ciudadanos frente al que­brantamiento del Estado de Derecho y del ordenamiento ins­titucional que ha sido orgullo de los chilenos».

Llama a apoyar todo lo que signifique debilitar al Gobierno constitucional.


Cae Prats
Veinticuatro horas antes de la declaración del Colegio de Abogados, el martes 7 de agosto en la noche, los militares golpistas del alto mando de la Marina, habían decidido poner en marcha la idea de su vicealmirante José Toribio Medina, de presentar el golpe militar que se preparaba como una «res­puesta» a un pretendido «golpe rojo». Los Servicios de Inteli­gencia de la Marina habían detectado una reunión pedida por alrededor de 200 suboficiales y marinería, en Talcahuano, para denunciar que desde el mes de junio, los mandos de los buques de la armada dirigían arengas a la tripulación, en alta mar, diciéndoles que «es necesario sacar de la Moneda al marxista Salvador Allende», «los marinos tenemos el deber patriótico de derrocar el actual Gobierno». Altamirano, junto con Miguel Henríquez, secretario general del MIR, y Óscar Garretón, del MAPU, explicaron a los suboficiales y marineros la situación política chilena y el peligro que representaban los oficiales fas­cistas, cuyas actuaciones estaban al servicio del imperialismo norteamericano y la oligarquía nacional. Plantearon la necesidad de hacer conciencia entre la marinería que «no se debe obede­cer a los oficiales fascistas» si éstos ordenan un alzamiento con­tra el Gobierno.

El vicealmirante Merino y sus asesores del Servicio de In­teligencia estimaron que con ello tenían material suficiente para montar un «golpe rojo» en la Armada, y el 7 de agosto anuncia­ron oficialmente que se había descubierto una «subversión» en los buques de guerra «Almirante Latorre» y «Blanco Encalada», dirigida por Altamirano, Henríquez y Garretón. Se anunció el arresto de medio centenar de marineros y suboficiales, encabeza­dos por un cabo de apellido Cárdenas.

En los días siguientes, los reporteros de los diarios de iz­quierda lograron saber cómo, en las bases navales de Talcahua­no y Valparaíso, estos marineros estaban siendo obligados a firmar confesiones absurdas mediante procedimientos brutales, que horrorizaron a la opinión pública. Se descubrió en el Hos­pital Naval de Valparaíso a un marinero al cual le habían si­do reventados, a golpes, los testículos. Esposas de los detenidos relatan las torturas y se logra establecer tres tipos de ellas:

a) Un tambor de petróleo abierto, lleno de orines y excre­mentos humanos, es utilizado para sumergir la cabeza del «in­terrogado» hasta el punto de la asfixia, cada vez que se niega a responder o a reconocer alguna culpabilidad que los interro­gadores quieren.

b) Colgados los prisioneros boca abajo, con las piernas abier­tas, de una barra para hacer gimnasia, desnudos, reciben gol­pes con una fusta en el escroto, en el nacimiento de los testículos.

c) Los prisioneros son obligados a arrastrarse, desnudos, por una «piscina» llena de piedras quebradas a martillo, sobre la cual, a treinta o cuarenta centímetros del suelo, hay una fuerte malla de acero que impide levantarse. Los prisioneros deben


reptar entre la malla y las piedras filudas, varias veces, durante los interrogatorios.

Los familiares de los marineros presos dan nombres de ca­pitanes del Servicio de Inteligencia Naval a cargo de las tor­turas, y se publican.13

Esto sirve para agudizar los deseos de enormes sectores del pueblo de organizarse para «impedir la insurrección militar». Periódicos como el «Puro Chile» y «Noticias de Ultima Hora» se destacan por sus investigaciones sobre este suceso, además de dar a conocer hechos vergonzosos ocurridos durante el motín mi­litar del 29 de junio, en que los soldados que ocuparon los edi­ficios adyacentes al Palacio de La Moneda, saquearon los bol­sillos y los escritorios de los empleados de esas oficinas públi­cas. Incluso se descubren verdades hilarantes como la del edi­ficio de Tesorería, al lado oeste de Palacio, donde los soldados saquearon dinero, relojes, anillos de oro de los empleados y... ¡dos quesos y cuatro sandwiches que tenían para almorzar!

