Estados unidos mexicanos


iv) La venta, la trata y el secuestro (art. 35)



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iv) La venta, la trata y el secuestro (art. 35):

  1. Atendiendo la recomendación del Comité sobre la realización de un estudio para determinar causas y magnitud de los fenómenos de explotación sexual, secuestro y trata, en 2010, la CONAVIM realizó el “Estudio sobre la revalorización de las mujeres indígenas de los Altos de Chiapas. Hombres y mujeres construyendo relaciones de género igualitarias desde su cosmovisión y derechos humanos”. Dicho estudio contempla la investigación etnográfica que da cuenta de las pautas culturales de construcción de la feminidad y la masculinidad en comunidades indígenas, así como la descripción de usos y costumbres, como el pago de la novia, que han sido utilizados por agentes externos a la comunidad para dar paso a la trata de niñas y mujeres.

  2. Este estudio fue realizado por la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, organización especialista y líder en el tema de tráfico y trata de mujeres. Además de la información cualitativa, la investigación se complementó con la elaboración de un Modelo de intervención comunitaria, que tiene como objetivo promover la revalorización de niñas y mujeres en las comunidades a partir del reconocimiento y promoción del respeto de sus derechos humanos.

  3. En el mismo año, la CONAVIM realizó el estudio “Diagnóstico sobre la prevención, atención y sanción del delito de trata de personas como forma de violencia contra las mujeres y niñas en México” cuyo objetivo y productos finales fueron la elaboración de un diagnóstico en el que se sistematizó el marco jurídico nacional vigente en materia de trata de personas, comparado con los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano, particularmente con el Protocolo de Palermo, para saber el nivel de cumplimiento de los estándares de investigación, sanción y combate a este delito, que afecta principalmente, a menores de edad y mujeres.

  4. En cuanto a la atención, orientación y canalización que la CONAVIM ofrece ante solicitudes que realizan mujeres y niñas víctimas de violencia, durante el periodo comprendido de octubre de 2010 a julio de 2011, se gestionaron servicios de atención y orientación a 47 mujeres e infantes víctimas de violencia: 2 casos por trata de personas, 4 casos por feminicidio, 3 casos relativos a delitos sexuales, 2 casos por violencia en el noviazgo y 25 casos de violencia familiar, entre otros. Cabe mencionar que de los 43 casos atendidos, en 4 de éstos las víctimas fueron niñas y niños, mismos que fueron canalizados a las instituciones competentes, a fin de proporcionarles orientación jurídica, medidas de protección, atención médica y apoyo psicológico.

  5. Adicionalmente, para incrementar el número de espacios de atención a mujeres y niñas víctimas de alguna forma de violencia, la CONAVIM financia y promueve en las entidades federativas la creación de Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), en los que se concentran instancias tanto gubernamentales como de la sociedad civil que ofrecen servicios médicos, psicológicos y legales, de manera coordinada, integral y con perspectiva de género.

  6. Por su parte, la PGR desarrolló el “Protocolo de Intervención para el seguimiento de posibles casos de trata de personas y la atención de sus víctimas”, cuya finalidad es facilitar, en apego a las facultades y al ámbito de competencia de la PGR, acciones coordinadas entre sus distintas áreas para garantizar la seguridad y la protección de las víctimas de trata; evitar su re victimización; facilitar su acceso, tanto a una plataforma de servicios orientados a favorecer su recuperación física y emocional, como a la justicia; y asegurar el respeto de los derechos humanos protegidos por las normas mexicanas y los instrumentos internacionales ratificados por México.

  7. De igual manera, la PGR cuenta con el Directorio Nacional de Centros de Atención a Víctimas de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (DINCEAVIT), que permite saber cuáles son las instituciones que ofrecen servicios a las víctimas de trata de personas y violencia de género en las diferentes entidades federativas; cuenta con 2,114 registros de instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. 63

  8. La PGR desarrolla mecanismos para alertar a la población indígena sobre el delito de trata de personas, con el fin de prevenir este delito y alentar su denuncia, mediante la difusión de materiales de divulgación que respondan a diversas cosmovisiones indígenas, en medios de comunicación que tengan mayor impacto en dichas comunidades. En 2009 y 2010 se diseñaron los guiones de siete spots y dos cápsulas radiofónicas sobre las formas en que las personas pueden ser explotadas y cómo pueden caer en manos de tratantes, y sobre la conveniencia de que la trata de personas se denuncie. El diseño se realizó en colaboración con mujeres líderes de comunidades indígenas, quienes aportaron datos y propuestas sobre el lenguaje a utilizar, el formato más idóneo y los medios apropiados de difusión entre la población indígena y se co-produjeron con la CDI. En enero de 2011 se inició su transmisión mediante el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas (SRCI) de la CDI, a un público potencial de casi seis millones de indígenas en un mil 695 municipios de 15 entidades.

