Estos mataron a Allende



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Estos mataron a Allende


Reportaje a la masacre de un pueblo

Colección Nueva Fontana




Ediciones Martínez Roca, S.A.

1a. edición

1974, Ediciones Martínez Roca, S. A.

Avda. José Antonio 774, 7°, Barcelona-13

ISBN 84-2700266-1

Depósito legal: B. 40.105-74

Impreso en Gráficas Universidad s. a.

Arquímedes, 3 - San Adrián de Besós

Una explicación necesaria



Este es un libro de denuncia. Y como tal, tiene la forma de una larga crónica policial. Es la historia de un asesinato. Del asesinato de un hombre, de miles de seres humanos y de las ideas de esos seres humanos. Es la historia del asesinato del Presidente Constitucional de Chile, el doctor Salvador Allende Gossens. Y por eso mismo, sus personajes principales son los asesinos, sus costumbres, sus ideas, sus reuniones, sus planes y sus conspiraciones.

El lector no encontrará explicaciones en este libro. Encontra­rá hechos, encontrará actitudes de los personajes principales. Y porque este libro está escrito por un periodista, chileno, de izquierdas, participante a su manera personal en el proceso que vivió Chile entre 1970 y 1973, el lector también encontrará un Salvador Allende distinto al de los discursos fúnebres, estatuas, afiches y homenajes mundiales. Un Salvador Allende despojado de la máscara de la perfección, de “todo lo que hizo lo hizo bien”, con que lo han querido presentar muchos.

Salvador Allende murió como un héroe; eso no lo duda nadie en todo el mundo. Ningún hijo de la tierra chilena ignora que Allende murió combatiendo conscientemente, sin esperanzas de salir vivo de la situación, si no se rendía. Y no se rindió. Así mueren los héroes y así murió Allende. Así murieron también miles de chilenos defendiendo la democracia aplastada por los tanques, carros blindados, aviones de combate y ametralladoras manejados por los militares insurrectos. Allende dijo una vez: “Que lo sepan, que lo oigan, que se les grabe profundamente: defenderé esta revolución chilena y defenderé el Gobierno Popular, porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. No tengo otra alternativa. Sólo acribillándome a balazos podrán impedir la voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo”.

Y lo acribillaron a balazos.



Antes de morir, horas de antes de morir, en un discurso para su pueblo y ya bajo el fuego mortal de los generales y almirantes insurrectos, decía: “Así se escribe la primera página de esta historia. Mi pueblo y América escribirán el resto” Palabras de decisión de un hombre, de un héroe.

Pero Allende murió combatiendo bajo las ruinas de la democracia burguesa destruida por el fascismo. Y esas ruinas aplas­taron a miles de chilenos obreros, chilenos campesinos, chilenos empleados, chilenos estudiantes, mujeres, niños y ancianos.

Y entonces, la dimensión heroica de Allende combatiendo toma la forma de un presidente vacilante, contradictorio, defendiendo una tesis política, la de “la vía chilena hacia el socialis­mo”, con el peligro de abrirle paso al fascismo contemporáneo, el fascismo del imperialismo de los Estados Unidos.



Eso también lo encontrarán ustedes en este libro, lectores. Son hechos. Encontrarán cómo el pueblo que más tarde sería masacrado, no tuvo oportunidad de organizarse para detener al fascismo. Encontrarán cómo Salvador Allende, políticamente equivocado, junto con dirigentes de otros partidos políticos, también políticamente equivocados, abrieron paso al crecimiento del fascismo, a la preparación del fascismo para que asesinara al pueblo de Chile. Esos son hechos y este libro los consigna. Deber elemental de periodista. Y el autor lo es.

Este libro, en suma, pretende denunciar a los asesinos de Allende, que son generales y almirantes en Santiago de Chile, y también generales y almirantes en Washington. Pero también pretende denunciar la trágica y vacilante conducta de quienes se autotitularon dirigentes del pueblo y lo dejaron inerme, impidiéndole incluso, en algunos casos, organizarse para la defensa del ataque fascista-imperialista.

En estos momentos, en las galerías 3 y 5 de la Cárcel Pública de Santiago y en la Penitenciaría de la misma ciudad, hay unos 700 presos entre clases, suboficiales, oficiales y soldados de las fuerzas armadas y carabineros de Chile, que se negaron a combatir contra el pueblo. Su dimensión, tan menguada en una fuerza armada de cien mil hombres, marca el resultado de la suicida política de Salvador Allende de impedir que el pueblo, con sus ideas y con su lucha, entrara en los cuarteles para com­batir al fascismo en su propia cuna armada.

Estos son hechos, y es necesario que los pueblos del resto del mundo los conozcan. El pueblo chileno pagó con más de quince mil muertos, más de treinta mil presos, más de cien mil torturados brutalmente, más de doscientos mil cesantes políticos y más de treinta mil universitarios expulsados de las aulas por las fuerzas militares el aprendizaje de esta lección. Una lección que Carlos Altamirano, secretario general del partido socialista de Chile, el 3 de enero de 1974, en La Habana, definió así:

“La gran burguesía y el imperialismo han ahogado en sangre la democracia burguesa. Salvador Allende y la Unidad Popular se habían planteado "la vía chilena al socialismo" como una vía democrática, pluralista, realizada de acuerdo con la Consti­tución y con respeto a todas las ideologías y partidos políticos. Esta concepción ha caído derrotada militarmente el 11 de sep­tiembre.

“La "pacífica y democrática burguesía chilena" recurrió a la violencia contrarrevolucionaria armada para aplastar el proceso de transformaciones estructurales, al precio de abjurar y traicionar todo lo que había sostenido en cuanto a su irrestricta ad­hesión a los valores de la vida cristiana, al régimen democrático, a las libertades individuales y al estado de derecho”

Toda la barbarie desatada sobre el pueblo chileno para defender los intereses de grandes consorcios norteamericanos (Ana­conda, Kennecott, ITT, Esso Standard, Chase Manhattan Bank, First National City Bank, WR Grace) y los intereses estratégicos en América Latina del gobierno militar-industrial de Washing­ton, ha tratado de ser encubierta por los generales y almirantes chilenos con invenciones fantásticas, como el burdo Plan Zeta, como las falsas “pruebas” de elementos pornográficos “encon­trados” en la casa de Salvador Allende, y con declaraciones líri­cas y trágicamente cómicas como la de que “los militares no matamos a nadie”, hechas por el general Pinochet Ugarte.

Cuando el lector termine de leer este libro, entenderá la falacia del llamado Plan Zeta, fantástica invención de los genera­les al servicio del Pentágono, hecha con tal apresuramiento y torpeza que el 17 de septiembre de 1973, el propio jefe de la Junta, Pinochet, declaraba a los periodistas sus dudas respecto al Plan Zeta: “Es muy posible que en realidad se estuviera fra­guando ese autogolpe. Son tantos los rumores que han circula­do. Es tanta la gente que está empeñada en crear dudas o in­quietud en la población...” (“La Tercera”, 18 de septiembre de 1973).

Y eso era dicho el mismo día en que el general Oscar Boni­lla, ministro del Interior, afirmaba que “los militares tuvimos que reaccionar... eran ellos o nosotros... nos levantamos para impedir la realización del Plan Zeta”. Por otro lado, de la sim­ple lectura del “documento” llamado Plan Zeta, exhibido más tarde por los generales y almirantes insurrectos, se desprende que la izquierda chilena “tenía preparado un ejército irregular de cien mil hombres”, “había infiltrado regimientos completos” y poseía armas para dotar a “varias divisiones” para un “autogolpe” que “debería” desencadenarse el 19 de septiembre. Pues bien; el 11 de septiembre se demostró con los hechos que no ha­bía tal preparación, que las fuerzas de los trabajadores eran magras, incoherentes y desorganizadas, y que la “infiltración” en las fuerzas armadas era menos del uno por ciento. No había, pues, tal Plan Zeta.

No había más que el largo plan preparado, madurado y organizado en el Pentágono norteamericano, puesto en práctica en Chile, y montado sobre los cadáveres de miles de chilenos. Había la preparación meticulosa del asesinato del presidente Allende por un grupo de generales. Había la preparación minuciosa de la masacre de todo un pueblo, como en los tiempos más sanguinarios de las tropas nazis en la asolada Europa. Esos son los hechos que el lector encontrará en este libro.
20 de junio de 1974.

1
Un «suicidio» para armar

Un pueblo disciplinado, organizado y consciente es, junto a la limpia lealtad de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, la mejor defensa del Gobierno Popular y del futuro de la Patria.

(Salvador Allende, discurso del 1 de Mayo de 1971, en la Plaza Bulnes de Santiago de Chile)
Y tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza.

(Salvador Allende, discurso del 11 de septiembre de 1973, a las 9.15 horas, en el Palacio de La Moneda, Santiago de Chile)


Eran seis o siete minutos después de las dos de la tarde del día 11 de septiembre de 1973. Una patrulla de penetración de la Escuela de Infantería de San Bernardo, al mando de un capitán, irrumpió, cubriéndose con una cortina de ráfagas de fusiles FAL, en la parte superior de la escalera principal del Palacio de la Moneda, llegando hasta la entrada del Salón Rojo. Una vez allí, a través de la densa humareda provocada por el incendio de una parte del edificio y las explosiones de bombas lacri­mógenas, granadas de cañones sin retroceso de 75 mm y de ca­ñones de tanques Sherman, el capitán de la patrulla de penetra­ción vio a tres o cuatro civiles que, con subametralladoras, tra­taban de enfrentarse al ataque militar. El capitán disparó su arma automática defectuosamente, soltando el gatillo de inme­diato. Una de las tres balas percutadas dio en el estómago de uno de los civiles. Un soldado de la patrulla de penetración tam­bién disparó. Impactó en el abdomen del mismo civil, ya herido en el estómago. Sólo en ese instante reaccionó el capitán de la patrulla, reconoció al civil que yacía en el suelo, retorciéndose de dolor, y lo acribilló con una ráfaga de su fusil ametrallador. «¡Cagamos al Presidente!», gritó el capitán, mientras saltaba hacia la escalera de entrada huyendo del fuego que disparaba un grupo de civiles combatientes que habían irrumpido en el Salón Rojo desde una puerta lateral, cuando Salvador Allende caía muerto acribillado por el fuego de la patrulla de la Escuela de Infantería. El capitán y parte de sus soldados corrieron por la escalera principal hacia el primer piso, perseguidos por los civi­les que defendían el Palacio de la Moneda Sólo 40 ó 50 minutos más tarde, las fuerzas de la Escuela de Infantería, del Regimiento Tacna y del Regimiento de Blindados Número 2, lograron eliminar la resistencia de las 32 personas sobrevivientes del grupo que había defendido la sede presi­dencial durante cinco horas. Todo el segundo piso del edificio fue ocupado por las tropas invasoras. El primer piso ya estaba en sus manos desde una hora y media antes.