La presión sobre los políticos civiles comienza a ser más fuerte. El grupo de Gustavo Leigh, César Mendoza y José Toribio Merino, el día 20 de agosto, después del fracasado putsch del ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, César Ruiz, ya había acordado el asesinato de Salvador Allende, y el 21 reci­ben la buena noticia:... Eduardo Frei ha manejado la situación muy bien y en no más de 48 horas se tendrá un acuerdo de la Cámara de Diputados declarando la «inconstitucionalidad» del Gobierno de Allende y conteniendo un «texto» tal como lo pi­dieron los generales Bonilla y Arellano Stark.

En realidad, el acuerdo sería aprobado el 22 de agosto, pero los generales en contacto con el Pentágono ya lo tenían el día 21 en su poder. En su parte fundamental decía que la Cámara acordaba «representar al señor Presidente de la República y a los señores Ministros de Estado, miembros de las Fuerzas Ar­madas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República», y les decía a los comandantes en jefe que eran ministros: «representarles, asimismo, que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores ministros, de la naturaleza de las insti­tuciones de que son altos miembros, y cuyo nombre se ha invo­cado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde PONER INMEDIATO TÉRMINO A TODAS LAS SITUACIONES DE HECHO REFERIDAS que infringen la Constitución y las le­yes»...

Ese mismo día 21 de agosto, la Democracia Cristiana y el Partido Nacional organizan una manifestación de «mujeres», frente a la casa del general Carlos Prats, ministro de Defensa todavía, para pedirle que se vaya y que deje a los demás gene­rales «crear el poder militar». La manifestación había sido pe­dida por los generales en contacto con el Pentágono para «ablan­dar el ánimo» del general Prats, ya que habían acordado en­viar al general Óscar Bonilla a la casa del comandante en jefe titular del Ejército, para pedirle «en nombre del cuerpo de generales; que renuncie... porque usted es una vergüenza para nuestra institución, por su apoyo demasiado leal al Gobierno de Allende». Bonilla tenía el encargo, además, de decirle a Prats que no podía resistirse porque «tenemos todas las medidas to­madas para limpiar de una vez la honra de nuestras Fuerzas Armadas».

Pero, dejemos que relate ese gravísimo momento el econo­mista español Joan Garcés, asesor personal de Allende y testigo directo de estos hechos, según lo hizo en un documento a la Asamblea de las Naciones Unidas el 9 de octubre de 1973:

«El día martes, la derecha organiza una manifestación de mujeres ante la casa del ministro de Defensa. Las mujeres le insultan soezmente y le exigen que abandone las filas del Ejér­cito. El servicio de Inteligencia fotografía a las esposas de seis generales y de otros altos oficiales. Esa tarde, el general Prats, enfermo y en cama, es visitado por el general Bonilla —hom­bre de Frei, cuya mujer se encontraba entre los manifestantes— quien le aconseja que renuncie como comandante jefe titular del Ejército. Pocos minutos después de la partida del general Bo­nilla llega el presidente Allende a casa del general Prats. Este le manifiesta su impresión de que en el Ejército se está tra­mando una traición, y conversa con el Presidente sobre las me­didas adecuadas para hacerlo fracasar.

»De regreso a su residencia particular, el Presidente recibe la visita del ministro del Interior y del general subrogante de Carabineros, general Urrutia. Tiene invitados a comer a varios generales del Ejército y, al frente de ellos, Augusto Pinochet. Objeto de las conversaciones: medidas contra el golpe de Estado en gestación. Pasada la medianoche, el Presidente convoca a los dirigentes de los partidos de la coalición de Gobierno y de la Central Única de Trabajadores, para manifestarles que, ante la gravedad de la situación militar, de acuerdo con los altos man­dos del Ejército, ha resuelto llamar a retiro a los generales com­plicados en el intento de golpe. En previsión de que el ejerci­cio de sus facultades constitucionales de llamar a retiro a los generales que han perdido su confianza provoque una revuelta militar, manifiesta que el alto mando del Ejército ha estudiado la articulación de un plan de defensa del Gobierno con la cola­boración de las fuerzas regulares y sindicatos obreros. Cerca de las dos de la madrugada, el Presidente es informado de que acaba de llegar el alto oficial que tiene que ultimar con el Gobierno y la Central Única de Trabajadores el plan de defensa antigolpe para el día siguiente. Yo mismo vi a ese general. Se llama Augusto Pinochet».

Este relato de Joan Garcés nos revela cómo la ingenuidad política de altos dirigentes de la Unidad Popular, incluyendo al presidente Allende, permitió que «el líder de la insurrección mi­litar», por acuerdo de los altos mandos en contacto con el Pen­tágono, conociera todo el despliegue de las fuerzas obreras en Santiago, como «responsable» de un plan de defensa antigolpe... Del golpe que él mismo estaba articulando en conjunto con la Marina, Aviación y Carabineros.

