Estos mataron a Allende



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Los duros
Pero aun cuando los «cabeza de huevo» de la Academia de Guerra y del Servicio de Inteligencia Militar del Ejército se convirtieron en los «líderes intelectuales», no constituían la fuerza mayoritaria dentro de los altos mandos. Su poder residía, más que en el número, en su estrecho contacto con el Pentágono y su centro intelectual en Washington, la American University. Y ese contacto estrecho les había permitido, desde fines de 1970, construir una especie de memorándum con respecto a las líneas principales del Programa de Gobierno de la Unidad Po­pular, que sirvió para aglutinar a los diversos sectores políticos dentro de los mandos militares en torno a una «línea de con­ducta» cuyo esquema ya trazamos en las páginas anteriores.

Los puntos principales de ese memorándum eran los siguien­tes:

1) Las Fuerzas Armadas consideran «justo» que las rique­zas básicas del país estén en manos del Estado chileno, porque eso fortifica la economía nacional y, de paso, fortifica la capa cidad de equipamiento de las Fuerzas Armadas. (Este pensamiento llegó a un climax agudizado en julio de 1972, cuando el general Carlos Prats, por encargo de su cuerpo de generales, planteó a Salvador Allende que «la administra­ción de las compañías nacionalizadas del cobre debería estar principalmente en manos de técnicos militares, por considerar­se una industria estratégica», y que «de las entradas provenien­tes de la venta del cobre se debería estudiar un financiamiento autónomo para las Fuerzas Armadas». Ello, en los hechos, sig­nificaba que los militares chilenos quedarían como entidad al margen del Parlamento para su financiamiento, lo que los habría convertido en un Poder dentro de otro Poder. Allende, en aquella época, encontró «razonable la idea», pero no tuvo tiempo, al parecer, para volver sobre el tema)

2) Las Fuerzas Armadas están de acuerdo con la nacionali­zación de las minas de cobre, pero, al mismo tiempo, también están de acuerdo en que «a las empresas norteamericanas que las explotaron se les pague una indemnización razonable». (El 4 de noviembre de 1971, Salvador Allende puso énfasis en este aspecto, en su discurso de primer aniversario, cuando la «presión militar» pro «indemnización para la Anaconda y la Kennecott» era muy fuerte, después de ser nacionalizadas las minas en julio de ese mismo año. Dijo Allende: «Cuatro cifras para recordar al pueblo. Las compañías invirtieron a lo sumo 30 millones de dólares. En 50 años se han llevado 4.500 millones de dólares. A dos compañías hasta ahora, y si no resuelve en contra el Tribunal Especial, se les va a pagar indemnización, y si no resuelve otra cosa el Tribunal, no les pagaremos indemnización a la Anaconda, a la Kennecott ni al Salvador, pero las deudas que tienen las compañías son de 736 millones de dólares y lógicamente es previsible que tendremos que hacernos cargo de ellas. Por lo tanto, ESTAMOS PAGANDO UNA INDEMNIZACION INDIRECTA de 736 millones de dólares a las compañías del cobre que se llevaron en 50 años 4.500 millones de dólares». Este argumento, real y contundente, bajó la presión militar sobre el tema. Pero de todos modos hizo subir la deu­da externa de Chile, de un golpe, de más de 3.000 millones de dólares a más de 4.000, lo cual puso a la economía chilena toda­vía más en manos de los consorcios financieros norteamerica­nos.)

3) Las Fuerzas Armadas consideran necesario que se haga una reforma agraria que permita el desarrollo capitalista del campo, liquidando parte del poder de los latifundistas sobre la sociedad chilena. Esta reforma agraria debe servir de apoyo a la industrialización del país, como nuevo mercado y como pro­ductora de materias primas industriales. (Esta tesis, sacada de la Alianza para el Progreso, del asesinado presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, que ya había provocado la ira de los latifundistas con la po­lítica agraria del Gobierno de Eduardo Frei, provocó una cam­paña iracunda de sus organizaciones contra los generales chi­lenos, a quienes acusaban de «gallinas», por permitir que Allen­de gobernara).

4) Las Fuerzas Armadas estiman que es «justo» que las ins­tituciones de crédito (bancos) nacionales estén controlados o en manos del Estado chileno, para «ordenar» mejor el «creci­miento económico democrático» del país, el cual históricamen­te ha sido entrabado por los intereses particulares de algunos


sectores poderosos de la empresa privada monopólica. Los cua­les, con su actitud «recalcitrante», han puesto o están poniendo en peligro «la estabilidad de todo el sistema económico y social» en que se basa la sociedad chilena.

5) Las Fuerzas Armadas estiman necesario que los consor­cios norteamericanos de la banca, la industria y el comercio («los más adelantados del mundo y los más eficientes»), par­ticipen, bajo un «reglamento claro y preciso que resguarde nuestra soberanía nacional», en el desarrollo industrial chileno y en la capacidad de capitalización de la economía nacional, porque «sin ese capital y tecnología de los Estados Unidos, NO PODREMOS SALIR DEL SUBDESARROLLO». (En mayo de 1971, en la reunión en Lima de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, el ministro de Hacienda de Chile y miembro de la Comisión Polí­tica del Partido Comunista chileno, Américo Zorrilla, planteaba la misma tesis, diciendo: «En el marco del proceso revoluciona­rio chileno, desempeñan su rol tanto el financiamiento externo como las inversiones de capitales extranjeros... orientados hacia los fines prioritarios que señalen las necesidades de nuestra eco­nomía... Para estas inversiones extranjeras está abierto el ancho campo de las áreas mixta y de propiedad privada, previo el acuerdo con el Estado que asegure tanto los legítimos intere­ses de aquéllas, como su debida orientación en beneficio del desarrollo del país». Tanto la tesis militar chilena como las pa­labras del ministro de Hacienda, tenían coherencia con el planteamiento del Informe sobre América Latina, de Nelson Rockefeller, en el que se decía: «Creemos que Estados Unidos debe encaminarse cada vez más hacia una relación de AUTÉNTICA ASOCIACIÓN» en sociedades mixtas con los latinoamericanos, en las cuales «la inversión privada extranjera pueda proveer conocimientos técnicos esenciales y capital».)

6) Las Fuerzas Armadas creen que todos estos cambios de­ben hacerse dentro de «nuestro sistema institucional, con res­pecto a la democracia formal y en solidaridad con el bloque oc­cidental de naciones».

Sobre estos seis puntos planteados por los «cabeza de hue­vo» (que de aquí en adelante llamaremos generales «reformis­tas», para diferenciarlos de los otros grupos de generales que definiremos enseguida), los altos mandos militares consiguieron un criterio uniforme para afrontar el «fenómeno» que repre­sentaba la Unidad Popular. Sobre estos mismos puntos, el pre­sidente Allende y parte de las directivas de la Unidad Popular consiguieron una especie de «entendimiento cordial» con las Fuerzas Armadas, y éstas, a su vez, influyeron en las directi­vas de la Democracia Cristiana y el Partido Nacional. Incluso las agrupaciones empresariales monopólicas privadas, como la Sociedad de Fomento Fabril y la Sociedad Nacional de Agricul­tura, aceptaron el criterio de «esperar y ver» de los generales «reformistas» y del Pentágono, bajo la línea general de que «Allende nos puede servir para apagar el incendio».

Un incidente ocurrido en agosto de 1971 señala cómo, du­rante los primeros nueve meses de ese año, el Gobierno de la Unidad Popular, reducido su programa a lo que las Fuerzas Armadas y el Pentágono querían, tenía el apoyo condicionado incluso de sus enemigos políticos. En aquella fecha, el Eximbank, organismo financiero del Gobierno de los Estados Uni­dos, cediendo a las presiones de la Anaconda y la Kennecott, negó a Chile un préstamo de 21 millones de dólares para com­pra de aviones Boeing de pasajeros para la Línea Aérea Nacio­nal (LAN), con el fin de «presionar por indemnización para las empresas del cobre».

El diario «El Mercurio» del día 17 de agosto de ese año, al comentar esta medida del Eximbank, escribía: «Esta política norteamericana hace peligrar las relaciones interamericanas y constituye la repetición de antiguos errores históricos que se suponían comprendidos».

El propio Partido Nacional, expresión política de la oligar­quía agrícola, industrial y comercial, el 16 de agosto emitía una declaración de airada protesta: «Actitudes y declaraciones como las que señalamos sólo contribuyen a entorpecer las relacio­nes internacionales y a dificultar la solución de los problemas» y «demuestran una lamentable falta de tino y de conocimiento de la realidad chilena».

Sin embargo, fue el diario oficial de la Democracia Cristiana «La Prensa», en su página editorial del 16 de agosto de 1971, la publicación que más claramente planteó el problema:

«La decisión de la que aparece como responsable el presi­dente del Eximbank tiene toda la torpeza de una provocación... Así el Gobierno norteamericano aparece una vez más, y pre­maturamente, identificado con intereses privados, olvidando un interés político superior... No es un misterio para nadie —y las misiones de vario orden que tiene Estados Unidos en Chi­le deben haberlo informado así a su Gobierno— que en el (Gobierno) de nuestro país, por el momento al menos, coe­xisten dos tendencias. Hay la de un sector que desea condu­cir la revolución chilena dentro del respeto a la Constitución, sin violencia en el plano interno y sin crisis internacional. Hay otro sector que desea provocar una ruptura violenta que, nece­sariamente, ha de proyectarse también en el plano internacio­nal. Son éstos los que piden o anuncian, de partida, que las em­presas expropiadas no deben ser indemnizadas... El Eximbank ha comenzado a hacerle el juego a esta tendencia, que no quiere nada más que provocar, precisamente, tales reacciones... En po­cas ocasiones, si las hay, SE HA OPERADO EN AMÉRICA LA­TINA UNA NACIONALIZACIÓN CON MÁS FORMALIDAD LE­GAL —y hasta constitucional— Y MAS GARANTÍAS PARA LAS EMPRESAS NORTEAMERICANAS AFECTADAS».

En verdad, los representantes políticos de la oligarquía agrí­cola (ya en decadencia a partir de Frei en 1967 con la reforma agraria), comercial, financiera e industrial chilena, sabían per­fectamente de qué estaban hablando cuando, en agosto de 1971, reprochaban al gobierno de Nixon haberse dejado llevar por las presiones de los consorcios Anaconda y Kennecott. La propia organización de la oligarquía industrial chilena, Sociedad de Fomento Fabril, el mismo 16 de agosto, escribió una airada carta al presidente del Eximbank, en la cual le explicaba que «Chile vive un proceso de profundas transformaciones econó­mico-sociales que afectan radicalmente su estructura econó­mica y, en consecuencia, la situación de sus empresarios. Frente a él, nuestra institución gremial— la más antigua de las Américas— se encuentra empeñada en MINIMIZAR EL COSTO ECO­NÓMICO DE LAS TRANSFORMACIONES QUE SE VIVEN y en garantizar plenamente que él se desenvuelva en un marco de libertad y democracia y con pleno respeto a las garantías fundamentales». Por eso, frente a la negativa de préstamos por parte del Eximbank, «como empresarios privados y sobre todo por respeto a nuestra noble tradición democrática, no podemos aceptar que se subordinen resoluciones de esta índole, condi­cionándolas a decisiones que pueda adoptar nuestro Gobierno dentro del régimen jurídico que democráticamente se ha dado al país». Seguidamente, la Sociedad de Fomento Fabril le pide al Eximbank que revoque la postergación del préstamo a LAN-Chile.


