En la ciudad de Azul, a los 18 días del mes de Febrero del año Dos Mil Quince reunidos en Acuerdo Extraordinario los Señores Jueces de la Excma



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En la ciudad de Azul, a los 18 días del mes de Febrero del año Dos Mil Quince reunidos en Acuerdo Extraordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Jorge Mario Galdós, Víctor Mario Peralta Reyes y María Inés Longobardi y, para dictar sentencia en los autos caratulados: "ROLDÁN, JOSÉ L. c/ V. M. TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (Causa N° 59.068), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. GALDÓS - Dr. PERALTA REYES y Dra. LONGOBARDI. Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes: -C U E S T I O N E S- 1ª - ¿Es justa la sentencia dictada a fs. 946/957?. 2ª - ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?. -V O T A C I O N- A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. GALDÓS, dijo: ´
I) La sentencia de Primera Instancia hizo lugar a la demanda resarcitoria de daños promovida por José L. Roldán contra Víctor M. Transportes Cruz del Sur SA y Fabián Ariel Vaquero, haciendo extensiva la condena a la compañía de seguros "Royan & Sun Alliance Seguros (Argentina) SA", citada en garantía, condenándolos a pagar la suma de $ 540.740,54 en concepto de daños y perjuicios derivados del accidente de tránsito ocurrido el día 30/3/2010 en la Ruta Nacional N° 3 Km. 256. Dispuso como tasa de interés la que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus depósitos a plazo fijo a treinta días (tasa pasiva) y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.Circunscriptas en esta instancia las cuestiones litigiosas a la procedencia y cuantificación de los daños, la sentencia de grado consideró acreditados los rubros de incapacidad física sobreviniente, lucro cesante, daño psíquico, gastos por tratamiento psicológico, gastos médicos, farmacológicos y de movilidad -futuros y viáticos-, daño estético y daño moral. Con relación al primero tuvo en cuenta que el actor sufrió, a raíz del accidente, una incapacidad del 45% según la pericia oftalmológica, estimando el rubro en la suma de $ 350.000, pero en virtud de haber percibido la víctima la indemnización correspondiente a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (Provincia ART) dedujo la suma de $ 212.813,46, quedando un saldo indemnizatorio en concepto de incapacidad en $ 137.186,54. El lucro cesante comprende la diferencia negativa de salario percibido durante un año (tiempo de curación de la víctima) que fue estimado en la demanda en $ 66.554. Para su cuantificación tuvo en cuenta que el siniestro se produjo el día 30/3/10 y que el actor recién pudo reintegrarse a sus tareas con fecha 30/4/11, es decir que permaneció en estado de convalecencia y recuperación durante un año. Con relación al daño psíquico señaló que el perito psicólogo dictaminó una afectación del actor a raíz del accidente, que requiere un tratamiento terapéutico de alta frecuencia por un lapso de dos años, con un costo de $ 300 la sesión, fijando el rubro respectivo en la suma de $ 100.000. Los gastos médicos, farmacológicos, de movilidad, futuros y viáticos por traslados de los familiares al hospital ubicado en la localidad de Avellaneda y permanencia allí por un lapso de diez días, más futuros traslados relacionados con el reemplazo de la prótesis ocular cada tres años y controles periódicos cada seis meses, fueron reconocidos en la sentencia de grado en la suma de $ 47.000.El reclamo de daño estético por las importantísimas lesiones sufridas en el rostro del actor y el severo traumatismo del ojo izquierdo, fue acogido en la suma de $ 40.000 con fundamento no sólo en la pérdida del ojo y su reemplazo por una prótesis, sino también por la cicatriz que modificó estéticamente el aspecto del actor. Por último, consideró acreditado el daño moral que fue cuantificado en la suma de $ 150.000. Las costas se impusieron a los demandados vencidos.