Al día siguiente, 22 de agosto, el general Prats reunió a los generales integrantes de la junta institucional, y les pidió que redactaran una declaración de «desagravio» a su persona y car­go, por la manifestación de las mujeres del día anterior. De los 22 generales presentes, dieciocho se negaron a hacerlo segura­mente para evitar sospechas de Prats; los generales Pinochet, Brady, Sepúlveda y Pickering votaron a favor de la petición de Prats.

De inmediato, el general Prats concurre a La Moneda y pre­senta la renuncia a Salvador Allende. Leamos lo que dice Joan Garcés en el documento que citamos anteriormente:

«Ante esta situación, el general Pinochet manifiesta al presi­dente Allende que es conveniente aceptar la renuncia del general Prats, como una medida para apaciguar las exigencias en su contra de la Aviación y la Marina. A cambio del retiro del general Prats, Augusto Pinochet se compromete a asumir la Co­mandancia en Jefe titular del Ejército, y llamar a retiro esa mis­ma semana a seis generales implicados en la preparación del golpe de Estado. Encabezando la lista el general Bonilla, hoy su ministro del Interior».

El 23 de agosto, el general Prats deja de ser comandante en jefe del Ejército y ministro de Defensa. Acogido a retiro, escri­be una carta pública de renuncia al Jefe del Estado, en un gesto de nobleza, previniéndolo que «renuncio porque ya no puedo detener» las fuerzas golpistas. Es decir, avisa a todo Chile que el golpe militar está en marcha. Pero su carta tiene poco eco.14

El 23, en la tarde, en una reunión de generales conspiradores, los generales Sepúlveda y Pickering, reciben las instrucciones para movilizar las tropas de Santiago en el «día D» (todavía no fijado y puesto tentativamente a partir de septiembre). En ese momento, Pickering y Sepúlveda se enteran que el golpe se dará sobre la base de «dar de baja» a unos seis mil dirigentes medios sindicales, políticos y de masas en las primeras horas del gol­pe, destruir concentraciones obreras y poblaciones humildes con fuego de tanques y aviación, y que se calcula que «con unos cincuenta mil muertos en los primeros tres o cinco días de combate habremos limpiado el terreno». Más que eso, cuan­do protestan indignados por esta táctica de asesinato y destruc­ción, de algún modo se enteran del plan para asesinar al pre­sidente Allende y reciben instrucciones de no hablar con nadie porque «ni siquiera Pinochet» lo sabe. Pickering y Sepúlveda presentan sus expedientes de retiro del Ejército de inmediato, y el día 24 dejan de pertenecer a las filas. Al mando de la guar­nición de Santiago y de la Segunda División es nombrado el general de brigada Herman Brady Roche y, de hecho, el general Sergio Arellano Stark reemplaza a Pickering.

Mientras tanto, Pinochet se las arregla con Allende para no despertar sospechas y no pedir el retiro de los generales metidos en la conspiración. Joan Garcés lo cuenta así:

«En los últimos días de agosto el propio general Pinochet pide al Presidente de la República postergar el retiro de los generales golpistas para la Junta Calificadora del Ejército, a ce­lebrar en la segunda mitad de septiembre. Justificación: ésta sería una resolución «institucional» interna, que él impondría como comandante en jefe. Con ello se preservaría al Presidente de la crítica de querer retirar a generales por motivos polí­ticos. Personalmente, en el transcurso de la última semana de agosto y primera de septiembre, tuve ocasión de escuchar en va­rias oportunidades al presidente Allende reiterar cómo pensaba frente al movimiento militar subversivo que se sentía a punto de estallar. Yo participé en su última reunión de trabajo antes de su masacre, el 10 de septiembre. Estaban presentes en ella otros tres colaboradores del Presidente. En esa oportunidad, el Presidente reiteró que en las Juntas de Calificación Ordinaria que debían tener lugar en las semanas siguientes, de acuerdo con los comandantes en jefe, iba a ejercer definitivamente sus facultades legales para llamar a retiro a los líderes del golpe de Es­tado. Esto había sido personalmente conversado por el presiden­te Allende con el comandante en jefe de la Marina, almirante Montero, y con el comandante en jefe del Ejército, general Pinochet».
Y la Marina
El día 31 de agosto, el esquema insurreccional se dibujó todavía con mayor nitidez, cuando el grupo de altos mandos na­vales dirigidos por José Toribio Merino, obligó al almirante Raúl Montero Cornejo a presentar su dimisión como coman­dante en jefe de la Armada al presidente Allende.