  9. Complementariamente, la PGR cuenta con un modelo integral de atención a víctimas de trata de personas y violencia extrema que se caracteriza por brindar apoyo integral (médico y psicológico), acompañamiento y asesoría de acuerdo al problema específico de la víctima, en el marco de sus derechos y con la protección jurídica y social que el caso exija; favorece el re-establecimiento de los vínculos familiares durante el proceso de reintegración y rehabilitación, además, da seguimiento a las víctimas después de su salida, a fin de disminuir la posibilidad de que la persona sea nuevamente víctima del delito. Las actividades que se imparten se realizan a través de las áreas: legal, emocional, médica, de trabajo social, antropología, atención infantil. Los refugios cuentan con un programa de actividades formativas y recreativas que tiene por objeto favorecer e impulsar el proceso de empoderamiento de cada una de las víctimas a lo largo de su estancia en el refugio. Finalmente, a partir de la elaboración de un plan de vida realizado en el área de antropología cultural, se establecen con cada usuaria diferentes estrategias que les permitan continuar con su estilo de vida fuera del refugio.

  10. De manera adicional, la PGR ha establecido vinculación con instancias como la Organización Internacional para las Migraciones con quienes a través de su programa de trata de personas y género, se ha apoyado el retorno asistido de víctimas a sus países de origen y la reincorporación de las usuarias con sus hijos/as, en caso de tenerlos. De igual forma, se mantiene una colaboración estrecha con el INM para la emisión de Visas Humanitarias y con las Embajadas de Honduras y Guatemala para los trámites de pasaportes y demás papeles necesarios tanto para la estancia en México como para el retorno de las víctimas a sus países de origen.

  11. La PGR, a través de la FEVIMTRA ha puesto en práctica, la Estrategia de Denuncia Segura en materia de violencia contra las mujeres y trata de personas, como una propuesta innovadora de trabajo y mejora en la calidad de los servicios de acceso a la justicia, basada en la colaboración y cooperación intra e interinstitucional, que ha fortalecido los vínculos formales entre las OSC y las instituciones de los gobiernos federal, estatales y municipales, garantizando una respuesta en el ámbito de competencia de la Fiscalía, con el fin de buscar nuevos caminos que permitan enfrentar los desafíos que constantemente impone la persecución de esos delitos.

  12. De mayo de 2010 a diciembre de 2011, esta Procuraduría ha llevado a cabo más de 120 acciones de difusión para dar a conocer esta Estrategia en las entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Tabasco, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Campeche, Chiapas, Oaxaca, D.F., Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Yucatán y Zacatecas; asimismo, se presentó en foros llevados a cabo en Las Cruces, Nuevo México y en San Diego, California, Estados Unidos de América y se puso a disposición de los Institutos Estatales y Municipales de las Mujeres y de las Procuradurías del Menor y la Familia del SNDIF de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal.

  13. Con estas acciones se ha logrado consolidar una red de colaboración con 45 Organizaciones de la Sociedad Civil, y se han recibido, desde 2010 y hasta el 2011, un total de 118 casos.

  14. Otra de las estrategias que inciden en la prevención de la trata de niñas, niños y adolescentes, es la que coordina la SSP, a partir de 2009, mediante el programa de prevención contra la trata de personas denominado “Diálogos con la Comunidad”, en el marco de la “Campaña Corazón Azul” de la UNODC, que tiene como objetivo brindar herramientas lúdicas y didácticas a los servidores públicos, representantes de organizaciones sociales y maestros de educación básica, como multiplicadores para evitar que niñas, niños y adolescentes sean enganchados en la trata de personas. A efecto de garantizar que la Campaña tenga un verdadero impacto a nivel nacional, se invitó a los gobiernos de las entidades federativas a sumarse al esfuerzo y a replicar actividades análogas. A la fecha: Baja California, Baja California Sur, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Chiapas, han formalizado su “adhesión” a la Campaña y varios otros han expresado interés en sumarse más adelante.

