El paso del Servicio Judicial de Menores a la Función Judicial



Descargar 1.39 Mb.
Página1/14
Fecha de conversión26.03.2018
Tamaño1.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

INTRODUCCION
El Comité de los Derechos del Niño examinó en septiembre de 1998 el primer Informe Oficial presentado por el Ecuador con relación al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de nuestro país. El Comité acogió con beneplácito la promulgación de la nueva Constitución del Ecuador en la cual se “constitucionalizaron” los derechos de la niñez y adolescencia y se establecieron claras medidas para su cumplimiento:


  • La organización del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia.

  • La participación activa de los gobiernos seccionales en la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia.

  • El paso del Servicio Judicial de Menores a la Función Judicial.

El Comité consideró que el fenómeno de “El Niño”, la pobreza, los ajustes estructurales y la deuda externa han incidido gravemente en la aplicación de la Convención.


Sobre esta base, el Comité expresó sus preocupaciones y recomendaciones al Estado ecuatoriano.
Entre las más importantes, el Comité recomendó lo siguiente:


  • La necesidad de proteger a los niños de la pobreza.

  • Una plena armonización de la legislación nacional con las disposiciones de la Convención.

  • Una adecuada coordinación entre las entidades gubernamentales que se ocupan de la niñez y adolescencia a nivel nacional y local.

  • Que se difundan ampliamente en la población tanto el Informe Oficial como las recomendaciones del Comité.

  • Que se realicen estudios y se desarrollen políticas para proteger a los niños del tráfico de niños.

  • Que se cree un sistema de información adecuado para poder realizar una evaluación de los progresos realizados en el cumplimiento de sus derechos.

  • Que se cumpla plenamente el Artículo 4 de la Convención y se proteja la inversión social. Que se prevean las asignaciones presupuestarias necesarias para la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales.

  • Reforzar la difusión de la Convención e impulsar procesos de capacitación a los diversos sectores estatales.

  • La necesidad de tomar medidas para superar las disparidades existentes entre las zonas rurales y urbanas y la existencia de discriminación basada en el origen étnico, el sexo, la condición social y las discapacidades.

  • La necesidad de que los principios generales del “interés superior del niño” y el respeto a sus opiniones se apliquen plenamente y se integren en las políticas y programas del Estado.

  • La necesidad de tomar medidas frente a la afirmación expresada en el Informe Oficial de que “el maltrato infantil es una práctica culturalmente aceptada y justificada” y expresa su preocupación por la insuficiencia de recursos humanos y financieros para combatir los malos tratos.

  • La necesidad de eliminar las formas más peligrosas de trabajo infantil.

  • La necesidad de asignar recursos necesarios para combatir la mortalidad infantil, la malnutrición, las altas tasas de mortalidad materna y las dificultades del acceso a los servicios de salud.

  • La necesidad de realizar estudios sobre los problemas de la salud de los adolescentes debido a la alta tasa de embarazos, la incidencia de los suicidios, la insuficiencia de acceso a sistemas de asesoramiento y educación sobre la salud reproductiva y el abuso de sustancias.

  • Que se realicen estudios y se desarrollen políticas para proteger a los niños de la explotación sexual

  • Lograr la plena compatibilidad del sistema de justicia de menores con la Convención.

  • La necesidad de proteger a los niños refugiados.

Las Observaciones y Recomendaciones del Comité fueron publicadas por el Foro por la Niñez y Adolescencia con ocasión del Décimo Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño (1999). El Informe Oficial desconoce este punto y no indica la nula difusión que han tenido estas recomendaciones por parte de los diferentes gobiernos del Ecuador lo que ha llevado a que muchas de estas propuestas no sean conocidas ni tomadas en cuenta de una manera responsable por los organismos públicos y privadas a los cuales estaban orientadas estas observaciones . Es importante que el Comité llame al Estado ecuatoriano a que considere de una manera más responsable las observaciones que realiza este alto organismo de las Naciones Unidas y las difunda de manera amplia entre todos los organismos.


Por este motivo, el documento que entregamos al Comité se centra en informar sobre cinco puntos que fueron su preocupación en su informe de 1998 con el fin de establecer si el Ecuador ha realizado los esfuerzos requeridos para mejorar su nivel de cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.


