Estos mataron a Allende


¿Por qué asesinaron al General?



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¿Por qué asesinaron al General?

No nos pongan obstáculos. Lo peor sería que fracasáramos no porque no seamos capaces, sino porque se pongan obstáculos artificiales en nuestro camino. Si eso sucediera, al pueblo latinoamericano no le quedaría otra alternativa que la violencia. Si eso sucediera —y no es que yo lo desee— llegará el día en que ningún norteamericano pueda poner los pies en Sudamérica sin correr peligro. Esta es la gran responsabilidad política que tienen los EE.UU.



Salvador Allende, entrevista con «TIME», 19 de abril de 1971.

Entre el 4 de septiembre de 1970 y el 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende y la combinación de partidos políticos de izquierda que lo apoyaban tuvieron que afrontar siete inten­tos de insurrección militar contra la Administración civil.

Los siete intentos insurreccionales contaron con el apoyo de agencias gubernamentales y empresas privadas gigantes de los Estados Unidos, y por supuesto, con la participación de las orga­nizaciones empresariales monopólicas de la industria, el comer­cio, la banca y la agricultura de Chile.

Sin embargo, no fue hasta el último trimestre de 1972 cuando todos esos sectores que empujaron, desde el primer día de la elección, para derribarlo, que se pusieron de acuerdo en un plan bien coordinado, con tiempo de realización prudente y, podría decirse, científicamente determinado.

La historia de los siete intentos militares por sublevarse, también es la historia de una pugna, en Washington, entre el po­der militar y el poder civil norteamericano. Para mi país, esto se expresó en la pugna entre el Pentágono, de enorme influencia en las tres ramas de las Fuerzas Armadas chilenas, y la Agencia Central de Inteligencia, ligada estrechamente a las directivas de la Democracia Cristiana y Nacional, y a los sectores más reaccio­narios de las organizaciones empresariales Sociedad de Fomento Fabril, Sociedad Nacional de Agricultura y Confederación Nacio­nal de la Producción y el Comercio.

La historia de los siete intentos de insurrección militar es, también, la historia del imperialismo norteamericano y la oligar­quía chilena en una etapa desesperada de su existencia en Chi­le, cuando, al final de la administración democratacristiana de Eduardo Frei, veían venirse encima de sus intereses una oleada temible de luchas populares, que habían roto el engaño de la «revolución en libertad», prometida por la Democracia Cristiana en 1964, y buscaban una salida propia a la profunda crisis eco­nómica que azotaba el país en 1970.

Estos dos sectores dominantes de la sociedad chilena, vieron en Salvador Allende, su programa y su combinación política, dos cosas contradictorias: una terrible amenaza para su dominio y una posibilidad de escamotear a los trabajadores chilenos su deseo de expulsar el poderío imperial de Estados Unidos y de­rrocar el poder de la oligarquía. Y esto último precisamente, utilizando a Allende como «dique de contención» de las ansias de centenares de miles de trabajadores chilenos por destruir el viejo sistema social de su país, y construir otro en que ellos fue­ran no sólo los protagonistas, sino también los objetos de todos los beneficios del nuevo sistema social.

Durante sus tres años de gobierno, Salvador Allende utilizó esa doble perspectiva en que lo veían sus enemigos políticos para desarmar conspiraciones, resolver crisis políticas y conti nuar al frente de la nación. Sólo cuando el Pentágono y la CÍA, las empresas multinacionales y la oligarquía chilena se pusieron de acuerdo en una sola óptica sobre Allende, éste quedó conde­nado irremediablemente al destino que quisieran darle los mili­tares insurrectos. Y esa óptica única fue la siguiente: Salvador Allende ya no servía como «dique de contención». Igual que Frei en 1970, a Allende en 1973 le había fracasado el esquema de su programa. A Frei, sus reformas no le sirvieron para ocul­tar a los ojos de las masas que estaba protegiendo a los grandes empresarios monopólicos chilenos y norteamericanos, y la pre­sión combativa de los trabajadores le obligó a desatar una re­presión muy fuerte sobre obreros, campesinos, empleados y estudiantes.

A Allende, su programa de desarrollo profundo del capitalis­mo de Estado, lesionando intereses de sectores empresariales norteamericanos y de una buena parte de la oligarquía chilena, no le abrió el «camino pacífico» hacia ninguna parte. Por el contrario, fue el detonante para que centenares de miles de obreros, campesinos, empleados y estudiantes se organizaran por su cuenta, al margen de Allende y su combinación política, para «seguir adelante» en la lucha por destruir el poder econó­mico, político y social del imperialismo norteamericano y la oli­garquía chilena. En 1973, el «dique de contención» empezaba a saltar hecho trizas por la fuerza de las masas. Entonces, sus ene­migos se pusieron de acuerdo: no bastaba reemplazar a Allende; había que reemplazar el sistema de sujeción de todo el pueblo chileno al carro de quienes han vivido de su sudor y de su tra­bajo por siglos. Enterraron la democracia y la reemplazaron con el desempolvado cadáver del fascismo. Y en el derrumbe de la democracia chilena, fue aplastado no solamente Salvador Allen­de, sino también decenas de miles de chilenos.

Para hacer este trabajo, el imperialismo norteamericano y la oligarquía chilena pusieron en marcha al pilar fundamental del Estado que habían creado en Chile las Fuerzas Armadas. De esa «puesta en marcha», habla la historia de estos siete intentos de insurrección militar. Su orden temporal es éste: 1) Septiembre-octubre de 1970; 2) marzo de 1972; 3) septiembre de 1972; 4) junio de 1973; 5) agosto de 1973; 6) siete de septiembre de 1973; y 7) el 11 de septiembre de 1973. Vamos a examinarlos en de­talle.1


El caso Schneider
Era el jueves 22 de octubre de 1970. Desde la noche del 4 de septiembre del mismo año, cuando el recuento de los votos en las elecciones presidenciales señalaron el triunfo, por un escaso margen de 30.000 electores en tres millones de votos emitidos entre tres candidatos, para Salvador Allende, candidato de una agrupación de partidos de izquierda, el país se había estreme­cido con los efectos de diversos intentos por impedir que Allen­de se hiciera cargo de la presidencia de la República.

Ese jueves 22 de octubre ocurrió un hecho que, trágicamente para los partidos políticos de la Unidad Popular, fue calificado por sus dirigentes como «la señal» de que las Fuerzas Armadas chilenas eran «una institución única en América Latina» que no tenían influencia «del imperialismo norteamericano ni de la oligarquía chilena» y que por eso mismo, «no constituían un fac­tor de peligro» para el proceso de transformaciones socioeconó­micas que suponía el programa de la Unidad Popular. Este error de información de lo que realmente ocurrió en el seno de las Fuerzas Armadas chilenas entre el 4 de septiembre y 22 de octubre de 1970, fue el punto de partida desde el cual Salvador Allende fue acumulando equivocación tras equivocación en su política respecto a las Fuerzas Armadas, concediéndoles, de he­cho, todas las facilidades para que concretaran su sangriento asalto a la Administración civil el 11 de septiembre de 1973.

Volvamos al jueves 22 de octubre de 1970. Y hagámoslo en el lenguaje del parte policial del mayor Carlos Donoso Pérez, a cargo de la Vigésimo cuarta Comisaría de Carabineros de Las Condes (barrio oriente de Santiago).

«A las 8.20 horas, más o menos, en circunstancias que el se­ñor comandante en jefe del Ejército, general René Schneider Chereau, se dirigía a su despacho en el automóvil fiscal condu­cido por el cabo-chófer Leopoldo Mauna Morales, por la calle Martín de Zamora en dirección al poniente, fue interceptado por un vehículo que chocó con el que viajaba el señor General; vehículo éste que fue rodeado por cinco individuos, uno de los cuales haciendo uso de un elemento contundente similar a un combo, rompió el vidrio posterior izquierdo y luego disparó contra el general Schneider, impactándolo en la región del brazo, en el hombro izquierdo y la muñeca izquierda, ocasionándole le­siones de carácter reservado, según pronóstico del Hospital Mi­litar, donde fue llevado para su inmediata atención.»

El domingo 25 de octubre, el general Schneider falleció.

El suceso se interpretó oficialmente así:

a) El general Schneider fue asesinado por una banda de conspiradores «pagando con su vida su apego a la Constitución chilena».

b) El asesinato buscaba un pretexto «para una insurrección militar» que «impidiera el ascenso a la presidencia de Salvador Allende», pero «en una excepcional muestra de disciplina, el Ejército, herido tan profundamente por el atentado, reaccionó precisamente de la manera opuesta a la que buscaban los conspiradores, reiterando su adhesión a las reglas del juego constitucional».

c) El complot fracasó, a pesar de la brutalidad del «recurso extremo del asesinato político» utilizado por los complotadores para desencadenar la insurrección militar.

Sin embargo, la realidad era muy distinta.

El Ejército «en una excepcional muestra de disciplina», ¡pero con respecto al Pentágono!, no reaccionó como buscaba la frac­ción de los conspiradores que siguió adelante con el plan can­celado, porque una semana antes, Schneider había explicado cómo el Pentágono pensaba que «era mejor» permitir que Allen­de asumiera la presidencia de la República, seguir la táctica de «esperar y ver» y trabajar sobre condiciones «objetivas y de largo plazo para actuar sobre seguro, en caso de necesidad».

Incluso más todavía. Para impedir que la opinión pública chilena se enterara de la sucia trama que se escondía tras el ase­sinato del general Renée Schneider, los altos mandos militares de las tres ramas de las FF.AA. y de Carabineros, se pusieron de acuerdo para revelar parte de la trama, sacrificar con el re­tiro de las filas a una media docena de generales implicados, y permitir un «juicio suave» al ex general Roberto Viaux Marambio, jefe de la pandilla encargada de ejecutar a René Schneider y que estaba en contacto directo con los hombres de la ITT y de la CÍA.

En suma, al revés de lo que dijeron los políticos de izquierda en los tres años que siguieron a este asesinato, la muerte del comandante en jefe del Ejército chileno en octubre de 1970 se­ñalaba el enorme grado de influencia que en él tenía el Pentá­gono norteamericano para cualquier política de liberación por parte del Gobierno de la Unidad Popular.

(En febrero de 1971, el autor de este reportaje conversó con uno de los encargados de la UP sobre las relaciones con las Fuerzas Armadas, explicándole todo lo que sabía sobre el ase­sinato de Schneider y lo que eso significaba. Éste le respondió: «Si tú publicas eso, te van a dar cadena perpetua, o fusilamien­to, por traidor a la Patria al acusar de algo tan repugnante a nuestros gloriosos institutos armados.» En todo caso, se com­prometió a comunicar a Salvador Allende la historia, llevándose una copia de un informe preparado por el autor de este reportaje. La respuesta vino en el Mensaje Persidencial ante el Con­greso, del 21 de mayo de 1971, cuando, al referirse al papel de las Fuerzas Armadas «en el proceso de cambios de la vía chilena hacia el socialismo», Allende dijo que «a pesar de algunos ago­reros y catastrofistas que dudan del patriotismo de nuestras fuerzas armadas... éstas, por su profesionalismo y respeto a la Constitución, son LA GARANTÍA del actual proceso de cam­bios».)

Desde ese momento, para los dirigentes de los partidos de la Unidad Popular pasó a ser un axioma que el general René Schneider era «símbolo del soldado con conciencia cívica y del hombre que sirve a la Patria en la paz obedeciendo a las leyes» (Sal­vador Allende, en su discurso de Santiago el 21 de diciembre de 1970).

Y, en un paso más adelante en la audacia política, Allende llegó a construir la tesis siguiente:

«Por eso quiero señalar que un pueblo consciente, organiza­do y disciplinado, de partidos políticos que entienden lealmente la unidad, de trabajadores organizados en sus sindicatos, en sus federaciones y en la Central Unica, son la base granítica del pro­ceso revolucionario. LO SON TAMBIÉN, y lo señalo, porque este proceso está dentro de los cauces legales; lo son, lo re­pito y lo subrayo, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, a las que rindo un homenaje, AL PUEBLO QUE VISTE UNIFORME, por su lealtad a la Constitución y a la voluntad expre­sada en las urnas por los ciudadanos» (Salvador Allende, discur­so en el Estadio Nacional de Santiago, el 4 de noviembre de 1971).

