Eje 14: defensa, seguridad y derechos humanos


Título: “Represión, derechos humanos y política exterior. El rol de los diplomá-ticos argentinos en el Comité de Derechos Humanos de la ONU (1976-1983)”



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Título: “Represión, derechos humanos y política exterior. El rol de los diplomá-ticos argentinos en el Comité de Derechos Humanos de la ONU (1976-1983)”


Autor: Rodrigo Lloret

Pertenencia institucional: FLACSO-FSOC UBA

Palabras clave: Diplomáticos. Derechos Humanos. Dictadura.

Resumen

La presión de los exiliados contra la Junta Militar argentina obligó a la ONU a realizar un informe sobre violaciones a los derechos humanos en agosto de 1976. Este artículo analizará el debate desarrollado en ese contexto para interpretar el rol que asumieron los diplomáticos en la disputa por el “frente externo” de la dictadura. Se intentará responder cuál fue la participación del personal civil del servicio exterior del Proceso y se analizará cómo articularon su tarea con la estrategia del régimen para contrarrestar lo que se calificó como una “campaña antiargentina”.

Esta investigación se nutre de los trabajos que analizan el pasado reciente y su vinculación con los derechos humanos, y también del estudio de la participación de los diplomáticos en sistemas totalitarios, como el nazismo o el fascismo europeo y las dictaduras sudamericanas. Las principales fuentes de investigación son el análisis de documentos disponibles en la sede de la ONU en Buenos Aires, los desclasificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el programa “Verdad Histórica” y las Actas de la Junta Militar desclasificadas por el Ministerio de Defensa.

Parte de la diplomacia argentina estuvo



involucrada en este esfuerzo de ocultamiento y

escamoteo de la verdad”, Teo Van Boven,

director del Comité de Derechos Humanos

de las Naciones Unidas entre 1977 y 1982.332

I. Introducción

Los debates en torno a la participación civil en la dictadura militar que azotó a la Argentina entre 1976 y 1983 han logrado plena vigencia en el ámbito académico y de la opinión pública. Dilucidar el rol que detentaron funcionarios que no provenían de las Fuerzas Armadas en las diferentes estructuras públicas de organismos nacionales, provinciales o municipales, como así también en el establishment empresario y mediático aliado a la estructura de poder que sustentó a la Junta, se ha convertido en una tarea fecunda para arrojar luz sobre la responsabilidad de sectores no uniformados durante el último gobierno de facto. Pero algunas vacancias pueden observarse en este promisorio panorama: la estrategia diseñada por el Ministerio de Relaciones Exteriores para dar respuesta a las denuncias contra el régimen y la destacada participación de los diplomáticos argentinos en esa articulación, merecen la pena ser revisadas en el marco de este nuevo escenario. El objetivo de este artículo es, precisamente, indagar sobre la responsabilidad de la Cancillería y del cuerpo del servicio exterior argentino en la disputa por el “frente externo” de la última dictadura militar333.

Para hacerlo, se plantearán algunos interrogantes: ¿es posible distinguir una estrategia establecida por la Junta Militar para dar respuesta a lo que calificó como una “campaña antiargentina” orquestada por “terroristas” y “subversivos” en el exterior? ¿Cómo se articuló esa supuesta estrategia en el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se iniciaron las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en la Argentina? ¿Hubo acatamiento de los funcionarios a las órdenes emanadas o, en cambio, se produjeron diferentes formas de autonomía dentro de la Cancillería?