Fuerza y debilidad
Cuando el Pentágono decidió en octubre de 1970 dar luz ver­de a la «experiencia de Allende» para «esperar y ver» si se le podía manejar como «bombero del incendio popular», los ge­nerales «reformistas» estuvieron de acuerdo y, en consultas con los sectores industriales y comerciales chilenos, estimaron que, si no se asfixiaba desde el exterior el experimento, «este puede resultar» y «la reforma de las estructuras hacia un capitalismo de Estado más sólido» puede «calmar la insurrección popular».

El Gobierno de Allende había iniciado una política de «reac­tivación económica» para 1971, que se basaba fundamentalmen­te en la utilización de toda la capacidad productiva y en el au­mento de la demanda interna por medio de sustanciales reajustes de sueldos y salarios bajos, con un control de precios que, en una estructura monopólica como la chilena, afectaba en rea­lidad menos a la oligarquía que a las empresas medianas y pequeñas. Esta reactivación económica hizo que en 1971, los índi­ces de crecimiento económico del país llegaran a 8,3 %, lo cual constituía un récord. Pero, ese era el tope de la reactivación. Si en ese momento no había acumulación de capital, el sistema se desmoronaría y, al desmoronarse, la enorme presión popular podría desbordarse más allá de los límites «razonables» establecidos por los dueños de Chile.

Por otra parte, la presión de los generales «reformistas» sobre Allende había logrado que la viga maestra del programa de la Unidad Popular (el traspaso de todos los monopolios en manos privadas chilenas o extranjeras) se redujera a una ex­presión mínima. En efecto, para realmente expropiar los mono­polios, se necesitaba traspasar al Estado, de un total de poco más de 35.000 establecimientos industriales y de distribución en todo el país, una cantidad un poco superior a 266 empresas de carácter monopólico. Allende prometió traspasar sólo 90 de ellas, dejando así en manos de la oligarquía y de los norteame­ricanos más del 50 % del capital monopólico. Más todavía: de esas 90 empresas monopólicas, sólo 53 iban a pasar a ser de dominio total del Estado, mientras las 37 restantes quedarían en la llamada «área mixta», en sociedad con esos mismos capita­les monopólicos en manos privadas yanquis y chilenas.

Además, Allende había accedido a expropiar dentro de la «Constitución y las leyes» con lo cual el costo de la formación del área de propiedad social era gigantesco, traspasando a ma­nos de los «expropiados» enormes cantidades de capital que les permitía seguir manteniendo un sustancial poder económico y de maniobra. Ya para agosto de 1971, las cifras eran elocuen­tes: un total comprometido de 10.946 millones de escudos (890 millones de dólares) para ese año. El detalle era el siguiente:

Compra de acciones de bancos comerciales…… 400 millones

Pago al contado por la expropiación de latifundios 320 millones

Compra de empresas industriales monopólicas……600 millones

Compra de tres bancos extranjeros……………… 120 millones

Hierro, salitre y consorcios industriales yanquis 576 millones

Indemniz. «indirecta» a Anaconda y Kennecott…8.830 millones

Por supuesto, todo esto provocaba una debilidad potencial en el plan económico del Gobierno que, en agosto de 1971, tenía confiados a los oligarcas chilenos en poder manejar «la situa­ción» y mantener a Allende dentro del «cambio reformista» para «evitar la revolución». Pero, para conseguir que este es­quema caminara, era importante que Estados Unidos no apa­reciera como lo que realmente era: el enemigo principal del pueblo chileno. Era importante que no se asfixiara la economía nacional, dependiente en lo principal del capital norteamerica­no, para permitir un «relativo nivel económico» que no alen­tara a los obreros, campesinos y empleados a «seguir adelante en el proceso de transformaciones». Pero el Pentágono no había sido capaz de convencer a los asesores económicos de Nixon de mantener una «actitud prudente y flexible con respecto a Allen­de», y eran la Anaconda y la Kennecott las que estaban mane­jando a Nixon.

En este momento del desarrollo de la lucha de clases en Chile, es cuando comienzan a surgir dudas en el seno de los altos mandos militares. Aun cuando hacía apenas dos meses que la enorme presión popular había obligado a la mayoría reaccionaria en el Parlamento a plegarse a la minoría de iz­quierdas y aprobar por unanimidad la nacionalización de las compañías norteamericanas que explotaban el cobre, el senti­miento de «antiimperialismo en la base» no había desaparecido; al revés, aumentaba con los días.

Un grupo de generales, principalmente en el Ejército, diri­gidos por Óscar Bonilla (ex edecán del presidente Eduardo Frei y muy ligado políticamente al grupo de Frei en la Democra­cia Cristiana); Manuel Torres de la Cruz, ultracatólico y una especie de «padre» del actual fascismo chileno, jefe de la Quinta División en el extremo sur; Carlos Forrestier, jefe de la Divi­sión Blindada del norte; Hernán Hiriart, jefe de la División de Caballería con asiento en Valdivia, al sur; Ervaldo Rodríguez Lasa, jefe de la Tercera División, con asiento en Concep­ción; Alfredo Canales Márquez y Ernesto Baeza Michelsen, comenazaron a expresar opiniones contrarias a la tesis de «esperar y ver» de los generales «reformistas».

A este grupo de generales se les llamó los «duros». Ellos decían que los «reformistas» estaban equivocados en su apre­ciación de poder manejar a Salvador Allende, porque éste iría donde «el populacho lo arrastrara». Agregaban que la tarea prin­cipal del Ejército y demás Fuerzas Armadas, era convencer al Pentágono de la necesidad de derrocar a Salvador Allende y «reinstaurar un Gobierno democrático como el de Eduardo Frei».

Manuel Torres de la Cruz, por ejemplo, explicaba que «Allen­de será incapaz de frenar los deseos de destrucción de los ele­mentos marxistas» y hará todo lo posible por engañarnos y ganar tiempo para estar en situación de «virar el país como un calcetín». (Resulta grotesco este argumento de Manuel Torres de la Cruz, si consideramos que aparecía como «general allendista», amigo personal» del Presidente de la República, y al mismo tiempo era el que más opinión formaba entre sus man­dos para derrocar a Allende.)

Los «duros» decían que debía montarse un «esquema de acción» parecido al de septiembre-octubre de 1970, ya abortado por las razones que vimos en este mismo capítulo. El esquema era el de nombrar una Junta Militar transitoria, presidida por Torres de la Cruz, para que «en un plazo de seis meses» llamase a nuevas elecciones presidenciales, con «Eduardo Frei como candidato».

Durante la segunda mitad de 1971 y los primeros ocho me­ses de 1972, la influencia de la tesis de los «duros» no tuvo gran peso en el seno del Ejército, aun cuando contaba con las simpatías del entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea, César Ruiz Danyau, y de los generales Gustavo Leigh, César Berdichewsky y Carlos Van Schowen, así como del jefe de la Primera Zona Naval de Valparaíso, vicealmirante José Toribio Merino, y sus colegas Pablo Weber y Horacio Justianiano (los tres en estrecho contacto con la US Navy). Justiniano, entre­tanto, cumplía a cabalidad con su papel de «allendista», apare­ciendo ante Salvador Allende como «hombre progresista», «ad­mirador de la Unión Soviética» y con una «lealtad a toda prue­ba».

Este grupo de los generales «duros» contaba con una carac­terística que los generales «reformistas» no tenían: su estrecho contacto con figuras políticas como Eduardo Frei, de la Demo­cracia Cristiana, y Patricio Phillips, Pedro Ibáñez y Francisco Bunes, del Partido Nacional.




Los constitucionalistas
El equilibrio y la marginación de la lucha política visible de las Fuerzas Armadas lo mantenían un grupo de generales encabezados por el propio comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats González. Sus figuras más conocidas estaban en el jefe de la Primera División, Joaquín Lagos Osorio; el jefe del Estado Mayor, general Augusto Pinochet Ugarte; el general Héctor Bravo Muñoz (que después sería enviado a la División de Caballería en reemplazo de Hernán Hiriart, cuando éste intentó una insurrección militar en marzo de 1972 y fue dado de baja); y los generales Javier Palacios Ruhman y Carlos Araya.

Carlos Prats era el vocero de los «constitucionalistas», cuya línea general de conducta era «apoyemos a Allende para que él nos apoye a nosotros». «Consigamos con Allende transformar nuestras Fuerzas Armadas en una institución de preparación inmejorable, de una situación económica elevada y de una capacidad efectiva.» Carlos Prats planteaba la tesis de que «debemos trabajar para formar "un Gobierno Allende-Fuerzas Armadas» que se base en la división de responsabilidades: Allende maneja a las masas de los trabajadores, y nosotros manejamos el país para que prospere. Tenemos que ayudar a Allende a golpear tan­to a «los extremistas de derecha como a los de izquierda».

La tesis de Carlos Prats, hasta octubre de 1972, o más certera­mente hasta marzo de 1973, fue la que tuvo mayor aceptación en los mandos altos, medios y bajos del Ejército y en los medios y bajos de la Fuerza Aérea y la Marina. En el cuerpo de Cara­bineros, el general director José María Sepúlveda Galindo era un adherente entusiasta a este modo de pensar.

Precisamente por su moderación, y porque permitía hacer el juego de «esperar y ver», los generales «reformistas» agrupa­dos en la Academia de Guerra, y en estrecho contacto con el Pentágono, se mantuvieron como apoyo constante a Carlos Prats hasta que la situación de «estampida» de las organizaciones de obreros, campesinos y empleados (en 1973) pusieron en peligro todo el sistema, haciendo surgir la necesidad de no sólo derrocar a Allende, sino de destruir la democracia burguesa para reem­plazarla por el fascismo.

En suma, el comandante en jefe del Ejército dirigía a un grupo de altos mandos para llegar a la meta de un Gobierno Allende-FF.AA., con la participación de la Democracia Cristiana y con la exclusión de los sectores «extremistas» de los partidos comunista y socialista. Éste era el grupo de los «constituciona­listas».

Otro grupo de generales, el de los «reformistas», tenía la meta de «prepararse lo suficiente» para estar en condiciones de go­bernar al país y formar un Gobierno puramente militar o con Allende solo, sin los partidos de la Unidad Popular. Ambos gru­pos de generales pensaban que, en todo caso, al llegar al Go­bierno, no podían destruir todo lo ya andado en el cambio de estructuras económicas, y se debía seguir con el desarrollo del capitalismo de Estado.

Un tercer grupo, el de los «duros», a quienes se les llamaba también fascistas, propiciaba el derrocamiento inmediato de Allende, la instauración de un Gobierno militar muy breve, de sólo seis meses, y la entrega posterior de la presidencia de la República a un político del estilo de Eduardo Frei.

Todo esto ocurría desde el 4 de septiembre de 1970 hasta noviembre-diciembre de 1972, donde el desarrollo de las ideas en el seno de los altos mandos tomó un camino más definido. Esto refleja cómo, en ningún momento durante su mandato, el presi­dente Allende contó con la llamada «lealtad» de las Fuerzas Armadas y Carabineros.



