El sistema penal en la sociedad del riesgo I. Caracterización de la sociedad del riesgo



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EL SISTEMA PENAL EN LA SOCIEDAD DEL RIESGO
I.- CARACTERIZACIÓN DE LA SOCIEDAD DEL RIESGO

Uno de los condicionantes fundamentales de la evolución funcional del sistema penal en la etapa del ocaso del Estado Social es la emergencia de la sensación social de inseguridad. Esta circunstancia, básica para caracterizar la sociedad del presente, ha incidido de manera muy notable sobre el sistema penal, condicionando las demandas que se le dirigen, determinando su creciente centralidad en el marco de las políticas estatales y acentuando la perenne crisis que lo sitúa en la encrucijada entre libertad y seguridad.

Parece relevante, antes de analizar de forma más pormenorizada la posición del riesgo y de la inseguridad en la sociedad contemporánea, llamar la atención sobre el hecho de que lo relevante a estos efectos, singularmente por lo que se refiere al estudio de la incidencia de este fenómeno sobre el sistema penal, es hablar de sensación social de inseguridad o de riesgo. En efecto, si bien la emergencia de la sensación social de inseguridad se deriva, en cierta medida, de una multiplicidad de factores objetivos de peligro, lo verdaderamente relevante, por lo menos a los efectos que aquí interesan, no es la existencia de tales factores objetivos, sino su percepción subjetiva (colectiva) como riesgos. Por lo demás, pocas dudas debería de haber en el presente sobre el hecho de que, del mismo modo que el temor subjetivo al delito (en ocasiones conjugado como verdadero pánico moral) no guarda necesariamente correlación con los índices efectivos de criminalidad o de victimización, la percepción subjetiva de la inseguridad es claramente despropocionada en relación con la entidad objetiva de los peligros.

Posteriormente se intentará ofrecer alguna referencia que explique cómo es posible que una percepción social de inseguridad de amplio alcance, y que responde a la emergencia de mutaciones y peligros de carácter sistémico, sea codificada como demanda de protección institucional ante específicos riesgos, derivados de concretos fenómenos de criminalidad y desorden público. Es decir, deberá indagarse qué mediaciones significativas intervienen para producir tal salto de lo sistémico a lo más inmediato. Vaya por delante, no obstante, que en un contexto de reducción significativa de la percepción del riesgo a la inseguridad ciudadana, la falta de correlación entre percepción de la falta de seguridad ante el delito y riesgo delictivo objetivo tiene consecuencias relevantes en materia de diseño de las políticas de protección frente la criminalidad. En efecto, la conciencia de esa relación distorsionada lleva a asumir que las medidas de reducción de la criminalidad y las orientadas a la contracción de la sensación social de inseguridad ante el delito no tienen por qué coincidir. La consecuencia de esta constatación es priorizar el objetivo de reducir esa sensación social, relegando las medidas de disminución de las tasas de criminalidad, y concentrando los esfuerzos en incrementar la percepción social de seguridad ante la criminalidad, limitando el temor al delito.

Con todo, antes de esbozar el aludido análisis, conviene detenerse en una caracterización, siquiera breve, de esos factores objetivos que configuran la etapa presente como la de la sociedad del riesgo o la del futuro de inseguridad permanente.

Un conjunto fundamental de factores de riesgo se deriva de las mutaciones del sistema económico, que inciden sobre las formas de inserción de los individuos en las relaciones productivas, así como en las posibilidades de derivar de ellas recursos para subvenir a la satisfacción de sus necesidades básicas. Probablemente este conjunto de factores de riesgo de carácter socioeconómico pueden inscribirse, fundamentalmente, en dos evoluciones capitales.

Por una parte, en el declive del Estado del Bienestar, que ha restringido los mecanismos públicos de asistencia ante situaciones carenciales –de empleo, de salud, de capacidad para trabajar-, obligando a los sujetos a procurar laboriosamente otros recursos de sostén antes tales circunstancias, de forma señalada en sus respectivos ámbitos privados o comunitarios. La evidente percepción de la exclusión social, como riesgo constante de movilidad social descendente, determina que esa progresiva ausencia de cobertura pública de las situaciones carenciales sea experimentada con una ansiedad reduplicada.

