Embarazo adolescente


EMBARAZO ADOLESCENTE: MAGNITUD DEL PROBLEMA EN CHILE Y EL MUNDO



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2. EMBARAZO ADOLESCENTE: MAGNITUD DEL PROBLEMA EN CHILE Y EL MUNDO
Las tasas de fecundidad adolescente varían ampliamente entre los países desarrollados y los llamados en desarrollo y al interior de todos ellos. En el mundo, las tasas específicas de fecundidad en el grupo de 15 a 19 años oscilan entre 4 nacimientos por mil en Japón a 302 por mil en Mauritania. En los países desarrollados, aunque con variaciones importantes, las tasas de fecundidad en adolescentes son extremadamente más bajas que en los países del tercer mundo. Allí la mayor tasa de fecundidad adolescente se sitúa en Bulgaria con un 78 por mil (Monroy, Morales y Velasco, 1988).
En Africa sub-sahariana, todas las tasas están por sobre los 100 nacimientos por mil. Los países asiáticos presentan gran variación, desde algunos como Bangladesh, con tasas muy superiores a 100, hasta otros con tasas muy inferiores a las de algunos países desarrollados como China (15 por mil) y Singapur (12 por mil) (Monroy, Morales, y Velasco, 1988).
En América Latina y el Caribe, en la actualidad hay aproximadamente cincuenta millones de mujeres cursando la adolescencia, de acuerdo a los criterios etarios usados por la Organización Mundial de la Salud. De estas jóvenes mujeres nacen anualmente unos dos millones niños, lo que representa alrededor del 15 por ciento del total de nacimientos en la región. A mediados de la década de los ochenta, las tasas de fecundidad entre las mujeres de 15 a 19 años oscilaban desde un 61 por mil en Chile (11) a un 139 por mil en Guatemala. Otros países como Brasil, Colombia, Argentina, Perú y Trinidad y Tobago tienen tasas entre los 78 y 84 por mil. República Dominicana, México, Bolivia, Costa Rica se sitúan en niveles cercanos a 100. Los países cuyas tasas están por sobre 100 por mil, además de Guatemala, son Nicaragua (132), Honduras (138), El Salvador (137) (Singh y Wulf, 1990).
Chile se sitúa como un país con una tasa de fecundidad adolescente de rango muy moderado en la región. En este país hay más de un millón de adolescentes, de las cuales nacen anualmente unos 38 mil niños, lo que representa alrededor del 13% del total de nacimientos.
Las estimaciones sobre frecuencia y distribución del fenómeno del embarazo adolescente, así como de cualquiera de sus magnitudes, no obstante, se fundan en el registro de nacimientos, quedando fuera de consideración aquellos embarazos adolescentes sometidos a aborto inducido. Los embarazos en adolescentes cuya resolución es el aborto, aunque no reconocidos en las estadísticas, debieran ser suficientemente valorados al evaluar la magnitud del problema por cuanto una mayor frecuencia probable de aborto inducido en este grupo plantea riesgos potenciales de salud distintos a los que implica la continuación del embarazo.
En Chile, el embarazo adolescente presenta una persistencia notable y una tendencia ascendente de su importancia relativa en el aporte de hijos, a pesar de que las tasas globales de fecundidad han experimentado descensos notables en las últimas décadas (Taucher, 1986). Lo anterior se explica básicamente por las diferencias operadas en los diversos grupos etarios en los descensos de los niveles de fecundidad. En efecto, la tasa de fecundidad de las mujeres menores de 20 años no muestra una tendencia acelerada al ascenso, por el contrario, aunque con fluctuaciones, ha experimentado una leve disminución en las últimas décadas. Los descensos de sus tasas de fecundidad, que entre los años 60-87 llegan al 19.7%, no obstante, son muy inferiores a los experimentados por los grupos de 20 a 39 años que muestran un descenso promedio de sus tasas de fecundidad de 50.5% (Viel, 1988).
Es difícil estimar el comportamiento futuro de la fecundidad de las adolescentes. Si se considera que los descensos en las tasas de fecundidad en este grupo son muy inferiores a los operados en todos los otros grupos de edad y si se toma en cuenta, además, la mayor precocidad en la iniciación de actividad coital, se podría esperar que, de no mediar una intervención como la realizada en materia de planificación familiar en las adultas, ellas mantuvieran o aumentaran sus tasas de fecundidad.
Lo anterior nos remite al problema del control de la natalidad en el grupo de adolescentes. Los programas masivos de planificación familiar han tenido un rol fundamental en la reducción de las tasas globales de fecundidad incidiendo fundamentalmente en el grupo de mujeres de 20 a 35 años (Taucher, 1986). No obstante, ellos han estado dirigidos a mujeres mayores de 20 años mostrando éxitos importantes en la disminución de la gran multiparidad y en la ampliación del período intergenésico. Sin embargo, no han atendido a la prevención del embarazo indeseado en las adolescentes.
Desde el punto de vista de su distribución, el embarazo adolescente presenta variaciones geográficas importantes. El año 1989 (12), los porcentajes de nacidos vivos, hijos de adolescentes, respecto del total de nacimientos variaron entre 9.5% en la duodécima región hasta el 17.5% en la cuarta región. La Región Metropolitana con un 11.2% se ubica en un nivel relativamente bajo.
El embarazo adolescente presenta también una variación importante en relación con su distribución de acuerdo al tipo de asentamiento rural o urbano. Los datos permiten deducir que la proporción de adolescentes embarazadas respecto del total de embarazadas, es mayor en las comunas rurales (Pérez, 1991).
Por otra parte, el fenómeno del embarazo adolescente, expresado a partir del registro de la frecuencia de nacimientos, se distribuye en las distintas capas sociales en forma no homogénea, ocurriendo preferentemente en mujeres de estratos socioeconómicos bajos. Un estudio basado en los datos del último censo del año 1982 indica que el promedio de hijos por cada cien mujeres entre 15 y 19 años en las comunas de la Región Metropolitana oscila entre 4.4 y 5.7 en Vitacura, Providencia y Las Condes -comunas consideradas de nivel socioeconómico alto- a niveles extremadamente más elevados en las comunas pobres, donde las cifras pueden ser superiores al 25 por ciento como ocurre en Cerro Navia (25.4) o en Lo Espejo (27.8) (Ruedi, 1989). Complementariamente, se ha observado que la mayoría de estas adolescentes presenta un bajo nivel de escolaridad.

3. ANTECEDENTES SOBRE ABORTO INDUCIDO EN CHILE
Chile es uno de los países que mayor aporte ha producido en publicaciones sobre el aborto inducido desde una perspectiva epidemiológica. Ello ha obedecido a un interés de los investigadores de producir información que permita conocer el fenómeno en cuestión -que alcanzó en determinados momentos de la historia contemporánea el carácter de epidemia- y determinar con la mayor precisión posible las características sociales y económicas de las mujeres que se inducían abortos y, de ese modo, crear y orientar los servicios que permitieran su reducción en forma sustantiva (Weisner, 1982).
Según la antropóloga Mónica Weisner -cuyo extenso trabajo sobre el tema ha sido fundamental en esta revisión bibliográfica- lo anterior explicaría una cierta unidireccionalidad de los estudios nacionales, toda vez que estuvieron orientados a determinar desde un punto de vista epiemiológico los grupos sobre los cuales debía intervenir la medicina preventiva. El resultado manifiesto de esas investigaciones fue la organización de un programa nacional de planificación familiar a mediados de los años 60.
Hasta los años 30 el aborto provocado no constituía un fenómeno de especial relevancia, su frecuencia era relativamente baja y su ocurrencia estaba asociada fundamentalmente a los estratos socioeconómicos medios y altos. En esa década se produce un extraordinario aumento de los abortos, hecho que parece estar asociado a la crisis económica mundial cuyos efectos se hicieron evidentes también en nuestro país, así como a la creciente urbanización (Monreal, 1977), lo que dió lugar a los primeros estudios orientados a conocer la incidencia de aborto según nivel socioeconómico y ocupación. Posteriormente, se produjo un incremento de la investigación destinada a determinar la magnitud del problema.