  15. Como parte de dicha Campaña, se diseñan materiales educativos e informativos encaminados a brindar herramientas a niñas, niños adolescentes para prevenir la explotación sexual, dentro de los que destaca el Rally Corazón Azul contra la trata de personas, que informa a la población vulnerable sobre este delito y sus mecanismos de enganche y persuasión, propiciando con ello una cultura de legalidad; dicho Rally comenzó siendo implementado por el SEDIF Baja California Sur en coordinación con la SSP y que ahora se está utilizando por otros SEDIF y centros educativos como parte de la Campaña Corazón Azul.

  16. Otra de las tareas que realiza la SSP es la distribución, entre los servidores públicos que la integran, y principalmente entre aquellos que realizan funciones operativas, materiales que les brinden herramientas para que, en el caso de que tengan contacto con menores puedan proteger mejor sus derechos. Algunos de estos materiales son: “Manual de Prevención y Atención de la Violencia Infantil”, “Armonización Legislativa en Materia de Género de los Derechos Fundamentales”, “Prevención y Diagnóstico de la Tortura”, “Promotoras (es) Comunitarias (os) de la No Violencia de Género”, “Cartilla Informativa para conocer los Derechos Humanos de las Mujeres” y “Métodos Alternos de Solución Pacífica de Conflictos”.

  17. Finalmente es necesario añadir que el 6 de enero de 2011, fue publicado en el DOF, el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas 2010-2012 (PNPSTP), elaborado bajo la coordinación de la FEVIMTRA y la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la SEGOB, en un grupo conformado por 25 instituciones que tienen atribuciones en materia de trata de personas, por lo que atiende a la visión interdisciplinaria e interinstitucional que se requiere para combatir este delito. El Programa cuenta con 56 acciones a realizarse por el Gobierno Federal, con aplicación en las 31 entidades y el D.F., los objetivos específicos son conocer el contexto actual en México en materia de trata de personas, sus causas y consecuencias, así como, prevenir el delito transformando los patrones culturales de la tolerancia a la trata de personas, coadyuvar en el mejoramiento de la procuración de justicia y proporcionar atención integral y de calidad a las víctimas y sus familiares, así como a crear mecanismos de coordinación de los sectores público, social y privado.

  18. Entre las principales acciones a resaltar encontramos la implementación de estrategias de divulgación dirigidas a alertar a las personas pertenecientes a los grupos vulnerables frente a este delito, que consideren las necesidades específicas de cada grupo, las diferencias regionales, sectoriales, culturales y de otras índoles, así como la visualización de las diferentes formas de enganche; estrategias que desalienten el consumo y otras más dirigidas a empresarios y empresas, sobre las formas como pudieran estar participando, sin saberlo, en la trata de personas y sobre la necesidad de que adopten un código de conducta en la materia y, finalmente, estrategias enfocadas a los medios de comunicación, mediante las cuales se comprometan a no difundir anuncios que fomenten la Trata.

  19. Otra de las acciones del Programa Nacional se refieren a la Elaboración de un Diagnóstico Nacional del delito de trata de Personas, así como un estudio del perfil delincuencial, motivo por el cual la Secretaría de Gobernación firmó un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la elaboración del mismo. El Diagnóstico Nacional tiene como objetivos: 1) Reflejar de manera integral los aspectos relacionados con este delito tanto en el ámbito federal como estatal; 2) Recopilar información sobre el escenario legislativo de la trata de personas en cada entidad federativa del territorio mexicano, incluyendo las competencias de las instituciones gubernamentales en los niveles federal, estatal y municipal; 3) Conocer las rutas, el papel de la delincuencia organizada transnacional y el perfil de aquellos involucrados en la comisión del delito; 4) Identificar las posibles causas que generan la trata de personas en México, con énfasis en las poblaciones más vulnerables; 5) Analizar las políticas de género derivadas de la legislación vigente en México y de los compromisos internacionales del país y su implementación en el diseño de políticas públicas para prevenir y combatir la trata de personas, así como la asistencia a las víctimas de este delito; 6) Realizar un acercamiento al mercado de la trata de personas en México y conocer tendencias respecto de la demanda de productos y servicios derivados del delito; 7) Conocer las implicaciones de la trata de personas internacional en territorio mexicano, en especial en las principales ciudades fronterizas; 8) Generar la información necesaria para la posterior elaboración de un mapeo georreferencial sobre el delito de trata de personas en México; 9) Dar cumplimiento a uno de los compromisos asumidos en el Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para combatir la trata de personas; y 10) Identificar fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y necesidades, de las diferentes instituciones competentes, a fin de determinar las acciones necesarias para la formulación e implementación de políticas públicas y acciones previstas en el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas 2010-2012.