Por otra parte, estos factores de riesgo de carácter económico han de inscribirse en el marco del paso al modo de regulación postfordista. En el curso de ese proceso histórico, las innovaciones tecnológicas incorporadas a los sistemas productivos han determinado la emergencia y solidificación de unas ciertas tasas de desempleo estructural, desconocidas con anterioridad, determinando de este modo que la carencia de trabajo remunerado sea un fenómeno permanentemente amenazante. Con todo, tal vez no es este el facto de riesgo principal que se deriva del tránsito al postfordismo. En efecto, como un fenómeno probablemente más relevante que la consolidación de una cierta tasa estructural de desempleo, en el nuevo esquema productivo postfordista, de carácter altamente flexibilizador, se difunde la precarización creciente, ante todo como experiencia de biografía laboral que pone término al empleo garantizado y con derechos de carácter perenne. Esa efectiva carencia de un empleo de calidad perpetuo, esa estable inestabilidad, genera una muy relevante sensación de inseguridad ante la posibilidad de seguir generando recursos para satisfacer las necesidades humanas en el futuro. La precariedad, empero, trasciende por completo la condición laboral del individuo, convirtiéndose en una suerte de incertidumbre biográfica. En un contexto de creciente privatización del suministro de bienes y servicios básicos, la precariedad, como condición del sujeto en el ámbito productivo, acaba impregnando en mayor o menor medida todos los mundos de vida.

De este modo, el nuevo régimen productivo, y el esquema estatal de regulación de las relaciones socioeconómicas, producen riesgos individuales y sociales que son percibidos subjetivamente con gran intensidad. Si a ello se añade que en los códigos axiológicos del presente emergen de forma relevante valores como el individualismo, la moral del éxito –y, por tanto, del fracaso- o la competencia darwinista, puede comprenderse con facilidad que esa percepción social de inseguridad devenga verdadera ansiedad.

Si bien el tipo de biografía laboral que se prefigura en la etapa postfordista es un factor mayor de incertidumbre y ansiedad individual y colectiva, produciendo un proceso de precarización de la vida que trasciende claramente la mera inserción productiva, existen otros factores objetivos de riesgo, integradores del sustrato material de la percepción social de inseguridad, que se sitúan al margen de los efectos del modo de regulación postfordista y de la propia crisis del Estado del Bienestar.

Una segunda gran fuente de factores de inseguridad es la crisis de referentes identitarios y de socialización básicos, sobre los que ha descansado la estructura fundamental de la organización social cuando menos durante buena parte de la Modernidad. En este sentido, en relación con una materia de notable complejidad y proyección, cabe hacer referencia a varios de esos referentes en crisis.

En crisis se encuentran la familia y las relaciones de género subyacentes, como consecuencia de la propia crisis del modelo patriarcal sobre el que ambas se venían sustentando. Los efectos de esta crisis se manifiestan tanto en la vulnerabilidad del modelo de familia tradicional (descenso acusado de la tasa de natalidad, incremento del número de separaciones y divorcios) cuanto en la propia multiplicación de modelos familiares y de convivencia alternativos, y, en otro plano, en una mutación de formidable alcance de las pautas de comportamiento construidas en función del género, debida ante todo a la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral.

No es menor la crisis de la clase social como referente identitario y de socialización, pero también como dispositivo de regulación de comportamientos, como moral específica; crisis consecuencia no sólo de un poderoso deseo, propio del fordismo tardío, de movilidad social y de superación de los estrechos moldes clasistas, sino sobre todo de un modelo productivo ulterior que convierte en móviles, difusos y volátiles los esquemas de identificación en el plano laboral.