II. a) La sentencia fue apelada por el actor (fs. 958) y por los demandados (fs. 962). La parte actora fundó el recurso con la expresión de agravios de fs. 975/983 y los accionados lo hicieron con la memoria de fs. 984/985vta. Los agravios de los accionados fueron contestados a fs. 987/988vta. El accionante se agravia de los montos por los que prosperó la demanda. Expresa que para un chofer de larga distancia la pérdida de un ojo implica una incapacidad laboral total, definitiva e irreversible, por lo que considera exigua la suma de $ 540.740,54 otorgada en conjunto para todos los rubros indemnizatorios. Señala que en el año 2010, fecha del accidente, el actor percibía un salario de $ 11.373,33 y si hubiera continuado trabajando habría cobrado en Agosto de 2011 un ingreso de $ 13.434. Expresa que a raíz del siniestro terminó percibiendo la suma de $ 5.107. Manifiesta que la empleadora cesó por quiebra y Roldán nunca más pudo reincorporarse al mercado laboral ni acceder a una jubilación. Denuncia haber percibido una indemnización por incapacidad de $ 212.813, de conformidad con Ley de Riesgos de Trabajo que, deducida de la indemnización de autos ($ 350.000), arroja un saldo a cobrar de $ 137.186, monto que considera irrisorio.Expresa que de continuar trabajando estaría percibiendo un salario aproximado de $ 25.000 o $ 30.000, por lo que la indemnización otorgada en concepto de incapacidad no le permite reparar con justicia la enorme minusvalía que le significó la pérdida del globo ocular izquierdo, de su trabajo y de su nivel de vida. Destaca que no podrá volver a trabajar como chofer, lo que implica una imposibilidad de recuperar su fuente laboral. Realiza comparaciones orientadas a probar la insuficiencia de la indemnización y solicita que se conceda el monto reclamado en la demanda ($ 700.000). Cuestiona el monto fijado en concepto de lucro cesante en tanto no contempla el sueldo anual complementario ni los incrementos de salarios producidos en el año. Expresa que si bien retornó a trabajar nunca volvió a percibir los ingresos con que contaba cuando conducía el camión, razón por la cual solicita la recomposición y elevación del rubro de referencia. Con relación a los gastos médicos, farmacológicos y de movilidad, solicita que se concedan en la totalidad del monto reclamado ($ 58.000), dado que deberá incurrir en dichos gastos a lo largo de veinticinco años más. Respecto del daño estético considera muy reducida su cuantía ya que las lesiones sufridas en el rostro le provocan una enorme afrenta y angustia, posee un ojo fijo, el párpado caído y huellas de haber sufrido un trauma de enorme envergadura, aspecto que tiene una incidencia negativa a la hora de conseguir un nuevo trabajo. Solicita que se eleve el monto hasta la cifra reclamada en la demanda ($ 80.000). También se agravia por el exiguo monto fijado en concepto de daño moral, dado que no compensa enormes padecimientos, intranquilidad, angustias y aflicciones que derivaron del accidente, viéndose obligado a extremar los cuidados del ojo sano. Se queja de la tasa de interés fijada en la sentencia de grado (tasa pasiva) y solicita se aplique la tasa activa que aplica el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de redescuento.b) Por su parte, los demandados cuestionan los montos fijados en la sentencia apelada, considerándolos altos. Expresan que la cifra fijada en concepto de incapacidad no guarda relación con el monto de la indemnización pagada por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo por idéntico concepto. Manifiestan que el monto sentenciado excede los perjuicios sufridos por el accionante. Se agravian de la suma otorgada en concepto de daño psíquico ($ 100.000) señalando que no se condice con la realidad económica actual ni con el tratamiento a realizar; solicitan su reducción. Con relación al daño moral expresan que debe contemplarse el monto otorgado por daño psíquico, que habrá de confortar los padecimientos y las afecciones que reclama el actor en la demanda. Llamados autos para sentencia y efectuado el sorteo del orden de votación, el expediente se encuentra en condiciones de ser resuelto (fs. 990 y 991).