v) Otras formas de explotación (art. 36);

  1. Para sensibilizar a la población en materia de violencia contra las mujeres, que puede estar relacionada con la pornografía infantil, y alentar la denuncia, de 2008 a 2010 se llevaron a cabo las siguientes acciones:

  • Durante 2008 se distribuyeron 60, 000 carteles que buscaban: sensibilizar a la población acerca de la violencia contra las mujeres y apoyar la búsqueda y localización de mujeres desaparecidas.

  • En 2009 y 2010 se distribuyeron materiales impresos sobre violencia contra las mujeres, que pueden estar relacionada con la pornografía infantil, y la trata de personas, y con la venta y explotación en la prostitución y el trabajo forzoso de niñas. Parte de los materiales se enviaron, para su distribución a gobiernos municipales en zonas turísticas internacionales, zonas fronterizas y zonas con alto tránsito migratorio; a las representaciones del Gobierno Mexicano en el extranjero, en coordinación con la SRE; a los mecanismos estatales para el adelanto de las mujeres; a algunos SEDIF; a las secretarías de educación y salud, y las procuradurías generales de justicia de las entidades federativas; a organizaciones de la sociedad civil como la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, Servicios a la Juventud, Red de Mujeres Justicia y Paz, Infancia Común, Fundación Diarq, Centro Lindavista, Organización Misión para la Superación de la Mujer, Origen Fundación Pro Ayuda a Mujer; y a instancias como la Iglesia Católica, por medio de las diócesis y arquidiócesis, entre otros.

d) Los niños de la calle;

  1. En atención a la recomendación del Comité sobre la asistencia que el Estado debe proporcionar a niños en situación de calle, en particular servicios de atención a la salud, el SNDIF lleva a cabo la Estrategia de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle, operada en las principales zonas metropolitanas del país. La Estrategia tiene como marco de referencia la protección integral de la infancia y el interés superior del niño. A la fecha, opera en ocho entidades federativas: Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Distrito Federal, Guanajuato y Estado de México. A través de ella, se impulsa el enlace y la coordinación entre los sectores públicos y privados para la prevención y atención del fenómeno de la niñez en situación de calle, mediante la asesoría técnica especializada, la investigación y el desarrollo de modelos de intervención, dando la misma importancia a la sensibilización y difusión en los medios, como a las capacitaciones para el personal que trabaja en los SEDIF, SMDIF y OSC incorporadas a este esquema de atención.

  2. Enfoca la atención en las niñas, niños y adolescentes vulnerables que se enfrentan a diversas circunstancias que ponen en riesgo su integridad física y/o mental; que han hecho de la calle su espacio de vida o que se encuentran en riesgo aún estando con sus familias, ya que por diversas circunstancias de exclusión, violencia, inequidad para el acceso a oportunidades de desarrollo, viven riesgos de salud física, psicológica y social.

  3. Mediante la Estrategia se brindan los siguientes servicios: Financiamiento de investigaciones para mayor conocimiento del fenómeno y características específicas y necesidades de la niñez en situación de calle y sus familias; financiamiento de proyectos de atención especializada y esquemas de becas alimentarias y escolares, con el fin de desarrollar habilidades de aprendizaje responsable y significativo, fortalecer la salud emocional, restablecer vínculos familiares y reducir el retorno a calle, de la reincidencia delictiva y el uso de drogas; financiamiento de proyectos de fortalecimiento institucional para la formación profesional del personal que coordina e implementa proyectos de intervención dirigidos a la infancia y adolescencia que vive situaciones de vulnerabilidad y violencia asociadas a la callejerización.