El gobierno que se instauró tras el golpe impuso un plan sistemático de represión ilegal, que incluyó flagrantes violaciones a los derechos humanos y la anulación del sistema de derecho, las garantías constitucionales y la libertad de expresión. En ese contexto de horror, la Junta solo recibió denuncias de los familiares de las víctimas y de los organismos de derechos humanos, en cambio, el régimen fue desafiado en el exterior por los organismos de derechos humanos y los grupos de exiliados radicados en Europa y en América Latina. En esa disputa por la lectura política que se realizaba en el mundo sobre lo que sucedía en la Argentina en relación a la violación de los derechos humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y los diplomáticos que cumplieron funciones en el extranjero se convirtieron en una pieza clave del engranaje oficial para intentar justificar lo que algunos explicaron como una “crisis” que se había desatado en la Argentina por la violencia de “terroristas” y “subversivos” que, una vez derrotados, organizaron una “campaña antiargentina” desde el exterior. El discurso de justificación del régimen de ciertos diplomáticos argentinos se adecúa al discurso generalizado durante la dictadura en boca de representantes de los partidos políticos, sindicatos, Iglesia, cámaras empresarias, sector judicial y mediático, etcétera, lo que permite demostrar parte del éxito de la construcción ideológica de propaganda procesista hacia dentro de la opinión pública argentina. No obstante, lo que parece mostrar rasgos de cierta excepcionalidad en la postura de algunos miembros del cuerpo diplomático es que se trata de funcionarios que, por su propia tarea profesional, podían poner en discusión este discurso por la información a la que accedían en el exterior, algo que los diferenciaba de otros actores sociales del establishment argentino de esa época.

Este artículo estudiará las posiciones asumidas por los diplomáticos argentinos que representaron a la última dictadura militar en el Comité de los Derechos Humanos con sede en Ginebra de la ONU entre 1976 y 1983. La investigación se realizó en base al análisis de decenas de documentos oficiales que hasta ahora no habían sido analizados en trabajos académicos. Se trata de actas que resumen las sesiones reservadas realizadas en ese organismo de las Naciones Unidas tras los debates producidos entre los miembros que conformaban el Comité de Derechos Humanos y los representantes del gobierno argentino. Gran parte del material ha sido desclasificado recientemente y se encuentra en el Centro de Información de Naciones Unidas (CINU), sede de la ONU en Buenos Aires. Los documentos están registrados en idioma original, ya sea español, francés o inglés, y se archivaron bajo la carátula “Argentina Desaparecidos” y “Derechos Humanos”.

En la primera parte se analizará la bibliografía que ha estudiado la relación entre diplomacia y derechos humanos, a la vez que se pondrán en contexto las investigaciones sobre la política exterior de la dictadura y lo que aquí se denomina el “frente externo” del Proceso de Reorganización Nacional.334 Luego se expondrán los antecedentes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Finalmente, se analizará la estrategia de los diplomáticos argentinos que representaron a la dictadura militar en ese organismo, estableciendo una incipiente clasificación que podría dividirse en un primer momento de negación de las denuncias recibidas (1976-1978); un segundo momento, de menosprecio de las violaciones a los derechos humanos (1978-1980); y un tercer momento, de justificación de la represión (1980-1983). Hacia el final se esbozará una serie de reflexiones a manera de conclusión.


II. Diplomacia y derechos humanos

Los estudios que analizan la organización del Estado durante la dictadura militar argentina advierten sobre los problemas de la burocracia del régimen. En ese sentido, esta investigación retomará los antecedentes desarrollados por Canelo (2007) que señala la feroz disputa desatada en torno a las contradicciones internas de la Junta, producto del reparto de poder establecido entre las Fuerzas Armadas en tres partes iguales y sus efectos sobre la “balcanización del Estado” y la consecuente inviabilidad para establecer políticas públicas coherentes, entre ellas, la que aquí importa: el ejercicio de la política exterior.

El rol de los diplomáticos durante el Proceso representa un ámbito de investigación que merece la pena ser revisado. Aunque existen numerosos trabajos sobre la participación de la Cancillería durante ese periodo, se trata de investigaciones que interpretan el accionar de los diplomáticos en base a un parámetro técnico-profesional de la política exterior sin explayarse en la responsabilidad que tuvieron en torno a la disputa por las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Se destacan los estudios que revelan el protagonismo de la diplomacia argentina en los foros internacionales donde se discutió la “situación argentina”: el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde los representantes de la Cancillería asumieron una clara defensa del régimen militar (Guest, 1990; Moreno Ocampo, 2014). En el mismo sentido, las investigaciones de Franco (2008) arrojan luz sobre la actividad diplomática de la Junta Militar en Francia, donde se estudia el accionar del Centro Piloto que operaba en el ámbito de la embajada argentina de París, con el objetivo de realizar tareas de inteligencia contra los organismos de derechos humanos y exiliados argentinos. Y también existen trabajos relativos a la respuesta que dio la agencia Burson&Masteller, contratada por la Junta Militar para hacer frente a la “campaña antiargentina” (Franco, 2002; Jensen, 2010).