El hecho ocurrió después que Montero tomara parte en el Consejo Naval Anual de la Armada Nacional, en la mañana del 31 de agosto, para calificar a todos los oficiales ejecutivos de la institución. Al mediodía, en Valparaíso, los altos mandos se reunieron a almorzar. Cuando llegó Montero a sumarse, los almirantes le dijeron que era mejor que se retirara porque iban a deliberar sobre la situación política nacional, y ellos no le te­nían confianza. Montero anunció que presentaría su renuncia al presidente Allende, y así lo hizo en la tarde. Dice Joan Garcés:

«Esa tarde, a su regreso a Santiago, comunicó los hechos al presidente Allende y le presentó su renuncia. El doctor Allen­de se la rechazó y le solicitó que continuara en su cargo, por el bien del país, algunas semanas más mientras lograba desarticular el golpe en la Marina.

»El 11 de septiembre, el almirante Montero fue arrestado por los golpistas y reemplazado en la Comandancia en Jefe por el insurrecto almirante Merino, actual miembro de la Junta Militar. ¿Cuántos otros oficiales fueron arrestados o asesinados por quie­nes hoy imponen su sangrienta traición en Chile?».

Ese 31 de agosto, también, los organismos civiles al servicio de los generales golpistas habían avanzado un paso más en la conspiración. El Colegio de Abogados, «a petición de diversos colegiados», había preparado un informe «jurídico» sobre si ca­bía «pedir al Congreso Nacional que declarara la inhabilidad constitucional del Presidente de la República». El Colegio de abogados decía, en ese informe, que sí se podía. Y se hacía la siguiente reflexión, por cuenta de los propios generales:

«Esta acción ilegal e inconstitucional del señor Presidente puede estar determinada por una de dos causas posibles. El Pre­sidente voluntaria y conscientemente, y con propósitos no con­fesados, se ha propuesto violar sistemáticamente las bases fun­damentales de nuestro sistema institucional, o bien el Excelen­tísimo señor Allende se ve imposibilitado de ajustar su conducta a esas normas que le imponen los deberes inherentes a su cargo».

En ambas alternativas se «justificaba» aparentemente la des­trucción de la democracia burguesa chilena por parte del apa­rato militar de la burguesía, y su reemplazo por un sistema más seguro: el fascismo.
Los últimos días
El diario «El Mercurio» reflejaba ya el 31 de agosto la situa­ción nacional. En su primera página, traía una noticia proce­dente de Valparaíso que decía así:

«Con la firma del juez naval, vicealmirante José Toribio Me­rino, comandante en jefe de la Primera Zona Naval, se presentó la petición de desafuero contra el senador socialista, Carlos Altamirano, y del diputado mapucista, Óscar Garretón.

»La petición de desafuero se fundamenta en el respaldo entre­gado por ambos parlamentarios a los marineros que intenta­ron apoderarse de dos buques de la Armada para desencadenar una guerra civil».15

Ya había 20 provincias, de las 25 que tiene Chile, en que los dueños de camiones y colegios profesionales manejados por democratacristianos y nacionales estaban en huelga.

También en primera página, con ilustración fotográfica del general en retiro en uniforme, «El Mercurio» informaba:

«El próximo martes viajará a Paraguay el general (R) Roberto Viaux Marambio, quien saldrá en libertad a las 24 horas del lunes. Viaux cumplirá en dicho país la pena de extraña­miento a que lo condenó la justicia militar en relación a los procesos acumulados por los sucesos del Regimiento Tacna y los que culminaron con la muerte del general René Schneider, co­mandante en jefe del Ejército. El general (R) Viaux debe cum­plir una condena de cinco años fuera del país.»

En la segunda página del mismo periódico, había un «estu­dio» titulado Impedimentos Constitucionales para el Desempe­ño Presidencial, preparado por un profesor de Derecho Consti­tucional de la Universidad Católica de Chile. Al lado, en la sec­ción de «comentarios», uno titulado La Patria y la Conciencia Militar, que terminaba con el siguiente párrafo: «En consecuen­cia, y de modo especial para los militares, obedecer y colaborar con este Gobierno es traicionar a la patria.»