El jefe de las tropas invasoras, general de brigada Javier Pa­lacios Ruhman, flanqueado por el capitán Roberto Garrido y su patrulla de penetración, entró al Salón Rojo, se inclinó sobre el cadáver de Salvador Allende Gossens, retiró una ensangrentada bandera chilena que los civiles defensores habían puesto sobre el cuerpo aún tibio del Presidente de Chile tras rechazar la pa­trulla del capitán Garrido y, volviéndose hacia éste, le dijo:

—Hay que aislar este salón, que nadie más entre, que nadie vea el cadáver del Presidente... Comuníqueme con el Cuartel General de la Comandancia. Con el general Pinochet.

«Atención Puesto Uno... Atención Puesto Uno... Aquí unidad de combate "alfa uno"... General Palacios solicita hablar con general Pinochet.» El jefe de las fuerzas de ataque, destrucción y arrasamiento del Palacio de la Moneda, Javier Palacios, tomó el auricular del equipo de telecomunicaciones de la patrulla de penetración y con voz seca, precisa, dijo:

—General Palacios a general Pinochet... Misión cumplida. Moneda tomada. Presidente muerto...

—¿Cómo está el cadáver? —preguntó el comandante en jefe.

—Destrozado.

—Que nadie lo vea... espere instrucciones.

Faltaban pocos minutos para las tres de la tarde del 11 de septiembre de 1973. A las seis de la mañana de ese mismo día, los altos mandos de todas las fuerzas armadas chilenas, que movilizaban a unos cien mil hombres, habían iniciado una blitzkrieg (guerra relámpago) contra el pueblo chileno, invadiendo a sangre y fuego todos los centros de poder económico, político, social y administrativo del país. En términos concretos, el poder militar chileno había declarado la guerra a los trabajadores chi­lenos, y lanzó sobre ellos toda la fuerza destructiva de su arma­da, fuerza aérea, ejército y policía militarizada.

Para Santiago, la capital de Chile, con casi un tercio de la población nacional concentrada en ella, la blitzkrieg de los ge­nerales sublevados tenía dos objetivos de combate principales: «alfa uno» y «beta uno».

«Alfa uno» era el cerco, ataque y toma del Palacio de la Mo­neda, con el propósito de hacer prisionero a Salvador Allende y preparar después su «suicidio» en condiciones remedadas de la autoeliminación de un antiguo presidente chileno, José Ma­nuel Balmaceda, en 1891. El cálculo de las tropas invasoras de la población civil chilena para la operación «alfa uno» era de 120 minutos después del inicio del ataque (las nueve de la mañana). El análisis del Servicio de Inteligencia no contó, en nin­gún momento, con la decisión del puñado de civiles que habría en el interior del palacio de defenderse hasta el último hombre. Ellos esperaban que Salvador Allende, ante el despliegue de tropas de infantería, carros blindados, tanques y amenaza de bom­bardeo aéreo, se rindiera. Esto, según los cálculos de la Inteli­gencia Militar —que había trabajado en la preparación de la blitzkrieg desde octubre de 1972—, daba tiempo a los generales insurrectos para armar el «suicidio» de Allende —inducido o por la fuerza— y anunciarlo al país alrededor de la una de la tarde de ese día 11 de septiembre de 1973.

Pero no ocurrió así. Allende y sus acompañantes, todos civi­les, resistieron hasta el último cartucho. Todo el aterrador apara­to de guerra preparado para rendirlo tuvo que ser puesto en funcionamiento, y se tardó cinco horas de combate efectivo en reducir a un grupo de poco más de cuarenta personas.

Cuando a las 14.50 horas del día 11 de septiembre, el coman­do de los generales sublevados anunció al país que «el Palacio de la Moneda ha sido reducido por las fuerzas militares», ha­bían transcurrido cinco horas de resistencia de 42 civiles pro­vistos de fusiles ametralladores y un bazooka, contra el asedio de ocho tanques Sherman, dos cañones sin retroceso, de 75 mm, montados en jeeps, doscientos hombres de infantería de dos regimientos de Santiago, y el bombardeo de dos aviones de caza a reacción Hawker Hunter que dejaron caer, haciendo blanco, entre las 11.56 y las 12.15 de ese día, dieciocho de sus cohetes, además de ametrallar el techo y el segundo piso de La Moneda.

Y en el transcurso de esa resistencia inesperada para los cálculos de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas chilenas (con el asesoramiento de los expertos militares nortea­mericanos y brasileños que participaron en la preparación de la blitzkrieg), se vino abajo toda la trama montada para tener un «suicidio limpio» de Salvador Allende. El cadáver acribillado, cubierto por una ensangrentada bandera chilena, en el Salón Rojo del Palacio de La Moneda, estuvo a punto de hacer fraca­sar, con graves consecuencias para los generales insurrectos, «alfa uno». Los generales conspiradores se demoraron cuatro horas (desde las tres hasta las siete de la tarde de ese día), en montar un improvisado escenario dentro de los escombros de La Moneda para «demostrar» el «suicidio» de Allende, buscán­dose un «testigo presencial» que sirvió para el papel bajo la amenaza de ser acusado, por los propios altos mandos subleva­dos, como «asesino del Presidente de la República». El apresurado montaje del escenario del «suicidio» fue tan improvisado, urgido por el tiempo que corría, que resultó una historia burda, llena de contradicciones y de mentiras evidentes. Y su debilidad era aún más evidente para los propios altos mandos militares, los cuales no se ponían de acuerdo con la celeridad necesaria y demoraron su decisión de dar la noticia a todo Chile más de veinte horas. Tenían miedo de dar a conocer los detalles fabri­cados a los chilenos, porque estos tenían la capacidad de juicio suficiente para darse cuenta de las contradicciones y las false­dades. Por eso, dejaron salir primero la noticia al exterior, a tra­vés de los corresponsales extranjeros, y sólo veinticuatro horas más tarde, cumplida en lo principal la tarea «beta uno», la die­ron a conocer a los chilenos.

En síntesis: Originalmente, al lanzar la blitzkrieg de muerte y destrucción contra las organizaciones populares chilenas, los generales sublevados esperaban utilizar el «suicidio» programa­do de Allende como efecto de desmoralización para los focos de resistencia a su invasión del país. Pero, al fracasar el itinerario primitivo de su operación «alfa uno», se vieron impedidos de hacer uso de este arma de guerra psicológica, que se volvía contra ellos, y demoraron la noticia hasta que lo principal de la resistencia civil a la invasión militar de los generales suble­vados concluyó. El asesinato del Presidente de Chile por las fuerzas militares, realizado «fuera de programa» por un capitán de infantería, hizo pedazos la trama preparada para un «suici­dio impecable», y, al final, sirvió para dejar al descubierto, a pesar de los esfuerzos en sentido contrario realizados por el equipo de propaganda de los militares, toda la dimensión de frialdad, planificación previa y decisión consciente de los altos mandos militares para destruir por medio del asesinato masivo, de la prisión de millares de hombres y mujeres, e incluso niños, y del aterrorizamiento de centenares de miles de chilenos, toda la organización popular existente hasta ese día de septiembre, y preparar así las condiciones para gobernar por el terror y la muerte a todo un país; para mantener ocupada por fuerzas mi­litares de mando extranjero una nación derrotada por una blitzkrieg.

Cuando el autor de este reportaje, en la noche del 11 de sep­tiembre, escuchaba el recuento de los bandos militares por la ca­dena oficial de radioemisoras controlada por los sublevados, pen­saba en lo que había leído en los libros de historia cuando, en la tarde del día primero de septiembre de 1939, Adolfo Hitler se dirigió por la radio al pueblo alemán para comunicarle que «en la madrugada de este día, el ejército alemán ha respondido una agresión de los polacos, entrando en su territorio para de­fenderse de dicha agresión. Alemania no está atacando a nadie. Sólo se está defendiendo de quienes la agreden. ¡Y esas pala­bras ocultaban la bestial realidad de una invasión relámpago, de una blizkrieg contra un pueblo indefenso que tenía, como «táctica fundamental», la de arrasar, quemar, destruir y matar todo. La de «destruir la población civil» como medida de «apa­ciguamiento!»

La invasión de Polonia en septiembre de 1939 por parte de la Wehrmacht nazi, se parecía, como una gota de agua a otra, a la invasión de Santiago, de la que yo estaba siendo testigo, por parte de las fuerzas militares chilenas en septiembre de 1973.

La reconstrucción de los sucesos de ese día 11 de septiembre y de los días posteriores, permite dibujar el perfil real de la guerra relámpago contra el pueblo chileno que desataron los generales sublevados. La contabilidad del asesinato de un pueblo es tan escalofriante como la contabilidad del asesinato de un Presidente: 3.000 dirigentes medios de los obreros, campesinos, empleados y partidos políticos de izquierda asesinados en las primeras veinte horas del 11 de septiembre; alrededor de 5.500 personas más, muertas en combate contra las fuerzas militares sublevadas entre los días 11 y 15 de septiembre; 6.300 perso­nas fusiladas o asesinadas por otros métodos, después de estar presas, desde el 12 al 30 de septiembre. El total aproximado de muertos civiles en los primeros 18 días tras el asesinato de Allen­de fue de 15.000.

De ellos, poco menos de 6.000 víctimas fueron en Santiago, la capital. Cantidad que se detalla así: 800 hombres asesinados el mismo día 11; 2.900 muertos en combate y 2.200 fusilados o asesinados, después de caer prisioneros, con o sin «juicio su­mario en tiempo de guerra».