La introducción de los programas de planificación familiar en el año 1963 -suceso fuertemente vinculado al fenómeno del aborto inducido y la mortalidad materna asociada al mismo- produjo un gran aumento de la investigación, la que se orientó básicamente a la evaluación de dichos programas, por una parte, y por otra a caracterizar a las mujeres que presentan mayor riesgo de aborto y así proporcionarles anticoncepción.
a. Magnitud del aborto inducido en Chile
En Chile el aborto provocado es un fenómeno cuya cuantificación resulta en extremo difícil por cuanto su práctica es ilegal y quien la realice evita activamente su registro. La información oficial consigna una fracción mínima observable de un problema endémico que se presume es mucho mayor. Los datos disponibles sobre su frecuencia e incidencia están constituidos por las estadísticas de las hospitalizaciones derivadas de complicaciones de aborto provocado, cifras que no reflejan su real magnitud.
Las investigaciones sobre este tópico también encuentran en su carácter de práctica penalizada una dificultad metodológica para obtener información válida. Sin embargo, a pesar de las limitaciones de tipo metodológico, se han desarrollado estudios tendientes a conocer la incidencia real del aborto inducido en nuestro país. Los resultados no siempre coinciden, pero ello parece explicarse principalmente por diferencias metodológicas en la extracción muestral.
Se han distinguido tres etapas en la incidencia del aborto en Chile (Monreal, 1977). La primera (1930-1960), caracterizada por un ascenso constante de las cifras de aborto -tanto en número como en tasas. La segunda (1960 y 1966), considerada como de transición, y la tercera etapa (1966 y 1972) corresponde a una etapa de disminución del aborto inducido, debida principalmente a los programas masivos de anticoncepción. Lo que ha ocurrido con posterioridad a esa última etapa no ha sido debidamente estudiado, no obstante, la misma investigadora señala que a partir de 1973 se observa nuevamente un aumento en los abortos.
Investigadores nacionales señalan que por cada aborto que da lugar a una hospitalización habría dos más de los cuales no se tiene información (Viel, 1975). Estimaciones más conservadoras indican que un 58% de los abortos provocados no recurren al hospital (Medina y Kaempffer, 1978), en tanto que en otras, el 62% no necesita de hospitalización (Molina et al. 1981).
La consideración de los niveles de hospitalización por complicaciones por aborto para realizar las estimaciones sobre incidencia real, no obstante, presenta dificultades por cuanto es esperable que, en la medida en que se mejoran las técnicas empleadas en las maniobras abortivas y se extienda el uso de medicamentos preventivos o curativos de infecciones derivadas de las mismas, disminuyan las complicaciones y, por tanto, se reduzcan las hospitalizaciones. En la actualidad las cifras de hospitalización por aborto son aún elevadas, pero indudablemente la proporción que recurre a hospitalización disminuye progresivamente en el tiempo (Weisner, 1982).
Teniendo presente las inexactitudes propias de la cuantificación de un fenómeno complejo y difícil de estudiar, los investigadores nacionales coinciden en estimar que en Chile habría entre 130 mil y 150 mil abortos inducidos cada año, lo que significa que por cada dos nacimientos, habría un aborto.

b. Aborto en mujeres adolescentes
Investigaciones epidemiológicas llevadas a cabo en los años 60 en relación con el factor de la edad de la mujer que se induce un aborto arrojan resultados no totalmente coincidentes entre sí. Requena, en un estudio realizado en 1962 indica que el aborto provocado aumenta entre los 20 y 29 años; luego desplaza la edad de las mujeres a los 25 y 34 años (Requena, 1966); posteriormente llega a una síntesis en la cual establece que aumenta la incidencia del aborto inducido en las edades intermedias -entre los 25 y 29 años (Requena, 1968).
En investigaciones más extensas, Armijo y Monreal encuentran que la frecuencia más alta de abortos se observa entre los 30 y 35 años; determinando posteriormente edades menores -entre los 25 y 29 años de edad. Finalmente, en un estudio retrospectivo de sus respectivos trabajos, estos investigadores establecen que las mujeres más proclives al aborto son aquellas entre los 20 y 34 años de edad (Armijo y Monreal, 1968).
