Eje 14: defensa, seguridad y derechos humanos


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SEGURIDAD INTERIOR Y DERECHOS HUMANOS


Coordinadores: Anabella Castillo y Victoria Carrizo

Discursos y estrategias de seguridad ciudadana: una mirada crítica al contexto venezolano en la última década


Autor: Carlos Avendaño135. Maestrante en Ciencias Sociales de la UNGS-IDES. Eje 14. Defensa, seguridad y DDHH

Resumen

En Venezuela las tasas delictivas han aumentado exponencialmente en los últimos años. Sin embargo, este fenómeno no puede ser reducido al periodo del gobierno bolivariano ya que los homicidios empiezan a aumentar sostenidamente desde 1991 cuando se aplicó un agresivo paquete de medidas económicas neoliberales. Es tema de debate el incremento de la violencia en los delitos que se registran a pesar del impulso de políticas sociales que disminuyeron los índices de pobreza y pobreza extrema. En este trabajo se revisa en el campo de las políticas públicas los discursos y las estrategias desplegadas en materia de seguridad: en una primera parte se analizará la situación de la inseguridad y el delito en Venezuela para luego describir las políticas de seguridad puestas en marcha durante estos años de gobierno bolivariano.



Palabras Clave: criminalidad, políticas públicas, seguridad ciudadana.

Abstract

Crime rates in Venezuela have increased exponentially in recent years. However, this phenomenon can´t be reduced to the period of the Bolivarian government and the killings start to increase steadily since 1991 when an aggressive package of neoliberal economic measures applied. It is up for debate the increase in violence in crimes that occur despite the promotion of social policies that reduced poverty rates and extreme poverty. In this paper we review in the field of public policy discourses and strategies deployed security: in the first part the situation of insecurity and crime in Venezuela is analyzed and then describe security policies implemented during these years of Bolivarian government.



Keywords: crime, public policy, public safety

Introducción

Los discursos que se despliegan en torno a la seguridad, han sido monopolio de los programas liberales y conservadores que los han convertido en su principal oferta política. A pesar de que en América Latina se han impulsando proyectos definidos ideológicamente como progresista136, los índices de violencia e inseguridad han aumentado exponencialmente; en Venezuela se han implementado políticas sociales que disminuyeron la pobreza extrema y la desigualdad social, aunque se podría decir que en este escenario el crecimiento de la criminalidad es paradójico, es necesario realizar una revisión mayor de los diferentes factores causales del aumento de los índices delictivos.

Este trabajo se propone analizar los discursos oficiales en torno a la seguridad en la última década y las estrategias desplegadas por parte de las instituciones encargadas del control social formal en Venezuela, para evidenciar si existen novedades en las estrategias y discursos sobre la seguridad y cuál ha sido el resultado desde una perspectiva crítica. En una primera parte se analizará las situación de la inseguridad y el delito en Venezuela tomando como unidad de análisis las cifras oficiales y la encuesta de victimización realizada en el año 2009, posteriormente se revisará el discurso oficial y las políticas de seguridad puestas en marcha durante estos años de gobierno bolivariano para finalmente dar un balance que permita identificar las consecuencias de esas acciones y los retos a superar.

El contexto del delito: las tasas delictivas y los indicadores sociales en Venezuela.

Para el análisis de la situación delictiva en este trabajo se realizó una preselección de delitos en función de su relevancia social, confiabilidad y validez que tienen como indicador: en primer lugar, el homicidio por ser la manifestación más cruenta de los delitos contra las personas y representar un indicador que al menos en teoría cuenta con uno de los niveles más bajos de sub-registro137; en segundo lugar, lesiones; y entre los delitos contra la propiedad, robos y hurtos. Estos datos se combinan con las informaciones surgidas de la Encuesta Nacional de Victimización para tener un panorama más claro de la situación delictiva en el país.

A modo de contextualización es importante resaltar los cambios en el plano político y social que ha experimentado América Latina desde finales de los años noventa impulsando proyectos de gobierno identificados en su discurso como de izquierda donde se proponen importantes desafíos estructurales, al mismo tiempo que enfrentan los índices crecientes de violencia criminal e inseguridad. Los países considerados más radicales en estos procesos de cambio son Venezuela desde 1999, Bolivia desde 2006 y Ecuador desde 2007, la fuerte intervención estatal en la economía, los procesos de re-estatización de diversas actividades productivas y de servicios públicos y la expansión de las políticas sociales son algunos ejemplos de innovaciones introducidas en estos procesos de cambio político. En cierta medida esto puede decirse de las experiencias políticas iniciadas en Brasil y Argentina a partir de 2003 y en Uruguay a partir de 2005 (Sozzo, 2015).

Como se puede observar en el gráfico N°1, Venezuela tiene los mayores niveles de homicidios, con una media de treinta y siete homicidios por cada cien mil habitantes, en comparación con el resto de los países incluidos en los procesos de cambio138 que podemos denominar progresistas139.