Esta contabilidad trágica es la contabilidad del segundo gran objetivo militar que, principalmente para Santiago, tenían los generales sublevados: el objetivo «beta uno». Se trataba de ocu­par militarmente dos de las principales concentraciones indus­triales de la ciudad: los sectores de Cerrillos (al suroeste) y de Vicuña Mackenna (al centroeste). Junto con la ocupación militar de estos sectores, el plan «beta uno» contemplaba la acción de comandos mixtos militares-organizaciones civiles fascistas en lo que llamaron «operación pinzas». Esta consistía en el apresa­miento, entre las seis y las ocho de la mañana del día 11, de más o menos seis mil personas en todo el país para someterlas a un interrogatorio breve y preciso y enseguida asesinarlas.

Esto es lo que los militares llamaban la «limpieza de los mo­tores del marxismo»: acabar con los dirigentes medios de po­blaciones, sindicatos, asentamientos campesinos, partidos polí­ticos y agrupaciones culturales de izquierda. La lista había sido minuciosamente preparada a partir de noviembre de 1972, en acción conjunta del servicio de inteligencia del ejército, la ma­rina y la aviación, en estrecha relación con los departamentos de inteligencia del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, con sede en la zona del Canal de Panamá, ve­cino a Fort Amador, donde se presume hay instalaciones de co­hetes con ojiva nuclear dirigidos hacia Cuba. También, en el equipo de redacción de esa lista de chilenos a ser asesinados en la mañana del día D, habían participado miembros de la Em­bajada de Brasil en Chile.

Los generales sublevados pensaban que «beta uno» podría ser completada al atardecer del día 11, después de haber dado a conocer «el suicidio» de Salvador Allende, tal como se pre­paraba según el plan de «alfa uno». Pero el «suicidio» falló y la resistencia del pueblo en los cordones industriales de Vicuña Mackenna y Los Cerrillos, en Santiago, continuó toda la noche del 11 al 12 de septiembre, y sólo declinó al mediodía del 12, cuando las precarias municiones de los trabajadores se acaba­ron y se completaron las acciones de asesinato masivo a po­bladores de sectores habitacionales obreros, como La Legua y La Hermida.

Sólo después del mediodía del 12, cuando era evidente que los focos de resistencia contra la invasión militar a Santiago se desmoronaban por falta de parque y de armas, el grupo de ge­nerales sublevados se atrevió a dar publicidad a su burda fa­bricación del «suicidio» del presidente constitucional de Chile.

En ese momento había culminado, en lo principal, el plan del magnicidio, más increíble de la historia contemporánea. Para llevarlo a cabo, los conspiradores planificaron poner en pie de guerra y hacer entrar en acción a 100.000 hombres de los ejér­citos de tierra, mar y aire. Y para tratar de encubrirlo, deci­dieron sumir a todo un país en un baño de sangre y muerte tan enorme que, esperaban, el horror y la desesperación de cen­tenares de miles de civiles perseguidos, acorralados y desorien­tados por la catástrofe bélica que se les venía encima, dejaran de pensar, dejaran de razonar y aceptaran cualquier explicación sobre cualquier cosa con tal de seguir viviendo. Con esto espe­raban cambiar todo el sistema de relaciones económicas exis­tentes en Chile hasta ese momento, a fin de proteger de la me­jor forma posible los intereses de una docena de grandes con­sorcios industriales y financieros de los Estados Unidos, y de una veintena de grandes monopolios industriales, comerciales y financieros de la oligarquía chilena. Para hacer funcionar esa estructura montada sobre decenas de miles de cadáveres de civiles, los generales pretendieron liquidar toda capacidad de lucha y de exigencias de los trabajadores chilenos sometién­dolos a un régimen de dictadura brutal, en el cual fábricas, oficinas, haciendas, calles y viviendas particulares debieran to­mar la forma y las características de un cuartel militar.

En suma, los autores intelectuales del asesinato del presi­dente Salvador Allende y de la masacre de todo un pueblo, pu­sieron en acción la mayor maquinaria de guerra en tiempos de paz de la que se tenga memoria en nuestro continente para, fundamentalmente, impedir que el pueblo chileno tomara en sus manos el destino de Chile independiente del imperialismo norteamericano y de la oligarquía nacional. Asesinaron a Allende para asesinar a un pueblo. Asesinaron a Allende porque su gestión administrativa fue incapaz, a los ojos del imperialismo norteamericano y de la oligarquía nacional, de detener el ím­petu revolucionario de ese pueblo, porque fue incapaz de des­viar la lucha popular chilena para que no se transformara en revolución. Y cuando los trabajadores chilenos, tanto de la ciu­dad como del campo, sobrepasaron la autoridad de los partidos políticos tradicionales, e incluso, en muchos aspectos, la del pro­pio presidente Allende, buscando un camino propio, definitivo y claro para hacerse con el poder económico, político y social y expulsar de una vez de Chile el colonialismo norteamericano y la brutal explotación de la oligarquía, los altos mandos de las fuerzas armadas del país desataron una guerra relámpago contra su propio pueblo, lo sometieron a sangre y fuego, asesi­naron a un presidente que ya no les daba garantías para los intereses económicos extranjeros y oligárquicos, y dieron naci­miento a una dictadura fascista.

Este reportaje revela cómo fue esa conspiración. Cómo los generales chilenos, adiestrados en academias de los Estados Uni­dos, y con la complicidad del gobierno militar de los Estados Unidos y del gobierno militar de Brasil, se confabularon para planificar la puesta en marcha de una gran maquinaria de gue­rra contra el pueblo chileno.

¿Con qué fuerzas contaban los conspiradores para llevar a cabo el asesinato del presidente Allende, primero, y el asesi­nato de un pueblo, después? Con unas fuerzas, que, desde el Pacto de Ayuda Mutua firmado con Estados Unidos en 1952 por el presidente radical Gabriel González Videla, han sido adiestradas, preparadas, financiadas e influidas por las fuer­zas armadas norteamericanas:

EJERCITO: poco más de 30.000 hombres, divididos en seis divisiones, de las cuales una es de caballería. Tiene seis regi­mientos de caballería, dos regimientos blindados y dos de arti­llería montada de montaña; 16 regimientos de infantería, de los cuales diez son motorizados, y cinco regimientos de arti­llería. De este total de regimientos, hay ocho estacionados en la capital. La instrucción en ellos es asesorada permanente­mente por las misiones militares norteamericanas, cuya tarea va desde la enseñanza en la Academia de Guerra (para oficia­les de Estado Mayor), hasta la Escuela de Suboficiales (que tiene su sede en Santiago). En estas unidades se enseña rei­terativamente a conscriptos, clases y mandos que «el marxis­mo es el enemigo de la humanidad», que «los obreros que hacen huelgas son marxistas», que «los intelectuales llamados de izquierda en realidad son marxistas y son traidores a la Patria», etc. Todos los planes educativos, charlas y cursos de «cultura ge­neral» en los regimientos del ejército (y unidades de la Fuerza Aérea, Marina y Carabineros), están redactados con la aseso­ría de expertos norteamericanos.1

FUERZA AEREA: poco menos de 9.000 hombres. Incluye unidades de bombardeo, ataque aéreo, defensa antiaérea, heli­cópteros de combate y fuerzas de apoyo terrestre. Su depen­dencia de la fuerza aérea norteamericana es de tal grado que su comandante en jefe anterior al actual (Gustavo Leigh Guzmán, miembro de la Junta Militar), que se llamaba César Ruiz Danyau, era conocido entre sus subalternos como «El Yanqui», porque manejaba sus fuerzas en constante contacto con la misión aé­rea de Estados Unidos en Chile.

MARINA: Poco más de 15.000 hombres. La Marina posee, ade­más de las unidades propias de una escuadra de guerra, otras de infantería de marina, aviación naval e ingeniería naval. Su oficialidad es heredera de la tradición de la Armada Real de Gran Bretaña, y sus mandos se consideran «la aristocracia mi­litar de Chile». Para la preparación del golpe militar contra Allende, fueron los que propusieron el plan de la «operación pinzas», que consistía en el asesinato masivo de dirigentes po­pulares. Ellos también planificaron el asesinato del edecán na­val del presidente Allende, meses antes del golpe, para provo­car el repudio de sectores militares al Jefe del Estado chileno y prevenir la entrada de ese edecán naval (amigo de Allende), al Estado Mayor de la Marina.

CARABINEROS: tiene un contingente un poco superior a 30.000 hombres. Su organización es militarizada, con armas automáticas y una compañía de tanques antimotines que poseen una ametralladora 0.30 cada uno. Su adiestramiento también está asesorado por norteamericanos. Constituyó un escándalo de proporciones cuando, en 1969, en la revista «CAUSA ML» se publicó el texto completo de la cartilla de adiestramiento antimotines utilizada por el Grupo Móvil de Carabineros. La cartilla era «secreta» para los civiles, y había sido hecha en el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos (Pentágono).

Toda esta fuerza militar suma alrededor de 85.000 hombres, a los cuales, el día del desencadenamiento del golpe militar se agregaron más de 10.000 civiles (ex militares, reservistas, etc.) que formaban parte de grupos armados fascistas como Patria y Libertad, Comandos de Ex Cadetes y Comandos Rolando Matus, que habían sido adiestrados, financiados y provistos de armas por la Infantería de Marina y la Fuerza Aérea. Estos civiles fascistas hicieron el trabajo de fuerza de apoyo duran­te el golpe militar, bajo la denominación de «unidades indepen­dientes», las cuales recibían órdenes directas del Comando Cen­tral de la sublevación, cuyo jefe era el general Augusto Pinochet Ugarte.

Esta fuerza militar de cien mil hombres es la que sometió a mi país a una guerra relámpago el 11 de septiembre y, desde entonces, mantiene a su población civil bajo condiciones de ocupación militar de un ejército extranjero en tiempos de gue­rra.