Otras investigaciones realizadas a comienzos de los años 70 muestran una notable transferencia de las edades de las mujeres que inducen aborto hacia grupos más jóvenes, observándose un incremento de aborto en mujeres de 18 a 20 años. Confirman esa tendencia los hallazgos en estudios posteriores. La proporción de mujeres menores de 24 años hospitalizadas por complicaciones derivadas de abortos inducidos ha aumentado de manera significativa en los dos últimos decenios, pasando de un 35.5% del total de hospitalizaciones por aborto en el año 1970 a un 48.8% en 1985 (Molina, 1988).
c. Aspectos legales del aborto en Chile
Chile ha tenido en general una legislación restrictiva respecto del aborto inducido, sin embargo, esta se ha vuelto extremadamente severa en el último tiempo. Hasta el año 1989 estaba permitida la interrupción del embarazo por razones terapéuticas, entendiendo por tales los riesgos para la salud de la madre (13). En virtud de un decreto de la Junta Militar de Gobierno, constituida como poder legislativo, hacia el término del régimen militar fue ilegalizado el aborto terapéutico (14). En la actualidad, entonces, no está permitido interrumpir un embarazo en ninguna circunstancia.
La ilegalización del aborto terapéutico tuvo como corolario una maximización de la sanción proporcionada a quienes transgreden esta norma legal. Por tal razón fueron agravadas las penas otorgadas a los infractores, ampliándose la condena tanto para la persona que practica un aborto con el consentimiento de la mujer, como para la mujer que se autoinduce o consiente en un aborto.
Teniendo presentes las inexactitudes propias de la cuantificación de un fenómeno complejo y difícil de estudiar, los investigadores nacionales coinciden en estimar que en Chile habría entre 130.000 y 150.000 abortos inducidos cada año, lo que significa que por cada dos nacimientos, habría un aborto.


4. ADOPCION EN CHILE
a. Revisión bibliográfica sobre el tema.
La revisión bibliográfica del fenómeno de la adopción es, desde un punto de vista de la información producida, sencilla: lo publicado sobre la temática es relativamente poco. No obstante, desde la perspectiva del/la investigador/a que desea conocer el fenómeno en profundidad, resulta extremadamente insuficiente. El análisis de los trabajos de investigación realizados en nuestro país, muestra que existe un fuerte predominio de los aspectos legales y, secundariamente, de los factores asociados a los niños que son objeto de tal acción así como de las familias que los toman en adopción. Quizás la mayor deficiencia de los estudios llevados a cabo sea la escasa referencia a las madres biológicas y, más específicamente, de los factores que influyen en su decisión de entregar un hijo en adopción, lo cual resulta sorprendente como se señala en una tesis de grado (Hermann, 1990), si se toma en cuenta que es precisamente a partir de dicha decisión que se desencadena y se pone en marcha el proceso de adopción.
Asimismo, es notable la ausencia de estudios relativos a los efectos o consecuencias de tal decisión sobre sus vidas. Ello podría deberse en parte, aunque sospechamos que su verdadera causa reside más bien en el desinterés por las mujeres que realizan esa opción, al hecho que la legislación existente hasta hace unos pocos años atrás contemplaba la desaparición de todos los antecedentes de los progenitores una vez aprobada la adopción por parte de la autoridad competente, por tanto se extinguían las huellas de las mujeres que protagonizaban tal opción.
b. Aspectos legales de la adopción.
La adopción se define como el hecho voluntario y legal de tomar y tratar al/la hijo/a de otros padres como hijo o hija propios (Hermosilla y Soto, 1989). La legislación chilena contempla la adopción desde el año 1943, cuando fue promulgada la Ley número 7.613 que regula indistintamente la adopción de menores (en su forma tradicional de adopción común o simple) y de mayores. El año 1967 surge el sistema de la legitimación adoptiva -Ley número 16.346-, la cual el año 1988 fue sustituida por la Ley número 18.703 que puso en vigencia un nuevo régimen dual de adopción plena y adopción simple.
Según Calvento (1988), la legislación chilena actual considera tres tipos de adopción: a) adopción plena de la nueva ley 18.703, constitutiva de estado civil de hijo legítimo; b) adopción simple de acuerdo al nuevo régimen de la ley 18.703, no constitutiva de estado civil y que expira automáticamente por la mayoría de edad del adoptado; c) adopción simple o clásica ajustada al régimen de la ley 7.813, no constitutiva tampoco de estado civil y a la cual pueden optar con posterioridad adoptante y adoptado vinculados por la adopción simple de la ley 18.703.
c. Adopción y abandono infantil.