Gráfico N°1

Media de Homicidios por cada 100.000 habitantes 1995-2012



Fuente: Cálculos propios con fuentes oficiales disponibles

Particularmente en Venezuela, los delitos han aumentado exponencialmente en los últimos años: la tasa de homicidios para el año 2011 alcanzó la cifra de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes lo que indica un incremento de cuatro veces con relación al año 1991: 13 homicidios por cada cien mil habitantes (Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2012). En el gráfico N° 2 se presenta la evolución del homicidio desde el año 1986.



Gráfico N°2

Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de Venezuela



Fuente: Datos oficiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC)

En un primer análisis hay que destacar que el problema delictivo no puede ser reducido al periodo del gobierno bolivariano que inicia en 1998, los homicidios empiezan a aumentar sostenidamente desde 1991 y se mantiene constante el ascenso de la cifra hasta el último año de publicación. También es posible observar aumentos importantes en los años donde hubo situaciones de conflictividad política y social como en 1992 con el intento de golpe de Estado o en el 2002 un paro petrolero. En el gráfico N°3 observamos una comparación en los años 2009, 2010 y 2011 de delitos contra las personas y delitos contra la propiedad.



Gráfico N°3

Tasa de Homicidios, Lesiones, Robos y Hurtos por cada 100.000 habitantes en los años 2009, 2010 y 2011 en Venezuela



Fuente: Datos oficiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC)

Las cifras en estos tres años de comparación entre los robos y hurtos tienen a bajar levemente. Sin embargo, el de robo está por encima del hurto, lo que implica la utilización de fuerza o coacción, es decir, la utilización de violencia en la comisión del hecho, el delito de homicidio también tiende a aumentar. Basados en este comportamiento podemos observar con claridad la prevalencia de la criminalidad violenta en Venezuela.

De acuerdo con un estudio nacional de victimización realizado en el año 2001, los delitos violentos representaron el 70% de las situaciones victimales: hubo mayor inclinación de victimizar a los ciudadanos en los espacios públicos (80%) y al mismo tiempo los ciudadanos tenían muy baja intensión para la denuncia, entre las razones principales estaba la falta de credibilidad en las instancias que conforman el sistema de justicia (Consultores 21, 2001).

Según los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana de 2009, se han registrado aumentos en las tasas por 100.000 habitantes, con relación a los datos de la Encuesta de 2006, para homicidio, robo, secuestro, extorsión y estafa. La inseguridad personal es percibida como un problema grave o muy grave por el 94% de la población; y sólo el 20% de la población percibe que la presencia institucional del Estado es fuerte o muy fuerte en la entidad federal de residencia, con un ligero aumento entre los niveles socioeconómicos más bajos en relación a los más altos (Gabaldón, 2001). Estos datos nos conducen a afirmar que la criminalidad violenta en Venezuela no sólo viene en aumento sino también la desconfianza de los ciudadanos a las acciones del Estado, esto se evidencia con la baja inclinación a denunciar.



En la última década, decisiones en el campo de la política social impulsaron a partir del año 2002 la reducción de la pobreza, la pobreza extrema y una distribución de la riqueza más equitativa (gráficos 4 y 5), a pesar de esos avances sociales los niveles de violencia continuaron en aumento (Sanjuán, 2013).

Gráfico N°4

Porcentaje de hogares pobres y pobres extremos en Venezuela



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Instituto Nacional de Estadística, 2001)

Gráfico N°4

Coeficiente de Gini140



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Instituto Nacional de Estadística, 2001)

Los espacios urbanos excluidos son mayores en las principales ciudades, en ellos se observan las más altas tasas de violencia, el aumento de la deserción en la educación media y las altas tasas de embarazo adolescente en el país son problemas sociales que generan gran impacto en el marco de la violencia. Estos problemas sociales, sumados a los factores de riesgo tradicionales como el alto consumo de alcohol y elevada disponibilidad de armas de fuego141 conforman un escenario complejo para el crecimiento de la violencia y la inseguridad (Sanjuán, 2013). Aún falta contar con un número mayor de investigaciones empíricas que puedan develar si estas variables están relacionadas con el aumento de la criminalidad violenta.



Del pensamiento progresista al populismo penal: La construcción mediática y la respuesta del Estado

El populismo penal surge como una reacción política a las ansiedades que se reflejan en el incremento de la criminalidad y la percepción de inseguridad. Las políticas criminales, al igual que las de seguridad pública, tienden a configurarse a partir de los intereses en juego de diversos sectores: los actores políticos, la opinión pública y los medios de comunicación, los cuales en la mayoría de los casos se desatan a partir de crisis ante la necesidad de obtener resultados inmediatos (Basombrío & Dammert, 2013).