Se podría pensar que no todas las unidades de las fuerzas armadas fueron cómplices en el golpe y masacre del pueblo chileno, pero los hechos mostraron que las disensiones internas fueron mínimas. Por ejemplo, en Santiago, sólo una parte pe­queñísima de la oficialidad de la Escuela de Suboficiales, del regimiento Ferrocarrileros de Puente Alto y de la Escuela de Ca­rabineros se opuso al golpe, y esos oficiales fueron asesinados por sus propios compañeros. En general, ninguna unidad de las fuerzas armadas chilenas, considerada como tal, se opuso o se marginó del golpe. Eso demuestra que el trabajo previo de los conspiradores fue minucioso y preparó las condiciones de «opinión» para el momento de decidir el día en que se debía asesinar a Allende y masacrar al pueblo chileno.
«Alfa uno» se tambalea
Como veremos en detalle más adelante, la conspiración de los generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas chile­nas y del cuerpo de policía militarizada (Carabineros), comen­zó a estructurarse en el período octubre-noviembre de 1972, cuando los servicios de inteligencia del Pentágono norteameri­cano estimaron que «la capacidad de control de la Administra­ción Allende sobre la potencialidad revolucionaria de los obre­ros y campesinos chilenos estaba en bancarrota».2

Desde esa fecha, el Latinamerican Desk del Pentágono, en combinación con más o menos un tercio de los generales del ejército, la mayoría de los generales de la fuerza aérea, la casi totalidad de los altos mandos de la marina y la mayoría de los generales de carabineros, comenzó a estructurar un dispositivo

golpista contra el régimen constitucional de Chile. Este dispo­sitivo tenía dos etapas: una de «ablandamiento» de la opinión pública nacional a través de la acción de los partidos democratacristiano y nacional, de los grupos de choque fascistas como Patria y Libertad, Comandos de Ex Cadetes y Comandos Rolan­do Matus, y de las organizaciones empresariales como la Socie­dad de Fomento Fabril (oligarquía industrial), Sociedad Na­cional de Agricultura (oligarquía agrícola) y Confederación Na­cional de la Producción y el Comercio (oligarquía industrial, comercial y financiera). La segunda etapa era la de «caer sobre la presa», cuando se estimara que esa presa ya estaba acorra­lada, sin aliento y con precario apoyo de las masas.

En este esquema golpista, que tenía considerado un momen­to de «esperar y ver» según fueran los resultados de las elec­ciones generales para llenar los 150 cargos de diputados en la Cámara baja del Parlamento y 25 senadores (de un total de 50) en la Cámara alta, el día 4 de marzo de 1973, no estaba defi­nido con claridad, todavía, el destino final de Salvador Allende una vez derrocado. Había, hasta julio de 1973, la idea mayoritaria en el seno de los altos mandos militares chilenos, de que Salvador Allende debía ser exiliado. Incluso, como veremos en este reportaje, había un sector minoritario de generales, so­bre todo en el ejército (concretamente los generales de las divi­siones primera y tercera, más el jefe conjunto de la segunda división y la guarnición de Santiago, entre los conspiradores; y el general Carlos Prats González, comandante en jefe del ejército, y el general Héctor Bravo Muñoz, comandante de la división de caballería del sur entre los no conspiradores), creían que podían convencer al propio Salvador Allende de encabezar un gobierno cívico-militar, de «unidad nacional», sin la parti­cipación oficial de los partidos políticos de izquierda en él. Esto lo llamaban ellos «un golpe blando».

Sin embargo, las cosas se precipitaron a partir de las elec­ciones de marzo de 1973, cuando la combinación de Gobierno sacó más del 40 % de los votos y la presión de las organizacio­nes de obreros, campesinos y empleados comenzó a crear de hecho, aunque en forma muy embrionaria, estructuras de po­der desde la base. Ello suponía el intento de llegar a desbancar del poder económico, político y social al imperialismo norteamericano y a la oligarquía nacional. La actitud de los generales más reaccionarios, junto a la opinión del Latinamerican Desk del Pentágono, se endureció y presionó a los generales que se aferraban a la idea de un «gobierno cívico-militar de unidad nacional» encabezado por Allende. Por otro lado, el propio Allende, empujado por la creciente marea revoluciona­ria de sus partidarios en la base, dejó en claro a los generales Prats y Pinochet que él no se prestaría para encabezar una dictadura militar encubierta.3

A medida que esto ocurría y la estructura militar golpista ya estaba completa en sus detalles estratégicos y tácticos, que­daba por definir con exactitud el destino personal de Salvador Allende; es decir, el objetivo militar final de la operación «alfa uno».

Fue el alto mando de la Marina chilena quien, en julio de 1973, rompió el equilibrio de opiniones, dando un golpe de fuer­za audaz y macabro, en combinación con la organización Co­mando de Ex Cadetes, que era adiestrada por la Agencia Cen­tral de Inteligencia norteamericana a través de un relaciones públicas de la empresa multinacional Ford Motor, el periodista chileno Federico Willoughbly MacDonald (actual Secretario de Prensa de la Junta Militar).

En ese mes, los almirantes golpistas recurrieron al asesi­nato político para avanzar en su trama y prevenir ser descu­biertos antes de tiempo. Por medio de un equipo comando de asesinos profesionales, dirigidos por un miembro del Servicio de Inteligencia de la Marina, organizaron y llevaron a cabo el asesinato del edecán naval del Presidente Allende, comandante Arturo Araya Peters, en la noche del 26 de julio de 1973, en su propia casa. El asesinato del marino fue hecho en combinación con el grupo de conspiradores de los Carabineros, que domina­ban el Servicio de Inteligencia de ese cuerpo de policía milita­rizada.

Los altos mandos de la Marina que participaban en la cons­piración contra el Gobierno de Allende, estimaron que con el asesinato del comandante Araya Peters, cumplían dos objetivos de alta significación:

1) Impedían que Araya Peters, hombre muy cercano al pre­sidente Allende y partidario de la tesis «constitucionalista» de los sectores del Ejército y de Carabineros, fuera ascendido a contralmirante en noviembre-diciembre de 1973 y pasara a for­mar parte del Estado Mayor de la Armada Nacional. Esto debía ocurrir porque Araya Peters terminaba su período de dos años reglamentario como edecán naval del Presidente en septiem­bre de 1973, incorporándose de inmediato al servicio activo y, también por reglamento, debía ser ascendido a la penúltima graduación más alta de su arma. Esto dejaba al presidente Allende con un hombre importante en el seno del Estado Mayor naval. Es decir, en el seno de la conspiración para derribar al gobierno constitucional, pudiendo descubrirla antes de tiempo. (Hay que tener claro que en julio de 1973 los generales cons­piradores no habían fijado todavía fecha al golpe, y la idea común era que a fines de año o principios de 1974, cuando la situación económica fuera insostenible, acelerada por un nuevo paro empresarial nacional que se preparaba para comenzar des­de agosto en adelante, sería posible dar con mayor facilidad el manotazo para derribar al Gobierno)

2) Con la complicidad del Servicio de Inteligencia de Carabi­neros, los almirantes golpistas esperaban montar una trama para culpar al partido socialista de la muerte del edecán naval, y provocar así una reacción favorable a la conspiración en el resto de los altos mandos de las fuerzas armadas y carabine­ros. Como se sabe, el partido socialista era el principal partido del Gobierno, a él pertenecía el propio Salvador Allende y de él dependía su guardia personal conocida como GAP (Grupo de Amigos Personales).

El trabajo del comando asesino alquilado por el Servicio de Inteligencia de la Marina fue realmente «limpio» y la maquinaria funcionó bien cuando, horas después, el servicio de inteligen­cia de Carabineros «detuvo» al probable «asesino». Era un em­pleado de última categoría de una dependencia de la Corpora­ción de Fomento de la Producción, borracho habitual, el cual, ¡vaya sorpresa!, después de ser flagelado en el primer sótano del Ministerio de Defensa, bajo la supervigilancia de Aldo Montagna, afirmó ser «socialista», haber participado en el comando asesino de Araya Peters por «contrato con un GAP» y estar «arrepentido», razón por la cual «se había entregado, ebrio, a la guardia nocturna de la Intendencia de Santiago, sede de la Primera Prefectura de Carabineros, la que dependía directa­mente, ¡adivinen de quién!, ¡del general César Mendoza Duran, actual miembro de la Junta Militar!

Sin embargo, al comenzar la segunda semana de agosto, la trama montada por el Servicio de Inteligencia de la Marina comenzó a desmoronarse. Y esto fue así porque un grupo de detectives de la Brigada de Homicidios de la policía civil chi­lena —cuya director, Alfredo Joignat, era miembro del partido socialista—, comenzó a coger los hilos que llevaban a la identidad de los integrantes del comando asesino. Pero todavía reci­bió Allende un primer informe policial sobre el caso, en el cual se establecían más allá de toda duda dos cosas:

1) El detenido por la Primera Prefectura de Carabineros co­mo «presunto homicida» del comandante Araya Peters había sido obligado por el jefe del Servicio de Inteligencia de Carabineros a firmar, después de ser golpeado, una declaración que ni si­ quiera había leído. El texto de esa confesión del detenido «so­cialista», «amigo de los miembros del GAP» y «arrepentido»


había sido conocido por un parlamentario de extrema derecha (Gustavo Alessandri)... ¡dos horas antes de ser detenido el «pre­sunto homicida» y leída en parte por ese mismo parlamentario en la radioemisora Sociedad Nacional de Agricultura (propie­dad de los latifundistas)!

2) La identificación de los verdaderos participantes en el co­mando asesino —siete personas— había revelado que al menos dos de ellos tenían conexiones con un alto oficial de la Armada Nacional. También la investigación realizada paralelamente sobre el capitán de carabineros del Servicio de Inteligencia que había hecho firmar la declaración al «presunto homicida», in­dicaba que se había reunido, dos semanas antes del 26 de julio, con otro alto oficial de la Armada Nacional.

Con estos antecedentes en sus manos, parte de los cuales Salvador Allende ordenó hacer públicos aunque sin mencionar la existencia del «alto oficial de la Armada Nacional», el Presi­dente se reunió en la mañana del 8 de agosto de 1973 con el comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats Gonzá­lez; comandante en jefe de la fuerza aérea, general César Ruiz Danyau; comandante en jefe de la armada nacional, almirante Raúl Montero, y con el director general de carabineros, gene­ral José Sepúlveda Galindo.4

La situación política era gravísima: el 27 de julio había co­menzado un nuevo paro nacional de los dueños de camiones, dirigidos por León Vilarín, hombre directamente conectado a la conspiración a través de Eduardo Frei y Onofre Jarpa (líde­res de la Democracia Cristiana y el Partido Nacional, respectiva­mente). El 7 de agosto habían sido dadas por terminadas las conversaciones entre la directiva nacional del partido democratacristiano (dominada por el grupo de Eduardo Frei, el cual complotaba con los militares a través del general Oscar Bonilla, actual ministro del Interior de la Junta, y director de personal en aquella época). Estas conversaciones PDC-Allende habían sido pedidas por el cardenal arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henriquez, bajo la línea general de «llegar a un acuerdo político de no agresión, a fin de detener la guerra civil que sería desenca­denada después de un intento militar de golpe de estado». Naturalmente, Frei estaba interesado en que esas conversaciones fracasaran.