  1. La situación de los derechos de la niñez y adolescencia.

  2. La inversión social en el Ecuador y los programas prioritarios, recomendación prioritaria del Comité.

  3. La situación actual de ciertos temas críticos que fueron planteados por el Comité en 1998.

  4. Estado de la nueva institucionalidad planteada por la Constitución y el Código de la Niñez y Adolescencia.

  5. Conclusiones y recomendaciones


SITUACIÓN GENERAL
El Ecuador reporta exclusión social, un incremento en las brechas en la distribución del ingreso, la destrucción del medio ambiente, una pobre incorporación del progreso científico y tecnológico, lo que limita el desarrollo de sus recursos humanos y sociales, un incremento del desempleo y subempleo, una pérdida de los derechos laborales y sociales y una crisis recurrente de las economías de los hogares.
El 68% de niños y niñas en el Ecuador (3.5 millones) viven en hogares pobres. Esta condición es mucho más grave en las zonas rurales (zonas indígenas y negras, especialmente) y en la amazonía donde alcanzan cifras del 83% y 82%, respectivamente. La desprotección afectiva y material de los hogares pobres se caracteriza por el autoempleo y la desestructuración familiar que provocan una condición de pobreza generacional elevada. La deuda pública sigue representando una pesada carga para todos los ecuatorianos. Aproximadamente el 35% del presupuesto nacional se destina al pago de la deuda externa e interna y su pago tiene la más alta prioridad en la agenda política de los gobiernos, restringiendo severamente la inversión socia necesaria para el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia y de todo el pueblo ecuatoriano.
A pesar de los avances logrados en la aprobación de un marco legar que regula las responsabilidades del gobierno nacional, los gobiernos locales y el conjunto de la sociedad a favor de la niñez y adolescencia, el gobierno nacional se encuentra en una situación de grave desgaste e inestabilidad, acusado de corrupción e incapacidad y no ha logrado responder a las expectativas generales de la población. A la falta de consistencia en las políticas sociales, solo ha respondido con mayor inestabilidad1. El movimiento indígena y los movimientos sociales –que fueron sus aliados durante la campaña electoral- ahora exigen la dimisión del gobierno. Las prioridades del país, entonces, son coyunturales y están definidas por la marcha de acontecimientos –y escándalos- políticos en lugar de responder a las demandas de la mayoría de la población.
En la mayoría de los Municipios, se presentan contradicciones en la planificación estratégica. Se priorizan proyectos a corto plazo y no se atienden problemas estructurales. Hay muy poca importancia al ámbito económico-productivo y social en todos los planes. Apenas el 30% de los planes han considerado como ejes trasversales los temas de género y ambiente y la niñez y adolescencia casi no aparece a pesar de que desde agosto de 1998 hay una nueva Constitución que establece claros mandatos para los gobiernos seccionales con relación a los niños. Sólo en 52 de los 219 municipios se han elaborado planes de desarrollo, con un evidente énfasis de los planes en aspectos de infraestructura y los mandatos constitucionales y legales sobre niñez y adolescencia han sido asumidos con mucha debilidad por la mayoría de municipios, aunque hay que reconocer que un grupo reducido de éstos han iniciado procesos importantes para dar cumplimiento a las obligaciones políticas y legales que tienen.
La participación de la sociedad civil en la definición de prioridades nacionales y locales en general es limitada. En el nivel local, la participación se concentra en el proceso de diagnóstico. No se ha logrado visibilizar la potencialidad y cambio político que podría darse con la participación social en la presupuestación participativa y en la vigilancia y control social.
Existe todavía una débil presencia y participación de la niñez y adolescencia en la toma de decisiones en el ámbito familiar, comunitario, social y político; así como la desinformación de sus derechos, y los mecanismos para ejercerlos y exigirlos; conjugado a la poca o ninguna participación de los adultos, ha proyectado niñas, niños y adolescentes inseguros de ejercer y exigir plenamente sus derechos, en una sociedad que los ignora y afecta constantemente.
En el Ecuador, es preciso fortalecer, un proceso de movilización social, sensibilización pública y consulta a niños /as y adolescentes, para asegurar la elaboración, definición y ejecución de proyectos, propuestas y planes de acción que impulse el ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia, así como los mecanismos para su exigibilidad y vigilancia.
En la década de los noventa la participación directa de niñas, niños y adolescentes en el Ecuador ha merecido mucha atención por parte de las organizaciones que trabajan en el área de niñez y adolescencia. Las experiencias de participación desarrolladas con este grupo de población han aportado para consolidar el ejercicio de su ciudadanía. Se han realizado talleres, encuentros, asambleas en las cuales los niños, niñas y adolescentes (NNA) han sido los protagonistas. Estas actividades ejecutadas han permitido que se conforme el Equipo Promotor del Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, la constitución de los Gobiernos Estudiantiles, la estructuración de Consejos Consultivos de la Niñez y Adolescencia, Asambleas Nacionales de Niños, Niñas y Adolescentes, Parlamento de la Niñez Indígena, Liceo de Lideres, Cabildos de Niños, etc. y hoy se esté organizando la II Consulta Nacional a los Niños, Niñas y Adolescentes, en 70 cantones del país.