III) 1. Anticipo opinión en el sentido de que la sentencia debe ser confirmada con relación a los montos indemnizatorios y la tasa de interés aplicada excepto en lo atiente al daño moral, cuyo aumento propicio. En efecto, el actor a raíz del accidente acaecido el día 30 de Marzo de 2010 sufrió lesiones físicas y psíquicas de diversa consideración que le produjeron consecuencias que alteran y afectan su integridad, ocasionándole una incapacidad en sentido jurídico (arts. 1066, 1067, 1083, 1086 y ss. del Código Civil). La pericias médica oftalmológica y psicológica dan cuenta que Roldán, de 51 años de edad, tuvo un accidente de tránsito en la Ruta Nacional N° 3 Km. 256 "cuando conducía el camión con el que trabajaba, siendo embestido por otro vehículo que provoca el impacto del espejo retrovisor del camión del Sr. Roldán en su ojo izquierdo. Es inicialmente atendido en la localidad de Azul, siendo derivado al Sanatorio Otoiz, donde el 31/3/10 se realiza enucleación del ojo, por estallido del mismo" (cfr. planilla de diagnóstico de fs.386; historia clínica de fs. 218/249). De la pericia oftalmológica surge la pérdida definitiva del contenido del globo ocular y, por tanto, de la visión del ojo izquierdo, que dejó en Roldán una incapacidad permanente del 45% conforme el Baremo General del Fuero Civil -Baremo AACS 2006-. El actor debió colocarse una prótesis ocular -cascarilla cosmética- que debe reponer cada 2 o 3 años, con un costo aproximado de $ 2.200 y realizarse controles cada 1 o 2 años, tomando especiales recaudos en el cuidado de su ojo sano. También informó el perito una diferencia estética visible derivada del menor tamaño y retracción de la prótesis respecto del ojo derecho y la caída del párpado superior izquierdo (ver pericia médica oftalmológica de fs. 933/934.). Sobre dicho informe no se sol icitaron explicaciones al perito médico y las partes no se agraviaron de la conclusión del Sr. Juez a quo que tuvo por fundado el porcentaje de incapacidad fijado en un 45% (arts. 384, 474 del C.P.C.C). Por su parte, la pericia psicológica informa que el actor ingresó al mercado laboral a los quince años de edad desempeñándose como acompañante de chofer de camión y a partir de los dieciocho años comenzó a conducir. Desde los veinte años se desempeña como chofer de larga distancia, siendo esa su profesión y medio de vida. Su familia está compuesta por su esposa -que es ama de casa-, y tres hijos de 29, 22 y 20 años de edad, a los que cabe añadir a su suegra como parte integrante del grupo conviviente, con una composición patriarcal que coloca a Roldán en el rol de proveedor de ingresos. También surge del informe que no percibe salario desde el mes de Diciembre de 2011 por el cierre de la empresa que lo empleaba (Expreso Sud Atlántico SRL) y desde aquella fecha no ha logrado reinsertarse en el mercado laboral.En lo referente a la secuela psicológica del informe se desprende que el actor presenta un cuadro compatible con el diagnóstico de depresión, con importante merma de su funcionamiento diario, irritabilidad, trastorno del sueño, pesadillas con temática recurrente en el evento dañoso, pérdida de deseo sexual, hiporexia, deterioro en la modalidad vincular, desvalorización y empobrecimiento de la imagen de sí mismo. Dicha sintomatología requiere tratamiento psicoterapéutico de alta frecuencia por un lapso aproximado de dos años a un costo de $ 300 por sesión (cfr. informe pericial psicológico de fs. 851/858). Este informe tampoco fue cuestionado por las partes (arts. 384, 474 del C.P.C.C). A su vez, los testigos confirmaron que Roldán era el único sostén de la familia y que no pudo desarrollar más su profesión a raíz del accidente (testigos Ariel Jorge Aceituno, fs. 586/587; Alberto Nicolás Althabe, fs. 588/588 vta.; Juan Carlos Molina, fs. 589/590; Rolando Aroca, fs. 591/591 vta.; arts. 384 y 456 C.P.C.C). En definitiva, la prueba pericial integrada con la historia clínica de Roldán, el informe emitido por la aseguradora de riesgos del trabajo, las declaraciones testimoniales referidas precedentemente, el informe de la Municipalidad de Bahía Blanca (fs. 253) y el informe del empleador de Roldán con relación a su profesión e ingresos (fs. 208), revelan que el actor tenía 51 años cuando aconteció el accidente, se desempeñaba como chofer de 1ra categoría (larga distancia) y sufrió una incapacidad física y psíquica permanente estimada en el 45% de la total obrera, siendo el único sostén económico de su familia y al momento del hecho contaba con un ingreso neto de $ 9.621 (conf. recibo de sueldo adjunto a la contestación del oficio de fs. 208/210 correspondiente al período Febrero de 2010). 2.Este Tribunal se pronunció, en similares precedentes, por un concepto amplio de incapacidad sobreviniente señalando que "incluye, en primer lugar, la repercusión laboral derivada de la minoración económica en el plano productivo, es decir lo que la víctima o su familia percibía regularmente antes del hecho ilícito. Pero no se agota allí el resarcimiento sino que comprende además todas las afecciones a los restantes planos individuales y sociales, al margen del desempeño laboral de la persona, y que abarca las áreas individual, familiar y social" (cf. esta Sala, causas nº 52.818, 11/08/11, "Etcheberry."; 58109, 20/02/14 "Montesano."). Por su parte, la Corte Federal ha resuelto que ".cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que puede corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida." (C.S.J.N., in re "Pose, José Daniel c/ Chubut", citado por Acciarri, Hugo A. "¿Deben emplearse fórmulas para cuantificar incapacidades?" Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, Mayo 2007, pág. 9; C.S.J.N, 21- 5-02, Fallos 325:1157; Fallos 315:2834; 321:1124; 322:1792; esta Sala, causa n° 50.557, "Gutiérrez", sentencia del 22-5-07; causa n° 51.655, "Correger", sentencia del 6-3-08; causa n° 52.992, "Comes", sentencia del 6- ?6gè!H!.[+/? 11 8-09, causa n° 54.862; "Miranda", sentencia del 23-3-11 y nº 56.851, "Argüello", sentencia del 14/05/13, con voto del Dr. Peralta Reyes, entre otras). Por ello resultan aquí de aplicación conceptos desarrollados antes por este Tribunal, los que reiteraré, y que apuntan a destacar que la incapacidad sobreviniente del art 1086 Cód.Civ. no se agota en la capacidad laborativa (Causa Nº 47.749 3/3/ 2005 "Esteban, Javier Marcelo/Cupani, Cristina Elisa y ot. Daños y Perjuicios"; causa 52.818, "Etcheverry."). Se sostuvo allí que "la integridad psicofísica tiene un valor indemnizable "per se" que no sólo compete las efectivas y concretas ganancias dejadas de percibir, sino que además incluye la afectación vital de la persona en su "mismidad", individual y social, por lo que a la víctima se le debe resarcir el daño a la salud que repercute en su significación vital", (esta Sala, 13/2/97, "Viñas Ana M.c/ Pedersen Pablo G.", L.L.Bs.As.1997-993; causa 47411 "Andriuolo c/ Ferrosur", del 13/12/04). El daño patrimonial por afectación a la integridad psicofísica, que no es autónomo (S.C.B.A., Ac.L81159, 27/11/02; D.J.J. 164-125; arts.1068 Cód. Civ) opera como una norma abierta y casi residual ya que con excepción del daño moral, comprende todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños de salud y a la integridad física y psíquica (C.N.Civ., Sala C, 22/6/04, "Insúa María c/ Chaile Marcela", R.R.C.y S., , Sept.2004, p.84 ; C.N.Civ., Sala C, 5/9/2000, "Moyano Juan c.c. Kraft Suchard de Argentina ?6gè!H!.[+/? 12 S.A.", L.L. 2000-F,989 (43.255-S). De éste modo la incapacidad sobreviniente incluye, en primer lugar, la repercusión laboral derivada de la minoración económica en el plano productivo, es decir de lo que la víctima o su familia percibían regularmente antes del hecho ilícito. Pero no concluye allí el resarcimiento sino que comprende, en segundo lugar la aptitud intrínseca de la persona y, en tercer lugar, todas las afecciones a los restantes planos individuales y sociales, al margen del desempeño laboral de la persona y que comprometen las áreas individual, familiar y social.En este último sentido se resolvió que la incapacidad sobreviniente abarca todo menoscabo en la vida, la salud e integridad o armonía física o psíquica de la persona humana, por lo que el daño debe ser resarcido por tratarse de una disminución en la capacidad vital, aun en los casos en que esa merma o deterioro físico no dificulte la realización de tarea alguna" (C.N.Civ., sala C, 29/6/2004, "G., R. A. c/ Longo, Guillermo", R. C. y S. 2004, 1164; C.Nac.Civ., sala H, 8/3/1999, "Mariño, Fabián R. y otros v. Sanatorio Lavalle S.R.L. y otros", J.A., 2000-I-459, voto Dr. Kiper; C.N.Civ., sala C, 22/6/2004, "Insúa, María R. c. Chaile, Marcela I.", R. C. y S. 2004, 1101; Cám. Civil, Sala C, 07/03/95, "Oros, Daniel Fabián c/ Nacud, Carlos Homero s/ Daños y Perjuicios", voto Dr. Galmarini). En síntesis, y como lo postuló este Tribunal, la incapacidad sobreviniente comprende: "1) la capacidad laborativa o productiva o sea la pérdida de ingresos o la afectación a la concreta aptitud productiva o generadora de ingresos, rentas o ganancias específicas (una suerte de "lucro cesante" a acreditar en cada caso); 2) la capacidad vital o la aptitud y potencialidad genérica, es decir que no es estrictamente laboral (una suerte de "daño emergente presunto); 3) el daño a la vida de relación o a la actividad social, estrechamente vinculado con la capacidad intrínseca del sujeto -en cierta manera también un "daño emergente presunto"- (esta Sala causa cit Nº 47.749 3/3/ 2005 "Esteban" 13/2/97 ; "Viñas Ana M.c/ Pedersen Pablo G.", L.L.Bs.As.1997-99; causa N° 58.109, sent. del 20/2/2014 "Montesano."). De este modo, el daño indemnizable está constituido por la incapacidad permanente parcial de carácter definitivo del actor, estimada por el perito médico oftalmólogo en el 45% (pericia de fs.933/934) y la repercusión desfavorable del diagnóstico psicológico (pericia psicológica de fs. 852/858; arts. 384; 474 del C.P.C.C). De los referidos informes surge que, a raíz del accidente, la aptitud y potencialidad psicofísica de Roldán se ha visto reducida, viéndose imposibilitado de reinsertarse normalmente en el mercado laboral dado que no ha concluido los estudios secundarios y desde los veinte años se dedica en forma exclusiva a la actividad de chofer de larga distancia, profesión que no podrá volver a ejercer por la pérdida del ojo izquierdo (cfr. evaluación de Provincia ART sobre la condición del actor de fs. 540/543). De modo que la incapacidad, entendida como la secuela o disminución física que pudiera quedar luego de superado el período de recuperación, impide a Roldán seguir ejerciendo su profesión produciéndole una merma sustancial de sus posibilidades laborativas (cfr. pericia médica oftalmológica de fs. 433/434; pericia psicológica de fs. 852/858; testimoniales de Ariel Jorge Aceituno, fs. 586/587; Alberto Nicolás Althabe, fs. 588/588 vta.; Juan Carlos Molina, fs. 589/590; Rolando Aroca, fs. 591/591 vta.; arts. 384; 456; 474 del C.P.C.C). Dicha merma de la capacidad laborativa debe analizarse teniendo en cuenta la edad del actor al momento del accidente (51 años), el ingreso que percibía ($ 9.621), la posibilidad de reinsertarse en el mercado laboral y la expectativa de permanencia del salario durante el período de vida útil de Roldán, variable esta última que ha sido fijada en distintos precedentes de este Trib unal en los 70 años aproximadamente (esta Sala causas 58.514, del 2/7/14 "Molina."; causa 57.332, del 29/8/13 "Moyano de Córica."), aunque en el sub-examine debe reducirse dado que la profesión de chofer de larga distancia exige la superación anual de un estricto examen psicofísico, por lo que estimo prudente fijar en 65 años el período de vida útil (Res. Nro.2623/03 de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte). Dicho esto, me apresuro a puntualizar que esta cuestión no redundará en perjuicio del actor. Asimismo, cabe señalar que la incapacidad parcial y permanente de Roldán fue estimada en el 45%, porcentaje que coincide con el que surge del Baremo General para el Fuero Civil para la lesión de "enucleación del ojo unilateral con prótesis" (cfr. Altube, José L. y Rinaldi, Carlos Alfredo "Baremo general para el fuero civil", 2da. edición, Ed. García Alonso, 2013, pág. 155). Ahora bien, el perito no relacionó la pérdida del ojo con la profesión de la víctima (chofer de 1ra. categoría, fs. 933/934), situación que merece ser atendida dada la magnitud de la nocividad que la secuela del accidente desató en la vida del actor. Señala Zavala de González que "puede ocurrir que deriven daños integrales a la víctima y no en una proporción acorde con el grado de invalidez" (cfr. Zavala de González, Matilde "Disminuciones psicofísicas", Tomo 2, Ed. Astrea, 2009, pág. 26), lo que se verifica concretamente en el presente donde el actor se encuentra, a raíz del accidente, totalmente invalidado para proseguir con su profesión, pudiendo apreciarse además una grave dificultad para insertarse nuevamente en el ámbito laboral no sólo en el rubro del transporte sino también en cualquier otra actividad. Por ende Roldán perdió una profesión a la que dedicó prácticamente la totalidad de su vida, y encuentra dificultades para sustituir el ingreso perdido con otro trabajo, aspectos que necesariamente inciden en la cuantificación de la indemnización por incapacidad, que no debe quedar anclada en el porcentaje genérico que surge del baremo general (arts.384, 474 del C.P.C.C). Conforme los parámetros precedentemente expuestos cabe analizar la cuantificación realizada en la anterior instancia ($ 350.000), de la cual se dedujo la indemnización percibida en concepto de accidente laboral por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo ($ 212.813,46), arrojando un saldo de condena de $ 137.186,54 (Considerando III de la sentencia apelada). Ambas partes se agraviaron de la cuantificación, el actor consideró exiguo el monto fijado, mientras que los demandados lo consideraron excesivo señalando que difiere con los montos pagados por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo. Ninguna de las partes apeló la deducción de la suma percibida por el accidente laboral, por lo que dicho aspecto del pronunciamiento llegó firme a la alzada (fs. 975/983; 984/985vta.; art. 260 del C.P.C.C). Como primera medida, y con relación al agravio de los accionados, cabe señalar que los montos que surgían de la Ley de Riesgos de Trabajo al momento del pago de la indemnización (29/12/2010; ver fs. 424) han sido incrementados sustancialmente mediante las Resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social 34/2013 y 3/2014 por lo que el planteo deviene abstracto. Sin perjuicio de ello, cabe destacar que dichos montos indemnizatorios provienen de un régimen específico que, si bien puede contemplarse como parámetro de razonabilidad, no resulta vinculante para cuantificar las indemnizaciones en sede civil.Ingresando en concreto al análisis de la cuantificación de la incapacidad del actor cabe destacar que este Tribunal ha venido