El mismo día 30 de julio, fecha de iniciación de las conver­saciones, el general Oscar Bonilla se había reunido con Eduardo Frei y el senador Juan de Dios Carmona (ministro de Defensa en la administración de Frei), exigiéndoles que hicieran fraca­sar los intentos de conciliación política y que su dedicación fundamental debía ser «sacar un acuerdo del Parlamento que declare ilegal el Gobierno Allende». (Sobre este manejo que los generales golpistas hicieron de los partidos políticos de centro y derecha para sus fines, hablaremos con detalle más adelante, en el capítulo quinto).

Esa mañana del 8 de agosto era la de un día con nubarrones de tormenta para la estabilidad política de Chile: se había desencadenado un paro empresarial destinado a hacer naufra­gar la economía chilena; en respuesta, las organizaciones de trabajadores exigían a Allende que les permitiera «resolver con nuestras propias manos el paro empresarial»; mientras tanto la conjura industrial-militar-norteamericana empezaba la cuenta regresiva de una embestida final, calculada en medio año a par­tir de agosto-septiembre, que dejaría la situación «madura» para que los militares se hicieran cargo del poder total.

Sin embargo Salvador Allende no veía la situación global del mismo modo. Sus informaciones sobre la conjura militar, muy fragmentarias, y principalmente manipuladas por la con­trainteligencia del Ejército y de Carabineros, le habían hecho formarse un cuadro errado de la magnitud de la conspiración. Él creía que había un pequeño «foco» en la Armada, dirigido por el comandante en jefe de la Primera Zona Naval (Valpa­raíso, principal puerto chileno a una hora y media de Santiago por carretera), vicealmirante José Toribio Merino —el cual, más tarde, llegaría a ser miembro de la Junta Militar—, y otro «pequeño foco» aislado, en la Fuerza Aérea, que tenía «las sim­patías» del general César Ruiz Danyau. Razonando sobre estos datos, Allende, aquella mañana del 8 de agosto, pensó que podría tratar de resolver la crisis política global en que se en­contraba, dando un golpe de efecto contra los conspiradores tanto civiles como militares, incorporando a TODAS las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros a su gabinete de minis­tros, y, por otro lado, desalentar los esfuerzos de las organiza­ciones de trabajadores por lanzar una embestida contra las fuerzas empresariales oligárquicas, mostrando una actitud de fuerza respaldada por los cuatro comandantes en jefe.

Para conseguir la participación militar en el Gabinete, esa mañana del 8 de agosto, Allende leyó a los cuatro jefes milita­res el informe de la policía civil sobre el asesinato del edecán naval, comandante Arturo Araya Peters, y les explicó que «si el pueblo se entera de esta verdad, Chile tendrá medio millón de muertos», porque los obreros y campesinos «se lanzarán contra los cuarteles de la Marina y de Carabineros para aplas­tar a los conjurados y asesinos de Araya Peters». Definió el in­forme como una bomba de tiempo. Y explicó que lo mejor era resolver el problema de la «conjura» de la Marina y de Carabi­neros «de modo confidencial e institucional». Agregó que el in­forme de la policía civil tenía una segunda parte, que él pre­fería no mostrar por ahora, en la cual se probaba la «conexión de los asesinos del comandante Araya Peters con fuerzas arma­das extranjeras».

Por eso, explicó, lo mejor era, en ese momento, que «las instituciones armadas de Chile muestren cohesión y apego a la constitucionalidad y las leyes» integrando un Gabinete de «unidad nacional», para «apaciguar los ánimos», resolver el paro empresarial en sus inicios y no cuando ya fuera grave, «como el de octubre de 1972», y dar tiempo al poder ejecutivo para promulgar diversas leyes que pedían la Democracia Cris­tiana y el Partido Nacional por encargo de la Sociedad de Fo­mento Fabril y Sociedad Nacional de Agricultura.

Los comandantes en jefe aceptaron. El jefe de la Marina fue nombrado ministro de Hacienda; el de la Fuerza Aérea, de Obras Públicas; el del Ejército, de Defensa, y el de Carabineros, de Vivienda. En la mañana del 9 de agosto, Salvador Allende anun­ció dramáticamente al país la composición de su nuevo Gabi­nete, definiéndolo como de «seguridad nacional» y calificán­dolo de «la última oportunidad para evitar el enfrentamiento entre chilenos».

Pero, el fondo de la cuestión era que Allende había puesto la primera frase de su propia condena a muerte por parte de los conjurados. El general de aviación Ruiz Danyau comunicó a José Toribio Merino, almirante, los términos en que Allende leyó el informe sobre el asesinato del ex edecán naval Araya Peters, y la idea que quedó entre los altos mandos conspiradores era que Allende estaba «peligrosamente cerca de la verdad», y que, si tenía tiempo para profundizar en la investigación, podría llegar a tener un cuadro completo de la conexión Pentágono-Marina-Fuerza Aérea-Ejército-Carabineros, del cual haría uso político en el exilio. Fue el propio Merino quien primero opinó en los días siguientes que «a este individuo hay que matarlo o suicidarlo, no nos queda otra».

No obstante, la decisión final de eliminar físicamente al pre­sidente Allende no surgió hasta la noche del martes 21 de agosto, en una reunión en la que no participó el coman­dante en jefe subrogante del Ejército, general Augusto Pinochet Ugarte. (De hecho, Pinochet no supo nunca que Allende iba a ser asesinado. Se enteró de este plan en la tarde del 11 de septiembre, cuando la muerte del Presidente estaba consu­mada y se montaba afiebradamente el espectáculo del «suici­dio».)

Sólo el entonces jefe de la Primera Zona Naval, vicealmi­rante José Toribio Merino; el general César Mendoza Duran, de Carabineros, y el general Gustavo Leigh Guzmán, nombrado el 20 de agosto comandante en jefe de la Fuerza Aérea, prepararon el plan para eliminar físicamente a Allende.

Y esa decisión final surgió como secuela de una torpeza mayúscula cometida por el general César Ruiz Danyau el vier­nes 17 de agosto. Impulsado por ambiciones personales, y cre­yendo que «la situación estaba madura», Ruiz Danyau preparó a la guarnición aérea de Santiago, compuesta de dos bases, una de apoyo terrestre y otra de caza y bombardeo, para un «pro­nunciamiento militar» el lunes 20 de agosto, que él creía que arrastraría al resto de las Fuerzas Armadas a su lado. Para desencadenar el golpe, Ruiz Danyau renunció a su cargo de mi­nistro de Obras Públicas el viernes 17 de agosto. Esto signifi­caba que Allende tendría que pedirle la renuncia como coman­dante en jefe de la Fuerza Aérea y, planeaba Ruiz Danyau, esta institución militar debía resistirse, sublevarse y provocar la caída de Allende, así como su nombramiento como jefe de una Junta Militar de Gobierno.

Allende, conociendo en parte el juego de Ruiz Danyau, de­moró su aceptación de la renuncia hasta el día siguiente, sábado 18 de agosto. Mandó llamar a reunión en el Palacio de la Moneda al jefe de la Marina, almirante Raúl Montero; al jefe del Ejér­cito, Carlos Prats, y al segundo general más antiguo de la Fuerza

Aérea, Gustavo Leigh Guzmán (éste era uno de los jefes de la conspiración, pero Allende no lo sabía). En la reunión, Allende les hizo escuchar una grabación en cinta magnetofónica de una conversación en que participaban un coronel retirado de avia­ción y dos o tres personajes más. En la grabación se oía decir al coronel retirado que «el grupo» ya había comenzado a «ope­rar diversas unidades» para convencer a los altos mandos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas «para que abandonen a Allende» y se «sumen a la cruzada de lucha contra el mar­xismo». Agregaba que «los americanos están en conocimiento de nuestra acción y la aprueban», y citaba una sola vez, que «mi general Ruiz Danyau está a muerte con nosotros».

Allende dijo entonces a Gustavo Leigh Guzmán que se debía entender que «en este complot» hay «traición a la patria», hay una potencia extranjera en complicidad con generales «de la República de Chile». «Esto es un baldón moral para nuestras fuerzas armadas.» Acto seguido señaló a Leigh Guzmán que él debía aceptar la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea, aprobar el llamado a retiro de Ruiz Danyau y convencer a las unidades aéreas que pudieran apoyar a Ruiz que no hicieran semejante cosa. Leigh Guzmán, probablemente muy sorpren­dido por el texto de la grabación que había escuchado, aceptó la proposición del presidente Allende, el cual amenazaba con «dar a conocer a Chile esta infamia».5

Al día siguiente, sin informar a Ruiz Danyau de nada, Leigh Guzmán habló con José Toribio Merino, de la Marina; César Mendoza, de Carabineros, y Augusto Pinochet, del Ejército. Les indicó, según parece por los sucesos posteriores, que había que desembarcar a Ruiz Danyau, no apoyar la insurrección de la guarnición aérea de Santiago y esperar el momento preciso para dar el golpe.

Así ocurrió. Al día siguiente, lunes 20 de agosto, la oficialidad de las bases aéreas El Bosque y Los Cerrillos, de Santia­go, se autoacuarteló, solicitando apoyo a la Marina de Guerra y a los regimientos Tacna y Buin, así como a la Escuela de Suboficiales y Regimiento Blindado Número 2, ambos acanto­nados en la ciudad. El día, en todo caso, estaba bien elegido. Salvador Allende viajó en helicóptero a Chillan (unos 500 ki­lómetros al sur de Santiago) para asistir a la ceremonia de conmemoración del natalicio del padre de la patria, el general Bernardo O'Higgins. Sin embargo, el resto de los generales cons­piradores habían decidido hacer abortar este golpe «a destiempo» y dejar caer la guillotina sobre el cuello de su cómplice César Ruiz Danyau.