Hay que resaltar en este sentido acciones significativas como las primeras elecciones infantiles realizadas en 1990 en las que participaron 190.000 niños. En la I Consulta Nacional a Niños, Niñas y Adolescentes, en 1996, (información que no se expresa en el Informe Oficial) donde participaron más de 480.000 niños, niñas y adolescentes, entre 6-14 años, se pudo identificar claramente la situación de pobreza, maltrato y falta de participación en la que viven; los NNA han tenido un importante papel en el proceso de consulta y aprobación del nuevo Código de la Niñez y Adolescencia, en la elaboración del Acuerdo Nacional por la Niñez y Adolescencia, en la discusión de la Ley de Educación y en la elaboración del Plan de Acción. Los niños, niñas y adolescentes está tratando de adquirir una mayor actoría social y sus demandas progresivamente son reconocidas de una manera más amplia. Estas iniciativas han provocado cambios en la vida cotidiana de los niños, al interior de sus familias, escuelas y comunidades. En el Ecuador, producto de una demanda permanente de la sociedad civil organizada, está reconocida la participación de los NNA en varios temas de la vida nacional.


El Ecuador cuenta desde enero del 2003 con un nuevo marco legal, el Código de la Niñez y Adolescencia, alineado con la Convención sobre los Derechos del Niño y que, congruente con la Constitución Política Ecuatoriana, promueve la organización y funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. El ejercicio y garantía de todos los derechos para todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, supone que funcionen de manera integrada en el nivel nacional y municipal, los componentes de definición de políticas, de redes de atención, los mecanismos de exigibilidad y de participación de niños /as y adolescentes. El funcionamiento de estos componentes es responsabilidad tanto de los organismos gubernamentales como de las organizaciones de la sociedad civil.
Las organizaciones por los derechos humanos de los NNA han logrado, a través de grandes esfuerzos colectivos, conquistas muy significativas: reformas constitucionales, nuevo Código de la Niñez y Adolescencia, la constitución de los Comités de Gestión Local por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, la participación en la elaboración del Plan Decenal, la conformación del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, la construcción de varios Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia y Consejos Consultivos de la Niñez y Adolescencia, etc. Las iniciativas tomadas desde la sociedad civil han sido claves y decisivas para la consecución de algunos de los grandes logros obtenidos en los últimos años.

Así mismo, este grupo importante de personas y organizaciones están impulsando la existencia de un gran Movimiento por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que integre a nuevos actores, con el objetivo de conseguir una variación sustancial en la visión que el Estado y la sociedad tienen sobre los/as niños/as y los/as adolescentes.


En el mes de septiembre del año 2003, durante el Encuentro Nacional de Niñez y Adolescencia, se eligió al “equipo promotor del Movimiento Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes” espacio que pretende ser representativo y lograr espacios para la reflexión, análisis y participación de todas y todos sus representados; así como para la vigilancia, y exigibilidad de sus derechos en el país. Veintidós niños, niñas y adolescentes fueron elegidos para que elaboren y desarrollen propuestas y acciones para el cumplimiento y aplicación de las leyes en su beneficio.
En el mes de mayo de 2004, a propósito de la consulta efectuada a más de 500 niños /as y adolescentes en varios cantones, sobre el contenido del Plan Decenal de Protección Integral, diseñado por la Secretaria Técnica del Frente Social y un comité integrado por 15 instituciones especializadas en niñez y adolescencia, delegados de estos niños se reunieron en el Encuentro Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes y decidió impulsar procesos locales y nacional de abogacía por sus derechos, y para lograr la máxima prioridad en las agendas de instituciones de gobierno y de la sociedad civil. Si bien el compromiso del Ecuador era contar con un Plan de Acción para finales del año 2003, en septiembre de 2004 todavía no existe un documento aprobado por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. El Ecuador tiene un retrazo de 9 meses en el cumplimiento de su compromiso con los NNA.

LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
Lamentablemente, el Ecuador, no ha logrado definir una agenda destinada a superar la grave situación que afecta los derechos de sus niños, niñas y adolescentes. La protección integral a los/as niños/ as y adolescentes no constituye prioridad en las agendas del gobierno nacional o de gobiernos locales. La limitada participación de la niñez y adolescencia en temas, situaciones y toma de decisiones que los afecta directamente tiene que ver con la actitud de las y los adultos que desconocen sus capacidades, aptitudes y perspectivas; la mayoría esperan de ellos comportamientos y respuestas desde su visión “adulta” muchas de las veces sesgada y punitiva.
En el Ecuador, todavía no se ha logrado que la niñez sea vista y entendida como un eje central en el desarrollo del país. Es necesario cambiar el imaginario colectivo que considera, desde tiempos de la República, que son las Primeras Damas, las comunidades religiosas, los patronatos y las reinas de belleza las responsables del cuidado de la niñez y adolescencia. pues nunca han existido verdaderas políticas sociales orientadas a la niñez y adolescencia, a parte de insuficientes políticas sectoriales en educación, salud y protección. Para esto es necesario superar importantes limitaciones teóricas y técnicas a fin de lograr la incorporación del enfoque de derechos en la construcción de las políticas públicas y fortalecer la importancia de invertir en la niñez y que estos recursos sean considerados como una inversión y no como un gasto. La niñez y adolescencia debe constituirse en un centro de convergencia para las acciones políticas y sociales que generan consenso y solidaridad.
La lucha por los derechos de los niños es una responsabilidad de todos. Quedó atrás la idea de que trabajar por los niños era un problema de compasión y misericordia, Hoy es claro que trabajar por los niños, desde un enfoque de derechos, representa actuar por las bases genéticas, históricas, económicas y culturales de un país. Sin niños sanos, educados y con sus sonrisas llenando las calles, plazas, parques, no hay futuro alguno para el Ecuador.
La construcción de objetivos nacionales en favor de los niños, nos permitirá construir y empujar de manera coherente y coordinada la elaboración y ejecución de políticas públicas, de Estado y la estructuración de una nueva institucionalidad capaz de garantizar sus derechos. El presente siglo debe implicar la concreción en las políticas públicas de los principios establecidos en la Constitución del Ecuador: niño ciudadano y niño prioridad nacional.
Los importantes procesos de reformas legislativas (la Convención, la Constitución y la construcción colectiva del nuevo Código de la Niñez y Adolescencia) han comenzando a influir en los contenidos de las políticas publicas, en la construcción de un institucional adecuada que haga posible la exigibilidad de los derechos y en el comportamiento político de autoridades nacionales y seccionales.
Esperamos que la elaboración de la Política Nacional de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción nos permita imaginar una sociedad en la que todos los derechos establecidos en la Constitución del Ecuador, Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y Adolescencia se cumplan a plenitud y podamos pensar en una sociedad con una estructura social y económica distinta y con una nueva institucionalidad global, articulada y coherente que pueda garantizar sus derechos.
Hay que rescatar el reconocimiento que hace la nueva Constitución del Ecuador a los niños como ciudadanos y el mandato de reforma del Estado para la creación del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral, presente en el contenido de las nuevas leyes para niños, niñas y adolescentes en América Latina.
El pensar en un país justo y digno para todos sus habitantes en el cual los niños puedan crecer y desarrollar todas sus cualidades, debe convertirse en una fuerza movilizadora para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. No queremos un país en el cual existan pocos derechos para muchos niños y muchos derechos para pocos niños; queremos un país que garantice a todos los niños y niñas todos sus derechos.
La Constitución del Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia y los Convenios internacionales suscritos por nuestro país están a favor de los niños. La ley debe ser un mecanismo adecuado y afectivo para garantizar sus derechos. El Estado ecuatoriano debe estar dispuesto a cumplir con la palabra empeñada a los niños, niñas y adolescentes.
Desde un enfoque de derechos, se debe movilizar a la sociedad ecuatoriana detrás de un proyecto de país que garantice el desarrollo para todos, la democracia para todos, la participación para todos. Antes, las políticas se elaboraban en base a las necesidades y la buena voluntad de los gobernantes. Ahora, las políticas deben elaborarse con un enfoque de derechos y sus correspondientes mecanismos de exigibilidad. Debemos terminar con el clientelismo, el paternalismo, la beneficencia, y, en un proceso creciente de ciudadanía, dar paso a la construcción colectiva de un país renovado. Sentimos que la pobreza en el Ecuador, la creciente desigualdad, la corrupción y la violencia, con todas las consecuencias que estas acarrean para los niños y niñas representan el peor peligro para el futuro del Ecuador, para su desarrollo y para su democracia.
La deficiente educación; la persistencia de la desnutrición; la mala atención en salud; el aumento del trabajo infantil y de la violencia y explotación sexual; las debilidades de la administración de justicia para la niñez y adolescencia; la discriminación de los niñas y niños por su condición social, nacional y étnica; la existencia de miles de niños sin identidad; la existencia de niños y niñas atrapados en las drogas; la existencia de niños y niñas lanzados a la calle; la existencia de niños refugiados por la violencia armada en Colombia; y, la falta de visibilidad de la importancia de la primera edad, son problemas que requieren del mayor esfuerzo posible.