A ello se añade la crisis de los referentes de identificación de base local y territorial. Por una parte, la crisis de la Nación, referente jurídico-político mayor de la Modernidad, condicionante fundamental de la inclusión social, a través de la figura del ciudadano. En la era de la Globalización, la crisis de la Nación, en sus modalidades de expresión modernas del pueblo y del Estado-Nación, se torna evidente, y de extraordinaria profundidad, como consecuencia de las presiones convergentes de dos órdenes de mutaciones sistémicas. En primer lugar, la emergencia de las singularidades locales, propia no sólo de una suerte de mecanismo defensivo ante una Globalización homogeneizadora, sino también de la crisis identitaria en sociedades crecientemente móviles y complejas. En segundo lugar, la conformación progresiva de una verdadera sociedad global-imperial, como espacio de ejercicio de la soberanía, ya que buena parte de los ámbitos de decisión básicos que se sustanciaban en el área territorial del Estado-nación sólo pueden ejercitarse hoy en el territorio global-imperial, lo que socava buena parte de la legitimidad de ese referente nacional.

Por otra parte, se produce la crisis de la identidad local, en el ámbito espacial más inmediato de los individuos, como consecuencia de la mayor movilidad poblacional, que crea sociedades crecientemente multiculturales, mestizas, produciendo una mutación de las costumbres que genera como efecto una evidente sensación de incertidumbre por desorientación. Con todo, esta crisis de la identidad local no sólo se produce por la creciente composición plurinacional de las sociedades, derivada de las migraciones internacionales crecientes, sino también por las migraciones internas dentro de los propios países, así como por la redefinición espacial, que multiplica –y aleja- los ámbitos de realización de las diferentes facetas de la vida, y que crea estructuras residenciales con un ínfimo grado de integración comunitaria.

La crisis de este conjunto de referentes básicos de socialización no puede ser minusvalorada a los efectos de analizar la emergencia de sentimientos de inseguridad y ansiedad sociales. La familia, el género, la clase, la nación o la identidad local siempre fueron pautas de regulación de conducta, cuya ausencia deja un vacío que no puede sino generar una desorientación ciertamente notable, una sensación colectiva de desorden social. A ello se añade que la crisis de estos referentes identitarios produce un descenso de los niveles de cohesión social y de solidaridad comunitaria. Ambas circunstancias no pueden sino entenderse como factores productores de considerables grados de incertidumbre e inseguridad sociales.

En particular, y sin perjuicio de retornar posteriormente sobre esta materia, debe tenerse en cuenta que esta crisis de los dispositivos comunitarios de regulación tiene una incidencia directa sobre la percepción de la inseguridad ciudadana, y sobre las demandas sociales de punitividad. No debería resultar polémico sugerir la relación entre sistemas de control social informal y formal, intuyendo que los niveles moderados de punitividad objetiva, esto es, de severidad del sistema penal, han podido mantenerse durante extensos períodos precisamente por el adecuado funcionamento de otros dispositivos reguladores de cariz informal, como la familia, la escuela, la religión o la clase. Por el contrario, en una etapa de crisis profunda de tales instituciones de regulación, la demanda ciudadana de intervención de los dispositivos de control social formal –el Derecho y el Estado, dicho brevemente- se torna prioritaria, y proporcional al grado creciente de incertidumbre y de percepción del desorden y de la falta de cohesión social propios de esa crisis.

En todo caso, probablemente habrá que considerar que ese retorno a los sistemas de control social formal, a la severidad del sistema penal, como antídoto frente a la percepción de una cierta anomia, bien puede ser una etapa transitoria hasta la producción y consolidación de nuevos dispositivos de regulación informal. En ese proceso bien podría contribuir la maduración de una cierta política de gestión de los deseos, consistente en la creación heterodeterminada de necesidades y el control por el consumismo, en lo que influye la existencia de una formidable industria cultural y de la comunicación en gran medida orientada a tal fin, de relevancia creciente, aunque sólo sea por la existencia de un cierto déficit de atención, como disfunción de la economía contemporánea. La afirmación de ese nuevo dispositivo de control podría facilitarse, sobre todo, si las pautas de comportamiento mencionadas se ven acompañadas por un elevado nivel de endeudamiento privado, como sucede en la actualidad en algunos países occidentales (de forma singular, en EE.UU. y en España), pues ello podría servir para recuperar una renovada ‘ética’ del trabajo. Dicho brevemente, este posible componente de un paradigma informal de control operaría mediante la visión de la adquisición de determinadas comodidades –altamente mercantilizadas- como parámetro de autorrealización y sentido vital. Sin embargo, en el momento de analizar la posible consolidación del paradigma mencionado como nuevo dispositivo nuclear de control social informal no pueden dejar de considerarse sus limitaciones y contradicciones inherentes. En efecto, dicho dispositivo, por su producción permanente de insatisfacción y, sobre todo, por su imposibilidad de realización para segmentos poblacionales crecientes, podría también generar nuevos niveles de desviación criminal.