Desde el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, que reúne a las tres ramas milita­res, tomó las medidas de parlamento y convencimiento pa­ra los oficiales aéreos autoacuartelados y ya al mediodía estaban todos de acuerdo en que había que «esperar» y que mientras tanto, el general César Ruiz Danyau sería llamado a retiro, el general Gustavo Leigh Guzmán asumía la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea y, por último, en el ministerio de Obras Públicas se nombraba a otro general de aviación, Héctor Magliochetti (el cual es ahora ayudante del general Pinochet).

Todo aparentaba ser una rotunda victoria política de Salva­dor Allende. Joan Garcés, ciudadano español y asesor económi­co de Allende, en su testimonio ante la Asamblea General de las Naciones Unidas del 9 de octubre de 1973, indicaba: «Esa noche, a su regreso a Santiago, el presidente Allende es informado de que el general Pinochet, comandante en jefe subrogante del Ejército, fue requerido para que se sumara al golpe y, según él mismo, respondió: "Soy un general respetuoso de la Constitu­ción y seré leal al Gobierno hasta las últimas consecuencias."»

Resulta notable el hecho de que hasta la mañana del 11 de septiembre, cuando el general Pinochet dirigía desde los fal­deos cordilleranos de Peñalolén, en Santiago, la invasión mili­tar a la ciudad y el ataque y destrucción de La Moneda, todavía Salvador Allende pensaba en él como «un general leal» y lo lla­maba por teléfono para preguntarle: «¿Qué está pasando, Au­gusto?»

La «victoria» sobre el pequeño putsch Ruiz Danyau del lunes 20 de agosto, fue una a lo Pirro para Salvador Allende. La había logrado a costa de dejar saber a sus enemigos que tenía in­formaciones concretas de la complicidad de generales chile­nos con generales norteamericanos para tramar el golpe de Estado. Fue la segunda y definitiva frase que el propio Allende escribió en su sentencia de muerte dictada por los líderes de la conspiración. A lo de Araya Peters, se sumaba ahora lo de Ruiz Danyau.

Desde el mismo martes 21 de agosto, los autores intelectua­les del asesinato —Leigh, Mendoza y Merino—, comenzaron a elaborarlo, asesorados por un equipo sacado del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) del Ejército, del Servicio de Inteli­gencia de la Armada, y del Servicio de Inteligencia del Ejército de los Estados Unidos. Quedó definitivamente aceptado por estos tres generales que el exilio de Allende, teniendo esos docu­mentos a su alcance y considerando las simpatías que desper­taba en la mayoría de los gobiernos y pueblos del mundo, era un enemigo más que formidable para la dictadura militar que sería implantada. Por eso, el objetivo del plan «alfa uno» que­dó estructurado cabalmente para ser puesto en práctica duran­te el día D.

En términos de reconstrucción aproximada (dadas las difi­cultades para reportear después del día 11 de septiembre para el autor de este libro, ya que pasó 15 días esquivando las fuerzas militares que lo buscaban, y enseguida estuvo confinado 120 días en una embajada en Santiago, a causa de que la Junta Militar se negaba sistemáticamente a otorgarle salvoconducto para que pudiera salir del país), el objetivo final del plan «alfa uno» estaba contenido en unas ideas que recogí de tercera o cuarta mano después que, consumado el asesinato de Allende, algunos altos mandos militares que estaban en el aparato de acción de «alfa uno», se confidenciaron con mandos inferiores, e incluso civiles, abrumados por la barbaridad que habían pla­nificado, puesto en acción y ejecutado el 11 de septiembre.

Para completar las «ideas básicas» del plan, los autores de «alfa uno» recogieron apresuradamente información sobre la personalidad de Salvador Allende entre los mandos militares que más lo conocían. Principalmente, se valieron de la opinión del general de división Manuel Torres de la Cruz, comandante en jefe de la Quinta División de Ejército en el extremo sur del país, hombre sumamente católico, miembro de la organización internacional Opus Dei y cuarta antigüedad en el generalato del ejército (sobrepasado sólo por Carlos Prats, Augusto Pinochet y Orlando Urbina Herrera; comandante en jefe titular, co­mandante en jefe subrogante e inspector general del Ejército, respectivamente).

El general Manuel Torres de la Cruz era el jefe de la frac­ción ultrafascista del Ejército, verdadero motor de la conspira­ción contra el Gobierno constitucional chileno desde octubre de 1972, y, sin embargo, estaba considerado por Salvador Allende y su «asesor en asuntos militares», el senador Alberto Jerez, de la Izquierda Cristiana, como «el único general allendista del ejército» y un «leal amigo».6

Los informes confidenciales del general Torres de la Cruz sobre la personalidad de Allende dibujaron, para los promotores de «alfa uno», la caricatura de un «individuo exageradamente bebedor, voluble, vanidoso, cobarde, fácil presa del desánimo en los momentos difíciles». Esta caricatura era como calcada de la publicitaria en los periódicos de derecha de Santiago («El Mercurio» y su cadena —del clan monopólico Edwards—; «La Tribuna», del Partido Nacional; y «La Prensa», del grupo de la Democracia Cristiana controlada por Eduardo Frei), en el curso de su violenta campaña por desacreditar la persona del Presi­dente constitucional, iniciada apenas cuatro o cinco meses des­pués de comenzar su período presidencial el 4 de noviembre de 1970.

Considerando este informe del general Manuel Torres de la Cruz, además de otros del general de Carabineros José María Sepúlveda Galindo y del edecán del Ejército, los promotores del plan «alfa uno», asesorados por el grupo de Inteligencia de la misión militar norteamericana en el Ministerio de Defensa de Chile estimaron que, una vez atrapado Allende en su residen­cia particular de la calle Tomás Moro, en la parte oriental de la capital, o en el Palacio de la Moneda, para el día del desen­cadenamiento del golpe militar, sólo podrían ocurrir dos alterna­tivas. En el lenguaje de los conspiradores, las alternativas eran así:

*Probabilidad Uno: El objetivo, acorralado ante el desplie­gue blindado y de infantería, y bajo la amenaza de bombar­deo aéreo, se suicida antes de que comience el combate. Esto es altamente posible, teniendo en cuenta que el objetivo ha expresa­do en innumerables ocasiones, incluso ante los altos jefes de la Institución, que es un admirador de José Manuel Balmaceda, presidente que se suicidó en 1891, después de la derrota de sus tropas sufrida a manos de las tropas insurgentes.

*Probabilidad Dos: El objetivo, sabiendo que no tiene defensa alguna, ya que él sabe perfectamente que los civiles están in­capacitados para defenderse de un ataque coordinado de todas las instituciones armadas del país, se rinde. Esto puede ocu­rrir antes o después de un bombardeo aéreo de ablandamiento y no de demolición, a su casa particular o al Palacio. El bom­bardeo de ablandamiento tendrá el carácter de recurso para obtener Uno u obtener Dos, demostrando que la decisión ins­titucional es inflexible y que destruiremos todo intento de opo­sición a nuestros objetivos mayores.

Si ocurre la Uno, entonces se debe encargar a prensa mili­tar que haga el anuncio de inmediato, comenzando paralelamente la fase prensa de descrédito al objetivo suicida centran­do la operación en proponer una imagen de borracho, licencio­so y sibarita (esto se conecta con el equipo encargado de com­poner pruebas).

Si se da la Dos, se separa al objetivo de inmediato de todos los demás civiles y militares que puedan estar con él. Estos deben ser enviados a seguridad de Escuela Militar, bajo arresto en tiempo de guerra. El objetivo, una vez aislado, debe ser lle­vado en seguridad máxima a Blindados 2. Se le debe tratar en forma humillante por personal escogido con uniforme de baja graduación. Se le somete a vejámenes (desnudo, actitudes veja­torias, obligarlo a ejecutar actos humillantes), los cuales se fo­tografiarán de manera abierta para que el objetivo sepa, se­gún experiencias que nos han comunicado, para inducirlo a sui­cidio por efecto traumatizante. Se debe agregar a la preparación el mostrar al objetivo el material preparado previamente para desacreditarlo públicamente. Si la inducción tiene éxito, prensa militar debe comenzar de inmediato la operación «conocimien­to público» en los términos ya citados. Si el objetivo resiste la acción del equipo para efecto traumatizante, y no se consigue resultado alguno cuando hayan transcurrido entre 60 y 90 mi­nutos después de la rendición, el objetivo será inmovilizado y muerto con características de suicidio. A esto seguirá la opera­ción prensa militar como estaba prevista. En ambos procedi­mientos se informará que el objetivo fue tratado en forma res­petuosa a su rango por los vencedores. Que, por eso, sus ropas no se sometieron a registro cuando se le dejó solo en el recinto de oficiales del regimiento, y esto posibilitó que el objetivo guardara una pistola calibre 7.65 entre sus ropas. Con ella, el objetivo se suicidó mientras estaba solo en la dependencia, es­perando la llegada de los comandantes en jefe para que firmara su renuncia, según él mismo había aceptado, y dijera unas pa­labras al pueblo para que no resistiera en ningún momento a la acción de las instituciones militares. El objetivo había acep­tado también, salir en un avión, con destino a Cuba, puesto a su disposición por la FACH.»

De acuerdo con informaciones posteriores, muy fragmenta­rias, los conspiradores de «alfa uno» no consideraron jamás la posibilidad de que Salvador Allende resistiera hasta el final el asalto abrumador de blindados, infantería y aviación, a los cuales se agregaría más tarde, pasadas las 13 horas, una escua­dra de carabineros del Grupo de Servicios Especiales, que cubrió el segundo piso de La Moneda con bombas de gases lacri­mógenos y vomitivos. En todo caso, la reconstrucción del ob­jetivo final de «alfa uno» que ustedes han leído, refleja el grado de decisión homicida con el cual los altos mandos militares afrontaron la tarea de derrocar al Presidente constitucional de Chile, después que éste les mostrara los documentos que poseía y que llevaban a una segura pista para demostrar que el Ser­vicio de Inteligencia de la Marina había organizado el asesina­to del edecán naval, comandante Arturo Araya Peters, el 26 de julio; y, además, que el ex general César Ruiz Danyau estaba conspirando con asesores de la misión aérea norteamericana.