Notas
1) El lector encontrará un relato del intento cinco en el primer capítulo de
este libro. Del intento uno en el segundo capítulo. De las insurrecciones militares
dos y tres en el tercer capítulo. Y de los intentos cuatro, cinco y seis en el quinto
capítulo. De la insurrección militar número siete, la del 11 de septiembre, por supuesto, están los detalles en todo el libro, especialmente en el primero, cuarto,
quinto y sexto capítulos.
2) Gran cantidad de documentación probatoria de las remuneraciones ilícitas
recibidas por Gabriel González Videla de parte de los consorcios norteamericanos
aparecieron en la revista chilena «Vistazo», de noviembre y diciembre de 1962 y julio de 1964; y en mis artículos La penetración imperialista en Chile, en «Causa ML» números 1 al 9 y La historia sucia de los políticos demócratas, en el diario «Puro Chile», del 15 de marzo al 7 de abril de 1973. Lo mismo ocurrió con el caso de Rodolfo Michels, lo cual fue tan escandaloso que, en 1964, fue expulsado del Par­tido Radical al ganar la directiva de esa agrupación política la corriente de izquierda que más tarde apoyaría la candidatura de Salvador Allende. La expulsión fue por «mantener relaciones ilícitas con la compañía extranjera Anaconda». Sin embargo, la corriente de derecha del partido radical recuperó un año más tarde la dirección, y las relaciones con la Anaconda se reiniciaron.
3) Cuando en julio de 1971 se nacionalizaron las minas de cobre en Chile, Robert Haldeman huyó del país precipitadamente (estaba acusado de fraude tributario). En sus oficinas de Santiago de las minas de El Teniente, se encontraron documentos que probaban conversaciones, sobornos, acuerdos contra la propiedad estatal y «compras» de votación en el Parlamento chileno. Eran unas 70.000 carillas de documentos. La revista «Mayoría», de diciembre 1971 a enero de 1972, publicó copias de 100 de esos documentos, que reproducían las conversaciones de Frei con Haldeman en 1973, el informe de Haldeman a su Gobierno sobre Frei y documen­tos de sobornos a periodistas, parlamentarios y políticos por hacer propaganda a favor de las compañías norteamericanas en su trato tributario en Chile. El senador derechista Raúl Morales Adriazola fue enjuiciado por esto; pero la Corte de Apelaciones, aunque estableció que la documentación era verdadera, se declaró incompetente para juzgar a Morales Adriazola porque tenía fuero parlamentario... ¡y se negó a pedir el desafuero del senador para juzgarlo! Los periodistas sobornados eran en su mayoría democratacristianos, encabezados por Carlos Sepúlveda, actual presidente del Colegio profesional chileno. Respecto a Guillermo Correa Fuenzalida, ver mayores detalles en La Historia yanqui de un Presidente chileno, serie publicada en «Puro Chile», desde el 17 al 28 de febrero de 1973.
4) La denuncia concreta, procedente de EE.UU. sobre el fondo de 20 millones de dólares para financiar la campaña presidencial de Eduardo Frei en 1964, vino en el diario «The Washington Post» del día 6 de abril de 1973. Al citar un testigo, el diario dice que afirmó: «La intervención del Gobierno de los EE.UU. fue escan­dalosa y casi obscena.» Relató cómo 100 hombres de la CÍA entraron en Chile para poner en práctica la campaña financiada por los 20 millones de dólares. Los par­tidos políticos de Izquierda PS y MAPU, después de esta noticia, recopilaron la publicación La historia yanqui de un Presidente de Chile, sobre las relaciones entre Frei y los consorcios norteamericanos, la revista «Causa ML», número 5, en que se denunciaba lo mismo, y la publicación «punto Final» del 8 de junio de 1973, Acta de acusación contra Eduardo Frei, para presentar una acusación constitucional contra el senador Frei, en el Parlamento chileno, por «prestar servicios a una potencia extranjera durante su gestión presidencial». La acusación, por supuesto, fue recha­zada por la mayoría senatorial reaccionaria, pero los cargos eran tan verdaderos y documentados, que Eduardo Frei no pudo querellarse contra esas publicaciones. Las denuncias, además, contenían facsímiles de las cartas enviadas por David Rockefeller a Frei, y sus «instrucciones económicas» (publicadas previamente en revista «Mayoría», enero de 1972) junto a la designación de Raúl Sáez. He aquí al­gunos párrafos: «...entrevista del 12 de noviembre de 1963, entre Robert Haldeman, vicepresidente de la Braden, y Frei en la casa de José Claro Vial (yerno de Ga­briel González Videla) a petición de Frei. Dijo Frei: "Estoy seguro que si yo soy presidente, no habrá problema en REBAJAR los altos impuestos actuales —ya sea por convenio, ley o contrato ley—... Aquí, en Chile, me siento más cerca de Braden que de la Anaconda... El señor Milliekn (de la Kennecott) es un hombre duro y seco. No pongo en duda su gran inteligencia, pero no tiene el calor humano y cordialidad que tenía mister Roy Glover (jefe mundial de la Anaconda), con quien hice muy buena amistad Y SIEMPRE ME AGRADECIÓ por haber votado a favor de la Ley de Nuevo Trato” Texto según versión del memorándum del fun­cionario de la Kennecott Manuel Illanes (periodista chileno), encontrado en las ofi­cinas de El Teniente, en Santiago, después de la nacionalización» Otra cita: «En agosto de 1968, la publicación de EE.UU. llamada "Hansons's Latinamerican Letter" afirmaba, en su estudio sobre el Gobierno de Frei: "Ningún Gobierno de extrema derecha había tratado a las empresas norteamericanas con la generosidad con que lo hizo éste con los acuerdos que firmó. Su tratamiento excesivamente fa­vorecedor, fue tan falto de equilibrio y de juicio y tan perjudicial para los inte­reses de Chile, que casi provocó hilaridad en Washington"»
5) La relación entre el Plan Camelot (para un detalle de él ver Espionaje en
América Latina,
de Gregorio Selser) y la investigación de Roy Hansen, quedó demostrada en las sesiones de la Cámara de Diputados de Chile, de junio a diciembre de 1965, convocadas por las revelaciones que sobre ese proyecto de espio­naje hicieron los diarios "El Siglo", mayo, junio y julio de 1965; el reportero.
Miroslav Popic y yo mismo, en Radio Portales de Santiago, en el programa dominical periodístico La Gran Encuesta, de junio y julio de ese mismo año. Como
se demostró en las declaraciones de Juan de Dios Carmona, ministro de Defensa de Eduardo Frei en la época del escándalo, a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, el Ministerio de Defensa tenía conocimiento de la investigación de Hansen y la autorizó «porque no la consideró espionaje». El propio investigador Hansen escribe en su memoria que «los datos fueron recogidos du­rante una serie de tres viajes (totalizando quince semanas) a Chile entre 1964 y 1965. Se entrevistó a doscientos civiles chilenos, hubo entrevistas intensivas con treinta y ocho generales y se distribuyó un cuestionario a oficiales activos de la Academia de Guerra y la Escuela Politécnica». Agrega que sus viajes fueron entre diciembre de 1964 y junio de 1965, y que tuvo acceso a documentación de la Biblioteca del Estado Mayor del Ejército de Chile. Por su parte, la introducción del Plan Camelot en Chile estuvo a cargo del sociólogo Hugo Nuttini, quien también comenzó por conectarse con Alvaro y Ximena Bunster, para iniciar los contactos con el fin de formar un equipo de trabajo. Pero una denuncia del sociólogo noruego Johan Galtung puso en alerta a los periodistas de izquierda y vino el escándalo a partir de mayo de 1965. Para un detalle de estos sucesos, ver mi libro ¿Golpe de Estado contra Frei?
6) En agosto de 1968, en el número 2 de la revista «Causa ML», en mi artículo La penetración norteamericana en las Fuerzas Armadas Chilenas, hice las primeras denuncias documentadas sobre la introducción de cursos antimarxistas en la Escuela Bernardo O'Higgins. También las hizo la revista «Punto Final», en 1969 y 1970. Por otro lado, a partir de la violenta campaña presidencial de 1964, la expresión «occidental y cristiano», comenzó a ser usada por los derechistas como opo­sición al «mundo oriental y ateo», definiendo la lucha del capitalismo contra el comunismo. A partir de entonces, la expresión mundo «occidental y cristiano» pasó a tener el significado de mundo «no socialista», perdiendo la connotación religiosa de la expresión «cristiano». Discursos, libros y tesis docentes de la derecha y las Fuerzas Armadas traen esa expresión desde aquella época. La inauguración de los viajes del último curso de la Escuela Militar a la Zona del Canal, en 1968, se hizo en forma pública, con un discurso alusivo del entonces director de esa escuela, René Schneider Chereau. Respecto a la orientación global anticomunista de la enseñanza militar chilena, ver Las FF.AA. de Chile en la vida nacional, del teniente coronel Alberto Polloni.
7) Para un examen detallado de las reuniones conspirativas de los personajes
políticos civiles y militares en la conspiración de octubre de 1970, ver El Caso
Schneider. Operación Alfa; Chile al rojo,
de Eduardo Labarca; Chile: ¿una economía de transición?, de Sergio Ramos; colección del diario «Puro Chile», de noviembre de 1970; y reproducción del informe del fiscal del proceso, en el diario «El Siglo» de 5 de junio de 1971. Para la participación del general Schneider en el complot, denunciándolo de manera lateral, porque las condiciones políticas del momento no permitían destruir la imagen constitucionalista de Schneider, ver la revista «Causa ML», número 20, de enero-febrero de 1971, y el diario «El Pueblo», de febrero, marzo y abril de 1971 (en estas crónicas se denunciaba también la intromisión del Pentágono en el asunto). Como documento anexo al hecho de las maquinaciones de la ITT y la CÍA, ver Documentos Secretos de la ITT. La validez de las denuncias se prueba por el hecho de que nunca los afectados pudieron querellarse contra los autores de los reportajes y libros, aun cuando intentaron hacerlo.
8) La prueba más espectacular de la participación de Eduardo Frei en el complot fue dada por el propio general en retiro Roberto Viaux Marambio al confesárselo, en la cárcel, a la periodista Florencia Varas, la cual lo publicó en el libro Conversaciones con Viaux. De acuerdo a lo allí establecido, y en investi­gaciones posteriores al escándalo provocado por esta confesión (ése fue uno de los cargos principales para la acusación contra Eduardo Frei en el Parlamento chileno en 1973, cuando ese político era presidente del Senado), se descubrió que los magnates Arturo Matte Larrain (del clan económico Matte-AIessandri) y Guillermo Carey Tagle, abogado de la Kennecott Copper, eran los contactos entre Frei y el resto de los conspiradores, incluyendo a los norteamericanos. Viaux explicó a la periodista Varas detalladamente cómo Frei participó en la conspiración, pero pidió no ser asociado a ella públicamente. El general en retiro afirmó que parece que las vacilaciones de Frei llevaron a los norteamericanos a retirar repentinamen­te su apoyo al golpe.
9) Resulta trágico recordar ahora que Allende siempre insistió en su tesis de que su gobierno no era socialista, sino que preparaba las condiciones para cami­nar hacia el socialismo sin violencia y sin destrucción previas. Basándose en esa
tesis, durante los tres años de su Gobierno trató de convencer a sus enemigos
políticos de que si no se hacían las reformas del programa de la Unidad Popular, la violencia social estallaría irremediablemente, motorizada por los sectores más
desposeídos. Sin embargo, la cortina publicitaria de la derecha y de los Esta­dos Unidos cubrió este verdadero pensamiento de Allende, y transformó a su Gobierno en «socialista», e incluso en «marxista», sin dar ninguna prueba de ello más que la reiteración publicitaria. Los discursos y entrevistas de prensa de Allende están repletos de referencias a su programa no socialista y a su tesis de que sus reformas eran la única forma de impedir el desmoronamiento del siste­ma social en que Chile vivía. Citemos sólo tres ejemplos.