Los discursos en torno a la seguridad han sido tradicionalmente usados como estrategia política de los programas liberales y conservadores (Antillano, 2012). Sin embargo, en lo que se refiere a la seguridad, las políticas y enfoques adoptados por países progresistas en América Latina parecen ser muy similares a aquellos de sus opositores políticos; esto podría explicarse según la opinión de Iturralde (2010 citado en Sozzo, Azevedo, Cifali, Grajales, Hernandez, & Paladines, 2016) en parte:

…por una falta de ideas originales y confiables que surjan en estos gobiernos, pero también del temor de debilitar su posición política si aparecen como demasiado blandos con respecto al delito y por el temor de confrontar las fuerzas de seguridad estatales que son muy poderosas y muchos de cuyos miembros están aún muy apegados los métodos e ideas de los regímenes autoritarios (pág. 17).

La inseguridad ciudadana en Venezuela es percibida como el principal problema a resolver por las autoridades y se encuentran en constante presión tanto por la opinión pública como por los propios medios de comunicación142. En respuesta los órganos encargados de la seguridad como la policía tienden a implementar planes duros, situacionales y por lo general poco planificados que aumentan el riesgo de detenciones arbitrarias lesionando las libertades públicas y los derechos humanos, en consecuencia se tiende a incrementar la tasa de encarcelamiento y la conflictividad. (Basombrío & Dammert, 2013)

Los reclamos por mayor seguridad se traducen en modificaciones legales que endurecen las penas y aumentan la utilización de la cárcel como medida preventiva. Entre los años 1999 y 2000 se consagra constitucionalmente un sistema penitenciario que prioriza las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de libertad, se implementa el Código Orgánico Procesal Penal (COOP), que signa el pasaje de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, estableciendo el juzgamiento en libertad como regla. Sin embargo, estos avances no duraron, ya que no lograron resistir los discursos que vinculaban el aumento de los homicidios con los nuevos beneficios procesales que proponía el nuevo instrumento legal, en el año 2000 se hace una reforma en un sentido punitivo donde se promovió la detención preventiva y se aumentaron las penas de algunos delitos (Hernández & Grajales, 2016). A pesar de que en un primer momento hubo una postura garantista, el populismo penal comenzó a reclamar “mano dura” y se comenzó un corto camino de reformas legales cada vez más punitivas, el COOP en más de una década de vigencia ha sufrido más de cinco reformas cada vez más punitivas (Sanjuán, 2013).



Las Políticas Públicas: Los discursos oficiales y las estrategias aplicadas

En la última década los discursos de Hugo Chávez sobre la seguridad ciudadana fueron escasos y fragmentados (Monsalve Briceño & Gabaldón, 2012); sin embargo, es posible identificar que atribuye el delito y la violencia a la exclusión social, la desigualdad, la pobreza, el neoliberalismo y el capitalismo (Antillano, 2012), la seguridad sería consecuencia directa y tendría que esperar la superación de la pobreza, la inclusión de las grandes mayorías y la conquista de un orden social más justo. Desde el año 2011 en el discurso del presidente Chávez se observan otros elementos además de los relacionados con la pobreza y la desigualdad que se basan en la necesidad de reconocimiento y estatus sobre todo en los jóvenes (Hernández & Grajales, 2016).

La retórica más progresista se encuentra en el discurso del presidente Chávez y del Ministerio Público, y la más conservadora en la Asamblea Nacional y en el Tribunal Supremo de Justicia. Estos últimos se alinearon hacia tendencias más conservadores y propugnaron un endurecimiento de las penas y de la prisión, mediante la restricción de las fórmulas alternativas de privación de libertad y la expansión de la detención preventiva. El discurso de estos actores asocia la disminución del encarcelamiento con el aumento del delito y de la violencia (Hernández & Grajales, 2016).

A partir del año 2014 el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz143, orientó la política de seguridad privilegiando un operativo denominado “Plan Patria Segura”, lanzado por el Presidente Maduro en mayo de 2013, que plantea la articulación de las labores entre los distintos cuerpos de seguridad y prevención ciudadana (policías) junto a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En principio este operativo se inicia en Caracas con la activación de efectivos de seguridad integrados por la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el Servicio Bolivariano de Inteligencia y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para luego desplegarse en todo el país. Su accionar estaba dirigido a reforzar los puntos de control y ampliar las áreas de vigilancia y patrullaje, pero concentrándolas en las zonas consideradas potencialmente más peligrosas de las ciudades.

Los resultados expresados por el Gobierno sobre la implementación del operativo se han centrado en la efectividad que ha tenido para la reducción de algunos delitos como el homicidio y el secuestro. Sin embargo, hasta la fecha no existen evaluaciones ni cifras oficiales que den cuenta de su efectividad. Lo que si puede observarse es que planteó un retorno y un protagonismo de la fuerza armada en las labores de seguridad ciudadana, que se había erradicado progresivamente durante el desarrollo de la reforma policial iniciada en 2006 (Hernández & Grajales, 2016).

No se dispone de cifras oficiales sobre la evolución del delito, aun cuando voceros del gobierno manifiestan que la tasa de homicidio ha descendido a 39 cada cien mil habitantes para el año 2013. Este dato es rebatido por organizaciones privadas contrarias al gobierno, como el Observatorio Venezolano de Violencia, que habla de una media de muertes violentas de 79 por cada cien mil habitantes, un dato, sin embargo, que también carece de precisiones y fuentes concretas que le den confiabilidad (Hernández & Grajales, 2016), de igual forma ese dato se rebate puesto que en ese año en particular la tasa de homicidios fue medida en función de los municipios priorizados y no del total de la población, es por ello que se denota una disminución. Se carece de información oficial hasta la actualidad.



Conclusión

Venezuela desde finales de la década de los noventa ha sido protagonista de importantes cambios estructurales que han dado lugar a un conjunto de acciones en diferentes niveles. Sin embargo, en cuanto a la situación delictiva las cifras revelan un aumento sostenido de la criminalidad violenta, a pesar de la mejora sustancial de las condiciones sociales en función de la disminución de la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Aun es tema de debate esta aparente contradicción por lo que es necesario ampliar la investigación empírica al interior de las comunidades más afectadas.

Con respecto a la explicación del delito, existe consenso en el discurso dentro de la alianza del gobierno en torno a identificar causas ligadas a la falta de oportunidades, a la pobreza, la exclusión y la desigualdad así como la necesidad de reconocimiento y estatus, principalmente en el caso de los jóvenes. Sin embargo, en la implementación de las políticas anti delictivas se observa una reiterada aplicación de estrategias situacionales más cercanas a posturas neoliberales como el fortalecimiento de medidas y operativos de control policial y militar en zonas identificadas como de alta incidencia delictiva, trayendo como consecuencia una mayor criminalización de la pobreza y el endurecimiento del aparato punitivo del Estado.

Aunque el delito y la violencia continúan en ascenso, en general los actores políticos no cuestionan la efectividad y pertinencia de las estrategias utilizadas, posiblemente por los altos costos políticos electorales que implicaría ensayar una apuesta por medidas menos coercitivas en el ámbito penal y de seguridad. En consecuencia las estrategias de tipo situacional con la incorporación del componente militar en las labores de seguridad ciudadana continúan en aumento, y llama la atención que se muestra como exitoso la muerte de delincuentes por parte de las fuerzas del Estado en estos operativos, en lugar de su captura y posterior procesamiento en el sistema de justicia.

La reserva de las cifras oficiales sobre la criminalidad contribuye a expandir la sensación de inseguridad y la incertidumbre, lo que genera una relación pendular entre las demandas de la población por mayor seguridad y las respuestas del estado cada vez más punitivas y poco efectivas en el control de la criminalidad. Uno de los retos a superar es promover la continuidad de las políticas públicas diseñadas con criterio técnico y su evaluación oportuna, con la finalidad de dar seguimiento y reestructurar las estrategias en función de su eficiencia y no del populismo penal que domina la esfera política.

Bibliografía

Antillano, A. (2012). La izquierda y la seguridad. Discursos y estrategias de seguridad ciudadana durante el gobierno bolivariano. En J. A. Zabaleta Betancourt, La Inseguridad y la Seguridad Ciudadana en América Latina (págs. 179-204). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.

Basombrío, C., & Dammert, L. (2013). Seguridad y Populismo Punitivo en América Latina. Washington, DC: Wilson Center Latin American Program.

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Gabaldón, L. G. (6 de junio de 2001). Victimización delictiva en Venezuela: tendencias y perspectivas. Cal y Arena, 58-71.

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Hernández, M. L., & Grajales, M. L. (2016). Chavismo y política penal (1999-2014). En M. Sozzo, Postneoliberalismo y Penalidad en América del Sur (págs. 95-148). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.

Instituto Nacional de Estadística. (2001). Síntesis Estadística de Poblreza e Indicadores de Desiguldad 1er semestre 1997 - 1er semestre 2011. Caracas: República Bolivariana de Venezuela.

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Sanjuán, A. M. (2013). La crítica situación de seguridad ciudadana en Venezuela. Características, causalidades, políticas y desafíos. En C. Basombrío (editor), ¿A donde vamos? análisis de políticas públicas de seguridad en América Latina (págs. 297-347). Washintong, DC: Wilson Center Latin American Program.

Sozzo, M. (Mayo de 2015). ¿Más allá del Neoliberalismo? Cambio político y penalidad en América del Sur. Cuadernos del pensamiento crítico Latinoamericano(23), 1-4.

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