Si bien las mutaciones económicas y sociales mencionadas constituyen factores de riesgo, determinantes de altos niveles de incertidumbre y percepción subjetiva de inseguridad, existen también otros fenómenos de no menor relevancia en la conformación de esa sociedad del riesgo, que merecen ser destacados, aun sin ánimo alguno de exhaustividad.

Uno de esos fenómenos capitales es la progresiva degradación medioambiental, proceso desarrollado desde el comienzo de la industrialización, pero acelerado en la segunda mitad del s. XX y, sobre todo, especialmente sensible en las últimas décadas. Esta realidad acarrea múltiples consecuencias en materia de degradación de la propia calidad de vida, afectando a los recursos naturales, a la biodiversidad e, incluso, a la salud humana, mediante la proliferación de enfermedadas letales, y la amenaza permanente de riesgos inabordables, singularmente los derivados de la energía nuclear.

En el mismo marco inciden los riesgos de carácter sanitario-alimentario, que se manifiestan no sólo en los efectos de la contaminación ambiental, sino también en la aparición de infecciones desconocidas, en la adulteración alimentaria, en las desconocidas consecuencias del empleo de innovaciones genéticas en productos destinados al consumo humano o en la emergencia de dolencias de efectos y difusión indeterminados. El panorama de los riesgos sanitarios se completa también con la emergencia de nuevas patologías –físicas y psíquicas- contemporáneas, como las vinculadas al consumo y a la imagen (en particular, la anorexia y la bulimia), que se suman a pandemias no (o insuficientemente) superadas. Más allá del ámbito de las enfermedades, los riesgos para la salud colectiva se manifiestan con crudeza en los altos niveles de siniestralidad, sobre todo en el terreno laboral y en el de circulación viaria, fenómenos –en especial el segundo- sentidos colectivamente con una singular intensidad.

En este breve elenco de factores generadores de riesgos objetivos, y en particular de su percepción social, debe hacerse referencia a una muy relevante mutación del sentido social del tiempo y del espacio. Esta alteración de las dimensiones topográficas y cronológicas en las que los individuos inscriben sus existencias cotidianas puede quizás resultar menos perceptible que algunos de los cambios sociales previamente aludidos, pero no por ello sus consecuencias en materia de generación de ansiedad social son menores. La mutación de ambas dimensiones se relaciona con la revolución de los transportes y, sobre todo y de forma más reciente, con la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Si bien los efectos de la mutación del sentido social del espacio ya han sido parcialmente aludidos -al mencionar la crisis de los referentes identitarios de carácter local-, las consecuencias en el caso de la mutación de la magnitud temporal son igualmente relevantes, en particular por el creciente sometimiento de los individuos a los ritmos de los dispositivos tecnológicos, en lo que algún autor ha denominado la época de la aceleración maquinal posthumana.

Tras todo lo expuesto, puede entenderse que existen condicionantes objetivos que explican que una caracterización particularmente feliz de la sociedad contemporánea sea la de sociedad del riesgo (o de la inseguridad sentida). Sin embargo, como ya se apuntó, lo que resulta trascendente, a los efectos de analizar la incidencia de esta configuración social en los sistemas de control -pero también en general-, es más la percepción subjetiva del riesgo que la entidad objetiva del peligro. En este sentido, esos factores de riesgo son socialmente vividos como sensación de incertidumbre, de inseguridad, incluso como ansiedad. De hecho, el miedo es seguramente una de las tonalidades emotivas que mejor caracteriza la sociedad del presente.
II.- INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE LOS RESPONSABLES POLÍTICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PENAL DE LA SOCIEDAD DEL RIESGO