Discurso de Allende el día primero de mayo de 1972, ante centenares de miles de trabajadores: «En primer lugar, claridad, entender bien, saber a dónde vamos, qué meta debemos alcanzar en esta etapa. Yo he dicho honestamente: el Gobierno que presido no es un Gobierno socialista. El Programa de la Unidad Popular no es un programa socialista. Pero el Gobierno y el Programa inician la construc­ción socialista». (Citado de Salvador Allende, La Revolución Chilena. Ediciones Eudeba, Buenos Aires, 1973, p. 146.)

«Nuestra resuelta ejecución de medidas revolucionarias incide sobre las cau­sas de las tensiones sociales y hace posible, por ende, el orden público. En el Chile de hoy, la revolución social es garantía para el mantenimiento del orden público». (Citado del Segundo Mensaje al Congreso Nacional, 21 de mayo de 1972, publicado por la Editorial de Prisiones con esa misma fecha.)

«No nos pongan obstáculos. Lo peor sería que fracasáramos no porque sea­mos incapaces, sino porque se pongan obstáculos artificiales en nuestro camino. Si eso sucediera, al pueblo latinoamericano no le quedaría otra alternativa que la violencia. Si eso sucediera, llegaría el día en que ningún norteamericano pueda poner los pies en Sudamérica sin correr peligro». (Citado de una en­trevista a Allende en la revista norteamericana «TIME», del 19 de abril de 1971.)



El lector encontrará más citas de Allende respecto a esto mismo en el capi­tulo quinto de este libro. Respecto al carácter «capitalista de Estado», de las re­formas económicas del Programa de la Unidad Popular, ver Chile, ¿una economía de transición?, ya citado; y Dos Años de política económica, de Pedro Vuskovic (ministro de Economía de Allende), publicado en revista «UTE», números 11 y 12, enero-febrero de 1973. Una versión de la conversación de Allende con los gene­rales fue dada por Luis Hernández Parker, en la audición Tribuna Política, 20 de octubre de 1970, en Radio Portales de Santiago.
10) Una versión de la charla dada por el general Schneider en la Academia fue conocida en la noche del día 15 de octubre en el seno del Comando de la Candidatura del senador Salvador Allende, lo que provocó una serie de artículos sobre el tema «constitucionalidad de las Fuerzas Armadas», los días 17, 18 y 19 de octubre de 1970 en los diarios «Ultima Hora», «El Siglo» y «Puro Chile», reiterando algunos de los conceptos vertidos por Schneider para de­mostrar que Allende sería elegido en el Congreso Pleno porque las Fuerzas Armadas no le tenían miedo al Programa de la Unidad Popular. Por su parte, el abogado Guillermo Carey Tagle (de la Kennecott) y el general de aviación Joaquín García, mezclados en el complot (ver Chile al Rojo, ya citado), co­mentaron en una reunión de amigos (en casa del senador Raúl Morales Adriazola), la noche del 18 de octubre, la charla de Schneider. Allí surgió por primera vez el nombre del coronel Thomas H. Jones, jefe de la Sección Ejército de la Misión Militar de Estados Unidos en Chile, como el «causante» de la charla de Schneider que echaba por tierra las esperanzas de victoria en el com­plot montado por los generales conspiradores de septiembre-octubre de 1970.
Jones había llegado a mediados de 1968 a Chile, y había sido constante acompañante de Schneider en las programaciones docentes de la Escuela Militar
Bernardo O'Higgins. La revista «PEC», de la última semana de octubre de 1970,
por su parte, denunció concretamente a los «militares norteamericanos» como los causantes de la asunción a la Presidencia de Salvador Allende («PEC» era una revista de ultraderecha). Informaciones posteriores mostraron que el co­ronel Jones, junto con el agregado militar a la Embajada de los Estados Unidos, coronel Paul M. Wimert, habían estado estrechamente ligados a Schneider en esas semanas, manteniendo reuniones con otros mandos militares del Ejército y la Fuerza Aérea, principalmente, para explicarles la falta de oportunidad de impedir que Allende fuera Presidente. Con una escasa diferencia de tres días, los coroneles Jones y Wimert, fueron sacados de la Embajada de Estados Uni­dos en julio de 1971. Esto ocurrió después que desde el 14 de enero hasta el 25 de mayo de 1971, en un desusado ritmo de visitas, un almirante y un con­tralmirante de la Marina de EE.UU., un general de Ejército de los EE.UU. y un general del Aire del mismo país, visitaron los altos mandos militares chilenos, un pro­medio de cuatro días cada uno, al mismo tiempo que, entre diciembre y mayo de 1971, Allende se reunía catorce veces con los altos mandos militares chile­nos en reuniones que el propio Allende calificó a los reporteros de diarios y radios como destinadas «a tratar del futuro de esas instituciones nacionales».
11) En noviembre de 1970, en las primeras instrucciones para los jefes de periódicos y medios informativos de la Unidad Popular, el presidente Allende les dijo (de lo cual el autor de este libro es testigo directo) que «el trágico suceso del crimen contra el general Schneider es de una delicadeza política tal, que nuestra responsabilidad política, de revolucionarios, es tratarlo como mejor convenga a los intereses del proceso que encabezamos». Y en seguida planteó a los responsables periodísticos que debían atenerse a las informaciones oficiales del fiscal militar encargado del proceso, en referencia a todo lo que tuviera que ver con personal uniformado supuestamente involucrado. Instruc­ciones posteriores más detalladas de los funcionarios subalternos de la Pre­sidencia, añadieron que el suceso debía enfocarse como «aventura personal y aislada» de algunos generales. Allende había insistido, ante los periodistas res­ponsables de la Unidad Popular que había que cuidar que las Fuerzas Armadas no se quebraran porque así su Gobierno conseguiría una mayor tranquilidad con respecto «a ese flanco» (éstas fueron sus palabras textuales). En verdad, el mo­mento era muy peligroso porque estaban involucradas las guarniciones de Santiago y de Concepción, y los comandantes en jefe de la Marina, la Aviación y Carabineros. Es notable el hecho de que el comandante en jefe de la Tercera División, en esa época, fuera el general Eduardo Amagada Lasa (que tenía como su jefe de Estado Mayor al coronel Washington Carrasco. Este coronel, más tarde general, sería nombrado en la Tercera División como reemplazante de Arriagada Lasa durante la Administración Allende… ¡y se convertiría en uno de los principales integrantes de generales conspiradores encabezando la insurrección militar del 11 de sep­tiembre de 1973! En diciembre de 1971, el diario «La Tribuna», de Santiago, men­cionó el acuerdo Prats-Allende, en comentarios sin firma.
3
El complot de los patrones

El paro de octubre pasado ha sido el intento de mayor envergadura para impedir la consolidación y el avance de los trabajadores en la dirección del país. Sus efectos inmediatos produjeron una pér­dida superior a los doscientos millones de dólares.



(Tercer mensaje presidencial al Parlamento, de Salvador Allende, 21 de mayo de 1973)

El 15 de agosto de 1971, el diario «La Nación» de Santiago traía una entrevista con un obrero de la industria textil Yarur S.A., una de las empresas monopólicas de esa rama, corazón del imperio, oligárquico de los Yarur, grupo dueño del Banco de Crédito e Inversiones; industrias químicas, textiles y de alimen­tos; y empresas de distribución y de finanzas, en sociedad con el grupo norteamericano Rockefeller a través del Chase Manhat­tan Bank. La industria había sido requisada por el Gobierno para cumplir «la meta anual» en ese aspecto, que señalaba la expropiación de las empresas del cobre, hierro, salitre, de la banca privada y de la industria textil y del cemento, además de algunas empresas de distribución. La Contraloría General de la República, bajo presión del grupo Yarur y del Chase Manhattan Bank, había dicho que «la requisición es ilegal».

Pues bien, el obrero de la industria Yarur S.A. respondía lo siguiente:

«No nos importa si la requisición es legal o no, nosotros no entregaremos la industria. Ni la Contraloría ni la Corte Suprema nos harán volver atrás. Los trabajadores tenemos conciencia de lo que estamos haciendo y no estamos dispuestos a seguir siendo explotados. Una cosa es lo que puedan decir los tribunales y otra muy distinta lo que hagamos nosotros... El Gobierno popular nos ha dado la posibilidad de tomar decisiones en la empresa que trabajamos. Nuestro objetivo es seguir adelante, incluso pasando por sobre la legalidad.»

Eso reflejaba un estado de ánimo popular muy definido.

En la primera semana de septiembre del mismo año, el pre­sidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Orlando Sáenz (inge­niero comercial, 40 años, empresario-gerente en la industria meta­lúrgica), leía en sesión de directorio un «alarmante informe» del servicio de estadísticas del cuerpo de Carabineros que señalaba cómo los obreros y campesinos estaban «barriendo» la «legali­dad» y ocupaban predios agrícolas e industrias para hacer valer sus derechos salariales y, en algunos casos, para obligar al Go­bierno a expropiar monopolios con cuyos dueños tenían acuerdo verbal de no expropiación. Para establecer una referencia, el informe apuntaba:

En el año 1969, hubo 118 ocupaciones de predios agrícolas; en 1970, último año de la Administración Frei, la cifra subió a 365 ocupaciones; pero ahora, en los primeros ocho meses de 1971, los campesinos han ocupado 990 predios agrícolas... ¡Cuatro ocupaciones por día!

En el campo industrial ocurría lo mismo. En 1969, había habido 23 ocupaciones de industrias por obreros en huelga; en 1970, esta forma de lucha de los trabajadores había elevado a 133 las ocupaciones; y en 1971, en los primeros ocho meses del año, las ocupaciones habían subido a 513 industrias... ¡Un pro­medio de más de dos ocupaciones diarias!

Para Orlando Sáenz y los directores de la organización de los oligarcas industriales chilenos, esto era una grave señal de que «no se podrá evitar el caos social» tratando de influir en la polí­tica económica y social del presidente Salvador Allende. Orlando Sáenz dijo que «nuestros intereses están amagados, y nosotros somos el corazón de la economía nacional, por lo tanto son los intereses de Chile los que están en peligro».

El análisis de la situación, en verdad, era inquietante para el reducido grupo de oligarcas industriales, comerciales y finan­cieros del país (un total de no más de 1000 personas que eran las dueñas de más del 60 % del aparato productivo nacional). Ellos habían aceptado, en principio, influidos por algunos gene­rales de las Fuerzas Armadas, «sacrificar» una parte de su poder económico para «salvar al sistema». Pero los hechos de los primeros once meses de Gobierno de Allende mostraban que aun­que el Presidente trataba por todos los medios de cumplir con lo pactado en octubre de 1970 respecto a su programa de trans­formaciones, la organización popular iba más allá que ellos (no conocía esos compromisos tampoco) y presionaba por el cum­plimiento total del programa, que era la «expropiación del poder económico del imperialismo norteamericano y de la oligarquía nacional».

Para la Sociedad de Fomento Fabril «ya era tiempo de poner atajo a esta situación». Orlando Sáenz se puso en contacto con Benjamín Matte, presidente de la Sociedad Nacional de Agri­cultura (organización gremial de los latifundistas) y con Jorge Fontaine, presidente de la Confederación Nacional de la Produc­ción y el Comercio (y perteneciente al clan oligárquico de «El Mercurio»). Todos estuvieron de acuerdo, junto con los miem­bros de los directorios respectivos, que era necesario «poner a Allende contra la pared», partiendo de una campaña gigantesca de publicidad para quitar el apoyo de las masas al Gobierno, y después cambiarlo «constitucionalmente» antes de que cum­pliera su período reglamentario de seis años.

Para poner en práctica la ofensiva anti Gobierno, Orlando Sáenz y sus asesores contaban con una realidad económica muy clara que les daba una tremenda capacidad de maniobra:

La Unidad Popular había logrado reducir el ritmo inflacio­nario (de un 32,5 % en 1970, cerraría con un 20,1 % en 1971) gracias a una política de «reactivación económica» que consistía en el control de precios, la puesta en marcha a toda capacidad del aparato productivo interno, y el alza de sueldos y salarios bajos a niveles superiores al índice de inflación, y de los sueldos altos a niveles iguales al índice de inflación.

Esta reactivación económica llevaba en sí un peligro muy serio, en una economía de estructura monopólica y dependiente como es la chilena. Al llegar a su límite de expansión, si no existía paralelamente una gran acumulación de capital, podía haber desabastecimiento de productos (por el exceso de deman­da) y la consiguiente alza de precios vía mercado negro, lo cual volvía a poner el dinero de sueldos y salarios en manos de la oligarquía, como había sido tradicional.

Al mismo tiempo, la política de limitación de precios, al ser hecha teniendo como base los costos de las grandes industrias monopólicas, de mucho mayor productividad, dejaba a éstas con un «margen de ganancias razonables», mientras golpeaba duramente a las pequeñas y medianas empresas, con costos más altos por su menor productividad.

La única salida para este callejón económico, desde el punto de vista del programa de la Unidad Popular, era la constitución de una poderosa área de propiedad social, que traspasara los monopolios en manos privadas al Estado. Con ello se podía cambiar la estructura de producción de todo el sistema (evi­tando el desabastecimiento), y limitar los precios con los costos de producción de pequeños y medianos empresarios, porque así el «sobreexcedente» captado por los monopolios, ya no en manos privadas, sino estatales, podía ser revertido a todo el sistema en forma de mayor acumulación de capital y servicios sociales, mejorando el status de los sectores más bajos de la población.

Pero ocurría que el área de propiedad social había sido limi­tada desde un comienzo en su tamaño, por el compromiso de Allende. Al mismo tiempo, los empresarios privados habían res­tringido su acumulación de capital (se terminaría 1971 con 11 % de baja en la reinversión privada). Por otro lado, la limi­tación de precios tenía al borde de la bancarrota a muchos em­presarios pequeños y medianos, y ya en septiembre se comen­zaba a sentir los efectos del desabastecimiento en todo el sistema y la aparición del mercado negro.

El equipo de la Sociedad de Fomento Fabril planificó enton­ces, en varios puntos, el modo de destruir la plataforma popular del Gobierno de Allende:

1) Impedir por todos los medios la formación del «área de propiedad social» más allá de un límite que la hiciera inocua como directora de la economía nacional. Para ello se encargó a Eduardo Frei que se las arreglara para presentar un proyecto
de reforma constitucional en el Parlamento (donde había mayo­ría de los partidos manejados por la oligarquía y el imperia­lismo yanqui). La tarea se encargó al senador democratacristiano Juan Hamilton, en compañía de su colega de partido y de parlamento, Renán Fuentealba. Con esa reforma constitucional se pretendía «congelar legalmente» la formación del «área de propiedad social», nervio motor indispensable de todo el progra­ma de la Unidad Popular.

2) Conseguir el apoyo de los pequeños y medianos empresarios (104.000 en el comercio al detalle, 34.000 en la industria y unas 150.000 familias en la agricultura), planteando las banderas de lucha de «mejores precios para los productos», seguridad contra «las expropiaciones» (cosa que nada tenían que temer por supuesto, estos pequeños y medianos empresarios) y «comer­cialización» sin control estatal. Todo lo cual beneficiaba doble­mente a los monopolios privados.

3) Luchar contra toda forma de organización popular que apoyara al Estado en su control de precios (Juntas de Abaste­cimientos y Control de Precios), control de la producción (Comi­tés de Vigilancia de la Producción, etc.) y control de las actividades conspirativas de la reacción (Comités de Unidad Popular, que fueron desarticulados por la misma Unión Popular como concesión a la reacción en el período septiembre-octubre de 1970, describiéndolos como «organizaciones del marxismo dictatorial» para «estrangular la democracia»).

4) Promover la restricción en las inversiones privadas y el volcamiento del capital especulativo hacia el mercado negro (en 1972 y 1973 se destinaron más de CIEN MILLONES DE DÓLA­RES a este negocio por parte de los oligarcas), con el fin de desatar una inflación incontrolada, el consiguiente caos eco­nómico y la pérdida total de apoyo de masas al Gobierno.

5) Campaña de propaganda intensiva para demostrar que el quiebre de la economía era «el fracaso del socialismo», ocul­tando la cuestión central de falta de inversión y de capacidad de planificación y control del propio aparato estatal burgués para resolver la crisis «a favor de los sectores de menores re­cursos», en vez de hacerlo «a favor del sector monopólico pri­vado chileno y extranjero».

6) Darse un plazo de unos siete a ocho meses (a partir de octubre de 1971, fecha de inicio de la campaña) para llegar a una situación política de deterioro ostensible del apoyo de masas al Gobierno, exigir un plebiscito para que el presidente Allende lo pierda y se rinda a los requerimientos económicos de la Sociedad de Fomento Fabril, la Sociedad Nacional de Agricultura y la Confederación de la Producción y el Comercio.

Para poner en práctica estos seis puntos, se contaba con un poder económico y político de la oligarquía casi intacto (habían traspasado a manos del Estado, previo pago de acciones, menos de la cuarta parte de sus empresas), con mayoría en el Parla­mento, con influencia total en el Poder Judicial y la Contraloría General de la República; con periódicos que significaban más del 80 % de la circulación diaria en todo el país, con radio­emisoras que concentraban más del 50 % de la sintonía nacional, y con una estación de televisión en Santiago que acaparaba más del 60 % de la sintonía; por último, también contaban con lo más importante: «la neutralidad de las Fuerzas Armadas».

Los generales «reformistas», a través de Orlando Urbina He­rrera y Washington Carrasco, habían hecho saber a Orlando Sáenz y sus asociados, que «si ustedes quieren cambiar de presi­dente como la Constitución lo permite, con plebiscito, entonces estamos de acuerdo, no entrabaremos esa acción». Los generales «constitucionalistas», a través de Augusto Pinochet, habían he­cho saber lo mismo. Y los generales «duros» apoyaban el plan porque tenía que ver exactamente con lo que ellos planteaban desde septiembre de 1970.

Sin embargo, los generales «reformistas» insistieron en que ellos estimaban que «había un error de apreciación» en lo acor­dado por la Sociedad de Fomento Fabril. Que todavía no era tiempo «de entrar en temores», que la capacidad de Allende, su «muñeca política» como él mismo la llamaba, no estaba ago­tada para «calmar a los trabajadores y hacerlos entrar en razón».

Los dirigentes políticos del Partido Nacional, encabezados por Onofre Jarpa y los senadores Pedro Ibáñez y Francisco Bulnes, más los diputados Patricio Phillips y Fernando Maturana y el grupo de Eduardo Frei de la Democracia Cristiana, compuesto principalmente por su ex ministro de Defensa, Juan de Dios Carmona, los senadores Juan Hamilton y Patricio Aylwin y el empleado del grupo Yarur-Rockefeller, Felipe Amunategui Stewart, son los que recibieron el encargo de la Sociedad de Fo­mento Fabril, Sociedad Nacional de Agricultura y Confederación Nacional de la Producción y el Comercio, de poner en marcha la campaña.

El día primero de octubre de 1971, la Sociedad de Fomento Fabril abrió el fuego al publicar un comentario sobre ia ges­tión de la Unidad Popular, dando «un balance sobre los resulta­dos alcanzados: el Gobierno profundamente afectado en su prestigio y expuesto a un juicio político; importantes sectores indus­triales vejados y damnificados en sus derechos; una opinión pú­blica desconcertada y perpleja; y lo que es peor: ninguno de los objetivos buscados logrados».
Las ollas vacías
En noviembre de 1971 ya estaban desatados todos los efectos de desabastecimiento producidos por la redistribución de ingresos en los sectores más postergados de la sociedad chilena y la falta de flexibilidad del sistema productivo, de carácter capita­lista y dependiente, que funcionaba con un criterio selectivo de consumo para las capas altas en cantidad más que suficiente y de déficit de consumo para gigantescos sectores de obreros y campesinos.

Las cifras preliminares de noviembre, decían que el consumo de aves, porcinos y patatas había aumentado en ese año en 16 %, 18 % y 55 %, respectivamente. El consumo de azúcar au­mentaba en un 37 %. Pero el aparato productivo había tocado su techo, y la escasez de esos mismos productos en el mercado afectaba a amplios sectores de empleados, pequeños y medianos empresarios y que no estaban en el circuito de abasteci­miento popular directo a través de sindicatos y federaciones de sindicatos.

En Santiago, principalmente, las colas de personas para con­seguir una vez a la semana, o una vez cada quince días carne de ave o azúcar, eran impresionantes. El mercado negro de esos productos comenzaba a aparecer.

El 4 de noviembre, en la celebración del primer año de Go­bierno, el presidente Allende pronunció un discurso ante unas ochenta mil personas, y se refirió al tema:

«Ha habido escasez transitoria de algunos productos, por el mayor poder de compra de las masas, por la tendencia al aca­paramiento de ciertos sectores que compran más de lo que ne­cesitan. Si necesitan tres o cinco kilos de carne, y la encuentran en venta, compran diez o doce, y la guardan en su refrigerador. Hay una presión psicológica que hace que la gente compre más de lo que necesita. Y también debemos reconocer que hay es­peculación en los barrios... En el caso de la carne, por otra parte, al comienzo de nuestro Gobierno salieron de las fronteras de Chile más de doscientas mil cabezas de ganado vacuno.»

«La presión psicológica» corría por cuenta de los medios de comunicación de masas, propiedad de los monopolios privados y de sus partidos políticos, que tenían en marcha una campaña de noticias destinadas a crear pánico de compra en la población.

En el mismo discurso, Allende trató de disuadir a centenares de miles de campesinos, obreros y empleados que viendo a los monopolios privados seguir mandando en la economía, buscaban como salida el ocupar las empresas monopólicas sorprendidas en acaparamiento, exigir su expropiación y ocupar los predios de los latifundistas que, por otra parte, servían de campo de adiestramiento para grupos fascistas, asesorados por expertos mili­tares de la Infantería de Marina, de la Fuerza Aérea, de la Es­cuela de Paracaidismo y Fuerzas Especiales del Ejército. Allen­de llamaba a eso «tomas indiscriminadas» para caratularlas de «extremismo de izquierda».

Dijo Allende: «Es por eso que no aceptamos la presión, lo hemos dicho con honradez de revolucionarios. Estamos contra todas las tomas indiscriminadas de fondos que crean anarquía en la producción y que terminarán por lanzar a los campesinos contra campesinos o a los campesinos contra pequeños agricul­tores... Estamos contra las tomas de vivienda que perjudican a los trabajadores que juntaron sus cuotas para adquirirlas. Es­tamos contra las tomas de las pequeñas y medianas fábiicas por los obreros; la estatización y la requisición de las empresas de­ben obedecer a un plan de Gobierno y no a la anarquía del im­pulso voluntario de unos cuantos.»

Es notable comprobar cómo, nunca en los tres años de Go­bierno, ni Salvador Allende ni las directivas de los partidos co­munista y socialista, estuvieron de acuerdo con la enorme mo­vilización de las masas que pugnaban por salir adelante en su lucha contra la oligarquía y el imperialismo de los Estados Unidos. Siempre frenaron, en la medida de sus fuerzas, las manifestaciones de «sabiduría política instintiva de los tra­bajadores», que trataban de obligar a Allende y la Unidad Popular a expropiar de una vez a las principales empresas monopólicas industriales, auténtica llave maestra de todo el plan económico de Gobierno, para poder cambiar la estructura de producción del país. En 1971, esto era posible, aun en el caso de hacerlo al mismo tiempo de ceder en «negociaciones largas para ganar tiempo» con la Anaconda y la Kennecott. Pero la ocasión fue desperdiciada por el afán de Salvador Allende de «mantener tranquilas a las Fuerzas Armadas», incluso sabiendo que en aquella época su cohesión era muy frágil y no estaban de ninguna manera en buena posición para intentar un golpe insurreccional con posibilidades de victoria. Probablemente, sí la movilización de las masas se hubiera alentado y organizado en vez de desarticulado y frenado, el «frente de lucha antiim­perialista y antioligárquico» hubiera tomado una dimensión tal que hubiera sido imposible para las Fuerzas Armadas chilenas y el imperialismo norteamericano salir en defensa del antiguo orden económico.

Pero volvamos al desabastecimiento. Durante todo el mes de noviembre de 1971 las directivas de la Democracia Cristia­na y del Partido Nacional promovieron una manifestación pú­blica para expresar «la protesta del pueblo por el hambre que aflije a nuestros hogares».



En la tarde del 2 de diciembre, desde el barrio alto de la ciudad de Santiago, donde se concentra el 90 % de las perso­nas que más ingresos económicos tienen en Chile, se descol­garon unas cincuenta mil mujeres, flanqueadas por jóvenes de los grupos de choque de la Democracia Cristiana, el Partido Nacional y la naciente organización fascista Patria y Libertad. La abrumadora mayoría de estas mujeres eran las esposas de gerentes, altos ejecutivos y empresarios grandes y monopólicos, además de empleados de alto nivel de renta. Eligieron como símbolo del desfile ollas vacías y cucharas. Cada manifestante portaba una olla vacía, de aluminio, y una cuchara. Golpeando una con la otra, el ruido era ensordecedor y atemorizante. Así, tronando, las mujeres del barrio alto de Santiago bajaron has­ta el centro de la ciudad y, provocando un enfrentamiento con los carabineros quisieron rodear el Palacio de La Moneda. El enfrentamiento se produjo. Y durante dos o tres horas, al ano­checer de ese día, todo el barrio central fue escenario de una batalla campal entre la policía militarizada y las mujeres ma­nifestantes.

En aquella tarde, el autor de este reportaje vio el «em­brión» de lo que sería más tarde, a partir del 11 de septiembre de 1973, la más increíble ferocidad desatada de un ser huma­no sobre otro. Mujeres muy bien vestidas, de hermosas figu­ras y delicado caminar, que uno había visto siempre en los estrenos de gala del cine o del teatro, o en los comedores de restaurantes elegantes limpiándose delicadamente la boca, gri­taban desaforadas por las calles las groserías más increíbles contra el presidente Allende. Una de esas frases: «Allende maricón, ya no sirves ni para el colchón.» Vi a varias de ellas echarse encima de jóvenes que gritaban: «Viva Allende», gol­pearlos con las ollas y, en un caso, después de tener atrapado a un niño de unos 15 años, dos mujeres, una de las cuales lle­vaba un collar de perlas, lo sujetaron contra el suelo, le reven­taron los pantalones por la cintura, se los bajaron y comenzaron a golpearle en los testículos mientras una chillaba: «Ca­pemos a este hijo de puta» y se esforzaba por sacarle los ge­nitales por entre los calzoncillos. La llegada de una patrulla salvó al niño.

Esta horrible brutalidad en ciernes mostrada por las muje­res del barrio alto el 2 de diciembre de 1971, tomaría una di­mensión apocalíptica a partir del 11 de septiembre de 1973, cuando decenas de miles de hombres, mujeres, ancianos y has­ta niños fueron torturados con un salvajismo sin límites, llegando al extremo de la violación en grupo de prisioneras y de la castración de prisioneros por las Fuerzas Armadas, por sim­ple distracción, a la voz de «bajémosle la moral a estas mier­das marxistas».

La marcha de las ollas vacías obligó a Allende a declarar «zona de emergencia» la ciudad de Santiago, que quedó bajo jurisdicción militar por algunos días. Había sido la primera etapa de la campaña para tratar de derrocar a Allende «por medios legales».
El área social
El 9 de febrero de 1972, la mayoría democratacristiana y nacional en el Parlamento cumplió con las órdenes impartidas por la Sociedad de Fomento Fabril poco más de cuatro meses antes: aprobó una reforma constitucional para fijar las nor­mas del «Área de Propiedad Social», cuyos autores habían sido Jos senadores Juan Hamilton y Renán Fuentealba. (Juan Hamilton estaba ligado a los magnates de la construcción Soza Cousiño y a los monopolistas del hierro Klein, los cuales, aunque chilenos, tenían todos sus capitales en Suiza y Canadá. Estos Klein fueron muy favorecidos por el Gobierno de Eduar­do Frei, y le instalaron al ex Presidente y a otros políticos democratacristianos una cadena de hoteles de lujo en la Costa Brava, España, como pago por esos favores recibidos.)

La «reforma constitucional» de Hamilton y Fuentealba era una verdadera bomba de tiempo: el presidente Allende estaba obligado a promulgarla porque, si no lo hacía, rompería la letra de la Constitución política, cosa que esperaban los opositores para destituirlo. Y Allende no podía promulgarla por­que su texto era simplemente un congelamiento del «Área de Propiedad Social», dejándola inútil como herramienta de ac­tivación y ordenamiento del aparato productivo nacional a fin de cumplir los planes de la Unidad Popular. Una síntesis de esa reforma constitucional permite señalar los siguientes pun­tos:

1) Dejaba «dar en administración», por «razones técnicas», las compañías nacionalizadas del cobre a la propia Ana­conda o a la Kennecott. Es decir, permitía revertir la nacio­nalización de un modo lateral.

2) Dejaba como «área de propiedad privada definitiva» a empresas monopólicas tan enormes como la Manufacturera de Papeles y Cartones, empresa central del grupo oligárquico Matte-Alessandri. (En Chile había once clanes oligárquicos dueños de la mayor y mejor parte de la economía nacional, en estrecha asociación con capitales de los Estados Unidos.)

3) Dejaba a salvo de expropiaciones «la distribución del petróleo y sus derivados», lo que significaba la libertad de ne­gocio de la Esso Standard Oil, de los Rockefeller, y de la Shell, inglesa, asociándose con grupos empresariales como la
COPEC, de la familia del senador Francisco Bulnes Sanfuentes, componente de otro de los once clanes.

4) Declaraba ilegales todos los traspasos de monopolios privados a propiedad del Estado anteriores al 20 de octubre de 1971, con lo cual dejaba reducida prácticamente a cero el área de propiedad social, a menos que el Parlamento aprobara esos traspasos, en discusión «caso por caso».

5) Obligaba a que el Gobierno enviara al Parlamento cada caso de nuevo monopolio a expropiar, para que esta expropia­ción fuera aprobada por el Parlamento. Como en el Parlamen­to había mayoría de la reacción, era fácil prever que el «área de propiedad social» no crearía jamás, a menos de conquistar la mayoría parlamentaria para el Gobierno en marzo de 1973, fecha constitucional para el cambio de la Cámara de Diputados completa y la mitad del Senado.

Con esta descarada defensa de los intereses monopólicos norteamericanos y chilenos, la mayoría del Parlamento pre­tendía poner contra la pared al Gobierno Allende. Si aprobaba la promulgación de la reforma, su esquema económico se desfondaba; si la rechazaba, se ponía fuera de la Constitución. Era la segunda etapa en la campaña iniciada por los políticos reaccionarios por mandato de la Sociedad de Fomento Fabril.



Un ministro general
Durante todo el mes de febrero, marzo y primera semana de abril, la campaña desatada por la Democracia Cristiana y el Partido Nacional «para defender a los consumidores del de­sabastecimiento, el alza de los precios», el «mercado negro» y «el sectarismo de la Unidad Popular» estaba alcanzando el punto máximo. Su éxito en muchos sectores, fue notorio en las elecciones para nuevas directivas de sindicatos de emplea­dos. En ellas los candidatos de la Unidad Popular eran derrotados por los democratacristianos e incluso por los naciona­les. Un ala del partido radical, encabezada por su ex presiden­te, senador Luis Bossay Leiva, que había formado el Partido de Izquierda Radical, abandonó el Gobierno y se pasó a la oposición, planteando que «no podemos aceptar ser cómplices en un proceso que tiende a salirse de la Constitución y no re­suelve los problemas de las masas». Luis Bossay Leiva y de­más miembros principales del PIR recibieron grandes sumas de dinero de la oligarquía para «formar el partido».

El 6 de abril, Allende respondió con un golpe de efecto. Reorganizó su Gabinete, con la novedad de nombrar ministro de Minería a un general de brigada en servicio activo, Pedro Palacios Camerón. Con esto, Allende pretendía mostrarle a los opositores que planteaban ya «la resistencia civil», que tenía «en un puño» a las Fuerzas Armadas; y como sucede en todo régimen de dominación de una clase sobre otra, quien tiene las Fuerzas Armadas es la clase que domina. Só­lo que en Chile parecía haber un contrasentido bastante grave: las Fuerzas Armadas eran de la burguesía, y el Gobierno de Allende pretendía ser del proletariado. ¿Cómo podían estar apo­yando las Fuerzas Armadas de una clase al pretendido dominio de otra?