ajustando los montos resarcitorios para adecuarlos a la realidad económica del país, caracterizada por un persistente proceso inflacionario y demandas de mejoras salariales (esta Sala, causa 56.851, del 14/5/13 "Argüello."). El sub-caso no escapa a dicha tendencia por lo que es menester proceder a un incremento de los valores fijados en análogos precedentes de este Tribunal (esta Sala, causas 54.862, del 23/3/11 "Miranda."; 58.109, del 20/2/14 "Montesano."; 58.124, del 21/4/14, "De Arzave."; 57.474, del 23/4/14 "Bonachi."; 58.268, del 22/5/14 "De Lima."; 58.011, del 30/10/14 "Ward.", entre otras). En la sentencia de grado la incapacidad se cuantificó por encima de los valores que surgen de los precedentes de esta Sala, incremento que considero justificado por lo que propiciaré al acuerdo la confirmación del monto fijado en $ 350.000. De este modo, al ajuste general que surge de los antecedentes del Tribunal, cabe añadir que el actor vio truncada su profesión de chofer de 1ra. categoría a raíz del accidente, perdiendo su ingreso, y no pudo reinsertarse en el mercado laboral, dado que por sus condiciones personales fue la única actividad que desarrolló a lo largo de toda su vida profesional y era el único sostén de la familia, por lo que puede inferirse que el accidente frustró sustancialmente el desarrollo pleno de su vida personal y familiar, aspecto que complementa la estricta pérdida de capacidad laborativa. Expresa Highton que "en la indemnización por incapacidad sobreviniente se incluye no sólo el aspecto laborativo sino también todas las consecuencias vitales afectadas por el accidente, la apreciación del número de años útiles que le quedan a la víctima, las condiciones personales y familiares de ésta y las dificultades de reinserción laboral" (cfr. Highton, Elena I "Accidentes de tránsito.Daños resarcible como lucro cesante y daño emergente en caso de lesiones a las personas, desde la óptica de los jueces (Justicia Nacional Civil)" Revista de Derecho de Daños. Accidentes de tránsito-II, 1998, pág. 47; esta Sala causas Nros. 58.109, sent. del 20/2/2014 "Montesano."; Nº 47.749 3/3/ 2005 "Esteban"). raíz de las actuales variables de la realidad económica, arribo a la conclusión de que el monto fijado en $ 350.000 en la anterior instancia debe confirmarse (arts. 1066, 1067, 1083, 1086 ss. y cdtes. del Cód. Civ.; arts. 163 inc. 5°, 165, 260, 375, 384, 456, 474 del C.P.C.C). 3. En lo relativo al daño moral, corresponde recordar que la indemnización por daño moral tiene función compensatoria y sustitutiva del enorme daño al patrimonio moral del actor (conf. "Daños a las personas en la Provincia de Buenos Aires", en Revista de Derecho de Daños, 2004 - 3, "Determinación judicial del daño - I", pág. 31; y "Otra vez sobre los daños a las personas en la Provincia de Buenos Aires", en Revista de Derecho de Daños, 2005 - 3, "Determinación judicial del daño - II", pág. 89). En distintos precedentes de este Tribunal se han sentado las bases conceptuales del daño moral en los siguientes términos: "el dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida (C.S., 12/4/2011 "Baeza, Silvia Ofelia c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/Daños y Perjuicios", con mi nota en R.C.y S.2011-XII, 259). La Corte Nacional en la causa "Baeza" receptó la posición doctrinal y jurisprudencial que califica al daño moral como el "precio del consuelo" y que considera que para su cuantificación puede acudirse al dinero y a otros bienes materiales como medio para obtener satisfacciones y contentamientos que mitiguen el perjuicio extrapatrimonial o moral sufrido. Con estas bases conceptuales -que son las recogidas por el art. 1741 del Proyecto 2012 del Código Civil y Comercial-, siguiendo incluso antecedentes de esta Sala que adoptó esa postura (conf. causas causa N° 51.466 "A., H.", Causa Nº 51.467 "G. de S., M." y Causa Nº 54.530 "Torres"), el resarcimiento en dinero permitirá al actor acceder a bienes de consumo y de esparcimiento que podrán paliar (al menos) el padecimiento extrapatrimonial sufrido" (art. 384 CPCC y arts.1068, 1078, 1083 y concs. Cód.Civ.; esta Sala causas N°52818, 11/08/11 "Etcheverry"; sentencia única del 01/03/12 en causas N°54327, "Ricco Patricia c/Lancioni Agustín", N°54328, "Lancioni Agustín c/Vulcamoia Mar del Plata S.A." y Nº 57.090, 27/03/13, "Pérez."; causa 58.109, del 20/2/14 "Montesano."). En lo que respecta a la cuantificación del rubro de referencia este Tribunal ha resuelto recientemente las causas nros. 56.851, del 14/5/13 "Argüello.", 58.011, del 30/10/2014 "Ward." y 58.626, del 29/12/14 "Arrouy." ). En dichos precedentes se tuvo en cuenta el grado de incapacidad parcial y permanente que surge de las pericias (en el caso de autos es del 45%), los tratamientos médicos a los que fueron sometidos los