En páginas interiores, una declaración del presidente de la Cámara de la Construcción de Chile, organismo que reunía a los empresarios monopólicos de esa actividad, en la cual se leía: «El problema de Chile se soluciona con un sentido patriótico que correspondería al señor Allende acoger y que ha sido rei­teradamente pedido por toda clase de instituciones y gremios en Chile, y es que se vaya»...

El 2 de septiembre, domingo, el periódico izquierdista «Puro Chile» provocaba una conmoción nacional, al publicar una larga entrevista con el reo José Luis Riquelme Bascuñán, «cargado» con el asesinato de Araya Peters por la Armada y el Servicio de Inteligencia de Carabineros. La entrevista, rompiendo la inco­municación del reo, hecha por el director del periódico, Miroslav Popic, demuestra más allá de toda duda que el día del ase­sinato, Riquelme estaba en su casa, que dos días después fue «cargado» con una confesión falsa, que había sido torturado en los subterráneos del Ministerio de Defensa, con la aprobación del fiscal, Aldo Montagna, y que había capitanes de la Marina y de Carabineros implicados en un caso de «ocultar a los verda­deros asesinos».

Parte del relato de Riquelme, cuando fue torturado en el subterráneo del Ministerio de Defensa, a fines de julio, decía:

«Imagínese, ahí fueron unas torturas salvajes. Hay una pila de cuestiones que a uno le hacen adentro.

«¿Recuerdas algo?

»Ponían dos sillas, una aquí y otra allá. En una los pies y en la otra las manos. De repente le amarraban los pies con alambres, en los tobillos, entonces estaba usted así afirmado en el aire. Haga cuenta que el medio estaba vacío, colocaba las ma­nos en las sillas y de repente usted quedaba derechito donde le aplicaban la corriente. De repente le colocaban los cables en la cintura, por aquí y «pum». En una me sentaron y me coloca­ron unos cables de repente ya sentí un golpe refuerte aquí, en la «cuchara» (corazón), como que me iba a ahogar y desde en­tonces que no me siento bien. Pa' que le digo. Saltaba y me ha­cían saltar. De repente uno estaba allá cuando luego estaba aquí, al otro lado...»

La denuncia de «Puro Chile» acercaba peligrosamente al co­nocimiento público el hecho de que el edecán naval de Allende había sido asesinado por sus propios compañeros de armas, en complicidad con la Agencia Central de Inteligencia, a través del Comando de Ex Cadetes.

El 3 de septiembre transcurrió a la espera de «qué ocurriría el cuatro», para la celebración del tercer aniversario de la vic­toria de Allende en 1970. Tanto para la Unidad Popular como para los partidos de oposición, era un instante de «medir las fuerzas». Para los generales en contacto con el Pentágono, iba a ser un día de ensayo general.

El 4 de septiembre fue, a partir del mediodía, una jornada festiva. A las ocho de la noche había desfilado frente a la Tri­buna Presidencial en la Plaza de la Constitución, un contingente de más de 700.000 obreros y campesinos, empleados y estudian­tes, niños y mujeres venidos desde toda la provincia y de las provincias fronterizas. Fue una gran demostración de apoyo al Gobierno por parte de sus partidarios, que estaban sufriendo los efectos de un descalabro económico mayúsculo. Pero los gritos no eran sólo de «Viva Allende» «Viva la Unidad Popular». Eran, más que nada, de «Armas para el pueblo», «Hasta cuándo retrocedes Allende», «Sólo el pueblo armado derrotará al mo­mio armado».

Durante todo el día, aviones de la Fuerza Aérea de Chile sobrevolaron la ciudad, especialmente los barrios industriales del sector sur y las calles centrales, para fotografiar las con­centraciones de trabajadores dispuestas para el desfile de aniversario. Hubo sobrevuelos sobre La Moneda y en la noche «ejercicios de bombardeo simulados, con rockets, en blancos de tarros de gasolina de 200 litros, en la Base Aérea El Bosque», con aviones Hawker Hunter.

Hubo fiesta en las calles de Santiago hasta la medianoche pasada. Y hubo reunión de urgencia en la Fuerza Aérea, anali­zando las fotografías obtenidas durante el día. El cálculo lo decía: unas seiscientas a seteciencias mil personas en Santia­go y provincias fronterizas, dispuestas a seguir apoyando al Gobierno constitucional. Gustavo Leigh comentó entre sus sub­alternos que «si el tiempo sigue pasando, estos huevones iz­quierdistas van a ganar lejos las elecciones del 76». «Ahí sí que tendríamos a los comunistas en nuestro cogote.»