Cuando en los primeros días de abril de 1972 Allende plan­teó al general Carlos Prats González la necesidad de incluir a un militar en servicio activo en el nuevo Gabinete, éste le res­pondió que lo consultaría con su cuerpo de generales. Los generales «reformistas» estuvieron de acuerdo con los «constitucionalistas» en que era bueno aceptar este ofrecimiento, por un tiempo corto, para que «uno de nuestros hombres se adies­tre en esas tareas». El general Palacios fue nombrado en Mine­ría, precisamente donde más les interesaba a los generales «re­formistas», para conocer todo el detalle de la organización, ad­ministración y ejecución de la minería del cobre nacionalizada.

Sin embargo, la discusión entre los generales para aceptar este ofrecimiento no fue tan simple y sin problemas como pa­rece. Hacía menos de treinta días que un par de altos mandos de los llamados «duros» había cometido la torpeza de intentar una insurrección militar sin consultar con el Estado Mayor, pro­vocando que los Servicios de Inteligencia de la Unidad Popu­lar los detectaran, con lo cual el alto mando encabezado por Prats no le había quedado más remedio que tomar medidas dis­ciplinarias contra los complotadores.

Fue en marzo de ese año, en Temuco, donde se descubrió que el coronel Julio Canessa Roberts, connotado fascista, esta­ba articulando un aparato de sabotaje a la producción agrí­cola en complicidad con los latifundistas del lugar, y esperaba presentar el hecho consumado de un acuartelamiento de su regimiento en Temuco, más algunos regimientos de Valdivia y Osorno, para obligar a Allende «a respetar la Constitución». Canessa también tenía conexiones con la organización de Patria y Libertad de la zona, a la cual proveía de adiestramiento paramilitar y de armas para la práctica de tiro, al mismo tiem­po que protegía el contrabando de armas automáticas calibre 22 desde Argentina, para los arsenales de Patria y Libertad y el Comando Rolando Matus.

Estas actividades fueron denunciadas al presidente Allende por la policía civil, Allende las denunció a Prats, y la junta de generales acordó trasladar a Julio Canessa Roberts a Santia­go, destinándolo a la Escuela de Suboficiales.

Los generales, incluyendo a Prats, sabían que Julio Canessa no era más que una pieza en un equipo más grande, formado por el general de brigada Hernán Hiriart, jefe de la División de Caballería en Valdivia, y el general de brigada Alfredo Canales Márquez, del cuerpo de generales de la guarnición de Santiago. Pero nada de esto se le comunicó al presidente Allende, quien quedó satisfecho con el traslado de Canessa; traslado que le quitaba el mando de tropas.

Por eso, al discutirse en abril la inclusión de un militar en el nuevo Gabinete de Allende, los «duros» se mostraron totalmen­te en desacuerdo porque «ello significaría que nosotros apoya­mos a un marxista.» Prats y los «reformistas» lograron conven­cerlos de que el Gobierno de Allende no era marxista, y las Fuer­zas Armadas quedaban en situación de retirar a su ministro, cuando fuera conveniente mostrar «repudio público y notorio» a la política de Allende.

En su discurso anual a los trabajadores, el día primero de mayo de 1972, el presidente Allende advirtió al pueblo sobre par­te de lo que estaba pasando, y refiriéndose a la reforma constitucional de Hamilton-Fuentealba, la definió como un intento «que anularía las conquistas alcanzadas en el campo del área social de la economía» y que «detrás de esta actitud apunta in­clusive la amenaza de destituir al Presidente de la República. No me inquieta, no me inquieta en lo personal este hecho. Me preocupa porque es mi obligación defender la Constitución». Y agregó: «Lo único que me inquieta es que se barrerán las ba­ses de la constitucionalidad chilena, que se quiere cambiar el juego y que se quiere, por lo tanto, precipitar a este país a una lucha muy dura y muy profunda». Para enseguida señalar sus «obligaciones» como Presidente, cuya enumeración descon­certó a los trabajadores que lo escuchaban:

«Es mi obligación, y la voy a cumplir, defender los precep­tos constitucionales.

»Es mi obligación evitar el enfrentamiento.

»Es mi obligación rechazar toda violencia, física, económica y social.

»Es mi obligación impedir que haya un baño de sanere en Chile.

»Es mi obligación defender las conquistas de los trabaja­dores y la Revolución chilena.»

Pero ocurre que, cotidianamente, para los trabajadores que escuchaban a Allende, la idea de «defender los preceptos consti­tucionales» era una traba para ellos mismos, para su organiza­ción naciente, para impedir el sabotaje, los atentados, el mer­cado negro, la especulación y el abuso de los monopolistas que, a través de sus bandas fascistas adiestradas por perso­nal de las Fuerzas Armadas, hacían día a día contra todo el apa­rato económico de la nación. Y los jueces, el Parlamento, la le­tra de las leyes y los «preceptos constitucionales» servían para defender a los saboteadores y entorpecer la labor de vigilancia y aumento de la producción de los trabajadores.
Avanzar o no avanzar
Mientras por un lado el presidente Allende decía en sus dis­cursos que el pueblo debía organizarse en Juntas de Abasteci­mientos y Precios, Consejos Comunales Campesinos, Comités de Producción, Comités de Vigilancia de la Producción, etc., para «defender la Revolución»; por otro, los trabajadores veían co­mo, a través del control de esos organismos por parte de las directivas políticas de los partidos de la Unidad Popular, se transformaban en organizaciones para paralizar la movilización de las masas, para impedirles que se prepararan para el verda­dero enfrentamiento que se veía venir: el pueblo con las Fuer­zas Armadas de la burguesía y del imperialismo.

En el seno del Gobierno, había una discusión profunda al respecto. El ministro de Economía, Pedro Vuskovic (indepen­diente de izquierda hasta ese momento, y miembro del partido socialista a partir de 1973), planteaba, como lo escribiera más tarde en un documento publicado por «Revista de la Universi­dad Técnica del Estado», que el meollo de las dificultades esta­ba «en todo lo que significa el carácter de clase del Estado bur­gués, dentro de cuyas características todavía vigentes han veni­do encauzándose las nuevas realizaciones. Toda su estructura, incluso su reflejo en el marco jurídico y hasta en la organiza­ción del aparato administrativo, se había configurado para aten­der a los intereses del capitalismo y la dependencia, preservar el dominio monopólico y excluir cualquier forma de acceso y participación de los trabajadores. Con ello chocan las nuevas exi­gencias, esterilizando gran parte de los esfuerzos y agudizando una contradicción que sólo podrá resolverse mediante la susti­tución de ese Estado burgués por la construcción de un Estado de otro carácter, de un Estado Popular; la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas del área social, a tra­vés de su presencia decisoria en los Consejos de Administra­ción y otros mecanismos; las formas recién iniciadas de exten­sión de esa presencia a los diferentes niveles de decisión ad­ministrativa; las formas todavía en germen de su control so­bre el área privada; la organización de los trabajadores y el pue­blo en las Juntas de Abastecimientos y Precios, para ejercer un mayor control sobre el proceso de distribución; los organismos comunales, los «cordones industriales» y muchas otras inicia­tivas, algunas de ellas multiplicadas en la respuesta de los tra­bajadores a la ofensiva reaccionaria de octubre; todas ellas constituyen otras tantas manifestaciones en esa dirección, que corresponde profundizar y ampliar urgentemente, tanto para asegurar el carácter del proceso revolucionario como para ase­gurar los problemas inmediatos».

Vuskovic planteaba (y con él una minoría de las directivas del partido socialista y el MAPU) que la única forma de impe­dir el colapso cuando la burguesía y el imperialismo recurrie­ran a «su reserva estratégica de dominio» (las Fuerzas Armadas) era crear «una gigantesca movilización de masas con ob­jetivos concretos de controlar el aparato productivo y preparar­se para el enfrentamiento militar entre las clases».

Y formulaba teóricamente su tesis diciendo:

«En este período, los avances en la realización del programa han sido suficientemente grandes como para motivar la más en­conada reacción del imperialismo y la burguesía, pero todavía insuficientes como para privar a la burguesía nacional de la posibilidad de utilizar el poder económico que conserva en toda suerte de acciones de obstrucción y sabotaje a la economía. Ello quiere decir, entre otras cosas, que la conducción económica no se realiza en un plano de dominio político que permita concen­trar la preocupación en las tareas constructivas. Por el con­trario, en ella se expresa toda una lucha política no resuelta, que convierte las acciones económicas en instrumentos de esa misma lucha. De ahí que en cada problema económico que hoy se afronta no sea difícil identificar la acción deliberada del im­perialismo y la burguesía».

Con mayor precisión, Vuskovic decía que la burguesía se ha­bía propuesto la tarea de hacer fracasar la política económica del Gobierno, para quitarle apoyo popular primero y derrocar­lo después, porque «a pesar del número de empresas incorpo­radas al área social, de la estatización de los bancos y de la extensión de la reforma agraria la burguesía sigue detentando un poder económico suficientemente importante como para pro­ponerse esta tarea con algunas posibilidades de triunfo».

Y especificaba: «Se trata, en primer lugar, de que aún no se completa el área de propiedad social en los términos previs­tos. Importantes actividades monopólicas o estratégicas conti­núan en manos de sus propietarios capitalistas, constituyendo una fuente de cuantiosos ingresos y un instrumento de domi­nio sobre otras empresas. En segundo lugar, el área social no ha llegado a constituirse en el sector efectivamente dominante, capaz de imponer los términos de funcionamiento y de situar en un marco general de decisiones la gestión de las empresas que, de acuerdo al programa, continúan y continuarán integrando el área privada de la economía. Tampoco se concretan en ésta, for­mas efectivas de control por parte de los trabajadores... En tercer lugar, no se ha logrado imponer de modo definitivo una redistribución real del ingreso en favor de los trabajadores y del proceso de acumulación».

Con estos planteamientos, el entonces ministro de Economía Pedro Vuskovic, pretendió convencer a Salvador Allende y a su principal apoyo, la directiva del Partido Comunista de Chi­le, de la necesidad imperiosa de «dar un salto adelante» basán­dose en una «gigantesca ofensiva de masas», aprovechando que «todavía las fuerzas reaccionarias y su aparato armado del Es­tado burgués no tienen la cohesión suficiente como para inten­tar una contrarrevolución armada». Si no lo hacemos ahora, se completaba la tesis, después será tarde, y la crisis económica servirá de pretexto para la insurrección armada de la burguesía y el imperialismo.

Pero, contra Vuskovic estaba el planteamiento de la directiva del partido comunista, a través de Orlando Millas y Luis Corvalán, quienes plantearon que «eso no se puede hacer. Nuestra tarea ahora es impedir que se provoque a los enemigos». De acuerdo con el presidente Allende, estimaron que era bueno «tomar en cuenta los argumentos del generalato de Santiago», que «nos han hecho saber (en mayo de 1972) que están muy preocupados por el aumento exagerado de la inflación, el des­orden con que algunos trabajadores de la ciudad y el campo ocupan empresas, y la baja producción en el área privada».

El 17 de junio, el presidente Allende cambió sus ministros. Los dos hechos más destacados: la salida del ministro de Mi­nería, general de brigada Pedro Palacios Camerón; y la del mi­nistro de Economía, Pedro Vuskovic.

El general Palacios Camerón fue retirado del ministerio por acuerdo de los generales de la guarnición de Santiago, que es­timaron, por imposición del grupo de los «duros» en combina­ción con los «reformistas», que «no podemos permitir un miem­bro de las Fuerzas Armadas en el Ministerio, cuando sabemos que el nuevo Gabinete será dominado por los comunistas, «esto es una mala imagen para nuestros institutos armados, que son antimarxistas por doctrina y fundamento».

El ministro Pedro Vuskovic salió porque el partido comunis­ta exigió el control completo de la parte económica del Ga­binete para aplicar su política «de convivencia nacional». A tra­vés de Orlando Millas, que sería sucesivamente ministro de Ha­cienda y de Economía, la bandera del nuevo «muñequeo» de Sal­vador Allende se resumiría en las siguientes palabras: «Para avanzar hacia el socialismo, así como más adelante para cons­truir el socialismo, lo que debe estar en primer lugar es el de­sarrollo de la producción en todos los campos de la economía nacional. Nada hay sin ello».

La directiva del Partido Comunista de Chile y Salvador Allen­de, habían impuesto la tesis de congelar el proceso bajo el lema de «consolidar lo que tenemos, primero, para después avan­zar». Pero ocurría que lo «que tenemos» era lo que definía Vuskovic: un poder económico sustancial en la burguesía, un área social de la economía inocua para poder impedir el sabo­taje de la producción por parte de los enemigos del Gobierno, unas Fuerzas Armadas en constante preparación para «el asal­to final al Poder» y una clase trabajadora frenada en sus ím­petus revolucionarios, desarticulada a diario por todos esos factores combinados y objeto de una relativamente exitosa cam­paña de propaganda de la oligarquía y el imperialismo.
Nuevo complot militar
Las fuerzas políticas, parlamentarias, judiciales y gremiales desatadas por la ofensiva planificada por la Sociedad de Fo­mento Fabril para llegar a la meta de derrocar «legalmente» a Salvador Allende, habían comenzado a recibir desde muy tem­prano el apoyo de los organismos controlados por la Agencia Central de Inteligencia en Chile. Esta ayuda no sólo procedía de los items «gastos varios», «gastos de representación» o «pro­paganda» de las grandes empresas monopólicas chilenas, sino también de empresas multinacionales como la ITT (que en ma­yo de 1972 fue requisada por el Gobierno por fraude tribu­tario y por haber participado abiertamente en la conspiración de septiembre-octubre de 1970), la Anaconda y la Kennecott (que habían declarado una verdadera guerra contra el Gobier­no de Allende, incluyendo el embargo de cargamentos de cobre chileno en puertos extranjeros, como comenzó a ocurrir a par­tir del 30 de septiembre de 1972 en Europa).

El esquema del «golpe legal» civil consistía en provocar el de­terioro de la situación económica; la acción psicológica a través de los medios de comunicación de masas; una labor de penetra­ción en las Fuerzas Armadas; y la preparación de grupos paramilitares para terrorismo de «apoyo» al deterioro económico.

Entre los grupos terroristas fascistas había dos que sobre­salían por su organización y financiamiento: Patria y Libertad y Comando de Ex Cadetes. Habían tenido un origen distinto, pero, con el desarrollo de la situación, habían llegado a tener financiamiento, asesoría y adiestramiento común.

Patria y Libertad fue fundado por el abogado Pablo Rodrí­guez Grez, del comando de la candidatura de Jorge Alessandri en 1970. Este abogado estaba ligado por medio de Roberto Zúñiga, a los intereses financieros del grupo Matte-Alessandri, de los Edwards y de «los demócratas radicales» en contacto con la Anaconda. En Patria y Libertad figuraba el periodista Rafael Otero Echeverría, antiguo servidor incondicional del imperia­lismo norteamericano, que lograría infiltrarse por un corto tiem­po en la agencia cubana Prensa Latina, en Santiago, robándo­le después dinero y equipos. Otero Echeverría, desde muchos años antes, se había integrado a la Internacional anticomunis­ta, dirigida por la CÍA, y era un protegido del grupo oligárqui­co de los Yarur, el cual también aportó dinero a Patria y Li­bertad desde sus comienzos.

Patria y Libertad fue planificada y creada como grupo fas­cista, bajo la directa supervisión del entonces secretario de la Embajada de los Estados Unidos en Chile, Keit W. Wheelock. Este personaje aparece en el libro-denuncia Quién es quién en la CÍA con una serie de acciones, en diversos países del mundo, destinadas a derribar Gobiernos por cuenta de los consorcios gigantes de los Estados Unidos. Sin embargo, sus contactos con mandos de las Fuerzas Armadas chilenas no fueron los su­ficientes porque se estrellaron con una notoria desconfianza en el seno del Ejército, sobre todo al asumir Pablo Rodríguez, como abogado, la defensa del ex general Roberto Viaux, artífi­ce intelectual del asesinato «por traición» del general René Schneider. Sólo la Marina, a través del grupo de Infantería de Marina, prestó apoyo al adiestramiento y provisión de armas de gran calibre a Patria y Libertad. En el Ejército, consiguieron una brecha en la provincia de Atacama a través de su jefe mili­tar, el teniente coronel Osear Haag Blaschke, para contrabandear armas desde Argentina y Bolivia. En Santiago, reclutaron al coronel Roberto Souper Onfray, jefe del Regimiento Blinda­dos Número 2.

Este grupo fascista se vinculó estrechamente a los latifun­distas de las provincias sureñas, llegando a dominar la radio Sociedad Nacional de Agricultura, en Santiago, y teniendo entre sus miembros dirigentes a Benjamín Matte, presidente de ese organismo gremial oligárquico. Los oligarcas industriales, por su parte, pusieron al presidente de la Sociedad de Fo­mento Fabril, Orlando Sáenz, como «miembro secreto» de la directiva nacional («jefatura», según el lenguaje de los fascistas), para vigilar, sobre todo, el buen uso de los fondos que los grandes industriales ponían a disposición de los terroristas.

El segundo grupo era el Comando de Ex Cadetes, que surgió después de que el director de la Escuela Militar Bernardo O'Higgins, coronel Eduardo Labbé, se negó, en diciembre de 1971, a rendir honores militares a Fidel Castro, de visita entonces en Chile.

Labbé era del grupo de los «duros». Estaba estrechamente vinculado a los generales Alfredo Canales Márquez y Hernán Hiriart, y cuando se descubrieron los complots de esta gente en marzo de 1972, Labbé fue llamado a retiro.

El Comando de Ex Cadetes tenía como «contacto» con la Embajada de los Estados Unidos al periodista chileno Federico Willoughbly McDonald, que desde hacía años se cubría con la fachada de «jefe de relaciones públicas de la Ford Motor Company en Chile». Willoughbly McDonald, valiéndose de su condi­ción de civil, pero al mismo tiempo estrechamente relacionado al equipo de la CÍA en la Embajada de los EEUU (formado por Joseph F. Manus, Daniel Arzac, Dean Hinton, Frederick Lastrash, Keith Wheelock, Arnold Isaacs, Donald H. Wiplers, Raymond A. Warren, James Anderson y John B. Tripton), tuvo la misión de «contactarse» con altos mandos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

Los mismos clanes oligárquicos que financiaban a Patria y Libertad financiaban el Comando de Ex Cadetes, sólo que este gasto era mucho menor porque este comando, al revés que Patria y Libertad, era un grupo fascista de acción, de «encar­gos» y de «banco de información» sobre las actividades de la gente de izquierdas. Era realmente un grupo satélite de la CÍA en Chile, y fue uno de los que formó parte del «plan Yakarta», aparecido en 1973, para asesinar a dirigentes y periodistas de la Unidad Popular. En septiembre de ese año, los generales fascistas obtuvieron del Comando de Ex Cadetes una gran ayuda para buscar, ubicar, torturar, interrogar y asesinar a miles de dirigentes populares.

A mediados de 1972, se estimaba que el Comando de Ex Ca­detes estaba compuesto de unos 350 miembros repartidos, prin­cipalmente, en Santiago, Valparaíso y Concepción.

En septiembre de 1972, cuando estos grupos fascistas habían comenzado a cumplir con su parte en el plan de la Sociedad de Fomento Fabril y saboteaban líneas férreas, puentes, ca­minos y torres de alta tensión, además de asaltar y golpear a dirigentes sindicales y políticos de nivel medio y bajo, la si­tuación económica se deterioraba rápidamente debido a la impo­sibilidad de controlar, por parte del Gobierno, la acción de los grandes empresarios privados para bajar la producción, no in­vertir, especular y paralizar el aparato productivo en sectores alternativos.

En esos días, la Sociedad de Fomento Fabril ya había pasa­do la voz a sus agentes en la Democracia Cristiana, el Partido Nacional, el poder judicial, la Contraloría y los organismos gre­miales empresariales y los profesionales en manos de represen­tantes directos de la oligarquía, que «es necesario pasar a la última etapa»: la etapa del paro general de los patrones de to­do el país.

En una fiesta en Viña del Mar, una noche, se reunieron al­tos jefes de las Fuerzas Armadas, y entre ellos, el general de brigada Alfredo Canales Márquez y el contralmirante Horacio Justiniano. El general Canales, muy borracho, confidenció a Jus­tiniano que «tenemos en la sartén al hijo de puta». «Hijo de puta», en el lenguaje del señor general, quería decir «el Presi­dente de la República». Y agregó: «Este mes lo cagamos». El contralmirante Horacio Justiniano quedó muy preocupado, por­que él nada sabía de que se proyectara un golpe militar. Ya en Santiago, le preguntó al general Prats de qué se trataba. Prats consultó con sus generales de la guarnición de Santiago, y és­tos llegaron a la conclusión de que Alfredo Canales Márquez era «un peligro para la seguridad de las Fuerzas Armadas» al hablar así cuando se emborrachaba. El cuerpo de generales estuvo de acuerdo en que no se podía realizar «una planifica­ción adecuada para vencer al enemigo (el Gobierno de Allende) atacándolo oportunamente y valiéndonos de sus debilidades, si hay personal nuestro que lo pone sobre aviso».

La reunión de los máximos mandos del Ejército en Santiago se había hecho sin la presencia de Canales Márquez, y allí se acordó llamar a retiro al general para evitar el alerta en el Go­bierno. Se estuvo de acuerdo en «denunciar a Canales ante el presidente Allende» y decirle que el SIM había descubierto a tiempo el complot, el cual no tenía ramificaciones serias. Con eso, dijeron los generales, «continuamos haciendo confiar a Allende en nosotros, y podremos seguir a la expectativa de los hechos, sin interferir con las maniobras de los partidos polí­ticos para sacar a Allende del Congreso». A Canales, los genera­les le dieron la explicación de que había sido el propio presidente Allende quien había llamado a Prats para denunciarle el comportamiento de Canales en la unión social de Viña del Mar, y había exigido su retiro de las filas.

Esto fue lo que el 14 de septiembre de 1972 denunció pú­blicamente Salvador Allende como «el plan septiembre» para «derrocarme». Se basó en las informaciones que el general Prats le había llevado. Pero lo que Allende no sabía era que en ver­dad había un plan, pero en octubre.



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