afectados y los trastornos que tendrán que afrontar en el futuro, más los innegables padecimientos que en todas las esferas de su personalidad se le han generado conforme la gravedad y permanencia de la afectación de la visión como consecuencia de la lesión sufrida.Conforme los parámetros precedentemente expuestos, estimo que la suma de $ 150.000 fijada en la anterior instancia resulta insuficiente para compensar los padecimientos y aflicciones sufridas por el actor producto del accidente de tránsito, por lo que propicio su elevación a la suma de $ 225.000 (conf. pericia médica oftalmológica de fs. 433/434; pericia psicológica de fs. 852/858; testimoniales de Ariel Jorge Aceituno, fs. 586/587; Alberto Nicolás Althabe, fs. 588/588 vta.; Juan Carlos Molina, fs. 589/590; Rolando Aroca, fs. 591/591 vta.; arts. 384; 456; 474; arts. 1078, 1083, 1086 y concs. Cód. Civil; esta Sala causa nro. 56.851, del 14/5/13 "Argüello." y 58.011, del 30/10/2014 "Ward.). Cabe añadir que este Tribunal contempla en la cuantificación del daño moral, además de las circunstancias personales de la víctima, la entidad de la incapacidad, sus secuelas y tratamientos médicos y psicológicos a los que debió someterse el afectado. En definitiva: la noción de "precio del consuelo, esto es el resarcimiento que procura la mitigación o remedio del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, desazón, penurias" -cfr. Iribarne, Héctor P. "De los daños a la persona", págs. 147, 577, 599; Cám. Nac. Civ., Sala F, 12/3/04 "García.", voto de la Dra. Highton de Nolasco El Dial AA1F9C; Cám. Nac. Civ., Sala F 3/8/04, "T., V.O." R.R.C y S. 2004-1238, esta Sala causas N° 54.544, del 10/3/11 "A.M.A c/ F. N. R"; N° 54.530, del 23/8/11 "Torres."; N° 58.109, del 20/2/14 "Montesano."; N° 58.537, del 14/8/14 "Kressi.", entre otras). 4. El recurso de los accionados en las secciones en que se cuestionan los montos fijados en conceptos de daño psicológico y daño moral (ptos. IV y V del escrito de fs.984/985 vta.) no cumple con el requisito de abastecer y fundar -adecuada y claramente- las disconformidades, de hecho o de derecho, con la sentencia cuestionada (arts. 260 del C.P.C.C; esta Sala, causas nº 49.422, 6/4/06, "Pazzaglia." y nº 50.357, 20/02/07, "Dabos." -voto Dr. Peralta Reyes-; 55.320, del 15/05/12 "Gaillur." -voto Dra. Longobardi-). Aún interpretando el escrito recursivo con el criterio amplio que utiliza el Tribunal en estos supuestos, no resulta factible visualizar en el mismo los contenidos mínimos que requiere el art. 260 del Código Procesal. Lo mismo cabe decir de los agravios expresados por el actor con relación a los rubros daño estético y gastos médicos, farmacológicos y de movilidad, futuros y viáticos, los que deberán confirmarse (fs. 980/981). La misma solución procede para el rubro lucro cesante, cuantificado en la anterior instancia en la suma de $ 66.554, por cuanto el monto de condena coincide exactamente con la cifra reclamada en la demanda (cfr. fs. 54 vta.) y el apelante no refiere elementos probatorios de autos de los cuales pueda inferirse que la suma reclamada haya de modificarse en más o en menos, respecto de la pretensión inicial (arts. 242, 260 del C.P.C.C.; esta Sala causas N° 49.197, del 27/4/06 "Carracedo."; 49.350, del 18/7/06 "Díaz."; 44.483, del 26/11/02 ""Promotora Fiduciaria.", entre otras). 5. Por último, se agravia el actor de la tasa pasiva de interés fijada en la sentencia apelada. Señala que dicha tasa dejó de cumplir su función resarcitoria y no compensa los efectos que la pérdida del valor adquisitivo de la moneda ejerce sobre las indemnizaciones fijadas. Solicita que se aplique la tasa activa que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de redescuento (fs.982/982 vta.). Sobre el particular ha resuelto esta Sala, con relación a la viabilidad de la tasa pasiva, que ese criterio dirimente es el que -en la actualidad- constituye la doctrina legal vinculante de la Suprema Corte de Buenos Aires, del que no pueden apartarse los tribunales inferiores (esta Sala causa N°58.483, del 14/8/14 "Barbieri."). En el citado precedente se aludió a inveterados antecedentes del Tribunal de los cuales surge que "el acatamiento a la doctrina legal de la Corte responde al objetivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, esto es, procurar y mantener la unidad en la jurisprudencia, y este propósito se frustraría si los tribunales de grado, apartándose del criterio de la Corte, insistieran en propugnar soluciones que irremisiblemente habrían de ser casadas. Esto no significa propiciar un ciego seguimiento a los pronunciamientos de esta Corte, ni un menoscabo del deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues les basta -llegado el caso- dejar a salvo sus opiniones personales" (cf. S.C.B.A., Ac. 116.994, 11/12/2013). La