Según diversos autores, la adopción surge como un "sistema" destinado a ofrecer una solución alternativa al problema de la infancia abandonada (Calvento, 1988; Quiroz, 1987). De tal forma, la adopción sería uno de los recursos que la legislación ofrece con el fin de dotar -según la expresión usada por estos investigadores- de una "familia artificial" a aquellos que se encuentran privados de ella.
La adopción aparece como un mecanismo socialmente regulado de solución al problema de la niñez abandonada. Los autores reconocen la dificultad para definir el concepto de abandono, sin embargo, sostienen que no puede procederse a la formulación de la adopción sino mediante la constatación del abandono previo (Quiroz, 1987). Desde la perspectiva legal, la Ley de Legitimación Adoptiva número 16.346 de 1967, considera abandonados a los hijos que no hayan sido atendidos personal ni económicamente por sus padres durante los plazos mínimos de dos y cuatro años, respectivamente. Quiroz (op. cit.) sostiene que "el abandono del niño se configura cuando existe incumplimiento en el orden afectivo, económico y asistencial por parte de los padres, tutores o guardadores" y a continuación operacionaliza su definición afirmando que "se entiende por abandonado al menor que se encuentra privado de alimentos, cuidados o educación suficiente, en forma que pueda comprometer su salud física o psíquica, y al menor respecto del cual se ha descuidado el deber de asistencia, vigilancia y corrección por las personas obligadas a su prestación".
El investigador Quiroz distingue tres tipos de abandono infantil, basándose en el estudio de una casuística de procesos de legitimación adoptiva. Clasifica los casos en los siguientes grupos: a) abandono precoz; b) abandono tardío; c) abandono indefinido.
El primero, el abandono precoz, incluye al 38.7% de los casos y corresponde a los niños abandonados por la madre biológica en el hospital a los pocos días de su nacimiento. Se considera precoz porque ocurre inmediatamente después del nacimiento y el niño no alcanza a integrarse a ningún grupo familiar. Sería total porque no existe reconocimiento de paternidad del padre y de la madre.
El segundo es el abandono tardío y alcanza al 41.9% de los casos estudiados. Se refiere al/la niño/a de madre y/o padre conocidos, pero confiado por ellos a terceras personas por su propia intervención. El abandono sería progresivo -habría visitas y ayuda en la primera etapa, las cuales disminuyen paulatinamente. Además sería directamente proporcional a la edad del/la niño/a, es decir, a medida que aumenta la edad de éste/a, aumenta el grado de desamparo.
El tercero de los abandonos es el llamado indefinido y abarca al 19.3% de los casos. Corresponde al niño nacido de madre y padre conocidos, el cual ha sido dejado por éstos al cuidado de una tercera persona, quien posteriormente se desliga de él. El niño vive transitoriamente en diversas familias -incluyendo períodos de convivencia con alguno de los padres biológicos- que no se comprometen de forma permanente en su crianza. Debido a ello, progresivamente se pierde el contacto entre el niño y los padres biológicos. Este tipo de abandono es también una forma de abandono tardío.
Respecto de las características de los niños abandonados que son tomados en adopción, se ha sostenido que mayoritariamente corresponden a los grupos de edades de recién nacido, lactante y preescolar (Quiroz, 1987).

5. MATERNIDAD EN SOLTERIA Y MATRIMONIO
En Chile se ha producido en las últimas décadas un fuerte incremento en la proporción de nacimientos fuera del matrimonio, lo cual es coincidente con lo observado en otros países de América Latina (Monroy, Morales y Velasco, 1988) y el mundo. En la Región, los estudios indican que aumenta el número de madres solteras (Buvinic, 1990). La proporción de madres solteras en sus años de procreación varía del 27.5% en Guatemala (1981) al 40.8% en Colombia (1970), el 52.1% en Chile (1973), el 65.9% en el Perú (1972) y casi el 84% en Jamaica (1982) (Buvinic, 1990). Suecia...