  4. De 2006 a 2010 participaron en promedio 65 SMDIF y 64 OSC, que atienden a niñas, niños y adolescentes en situación de calle y a sus familias.64

e) Los niños en conflicto con la ley y niños víctimas o testigos:

i) Las actividades de formación organizadas para todos los profesionales que tengan que ver con el sistema de justicia juvenil, incluidos los jueces y magistrados, fiscales, abogados, agentes del orden público, funcionarios de inmigración y trabajadores sociales, sobre las disposiciones de la Convención, los Protocolos facultativos si procede, y otros instrumentos internacionales pertinentes en la esfera de la justicia juvenil, como las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos (que figuran en el anexo de la resolución 2005/20 del Consejo Económico y Social, de 22 de julio de 2005);

  1. Con el fin de dotar a las autoridades judiciales nacionales de una herramienta que pueda auxiliarlos en su función, en febrero de 2012 la SCJN publicó el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes”. Dicho protocolo enlista y explica principios y prácticas generales que deben aplicarse con todo niño, niña o adolescente ante un proceso de justicia, de manera que se respeten sus derechos humanos, ya sea que tenga el carácter de víctima, testigo o presunto responsable de un hecho delictivo.

Delincuencia Organizada

  1. Como parte de las estrategias del Gobierno Mexicano para atender a la población afectada por la delincuencia organizada, se constituyó la Mesa Interinstitucional para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de Delincuencia Organizada, cuyo objetivo general es “Establecer y fortalecer la coordinación interinstitucional necesaria para salvaguardar la integridad física y psicológica, así como la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes víctimas de hechos violentos vinculados con la delincuencia organizada.”

  2. La Mesa Interinstitucional, a través de su Grupo Técnico, tiene como finalidad generar un protocolo para crear un sistema de protección integral a favor de niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos en escenarios de delincuencia organizada, considerando las siguientes etapas:

  1. Primer contacto: Es la protección que se realiza durante el desarrollo de un operativo a cargo de las fuerzas del orden público, cuyo objetivo principal es brindar atención y protección a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en una escena del crimen, en estricto cumplimiento a su interés superior.

  2. Contacto con el proceso de justicia: Se refiere a la atención y apoyo a las niñas, niños y adolescentes que deban rendir una declaración en el proceso penal, para que ésta se lleve a cabo sin temor, ya sea en su calidad de víctima, testigo o inculpado. Las autoridades que intervienen en el proceso penal deberán cumplir con las técnicas y lineamientos que desarrolle el Grupo Técnico, evitando la revictimización de niñas, niños y adolescentes, valorando y considerando su edad y grado de desarrollo en todo momento. Asimismo, se llevarán a cabo las acciones necesarias para la localización de los familiares.

  3. Seguimiento y articulación para la restitución de derechos: Proporcionar seguridad jurídica y física, así como atención psicológica a niñas, niños o adolescentes, estableciendo un plan de restitución de derechos a través de la coordinación interinstitucional, iniciando con la elaboración de un diagnóstico que permita identificar las necesidades específicas a atender y los recursos con los que se cuentan.

  1. La Mesa Interinstitucional inició sus trabajos el 18 de febrero de 2011, con la participación de diversas dependencias federales, OSC y organismos internacionales.65

  2. A la fecha se logró concluir con la elaboración del Protocolo para la atención de niñas, niños y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada en el Primer Contacto, y del Curso-taller de Capacitación dirigido a las fuerzas del orden público (SEDENA, SEMAR, SSP, y P GR), para dotarlas de las herramientas necesarias que les permitan brindar atención y protección especial durante un operativo o hecho violento, con estricto apego a la protección de los derechos humanos de la infancia.

  3. De mayo a junio de 2011 se llevó a cabo la primera etapa de capacitación a los grupos de control y a instructores integrantes de las fuerzas del orden público, para analizar los contenidos y la metodología de la capacitación a manera de pilotaje. Una vez realizados los ajustes que se consideraron pertinentes, se llevó a cabo la segunda etapa de capacitación dirigida principalmente a los instructores que replicarán la capacitación a sus corporaciones.

  4. De igual manera, en el marco de las medidas de Protección a Víctimas, la PGR, emite a través de las facultades del Ministerio Público de la federación a cargo de la investigación, las medidas de protección correspondientes que asisten los derechos de las víctimas o posibles víctimas contemplados en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. 66 Proporciona un servicio itinerante de atención integral, la itinerancia es una estrategia de los Servicios de Atención Integral que permite realizar traslados físicos de equipos de atención a los lugares donde se solicite, bajo demanda expresa y específica de las personas afectadas, o bajo solicitud de una entidad, grupo o institución donde se hayan presentado casos de violencia.



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