aplicación de la tasa pasiva, aunque resulte una cuestión opinable, constituye la doctrina legal -insisto: de acatamiento obligatorio y que "no puede ser dejada de lado"- (esta Sala causa N° 58.483, cit.; causa N° 57.358, del 16/2/14 "Errobidart."). En este sentido la doctrina casatoria vigente señala que ".los intereses moratorios deben ser liquidados exclusivamente sobre el capital (art. 623 Código Civil) con arreglo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa" (conf. arts. 7 y 10, ley 23928 modificado por ley 25561; art. 622 Cód. Civ.; S.C.B.A. Ac. C101447, 2/7/10 "Cortés"; Ac. C97197, 21/9/11 "Mattalia"; Ac. C107517, 2/11/11 "Herrera"; Ac.C101538, 14/9/2011 "Eduardo Beraza S.A."). La finalidad de los intereses es, precisamente, adicionar un accesorio por la omisión de pagar en tiempo y forma; con palabras del Juez De Lázzari, que no conforman la mayoría pero que son igualmente ilustrativas para aclarar el punto, "con la fijación de los intereses no se intenta corregir la depreciación monetaria o subsanar los efectos de la crisis económica (S.C.B.A. C106087, 18/8/10 "Gaitán"; C102773, 3/11/10 "Acosta"; C101541, 22/12/10 "Ponce". Los intereses -acota- tienen naturaleza indemnizatoria (y no indexatoria) (S.C.B.A. Ac.96831, 14/4/2010 "Ocón"). Al aludir a la función de ese accesorio, el Dr. Genoud apunta que "los intereses moratorios tienen una fuente distinta del resto de la reparación mientras que los demás rubros indemnizatorios se integran por causa del daño derivado del hecho, la obligación de pago de intereses responde a otra causa, a la no asunción en tiempo y forma de las consecuencias jurídicas de la responsabilidad. Así, los intereses hacen a la productividad que se ha frustrado a raíz de permanecer impago el capital adeudado" (S.C.B.A. C100375, 25/11/2009 "Quadrana"). 105756 S 29-6-2011, "Organtini"). Negri afirma que "el interés moratorio es el que se paga por el incumplimiento de la obligación dineraria. Es, en realidad, la reparación por mora prevista por el codificador para el caso de incumplimiento de este tipo de obligaciones, excluidas del ámbito de aplicación de los arts. 519 a 522 del Código Civil referidos a los daños e intereses en las obligaciones que no tienen por objeto sumas de dinero - Título III de la parte Primera de la Sección Primera del Libro Segundo del Código Civil- y por tanto ajenas al sistema general de los daños de ese Código (S.C.B.A. Ac. B67139 5/5/10 "Castagno"; Ac. B67476, 16/2/11"M.,N."; Ac. B 65073 S 15/6/2011, "García"; Ac.B 64613 S 5/10/2011 "Astilleros Neptuno S.C.A."; esta Sala causa nro. 55.841, del 16/02/12 "Etchegaray."; ver asimismo las causas 57.358, del 16/10/14 "Errobidart."; 58.483, del 14/08/14 "Barbieri."; 54.702, del 20/12/11 "Ibañez."; 54.340, del 10/12/10 "Tripichio."; 53713, del 03/08/2010 "Artola."; 52552 "AADICAPIF.", del 05/02/2009; 50089, del 15/12/2006 "Palacios."; 42531, del 15/15/2001 "Dowie", entre otras). Conforme todo lo expuesto, propicio al acuerdo modificar la sentencia apelada en la cuantificación del daño moral que se eleva a $ 225.000, y confirmar el resto de los rubros y montos indemnizatorios, imponer las costas de alzada a los accionados vencidos (arts. 68, 69 de C.P.C.C). Así lo voto. A la misma cuestión, los Dres. Peralta Reyes y Longobardi, adhirieron al voto precedente, votando en idéntico sentido por los mismos fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Galdós, dijo: Atento lo acordado al tratar la cuestión anterior, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., corresponde: modificar la sentencia apelada en la cuantificación del daño moral que se eleva a $ 225.000, y confirmar el resto de los rubros y montos indemnizatorios, imponer las costas de alzada a los accionados vencidos (arts. 68, 69 de C.P.C.C), diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77). Así lo voto. A la misma cuestión, los Dres. Peralta Reyes y Longobardi, adhirieron al voto precedente, votando en idéntico sentido por los mismos fundamentos. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
S E N T E N C I A Azul, 18 de Febrero de 2015.- AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: modificar la sentencia apelada en la cuantificación del daño moral que se eleva a $ 225.000, y confirmar el resto de los rubros y montos indemnizatorios, imponer las costas de alzada a los accionados vencidos (arts. 68, 69 de C.P.C.C), diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE. Firmado: Jorge Mario Galdós - Presidente - Cámara Civil y Comercial - Sala II -
Víctor Mario Peralta Reyes
Juez
Cámara Civil y Comercial Sala II
María Inés Longobardi
Juez
Cámara Civil y Comercial Sala II
Ante mí: Marcos Federico García Etchegoyen
Auxiliar Letrado
Cámara Civil y Comercial Sala II.


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