En nuestro país, en términos globales, se observa un aumento de los porcentajes de nacidos calificados como ilegítimos que va del 18.8 por ciento en 1965 al 32.8 por ciento en 1987 (Viel, 1989). Las variaciones en el grupo de madres adolescentes -menores de 20 años- son aún mayores. En este grupo el año 1967 era de 29.6 por ciento y en 1987 se eleva al 58.2 por ciento (Viel, 1989).


a. Concepto de Ilegitimidad en Chile
La legitimidad en Chile es una figura filial de tipo jurídico, la cual conlleva un conjunto de deberes por parte del padre y de la madre para con el/la hijo/a legítimo/a, que son un privilegio de esta filiación y no del vínculo natural que surge entre los progenitores y sus descendientes.
De acuerdo al Código Civil chileno, son legítimos los hijos concebidos durante el matrimonio de sus padres, aquellos concebidos durante un matrimonio que posteriormente es declarado nulo y los concebidos fuera del matrimonio y legitimados por el que contraen con posterioridad sus padres.
La norma jurídica establece una distinción dentro de la categoría de ilegitimidad entre hijos naturales y los simplemente ilegítimos. Los hijos naturales son los que han obtenido alguno de los siguientes reconocimientos: a) reconocimiento voluntario de la madre, el padre o ambos mediante escritura pública, en la inscripción del nacimiento o por testamento; b) reconocimiento voluntario presunto, en que basta consignar el nombre del padre, la madre o ambos en la inscripción del nacimiento del hijo; c) reconocimiento voluntario provocado, que se produce cuando a solicitud del hijo el padre confiesa la paternidad bajo juramento ante un juez; y d) reconocimiento por sentencia judicial, en que puede establecerse la paternidad o maternidad por confesión privada o pública de los progenitores, por la acreditación por testigos fidedignos del hecho del parto o por haber poseído durante 10 años notoriamente la calidad de hijo.
Los hijos ilegítimos son los nacidos fuera del matrimonio de sus padres que no han sido reconocidos por éstos voluntariamente o por sentencia en un juicio de reconocimiento de paternidad o maternidad. Existen dos tipos: a) los hijos simplemente ilegítimos, los cuales no han obtenido ningún tipo de reconocimiento por parte de alguno de sus progenitores; y b) los hijos simplemente ilegítimos que han obtenido reconocimiento por parte del progenitor para obtener sólo alimentos.
El Estado chileno discrimina a los hijos naturales restringiendo sus derechos respecto de los otorgados a los hijos legítimos. En materia de derecho sucesorio, los primeros tienen derecho a la mitad de la porción que corresponde a los últimos. Además, el hijo natural no tiene abuelos legales, por lo cual no tiene derecho a herencia de parte de éstos ni a alimentos.
En la actualidad el reconocimiento de paternidad depende fuertemente de la voluntad del progenitor. Ante una situación que suponga una disposición personal negativa del progenitor, las pruebas se encuentran acotadas o con exigencias bastante explícitas. Sin embargo, si éstas demuestran la paternidad, sólo se obtiene, por parte del hijo, el derecho a alimentación, lo cual es insuficiente e indicativo de la extrema desigualdad de derechos entre quienes nacen dentro y fuera del matrimonio en nuestro país.

Es importante destacar que ante la inexistencia de mecanismos expeditos para el reconocimiento forzado de paternidad en Chile, se encuentra en elaboración un Proyecto de Ley que propone la utilización de pruebas genéticas para el reconocimiento de la relación filial de los padres con los hijos.


Ahora bien, la ilegitimidad es una categoría legal del estado chileno que designa los nacimientos producidos fuera del matrimonio y como tal discrimina gruesamente. En nuestro país, como en muchos otros lugares del mundo, existe la cohabitación -o el matrimonio como hecho social más que legal. Aunque difícil de cuantificar, la cohabitación es un fenómeno reconocidamente real y que debe tener alguna relevancia en la ilegitimidad por cuanto debiera haber niños naciendo de padres no legalmente unidos, pero que sí constituyen una pareja estable. Entonces sería necesario discriminar más finamente entre familias uniparentales y familias nucleares más allá del puro dato legal para conocer en qué condición familiar nacen estos niños.


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