Sin perjuicio de todo lo apuntado, lo relevante a los efectos del presente texto no es tanto que la existencia de factores objetivos de peligro dé lugar a una sensación subjetiva de inseguridad o de riesgo, por mucho que esta pueda ser desproporcionada en relación con la entidad efectiva de aquellos peligros. Lo verdaderamente significativo es que esa inseguridad sentida sea transmutada colectivamente como disminución de los niveles de tolerancia social, como obsesión por la vigilancia y el control, como deseo de fortificación y de segregación ante sectores percibidos como portadores de riesgos de carácter criminal. Dicho de otro modo, una sensación de incertidumbre ante una pluralidad multifactorial de riesgos se transmuta en inseguridad en sentido estricto, en inseguridad ciudadana.

Las evidencias de esta transmutación son diversas. En primer lugar, puede seguramente asumirse que la demanda ciudadana de seguridad dirigida a las instancias públicas –ante todo, a la policía- ha crecido en los últimos lustros, hecho que cabe relacionar con el incremento de las incertidumbres mencionadas.

Sin embargo, en segundo lugar, quizás la mejor evidencia de la mencionada transmutación en las preocupaciones sociales sean los resultados de los barómetros de opinión de la ciudadanía sobre los principales problemas contemporáneos. Al margen de datos más ocasionales, la consideración durante períodos amplios de los resultados demoscópicos permite comprobar que la mayor parte de los principales problemas que preocupan a la ciudadanía o bien remiten directamente a la inseguridad ciudadana, o bien son interpretados fundamentalmente desde la perspectiva de esa obsesión social. En efecto, de acuerdo con los resultados de los sondeos periódicos del CIS correspondientes al período que va de 1995 a 2004, en el apartado de los problemas que más preocupan, colectivamente, a la población (lo que, a los efectos que aquí interesan, podría denominarse preocupación por el delito), la inseguridad se ha mantenido en el tercer lugar, mientras que el terrorismo aparece en el segundo lugar, la inmigración en el cuarto y las drogas en el quinto. En el apartado de los problemas que más afectan, personalmente, a la problación (miedo al delito), en ese período la inseguridad ciudadana se sitúa en el cuarto puesto, mientras que el terrorismo aparece en el segundo y la inmigración en el sexto.

De las premisas mencionadas deriva el interrogante ya insinuado: cómo es posible que se opere esa suerte de metonimia social, en la cual un conjunto de riesgos tienden cada vez más a identificarse con una parte menor de los mismos, frente a la cual se reacciona demandando una solución que debe servir no sólo para solventar esa inseguridad específica, sino para conjurar riesgos que son mucho más globales. Esta circunstancia resulta de innegable relevancia para la configuración del sistema penal del presente, ya que su función última de contribución a la mejora de la convivencia, entendida si se quiere como dispositivo de estabilización y cohesión social, se sitúa en el presente ante un reto inabordable: el de construir mensajes de tutela y garantía frente a una sensación de riesgo que desborda por completo el ámbito de operatividad del sistema penal.

Seguramente el análisis de las razones que explican esa transmutación reduccionista de la percepción social de las causas de la inseguridad merecería mayor desarrollo que el que puede otorgársele en estas páginas. Con todo, no se renuncia a sugerir algunas consideraciones al respecto.

No debería resultar polémico entender que una parte relevante de la explicación de ese proceso reduccionista ha de hallarse en la intervención de determinadas instancias de mediación significativa, que contribuyen de modo notable a construir la representación social de la realidad. En este sentido, y al margen de la incidencia que en la cuestión puede tener el devenir mercancía de la seguridad, y la conformación de un sector económico en torno a la provisión de dicho bien, cabría hacer referencia a los medios de comunicación y a los cargos públicos con responsabilidades en materia de seguridad.

En efecto, entre esas instancias de mediación significativa que modulan la percepción colectiva sobre la inseguridad ante el delito cabe hacer referencia, en primer lugar, a los medios de comunicación, dada su posición privilegiada en la construcción social de la realidad, en el marco de la denominada sociedad de la información.

Los medios de comunicación masiva han ido conformando una determinada gramática de producción de imágenes de la inseguridad y, singularmente, de la inseguridad ante el delito; puede afirmarse, sin temor a incurrir en hipérboles, que esta gramática ha contribuido sobremanera a priorizar la inseguridad ciudadana en la percepción subjetiva de los riesgos contemporáneos, así como a generar la desproporción entidad objetiva-sensación subjetiva de los peligros. La atención de los medios al delito se relaciona con la facilidad del mismo para ser objeto de presentación espectacular, y con los consiguientes beneficios en un mercado de la comunicación con una notable tensión competitiva. En efecto, tal dependencia mercantil contribuye a enfatizar los elementos emocionales de las informaciones, lo que redunda en una mayor atención a los fenómenos criminales, objeto de sencilla dramatización y, en apariencia, políticamente neutrales.

Con todo, no puede incurrirse en una interpretación simplista, que atribuya a los medios de comunicación la responsabilidad unidimensional en la producción de una cierta ansiedad social ante la criminalidad. Lejos de ello, ha de admitirse que los diferentes actores en presencia, con independencia del grado de protagonismo respectivo, producen y retroalimentan una representación cultural común, un frame o marco de sentido, sobre la criminalidad y los riesgos a ella asociados. De este modo, los medios contribuyen a institucionalizar, reforzándola y dándole formidable resonancia, una determinada representación sobre estas materias, que resulta solidificada por el hecho de que responde a una cierta percepción social previa, asentada en alguna medida en magnitudes reales, esto es, en una experiencia directa o indirecta de la criminalidad.

Una esquemática exposición de las características de dicha gramática, de esa específica forma de construcción social de la realidad, podría estructurarse en torno a rasgos como los siguientes:

a) se produce una narración dicotómica de la realidad, tendencialmente estructrurada entre buenos y malos, el Bien y el Mal, que contribuye a solidificar los códigos valorativos del público, como mecanismo de primer orden de cohesión, estabilización -y control- social. Tal narración simplista se sustenta sobre la adopción de una serie de reglas de construcción del discurso; a estos efectos, cabe mencionar la cancelación casi absoluta del punto de vista del infractor, la adopción de la perspectiva de la víctima –más fácilmente dramatizable en términos emocionales-, y la priorización de las agencias institucionales –en particular, policiales- como fuentes de información e interpretación;

b) en esa línea, se representa la realidad criminal a partir de una serie limitada de estereotipos de carácter acusadamente simplista, y de fácil consumo, que canalizaban una narración y un discurso preñados de reduccionismos. No son los menos significativos de esos reduccionismos el que conduce a identificar como delincuencia sólo una parte mínima de los fenómenos de dañosidad social (en cierta medida aquella parte más fácilmente presentable como espectáculo), y el lugar común que tiende a presentar como causas de la criminalidad las deficiencias del sistema penal, caracterizado siempre como excesivamente benigno (bien sea por la existencia de leyes escasamente severas, por la actuación de jueces permisivos o por el aprovechamiento de garantías normativamente consagradas). Que este erróneo lugar común incentiva la demanda social de endurecimiento de la respuesta al delito es algo que apenas precisa ser resaltado;

c) la gramática de la representación mediática de los fenómenos criminales se somete a determinadas exigencias inherentes a la forma de entender esa función comunicativa, como la rapidez, la simplificación, la dramatización, la proximidad o inmediatez, así como a la necesidad de presentar cada información como un hecho nuevo o sorprendente, lo que se puede evidenciar con claridad en las denominadas olas artificiales de criminalidad;

d) la consecuencia general de toda esta forma de representación es la producción de un efecto de amplificación de la alarma social en relación con determinada criminalidad, incrementando el temor del ciudadano a ser víctima de los delitos hipervisibilizados.

Buena parte de estos rasgos, si bien provienen originalmente del tratamiento de la criminalidad por parte de los medios de noticias (prensa, radio, televisión o internet), se ven aún acrecentados en el caso de la representación de la criminalidad y del control social por parte de la industria mediática del entretenimiento, a través de productos como series de televisión policiacas, filmes criminales o reality-shows basados en la actividad policial, que intensifican los tonos emocionales de la representación.

