El paso del Servicio Judicial de Menores a la Función Judicial


PROTECCION ESPECIAL - APOYO A LA FAMILIA Y ADOPCIONES



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PROTECCION ESPECIAL - APOYO A LA FAMILIA Y ADOPCIONES
a. Informe de situación
El Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el Ecuador del año 2003 refiere que:


  • En el 2001, el 20% de los hogares más ricos concertaba 34 veces más ingresos que la quinta parte más pobre. De los niños y niñas que nacieron en los últimos cinco años en el Ecuador, la mitad vive en hogares que no tienen lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas.

  • En 1999, una de cada 6 jóvenes de 15 a 19 años de edad -cerca de 90.000- había tenido por lo menos un hijo.

  • Anualmente, cerca del 7% de los partos ocurridos en el país fueron de madres menores de 18 años

  • El 38% de los padres de las adolescentes menores de 15 años se molestan ante un embarazo, en contraste con el 23% de padres de adolescentes entre 15 y 18 años.

  • 2 de cada 10 familias presionaron a las jóvenes para que se casen, las expulsaron de sus casas o insistieron en el aborto

  • El apoyo a la madre durante el período de lactancia en el país es aún muy limitado: durante la década de l990 apenas la tercera parte de las madres realizaron visitas médicas luego del parto.

  • 7 de cada 10 niños y niñas de menos de 5 años permanecen la mayor parte del día al cuidado de sus madres; solo 7 de cada 100 padres tiene la responsabilidad del cuidado de sus hijos.

  • Más de la mitad de los migrantes de la última década dejaron a sus hijos en el país.

  • En el 2000, el número de niños, niñas y adolescentes con uno o ambos padres migrantes fue de 150.000 en contraposición de 17.000 en el año 1990.

  • El 60% de los niños por causa de migración quedaron al cuidado de uno de los padres; el resto al cuidado de abuelos, tíos, hermanos mayores o amigos.

  • La mitad de los niños de 6 a 11 años menciona la comunicación y la ayuda como un comportamiento de sus padres, aún cuando el diálogo no siempre es la primera ni la única opción paterna

  • El 21% de los niños y niñas en edad escolar del estrato más rico describe a sus padres como indiferentes, en comparación con el 13% de aquellos del estrato más pobre

  • La mayor parte de las adolescentes que participan en el programa de la Maternidad Isidro Ayora declaró haber tenido problemas por su estado con sus profesores, inspectores y autoridades y, en algunos casos con sus compañeros.

Los indicadores presentados son una muestra de la situación del país respecto a la injusta redistribución de la riqueza, las condiciones que acompañan al embarazo y parto, las imágenes en torno a la maternidad prematura y el rol de la familia en el crecimiento y desarrollo de los hijos.


Demuestran que el Estado ecuatoriano no ha definido una política pública que garantice a la familia los ingresos estables y suficientes que le permitan cumplir sus funciones respecto a sus hijos, que apoye a la familia en el cumplimiento de sus responsabilidades y que favorezca la preservación del vínculo y la permanencia del niño en su familia de origen.
El Código de la Niñez y Adolescencia entre las políticas públicas sociales básicas tiene la de empleo de los progenitores, vivienda y el apoyo a la familia. Sin embargo, en el país no existe la voluntad política de implementarlas.
El presupuesto del Ministerio de Bienestar Social, desde hace dos años, contiene una partida presupuestaria de cien mil dólares para ejecutar programas de reinserción familiar y apoyo a la familia. Esta cantidad, absolutamente insuficiente, para una población de doce millones de habitantes, ni siquiera ha sido ejecutada por la autoridad pública responsable.
Las organizaciones de la sociedad civil vienen demandado al gobierno nacional presupuestos suficientes, estables y permanentes para el financiamiento de programas que apoyen a la familia en el fortalecimiento de los vínculos, prevengan el abandono o la reinserción con miembros de la familia ampliada en situaciones como orfandad o privados de su medio familiar por varias causas como la migración. Con actitud propositiva, se trabajó de manera colectiva la configuración de un modelo de atención integral cuya aplicación en las capitales de provincia tendría el carácter de piloto y la constitución de un Fondo de Protección Especial para su financiamiento. A pesar de tener todo el sustento técnico y jurídico, este fondo aún no se constituye y el millón de dólares que existió en el presupuesto del Ministerio de Bienestar Social en el año 2003 para este objetivo, se perdió.
La indiferencia y el clientelismo que selecciona programas no en base a las necesidades y los derechos de los niños, niñas y adolescentes sino con criterios tales como “más niños a menor costo”, hacen que los programas de protección especial con componentes preventivos y de atención, en lugar de aumentar de cobertura, se vean reducidos.

Si bien, la normativa internacional y nacional proclama el principio de la igualdad ante la ley y el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sin discriminación, es evidente que en el Ecuador la situación de pobreza constituye uno de los principales factores para la violación de sus derechos y, específicamente del derecho del niño a conocer a sus padres y ser cuidado y criados por ellos, a su derecho a la identidad en el que se incluyen las relaciones de familia y la identidad cultural, por cuanto entre la adopción se prefiere la adopción internacional, que muchos justifican, en el interés superior del niño de tener un futuro que el Ecuador no puede ofrecerle.


El nuevo Código de la Niñez y Adolescencia garantiza el derecho del niño a crecer en el seno de su familia biológica y establece medidas de protección que con procesos técnicos y profesionales especializadas acompañen a las familias.
No existen por parte de los organismos públicos procesos de adecuación al sistema que prevé la nueva ley, lo que en la práctica ha generado que en algunas ciudades como Ibarra, las entidades que atendían a niños privados de su medio familiar en la modalidad de institucionalización, hayan cerrado este servicio y ejecuten programas de comedores escolares.
En general, las instituciones de protección que atienden a niños, proceden a su internamiento por situación de pobreza de la familia, muchas no cuentan con equipos técnicos especializados en trabajar procesos de apoyo a la familia y, al no ejecutar programas de reinserción familiar, se deterioran las relaciones familiares e incluso, muchas veces, justifican la adopción de los niños porque sus padres son pobres y porque “la colaboración de los padres adoptantes” permite el financiamiento del hogar de atención.
En el país sigue vigente un Decreto Ejecutivo suscrito por el Presidente Sixto Durán Ballén que con la finalidad de garantizar el derecho a la identidad e identificación de los niños, niñas y adolescentes facultó la inscripción tardía mediante la declaración de dos testigos. Durante los últimos años, esta norma ha servido para favorecer adopciones ilegales a través de la inscripción directa.

Particularmente grave es la situación de los niños en procesos de adopción. En julio del 2003 entró en vigencia el Código de la Niñez y Adolescencia que establece el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Su órgano rector es el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia responsable de definir la política de adopciones y establecer los Comités de Asignación Familiar, determinar la jurisdicción de cada uno y designar a tres de sus cinco miembros.


Conformado el Consejo, en violación del principio de derecho público de que los órganos y funcionarios pueden hacer únicamente lo que manda la ley, el Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo N. 1187 de diciembre 16 del 2003, publicado en el R.O. 239 de diciembre 24 del 2003 se abroga funciones y dicta unas normas ilegales, entre las que constan las siguientes:


  1. La integración de los Comités de Asignación Familiar no es conforme a la ley;

  2. Se dice que la declaratoria de idoneidad da derecho a los peticionarios a recibir una asignación...”. Si el emparentamiento, que procede luego de la asignación, “no genera derecho ni obligación para los candidatos a adoptantes respecto de la persona a adoptarse” (Art. 174), menos aún puede serlo una declaratoria de idoneidad.

  3. De acuerdo con el Art. 170 del Código de la Niñez los Comités de Asignación Familiar serán convocados por su presidente a petición de la respectiva Unidad Técnica de Adopción. El Decreto dice que lo convocarán los jefes de la Unidad Técnica de cada Jurisdicción, por iniciativa propia o a petición de los directores de las instituciones de protección.