El día 11 de septiembre, pocos minutos después de las dos de la tarde, toda la operación «alfa uno» se tambaleó, cuando la patrulla de penetración de la Escuela de Infantería subió al segundo piso de La Moneda y asesinó al presidente Allende «fuera de programa». Y mucho más se complicó «alfa uno» debido a que los defensores civiles del Palacio de Gobierno, al ver caer acribillado a Allende, reaccionaron con furia y recha­zaron la penetración de la infantería, manteniéndose en un com­bate de inútil resistencia 40 o 50 minutos más.

Cuando cerca de las tres de la tarde del 11 de septiembre, el general Javier Palacios Ruhman, comunicó al jefe militar de la insurrección, general Augusto Pinochet Ugarte, que toda la resistencia en La Moneda había cesado, éste conocía de la muer­te de Allende desde hacía menos de 30 minutos. Un jeep militar, con una estafeta con «información clasificada» (el lenguaje yan­qui del ejército chileno para decir «información secreta»), ha­bía partido desde las inmediaciones de La Moneda, por órde­nes del general Palacios, hasta el cuartel general de Peñalolén para informar personalmente, y no a través de los equipos de telecomunicaciones, a Pinochet que Allende había sido liqui­dado a tiros de fusil ametrallador FAL. El jeep llegó a Peña­lolén alrededor de las dos y media de la tarde. Desde ese mo­mento, hasta cerca de las tres, Pinochet y su Estado Mayor dis­cutieron qué hacer. Todos estuvieron de acuerdo en que el ase­sinato de Allende era un tremendo error porque haría más encarnizada la resistencia de los trabajadores; por lo tanto, a cualquier costo, debía probarse que se había suicidado.

Como en esos instantes La Moneda todavía resistía, Pinochet y su Estado Mayor decidieron postergar la discusión de los detalles para fabricar el suicidio hasta el momento de tener en sus manos el cadáver del Presidente constitucional, pero, igualmente, decidieron dar una «información oficiosa», para el ex­tranjero, de que Allende se había suicidado. Para ello recurrie­ron al sistema de telecomunicaciones abierto, sin clave, que habían estado utilizando todo el día, sabiendo perfectamente que radioaficionados chilenos y de Argentina, además de recepto­res de las agencias norteamericanas de noticias en Santiago, tenían sintonizadas sus bandas de transmisión. Alrededor de 20 minutos antes de las tres de la tarde, desde Peñalolén, se transmitió en sistema morse, al puesto numero cinco, en el Mi­nisterio de Defensa, a ciento cincuenta metros del asediado Palacio de la Moneda, una instrucción de Pinochet para que ese puesto, de viva voz, diera la noticia encubierta como infor­mación interna entre los distintos puestos de comando de la insurrección militar. El puesto número cinco al mando del vi­cealmirante Patricio Carvajal Prado, hombre de confianza del almirante José Toribio Merino, y el cual, presumiblemente estaba también en conocimiento del verdadero alcance de «alfa uno», en ese instante a punto de fracasar, cumplió la orden a las 14.45 horas. Un radioaficionado de izquierdas que estaba escuchan­do los mensajes militares, pudo grabar esa comunicación y por eso, yo puedo transcribirla textualmente. Decía así:

«Atención... éste es el puesto cinco... el puesto de Patricio... se informa que personal de la Escuela de Infantería está ya dentro de la Moneda... lo que sigue lo voy a transmitir en inglés, por si nos están escuchando... they said presidente Allende committed suicide... ¿me entendió?

La frase en inglés, desde el punto de vista de la seguridad para el mensaje, era ridícula, porque este idioma se enseña en Chile desde la escuela básica. Sin embargo, no era tan ridícula si, como el vicealmirante Carvajal sabía, los corresponsales norteamericanos estaban escuchando en sus monitores de Santiago y de Mendoza, en Argentina. Eso les facilitaba la rápida y exacta comprensión, y lo que los militares insurrectos que­rían era que todos los teletipos del mundo, a partir de esa hora, prepararan a la opinión pública mundial para la idea del «suicidio de Allende».

Pero ésta fue la parte fácil de la trama montada por los generales insurrectos. La difícil comenzó apenas quince minutos después, cuando Pinochet, ansioso, le preguntó al general Pa­lacios: «¿Cómo está el cadáver?», y éste le contestó: «Destro­zado». Pinochet dio orden de aislar el sitio y de que nadie viera el cuerpo ametrallado de Allende.

Durante media hora se buscó una forma adecuada de suicidio para un cadáver ametrallado. Se acordó destrozarle la cabeza con balas de subametralladora, vestirlo de nuevo para impe­dir que los testigos posibles vieran las otras heridas en el cuer­po, y poner el cadáver en otro sitio más adecuado, ya que el Salón Rojo, lugar original del asesinato, estaba destruido y en llamas, al igual que el despacho de trabajo del Presidente. Se eligió el Salón Independencia, un lugar de descanso y recepción de visitas privado del Presidente. Allí, los hombres del Servicio de Inteligencia del Ejército, vigilados por el general Javier Pa­lacios Ruhman, sacaron del cadáver el ensangrentado suéter de cuello subido que había utilizado durante todo el asedio. Tam­bién le sacaron los pantalones color azul, que estaban perfo­rados y ensangrentados a la altura del vientre. Le pusieron pan­talones de color marengo, sacados de uno de los tantos cadá­veres que había dentro de La Moneda, y un suéter gris de cuello subido. En seguida, para mayor seguridad, le colocaron una chaqueta de tweed color gris, abotonada en el botón inferior, que el Presidente se había sacado en el combate, dejándola sobre su mesa de trabajo. Vestido así, los militares del SIM lo sen­taron en el sofá de terciopelo rojo que estaba adosado a la pared que da para la calle Morandé, lo apretaron contra el respaldo, pusieron la subametralladora que tenía en sus ma­nos Allende cuando fue asesinado casi una hora y media antes, y lo acribillaron. La cabeza de Allende se partió en dos, y parte de su masa encefálica, sangre y trozos de cabello golpearon y se pegaron en un gobelino que estaba en el muro adyacente al sofá, a una altura superior a los tres metros. El escenario es­taba completo. Como el cadáver de Allende tenía un rigor mortis de poco más de una hora, no fue fácil colocarlo en el sillón, y los militares del Servicio de Inteligencia del Ejército tuvieron que enderezar con fuerza las piernas del ex Presidente, dejándolas muy separadas, para que estabilizaran el cuerpo. Los brazos quedaron colgando a los costados del cuerpo, ligeramente ex­tendidos.

Eran las tres y media de la tarde. En ese instante, más de tres horas después de comenzado el incendio de La Moneda ori­ginado por la explosión de los cohetes de los aviones Hawker Hunter, los bomberos de la Quinta Compañía (que tenían pre­parados sus carros contra incendios desde las 12.20 horas, cuando terminó el bombardeo aéreo y vieron las llamas sobre el edificio gubernativo) recibieron órdenes de salir a combatir el fuego. El cuartel de la Quinta Compañía de Bomberos está a menos de trescientos metros de La Moneda, en calle Nataniel, en la planta baja del mismo edificio que ocupan las oficinas de la agencia norteamericana de noticias United Press Internatio­nal.

Jaime Egaña, capitán de la compañía de bomberos, relata que «un momento que no se nos olvidará fue la salida del carro bomba desde el cuartel; se abrieron las puertas y los soldados se apostaron en diversos sitios. Al salir, los militares dispararon simultáneamente contra todos los sitios para defender nuestro avance».

Al llegar a La Moneda, lo bomberos vieron que el incendio cubría casi todo el sector de calle Morandé, en los pisos segun­do y tercero, y toda la fachada norte, en que estaban el Minis­terio del Interior y la Presidencia.

La orden de intervención para los bomberos había sido dada desde el Ministerio de Defensa, después que el general Palacios informara que estaba todo listo en el salón privado de la Presi­dencia. Es decir, que el espectáculo estaba montado para es­parcir por el mundo la teoría de que Allende se había suicidado. Sin embargo, el general Palacios, presionado por el incen­dio que amenazaba con llegar al lugar donde se preparaba la trama, actuó con demasiada prisa al informar al Ministerio de Defensa que «todo O.K.». Y eso porque cuando los bomberos comenzaron a combatir el fuego, por lo menos dos entraron al Salón Independencia, y fueron empujados hacia el exterior por los fusiles ametralladoras de los que estaban en el interior. Pe­ro alcanzaron a ver a uno de los militares, que ponía un arma en las rodillas del cadáver sentado en el sofá, mientras otro ponía a su lado el casco de combate y los anteojos del presi­dente Allende. Sólo después de eso, se les informó a todos los bomberos que ahí no se podía entrar, porque «el presidente Allende se suicidó y no se puede mover nada».

Al mismo tiempo que esto ocurría, los miembros del SIM es­taban empeñados en otra tarea importante: la de fabricar un testigo caído del cielo. Ocurrió que cuando las fuerzas de in­fantería entraron por segunda vez al segundo piso de La Mone­da, desmoronada ya la resistencia civil, actuaron con una bru­talidad sin límites, golpeando, pateando y dando de culatazos a los rendidos, obligándolos a tenderse en el suelo, de bruces, con las manos sobre la nuca, y corriendo sobre ellos con las pesa­das botas de combate al atravesar los pasillos. Uno de los últimos en ser rodeados por los soldados asaltantes fue un civil que llevaba un maletín en la mano, que estaba acurrucado con­tra un muro y sollozaba, histérico, gritando «yo no he hecho nada... yo no he hecho nada». Uno de los miembros del equipo del SIM que iba a la cabeza, junto con el general Palacios, para comenzar el trabajo de «montar el suicidio» de Allende, se que­dó con el histérico prisionero, mientras a pocos metros, en el Salón Independencia, se discutía la forma de simular el suici­dio. Ahí surgió la idea. El civil fue llevado al Salón, y los miem­bros del SIM le dijeron: «Tú eres del GAP y asesinaste al Pre­sidente... Te fusilaremos en el acto».