Los rasgos gramaticales citados ayudan a explicar por qué se produce esa priorización de la inseguridad ciudadana, y esa desproporción en la sensación de riesgo. Sin embargo, seguramente el factor fundamental remite a la idea de hipervisibilización. Este efecto no se refiere sólo a una cierta selección de contenidos y de formas de presentación de la información referente al sistema penal. Va más allá de ello: genera una sensación de ubicuidad y especial perversidad de la criminalidad. A esta hipervisibilización contribuyen otras consecuencias de los códigos comunicativos de los medios, singularmente la confusión entre lo lejano y lo cercano, y la consiguiente tendencia a sustituir la experiencia propia por la representación mediática como condicionante capital de las percepciones sociales.

Junto a la función de los medios de comunicación masiva, una segunda instancia de mediación significativa contribuye a traducir en temor a la criminalidad todo un conjunto de incertidumbres y ansiedades sociales de mayor alcance. Se trata de los cargos públicos con responsabilidades en materia de políticas de seguridad. Probablemente tales actores intervienen partiendo del dato previo de la priorización del temor al delito por parte de la ciudadanía, pero no es menos seguro que al centrar sus discursos y prácticas sobre el tema de la inseguridad en materia de criminalidad contribuyen a reforzar ese rol privilegiado.

En consecuencia, uno de los motivos que fundamenta la relevante atención que los cargos públicos prestan al fenómeno delictivo –y a los temores que suscita- es sin duda la trascendencia que la propia ciudadanía otorga a la materia, lo que explica, dicho sea de paso, que los discursos de dichos responsables carezcan de oposición social o política relevante. Sin embargo, concurren también otras razones, singularmente vinculadas con las limitaciones del margen de acción de los responsables públicos estatales, sobre todo en materia de garantía de la seguridad.

En la actualidad los responsables públicos se ven incapacitados para intervenir en relación con una amplia mayoría de los factores condicionantes de la sensación social de inseguridad, bien por tratarse de mutaciones sistémicas inabordables –v. gr., la crisis de los referentes identitarios de la Modernidad-, bien por referirse a transformaciones de carácter socioeconómico respecto de las cuales se proscribe globalmente adoptar políticas contrafácticas que no sean apenas coyunturales –v. gr., las mutaciones aparejadas a la crisis del Estado del Bienestar y a la implantación del esquema productivo postfordista o, en cierto sentido, la crisis ecológica-. Seguramente las capacidades de los responsables públicos no son muchos mayores en lo que se refiere a la posibilidad de reducir los niveles de criminalidad, pero eso tampoco es lo que se pretende, ya que en este ámbito lo realmente relevante es reducir el temor al delito, la sensación de inseguridad que lleva aparejada, lo cual resulta quizás más factible. En efecto, no se trata sino de mitigar la indignación y el miedo ciudadanos, y de restaurar la credibilidad en el sistema de control del delito, algo especialmente necesario en una etapa de escasa confianza en los representantes públicos. Esto contribuye a que las cuestiones relativas a la criminalidad y a su combate adquieran relevancia en los discursos y prácticas de tales responsables políticos, como soluciones fáciles ante problemas socialmente contemplados como acuciantes.

Esta circunstancia debe ser analizada también desde la perspectiva electoral. No en vano, se produce en los últimos lustros una acusada politización –en sentido electoral- de las estrategias y prácticas en materia de protección ante la criminalidad, que son objeto principal de los discursos políticos y pasan a ser materia de debate público de primera magnitud. En la medida en que las cuestiones directa o indirectamente conectadas con la criminalidad constituyen preocupaciones prioritarias de la ciudadanía, se convierten en un recurso político-electoral relevante, de modo que los aspirantes a ocupar responsabilidades públicas se ven obligados a ocuparse de forma primordial de ofrecer soluciones frente a ellas. Si, además, la lucha contra la criminalidad constituye parte del limitado campo de acción que a tales responsables les resta, se comprende aún en mayor medida que dediquen atención creciente a estas materias. En la búsqueda de rentabilidad electoral inmediata, las crecientes demandas públicas de seguridad la refuerzan como valor público relevante, que puede ser fácilmente negociado mediante el intercambio de consenso electoral por aparentes, y simbólicas, representaciones de seguridad (ante el delito).