  4. La Ley ordena que el acto administrativo de la asignación de una familia se realice en atención a las necesidades, características y condiciones de la persona a adoptarse. No obstante este principio está ausente y parece que la secuencia de asignación prevista en el Decreto Ejecutivo pretende atender a las demandas de la asignación internacional, al establecerse criterios tales como el orden alfabético entre ellas.

  5. De conformidad con el Art. 172 del Código de la Niñez y Adolescencia “la asignación es la decisión del Comité de Asignación Familiar, expresada mediante resolución administrativa, por la cual se asigna una familia adecuada a determinado niño, niña o adolescente, según sus necesidades, características y condiciones”. Es un acto administrativo que procede del órgano que tiene potestad pública como es el Comité de Asignación Familiar, facultad, además, que es privativa de conformidad con el Art. 165 No.3 del Código de la Niñez y Adolescencia y, por tanto, indelegable.

  6. Corresponde al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia “designar las autoridades centrales para la aplicación de instrumentos internacionales y determinar el organismo técnico responsable de realizar el seguimiento y control del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado Ecuatoriano en dichos instrumentos y de elaborar los informes correspondientes” (Art. 195, literal i). El Decreto Ejecutivo designa como autoridad central a la Dirección Nacional de Protección de Menores del Ministerio de Bienestar Social.

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, envió oficios al Ministro de Bienestar Social y al Presidente de la República para solicitar la revocatoria de este Decreto Ejecutivo sin respuesta alguna. Más adelante, mediante Resolución dispuso la organización de los Comités de Asignación Familiar los cuales fueron conformados pero no reciben la información necesaria.


Mientras tanto, se están realizando pre-asignaciones ilegales y los Jueces de la Niñez y Adolescencia están siguiendo los juicios de adopción cuya fase administrativa es ilegal, aún cuando, al calificar la demanda, están obligados a hacer un análisis de admisibilidad y deberían abstenerse de continuar el proceso.

La Comisión del Niño y la Familia del Congreso Nacional en uso de su atribución investigativa ha solicitado al Ministro de Bienestar Social responda algunas preguntas respecto a estos procedimientos. El Congreso espera respuestas y la sociedad civil también.


No se conocen la cantidad de asignaciones realizadas por los Comités de Asignación Familiar integrados ilegalmente, menos aún las realizadas también de manera ilegal por las agencias de adopción al amparo de este Decreto Ejecutivo. Para el movimiento por los derechos de los niños, niñas y adolescentes es suficiente con que exista un solo niño en esta circunstancia para preocuparnos por la violación de sus derechos y exigir explicaciones y el establecimiento de responsabilidades.
EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ECUADOR
a. Estado de situación
La explotación sexual comercial en el Ecuador es un tema invisibilizado. Aparentemente, no se constituye como problema en la conciencia social, menos aún en la del Estado.
Consecuentemente, la explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes no es motivo de intervención por parte del Estado, de las ONGs, ni de la sociedad en general. Camuflada en el comercio sexual ejercido por las mujeres adultas, la explotación sexual de niñas y adolescentes, se la trata como trabajo sexual y no como explotación sexual comercial infantil.

  • El número aproximado de niñas y adolescentes mujeres en explotación sexual comercial es de alrededor de 5.200, a nivel nacional.

  • En el 90% de locales de comercio sexual (Guayaquil 271 locales; Quito 148 locales y Machala 89 locales) existe al menos una adolescente en explotación sexual comercial.

  • No se han implementado políticas estatales ni locales dirigidas a su prevención y erradicación. En el caso de los Organismos Internacionales y de las ONGs que trabajan en temas de infancia y adolescencia, su intervención es limitada y está vinculada con el abuso sexual y maltrato. Consecuentemente, no existen planes, programas ni proyectos dirigidos, específicamente, a la erradicación de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, por tanto ningún presupuesto destinado exclusivamente al tema.

  • El limitado trabajo existente en torno al tema, carece de coordinación y sinergia interinstitucional.

  • El marco jurídico no tiene suficientes elementos para sancionar y reprimir, como delito, la explotación sexual comercial de menores de edad y sus relacionados.

  • Una distorsionada educación sexual, la vivencia de una sexualidad que irrespeta el propio cuerpo y el de los/as otros/as, el maltrato familiar y el abuso sexual al interior de los hogares, son los factores desencadenantes de la inserción de las niñas y adolescentes en la explotación sexual.

  • La falta de recursos económicos y la casi inexistente capacitación para el trabajo, mantiene a las niñas y adolescentes en la explotación sexual.

  • Las niñas y adolescentes explotadas sexualmente no acceden al cuidado de su salud sexual y reproductiva. Además, por las limitaciones de su edad, se les dificulta el acceso a controles profilácticos en los Centros de Enfermedades de Transmisión Sexual (CETS)

  • El 38% de las niña y adolescentes mujeres han sido abusadas sexualmente por miembros de la familia o cercanos a ella, previa a su inserción en la explotación sexual comercial.

  • Al tener una gran cantidad de relaciones sexuales diarias (el 76% de ellas tiene entre 5 y 55 relaciones sexuales diarias) están extremadamente expuestas a contraer infecciones de transmisión sexual y VIH Sida, pues su conocimiento sobre prevención y uso adecuado de preservativos es muy limitado.

  • El 39% de las niña y adolescentes mujeres explotadas sexualmente que se han embarazado, se han realizado abortos practicados por personal no capacitado y en condiciones inadecuadas.

  • Las niña y adolescentes mujeres explotadas sexualmente están expuestas constantemente al maltrato físico, psicológico y sexual por parte de los explotadores (dueños de locales, “clientes” y “parejas”)

  • La mayoría de las niña y adolescentes mujeres explotadas sexualmente presentan bajísimos niveles de autoestima, problemas de alcoholismo y drogadicción.

  • El 90% de niñas y adolescentes en explotación sexual comercial destinan la mayor parte o todos sus ingresos, a los gastos de sus hogares, no cuentan con el aporte económico de su “pareja” sino en una mínima cantidad, en algunos casos.

  • El 50% de las niñas y adolescentes en explotación sexual comercial tienen, al menos 1 hijo o hija que depende económicamente de ellas.

  • Esta forma de vida no les permite ahorrar dinero para salir de esa condición de niñas y adolescentes en explotación sexual comercial, como ellas plantean, sólo el 65% logra un nivel de ahorro mínimo, que en la mayoría de los casos lo administra su pareja (explotador), es decir, es irreal.

  • El 98% de las niñas y adolescentes en explotación sexual comercial no asisten a clases en ningún centro educativo, lo que permite asegurar que en la explotación sexual comercial, el efecto sobre la educación y preparación para la vida es devastador, siendo causa y efecto a la vez.

  • La explotación sexual comercial de niñas y adolescentes se realiza en locales de comercio sexual para el 85% de las investigadas y para el 15% restante en las calles y plazas de las ciudades.

Por otro lado, en el Ecuador como en todos los países latinoamericanos, el comercio sexual y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, se desarrolla en un marco concreto de condiciones culturales, sociales y económicas que sustentan y alientan su crecimiento.

No existen investigaciones que nos permitan medir la magnitud de las otras formas de explotación sexual comercial, tales como la pornografía infantil vía internet, tráfico de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual comercial, turismo sexual, ni para dimensionar la explotación sexual comercial de niños y adolescentes varones, especialmente en situación de calle.



b. Estado de la Institucionalidad en el tema

Principales Problemas




  • No existe financiamiento para desarrollar planes, programas o proyectos destinados a la restitución de derechos y a la erradicación de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes

  • Las acciones emprendidas por el estado ecuatoriano distan mucho de los compromisos adquiridos en el marco de los convenios internacionales, de lo establecido en la propia constitución de la República y del Código de la Niñez y Adolescencia. Todo parece indicar que los diferentes gobiernos han ratificado los convenios y compromisos internacionales tan solo para “cumplir” con el compromiso

  • El Estado solo ha respondido a este problema mediante la institucionalización y la represión a través del control policial y sanitario.

  • Las pocas acciones realizadas por el estado ecuatoriano han sido encaminadas a revictimizar y a tratar a niños, niñas y adolescentes en explotación sexual comercial como infractores e infractoras.

  • La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes no ha sido tratada como un problema especifico con características propias, sino que ha sido abordado tan solo desde el abuso sexual y el maltrato infantil.

  • La falta de recursos económicos y la dificultad de investigar esta problemática, tema por su carácter clandestino, ilegal y por el riesgo que implica, ha limitado las investigaciones sobre el tema

  • Los organismos internacionales de cooperación no han priorizado nunca esta problemática y en consecuencia nunca han destinado fondos para su visibilización y erradicación.

  • Tanto los Gobiernos Locales cuanto los Consejos Locales de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, ya constituidos en el país, desconocen la problemática y por tanto no realizan ningún tipo de acción orientada a la restitución de derechos y a la erradicación ni contemplan esta problemática en sus políticas locales.


c. Medidas que deben tomarse


  • Capacitación tanto a gobiernos locales cuanto a miembros de los Consejos Locales de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia sobre el tema, con la finalidad de que sean elaboradas y ejecutadas las políticas publicas pertinentes.

  • Campañas de sensibilización y visibilización del problema, a través de medios de comunicación convencionales y alternativos.

  • Impulsar la creación de una red integrada por ONGs, Estado y Organismos Internacionales encaminada a la prevención y erradicación de la explotación sexual de menores de edad.

  • Reformas al marco jurídico que permitan la tipificación de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes como delito y el endurecimiento de penas y sanciones.

  • Incluir en los presupuestos nacionales y locales fondos destinados a la prevención y erradicación de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

  • Comprometer al Ministerio de Educación para la inclusión de temas de sexualidad, salud sexual y reproductiva y autoestima en el currículo educativo de escuelas y colegios.

  • Capacitar y sensibilizar a profesores/as primarios y secundarios, personal del Ministerio de Salud Pública y directivos/as y profesionales de medios de comunicación, en las distintas aristas del problema de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

  • Creación de veedurías ciudadanas que garanticen la protección y el cumplimiento del derecho de los niños, niñas y adolescentes a no ser víctimas de la explotación sexual, bajo los parámetros de los convenios y compromisos adquiridos por el ECUADOR y de la Constitución Política de la República del Ecuador.

  • Elaboración y ejecución de un Plan Nacional para le Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes, compromiso asumido por Ecuador, ante la suscripción de los diferentes tratados internacionales (Convención Sobre los Derechos del Niño, Estocolmo, Yokohama, Montevideo, etc.

  • Elaborar metodologías de intervención específicas para la restitución de derechos, prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.

  • Generar investigaciones relativas tanto a los distintos tipos de explotación sexual comercial, de niñas, niños y adolescentes; cuanto a los diferentes aspectos relacionados con ella: demanda, dimensionamiento de la presencia e involucramiento de niños y adolescentes varones en la explotación sexual comercial; investigaciones orientadas al seguimiento de futuras intervenciones.

PROTECCIÓN ESPECIAL - MALTRATO Y ABUSO SEXUAL, NIÑOS PERDIDOS Y DESAPARECIDOS
a. Informe de situación
En el país, las cifras proporcionadas por el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador – SIISE, 2001, demuestran que:


  • El 20% de los niños y niñas del país han sufrido algún tipo de maltrato por parte de sus profesores

  • El 34% de los niños y niñas afirman que sus profesores los tratan con indiferencia;

  • El 44% de los padres y madres maltratan a sus hijos; uno de cada 10 niños no viven con sus padres biológicos

  • 150.000 niños viven sin uno de sus padres por efectos de la migración,

  • Uno de cada 100 hogares del país ha sufrido la pérdida temporal o definitiva de alguno de sus hijos.

Consideramos que las indicadas cifras no reflejan la verdadera situación del sector infancia y familia que tienen derecho a Protección Especial. Los centros que atienden situaciones de violencia, maltrato y sexual, indican que la demanda de la comunidad por atención es mayor de lo que los datos reflejan.


A nuestro criterio entre los factores que han provocado el deterioro en los servicios de atención a niños, niñas y adolescentes y familias que por sus extremas dificultades tienen derecho a Protección Especial están:


  • La ausencia de una política pública nacional y local que garantice los presupuestos y la concreción de acciones para la continuidad e implementación de servicios especializados que permitan contribuir en la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que sufren situaciones como las descritas.




  • Las políticas de Estado de Descentralización y Desconcentración lejos de agilitar los procesos de gestión en lo local, se centralizan nuevamente como en el caso del INNFA en el que para autorizar la firma de un convenio pasan 6 y hasta 7 meses en los escritorios de las instancias nacionales que no acreditan experiencia en los temas de maltrato, violencia, abuso sexual y niños perdidos y desaparecidos, mientras los niños a los que hay que restituir sus derechos son obligados a esperar la "buena voluntad" y los tiempos burocráticos de esta institución.




  • Se delegan las competencias técnicas y financieras al ámbito local, pero a la vez se anula el derecho a la toma de decisiones, entrega de recursos, procesos de formación y transferencia metodológica para los temas de maltrato, abuso sexual y violencia a niños, niñas y adolescentes maltratados, niños perdidos y desaparecidos en consecuencia estos temas son desconocidos y en algunos casos anulados en este ámbito.




  • Se exige a las organizaciones de la sociedad civil, ejecutoras de programas y servicios de protección especial que reciben financiamiento del estado, sostenibilidad financiera y contrapartes que superen los montos asignados, cuando por una parte las mismas organizaciones del Estado no aseguran estas condiciones y por otra no se reconoce que la capacidad técnica, la credibilidad de la comunidad, las buenas prácticas, la transparencia son elementos que priman en las organizaciones sociales como su valiosa contraparte y que por su parte es el Estado al ser depositario de los fondos fiscales, el responsable del financiamiento de servicios y programas de protección especial.




  • Los fondos públicos que se asignan a las instituciones que trabajan en los temas de maltrato, violencia y abuso sexual, se manejan en un sentido discrecional, porque se los considera como propios, sin permitir la sostenibilidad de los proyectos, toma de decisiones conjuntas, una verdadera alianza entre iguales.




  • Las ampliaciones de cobertura se destinan hacia el ámbito que proporcionan mayor imagen y figuración política, invisibilizando a los niños que requieren Protección Especial porque este sector efectivamente demanda mayores recursos y procesos sostenidos, pues involucran el ámbito de las relaciones familiares y comunitarias de compleja intervención.




  • Durante el último año, se eliminaron presupuestos que estaban destinados a un proyecto preventivo de Participación Comunitaria de Fomento del Buen Trato, el cual tienen como objetivos principales el mejoramiento de las relaciones de los niños con los adultos en los espacios de su vida cotidiana y la construcción de la actoría y ciudadanía de niños, niñas y adolescentes, familia y comunidad, porque las instituciones públicas que manejan fondos del estado, privilegian el asistencialismo y clientelismo como la entrega de suplementos alimenticios, becas, materiales, etc.




  • En los proyectos de atención al maltrato y abuso sexual infantil, Niños Perdidos y Desaparecidos y Niños Privados de su Medio Familiar, implica trabajar para parar el hecho que provocó la violación del derecho, garantizar que este no vuelva a suceder y también en la construcción y reconstrucción de la actoría del niño.




  • Cuando el colectivo de instituciones que trabajan en temas de violencia y maltrato, construye y negocia vigorosamente una propuesta denominada "Centro de Apoyo al Niño y a la Familia"4 con la que se logró asegurar un presupuesto fiscal de $1'000.000,oo, son las instituciones públicas que tienen como responsabilidad la defensa de derechos de los niños, quienes entorpecieron a entrega de los recursos y la concreción de esta propuesta, que promueve la restitución y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que requieren de Protección Especial, situación que se agrava más cuando por incapacidad de gasto del $ 1'000.000" se eliminaron $5'000.000 que estaban registrados en el presupuesto fiscal para el 2004, para la continuidad de la mencionada propuesta.

Como consecuencia de lo anterior:




  • La práctica de las instituciones públicas invalida procesos, en lugar de impulsar acciones de retroalimentación, validación y reformulación en los procesos sostenidos de implementación de sistemas de atención, gestión y monitoreo, construidos colectivamente y con grandes inversiones técnicas, económicas y humanas.

El justificativo que se presenta para realizar los recortes y eliminaciones presupuestarias es que los resultados en relación con las coberturas presentadas por los programas o servicios de atención para niños en situaciones de maltrato y abuso sexual, son menores a las expectativas institucionales " financiadoras " sin reflexionar que estas graves problemáticas requieren de intervenciones especializadas y de largo plazo, que involucran al niño afectado como a todo su entorno familiar y comunitario. (No se trata de entrega de becas o atención masiva)




  • La práctica de las instituciones públicas que se expresa en decidir y organizar su oferta de servicios de acuerdo a las destrezas y concepciones de su personal, directivo y operador y no a los derechos del niño.




  • Los diagnósticos participativos impulsados por los organismos financiadores de los proyectos de protección especial, no contienen variables e indicadores adecuados que permitan recoger información sobre la situación de violencia, maltrato, abandono y abuso sexual.




  • Se diseñan planes estratégicos institucionales en los que la Calidad de los servicios y programas debería ser un principio básico a cumplir, lo que implica asignar recursos y asegurar condiciones básicas de: personal técnico, infraestructura, formación y capacitación para los ejecutores, procesos de fortalecimiento institucional. Sin embargo a la hora planificar y presupuestar son estos justamente los que son reducidos e incluso eliminados.




  • Los mecanismos de exigibilidad deben contar con procesos de Rendición de cuentas que logren visibilizar la inversión social y los resultados de la misma. De esta manera podemos constatar por ejemplo los frecuentes recortes presupuestarios y de cobertura de atención precisamente de los niños, niñas y adolescentes de mayor vulnerabilidad y exclusión social, como atención al maltrato y abuso sexual, niños perdidos y desaparecidos, niños abandonados y drogodependencia.




  • Por otra parte el rol del Consejo Nacional de Protección Integral de Niñez y Adolescencia de vigilar el cumplimiento de las políticas a favor de la infancia, no logra generar hasta la actualidad una auditoría y control de la inversión social y se convierte en cómplice de una cultura institucional de dejar ver y dejar pasar. De esta manera somos reflejo de una gestión de Gobierno.


LA EDUCACION EN EL ECUADOR
a. Estado de situación. Crisis profunda y estructural
En educación, el Estado ecuatoriano tiene una cuenta pendiente. Parecería que nos enfrentamos en contracorriente, no solo ante un mundo global y perversamente competitivo, sino que tenemos que bregar con una política miope, que ni cumple, ni hace, ni deja hacer. Si bien, los esfuerzos para incrementar la cobertura educativa en las últimas décadas han sido importantes, la calidad educativa cada vez es más baja. Incluso, si se pretendiera ser optimista, las reiteradas crisis políticas, sociales y, sobre todo, económicas, no lo permiten ya que, éstas, cada vez, van afectando más el ingreso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en la escuela.
La educación pública en el Ecuador experimenta una crisis profunda y estructural que va de la mano de la crisis del estado y de la sociedad en su conjunto. Apenas el 66.8%5 de la población ha concluido su educación primaria. A medida que la edad se incrementa, decrece su acceso al sistema educativo; así, mientras el acceso al segundo grado de educación básica bordea el 90%, ya para la secundaria es de apenas el 22.6%6. Es decir que, actualmente, a 7 u 8 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas menores de 18 años, no se les ha garantizado su derecho a educarse.
Ni siquiera hemos cumplido con la meta de garantizar, como consta en la Constitución y en los Acuerdos Internacionales, 10 años de educación básica; uno de cada tres niños no llega a completar los seis años de educación primaria; uno de cada cinco niños abandonan la escuela en quinto de básica (cuarto grado); tres de cada diez niños y niñas de séptimo de básica escapa de la escuela; es así como los años de escolaridad de la población es de apenas 7.3 años promedio.
El problema educativo se agrava en las zonas rurales y urbano-marginales. La pobreza, la falta de aulas y profesores, la infraestructura deficiente, la mala calidad de la educación y los paros frecuentes constan como algunas de sus razones. En 1999, 483.851 niños y niñas no se matricularon por razones económicas; cifra que no logra ser reducida significativamente hasta la fecha. Cada año cerca de 100.000 niños y niñas de 5 años de edad no se matriculan en el primer año de educación básica. 746.019 niños y niñas no ingresa a la educación básica.
Educación inicial
“Un país con educación de calidad, garantizará un desarrollo próspero”.
La mejor inversión que puede hacer el estado, es en educación. Lamentablemente, el sistema educativo de nuestro país está atrasado pues la educación inicial prácticamente no existe y los niños y niñas inician su educación a los cinco años de edad.
Los niños y niñas menores de cinco años que viven en ciudades y que dependen de familias con una situación económica y social aceptable, asisten a Centros Educativos particulares en donde desarrollan una serie de actividades educativas que posibilitan su desarrollo y preparación para el ingreso en la escuela. También existe una cantidad muy baja de niños y niñas que se benefician de Centros de Desarrolllo Infantil, mediante programas como el ORI, INNFA y Nuestros Niños. De aproximadamente 1.500.000 niños entre 0 y 5 años, más de 800.000 viven en condiciones de pobreza. El Estado atiende a 220.000 niños.

Cobertura de atención en educación básica.
Del total de la población infantil comprendida entre los 6 y 11 años, el 90,1% de la misma ha sido matriculada en establecimientos educativos, con ello queremos decir que el 9.9% de niños no asisten al año que les corresponde por edad cronológica. El Ecuador ha sido incapaz de avanzar en la universaslización de la educación básica. De los adolescentes de 12 a 17 años, el 44,6% se matricula el año educativo que le corresponde.
De estos niños y niñas matriculados, la promoción al año siguiente varía por grado de escolaridad. Con respecto al primer grado el porcentaje de aprobación total es de 83,5% (sector urbano 84,6%, rural 81,0%); en el sexto grado hay un gran descenso de aprobación pues las cifras indican que el 68,3% aprueban, correspondiendo el porcentaje más bajo al sector rural con el 37,5%, mientras que el sector urbano se ubica en el 79,7%.

*Datos INEC 2001


En cuanto a la población no matriculada y comprendida entre los 6 y 17 años de edad, el 68,6% no lo hace debido a la insuficiencia económica (INEC 2001).
En nuestro país estudiar y culminar con una carrera, se está convirtiendo en algo inalcanzable. Por una parte, el 9.9% de la niñez que ha sido matriculada presenta retrazo escolar, solamente el 44,6% se matricula para la educación secundaria; de ellos la aprobación de los años escolares llega al 68,3%.
En la educación básica nos enfrentamos a dos grandes problemas como son la deserción escolar que según información recogida desde el SIISE (cf.Paladines,1994) aproximadamente a los 10 años de edad abandonan sus estudios el 34% de la población infantil, duplicándose esta cifra en el sector rural. Otra de las dificultades que debemos afrontar es la repetición de los años escolares lo que representa una pérdida de esfuerzos y un desgaste económico para la familia, la sociedad y el Estado.
Gran parte de los niños abandonan sus estudios ya que a temprana edad inician una actividad laboral, estas cifras son mucho mas preocupantes en el área rural ya que los porcentajes son mas altos.
Nivel de instrucción del personal docente
El nivel de profesionalismo y mística de trabajo define la calidad de servicio que se brinda. En Ecuador, un gran número de maestros no ha culminado su formación académica, esto se acentúa mucho más en la educación primaria pues de los maestros que laboran en el sector rural solamente el 33,18% poseen formación profesional. En este mismo nivel el 2,88% de maestros únicamente aprobaron la primaria. Sin desmerecer la alta calidad de algunos maestros, no podemos alejarnos de nuestra realidad, pues el desarrollo educativo está en manos de personal poco capacitado. Penosamente, y especialmente en el medio rural, el “maestro” es la persona que labora de acuerdo a su comodidad, con un promedio de 15 horas de trabajo a la semana.

b. Inversión educativa
Las dos décadas anteriores registran un decrecimiento en la inversión; desde 1981 donde el presupuesto de educación alcanzó un 5.4 % del PIB, ya para el 2000 este monto disminuyó al 1.8%. Para el gobierno, la educación no ha sido prioridad. En el 2003, de su presupuesto total apenas asigna el 11,87% a Educación, y en el 2004 el 12,26%, cifras muy por debajo a lo establecido en la Constitución donde señala que la asignación para este Sector debería ser del 30%. El estado invierte en un alumno de primaria $ 98,4 dólares y del nivel secundario $ 208,9 dólares. Lo que se invierte en la educación de los niños es bajo comparando lo que se invierte en la educación superior.
Positivo, pero aún no halagador, es el incremento registrado entre el 2001 y el 2004, donde se llega de un 2.3 %, a un 2,9% del PIB7; montos todavía insignificantes si los comparamos con el promedio de países como Costa Rica o Chile que invierten por lo menos el 6% del PIB.
c. La Gestión

No solo la desinversión educativa ha generado su respectiva crisis, también lo es la mala calidad y la falta de oportunidad del gasto. Encontramos, para empezar, que “el presupuesto en educación no es expresión de las políticas y necesidades educativas”8, al contrario, responde a las políticas macroeconómicas y de estabilidad fiscal regidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, más que a las prioridades de la cartera de educación que debería ejercer rectoría sobre dichos recursos.

El manejo discrecional y clientelar de los recursos del sistema educativo en todos sus ámbitos y niveles es latente; desde las partidas docentes, hasta la compra de materiales o el pago de servicios. Sumado a ello, los desembolsos retrasados, la duplicación de funciones, y la carencia de sistemas de información y evaluación, caotizan un sistema que, como se dijo antes, no tiene solamente serios problemas en acceso, permanencia y calidad, sino también en sus ámbitos de gestión, administración y organización.

El panorama educativo, muchas veces desalentador, presenta también maestros mal pagados, desmotivados y desvalorados, con un déficit en su capacitación y actualización; asimismo, su politización y constantes paros y conflictos con los gobiernos de turno –medidas muchas veces comprendidas como justas, más no necesariamente aceptadas-; es decir, escenarios que no garantizan, mínimamente, el derecho de niños y niñas a la educación.



d. La valoración social y política

Para analizar el estado actual de la educación, es necesario apreciar la valoración social y política que la educación tiene en la sociedad ecuatoriana la misma la que puede provocar cambios significativos.



El saldo en contra de la temática educativa incluso llega a la más alta esfera de la Política Educativa, su ausencia es frustrante. De allí que la construcción de acuerdos nacionales que rebasen la inestabilidad de las autoridades educativas, la transitoriedad de los gobiernos, deben estar reflejados en acciones efectivas de política educativa, en planes programáticos e intersectoriales, en legislación adecuada y consensuada, que beneficien a sus beneficiarios natos. Niños, niñas y jóvenes gozando, en todo el estricto sentido de la palabra, de una educación de calidad.
Ello, acompañado de mecanismos de participación y control social, lograran que sea la sociedad en su conjunto la generadora de pertinencia y sentido en los aprendizajes, de la efectividad teórica y humana de lo aprendido, ya que la convivencia y el desarrollo no pueden lograrse sino es sobre la base de una educación universal e integral.
Pero por supuesto, es en el aula donde se re-crea lo que ocurre en la sociedad, de allí que no nos asombre el incremento de la violencia entre pares o la persistencia del maltrato y el abuso de maestros y maestras; la escuela en particular, también tiene su saldo en contra en lo que se refiere al respeto de los derechos de estudiantes; de ello, aunque mucho se calle, el mejor informe “no oficial” dan cuenta los propios medios de comunicación.
e. La propuesta
Los niños, niñas y jóvenes, reunidos por la Semana Mundial por el Derecho a la Educación9 presentaron a las autoridades políticas y educativas sus propuestas y demandas:


La educación que queremos, debe ser integral, que pueda armonizar nuestro desarrollo físico, intelectual y afectivo, que nos reconozcan en nuestras particularidades, y que a la vez sintamos que formamos parte de un proyecto de país. Que podamos crecer junto a nuestros profesores, que tengamos igualdad para aprender y participar.
La educación que queremos, es educarnos para la vida, tener herramientas para la convivencia, la tolerancia, para enfrentar problemas, tomar decisiones, vivir nuestros derechos y responsabilidades y que nos motiven a construir nuestro proyecto de vida. Que el sistema educativo nos cree oportunidades para desenvolvernos como personas, profesionales, compañeros, lo primero es que nos reconozcan como personas con derechos e identidad.
La educación que queremos, es formativa, motivacional, donde podamos crear conocimientos, cuestionar y ser críticos, poder participar y decidir. Hacer del proceso educativo una experiencia significativa, agradable, afectiva, que podamos disfrutar de aprender.
La educación que queremos, nos da oportunidades, para poder explorar nuestras propias habilidades, valorar lo que somos y lo que hacemos, aprender construyendo y viviendo, apropiándonos de la educación, sintiéndonos actores, que nos miren con equidad y nos tomen en serio.
Queremos que ningún niño, niña, adolescente o joven se encuentre fuera del sistema educativo. El acceso y permanencia universal deben ser nuestra meta, y que por ninguna razón étnica, cultural, política, económica o social se prive del derecho a la educación de los ecuatorianos y ecuatorianas.



Si piden esto, es porque no encuentran en el sistema actual esta alternativa, es porque aún no se les ha cumplido; es decir, el país, sus políticos y gobernantes, así como tantos otros actores como gobiernos seccionales, ONG, sector privado, entre tantos tenemos una deuda pendiente. En fin, cuánto tiempo más llevará esto de encontrarnos entre jóvenes malabares de su futuro, adultos caminantes de barriga vacía, niños futbolistas de su miseria, o ancianos desmemoriados, invisibles.


Es que no solamente hemos hipotecado el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes ecuatorianos; sino con ello, también el presente y futuro de la nación, el desarrollo de país, el sueño de nuestros abuelos, de nuestras familias, de nosotros mismos.


LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES CON DISCAPACIDADES
a. Informe de Situación
La atención de las personas con discapacidad en el Ecuador se ha caracterizado como otros de los problemas sociales, por ser de baja cobertura y deficiente calidad, asentada básicamente en las acciones del sector privado y en algunas instituciones del sector publico, que parcialmente ha asumido su responsabilidad desde hace unas dos décadas. En efecto la atención de las personas con discapacidad se inicia hace aproximadamente medio siglo por iniciativa de los padres de familia y organizaciones privadas bajo los criterios de caridad y beneficencia a de grupos de personas ciegas y sordas que luego pudieron asociarse.
Es en 1940 que se comienzan a crear por parte del Ministerio de Educación las primeras iniciativas de atención para la niñez con discapacidad. Un hecho fundamental que impulsó este inicio fue la epidemia de poliomielitis en los años 50 del siglo anterior. En la década del 70, gracias al boom petrolero, el sector público desarrolla acciones fundamentales para la atención de este conglomerado en educación, salud y bienestar social y, se dan pasos importantes en el Estado para atender al sector de las discapacidades; en 1977 se expide la actual Ley General de Educación en la que se señala a la educación especial como una responsabilidad del Estado. En 1980 se crea la División Nacional de Rehabilitación en el Ministerio de Salud encargándose de la organización e implementación de los servicios de Rehabilitación Funcional.
Un hecho trascendental en este periodo es la expedición de la Ley de Discapacidades 180 (1992), y la creación del Consejo Nacional de Discapacidades - CONADIS (1993)
En el campo de la normativa el país es uno de los primeros en América que cuenta con un conjunto de normas y disposiciones legales que orientan a casi todas las actividades en materia de discapacidades.
Pese a que contamos con una evolución favorable en este campo, según la investigación efectuada por la Universidad Central en 1996 auspiciada por el CONADIS, señala que en el país existe el 48.9% de personas con algún tipo de deficiencia y el 13.2% con discapacidad. Esto significa que en el país existen 1´600.000 personas con alguna discapacidad, en comparación con las cifras dadas por la OMS (10% de la población), tenemos un 3.2% por sobre el porcentaje mundial y probablemente este porcentaje debe habrá aumentado en la actualidad
En la investigación se encontró que en el país existe el 40% de niños menores de 5 años con alguna deficiencia que puede originar discapacidades. Las deficiencias mas frecuentes encontradas en los niños se refieren a deficiencias psicológicas, del lenguaje, músculo esqueléticas, desfigurativas, viscerales, de la vista y auditivas en ese orden. Las causas más frecuentes de estas deficiencias se señalan en problemas hereditarios y congénitos, accidentes, enfermedades y problemas en el nacimiento.
b. Atención a personas con discapacidad.
Se supone que la atención a las personas con discapacidad, según la ley y el reglamento de prevención, atención e integración, debería ser ejecutada por el Estado con el apoyo de las instituciones privadas,; pero debido a la poca organización y cobertura del sistema estatal las iniciativas que marcan los rumbos las tienen las instituciones privadas .
En el campo de la educación

Existen 129 instituciones educativas especiales de las cuales 65 (50%) son fiscales, 40 (31%) particulares, 18 (14%) fiscoparticulares, 4 (3%) municipales, 2 (2%) fiscomisionales.


De estas 129 instituciones, 70 (55%) atienden varias discapacidades, 32 (25%) atiende a niñez y adolescencia con discapacidad intelectual, 11 (9%) atiende a niñez y adolescencia con discapacidad auditiva; 8 (6%) atiende a discapacidad motriz, 7 (5%) a discapacidad visual. La mayoría están localizados en las grandes ciudades
Atendiendo al cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia con discapacidad, se tiende en el Ecuador a poner en practica la integración educativa, que no es sino educar a niños con discapacidades en las escuelas a las que concurrirían si no tuviesen discapacidades, ofreciendo los servicios de apoyo necesarios a la niñez con discapacidad y sus padres para que puedan desarrollarse en ambientes normales.
Sin embargo se calcula que solo el 2% de la niñez con discapacidad es atendida de esta manera (la población potencial a ser atendida es de aprox. 300.000 niños), esto se debe a la poca preparación brindada a los maestros para la atención de los niños con discapacidad, al desconocimiento general sobre el tema y a la resistencia que el mismo desconocimiento impone.
En el área de la Salud las acciones deben realizarse en prevención de discapacidades, detección oportuna, intervención temprana y rehabilitación médica funcional, psicológica y del lenguaje. Además a esta área concierne la evaluación y calificación de la discapacidad y todo lo que se relaciona con la dotación de ayudas técnicas.
c. El apoyo privado
Como se ha señalado antes, el accionar privado en discapacidades ha sido amplio y decidido desde sus inicios, y es inclusive superior en algunos casos al del Estado. El sector cuenta con 4 federaciones a nivel nacional: La Federación Nacional de Ciegos de Ecuador FENCE, cuya área de trabajo es la discapacidad visual, La Federación Nacional de Sordos de Ecuador FENASEC en el área auditiva, La Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física FENEDIF en las discapacidades físicas y La Federación Ecuatoriana por Atención a la Persona con Deficiencia Menta, Autismo, Parálisis Cerebral y Síndrome de Down FEPAPDEM para discapacidad intelectual.

La Federación de Organizaciones No Gubernamentales es una red que aglutina a 59 organizaciones para desarrollo de programas de asesoría, capacitación, y asistencia a sus miembros, entre otras actividades.


En el análisis de la situación de las discapacidades resaltan las siguientes falencias


  1. Las discapacidades en el Ecuador afectan aproximadamente al 13.2% de la población y tenemos un 3.2% por sobre los promedios poblacionales según la OMS

  2. La incidencia del problema se agudiza sobre todo en sectores urbano marginales y rurales, debido a la relación existente entre discapacidad, condiciones de vida, bajos ingresos, falta de servicios.

  3. Bajo nivel de cobertura de atención a personas con discapacidad dados los escasos servicios de atención e irracional distribución de los mismos

  4. Discriminación en la atención por tipo y grado de discapacidad existiendo una tendencia a la atención de personas con discapacidad física en el área de la salud y discapacidad mental en educación, quedando descubierta la atención a las personas con deficiencias sensoriales ( visual y auditiva), y autismo.

  5. Existe una deficiencia en programas de prevención, las acciones son pocas y desarticuladas, que llegan a un pequeño porcentaje de la población en riesgo. Es decir no existe un verdadero sistema de prevención.


d. Medidas que deben tomarse


  1. Acciones de sensibilización e información a la colectividad para propender a un mejor trato y respeto de los derechos de las personas con discapacidad,

  2. Defensa de derechos de las personas con discapacidad

  3. Subvenciones; becas escolares, de asistencia médica, insumos farmacéuticos a instituciones y organizaciones de y para personas con discapacidad, adquisición de ayudas técnicas, otros elementos indispensables para el desarrollo de las personas con discapacidad y otros servicios sociales.

  4. Desarrollo de servicios especializados para atender discapacidad auditiva y visual

  5. Implementación de programas deportivos y culturales para que las personas con discapacidad puedan acceder a ellos en igualdad de condiciones que las demás personas.

  6. El respeto a las normas de accesibilidad (Eliminación de barreras arquitectónicas y de accesibilidad en general transporte publico, etc.) en coordinación con los Municipios y comunidad en general.

Pese a la problemática que el país enfrenta y la falta de apoyo, se ha logrado que el tema de discapacidad tome una posición en el contexto nacional, intentando insertar el tema en todos los ámbitos y programas del país. Pretendemos consolidar el accionar del campo de las discapacidades en un nuevo paradigma que se basa en la autonomía personal, la inclusión y los derechos humanos, superando las concepciones de paternalismo y beneficencia.


e. Discapacidad infantil
Según los datos que proporciona Prenatal se señala que el 7% de niños y niñas nace con algún tipo de deficiencia, lo que posteriormente puede convertirse en una discapacidad, sumando a ello las discapacidades adquiridas o aquellas que se desarrollan en los primeros meses y años de vida. Las discapacidades que se presentan en mayor número en nuestro país son:
Discapacidades físicas

Discapacidades mentales y psicológicas

Discapacidades visuales

Discapacidades auditivas y de lenguaje


Las condiciones sociales, culturales y económicas influyentes para esta problemática son varias. La pobreza e ignorancia de nuestro pueblo, imposibilita su control, el compartir la vivienda con animales domésticos sin condiciones mínimas de higiene, el contacto con químicos para la fumigación y control de plagas, el procrear hijos de padres con parentescos cercanos, el no consumo de sal yodada, el contagio de enfermedades virales, el ingerir alimentos contaminados con sistecercos arrojan problemas de salud difícilmente superables.
A ello se agrega la inasistencia médica que tienen las mujeres tanto en el periodo de embarazo como en el parto. Se indica, que el 14,9% de las mujeres embarazadas no reciben control médico y el porcentaje de partos atendidos por comadronas o parteras es del 3%, en tanto que el 21,2% paren en su domicilio. ¨*SIISE datos 1999, dato según últimos embarazos en los cinco años anteriores. Otra causa calificada por Prenatal como producente de discapacidad es el abuso sexual, el cual daña psicológicamente al agredido, imposibilitando su desarrollo normal.
Algo muy halagador de citar, es la importancia y valoración que se está dando en los últimos años a las personas con discapacidad. Los tratamientos rehabilitadores, la información a los padres de familia y el apoyo de instituciones y organizaciones comunitarias van permitiendo establecer espacios de reinserción social e incluso la posibilidad de crear o adecuar fuentes de trabajo para ellos. De esta manera cambiamos la dura realidad de muchos casos en los que estos seres humanos se los condenaban a vivir como animales, ya sea encadenados, encerrándolos, excluyéndolos de la sociedad.
El estado oferta servicios generales para las personas con discapacidad, los cuales están dirigidos a personas de toda edad que presenten alguna discapacidad. Este servicio de desarrolla a través del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) mediante el cual se promueven cuatro programas de reinserción en el mercado laboral, seis programas dedicados a defender los derechos de las personas discapacitadas y ocho programas destinados a fortalecer institucionalmente al CONADIS.

Niños, Niñas y Adolescentes en situación de refugio10
a. Estado de situación
El Ecuador tiene tanto el Código de la Niñez y Adolescencia como un decreto que reglamenta el refugio11 que por cierto tienen dificultades en su implementación12. El Código en su rticulado establece el marco legal que brinda una protección integral13 a la niñez y adolescencia en el Ecuador ya sean nacionales o extranjeros14 garantizándoles el goce de una vida digna15 con todo lo que ello con lleva acceso a la nutrición adecuada, salud16, educación de calidad17, vivienda segura e higiénica digna, recreación y juego18. El mismo también establece como sujeto de derecho al niño, niña y adolescentes desde el momento de la concepción hasta los dieciocho años de edad.19
Deja claro además el derecho a la igualdad y no discriminación por causa de nacimiento, nacionalidad, edad o cualquier otra condición y que el Estado garantizará todas la medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación.20 El Código plantea una corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia y se compromete adoptar desde el Estado todas la medidas necesarias para garantizar la plena vigencia y ejercicio de la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes.21
El Código establece la prioridad absoluta que deben tener los niños en la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de los recursos.22 Es dable destacar la claridad del mismo en lo referente al derecho de identidad e identificación y el compromiso por parte del Estado para garantizar el acceso a esto mismo mediante servicio de Registro Civil con procedimientos ágiles, gratuitos y sencillos para la obtención de los documentos de identidad.23 Existe expresa garantía al derecho de la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen24, al igual que la protección frente a tratos crueles y degradantes.25 Se ha establecido dos artículos que por su importancia con el tema que se desarrolla serán reproducidos en su totalidad:
Art.57.- Derecho a protección especial en casos de desastres naturales y conflictos armados.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a protección especial en casos de desastres naturales y de conflictos armados internos o internacionales. Esta protección se expresará, entre otras medidas, en la provisión prioritaria de medios de evacuación de las zonas afectadas, alojamiento, alimentación atención médica y medicinas.

El Estado garantizara el respeto irrestricto de las normas del derecho internacional humanitario en favor de loa niños, niñas y adolescentes a los que se refiere este artículo; y asegurará los recursos, medios y mecanismos para que se reintegren a la vida social con la plenitud de sus derechos y deberes.



Se prohíbe reclutar o permitir reclutar la participación directa de niños, niñas y adolescentes en hostilidades armadas internas e internacionales.
Art. 58.- Derecho de los niños, niñas y adolescentes refugiados.- Los niños, niñas y adolescentes que soliciten o a quienes se les haya concedido el estatuto de refugiado, tienes derecho, a recibir protección humanitaria y la asistencia necesaria para el pleno disfrute de sus derechos. El mismo derecho asiste a sus progenitores y a las personas encargadas de su cuidado.
Es verdad que también impresiona cuando uno visita, entrevista y observa el accionar de los diferentes actores como el Estado Ecuatoriano a través de sus diversos organismos e instituciones, el ACNUR y sus agencias implementadotas como la Pastoral Migratoria , UNICEF y el diferente accionar de las diferentes instituciones involucradas en la temática.
Creo que los niños en la situación de refugio son los más afectados porque ellos tienen que salir con sus padres, huyendo de la violencia, dejando todo. Y muchas veces desconociendo realmente de lo que les pasó y por qué.

Susana Caicedo Valladares, Comité Pro Refugiados26
Los refugiados son personas que han visto a miembros de sus familias o a sus vecinos asesinados, otros han sido amenazados varias veces por grupos armados, y otros han sido secuestrados, violadas, o torturados. Aun en el Ecuador, en las calles de Quito e Ibarra, los refugiados pueden vivir con temor de encontrarse con miembros de los mismos grupos armados que les amenazaron en Colombia.
En Tulcán, mujeres refugiadas entrevistadas, cabezas de familia con varios niños en edad escolar, como no consiguen trabajo se dedican a la prostitución con toda la culpa y estigmatización que eso implica para ellas y sus hijos que cuando en una escuela los niños compañeros de colegio le empieza a decir “tu madre es una prostituta” lo único que la madre puede hacer es cambiarlos de colegio. En otro caso, la mujer que vive en una casa de alquiler realiza un trabajo limpiando el lugar y el pago es en comida, lo cual la mantiene en una situación de servidumbre donde además de sus servicios de limpieza el dueño de la casa también le pide servicios sexuales. La tercera mujer entrevistada, casada, con cinco hijos, el mayor de 12 años y el menor de 6 meses, sobrevive haciendo pasteles que luego vende por la calle mientras que su marido ha tenido que viajar lejos para realizar trabajos que les permitan vivir. En el barrio los niños no tienen amigos porque son rechazados por ser colombianos.27
La discriminación existe en el discurso oficial y en diversos medios periodístico que hablan de la delincuencia traída por los colombianos al país. En entrevista al Director Nacional de Policía de Inmigración del Ecuador realizada en su despacho el día 15 de junio de 2004, el mismo declara “ tenemos desde comienzo del 2000 1,000.000 de inmigrantes colombianos, que han incrementado los cordones de pobreza de nuestro país, abarrotan de los servicios públicos que deberían estar destinados al servicio de ecuatorianos y cuando ingresan en las escuelas amenazan a sus compañeros y docentes lo cual provoca la deserción escolar de los estudiantes ecuatorianos por miedo”.
El acceso a la educación en las provincias de la frontera es alta. La proporción de escuelas unidocentes, es decir que cuentan con un solo profesor es: Imbabura 26.6%, Carchi 31.9%, Esmeraldas 43.0% y Sucumbios 68.3 %. Varios cantones de estas provincias en su mayoría disponen únicamente de este tipo de escuelas, así 31 escuelas (75.6%) del Cantón Putumayo y 28 escuelas (82.4%) de Cuyabeno de la Provincia de Sucumbios son unidocentes; 52 escuelas del Cantón Cotacachi (48.6%) de la Provincia de Imbabura, 37 escuelas del Cantón Eloy Alfaro y 21 del Cantón San Lorenzo (45.7 %) de la Provincia de Esmeraldas son unidocentes28.
Existe, -declara una funcionaria de UNICEF “... una situación general de progresiva vulnerabilidad que perciben los habitantes de la frontera norte, el bajo índice de cumplimiento de los derechos de la, niñez, las debilidades del sistema educativo y la prevalencia de patrones de crianza violentos en las relaciones intrafamiliares, se relacionan con los bajos niveles de escolaridad de los padres, con la violencia que ellos experimentaron cuando fueron niños y con la permisividad y tolerancia con la que responden las autoridades frente a estas prácticas. La edad escolar, en el país, es la época en la que mayor castigo reciben los niños y niñas, particularmente en la Sierra y Amazonía. Sumados al castigo frecuente y a las prácticas mal tratantes dentro de la familia, caben destacar las situaciones de explotación laboral a las que están expuestos niños, niñas y adolescentes en la zona de la frontera”.
En el caso de Imbabura, el INNFA registra trabajo infantil en las plantaciones de zafra así como en las palmicultoras en Esmeraldas. Las dos actividades son de tipo industrial y los niños y adolescentes laboran en grupos con sus padres Los ingresos se destinan para alimentación y educación. En estos dos casos, las empresas palmicultoras y cañicultoras, no respetan las condiciones establecidas en la legislación vigente que prohíbe el trabajo de menores de 15 años y norma el trabajo de mayores de 15 para asegurar la escolarización, jornadas de seis horas máximo, remuneraciones y beneficios laborales establecidos. Asimismo la Pastoral Migratoria de Tulcán confirma que al menos el 15% de los menores de hasta 14 años, refugiados o solicitantes de refugio trabajan junto con sus padres en la recolección de papas, a los mismos se les abona lo mismo que a un adulto tres dólares diarios.
Las dos provincias carecen de los mecanismos dispuestos en las normas estipuladas en el sistema de inspección y monitoreo del trabajo infantil29 En el caso de Esmeraldas predominan las ocupaciones relacionadas con las tareas domésticas, la extracción de conchas y el trabajo como jornaleros y agricultores30 Es interesante destacar que en el caso de los niños y niñas el trabajo doméstico es una actividad que la realiza por igual hombres y mujeres. En las provincias de frontera predominan las actividades agrícolas y de pesca. Los niños se suman al trabajo que realizan sus padres en detrimento al ejercicio del derecho a la educación. Cada actividad laboral que realizan tiene sus propias características productivas y por lo tanto riesgos determinados.
La ausencia de garantías en la política social y en las medidas administrativas de las instituciones para asegurar los derechos humanos de los niños y adolescentes, en la zona de, la frontera norte, reflejan que el cuidado de los niños de 0 a 5 años es deficiente31y sus derechos a la vida, a la nutrición ya la estimulación cognitiva se ven severamente afectados, lo que tendrá impactos futuros en la inserción y permanencia escolar y en la exposición al trabajo infantil y otras formas de explotación.
Los niños migrantes colombianos enfrentan las mismas restricciones de acceso y de calidad de los servicios sociales básicos que aquellos que enfrentan los niños ecuatorianos. Uno de los problemas frecuentes es la falta de registro de nacimientos de los niños colombianos en la zona de frontera, lo que dificulta la promoción escolar y el ejercicio de otros derechos, así como la vulneración del derecho al nombre y la nacionalidad que están protegidos por igual parta todos los niños y niñas residentes en territorio ecuatoriano.32
Si bien está garantizado para los niños que solicitan refugio el acceso formal a las escuelas no tienen ningún tipo de apoyo educativo porque ningún de los Centros de atención a refugiados posee programas de nivelación y en la escuela hay una exigencia de aportes para diferentes tareas extra escolares como paseos, regalos donde a los padres refugiados se les hace imposible poder aportar. “Por más que luego de un año de escuela los niños refugiados colombianos finalmente se integran y logran tener amigos, siguen estando marginados de todas las actividades que hacen a su socialización e integración por su absoluta imposibilidad económica.” Entrevista a docente de Tulcán Yolanda Rodríguez de la Escuela Cristóbal Colon.
La atención de la salud en las provincias de Sucumbios, Carchi, Esmeralda e Imbabura poseen serias limitaciones en cuanto a la cobertura y calidad de los servicios de salud, particularmente en la Provincia de Sucumbios33. Pese a sus limitaciones estos servicios están abiertos teóricamente a los colombianos sean migrantes en general o que tengan el estatus de refugiados, pero en la realidad desde el nivel del gobierno central se envíen disposiciones a los funcionarios locales que desorientan, o funcionarios locales por desconocimiento y propia iniciativa deciden no atender a la población colombiana o realizar cobros a los usuarios. Debemos mencionar que, por ejemplo, la Ley de Maternidad Gratuita no tiene directrices para la atención de población inmigrante o refugiada, lo cual de hace que la atención quede supeditada al criterio de humanidad del responsable del centro de salud.
En el caso de Ibarra y Tulcán existe entre la pastoral Migratoria y Centros de salud convenios que garantizan a los solicitantes de refugio o refugiados el ser atendidos, el problema se presenta muchas veces cuando quieren acceder, por ejemplo, al Hospital de Tulcán solo son atendidos si vienen derivados expresamente por el personal de la Oficina de Pastoral Migratoria. “Yo o mis hijos nos tenemos que enfermar de lunes a viernes en horario de la Oficina de la Pastoral de 8:30 a 18:00 porque si lo hacemos después de ese horario o en fin de semana en el Hospital no somos atendidos, cualquiera sea el estado de salud”. Inés, mujer refugiada colombiana en Tulcán, madre de cinco niños.
En el aspecto nutricional solo hay una Guardería en Ibarra que mediante un convenio especial entre GTZ, Catholic Relif Services y la Pastoral Migratoria, financiaron el apoyo nutricional y asistencia psicológica a los niños y que termina en junio del 2004. Aparte de este convenio no existe ningún otro en el tema nutricional.
En cuanto al apoyo Psicológico es solo limitado para aquellos que lo solicitan y ésta solicitud solo se da en casos muy extremos. Existe ahora una psicóloga que atiende tanto a adultos como a niños en Ibarra y en Tulcán. El financiamiento de ésta técnica vence próximamente por lo que el trabajo comenzado, de no obtenerse más financiamiento, quedará en la nada. En Quito a partir del 2004, en el Comité Pro Refugiados, se brinda asistencia psicológica a niños que lo soliciten y es brindado por pasantes estadounidenses.
b. Explotación sexual
La Explotación sexual en la zona de frontera, particularmente en Sucumbios, es animada por la presencia de trabajadores petroleros y militares, según refieren organizaciones de la zona, así como en Esmeraldas por la presencia del turismo. Según datos del CEMOPLAF, en el caso de Sucumbíos, en el año 2003, 400 mujeres trabajadoras sexuales se habían realizado controles de profilaxis. Esta organización estima que el 50% de trabajadoras sexuales son adolescentes, mujeres explotadas sexualmente y que el número de adolescentes y mujeres colombianas ha aumentado muchas más. Muchas de ellas pueden haber sido -refiere Erika Guevara en entrevista realizada el día 1 de Junio del 2004 en la sede del ACNUR Quito- “explotadas sexualmente por la guerrilla en Colombia y luego al cruzar las fronteras en busca de una mejor calidad de vida , la única opción que encuentran es la del trabajo sexual porque su autoestima está sumamente deteriorada y esta actividad les da “cierta seguridad económica”. En cuatro casos, según Erika Guevara, ha conocido adolescentes explotadas sexualmente que han solicitado refugio pero solo en un caso, ella tiene la certeza, se le otorgó la calidad de tal. Oficiales de ACNUR y UNICEF, comentaron en las respectivas entrevistas el horror de la explotación sexual a menores de edad, pero en ningún caso refirieron acciones en pro de cambiar esta situación.
El derecho a la libertad es permanentemente vulnerado, “Hemos tenido algunos problemas porque desafortunadamente en las oficinas de provincia no existe una oficina que pueda otorgar el documento inmediatamente y muchas personas tienen que esperar algunos meses para poder obtener este documento entonces la gente sufre de detenciones por parte de las autoridades migratorias, afortunadamente hemos logrado tener algún tipo de relación directa con las autoridades migratorias entonces cuando una persona es detenida y dice ser solicitante de refugio ellos nos consultan y nosotros les pedimos a la cancillería para que emita un certificado y esas personas son liberadas. Lo que nos preocupa es que algunas personas no manifiestan que son solicitantes de refugio por temor o ignorancia entonces están siendo deportadas por falta del documento temporal; no sabemos, ni en cantidad que es lo que está sucediendo en la realidad, no hay ninguna manera de monitorear ese tipo de situaciones, entonces los que se estaba intentando hacer con el gobierno es volver efectivos todos los procedimientos de registro y documentación para que las personas no estén vulnerables frente a las otras autoridades que no están reconociendo su estatus porque no tienen una prueba que es el documento temporal.” 34
En el caso específico de los menores de edad, son privados de libertad en innumerables ocasiones por el mero “delito” de ser colombianos indocumentados. Solo a modo de ejemplo por los datos brindados por el Lic. Luis Estévez, Director del Centro de Detención de Adolescentes Infractores de Imbabura, desde el 1 de Enero del 2004 al 11 de Junio del 2004 han sido detenidos y privados de libertad 15 colombianos menores de 18 años, 11 varones y 4 mujeres. En nueve de los casos la imputación fue “indocumentados”(seis casos) y “permanencia ilegal” (tres de los casos). Los demás son por escándalo público en tres de ellos, tentativa de robo, tenencia de droga y robo.
Estos datos reflejan que existe una arbitrariedad por parte de las autoridades policiales respecto de las detenciones a solicitantes de refugio donde los menores de edad son detenidos por el hecho de estar indocumentados, toda vez que esta calidad no es aplicable a los menores de edad.




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