Ese hombre era el doctor Patricio Guijón Klein, que desde noviembre de 1972 había sido contratado como médico ciru­jano en el equipo de doctores para cuidar la salud del presi­dente. No pertenecía a ningún partido político integrante de la Unidad Popular. Había aceptado ser médico de Allende simplemente porque eso mejoraba su statu como profesional. Esa tarde del 11 de septiembre se había visto entrampado junto con el equipo médico restante (siete personas), y el futuro le de­paraba ser «testigo» de un suicidio que no ocurrió... Era su vida contra su participación en la trama montada por los militares insurrectos. Prefirió ser testigo.

Con Palacios y los miembros del SIM, entre las tres y cuatro de la tarde, el doctor Guijón se aprendió el esquema general de lo que tenía que decir. Fueron testigos de este acuerdo las decenas de cadáveres de soldados que había en el interior de La Moneda, y los nueve cadáveres de los civiles que cayeron de­fendiendo la sede de los presidentes constitucionales de Chile. Mientras combatían el fuego, los bomberos fueron advertidos que todos quedaban bajo «jurisdicción militar» y no «pueden decir a nadie lo que han visto dentro de este recinto». La efica­cia de la maquinaria militar para fusilar, detener, torturar y hacer desaparecer personas por miles, demostrada en los días posteriores, reafirmó en el ánimo de los bomberos de la Quinta Compañía el deseo de cumplir con las órdenes militares reci­bidas el 11 de septiembre, entre las tres y media de la tarde y las diez de la noche, cuando se retiraron del recinto, después de sofocar el incendio.

A esa hora, el cadáver del presidente Allende ya estaba en el Hospital Militar, para ser puesto dentro de un ataúd, y para servir de testigo a una junta de médicos del Ejército, la Fuerza Aérea, Marina y Carabineros, que no harían más que copiar en un «acta» lo puesto horas antes por los detectives de la Bri­gada de Homicidios, llamados por el general Ernesto Baeza Michelsen, comandante de las fuerzas militares que habían in­vadido el centro de Santiago a partir de las seis de la mañana de ese día.

Los detectives de la Brigada de Homicidios fueron llamados a las cuatro de la tarde por el general Baeza Michelsen. A esa misma hora, desde el comando conjunto central, en Peñalolén, Pinochet, por intermedio del general Oscar Bonilla, el cual sa­bía del plan primitivo que se frustró, daba órdenes distintas, que no fueron obedecidas. En la grabación de un radioaficiona­do, esta orden se transmitió así:

- Aquí general Bonilla... General Bonilla a contralmirante Carvajal. Una orden de Pinochet... General Bonilla de parte del comandante en jefe: es indispensable que a la mayor brevedad posible los médicos jefes del Servicio de Sanidad del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y también Carabineros, más el médico legista de Santiago, certifiquen la causa de la muerte del señor Allende... con el objeto de que más adelante no se nos pueda imputar por los políticos a las Fuerzas Armadas que fuimos los que provocamos su fallecimiento... esto debe ser a la breve­dad... diga si me ha entendido...

- Conforme... repito: los jefes de Sanidad del Ejército, Arma­da y Fuerza Aérea y también Carabineros, más el médico legista de Santiago, certifiquen la causa de la muerte del señor Allen­de... con el objeto...

- Sí... los jefes del Servicio de Sanidad de cada institución y además de Carabineros... roger...

La descoordinación entre los jefes militares, atropellándose entre sí para intentar sepultar a los ojos de los chilenos y de los demás pueblos del mundo el asesinato de Allende, era muy grande esa tarde del 11 de septiembre. Razonando con frialdad, el jefe de las fuerzas que asaltaron el centro de Santiago, gene­ral de brigada Ernesto Baeza Michelsen, en contacto con su superior inmediato, el jefe de las fuerzas que ocuparon toda la provincia de Santiago, general de brigada Sergio Arellano Stark, parece haber llegado a la conclusión que después de la acción militar de blitzkrieg en que estaban siendo fusilados y asesina­dos miles de civiles en todo el país, la «palabra militar» iba a estar muy desprestigiada en la opinión pública chilena. Por eso, decidió que la «certificación» del «suicidio» debía estar avalada por la policía civil, y con ese objeto llamó a la Moneda al equipo de la Brigada de Homicidios, desobedeciendo las órdenes del propio general Pinochet, que exigía la presencia de los médicos militares. Baeza Michelsen, en diez minutos, ordenó al equipo de la Brigada de Homicidios lo que tenía que hacer:

1. Levantar un acta del «sitio del suceso» tal como lo iban a encontrar cuando entraran al Salón Independencia de La Moneda. Es decir, debían levantar un acta del escenario tal como lo preparó entre las tres y tres y media de la tarde el equipo del Servicio de Inteligencia Militar, vigilado por el general de bri­gada Javier Palacios Ruhman.

2. Examinar la herida de «tipo suicida» que el cadáver de Allende tenía en la cabeza... Y NADA MAS...

3. No realizar una investigación circunstancial del sitio del suceso.

Los miembros de la Brigada de Homicidios, encabezados por el inspector Pedro Espinoza Valdés, cuyas ideas políticas eran notoriamente contrarias al destruido régimen de la Unidad Po­pular, comenzaron su «trabajo» a las 16.20 horas del día martes 11 de septiembre y lo terminaron a las 18.10 horas.

Una hora después que este trabajo había concluido el general Pinochet, por intermedio del general Oscar Bonilla, seguía in­sistiendo en la presencia de los médicos militares y, desespera­do, preguntaba por qué no llegaba todavía al comando central de las tropas de ocupación de la capital el «acta del suicidio».

A las siete de la tarde, un radioaficionado captó y grabó esta conversación por el equipo de telecomunicación de los militares, entre el general Bonilla y el general de aviación Nicanor Díaz Estrada, que estaba a cargo del puesto de coordinación, en el Ministerio de Defensa Nacional:

- Nicanor... escucha... queremos saber si ya los jefes del Servicio de Sanidad y el médico legista hicieron el reconoci­miento y el acta correspondiente... esto es muy importante... NO LO VAYAN A LLEVAR A LA MORGUE PARA QUE LE HAGAN LA AUTOPSIA PORQUE ÉSE ES UN ANTRO DE EX­TREMISTAS Y PUEDEN TRATAR DE ROBARSE EL CUER­PO...

- Comprendido... dimos orden de traslado EN SECRETO al Hospital Militar... los jefes legistas fueron citados en el Hos­pital Militar. Di orden de que el acta deben traerla aquí, al Es­tado Mayor. Pero no la han traído... DE ESTO HACE UNA HORA Y MEDIA... pero no tenemos noticias...

- Sí, Nicanor... Dile a Hernán Brady que garantice la absoluta seguridad militar del Hospital Militar... Esto es importan­te... Adelante. Cambio, Nicanor...

- Lo hice así.

- Gracias, Nicanor.

Está claro que los generales al mando de las tropas de inva­sión de Santiago estaban muy preocupados por mantener fuera de la vista de todas las personas ajenas a sus instituciones el cadáver del asesinado presidente. Y su preocupación fue tan celosa que, al día siguiente, no le permitieron a su viuda, Hor­tensia Bussi, que mirara por última vez el cuerpo de su marido.

La viuda de Allende, el día 13 de septiembre, en Santiago, en la embajada de México, relató al periodista mexicano Ma­nuel Mejido, del «Excelsior», la forma en que los militares le impidieron ver el cadáver:

- Al otro día (miércoles 12 de sep­tiembre) me avisaron por teléfono que Salvador se encontraba en el Hospital Militar y que estaba herido. Me dirigí allá y aun­que me identifiqué plenamente, los soldados me negaron la en­trada. Después hablé con un general que me recibió con estas palabras: "Señora, fui amigo de Salvador Allende. Le expreso mi más sentido pésame". Entonces supe que había muerto.

Me prometió ese general, cuyo nombre no conozco, un jeep y un oficial para que me acompañara al campo aéreo del Grupo Siete de las Fuerzas Aéreas de Chile, donde me dijeron que te­nía que dirigirme. Pero después salió otro general que tampoco conozco, y simplemente me dijo que viajara en mi auto, porque no había disponibles ni vehículos ni soldados.

Decidí viajar en el pequeño automóvil de mi sobrino Eduar­do Grove Allende. En el campo aéreo me dijeron que el cadáver de Salvador estaba a bordo de un avión de la Fuerza Aérea. An­tes de abordarlo hablé por teléfono con mi hija Isabel, pero no pudo acompañarme porque le faltaba su salvoconducto.

Subí al avión. Imagínese el cuadro que vi: un ataúd en el centro, cubierto con una cobija militar, y a los lados, Patricio López, mi otro sobrino, y Laura Allende, la hermana de Salvador. Me acompañaron también el edecán Roberto Sánchez y Eduardo Grove. Volamos hacia Viña del Mar. El avión descendió en la base aérea de Quintero. El vuelo fue sin tropiezos, suave. Des­pués bajaron a Salvador.

Pedí verlo, tocarlo, pero no me lo permitieron... Me dijeron que la caja estaba soldada. En dos automóviles, siguiendo al furgón, fuimos hasta el cementerio de Santa Inés. La gente nos miraba extrañada. No sabía de quién se trataba, ni de quién era el cadáver que iba en el furgón. Había gran cantidad de soldados y de carabineros, como si se esperase una multitud. Las cinco personas que acompañábamos a Salvador caminamos en silen­cio hasta la cripta familiar, donde enterramos hace un mes a Inés Allende, la hermana de Salvador, que había muerto de cáncer.

Volví a insistir en ver a mi marido. No me lo permitieron, pero levantaron la tapa y sólo descubrí una sábana que lo cu­bría. No supe si eran los pies o la cabeza. Me dieron ganas de llorar. Los oficiales me impidieron que lo viera. Volvieron a re­petirme que el ataúd se encontraba soldado. Entonces dije al oficial que me acompañaba, en voz alta: "Salvador Allende no puede ser enterrado en forma tan anónima. Quiero que ustedes sepan por lo menos el nombre de la persona que están enterran­do". Tomé unas flores cercanas y las arrojé a la fosa y dije: "Aquí descansa Salvador Allende, que es el Presidente de la Re­pública y a quien no han permitido que ni su familia lo acom­pañe".



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