Hay que tener claro que Allende se refería, y se refirió siem­pre cuando trató este tema, a los altos mandos militares. A na­die le cabía duda que la tropa, en un país donde existe la cons­cripción militar, eran hijos de obreros, campesinos y empleados con uniforme. Pero, el problema estaba con los mandos de esa tropa, su carácter de clase, sus tareas específicas en el arma­zón socioeconómico que se llamaba «Estado chileno». Nunca aceptó Allende discusión científica, objetiva, sobre ese tema. Nunca aceptó observaciones sobre a qué sectores de la sociedad chilena defenderían esos altos mandos en caso de una crisis ge­neralizada de la estructura social chilena, causada por la emer­gencia de sectores populares en su camino hacia el poder y la participación efectiva en el desarrollo de una sociedad manejada hasta ese momento por una minoría oligarca y por los represen­tantes de los grandes consorcios industriales, financieros y co­merciales de los Estados Unidos.

El suceso que se cuenta a continuación, es típico de la acti­tud de Allende con respecto a las Fuerzas Armadas. A principios de abril de 1971, el senador Alberto Jerez, de la Comisión de De­fensa del Senado y «coordinador» entre los generales y el Gobierno de la Unidad Popular, llamó a su oficina en el centro de Santiago al autor de este reportaje, para plantearle, aproxima­damente, lo siguiente:

«Como tú sabes, a fines de este mes Salvador va a dar una clase magistral a la Guarnición Militar de Santiago. Es una clase que se hará en la Academia de Guerra del Ejército, ante unos 800 oficiales. Salvador me pidió que le reuniera lo mejor que exista sobre las Fuerzas Armadas chilenas, y yo le propuse tu nombre para que le hicieras un informe, para él saber sobre qué terreno pisa. Salvador está de acuerdo. Él te conoce, y sabe que eres un experto en asuntos militares chilenos desde el ángu­lo político... Tienes siete días para hacerlo...»

En unas veinte páginas escritas a máquina, tamaño oficio y doble espacio, el autor entregó un informe que, poco más o me­nos, contenía los hechos que ustedes van a leer en este capítulo, correspondientes a los años que van desde 1964 a 1970. Además, el informe contenía un esbozo de interpretación de la situación, señalando el fuerte peligro para la estabilidad del Gobierno UP que significaba la presencia en las Fuerzas Armadas de los mis­mos altos mandos que antes de la toma del mando presidencial.

A fines de abril, durante el desarrollo de un encuentro de pe­riodistas de izquierda, Alberto Jerez tenía el siguiente recado de Allende: «Salvador agradeció mucho tu informe, pero me dijo que no le serviría de nada, porque tú hablas allí de unas Fuer­zas Armadas fantasmas, sacadas de los libros de Lenin, y que él trata con seres humanos de carne y hueso. Me dijo que te ex­plicara que las Fuerzas Armadas chilenas son de un tipo espe­cial, que Lenin no previó en sus libros...»

Infortunadamente para el Presidente constitucional de Chi­le, las Fuerzas Armadas «fantasmas» destruyeron el 11 de sep­tiembre de 1973 su vida, el Palacio de la Moneda, la residencia de Tomás Moro y varias fábricas, además de asesinar a dece­nas de miles de trabajadores chilenos, encarcelando a otras decenas de miles y destruyendo todas las libertades del pueblo chileno. Los «fantasmas» inauguraron para mi país el fascismo más brutal aplicado en el mundo desde la noche que cayó so­bre el pueblo alemán Adolfo Hitler y sus nazis.

No cabe en los propósitos de este reportaje explicar por qué Salvador Allende, y la mayor parte de las directivas de los parti­dos políticos de la Unidad Popular, tuvo esa actitud ciega y sui­cida con respecto a los altos mandos militares de Chile. Pero, es importante dejar constancia del hecho.

Esto nos pone en situación de volver a tomar el hilo de los acontecimientos que titulamos como «El caso Schneider».
Un problema para EEUU
Cuando a principios de 1964, el Pentágono norteamericano de­cidió poner un grado más de preocupación en sus relaciones con las Fuerzas Armadas chilenas, estaba dando el primer paso para «reparar y reacondicionar» el deteriorado último baluarte de la dominación imperialista en Chile, en caso de que las «condi­ciones actuales continúen mostrando una tendencia al peligro de una subversión obrera y campesina en Chile».

Para los generales norteamericanos del Comando Sur en la Zona del Canal de Panamá (que funciona con un costo de 136,5 millones de dólares al año, con 12 generales y almirantes para 10.500 hombres), encargados de «proteger y administrar» los Programas de Ayuda Militar a América Latina, el «caso de Chi­le», en 1964, era el caso de «problemas en potencia».

La situación política y económica del país demostraba una tendencia a un serio enfrentamiento entre los trabajadores, por un lado, y los intereses de los grandes monopolios chilenos y yanquis por otro. Era el último año del período presidencial de un representante de los monopolios chilenos (Jorge Alessandri Rodríguez, presidente de la Manufacturera de Papeles y Carto­nes, empresa monopólica central de un conjunto empresarial chileno-norteamericano de más de 500 millones de dólares de ca­pital social), con claras señales de descalabro económico: más de 46 % de inflación, después de haber tenido un índice de 8 % en 1961, de 14 % en 1962 y de 45 % en 1963. La cesantía superaba el 7 %, es decir, más de 200.000 desocupados sobre un total apro­ximado de 2.800.000 chilenos considerados como «fuerza de trabajo». La deuda externa llegaba a 1.896 millones de dólares (de los cuales 1.629 eran créditos ya utilizados y 267 millones en créditos todavía no utilizados). La tasa de mortalidad infantil era de 102,9 por cada mil niños nacidos vivos.

Las diferencias de condiciones de vida entre las distintas cla­ses sociales eran brutales: 1.000.000 de campesinos y obreros vi­vían con 380 dólares anuales de ingreso; mientras 60.000 propie­tarios de latifundidos, empresas monopólicas y administradores gerenciales de las mismas, gozaban de un ingreso promedio anual de 10.450 dólares.

En términos estadísticos, en 1964 la situación era, según es­tudios de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) crea­da por la Administración Frei, la siguiente:

Los obreros constituían el 50 % de la fuerza de trabajo y re­cibían el 21 % del ingreso total.

Los empleados sumaban el 22,8 % de la fuerza de trabajo y recibían el 27,2 % del ingreso total.

Los trabajadores por cuenta propia, eran el 21,8 % de la fuer­za de trabajo y recibían el 17,6 % del ingreso total.

En cambio, los contratistas y rentistas eran sólo el 1,4 % de la fuerza de trabajo y absorbían el 26,4 % del ingreso.

El resto del ingreso (7,9%) correspondía al Gobierno, por sus propiedades e impuestos directos.

Estas desigualdades eran mucho más graves en el campo, donde trabajaba el 25 % de la población activa chilena. Allí, el 3 % de los propietarios agrícolas considerados como latifundis­tas, se apropiaban del 37 % del ingreso generado en el sector; mientras el 71 % de las familias que vivían en el campo recibían sólo el 33 % del ingreso del sector.

Para mantener esta realidad, los sucesivos gobiernos radica­les y conservadores, entre 1945 y 1964, habían montado un apa­rato represivo militarizado (el cuerpo de Carabineros) que, cuan­do se veía sobrepasado por la lucha de los trabajadores, era apoyado por las tres ramas de las Fuerzas Armadas, principal­mente el Ejército. Sin embargo, la principal forma de «manteni­miento del orden» social era el engaño político y la supresión de las organizaciones sindicales. (Entre 1945 y 1964, la población sindicalizada chilena había disminuido en más de un veinte por ciento.)

En el engaño político, la situación se reflejaba en que la alian­za de los partidos conservador y liberal (organización política pura de la oligarquía agraria, comercial y financiera), mantenía un 30 % de la fuerza electoral. El partido radical (formado por funcionarios del Estado y empresarios industriales ligados a las empresas norteamericanas del cobre, más algunos sectores lati­fundistas) mantenía un 20 % de esa fuerza electoral. La Demo­cracia Cristiana, por su parte, que sólo a fines de la década del 50 comenzó a ser importante, tenía un 16 % de la fuerza electo­ral (era un partido desgajado, en los años 30, del partido con­servador, y que, en 1964, estaba formado por la oligarquía indus­trial y por los técnicos de más alto nivel ligados a las empresas monopólicas tanto chilenas como norteamericanas).

Por su parte, la combinación de los partidos socialista y co­munista, a principios de 1964, había llegado al 25 % del electora­do, con una constante tendencia a aumentar sus simpatías en­tre los centenares de miles de trabajadores golpeados por la miseria y la cesantía, los cuales presionaban diariamente para obtener una ley de sindicalización campesina, mejoramiento de salarios, facilidades para crear sindicatos de obreros y emplea­dos, reformas agrarias y lo más importante, la nacionalización de las minas del cobre, hierro y salitre en poder de empresas de los Estados Unidos, así como la nacionalización de los ser­vicios telefónicos y de generación de energía eléctrica para la capital y la zona central, también en manos de empresas nortea­mericanas.

Así, la lucha presidencial de 1964, entre Salvador Allende (apoyado por una alianza socialista-comunista, más la mayor parte del partido radical a nivel de bases) y Eduardo Frei (jefe del partido democratacristiano, más la alianza conservadora-libe­ral y un pequeño sector del partido radical), se dio en un con­texto de una violenta campaña antiimperialista, un acuerdo ge­neralizado sobre la urgencia de una ley de reforma agraria y una movilización de masas que no tenía precedentes en la historia del país. Incluso, los democratacristianos, tomando la bandera del engaño político al pueblo, ya fracasados los radicales, los conservadores y los liberales, plantearon la necesidad de «una revolución», pero en «libertad», que proponía la expropiación del latifundio, la reforma bancaria, la expropiación de algunos consorcios industriales chilenos gigantes en manos privadas, la reforma tributaria y «un nuevo acuerdo» con las compañías del cobre Anaconda y Kennecott.