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA DEL ECUADOR
El Ecuador, según el último censo (2001), tiene una población total de 12.156.608 habitantes, de los cuales 3.514.058 son niños y niñas, y 1.537.030 adolescentes, esto es 5.051.088 personas menores de 18 años, que representan el 41,55% de la población total. Se puede decir que nuestra población es relativamente joven.
Cuadro 1

Población ecuatoriana por Grupos de Edad

Grupo de edad

Número

Porcentaje

0 a 12 años

3.514.058

28,91%

13 a 18 años

1.537.030

12,64%

19 años y más

7.105.520

58,45%

TOTAL

12.156.608

100,00%

*Datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2001. INEC.
De los 5.051.088 niños, niñas y adolescentes ecuatorianos, 2.891.576 viven en el sector urbano y 2.159.512 en el sector rural. Como podemos observar en el Cuadro 2, en términos proporcionales, la población joven del sector rural es mayor que la del sector urbano, de ahí la importancia que el Gobierno debe brindar a este sector, considerando que es el más vulnerable.
LA POBREZA EN EL ECUADOR
Existen diferentes mediciones de la pobreza. La citada en este informe es aquella relacionada con las necesidades básicas insatisfechas de acuerdo a la metodología recomendada por la reunión de expertos gubernamentales en Encuestas de Hogares, Empleo y Pobreza de la Comunidad Andina.

En la Revista Indice, No. 5, publicada por la Secretaría Técnica del Frente Social del Ecuador, referente al indicador de pobreza según necesidades básicas insatisfechas –NBI- se dice: “ Se considera pobre a una persona si pertenece a un hogar que presenta carencias persistentes en la satisfacción de sus necesidades básicas incluyendo vivienda, salud, educación y empleo.”


El porcentaje de pobres según necesidades básicas insatisfechas –NBI-, a nivel nacional, fue del 61,3% en el año 2001. Con relación a la niñez y adolescencia, las condiciones de pobreza son más marcadas pues siete de cada diez niños menores de 10 años son pobres. Casi 7 de cada 10 niños y niñas ecuatorianos vive en hogares pobres (NBI). El 8% de los niños y niñas corresponden a hogares en los cuales sus padres han debido migrar por la falta de empleo. Casi 3 de cada 10 niños y niñas vive en hogares que recibe un bono subvencionado por el Estado denominado Bono de la pobreza (de desarrollo humano, según el gobierno).
La pobreza se acentúa más en el área rural. Cuatro de cada diez personas son pobres en el área urbana y ocho de cada diez personas en el área rural. En cuanto a la autodefinición étnica de los jefes de hogares, nueve de cada diez indígenas y ocho de cada diez negros son pobres, en tanto que cinco de cada diez personas autocalificadas como blancos son pobres,

En contraste, mientras el 10% más pobre de los ecuatorianos recibe apenas el 1.5% de la riqueza nacional, el 10% más rico, se apropia del 46%. Si enfocamos esta desigualdad desde el lado del consumo, el 10% ,más rico consume el 27% mientras el 10% más pobre apenas consume el 2.6%. Una de las medidas fundamentales para contrarrestar la pobreza, debería ser la existencia de servicios sociales básicos, dirigidos especialmente a la niñez y adolescencia.


De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos (INEC, 2003-2004), que establece el gasto mensual para una familia de 4 personas, la línea de pobreza en el Ecuador está en $316 ($79 por persona al mes) y la línea de indigencia está en $156 ($39 por persona mes). Si se establece una línea de extrema pobreza a nivel urbano del 9% para fines del 2003, podemos hablar de la existencia de aproximadamente 280.000 niños, niñas y adolescentes viviendo en la absoluta pobreza en las ciudades del Ecuador
The State of the Rights of

Children and Adolescents in Ecuador 2003





Compartir con tus amigos:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad