Eje temático: Políticas Públicas y Marco Legal proyecto de extension autores



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PROYECTO DE EXTENSION

AUTORES:

Maidana, Silvana – DNI N° 26.804.304 – Abogada y Mediadora – Jefa del Departamento de Mediación Comunitaria del Ministerio de DD HH y Justicia – correo electrónico: maidana.silvana@hotmail.com

Mercado, Verónica – DNI Nº 27.681.881 – Estudios Secundarios - Mediadora – Trabaja en el Departamento de Mediación Extrajudicial, Ministerio de DD HH y Justicia – correo electrónico: verodeblanco@gmail.com

PALABRAS CLAVES: ACCESO A LA JUSTICIA – ACCESIBILIDAD E INCLUSION – POLITICAS PUBLICAS

SERVICIOS INCLUSIVOS PARA PERSONAS SORDAS

Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de Salta

Organismo del Gobierno de la Provincia de Salta

COMPETENCIA

Compete al Ministro de Derechos Humanos y Justicia asistir al Gobernador en todo lo concerniente a las políticas referidas a los Derechos Humanos consagrados en los Tratados Internacionales, la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, y en las relaciones con el Poder Judicial y el Ministerio Público y en especial:



  • Entender en la elaboración o modificación de normas o programas vinculados a los Derechos Humanos así como realizar los estudios necesarios para recomendar modificaciones o el dictado de nuevos preceptos.

  • Entender en la promoción de la igualdad de derechos y de oportunidades de todos los habitantes, en el marco del respeto por la diversidad.

  • Entender en la formulación e implementación de políticas de asistencia general, legal, técnica y jurídica a las víctimas de delitos y sus familias.

  • Entender en la formulación e implementación de políticas referidas a cuestiones de género.

  • Entender en la formulación e implementación de políticas referidas a las personas con capacidades diferentes.

  • Entender en la designación de Magistrados del Poder Judicial y Funcionarios del Ministerio Público.

  • Entender en los indultos y conmutación de penas.

  • Entender en la elaboración de anteproyectos de reforma y actualización legislativa en materias vinculadas a la justicia.

  • Cooperar con el Poder Judicial y el Ministerio Público, en cuestiones relativas a la mediación y otros métodos participativos de resolución de conflictos.

  • Colaborar en la elaboración de las políticas de lucha contra el narcotráfico y las drogas coordinando, a través del organismo pertinente, las acciones de los distintos sectores del Estado comprometidos en la materia.

  • Entender en todo lo relativo a la organización y gestión del servicio penitenciario de la Provincia, en custodia y la guarda de los internos procesados, la reaceptación social de los condenados y el traslado de los internos entre los establecimientos dependientes y de éstos a los juzgados y/o cámaras jurisdiccionales.

En el año 2004 se sanciona la Ley 7324 pero recién en el año 2009 y como una decisión de política pública del gobernador Juan Manuel Urtubey se reglamenta la ley mediante el Decreto N° 3456. En el mismo marco, se plantea como pilar fundamental de este Gobierno el Acceso a la Justicia y por esto desde el Ministerio de DD HH y Justicia se crearon hasta la fecha más de 70 Centros Comunitarios de Mediación distribuidos en todo el territorio de la Provincia donde la población de escasos recursos puede acceder en forma gratuita al servicio de mediación.

El art. 36 de la Ley 7324 crea la "Dirección General de Mediación", dependiente del entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Provincia de Salta como Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial Nº 7.324.

Los objetivos de la Dirección General de Mediación, los cuales surgen de la propia Ley de creación, se mencionan seguidamente: Difundir y promover la utilización, difusión y desarrollo de los medios alternativos como métodos no adversariales de resolución de conflictos; Estimular la creación y funcionamiento de Centros Privados de Mediación; Estimular y fomentar la creación y funcionamiento de Centros de Mediación Comunitaria; Promover la formación, capacitación y perfeccionamiento de mediadores, profesionales y no-profesionales.

La Ley Provincial Nº 7.324, delega en el Poder Ejecutivo la facultad de creación del Registro de Mediadores Extrajudiciales, de regular los aspectos procedimentales de la Mediación, e instrumentar el contralor del desempeño de los Medidores y de los Centros de Mediación habilitados; asimismo, debe estimular la instalación y funcionamiento de Centros Privados de Mediación, la difusión y promoción de los medios alternativos para la resolución de disputas y la formación y capacitación para la mediación.



ANTECEDENTES:

En el marco de la Ley Nº 7324, que declara de interés público el uso, promoción, difusión y desarrollo de la Mediación en la Provincia de Salta y prevé su obligatoriedad en determinados casos - de manera previa a la traba de la litis - a partir de la reglamentación de la citada norma, a fin de hacer operativa la misma y siendo que se delega en el ámbito del Poder Ejecutivo la promoción de Centros de Mediación Social y Comunitaria, gratuitos para las personas de escasos recursos, se redefinió el rol del Estado diseñando Políticas Públicas destinadas a permitir el acceso a la justicia otorgando a la sociedad herramientas que posibiliten la resolución informal de sus diferencias, además del sistema tradicional de justicia, mediante un procedimiento efectivo que proporcione tutela al menor costo.



ORGANIGRAMA

El Ministerio de DD HH y Justicia cuenta con cinco Secretarías:



  • Secretaría de Justicia

  • Secretaría de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos

  • Secretaria de Discapacidad y Políticas Inclusivas

  • Secretaría de Derechos Humanos

  • Secretaría de Políticas Penales

El servicio que brinda el Ministerio para personas sordas, significa articular entre dos espacios que se vinculan entre si pero que depende cada uno de una Secretaria diferente. El Programa de Atención al Ciudadano está a cargo de la Secretaria de Justicia y la Dirección de Mediación de la cuan dependen los Centros Comunitarios de Mediación, pertenece a la Secretaria de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos.

PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Con el objetivo de acercar la justicia a la gente se creó el programa de Atención al Ciudadano, mediante el cual se brinda asistencia, asesoramiento y orientación jurídica gratuita. Como así también en cuestiones no jurídicas como los tramites que debe realizar la población ante organismos nacionales, provinciales o municipales (ramas de derecho: penal, familia, sucesiones, alimentos, trámites administrativos ante organismos del Gobierno, defensa al consumidor, previsional, pami, anses etc.). En cada consulta el ciudadano recibirá información sobre los medios y vías necesarias para hacer efectivos sus derechos. Cualquier persona, sin limitación de ingresos, puede acceder a la consulta que pueden ser encausadas a través de este Programa.

Para personas que no pueden acercarse a las oficinas del Ministerio, la oficina Móvil de Atención al Ciudadano recorre los distintos barrios y localidades del interior para facilitar el acceso al servicio de consultas a todos los habitantes de la Provincia de Salta. De la misma, y gracias a los avances de la tecnología, este servicio puede ser brindado a través de teleconferencia via online para las localidades más alejadas.

MEDIACION

A través de la Mediación, como método alternativo de resolución de conflictos, el Ministerio de Justicia propone un diálogo entre las partes intervinientes y un tercero, el mediador, en un ámbito de estricta confidencialidad y a través de un servicio gratuito, con el objetivo de buscar el consenso y lograr una solución ante un problema.  

La Mediación, fue instituida en la Provincia de Salta como trámite obligatorio previo al inicio de todo juicio mediable en el 2009. La misma solo puede ser cumplida ante mediador registrado y habilitado por el Ministerio de Justicia de la Provincia

¿Qué es la mediación?

La mediación es un método que permite la resolución de conflictos de manera pacífica, a través del diálogo entre las partes, donde el mediador como tercero neutral las acompaña para que ellas mismas, como protagonistas, encuentren las soluciones más beneficiosas. Es un proceso confidencial y voluntario que se lleva a cabo con el fin de alcanzar acuerdos satisfactorios y aceptados por todos los participantes.



Características

Neutral e Imparcial: El mediador no impone criterios propios en la toma de decisiones, ni se sitúa a favor o en contra de ninguno de los participantes.

Voluntaria: Las personas interesadas son quienes deciden iniciar el proceso de mediación así como interrumpirlo, sin perjuicio alguno, si lo consideran oportuno.

Confidencial: Lo expuesto en una sesión no será utilizado fuera del proceso de mediación, excepto en casos donde se detecte un hecho constitutivo de falta o delito.

Flexible: El proceso de mediación se adapta a las características y necesidades particulares de los participantes.

Autodeterminación de las partes: son los propios usuarios quienes generan alternativas y opciones de solución al conflicto que presentan, llegando a acuerdos creados por ellos mismos que satisfacen sus intereses particulares.

Fines y Objetivos

La finalidad de la mediación es la resolución pacífica y positiva de conflictos que surgen en los diferentes ámbitos de la relación humana (familiar, social, laboral,…).

La mediación constituye una alternativa de gestión de conflictos útil y eficaz que fomenta en las partes habilidades de afrontamiento pacífico a los problemas cotidianos.

Los objetivos específicos de la mediación son los siguientes:

Ofrecer un espacio adecuado, neutral e imparcial, donde las personas interesadas se sientan cómodas y con confianza para exponer sus diferencias.

Restablecer la comunicación entre personas en conflicto, potenciando la expresión de intereses y necesidades particulares.

Promover en los participantes la creación de alternativas y opciones que deriven en acuerdos consensuados y satisfactorios para ellos.

Cambiar la concepción negativa del conflicto como elemento de enfrentamiento hacia una visión positiva y necesaria en la convivencia de las personas.

Otorgar a las personas la responsabilidad y el protagonismo en la solución de sus diferencias.

Salvaguardar los intereses de los menores de edad y personas dependientes implicadas directa o indirectamente en el conflicto.



Ventajas de la Mediación:

Rápida: El proceso de mediación puede concluirse en pocas sesiones, siendo siempre más breve que los procesos judiciales.

Mantiene relaciones: En mediación no hay ganadores ni perdedores, ya que los acuerdos alcanzados son satisfactorios para todos los participantes.

Buena fe: Al ser un proceso voluntario, existe una predisposición positiva a trabajar en común para llegar a acuerdos de forma pacífica.

Inmediata: Los participantes asisten directamente a las sesiones de mediación, es decir, no pueden valerse de representantes o intermediarios.

Preventiva: La mediación puede realizarse en conflictos latentes o antes de su agravamiento.

Menor desgaste emocional: La mediación disminuye el enfrentamiento y genera una menor tensión emocional y psicológica para las partes y otras personas implicadas, mejorando así su calidad de vida.

¿Qué función cumple el mediador?

El mediador conduce el diálogo utilizando herramientas de comunicación que permiten que, sí las partes colaboran, se puede llegar a una solución en la que todos ganen o al menos, participen y den su conformidad con el resultado final. No impone soluciones.



Lengua de Señas

Es una lengua natural de expresión y configuración gesto-espacial y percepción visual (o incluso táctil por ciertas personas con sordo ceguera), gracias a la cual los sordos pueden establecer un canal de comunicación con su entorno social, ya sea conformado por otros sordos o por cualquier persona que conozca la lengua de señas empleada. Mientras que con el lenguaje oral la comunicación se establece en un canal vocal-auditivo, el lenguaje de señas lo hace por un canal gesto-viso-espacial.



Lengua de Señas Argentina

La lengua de señas argentina (LSA) es la lengua utilizada por la comunidad sorda en Argentina. Su origen puede remontarse a las primeras escuelas para sordos de Buenos Aires, entre los años 1880 y 1910: la Bartolomé Ayrolo, para varones; y la Osvaldo Magnasco, para mujeres.

Estas escuelas surgieron por iniciativa del Instituto Nacional de Sordomudos, por medio de la ley 1666 del 19 de septiembre de 1885. Dicha ley indicaba como fin que se “enseñe a los sordomudos a usar la palabra puesto que si no permanecerán en un estado de incapacidad mortal e intelectual”. El primer director del instituto, el maestro italiano Serafino Balestra, fue el primero en implementar la metodología oralista en América latina. A su breve período lo sucedieron sin cambios los médicos argentinos Garañao y Facio; y en 1892, el italiano Luis Molfino.

En ese momento, las señas no eran usadas durante las clases, pero los estudiantes fueron desarrollándola y las usaban por fuera de éstas; sin embargo, los alumnos de sendas escuelas habían desarrollado lenguas distintas. El 30 de junio de 1912 se conformó la primera asociación de la comunidad en Argentina y Latinoamérica, ASAM (Asociación de Sordomudos de Ayuda Mutua) en la que se incorporaron gradualmente gran parte de los alumnos de ambas escuelas y formaron distintos tipos de lazos sociales, incluyendo la formación de nuevas familias.



El intérprete de lengua de señas argentina

Dado que la función del intérprete de lengua de señas es reciente, convierte en necesaria la tarea de analizar su rol específico como mediador entre dos lenguas y dos culturas.

El Intérprete de Lengua de Señas es un profesional que resuelve lo que las ayudas técnicas más sofisticadas no pueden solucionar, hoy por hoy, algo tan elemental como la comunicación directa entre una persona sorda, con otra persona oyente o no señante y satisfacer de este modo una de las características fundamentales de la especie humana, “la relación con sus semejantes”.

Estos profesionales de la comunicación, tienen que demostrar ante la comunidad sorda sus conocimientos y competencia comunicativa en Lengua de Señas para ejercer su profesión, estando sometido a un código ético, guardando secreto de los hechos que conozcan en su trabajo y limitándose a interpretar y traducir, sin ejercer ningún tipo de influencia en las manifestaciones de las personas a las que interpreta y ser absolutamente veraz en su transmisión. Por ello es que un mediador que conozca la lengua de señas no podría desempeñar ambas tareas a la vez, interpretar y mediar.

A pesar de no ser una profesión colegiada en la Argentina, el intérprete de lengua de señas, como todo profesional, tiene un Código de Ética o Deontológico con normas que consisten en un conjunto de pautas o deberes que los profesionales tienen que seguir en su actividad profesional. En general, las normas que incluyen estos códigos de ética están relacionados con los aspectos éticos o morales de las acciones de los profesionales y definen las acciones correctas de un buen profesional, también delimitan las fronteras entre las que debe moverse.

Características éticas del intérprete de Lengua de Señas

Un Intérprete de Lengua de Señas cuando está trabajando conoce muchas cosas personales de la vida de los usuarios, a los que tiene acceso exclusivamente por ser parte del proceso de comunicación. También puede acceder a la información confidencial y privilegiada, de la que nunca podrá beneficiarse personalmente. El respeto por las normas deontológicas (código de conducta profesional) supone también tener unas características éticas determinadas para su cumplimiento:



  •  La Imparcialidad: En la interpretación la imparcialidad implica que el intérprete no intentará aconsejar o tomar parte, no será el aliado de una de las partes y evitará expresar opiniones sobre el contenido o procedimientos. Este aspecto garantiza que los usuarios puedan recibir la información en igualdad de condiciones y decidir libremente. En el momento en que un ILSA (interprete de lengua de señas argentina) dude de su capacidad para ser objetivo, habrá de renunciar a la prestación de sus servicios profesionales.

  •  La confidencialidad: Se refiere al secreto profesional y al derecho a la intimidad de las personas que participan en la situación de la interpretación. El ILSA tiene acceso al contenido de la situación de interpretación únicamente por su papel de puente de comunicación, por lo que está obligado a mantener el secreto profesional. 

  •  La Fidelidad: En el caso de la interpretación hace referencia que el ILSA debe transmitir toda la información tal y como es expresada, sin añadir, omitir ni ocultar nada. De esta forma los usuarios acceden a la información en su totalidad en igualdad de condiciones. El ILSA no puede decidir qué información puede o no puede dar, siempre es el usuario quien toma esa decisión. 

  •  La Competencia: Significa que el ILSA aceptará solo aquellas tareas que están dentro de su capacidad de interpretar bien. En los casos en los que él interprete no tenga seguridad en su capacidad para llevar a cabo la interpretación de forma satisfactoria, ellos deben renunciar al servicio solicitado.

Con todo ello tenemos que tener en cuenta que, en el momento en el que dos personas acuerdan usar a una tercera para interpretar algo, se entra en un acto de responsabilidad. Ellos deben confiar en que la tercera persona sea precisa y discreta y aceptar que la tercera persona está cualificada y que mantendrá su imparcialidad.

Interpretar en lengua de señas presenta peculiaridades que se deben no solo a la modalidad viso-gestual por la que esta lengua se transmite, sino también a la historia, la cultura y la educación de la comunidad sorda



CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La CDPD como instrumento de legitimación y cohesión de los derechos de las personas Sordas:

Teniendo en cuenta que son 8 (ocho) los principios rectores que constituyen la base de la Convención y los artículos incluidos en ella, creemos necesario remarcarlas como un fin en sí mismo:



  1. Respeto a la dignidad propia de las personas con discapacidad, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las mismas.

  2. La no discriminación.

  3. Participación plena y efectiva en todos los niveles, así como la participación e inclusión en la sociedad.

  4. Respeto a la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad humana y la humanidad.

  5. La igualdad de oportunidades

  6. Accesibilidad

  7. La igualdad entre hombres y mujeres

  8. El respeto a la evolución de los niños con discapacidad y el respeto al derecho de los niños con discapacidades a preservar su identidad, más los valores agregados inherentes a ella.

Considerando estos principios rectores que sustentan la base de la CDPD, y en este caso, al tratar los artículos que incumben a las personas Sordas y a la Lengua de Señas, es de destacar las intervenciones en los siguientes artículos:


Artículo 2, Definiciones:

Por -lenguaje- se entenderá tanto el lenguaje oral como la Lengua de Señas y otras formas de comunicación no verbal;


Artículo 30, inciso 4:

Las personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de condiciones con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos.”


Artículo 21, inciso e):

Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas


LENGUA DE SEÑAS Y COMUNIDAD SORDA

En primer lugar, es preciso asumir el desconocimiento generalizado existente por parte de la sociedad toda (incluido los gobiernos) en lo referente a la Comunidad Sorda y a la Lengua de Señas. Para ello, será necesario promover el reconocimiento de la Comunidad Sorda como grupo minoritario con su propia cultura e idioma, lo que supondría sentar un nuevo paradigma social que favorezca su evolución y sostenga su desarrollo lingüístico y cultural.

Estas exhortaciones de la CDPD establecerían específicamente que los gobiernos deben reconocer la Lengua de Señas como lengua oficial de la Comunidad Sorda, asentándola en la Constitución y/o legislación especial, tal como lo hicieron algunos países, y a la vez asegurar el acceso a los servicios profesionales de intérpretes, además de garantizar la educación de los sordos en su Lengua de Señas.

Según la Federación Mundial de Sordos, se ´destaca que "la Convención tiene como objetivo garantizar mejor el derecho de las personas Sordas para obtener [una] educación en Lengua de Señas, el uso de la misma en la interacción con las autoridades oficiales; además, promueve el acceso a intérpretes y demás servicios, así como toda información en Lengua de Señas. Esto supone, incluir el reconocimiento y el apoyo de la identidad cultural y lingüística." (World Federation of the Deaf – WFD)




Artículo 9: Accesibilidad. Inciso 2.

Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;
ACCESIBILIDAD

En este punto, cabe enfatizar que en la mayoría de los países, el gobierno no hace ni mucho menos reconoce el valor de la Lengua de Señas. No existen garantías de que los ciudadanos Sordos tengan pleno acceso a la educación o la información pública en la Lengua de Señas nativa. Además, en países con servicios nacionales de radiodifusión, sólo unos pocos proporcionar servicios de interpretación en Lengua de Señas, subtítulos o producción de noticias para la Comunidad Sorda.

En caso de las personas sordas, pese a que hay medios de comunicación (reducidos) que ofrecen el servicio de interpretación, no es así en el resto de las provincias, por lo que se debería fomentar, regular y poner en marcha la normativa vigente (Ley de medios) para garantizar este derecho, y de esta manera evitar que las personas sordas sean excluidos del acceso a la información esencial, los recursos y servicios a su alcance.


Artículo 12: Igual reconocimiento como persona ante la ley

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Artículo 13: Acceso a la justicia

1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.

2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.
IGUAL RECONOCIMIENTO ANTE LA LEY Y ACCESO A LA JUSTICIA

Al respecto se necesita:



  • Facilitar y garantizar el acceso a la Justicia a las Personas con Discapacidad en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos.

  • Promover el proceso de construcción de las condiciones socio-políticas necesarias, así como de las operaciones técnico-jurídicas- metodológicas adecuadas a cada tipo de discapacidad.


Artículo 21: Libertad de expresión y opinión, y acceso a la información:
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para (…) ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Convención, entre ellas:

b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles (…);

d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a través de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles (…);

e) Reconocer y promover la utilización de la Lengua de Señas.
LIBERTAD DE EXPRESION Y OPINION, Y ACCESO A LA INFORMACION

En este punto se debe destacar la importancia de facilitar un entorno favorable en el que las personas Sordas se desenvuelvan con naturalidad, por constituirse su Lengua de Señas en su lengua nativa por excelencia, sin que existan interferencias que impidan el pleno acceso a su lengua. De esta manera, se le brinda al sujeto Sordo, la plenitud de su derecho que le permitirá desarrollarse como ser social autónomo y con amplias posibilidades de interacción social.

En resumen, no sólo la CDPD y su Protocolo Facultativo han de promover la igualdad y los derechos humanos de las personas Sordas, también ha de brindar a las personas Sordas y a las entidades que las nuclean, la oportunidad de trabajar en la promoción de sus derechos fundamentales, y a esto apunta afianzar la legitimidad en cuanto a la CDPD como fiel exponente para asentar las prácticas e implementación de políticas activas que dignifiquen a la Comunidad Sorda, reconozcan su Lengua de Señas y asimile su status como minoría lingüística y cultural.