La situación amenazaba ser crítica para los grupos domi­nantes de la sociedad chilena, tanto norteamericanos como na­cionales. Hasta ese momento, a partir de 1945, el Gobierno de los Estados Unidos y las empresas Anaconda, Kennecott, Inter­national Telephone and Telegraph y American Foreign Power, principalmente, habían manejado al Gobierno chileno y su Cá­mara de diputados y senadores, a través de sus empleados paga­dos en el partido conservador, liberal y, sobre todo, en el radi­cal. El presidente radical Gabriel González Videla, por ejemplo, después que dejó la presidencia de la República en 1948, fue pre­miado por sus patrones norteamericanos de la Anaconda, la Ken­necott, la Anglo Lautaro y la Ford Motor, a quienes había pro­tegido durante su Administración, nombrándolo presidente de la filial chilena de Radio Corporation of America, y vicepresi­dente del Banco Francés e Italiano. Así, entre 1948 y 1964, este Gabriel González Videla había pasado de ser un abogado sin nin­guna fortuna, a uno de los hombres más acaudalados de Chile, solamente recibiendo el pago de sus servicios prestados desde La Moneda al Gobierno y a las empresas de los Estados Unidos. Otro caso típico es el del hombre más importante de la directiva del radicalismo en esos mismos años: Rodolfo Michels. Michels era el encargado de «administrar» los fondos que la Anaconda Company aportaba anualmente para «financiar» al partido radi­cal. Todos los proyectos de leyes sobre «inversión extranjera», trato tributario a las empresas del cobre, hierro, salitre, teléfonos y electricidad, antes de ser presentados al Congreso por los Go­biernos radicales y los que los siguieron, eran discutidos primero en las oficinas de la Anaconda Chuquicamata. Cuando Michels «se retiró» de la vida política y fue nombrado vicepresidente de la Anaconda en Chile, fue reemplazado por el «tesorero» del par­tido radical, Constantino Tallar, el cual, al mismo tiempo, era «contratista» de los trabajos habitacionales y de construcción de la Anaconda.2

En 1964, con el radicalismo fragmentado, con fuerte tenden­cia de las bases a sumarse a la combinación de izquierdas que apoyaba a Salvador Allende, el Gobierno de los Estados Unidos y sus empresas multinacionales estaban en un problema: ¿a través de quiénes manejar el Gobierno de Chile, si ya los radica­les no tenían ninguna «chance» de constituir un grupo coherente con real acceso a La Moneda y al Parlamento? Se pidieron in­formaciones a Chile y Robert Haldeman, presidente de la Braden Copper (filial de la Kennecott), explotadora del mineral de cobre de El Teniente, en la provincia de O'Higgins, explicó cómo, a fines de 1963, había sostenido conversaciones con Eduardo Frei (abogado al servicio del grupo oligarca Osvaldo de Castro, estrechamente ligado al consorcio yanqui Anglo Lautaro), jefe de la Democracia Cristiana, candidato presidencial ya entonces para las elecciones de septiembre de 1964; el cual había pedido «ayuda financiera» a la Kennecott para la campaña presiden­cial, a cambio de una promesa formal de «no nacionalizar las minas de cobre» y de «pactar un acuerdo técnico» que «benefi­cie mutuamente tanto a Chile como a la Kennecott». Haldeman informó a su Gobierno que «es mi opinión» que Eduardo Frei es «una persona de confianza», que «cree en lo que dice». El in­forme de Haldeman, agregado al de la Anglo Lautaro y de la propia International Telephone and Telegraph (ITT), en cuyo equipo ejecutivo figuraba uno de los hombres más importantes de la directiva de la Democracia Cristiana, Guillermo Correa Fuenzalida (a su vez, principal ejecutivo del grupo oligárquico-financiero-industrial del Banco de Chile, que manejaba un capi­tal social de más de 600 millones de dólares), decidió al Gobier­no de los Estados Unidos a formar, con ayuda de las empresas interesadas en «los sucesos de Chile», una caja electoral para la campaña presidencial de Eduardo Frei en 1964.3

Se reunieron VEINTE MILLONES DE DÓLARES, adminis­trados por la AID (Agencia Internacional para el Desarrollo, del Gobierno de Washington), para financiar la campaña electoral de Eduardo Frei. El acuerdo fue ceder a la presión popular para una reforma agraria, sindicalización campesina y llegar a «nue­vos acuerdos» que aparentaran nacionalizaciones, con la Anglo Lautaro para el salitre, la American Foreign Power para la elec­tricidad, la ITT para los teléfonos y la Anaconda y la Kennecott para el cobre. Como «consejero» económico para «garantizar las medidas en favor del capital procedente de los Estados Uni­dos», se nombró a David Rockefeller, del Chase Manhattan Bank, y como «coordinador» entre los Rockefeller y Eduardo Frei, al ingeniero Raúl Sáez, de la Corporación de Fomento de la Producción (este Raúl Sáez, desde abril de 1974, es «asesor económico» de la Junta Militar que gobierna en Chile).4

Los veinte millones de dólares no fueron una mala inversión para los Estados Unidos. Eduardo Frei ganó las elecciones presi­denciales con el 56 % de los votos emitidos. Pero Salvador Allen­de elevó su cuota de votación, de más o menos el 25 %, al 39 %. Esto preocupó mucho a los «sociólogos» de la American University de Washington (centro de estudios superiores administrado por el Pentágono para sus necesidades de dominio mundial), y recomendó una serie de medidas para «evitar el peligro de sub­versión popular en Chile». Las medidas estaban centradas en una readecuación de la capacidad de las Fuerzas Armadas chilenas para hacerse cargo de la situación en una «circunstancia ex­trema».

Los generales norteamericanos ordenaron a la Fundación Ford que hiciera uso de su control de algunas universidades norteamericanas y sudamericanas para iniciar un estudio cien­tífico de los altos mandos de las fuerzas armadas chilenas. El sociólogo Roy Hansen, de la Universidad de California, optó por realizar una memoria de graduación sobre el tema. Al mismo tiempo, en la American University, se iniciaron los estudios para realizar una investigación masiva, en profundidad, de la socie­dad chilena, inserto en lo que se llamó el «Proyecto Camelot.»5. A fines de 1964, Roy Hansen llegó a Chile, se conectó con Alvaro Bunster en la Universidad de Chile, el cual después sería enganchado para el «Proyecto Camelot» (curiosamente, Alvaro Bunster fue embajador de Chile ante Gran Bretaña en la Ad­ministración de Salvador Allende) y a través de la hermana de Bunster, Ximena, obtuvo el statu de sociólogo-investigador. Pero el centro de las operaciones científicas de Hansen, naturalmen­te, estaba en las Fuerzas Armadas chilenas. Para operar allí se conectó con el secretario general de la Academia de Guerra del Ejército chileno: ¡coronel René Schneider Chereau! El coronel Schneider permitió al norteamericano Hansen el acceso ilimita­do a la biblioteca de la Academia de Guerra, a sus planes de estudio y a entrevistas personales con el cuerpo de generales.

Al avanzar en su estudio, Hansen se encontró con que el Ejér­cito chileno tenía una superestructura destinada a una tropa in­mensamente mayor a la que manejaba (un general por cada mil hombres, es decir 32 generales para 32.000 hombres más o menos, y un coronel por cada doscientos hombres). Del mismo modo, vio que «la fuerza decisiva» en el aparato militar de mi país era el Ejército. Concentró, entonces, su investigación en él con la preciosa ayuda del entonces coronel René Schneider Chereau. El resultado del trabajo de Hansen, considerado «secreto» para el Ejército chileno, se llamó Cultura Militar y Declinación Organizativa: un Estudio del Ejército de Chile. Una copia de su estudio ingresó al sector «clasificado» de la biblioteca de la Academia de Guerra del Ejército chileno; otra copia quedó en la Biblio­teca de Sociología de la Universidad de California y el resto de las copias pasaron al Pentágono.

Años más tarde, en 1969, algunos periodistas chilenos tuvie­ron acceso a la copia «clasificada» existente en Chile, y un de­talle de su contenido puede leerse en la edición número 21 de julio-agosto de 1971, de la revista «Causa MI», editada en San­tiago de Chile.

La síntesis del trabajo financiado por la Fundación Ford y también por la Rand Corporation, podría ser esta:

En 1964, para Roy Hansen, las Fuerzas Armadas chilenas es­taban en evidente peligro de desintegración a causa de su abso­luta falta de participación en las decisiones importantes del país. Decía el sociólogo yanqui que, a pesar de que la opinión de las Fuerzas Armadas chilenas había sido decisiva para el desarrollo político del país, desde hacía cuarenta años se les estaba utili­zando sólo como «fantasma aterrador», pero, al mismo tiempo, relegándolas a un papel indecoroso de guardianes de tercer or­den del sistema imperante y, lo que es más, colocándolas en un quinto o sexto lugar en cuanto a nivel económico. Decía que, des­de el golpe militar de 1924 (dado por la guarnición de Santiago para obligar a la mayoría oligárquica del Parlamento a aprobar leyes de reformas en los salarios y sistemas de previsión y salud de los obreros, a fin de impedir una «insurección bolchevi­que» de las masas), los militares chilenos no habían tenido ne­cesidad de intervenir activamente en política, y eso los había ido relegando al cuarto de los trastos inútiles por parte de las sucesivas Administraciones.

Señalaba Hansen que había un enorme peligro de desintegra­ción de la estructura militar chilena, lo cual hacía «prever» que los altos mandos, para defenderse del naufragio, tendrían una marcada tendencia, en el futuro próximo, a tener una participa­ción activa en política y en las decisiones nacionales de los círculos dominantes.

Investigando sobre qué pensaban los generales del resto de la sociedad en que vivían, llegó a algunas conclusiones:

Un profundo desprecio por los civiles, a quienes los generales consideraban inútiles, corrompidos e ignorantes. Algunos gene­rales opinaron que los parlamentarios, los políticos civiles y mu­chos funcionarios de alta jerarquía del Estado «no tienen idea de lo que es Chile, cómo hay que defenderlo de las agresiones externas y de la subversión», «son ignorantes», «y también inca­paces de llevar a cabo cualquier tarea difícil». Los generales también opinaron que «La Patria» sólo puede ser defendida por las Fuerzas Armadas; los políticos civiles son incapaces. Que los civiles desprecian a los militares, pero recurren a ellos cuando sienten que no pueden frenar la «subversión del populacho». Sobre las opiniones políticas de los altos mandos, las estadísticas de Hansen fueron concluyentes: 10 % de derechas, 80 % de cen­tro y 10 % de izquierdas. Pero, con la aclaración de que, para los altos mandos militares chilenos, «izquierdas» significaba el programa de reforma agraria, bancaria y nuevo trato con las em­presas norteamericanas, de la Democracia Cristiana dirigida por Eduardo Frei. Así, para los generales, la combinación de parti­dos que había apoyado a Salvador Allende, era de «extrema iz­quierda» y no contaba con ninguna simpatía entre ellos.

Cuando, durante la primera mitad de 1965, el Pentágono quiso poner en práctica en la segunda parte de su proyecto de largo plazo de «preparación» de las Fuerzas Armadas chilenas como reserva para mantener la estructura de la sociedad burguesa chilena en caso de catástrofe de los políticos civiles, hubo pro­blemas serios. Esa segunda parte era el «Proyecto Camelot», que tenía la intención de estudiar, clasificar y ponderar todos «los elementos de presión social, política y económica contra el sistema establecido» para lograr «un sistema de control de esas presiones». Cuando se iba a comenzar a aplicar, los mili­tantes de partidos de izquierda de la Universidad de Chile lo denunciaron. El escándalo fue tan enorme que la propia Demo­cracia Cristiana, para cubrir las apariencias, apoyó una investigación del caso en el Parlamento. Los parlamentarios de iz­quierdas más un sector de democratacristianos, calificaron el «Proyecto Camelot» como «un plan de espionaje de una poten­cia extranjera en contra de Chile», y el propio Gobierno de Washington tuvo que declarar, en junio de 1965, que «hemos sugerido a las autoridades correspondientes que se suspenda la aplicación del «Proyecto Camelot» en Chile y «en Colombia»

Pero el trabajo en las Fuerzas Armadas chilenas no se sus­pendió. Las misiones militares de los Estados Unidos (que tie­nen su sede en el propio edificio del Ministerio de Defensa de Santiago, vedado a los civiles chilenos) iniciaron una «asesoría a presión» sobre los planes de estudio de la Academia de Gue­rra, y recomendaron que todos los alumnos del último curso de la Escuela Militar Bernardo O'Higgins (que prepara oficiales para el Ejército) y de la Escuela de Aviación Capitán Avalos (que prepara oficiales para la Fuerza Aérea), deberían pasar un pe­ríodo de instrucción de cuarenta días en los fuertes del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, en la Zona del Canal de Panamá.

Esta «recomendación» del Pentágono al alto mando militar chileno, fue puesta en práctica en 1968 por el entonces director de la Escuela Militar Bernardo O'Higgins y ya «hombre de con­fianza» del Pentágono en el Ejército chileno: ¡el general de bri­gada René Schneider Chereau!