Los opositores civiles también se asustaron y organizaron para el día cinco una enorme manifestación de mujeres, fren­te a la Universidad Católica de Santiago, para pedir «la re­nuncia de Allende» y «un Gobierno de militares». Se producen batallas campales en las calles entre adversarios y simpatizantes de la marcha convocada por la Democracia Cristiana y el Par­tido Nacional.

Las noticias de provincias eran lamentables. Diez y quince atentados dinamiteros por día contra fábricas, sedes políticas de izquierda, domicilios de dirigentes de obreros y campesinos. El transporte terrestre casi totalmente paralizado. Las actividades del servicio estatal de salud, también en paro. Paros par­ciales de estudiantes, comerciales y profesionales, agrupados en organizaciones manejadas por los partidos de derecha.

El general Pinochet, el 5 de septiembre, había dicho a Allen­de que «ahora no es igual que octubre», las Fuerzas Armadas «no podemos garantizar nada» porque la Marina, la Fuerza Aérea y algunos de «nuestros generales quieren que usted se vaya... o cumpla con lo que le pide el Congreso». No podía Allende declarar zonas de emergencia bajo control militar, como en 1972.

El 7 de septiembre, Allende acordó rendirse. En la mañana de ese día llamó a su despacho de trabajo al general Augusto Pinochet y a siete generales de la guarnición de Santiago, y les dijo que había decidido anunciar, «el lunes o martes, o tal vez el miércoles con mayor seguridad», su decisión de llamar a ple­biscito para dilucidar «el conflicto de poderes entre el Ejecu­tivo y el Parlamento» y promulgar totalmente «la reforma cons­titucional sobre área de propiedad social de la Democracia Cris­tiana». Los generales recibieron la noticia «con un gesto de asombro» (según la frase que usó Allende para contarle este su­ceso a Joan Garcés, la noche del lunes 10 de septiembre). Allen­de les dijo que así «pacificaremos el país», ya que esos son los motivos del conflicto civil actual. «Nadie podrá decir ahora que el Presidente de la República no respeta a los otros poderes del Estado». Les explicó que, según sus cálculos, la decisión la po­dría anunciar el martes o miércoles, porque «este fin de semana tengo que dedicarlo a convencer a la Unidad Popular... y eso va a ser duro».

La decisión de Allende tomó de sorpresa a los generales (to­dos los que asistieron estaban en el complot montado por el Pentágono a partir de noviembre de 1972). Se reunieron en el propio despacho del comandante en jefe en el Ministerio de Defensa, a una cuadra de La Moneda, para llegar a una simple conclusión: había que derrocar a Allende ANTES de que anun­ciara su decisión de poner fin al conflicto con la Democracia Cristiana liderada por Eduardo Frei. Se discutió cuántos días se necesitaban para poner en marcha la blitzkrieg preparada desde meses antes para arrasar el Gobierno constitucional, la organización obrera, campesina y de empleados, y destruir la democracia burguesa chilena. «Setenta y dos horas», fue la res­puesta técnica del general Sergio Arellano Stark, asistente tam­bién a la reunión.

Augusto Pinochet fijó la fecha: el martes 11 de septiembre, a partir de la medianoche del día lunes.16

El 7 de septiembre fue un día realmente agitado. Cerca de las tres de la tarde, en Santiago se recibieron noticias de que la Escuadra Chilena, surta en la bahía de Valparaíso, lista para zarpar a unirse con la flotilla de guerra de Estados Unidos para la Operación Unitas anual, se había sublevado, se negaba a zar­par, hasta que «el almirante Montero sea retirado de las filas y el almirante Merino sea nombrado nuestro comandante en jefe».

El general Augusto Pinochet informó al nuevo ministro de Defensa, Orlando Letelier, que él estaba dispuesto a ir a Val­paraíso para hablar con los «insurrectos». Viajó en helicóptero, acompañado de otros cuatro generales del Ejército. En Valparaíso se entrevistó con Merino, le comunicó la gravedad de la situación planteada por la decisión de Allende de quitar la base de sustentación pública al golpe militar, y el acuerdo de la mañana en el Ministerio de Defensa, de dar el golpe el día 11 de septiembre.