Pero no se trata sólo de que las cuestiones relativas a la seguridad ante el delito ocupen creciente centralidad en los discursos políticos, sobre todo en aquellos orientados electoralmente. Tan relevante o más que ello es el hecho de que en tales discursos la inflación de la severidad del sistema penal tiende cada vez más a aparecer como la única alternativa. Las razones de esta circunstancia pueden buscarse en la obsesión por transmitir mensajes de seguridad, en la intención de acomodarse a la –errónea- creencia social en la excesiva benignidad del sistema penal, y en la dificultad de acudir a soluciones más complejas; todos estos condicionantes priorizan que la inflación de la severidad del sistema sea prácticamente la única propuesta en esta materia por parte de los responsables públicos.

Por otra parte, la atención de los cargos públicos en la lucha contra la criminalidad debe contextualizarse también en la propia evolución del modelo de Estado. En efecto, la crisis del Estado Social determina una evolución de la forma de Estado de notable alcance, que, si bien no supone en realidad una superación del modelo del Gran Gobierno (Big Government), como postulaban los teóricos del neoliberalismo, ha producido una concentración de la actividad estatal en determinadas áreas de intervención, singularmente las relativas al control social, a la garantía del orden público y a la seguridad global. Además, es en estas áreas prioritarias -y cada vez más exclusivas- de intervención estatal donde la nueva forma-Estado debe procurar la legitimidad parcialmente perdida con su progresiva retirada de los territorios de lo económico y de lo social, dando de este modo por concluido el pacto social fordista-keynesiano de la segunda postguerra mundial. En síntesis, en este ámbito se procura un reforzamiento de la autoridad estatal, como indagación de un sentido renovado de la soberanía, en una etapa en la que la forma Estado pierde competencias (soberanas), de forma muy relevante, a favor del mercado y de los actores –públicos y privados- de carácter supranacional, y en la que se encuentra con dificultades cada vez mayores para gobernar sociedades crecientemente complejas. En ese sentido, la Guerra al Terrorismo, paradigma securitario contemporáneo en el que se entremezclan elementos bélicos y jurídico-penales, de garantía de la seguridad interna y global, aparece como formidable instrumento privilegiado de reafirmación de la legitimidad estatal, de construcción de un renovado modelo de soberanía.

En suma, todas estas circunstancias contribuyen a explicar por qué los responsables públicos otorgan una relevancia cada vez mayor a las políticas de lucha contra la criminalidad –o, mejor dicho, contra el temor al delito- en sus discursos y prácticas. Esa centralidad parte de la identificación prioritaria de las incertidumbres y ansiedades colectivas con la inseguridad ciudadana, pero sin duda ayuda a reforzar ese proceso de identificación.

Dicho en términos más generales, la progresiva reducción de esas incertidumbres y ansiedades sociales a las inseguridades derivadas de la criminalidad no constituye –como ya se ha señalado- un proceso de construcción social de la realidad de carácter unidireccional, sino que responde a una percepción propia de la ciudadanía, derivada de tasas de criminalidad altas; no obstante, tampoco debe caber duda sobre el hecho de que instancias de mediación significativa como las mencionadas contribuyen a solidificar, institucionalizándola, esa operación reduccionista. Por lo demás, en este ámbito se manifiesta una suerte de circuito autorreferencial, ya que la propia incapacidad de la oferta pública (y privada) de seguridad para satisfacer las demandas ciudadanas -entre otras razones porque las incertidumbres de la población exceden por completo las cuestiones de la criminalidad-, refuerza aquellas demandas, y las alternativas presentadas por las instancias políticas. De este modo, la nueva cultura, colectivamente construida, del control social, aun a su pesar, contribuye no sólo a gestionar, sino también a crear el miedo, el pánico moral ante el delito (si bien puede ayudar a relativizar otros riesgos sociales), conformando así un dispositivo de desactivación de potenciales disensos y de producción de cohesión social, especialmente necesario en un momento como el presente.




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