Al mismo tiempo, Schneider, que era profesor de la Academia de Guerra, participaba activamente en la introducción de nuevas cátedras, que tenían que ver con economía política, administra­ción estatal, comercio exterior, políticas de industrialización, his­toria de los partidos políticos chilenos, reforma agraria, reforma urbana, políticas bancarias, etc. Es decir, todo un plan de prepa­ración de «administradores públicos», como parte importante de la instrucción de los nuevos generales del Ejército chileno. Del mismo modo, se introdujeron cátedras intensivas de estudios de «marxismo» a través de cursos sobre Marx, Lenin y Mao Tse-tung.6

Desde 1968, el propio «profesor René Schneider», después de largas sesiones de trabajo con los miembros de la misión mi­litar norteamericana en Santiago, comenzó a desarrollar la «teo­ría moderna de la seguridad nacional», que consistía en sostener que el verdadero significado de que «las Fuerzas Armadas son la garantía de la seguridad nacional» tiene un doble carácter: la de seguridad con respecto a los enemigos externos, y la de se­guridad con respecto a los enemigos internos, y que, en las «con­diciones actuales de Chile», los enemigos «internos» de la se­guridad nacional son mucho más peligrosos, reales y latentes que los enemigos «externos»: Y, ¿quiénes son esos enemigos «in­ternos»? Según la teoría del Pentágono, vía general René Schnei­der, son todos aquellos que, aprovechándose del descontento po­pular a causa de injusticias sociales y abusos de los poseedores de la riqueza, tratan de sacar a Chile del mundo «occidental y cristiano» en que nació y está destinado a seguir viviendo. Entre esos enemigos «internos», por supuesto, se inscriben con hono­res los «que propician el socialismo marxista».

Cursos similares y teorías semejantes se desarrollaban, al mismo tiempo, en la Marina, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Carabineros. Todos a cargo de «asesores norteamericanos de In­teligencia» y todos a través de altos mandos del tipo del general de brigada René Schneider Chereau.

Sin embargo, mientras el Pentágono daba primera prioridad en Chile al mejoramiento de sus relaciones con las Fuerzas Ar­madas nativas, el propio Gobierno de Eduardo Frei, demasiado ocupado en pavimentar el camino de los buenos negocios de las empresas gigantes de los Estados Unidos, no escuchaba las peti­ciones materiales de sus generales que, insuflados de un nuevo espíritu después de tres años de comenzar a adiestrarse para ser «maestros en el arte militar y en el arte del gobierno civil», exigían una mayor participación en el reparto de las riquezas generadas por el trabajo de los obreros y campesinos chilenos.

En 1969, comenzó a dibujarse con claridad una nueva situa­ción crítica, social y económica. Transcurridos cinco años ya de la llamada «revolución en libertad» de Eduardo Frei, era notorio el fracaso. El desarrollo económico se había estancado a un nivel increíblemente bajo, llegando el crecimiento del produc­to geográfico bruto, en 1967, a 0,0 %; en 1968, a 0,6 %; y la pro­yección para 1969 indicaba no más de 0,7 %. Los precios de los alimentos subían constantemente: en 1967 tuvieron un alza del 14,5 %; en 1968 fue del 25,5 %; y la proyección para 1969 era de 30,7 %. En ese mismo año, las remuneraciones promedio de 1.300.000 obreros urbanos y agrícolas, eran TREINTA Y CINCO VECES MENORES a los ingresos promedio de unos 62.000 con­tratistas y propietarios a nivel capitalista. La reforma agra­ria, que había prometido hacer 100.000 nuevos propietarios, ape­nas había conseguido expropiar menos de un tercio de los lati­fundios. La deuda externa había subido de 1.896 millones de dólares en 1964, a un total de 2.765 millones en 1969, al tiempo que las empresas norteamericanas y extranjeras estaban retirando del país por concepto de utilidades, depreciaciones, amortizacio­nes e intereses MAS DE UN MILLÓN DE DÓLARES AL DÍA. Du­rante el Gobierno de Alessandri (1958 a 1964), el promedio anual de este retiro fue de 170 millones de dólares; mientras que Eduardo Frei, desde 1965 a 1969 lo había subido a más de 344 mi­llones. Andrés Zaldívar, ministro de Hacienda Pública de Frei, comunicaba en noviembre de 1969 que las remesas al exterior, por aquellos conceptos, sumarían alrededor de 450 millones de dólares. Por otra parte, el Gobierno había comprado a la Ameri­can Foreign Power (explotadora de la Compañía Chilena de Elec­tricidad) en 186 millones de dólares, maquinarias que valían me­nos de 40; había comprometido el pago de mil millones de dóla­res a la Anaconda Company, por una «nacionalización pactada» de Chuquicamata, el mayor centro cuprífero del mundo, por ins­talaciones que valían menos de 170 millones. Con la Kennecott Copper, había llegado a un acuerdo similar, pagando 80 millones de dólares por el 51 % de instalaciones cuyo valor total no llegaba a los 70 millones en El Teniente (para conocer con mayor detalle esta situación, ver mi obra El imperialismo yanqui en Chile).

Todo esto, difundido entre el pueblo por los periodistas de izquierdas y las publicaciones patrióticas, había provocado un enorme sentimiento antiimperialista que se expresaba en la agita­ción constante de obreros, campesinos, empleados y estudiantes, exigiendo la expulsión de las compañías norteamericanas y la expropiación de todas las empresas industriales con mayoría de capital de Estados Unidos que, durante la Administración de Frei, estaban produciendo el fenómeno de la «desnacionalización industrial» de Chile. Al mismo tiempo, la lucha campesina por la tierra había llegado al extremo de producirse tomas de lati­fundios por la fuerza, mientras la sindicalización en el campo había elevado su nivel de tres mil campesinos afiliados en 1964 a cerca de 120.000 en el último mes de 1969. En las ciudades, el promedio de huelgas obreras por mejores salarios triplicaba el promedio de la Administración anterior. Mientras, profesores y estudiantes se mantenían en constante combate por la reforma educacional en los niveles superiores. La situación era tan ex­plosiva, que Eduardo Frei, pidió a Nelson Rockefeller que no pasara por Chile en sus visitas a Latinoamérica como paso previo a la preparación de su famoso Informe sobre América La­tina; en el cual, ese mismo año, recomendaría al Gobierno de los Estados Unidos promover la toma del Poder en los países su­damericanos por parte de «la oficialidad progresista de la nueva generación», por ser la «organización más coherente» en las so­ciedades latinoamericanas. De esa «oficialidad progresista» a que se refería Rockefeller, formaban parte los altos mandos que se preparaban en la Academia de Guerra del Ejército chileno, bajo la asesoría y supervisión de las misiones militares norteamericanas.

En medio de esta tormenta socio-económica, a mediados de 1969, el general de brigada Roberto Viaux Marambio, coman­dante en jefe de la Primera División de Ejército, con sede en Antofagasta, recogiendo el «sentir de la oficialidad joven» (coroneles, tenientes coroneles, mayores y capitanes), hizo llegar una carta-petitorio al comandante en jefe del Ejército, Sergio Castillo Aranguiz, para su entrega al presidente Eduardo Frei. La carta-petitorio del general Viaux decía que «la seguridad na­cional y la tranquilidad interna del país» dependían de las Fuer­zas Armadas y que, «a nuestro juicio», el Gobierno de Frei, igual que los anteriores, no se ha preocupado por mantener en funcio­namiento unas Fuerzas Armadas modernas, «bien equipadas y con participación efectiva en las grandes decisiones nacionales». La carta exigía la puesta en práctica de una «nueva política de Gobierno con respecto a las Fuerzas Armadas», sueldos de los altos mandos «de acuerdo con su alta jerarquía social y respon­sabilidad nacional» (Viaux se quejaba en el texto de la comuni­cación porque «un general de la República gana menos que un obrero calificado del mineral de cobre de Chuquicamata», lo cual era cierto), compra de material de guerra adecuado, y participación de la alta jerarquía militar en el desarrollo económico, político y social de Chile.

El general Viaux confiaba en que esa carta iba a servir para tener un diálogo de nuevo tipo con el presidente Frei, porque la había discutido con el jefe del Estado Mayor del Ejército, ge­neral de división René Schneider Chereau, el cual, incluso, le había hecho sugerencias sobre la parte de la «participación» de los generales en la vida económica y política del país.

Pero Eduardo Frei no escuchó a René Schneider, y en cambio sí lo hizo con Sergio Castillo, el general comandante en jefe del Ejército, íntimo amigo personal y «freista» por y sobre todas las cosas. El general Roberto Viaux fue dado de baja el sábado 18 de octubre, relevándolo de su mando de la Primera División y llamándolo a Santiago. Viaux regresó a Santiago, y el martes 21 de octubre amaneció como jefe de una insurrección militar lo­calizada en el Regimiento Tacna, con apoyo de la Escuela de Su­boficiales, la Academia de Guerra y parte del Regimiento Blin­dados Número 2. Al mediodía del martes 21 de octubre, para los reporteros que cubrimos el suceso, estaba claro que el general Roberto Viaux contaba con el apoyo y la simpatía encubiertos de la mayoría absoluta de los mandos de Santiago, y que, técnicamente, si Viaux se lo proponía, no había nada que impidiera que Eduardo Frei fuera derrocado y reemplazado por un Go­bierno militar sin disparar un tiro. Sin embargo, después de una conversación telefónica con el jefe del Estado Mayor del Ejér­cito, general René Schneider, el amotinado general Viaux hizo una proclama en que enfatizó que «mi movimiento no es contra el Presidente de la República», sino que constituye un recurso extremo «para llamar la atención» sobre la necesidad de colocar al Ejército en el lugar que le corresponde.

Al día siguiente, 22 de octubre, el general Roberto Viaux po­nía fin a su insurrección, consiguiendo los siguientes puntos:

1) El comandante en jefe del Ejército, general Sergio Castillo se acogía a retiro… ¡y era reemplazado por el general de división René Schneider Chereau!

2) El general Viaux aceptaba irse a retiro, considerando que la presencia del general Schneider como comandante en jefe era garantía de que sus peticiones serían escuchadas.

El Pentágono había hecho una obra maestra en ese momento crítico para el dominio imperialista y oligárquico en Chile: ha­bía colocado al mando del Ejército, pilar fundamental de las Fuerzas Armadas chilenas, a un «hombre de nuestra absoluta confianza» y, lo más importante, «no ligado» a los partidos po­líticos.

El general Schneider obligó a Frei a cumplir con parte del petitorio original de Viaux: en enero de 1970, los sueldos de los generales fueron elevados desde un equivalente de 6 sueldos vitales a 12 sueldos vitales. Es decir, los generales pasaron a in­tegrar el grupo superior del 2 % de los hogares chilenos que tienen mayores ingresos. Antes, estaban en el grupo del 10 % superior de los hogares con mayores entradas. (Sueldo vital es la cantidad mínima de remuneración fijada por ley, cada año, para los empleados del Estado y de las empresas privadas). Del mismo modo, el presupuesto de gastos en material de guerra fue elevado en un 50 % para el año fiscal siguiente, y se comenzaron a estudiar planes de ampliación del número de oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros. (Esos planes de ampliación del número de oficiales sólo se hicieron efectivos a partir de 1971, bajo la administración de Salvador Allende)

Por otra parte, se acordó que el propio cuerpo de generales del Ejército estudiaría «un plan de acción» a largo y corto pla­zo, para poner en práctica la demanda del general Viaux de «dar una verdadera responsabilidad a las Fuerzas Armadas como la solución de los grandes problemas nacionales». Ese plan, en el año 1970, sería diferido por los propios generales, para ocuparse de la forma de intervenir «en busca de la paz social», en caso de que la lucha electoral por la contienda presidencial desem­bocara en enfrentamientos violentos entre distintas facciones políticas: situación que fue amenazante durante todo el año 1970 antes del 4 de septiembre, día de los comicios presiden­ciales de Chile.
Allende, presidente
En abril de 1970, la campaña presidencial estaba causando al­gunas sorpresas para los «expertos», que habían dado por «ca­dáver político» a Salvador Allende, el candidato de la Unidad Popular (el senador socialista había sido derrotado tres veces en las campañas presidenciales de 1952, 1958 y 1964). Las en­cuestas de opinión pública demostraban que en los extremos norte y sur del país, en la concentración industrial de Concep­ción y en Santiago, las simpatías por Allende, sobre todo entre los obreros, campesinos y empleados, le aseguraban un porcentaje de votación superior al 35 %. Como la elección presi­dencial se daba con tres candidatos (los otros eran el ex presi­dente de la República Jorge Alessandri, y el senador democratacristiano Radomiro Tomic) había «grandes posibilidades» de que Allende ganara estrechamente la votación del día 4 de sep­tiembre del mismo año.

En la última semana de abril de 1970, hubo una reunión im­portante en la casa de Patricio Rojas, ministro del Interior del Presidente Eduardo Frei, a la que asistieron el ministro de Ha­cienda, Andrés Zaldívar; el senador democratacristiano Patricio Aylwin; el senador nacional (conservador) Pedro Ibáñez, y el director de la empresa Manufacturera de Papeles y Cartones, Arturo Matte Larrain. El tema de la conversación fue único: cómo evitar que Salvador Allende fuera Presidente de la Repú­blica si ganaba las elecciones en septiembre.

La Constitución chilena vigente hasta el asalto fascista militar a la democracia burguesa, establecía que si el candidato triun­fante en las elecciones presidenciales «no obtiene la mitad más uno de la votación», entonces, cincuenta días después, el Parla­mento «podrá proclamar Presidente a cualquiera de los dos candidatos que hayan obtenido las dos primeras mayorías». Es decir, el Parlamento podía elegir «al segundo». De esto se col­garon los contertulios de aquella reunión para comenzar una campaña de opinión pública con el propósito de hacer «elegir al segundo de Allende», fuera éste Tomic o Alessandri. A fin de dar un barniz de «legitimidad estatal» a esta maniobra, los contertulios acordaron pedirle al comandante en jefe del Ejér­cito, general René Schneider Chereau, que declarara públicamente que las Fuerzas Armadas «garantizarían» la elección del segundo candidato presidencial, en caso de que fuera necesario.

Patricio Rojas habló con Schneider, y a través de Andrés Zal­dívar, se obtuvo que Agustín Edwards ordenara al director de su periódico, «El Mercurio», que hiciera entrevistar al general co­mandante en jefe del Ejército. El día 8 de mayo de 1970, en pri­mera página, apareció la entrevista al general Schneider, el cual, en síntesis, estableció los siguientes puntos:

«El Ejército va a garantizar el veredicto constitucional».

«El Ejército es garante de elección normal, de que asuma la Presidencia de la República quien sea elegido por el pueblo o por el Congreso Pleno». (Esta era la esencia de la cuestión: Schneider decía que los militares garantizarían la asunción co­mo Presidente de quien sacara el 51 % o más de los votos en septiembre —imposible para Allende—, o del segundo candi­dato, si el primero —Allende— sacaba menos del 51 %. Así cum­plía con el encargo de la colusión democratacristiana-conservadora. Pero Schneider fue más allá, y habló de «garantizar» sólo una «elección normal». Esto abría la posibilidad de que los mi­litares encontraran «anormal» una elección en que Allende sa­cara más del 51 % de los votos, y la anularan, para llamar a nuevas elecciones)

«La intervención en política está fuera de todas nuestras doc­trinas. Somos garantes de un proceso legal en el que se funda toda la vida constitucional del país».

«Si se producen hechos anormales (convulsión interna), nues­tra obligación es evitar que ellos impidan que se cumpla lo que indica la Constitución». (En estos dos puntos, Schneider aclara que los militares no se abanderizarán con los partidos políticos, pero actuarán si se pone en peligro el sistema de do­minio del imperialismo norteamericano y la oligarquía nacio­nal de la sociedad chilena —«la vida constitucional del país»—. Es el mismo argumento utilizado por los generales fascistas el 11 de septiembre de 1973 para destruir a sangre y fuego la de­mocracia burguesa chilena, cuando se mostró inadecuada para defender los intereses de los dueños de Chile.)

«Quien tenga una inquietud grande con respecto a ciertas ideas, ciertas tendencias o ciertas actividades políticas y desee participar en ellas, lo mejor es que deje el uniforme y las abrace como un civil». (Schneider hacía una severa advertencia a un débil porcentaje de mandos medios del Ejército, que mostraba ciertas simpatías con la candidatura de Allende. En realidad, lo que Schneider ponía en práctica era una llamada de atención hacia una amenaza de «rebrote» de ideas progresistas en los mandos militares, después que durante los años 1961 y 1962 se había completado la tarea de limpieza interna, llamando a re­tiro a todos los oficiales sospechosos de simpatizar con «ideas socialistas».)

Sin embargo, llegó el 4 de septiembre de 1970, y la situación política se presentó de manera distinta a como la habían plani­ficado los dirigentes reaccionarios de la Democracia Cristiana, el Partido Nacional y las comandancias en jefe de las Fuerzas Armadas. Aun cuando los resultados fueron los previstos (Allende con 1.075.000 votos, el 36,3 %; Alessandri con 1.036.000 votos el 34,9 %; y Tomic con 824.000 votos, el 27,8 %); la «presión po­lítica» era muy distinta a lo pensado. El triunfo relativo de Allende, en la noche del 4 de septiembre, fue recibido por su millón de simpatizantes con una explosión de entusiasmo, se hicieron fiestas en las calles, manifestaciones en Santiago, Val­paraíso, Concepción y demás ciudades importantes... Y lo ines­perado: grandes sectores de la juventud democratacristiana y de obreros de ese partido, en la misma noche del triunfo de Allende, salieron a unirse a las manifestaciones de la Unidad Popular, formando una especie de espontáneo «frente antiimpe­rialista» que, evidentemente, hacía aventurado y brutal elegir, en cincuenta días más, como Presidente de Chile al segundo.

Además, el candidato Radomiro Tomic (el cual no estaba en­terado del juego de su directiva manejada por Frei), al medio­día del 5 de septiembre acudió a la casa de Salvador Allende para «saludarte como el ganador y futuro Presidente». Allende frente a centenares de periodistas, abrazó a Tomic y le respondió: «Tu gesto moral consolida nuestra amistad de treinta años.»

Había que buscar «un nuevo método de escamotear el triun­fo de Allende». Apresuradamente, durante todo el domingo 6 de septiembre, hubo reuniones secretas en las cuales partici­paron los senadores Pedro Ibáñez y Francisco Bulnes, por par­te del candidato Alessandri; y los ministros de Hacienda, An­drés Zaldívar; de Defensa, Sergio Ossa Pretot; de Economía, Carlos Figueroa; y del Interior, Patricio Rojas, por parte del Go­bierno de Eduardo Frei. Separadamente, también se reunieron ese día los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea, general Carlos Guerraty; de la Marina, almirante Jorge Porta Ángulo; de carabineros, general Vicente Huerta; y el jefe de la guar­nición de Santiago, general (de Ejército) Camilo Valenzuela.

En seguida, el general Valenzuela y el ministro de Defensa, Ossa Pretot, tuvieron una conversación con el comandante en jefe del Ejército, general Schneider. La proposición era muy simple: Convencer a Eduardo Frei de la necesidad de impedir a toda costa el triunfo de Allende en el Parlamento, por medio de una insurrección militar que desembocara en la renuncia de Frei, el nombramiento de una Junta Militar de Gobierno y el llamamiento a nuevas elecciones presidenciales, en el plazo de seis meses, solamente entre dos candidatos. Para justificar la insurrección militar, se proponía un plan de caos social pro­vocado por un «pánico financiero» y una «oleada de atentados terroristas».

El general Schneider estuvo de acuerdo pero puso dos con­diciones: primera, que él no participaría en esa Junta Militar, retirándose del servicio activo en el momento de la proyectada insurrección; y segunda, que se informara de estos proyectos a la misión militar norteamericana, a fin de obtener «su apoyo» o servicios de «su experiencia.7

Desde la misma tarde del domingo 6 de septiembre, los cons­piradores empezaron a poner en práctica lo acordado, comen­zando una gigantesca red de llamadas telefónicas, advirtiendo a los usuarios que «los marxistas se quedarán con todo el di­nero» y es necesario «retirar los ahorros y depósitos de cuen­tas bancarias». Desde el lunes 7 de septiembre, los locales de los bancos comerciales, estatales y de sistemas de ahorro y prés­tamo para construcción de viviendas amanecieron con largas filas de depositantes que deseaban retirar sus fondos. Dos sema­nas después de las elecciones, se habían retirado de las cuentas corrientes en el sector privado en los bancos comerciales y el Banco del Estado, 611 millones de escudos (unos 50 millones de dólares); de los depósitos de ahorro en el Banco del Estado, se retiraron en el mismo período 54 millones de escudos (alrede­dor de 4,5 millones de dólares); los retiros en fondos de certifi­cados de ahorro reajustable fueron de 11 millones de escudos (unos 900.000 dólares); y en las cuentas de ahorro y préstamo para construcción de vivienda, se retiraron 322 millones de escudos (más de 26 millones de dólares).

Los grandes monopolios comenzaron a exigir el pago al con­tado, por ventas que antes se hacían a plazos a base de mate­rias primas, a los empresarios medianos y pequeños. Al mis­mo tiempo, los monopolios suspendían sus compras a las empresas medianas y pequeñas, con lo cual les provocaban un do­ble problema de financiamiento. Ésta fue una hábil maniobra para oponer los intereses de los pequeños y medianos empresa­rios a los de los obreros, campesinos y empleados que sim­patizaban con Allende, ocultando la realidad esencial de la con­tradicción entre los grandes monopolios y el resto de la socie­dad.

La parte del «pánico financiero» se completó con la fuga de divisas, la especulación de dólares en el mercado negro y el au­mento artificial de viajes al extranjero, en maniobras ilícitas que contaban con la protección de los ministros de Hacienda y de Economía, que eran cómplices en el complot.

Las ventas de dólares para viajar al extranjero, que desde enero a agosto de 1970 mostraban un promedio de 5,3 millones de dólares al mes, subieron en septiembre a 17,5 millones y en octubre llegaron a 13,6 millones. El precio oficial del dólar era de 12,2 escudos por unidad, y en el mercado negro se llegó a cotizar a 70 escudos por unidad.

El día 13 de octubre, los dirigentes de la Confederación de la Pequeña Industria y Artesanado informaban que «los porcen­tajes de disminución del ritmo de actividad es del siguiente orden: Santiago, 53 %; Arica, 28 %; Antofagasta, 20 %; Coquimbo, 83 %; Valparaíso 30%; Colchagua, 50%; Concepción, 3 %, y los Angeles, 53 %». Alarmados, estos pequeños empresarios y artesanos señalaban que «en todo el país, las ventas han bajado en 38,4 %» y «tenemos existencia de trabajos solamente para 15 días y recursos para pago de jornales sólo para 20 días más».

El 23 de septiembre, cumpliendo con su parte en el complot, el ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar, pronunció un discur­so por la cadena nacional de radio y televisión en que daba ci­fras aterrorizantes sobre el descalabro financiero y decía que «la situación económica del período postelectoral derivaba de fac­tores psicológicos» y que «los resultados más que probables de esta situación serían el de un desastre económico completo y generalizado».

En suma, la parte de «pánico financiero» del complot para im­pedir que Allende fuera elegido Presidente en el Parlamento el día 24 de octubre de 1970, se cumplió a la perfección. ¿Qué les falló entonces a los conspiradores, que no pudieron impedir la elección de Allende? Les falló el Pentágono, y con él, el generalato de las Fuerzas Armadas chilenas. La historia es esta.

A través de Arturo Matte Larrain, uno de los dueños del gi­gantesco monopolio del papel Manufacturera de Papeles y Car­tones, los conspiradores establecieron un puente entre el presi­dente Eduardo Frei y la International Telephone and Telegraph (ITT), la cual, en combinación con la Agencia Central de Inte­ligencia (CÍA), había decidido dar «todo su apoyo» a un golpe que impidiera la ratificación de Allende en el Parlamento chi­leno. Los «contactos» de Matte Larrain eran los ciudadanos norteamericanos Robert Berrellez y Hal Hendrix, ambos en el equi­po de agentes latinoamericanos de la CÍA, y ambos funcionarios de «relaciones públicas» de la ITT (este doble cargo de relacionador público y agente de la CÍA parece ser muy socorrido en los Estados Unidos, ya que el actual Secretario de Prensa de la Junta, Federico Willoughbly McDonald, chileno, figuraba has­ta el día del golpe del 11 de septiembre de 1973 como «relacionador público» de la Ford Motor en América Latina).

Así, Arturo Matte Larrain, el día 8 de septiembre, había te­nido ocasión de informar a Frei cómo la ITT estaba presionan­do en Washington para que el Gobierno de los Estados Unidos apoyara una eventual Junta Militar que impidiera el nombra­miento de Allende. Y como ya se había aprobado por varios consorcios norteamericanos con intereses en Chile (Anaconda, Kennecott, ITT, Bank of America, First National City Bank, Anglo Lautaro y Chase Manhattan, entre otros), se inició el plan general de «presión», que consistía en que los bancos no de­berían dar créditos o demorar los ya aprobados; las compañías deberían demorar en hacer entregas de productos, envíos de dinero, despacho de repuestos, etc.; retirar toda la ayuda técni­ca y «hacer presión sobre las compañías de ahorro y préstamo para que se declaren en bancarrota». Matte le explicó a Frei que la ITT estaba dispuesta a poner todo el apoyo «económico» que fuera necesario, si el Gobierno de los Estados Unidos daba el visto bueno a la conspiración.

La respuesta de Frei, ese 8 de septiembre fue más o menos la siguiente: Yo no puedo hacer pedazos mi imagen de demócrata, por eso mismo, si el «desarrollo de la situación continúa», es­pero «que me derroquen a la luz pública y me exilien por un tiempo». Sin embargo, tienen todo mi apoyo personal, no haré nada por impedir que el colapso financiero y económico sirva de caldo de cultivo a una buena receptividad pública a un golpe militar que «ordene las cosas». Pero no haré nada, absolutamente nada que haga caer la sospecha pública sobre mí. Quiero cuidar mi imagen política por sobre todas las cosas.8

Más tarde, Matte, por intermedio de Hendrix de la ITT, recibió el recado desde Nueva York, del vicepresidente de ITT, Edward Gerrity, de que «convenciera a Frei de que tome un papel más activo, informando a Washington». Frei no se decidió nunca a dar ese paso.

Al mismo tiempo, el general de brigada Camilo Valenzuela jefe de la guarnición de Santiago, había hecho contacto con el ex general Roberto Viaux Marambio, y le había encargado la tarea de hacer «un equipo de choque» compuesto por personas «de confianza y con espíritu de combate», a fin de iniciar en todo el país un plan de atentados terroristas. El grupo de Viaux se formó, apoyado por otro grupo encabezado por Enrique Schilling, secretario privado del senador radical reaccionario Julio Duran, y por un naciente grupo dé jóvenes universitarios diri­gidos por el abogado Pablo Rodríguez Grez, que fuera secretario- abogado de la campaña presidencial de Jorge Alessandri Ro­dríguez.

Los terroristas, que comenzaron su labor en la segunda quin­cena de septiembre de 1970, contaron con la protección del ge­neral director de Carabineros, Vicente Huerta, y con la asesoría «técnica» de dos miembros del Servicio de Inteligencia del Ejér­cito (SIM).

Todo estaba funcionando perfectamente en el esquema arti­culado la noche del domingo 6 de septiembre, excepto por dos detalles: el presidente Frei no colaboraba activamente, y el can­didato triunfante Salvador Allende estaba estableciendo rápida­mente contactos con representantes de las Fuerzas Armadas chi­lenas para «explicar su programa de Gobierno».

El embajador Edward Korry, de los Estados Unidos, se puso nervioso y comenzó a enviar recados a Eduardo Frei suma­mente insolentes, incluyendo la frase «díganle que se ponga los pantalones de una vez».

Por su parte, Salvador Allende comenzó a hacer saber a los generales de las Fuerzas Armadas (tuvo conversaciones con el general Manuel Torres de la Cruz, Hermán Brady y René Schneider), que quienes se oponían a que fuera ratificado en el Con­greso Nacional estaban cometiendo un error terrible, porque en la historia de Chile se había elegido al segundo en la vota­ción por el Congreso Pleno. Porque «el millón de chilenos que me eligió» es un «destacamento de combate» que no aceptará tal decisión. Porque «mi programa» es un programa de «desarro­llo del capitalismo de Estado » y no es socialista. Porque «las re­formas» de mi «programa» son «la única salida pacífica que le queda a este sistema de vida para sobrevivir».9

Estas afirmaciones de Salvador Allende, por otro lado, ha­bían sido repetidas a los dirigentes democratacristianos que no estaban comprometidos en el golpe militar: Renán Fuentealba y Bernardo Leighton, de enorme peso sobre la opinión de los miembros de la Junta de ese partido. De allí surgió la idea de hacer firmar a Allende un Estatuto de Garantías Democráticas, para ser incorporadas a la Constitución chilena, que servirían como un certificado de conducta «no marxista» de Allende. El día 8 de octubre, ese Estatuto ya estaba redactado y aprobado tanto por la Democracia Cristiana como por la Unidad Popular, lo que aseguraba que, por lo menos una gran mayoría de parla­mentarios democratacristianos votarían el 24 de octubre por Sal­vador Allende, dándole los votos suficientes para ser elegido.

Pero, al mismo tiempo que en la primera semana de octu­bre las conversaciones de Allende con el PDC daban sus frutos, también fructificaban sus recados y conversaciones con los jefes de las Fuerzas Armadas. El general René Schneider había informado a la misión militar norteamericana en Santiago de todo lo que ocurría, y ésta, a su vez, al Pentágono. En el Pen­tágono se había evaluado la situación, y en los primeros días de octubre, la misión militar norteamericana informó a Schnei­der que «todo el plan queda cancelado». Se le explicó por qué y Schneider, el día 15 de octubre, en la Academia Politécnica del Ejército, dio una charla sobre el tema, repitiendo las ins­trucciones que le habían dado los generales de Washington:10

1) No debemos actuar torpemente en un momento tan deli­cado de la vida constitucional chilena. Las Fuerzas Armadas no pueden ahora «detener la evolución y los cambios». Nuestro deber «es aceptarlos» para cuidar de que se desarrollen en or­den y sin descarrilar la tranquilidad social.

2) El «pesimismo y la pérdida de fe» pueden llevar a equi­vocarnos, a creer que «el enemigo marxista está a las puertas» y cometer un error de «caer en extremos» para combatirlo.

3) Un grupo muy importante de chilenos, en estos momen­tos, «no está dispuesto a dejarse arrebatar un triunfo electoral que cree les cambiará el curso de sus vidas». Nuestro deber es permitir que esas personas intenten su experimento, pero sin causar daños a los demás. Sin causar daños a nuestra Patria, a nuestra vida institucional.

4) «El señor senador Salvador Allende nos ha dado segu­ridades» de que se mantendrá dentro de la Constitución y las le­yes. De que sus «cambios programáticos» no representan un peligro para nuestro modo de vida occidental y cristiano. El señor senador me ha dicho personalmente algo en lo que estoy de acuerdo con él: en estos momentos, un Gobierno como el del señor Allende, es el único tipo de gobierno que puede impedir que estalle una insurrección popular violenta y trágica.

5) Las Fuerzas Armadas, que somos garantía de que esta so­ciedad siga siendo «occidental y cristiana», tenemos que «espe­rar y ver qué sucede en el futuro». El futuro nos dirá si tenemos que intervenir para volver a poner las cosas en su lugar, o si el señor senador Salvador Allende cumple su palabra de «en­cauzar» LA INQUIETUD popular y de «impedir la insurrección de los que nada tienen».

El Pentágono había dicho su palabra, y el comandante en jefe del Ejército chileno se la había hecho saber a los altos mandos. También se la dio a conocer al director general de Ca­rabineros, al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y al co­mandante en jefe de la Marina. Cuando éste, Jorge Porta Ángulo, se lo hizo saber al cuerpo de almirantes, cuatro de ellos se en­trevistaron con el senador Salvador Allende, para preguntarle si era cierto lo que se decía en las Fuerzas Armadas acerca de su pensamiento político. Allende reafirmó todos los conceptos ver­tidos por Schneider. El almirante Porta Ángulo renunció a su comandancia en jefe, y fue reemplazado por el jefe de la Pri­mera Zona Naval (Valparaíso), vicealmirante Hugo Barrios Ti­rado.

En suma, lo que había ocurrido fue que en la primera sema­na de octubre de 1970, el Pentágono había dicho NO al golpe militar en Chile, y los generales chilenos tenían el encargo de desarmar la maquinaria golpista ya en marcha. La decisión del Pentágono causó un tremendo impacto en la CÍA, que confiaba en seguir adelante de todas maneras. Esta falta de coordinación entre el Pentágono, el propio presidente Nixon y la CÍA, pro­vocaría una trizadura en el equipo conspirativo, que quedaría reducido al grupo de choque del general Roberto Viaux.

En los mensajes de Robert Berrellez y Hal Hendrix a la vicepresidencia de la ITT en Nueva York, a partir de septiembre de 1970, es notorio este problema de descoordinación con el Pentágono. Por ejemplo, en un documento fechado en Santia­go de Chile el 18 de septiembre, y dirigido a Edward Guerrity, vicepresidente de la ITT en Nueva York, Hal Hendrix le co­munica: «El martes en la noche (15 de septiembre), el emba­jador Edward Korry finalmente recibió un mensaje del Depar­tamento de Estado, dándole luz verde para actuar en nombre del presidente Nixon. El mensaje le dio la máxima autoridad para hacer todo lo posible —menos una acción tipo República Dominicana— para impedir que Allende tome el poder». El mis­mo informe agregaba que «debemos hacer cuanta presión po­damos sobre el USIS (United States Information Service) en Washington para que dé instrucciones a la USIS de Santiago de que comience a mover los editoriales de «El Mercurio» alrede­dor de América Latina y hacia Europa».

El informe agregaba que «Arturo Matte Larrain cree» que Eduardo Frei todavía no se decide, que «hay que darle la pre­sión adecuada» y que se «formará un equipo de periodistas» de «El Mercurio» para «crear buena imagen» para el golpe. (Citado de los documentos puestos a disposición de la comisión in­vestigadora del Senado norteamericano sobre la ITT, en 1972, por el periodista Jack Anderson).

Es decir, el 15 de septiembre, Nixon aparecía dando «luz ver­de» para la conspiración, en circunstancias que el Pentágono to­davía estaba «evaluando la situación» y no había decidido aún qué partido tomar.

El 30 de septiembre, Guerrity comunica al vicepresidente de la ITT chilena (Benjamín Holmes), que Jack Guilifoyle, vice­presidente en Nueva York de la ITT, había sostenido una «en­trevista importante sobre el tema» con William Broe, director general de la CÍA para América Latina.

El 9 de octubre, ya quedaba claro que la ITT en Washing­ton, que Nixon había «echado pie atrás» a su «decidida actitud de luz verde» del mes de septiembre, y el vicepresidente de la ITT en Washington, William Merriam, remitía un informe a John McCone, ex director general de la CÍA y ahora miembro del equipo ejecutivo de la ITT, en el que ironizaba diciendo que está «bastante sorprendido» de saber que la Administración Ni­xon está dispuesta a tomar una actitud dura «si Allende es ele­gido», y comentaba «ésta es la primera cosa confortable que he oído».