SERVICIO DE INTERPRETACION EN EL MINISTERIO DE DD HH Y JUSTICIA

La posibilidad de que todos los ciudadanos cuenten con mecanismos ágiles, sencillos y flexibles para acceder a la justicia es un supuesto fundamental en un Estado social de derecho. Esta necesidad se acentúa en las familias con alguna persona en condición de discapacidad, a las que frecuentemente se les niega el acceso a servicios vitales para su dignidad y calidad de vida, tales como salud, educación, transporte, trabajo y esencialmente “justicia”. Lo anterior, en últimas significa, actos de discriminación aceptados pasivamente por la sociedad.

Para ello, es necesario realizar acciones de contención, asesoramiento y orientación a la comunidad que permita pasar de un esquema de favores y asistencia, con el que normalmente se entienden estos temas, a un enfoque de derechos y deberes, donde la discapacidad sea entendida como una cuestión de derechos, y donde se entienda que la problemática es la exclusión y la discriminación, y no la discapacidad.

Teniendo en cuenta:



  • Que es uno de los objetivos del Ministerio: “…Ejecutar programas y estudios a fin de detectar los sectores de la población con alto grado de conflictividad y Propiciar la capacitación de los operadores jurídicos de necesaria intervención en las líneas de acción de organismos públicos y privados…”

  • Que en nuestra sociedad la condición de las personas con discapacidad fue y sigue siendo sinónimo de persona en situación de alta vulnerabilidad, que esta vulnerabilidad no solo obedece a una mayor exposición a ciertos riesgos que la discapacidad en sí misma llega a provocar, sino también es debida a la discriminación y exclusión social a las que estas personas se ven sometidas.

  • Que son pilares fundamentales del Estado Provincial, la inclusión y la protección de estas personas en situación de vulnerabilidad, en especial las personas con discapacidad;

el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia decide brindar desde el año 2015, el servicio de interpretación en lengua de señas para las personas sordas y de esta manera puedan acceder a una mediación comunitaria, ser asesorados jurídicamente o acceder al programa de Orientación y Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Delitos Graves. 

Esta iniciativa está orientada a ciudadanos con discapacidad auditiva usuarios de la lengua de señas y se enmarca dentro de las políticas de inclusión que viene desplegando el gobierno de la provincia. El servicio se brinda de forma gratuita y permite el acceso a todos los programas que el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia pone a disposición de la comunidad; principalmente los que están orientados al ámbito pre-judicial. Este servicio significa el cumplimiento de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, brindando asistencia y apoyo a todas las personas sordas de la Provincia, garantizando la accesibilidad comunicativa y la adaptación de la información y el proceso mediante la actuación de un intérprete de lengua de señas, cuya función es ser puente entre el personal del organismo y el hablante de lengua de señas.

El procedimiento se inicia mediante un primer contacto vía mail o en forma personal en las oficinas del Ministerio. La persona sorda solicita al intérprete de lengua de señas el servicio y este lo acompaña, según la necesidad, al Programa de Atención al Ciudadano para que un abogado atienda su consulta y pueda orientarlo acerca de cuál es la mejor manera de resolver su conflicto. En estos casos se han atendido desde el mes de Septiembre consultas acerca de asuntos de familia, cuestiones patrimoniales, problemas de convivencia y asesoramiento institucional.

En caso de que se recomiende hacer una mediación, se articula con el Centro Comunitario de Mediación del Ministerio donde se le otorgara un turno para audiencia de mediación en la cual también será acompañado por el intérprete.

En los casos en los que se ha derivado a otras áreas del Gobierno, se continua con el seguimiento y también la presencia del interprete en caso que se necesite, tal es así en la capacitación de mujeres hipoacusicas para el uso del botón antipanico, adaptación de los sistemas de 911, audiencias en la Secretaria de Defensa al Consumidor, asesoramiento y contención desde la Secretaria de Discapacidad,

Este servicio se inició en el mes de Septiembre de 2015 y a la fecha lleva resueltos un promedio de 5 casos en mediación y más de 20 consultas, estimando superar ampliamente estos números en el transcurso del cte año. Esto considerando que la comunidad de personas de Salta Capital promedia aproximadamente las 300 personas de las cuales 60% son adultos.



VERONICA MERCADO – SILVANA MAIDANA

DEPARTAMENTO DE MEDIACION EXTRAJUDICIAL

SECRETARIA DE METODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA


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