Cuando Pinochet volvió a Santiago para informar al Minis­tro de Defensa que «todo está en calma», «la escuadra zarpará según itinerario previsto el día lunes 10», lo que realmente es­taba ocurriendo era que las listas de cerca de veinte mil dirigentes medios de organizaciones populares, para ser asesina­dos por los militares insurrectos a partir de la mañana del golpe, ya estaban saliendo a provincias desde las oficinas de los Servicios de Inteligencia del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Las listas de los dirigentes superiores para ser apresa­dos (unos tres mil), también seguían el mismo camino, y los funcionarios encargados de tener preparadas las proclamas del día de la insurrección ya estaban escribiendo el borrador para ser examinado por Augusto Pinochet, Gustavo Leigh y José Toribio Merino.

Estas listas habían sido «completadas» a través de una pe­tición especial a las misiones militares norteamericanas en San­tiago, que las pidieron a la CÍA en Washington, para ser entrega­das a los generales insurrectos. Eran muy detalladas: nombre, domicilio, edad, profesión, estado civil y amigos personales más cercanos (entre dos y cinco nombres generalmente).

Como una ironía del destino, en la noche del 7 de septiembre, el cuerpo de generales de Carabineros dio una cena a la que invitó a Salvador Allende. A esa cena también asistió el general César Mendoza Duran, quien se portó muy obsequioso con el Presidente. (En verdad, ese día Mendoza todavía no había sido notificado por los generales Pinochet, Leigh y el almirante Me­rino de que el golpe se haría el martes próximo. El estaba en una conspiración contra Allende y la mayoría de sus propios ge­nerales, pero no sabía fecha, ni forma, excepto en lo que concernía al equipo restringido para la preparación del asesinato del propio Allende.) Este hecho, en la mañana del 11 de septiem­bre, tal vez hizo que Allende se refiriera a Mendoza, en su últi­mo discurso transmitido sólo por Radio Magallanes, a las nueve y cuarenta de la mañana, como «ese general rastrero».

El sábado 8, en la mañana, el presidente Allende citó en su despacho al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh; al comandante en jefe de la Marina, almirante Raúl Mon­tero Cornejo; y al comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte. El Presidente les pidió que como una conside­ración al momento difícil que vivía el país, y a que en la pró­xima semana iba a hacer el anuncio de su rendición política, «moderaran» la aplicación de la Ley Sobre Control de Armas, para no «exasperar» a los trabajadores. Los comandantes en jefe le dijeron que siempre habían tratado de impedir «excesos» en esos procedimientos, y ahora impartirían instrucciones especia­les en ese mismo sentido.

En realidad, el sábado 8 de septiembre fue aburrido para los reporteros. Y mucho más para los reporteros del diario «El Mercurio» que estaban en un departamento del piso decimoter­cero del Hotel Carrera, con equipo fotográfico provisto de enor­mes teleobjetivos, desde el día 2 de septiembre. Ese día, la gerencia de «El Mercurio», en conocimiento de que «algo gordo va a pasar en La Moneda uno de estos días», arrendó un depar­tamento por tiempo indefinido allí, y puso de guardia perma­nente a un equipo de reporteros. No estaba claro para «El Mer­curio» si iba a ser el asesinato de Allende o de algunos de los generales, pero impartió instrucciones a sus reporteros de vi­gilar cada segundo del día la puerta de La Moneda con sus tele­objetivos.
El Juramento
El 9 de septiembre, domingo, desde las once de la noche, la pesada maquinaria militar puesta en marcha para aplastar al pueblo chileno dio otra vuelta en su eje. A esa hora, en casa del general Augusto Pinochet Ugarte, y después de «una comida social», se reunieron el propio Pinochet, el general Gustavo Leigh; el vicealmirante Sergio Huidobro, director de la Escuela de Infantería de Marina (que adiestraba a los grupos fascistas civiles) y el vicealmirante Patricio Carvajal.

La reunión duró desde las once de la noche del día 9 a las dos de la mañana del lunes 10. Fue una reunión, por lo que parece, de «afinamiento» y «comprobación» de la «operación». Según informes posteriores, se supo que en la tarde del 9, los generales Pinochet y Leigh habían hablado con el general Mendoza, de Carabineros, para que montara su aparato para el martes 11. Y los vicealmirantes Huidobro y Carvajal, también en la tarde del mismo día, habían hablado con el almirante Merino para que se las arreglara para arrestar al almirante Mon­tero en la medianoche del día 10.

Según una declaración a la prensa chilena del general Gus­tavo Leigh, hecha en noviembre de 1973, allí también «se firmó un documento que guardamos en estricto secreto». Probable­mente se trata de un documento que detalla los nombres de los conspiradores, para que así ninguno traicionara la insurrec­ción al martes 11.

Pero lo importante es que a las cuatro de la madrugada del día 10, o sea dos horas después de terminada la reunión de los conspiradores en casa de Pinochet, un coronel del Ejército chile­no, vestido de civil concurrió a la casa del embajador de los Es­tados Unidos, Nathanael Davis, donde también estaban dos miembros de la misión militar norteamericana en Santiago.

Después de esa reunión nocturna, ocurre un hecho singular: los Servicios de Contrainteligencia radial de la izquierda inter­ceptan un mensaje en clave procedente de los aparatos de radio norteamericanos utilizados en el Ministerio de Defensa, que ins­truyen a la «fuerza de tarea» de la Operación Unitas, compues­ta de tres destructores y un submarino, que se separen; que dos destructores permanezcan «a más de doscientas millas de Valpa­raíso, mar afuera», y un destructor y el submarino a más de doscientas millas de Talcahuano, porque la Operación Unitas «puede postergarse indefinidamente».

Esa misma madrugada, la misión militar brasileña es puesta en alerta por los militares chilenos, y se les pide que «el día 11 no salgan a la calle, hasta nuevo aviso».

Todo esto puede explicar lo que para algunos políticos nor­teamericanos resultó un misterio. La agencia ínter Press Ser­vice indicaba: «Los destructores Tunner, Tatonall y Vesole, y el submarino Clagamore se dirigían en la noche anterior al golpe hacia aguas jurisdiccionales chilenas. Fueron detenidos justo en el límite, y separados en dos grupos, por una oportuna adver­tencia radial de la Embajada norteamericana en Santiago, diez horas antes de que estallara el sangriento golpe de Estado.»

Y también puede explicar el siguiente cable de la agencia española EFE, del 13 de septiembre, procedente de Washington, que decía: «El presidente Nixon supo con anticipación de los preparativos del golpe de estado en Chile, pero el Gobierno nor­teamericano decidió no informar al presidente Allende, reveló hoy el diario "The Washington Post". En una información que aparece en la primera página del matutino de la capital federal, se confirmó que los Estados Unidos habían sabido por lo me­nos doce horas antes del golpe militar que derrocó al presi­dente Allende en Chile. Según el periódico, un oficial del Ejér­cito chileno informó a otro oficial del Ejército norteamericano en Chile del plan contra Allende. La información fue entonces pasada a los más altos niveles de Washington y se tomó la deci­sión de no intervenir, según el "Washington Post".

»El periódico informó que estos detalles fueron revelados ayer por Jack Kubish, secretario de Estado Adjunto norteamericano y coordinador de la Alianza para el Progreso, a un grupo de senadores norteamericanos integrantes del Subcomité de Re­laciones Exteriores para Asuntos del Hemisferio Occidental».

El lunes 10, en La Moneda, había una especie de tranquili­dad. El único dirigente político que dio una pista de lo que es­taba pasando, fue el dirigente de un pequeño partido de la UP, la Acción Popular Independiente, Rafael Tarud, quien, después de conversar con Allende, señaló: «Le dije que el API es parti­dario de solucionar el conflicto del transporte de inmediato, por ley; de promulgar las reformas constitucionales del proyec­to Hamilton-Fuentealba y otros hechos que significarían la paz social.»

En la tarde, a las seis, en el décimo piso del Ministerio de Defensa, el ministro Orlando Letelier citaba a los directores de diarios y revistas de Santiago para decirles que «la situación tenía una solución política que pronto se dará a conocer por el propio Presidente», que pedía a los directores de medios in­formativos que «en las noticias sobre los allanamientos de la Ley Sobre Control de Armas no pretendieran incorporar a las Fuerzas Armadas a la política contingente». La sensación de Letelier era de optimismo, de confianza en que el discurso de Allende del martes iba a resolver la cuestión y que «todo estaba en calma».

Sin embargo un signo ominoso fue notado por más de un re­portero: ninguno de los tres comandantes en jefe asistió a la conferencia del ministro de Defensa, cosa absolutamente in­usual.

La verdad era que, a esa misma hora, en los pisos inferiores del mismo edificio donde Letelier hablaba con los directores de diarios, los generales complotadores preparaban los últimos de­talles de la ocupación militar del país, a sangre y fuego, a partir de las próximas seis horas, para cumplir con la orden que el Pentágono norteamericano había dado diez meses antes, en no­viembre de 1972.




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