A estas alturas, el Pentágono ya había hecho conocer su opi­nión a Nixon, y había ordenado a su hombre en Santiago, Schneider, que desmontara el golpe. Sin embargo, la ITT insistía, y des­de Santiago, Hal Hendrix, director de relaciones públicas de la ITT para América Latina (y agente de la CÍA), transmitía a Edward Guerrity, el 16 de octubre, lo siguiente:

«Las posibilidades de un golpe de Estado son magras pero existen... Una figura clave de esa posibilidad es la del gene­ral de brigada en retiro Roberto Viaux Marambio». Pero ad­vertía: «Es un hecho que la semana pasada Washington dio instrucciones a Viaux de echarse atrás. Se tenía la impresión de que no estaba suficientemente preparado... Al parecer, algu­nos emisarios le advirtieron a Viaux que si se movía prema­turamente, su golpe sería comparable a una Bahía de Cochinos en Chile.»

Hendrix no estaba contando todo a Guerrity. Ocurre que el día 3 de octubre, el otro agente de la CÍA, y coequipo de Hendrix, Robert Berrellez, se había reunido con Roberto Viaux y su sue­gro Raúl Igualt en el Country Club de Santiago, para examinar la «noticia» de que Washington quería que Viaux cancelara el golpe. Viaux contó a Berrellez que había recibido un informe de parte del general Schneider, en que se daba por cancelado todo el plan. Berrellez fue de opinión de que «hay traición» en alguna parte y convenció a Viaux de que siguiera adelante con el plan. Éste le comunicó que tenía pensado un autosecuestro del comandante en jefe René Schneider, para provocar dos o tres días de tensión, y después derrocar a Frei y nombrar una Junta Militar de la que el general Camilo Valenzuela sería el jefe. Berrellez estuvo de acuerdo en cumplir con el «autosecues­tro», pero ahora como secuestro verdadero. También Berrellez había informado a Hendrix que Viaux se mostró furioso con Schneider y que estuvo de acuerdo en que, de haber «un trai­dor», ése tenía que ser el comandante en jefe del Ejército.

El día 20 de octubre, cuando ya el general Schneider había desmontado todo el dispositivo militar activo para el golpe ve­tado por el Pentágono, Hal Hendrix comunicaba a sus jefes en Nueva York:

«Hay una resignación general de que Allende gane fácilmen­te en el Congreso... A pesar de lo antes mencionado, queda en Chile un débil susurro de esperanza de que se monte un golpe militar para impedir que Allende llegue a la presidencia... Cierto personal militar continúa esperando que el ex general Viaux encabece una acción militar contra el especulador que no cumple sus compromisos, el presidente Eduardo Frei, antes del 4 de noviembre, para colocar las Fuerzas Armadas en el poder y así impedir que Allende lo asuma.»

Ese mismo día, el grupo dirigido por el ex general Viaux pre­paraba los últimos detalles para lanzarse en la aventura y uti­lizar al «traidor Schneider» como elemento detonante de la bomba para el «caos social» y el golpe militar. En la mañana del día 22, el ex general Viaux mandó a un equipo de su grupo a «liquidar al traidor», y el general René Schneider, coman­dante en jefe del Ejército chileno, era acribillado a balazos en el interior de su automóvil Mercedes Benz. Agonizante, muere tres días después, cuando el Congreso Pleno había elegido Pre­sidente a Salvador Allende.

El 25 de octubre, Hendrix informaba a Nueva York: «Con­tra lo que todos esperaban, los militares no se movieron contra Allende el fin de semana. Se creía que el atentado era el pre­ludio del golpe».

Es que el Pentágono había dicho a los generales chilenos que NO SE MOVIERAN, y éstos no se movieron aun cuando les asesinaron a su comandante en jefe, el cual, por cumplir las órdenes de Washington, había arriesgado su vida.

Allende se convirtió en Presidente de la República y estuvo de acuerdo con el sucesor de Schneider, general Carlos Prats González, en «investigar el crimen del general Schneider de modo de no provocar un quiebre en las Fuerzas Armadas». En otras palabras, no investigar las verdaderas causas del crimen de Schneider, el verdadero grado de complicidad de los generales chilenos con el golpe y con el Pentágono, y la real participación de Eduardo Frei y su grupo de ministros en el complot. Prats garantizaba a Allende la «lealtad» del Ejército, si Allende ga­rantizaba a Prats no obligarlo a investigar. Fue el primer acuer­do «peligroso» que Allende tuvo con los generales chilenos, y que lo fueron colocando dentro de la línea de fuego de su poder real.11

Las Fuerzas Armadas acordaron sacrificar a Vicente Huer­ta Celis, general director de Carabineros, al almirante Hugo Barrios Tirado, comandante en jefe de la Marina, y a Carlos Guerraty, comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Los sustitu­tos fueron: el general José María Sepúlveda Galindo, en Cara­bineros; César Ruiz Danyau, en la Fuerza Aérea, y el almirante Raúl Montero, en la Marina. Todos ellos, junto con Carlos Prats, exigieron a Allende que no «removiera» generales (como era habitual cada vez que se cambiaba Presidente de la República), para «cuidar la estabilidad y la cohesión institucional». Allende, una vez más, aceptó.

Pero, aprovechándose del hecho que los militares no per­mitirían que se descubriera la verdad, Allende, desde ese momen­to, utilizó el asesinato del general Schneider como la supuesta demostración de que «por sobre todas las cosas, las Fuerzas Ar­madas chilenas son profesionales y respetuosas de la Constitu­ción y las leyes». Allende, así, convirtió a Schneider en un sím­bolo de la «lealtad de la Patria». Y lo hizo a tal grado, que pron­to, al menos por los hechos posteriores, se autoconvenció de ello, y perdió fatalmente de vista la verdad de que Schneider había obedecido órdenes del Pentágono hasta su muerte, y que la ma­quinaria que el Pentágono tenía en las Fuerzas Armadas chile­nas estaba intacta, y él había estado de acuerdo en dejarla in­tacta siendo, como lo era, una maquinaria de muerte apuntada hacia su propio pecho.
¿Y ahora qué?
El baleo y posterior muerte del comandante en jefe del Ejér­cito, general René Schneider, fue traumatizante para la genera­lidad de los mandos de las tres ramas de las Fuerzas Arma­das. Los mandos de nivel medio y superior, que no conocían el verdadero argumento de la trama golpista en que se había enredado Schneider, analizaron el suceso con la simpleza de un campesino: el general fue asesinado por la inepcia de los políticos.

La imagen del general en retiro, Roberto Viaux, que hasta oc­tubre representaba «el renacimiento del ejército» para muchos mandos, estalló como una pompa de jabón, pero, una vez más, la razón dada fue: Viaux se corrompió al tomar contacto con los políticos.

En suma, dentro de la oficialidad del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, el comienzo del período presidencial de Allen­de coincide con un violento sentimiento de odio y desprecio a los civiles, que llegó a tomar la forma, en algunas asambleas improvisadas en el Club Militar de Santiago (curiosamente ubi­cado al lado de la Embajada de Brasil) de «¿y qué pasa si les quitamos pan y pedazo a estos payasos, y nos quedamos con todo?». La pregunta, con el correr de los días tomó el camino de la reflexión y los contornos de una contrapregunta: «¿Es­tamos los militares preparados para hacernos cargo de todo?»

De improviso, para un observador externo, quedaba justi­ficada la aparentemente inocua tarea emprendida por el Pentágono a partir de 1964 en las Fuerzas Armadas chilenas, al introducir en el estudio para los alumnos de las Academias de altos mandos, las cátedras de economía, política, desarrollo in­dustrial, reforma agraria, etc. Quedaba justificada como la eta­pa de preparación de unas Fuerzas Armadas en un país colo­nizado; para afrontar con alguna posibilidad de éxito un mo­mento de crisis del sistema de colonización. En Chile, a co­mienzos de 1971 se estaban gestando ese mismo par de circuns­tancias.

En ese momento, en el Ejército principalmente, comenzaron a tener importancia los «cabeza de huevo», es decir, un grupo de generales, coroneles, tenientes coroneles y mayores que en la Aca­demia de Guerra se venían preocupando desde 1970, intensa­mente, de «la realidad nacional» y sus «problemas». Estaban ase­sorados directamente por el Pentágono, a través de la misión militar de los Estados Unidos en Santiago, la cual los guiaba en el estudio de economía superior, macrosociología y microsociología y temas conexos.

Los «cabeza de huevo» tenían un brillante exponente, en 1970, en el mayor Claudio López Silva. Este graduado de soció­logo, planteó una tesis que se llamó Las Fuerzas Armadas en el Tercer Mundo, y que fue publicada internamente en el «Memorial del Ejército de Chile», número 356, por recomendación del director de ese boletín interno, general Pablo Schaffhauser, que al año siguiente sería jefe del Estado Mayor. La tesis plan­teada por el mayor Claudio López Silva podría resumirse en las siguientes ideas:

1) En el tercer mundo existe una fuerte tendencia a que los militares participen en política.

2) Las Fuerzas Armadas del tercer mundo son la única orga­nización social coherente, capacitada y eficaz para enfrentarse a los problemas socio-económicos de los países subdesarrollados (esta es, por supuesto, la misma tesis planteada por Nelson Rockefeller, en 1969, en su informe sobre los países de América Latina).

3) El «comunismo» es un enemigo real, pero «en innumera­bles ocasiones» los pequeños grupos de «oligarcas» que dominan una sociedad se valen del «fantasma del comunismo» para hacer intervenir a los militares en política, empujarlos a que de­rroquen Gobiernos, y servirse de ellos para recuperar sus po­siciones de explotación.

4) La causa principal de la inquietud política en América Latina es la pobreza. Y la pobreza se produce por un reparto in­justo de la riqueza. Si se hace un reparto equitativo de esa ri­queza, entonces «no existirá subversión».

5) Estados Unidos tiene el deber de impedir la subversión en América Latina, ayudando en los programas de desarrollo.

6) La única forma correcta de enfrentarse al comunismo es realizando reformas en los sectores agrario, bancario e indus­trial, para hacer justicia «al obrero y al empresario».

7) Sólo las Fuerzas Armadas se han demostrado capaces de hacer cambios en las sociedades del tercer mundo sin que ello signifiquen un «caos social».

8) Las Fuerzas Armadas, en América Latina, son la única organización coherente que puede mantener a esos países en «el bloque occidental de naciones».

9) El problema del desarrollo económico de cada pueblo ha dejado de ser un problema de los políticos o de los grupos civiles. Es un problema básicamente de «soberanía nacional», que atañe primordialmente a las Fuerzas Armadas de ese país. Un país débil tiene un aparato militar débil. Un país econó­micamente fuerte tiene Fuerzas Armadas fuertes. Por eso, cuan­do los políticos civiles son incapaces de desarrollar la economía de un país, los militares deben intervenir para impedir que la soberanía nacional esté en peligro.

10) «La Constitución y las leyes» no son «entes sociales inal­terables», sino estructuras legislativas que pueden cambiarse, adecuarse o «destruirse», según sean las conveniencias de una nación para mantener su seguridad y su soberanía interna y externa.

Basados en esta especie de «decálogo», los «cabeza de huevo» planteaban la tesis, a fines de 1970, que la estructura econó­mica, política y social de Chile estaba en crisis, una crisis pro­funda de la que, como «nación occidental», sólo se podía salvar si las Fuerzas Armadas, como organización «política y armada» se hacían cargo de la conducción de la sociedad entera.

El general Herman Brady Roche y los coroneles Washington Carrasco y Mario Sepúlveda Squella, todos ellos figuras emi­nentes del Servicio de Inteligencia Militar, eran una especie de «líderes intelectuales» del movimiento de los «cabeza de huevo» que planteaban una «explicación del fenómeno Allende», tan novedosa para el resto de los generales y altos mandos, que durante 1971 se discutió con minuciosidad en las tres ramas de las Fuerzas Armadas chilenas.

La interpretación decía que «Allende no es un peligro para el tipo de sociedad que nosotros, las Fuerzas Armadas, queremos». «Al revés, Allende es una seguridad para este momento crítico». Y argumentaban así: el nuevo Presidente de la República sabe que continuará en el cargo solamente si hace respetar la Constitución actual. En cambio, sus enemigos políticos harán todo lo posible por destruir la actual Constitución, ya que se mostró incapaz de impedir el triunfo de una agrupación izquierdista del tipo de la de Allende. Ahora bien, ¿qué necesitamos las Fuer­zas Armadas en este momento? Necesitamos sólo una cosa, y en gran cantidad: TIEMPO. ¿Tiempo para qué? Tiempo para prepararnos, para adiestrar a nuestros cuadros para el momen­to en que tengamos que hacernos cargo de todo el aparato de la sociedad. Ese tiempo nos lo da el presidente Allende, el cual, cuidando de no salirse de la Constitución, y cuidando de no ponernos a nosotros en su contra, nos permitirá participar en la Administración del Estado, tratará de desarmar el inten­to del populacho por organizarse, intentará desarmar políticamente los intentos golpistas de la derecha sin recurrir a la «in­surrección popular», y con ello irá haciendo madurar adecua­damente las condiciones para que las Fuerzas Armadas, en el momento oportuno, entren en escena y funden «un nuevo or­den social, sin políticos, sin odios de clases» y «ponga en cin­tura tanto a los patrones como a los obreros».

Basados en este pensamiento general, los «cabeza de huevo» nucleados en torno a Brady, Carrasco y Sepúlveda, señalaban a sus incrédulos compañeros que «tenemos que acercarnos a Allende, tenemos que convivir con sus políticos, tenemos que participar en sus reuniones». Y agregaban: tenemos que demos­trarles que somos «allendistas», y ellos, desesperados como es­tán por la falta de maniobrabilidad que tienen para sus planes de nacionalizaciones y expropiaciones, se aferrarán a estos «allen­distas», los acercarán al aparato administrativo y los irán trans­formando en su verdadera base frente a la embestida de los lati­fundistas y monopolistas «recalcitrantes», así como frente a la embestida del populacho que tratará de empujarlos cada vez más a una situación que se parezca a la bolchevique en 1917. Todo ello nos dejará en situación inmejorable para intervenir con buenas perspectivas de éxito cuando sea necesario.

Los «cabeza de huevo» ganaron la adhesión de los demás grupos de altos mandos cuando plantearon claramente que «nuestro enemigo fundamental es el comunismo», «nuestra ta­rea fundamental es impedir que el comunismo, montado en la insurrección del populacho, se adueñe de Chile». Pero, «en este momento», con Allende en la Presidencia, «el comunismo no está a las puertas del cuartel», «está muy lejos todavía, existe el peligro de que después, más tarde, con el desarrollo de los acontecimientos, ni siquiera Allende pueda conjurar el peligro comunista. «En ese momento, tendremos que intervenir; no antes.»

Durante los años 1971, 1972 y 1973, los generales Herman Brady Roche, Orlando Urbina Herrera, Guillermo Pickering, Pedro Palacios Cameron (quien fue nombrado ministro de Mi­nería en la primera crisis de Gabinete de Allende), Rolando González Martins, César Raúl Benavides, y los coroneles (des­pués generales) Washington Carrasco, Mario Sepúlveda Squella y Sergio Arellano Stark (actual jefe de la guarnición de Santiago y de la Segunda División), fueron considerados por el propio Salvador Allende y por sus colaboradores más cercanos como «hombres leales», e incluso, en el caso de Hernán Brady, como «marxistas». Este trabajo de engaño de los «cabeza de hue­vo» de la Academia de Guerra y del Servicio de Inteligencia, no cabe duda, ha sido uno de los puntos más altos de inteligencia mostrados por los altos mandos militares en Chile en los últi­mos años.

Es conveniente tener en cuenta que cuando el canciller Clo­domiro Almeyda, del partido socialista, viajó a La Habana en julio de 1971, lo acompañó en su reducida comitiva el coronel Washington Carrasco, el cual se ganó, en el viaje, las simpatías del canciller y de sus asesores políticos como «progresista» y una «promesa» como revolucionario. El 11 de septiembre de 1973, Carrasco, ya ascendido a general, era el jefe de la Ter­cera División, con asiento en la industrial ciudad de Concep­ción. Allí tuvo el récord de haber asesinado (o fusilado) en sólo tres horas, desde las cinco a las ocho de la madrugada del día 11, a 250 dirigentes sindicales obreros y campesinos. A la semana siguiente, por supuesto, como en todo el país, esa cifra ya se había más que cuadruplicado.

Este grupo de generales y coroneles, a través del senador Alberto Jerez, del Movimiento de Acción Popular Unitaria (y más tarde la de Izquierda Cristiana), miembro de la Comisión de Defensa del Senado y una especie de «coordinador» entre Salvador Allende y los generales de las tres ramas de las Fuerzar Armadas, convenció al nuevo Presidente chileno de la bon­dad de la teoría de «las fronteras económicas», cuya síntesis era la siguiente. Las Fuerzas Armadas son garantes no sólo de las fronteras físicas de una nación sino también de sus «fron­teras económicas», es decir, son responsables del desarrollo económico.

Ya el 4 de noviembre de 1971, en el Estadio Nacional, el presidente Allende, en su discurso de aniversario del primer año de Gobierno, al rendir homenaje a la «lealtad y disciplina de las Fuerzas Armadas y Carabineros», planteó públicamente la teoría: «Destaco la forma en que ellos se han incorporado al proceso de defender nuestras fronteras económicas y su pre­sencia en el acero, en el hierro, en el cobre, en la Comisión de Energía Nuclear. Ello coloca a Chile como un ejemplo que envidian muchos países del mundo».

En ese momento, altos mandos militares en servicio activo habían sido colocados por Allende en 265 cargos importantes del aparato económico nacional, incluyendo la Corporación de Fomento de la Producción y la Oficina de Planificación Nacio­nal, los centros motores del desarrollo económico chileno. Re­presentantes en servicio activo de la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército, eran miembros de los directorios de las nacionali­zadas minas de cobre de Chuquicamata, El Salvador y El Te­niente.

Pero los «cabeza de huevo» no se limitaron a llevar adelante su táctica de «prepararse para gobernar en el momento opor­tuno», solamente consiguiendo que Allende aprobara y pusiera en práctica la teoría de las «fronteras económicas». También agregaron la componente de «inteligencia» de esta preparación: colocaron en organismos claves de la administración económica del país a decenas de miembros del Servicio de Inteligencia Mi­litar, de la Fuerza Aérea y de la Marina como «civiles». Es de­cir, sin que la administración de la Unidad Popular se diera cuen­ta que esos funcionarios pertenecían a los organismos de Inteli­gencia de las Fuerzas Armadas.

Uno de los casos más notables de esta «infiltración» en el aparato técnico-administrativo de la Unidad Popular, lo fue la Corporación de Fomento. La revista chilena reaccionaria «Qué pasa», en su edición del 2 de noviembre de 1973, después del derrocamiento de Allende, al iniciar una crónica sobre la CORFO, entrevistando a su nuevo vicepresidente, el general de brigada Sergio Nuño Bawden (quien fuera nombrado por el propio Allende, en 1971, gerente de una fábrica de explosivos filial de la CORFO), escribe la siguiente confidencia de éste:

«Todo este mundo complejo atrajo oportunamente la aten­ción del Servicio de Inteligencia Militar y CORFO pasó a ser considerada un tema "clave". Esto se tradujo en curiosas anéc­dotas: el ex Secretario General de la institución, cuando se presentó voluntariamente después del 11 de septiembre al Mi­nisterio de Defensa, se encontró con que un modesto funciona­rio administrativo que dos años antes había contratado, estaba allí como miembro del Ejército. Muchos fueron los empleados que luego del pronunciamiento de las Fuerzas Armadas se lleva­ron sorpresas al ver ex compañeros vistiendo de uniforme».

Esta infiltración militar en el aparato civil, planificada espe­cíficamente, según definición de los «cabeza de huevo», para «darnos un adiestramiento que nos permita manejar el país», no se hizo solamente a nivel de la estructura económica del Estado. También se movilizó a nivel de la estructura política, colocando algunos de sus cuadros en cada uno de los partidos políticos de la Unidad Popular, en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Partido Comunista Revolucionario, en las organizaciones de periodistas de izquierda y en las organiza­ciones sindicales tanto de obreros, campesinos como empleados.

Así y todo, tal como lo habían previsto los analistas de los «cabeza de huevo» en sus discusiones de fines de 1970 para cal­mar a los demás altos mandos que se desesperaban por la pre­sencia de Allende en La Moneda, el Gobierno de la Unidad Po­pular siguió integrando a esos altos mandos al aparato admi­nistrativo en lo que pareció ser una carrera desesperada por mantener «neutralizadas» a las Fuerzas Armadas.

Ya en mayo de 1973, cuando la conspiración militar era voz pública, el presidente Allende insistía en los viejos planteamien­tos de 1971, y en su mensaje anual al Parlamento, el día 21 de ese mes, leía lo siguiente:

«En una sociedad moderna, como la concebimos, las Fuerzas Armadas deben estar integradas plenamente. Deseo expresar la satisfacción del país por su desempeño, al igual que el de Ca­rabineros e Investigaciones, en el cumplimiento de sus patrió­ticas tareas.

»Las primeras, además de cumplir su rol habitual, integra­ron junto a los representantes de los partidos populares y la Central Única de Trabajadores, el Gabinete que designará para poner término al paro subversivo de octubre.

»Ha sido preocupación permanente del Gobierno impulsar y dar satisfacción a los planes de desarrollo de las tres ramas de las Fuerzas Armadas para afianzar, aún más, el estricto cumpli­miento de las tareas específicas que a ellas les encomienda la Defensa Nacional. Es así como, durante el año 1972, se promulgaron leyes destinadas a aumentar las plantas del Ejército y la Fuerza Aérea y se encuentra sometido a la aprobación del Con­greso un proyecto que persigue el mismo fin para la Armada Nacional. A lo que debe agregarse el apoyo económico para el mejoramiento y ampliación de sus infraestructuras, así como para la renovación del material bélico y logístico.

«Esta política será continuada en respaldo del desarrollo económico, pues la seguridad y el desarrollo exigen una conju­gación armónica cuyo desequilibrio sólo puede traer consecuen­cias negativas para el país. Razón por la cual el Gobierno HA PUESTO ESPECIAL ÉNFASIS en la participación de las Fuerzas Armadas en los programas socioeconómicos... El Gobierno continuará impulsando esta participación, que permite a Chile contar con un potencial humano de ALTA PREPARACIÓN MO­RAL E INTELECTUAL.»

Resulta chocante pensar que, en los mismos momentos en que Allende pronunciaba estas palabras, en Valparaíso los al­tos mandos del Cuerpo de Infantería de Marina adiestraban y proveían de material explosivo a dos grupos civiles (Patria y Libertad y Comandos de Ex Cadetes) para sus tareas de terro­rismo «de apoyo» a un «paro general de actividades empresa­riales» que se proyectaba desencadenar en los «próximos sesenta días». En el mismo instante que Allende decía esto, en la Aca­demia de Guerra del Ejército, en Santiago, lo generales Ser­gio Arellano Stark, Javier Palacios Ruhman, César Raúl Benavides, Ernesto Baeza Michelsen y Herman Brady Roche, discu­tían «un plan general tentativo» para invadir Santiago, reducir los cordones industriales, paralizar la capacidad de movimiento de las organizaciones sindicales de la Unidad Popular, y atacar y rendir el Palacio de Gobierno. En ese mismo momento, en el Estado Mayor de la Armada, el jefe de la Primera Zona Naval de Valparaíso, vicealmirante José Toribio Merino, planteaba su famoso plan «de los tres tercios», que significaba «fusilar unos tres mil activistas responsables, encarcelar otros tres mil, y exiliar a tres mil dirigentes políticos de todas las tendencias» para «pacificar el país» y restablecer el orden. Para crear un Gobierno «de las Fuerzas Armadas».



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