Es necesario, además, mencionar el antecedente de Sikkink (2008), referente obligada para el estudio de la política exterior en el marco de los derechos humanos. Su trabajo se centra en el análisis del impacto internacional de las políticas implementadas por el Estado argentino en materia de reparación de las violaciones a los derechos humanos, establecidas desde el regreso de la democracia hasta la actualidad. La autora esboza la tesis de “la cascada de la justicia” donde afirma que el Juicio a las Juntas y los Juicios de Núremberg representaron dos hitos históricos para condenar las violaciones a los derechos humanos y analiza cómo se replicaron iniciativas similares en todo el mundo. Sikkink también señala el posterior compromiso de la diplomacia argentina en democracia para lograr que un país considerado “un paria” durante la dictadura se convirtiera en un “actor global” en la actualidad.

Por otra parte, los trabajos que investigan el rol de los funcionarios del servicio exterior de un régimen represivo acuerdan que el personal civil de esa burocracia representa un caso particular de estudio ya que, generalmente, está formada por individuos que no forman parte de la alianza político-militar que provocó el golpe pero que luego, y por distintos factores –desde componentes ideológico o clasistas, hasta los meramente materiales, como la preservación de espacios decisores en la estructura estatal–, terminan convirtiéndose en una pieza fundamental para lograr el apoyo internacional de esa dictadura, a medida que interpretan como propios los valores que dieron sustento a un régimen basado en la represión.

Tal es el caso de autores como Jonas (2012), que señala la responsabilidad de los diplomáticos alemanes en el origen del nazismo para demostrar, a través de los registros de la época, los debates públicos, las correspondencias y los escritos autobiográficos de una sección transversal de los funcionarios de alto rango, la conducta reaccionaria de la diplomacia de entonces. Su tesis demuestra que el cuerpo burocrático del servicio exterior puede ser permeable a un gobierno totalitario. Otro tanto sucede con Oliveira (2006), que se propone caracterizar el cuerpo diplomático de Portugal entre 1926 y 1974, es decir, el período comprendido entre el final de la Pri­mera República y la Revolución de Abril. Particularmente, cuando aborda cómo los gobiernos de la dictadura militar, y especialmente el nuevo Estado trató de redefinir los criterios de selección del personal diplomático y su estatuto respectivo. Su trabajo es no­vedoso en el sentido de analizar los contactos entre los cuerpos de relaciones exteriores de las dictaduras europeas: la Portugal dictatorial, la España franquista, la Italia fascista y la Alemania nazi.

Mientras que es interesante advertir la argumentación desarrollada por Markarian (2013) para analizar el rol de la dictadura uruguaya en el diseño de la política exterior a través de la reformulación del Ministerio de Relaciones Exteriores, la persecución a diplomáticos críticos del régimen y la promoción de funcionarios aliados a los militares. Representa un significativo avance para los estudios del pasado reciente en materia de discusión del rol de los derechos humanos en el ámbito de la diplomacia sudamericana.

En tanto que Tunks (2002) se centra en la inmunidad diplomática, considerando el carácter de los diplomáticos de no ser pasibles de arresto. En ese marco, pueden ser inmunes a las demandas civiles, excepto cuando la acción se relaciona con la propiedad privada o actividades comerciales fuera del ámbito de sus funciones. Así se interpreta la responsabilidad de los funcionarios del servicio exterior en el gobierno de Mugabe y sus violaciones a los derechos humanos.

III. El Comité de Derechos Humanos de la ONU

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue una subcomisión del Consejo Económico y Social (Ecosoc), fundada el 12 de agosto de 1947 y que funcionó hasta el 15 de marzo de 2006, cuando fue disuelta tras el nacimiento del Consejo de Derechos Humanos como organismo de la ONU. Tenía sede en Ginebra, Suiza, y asistía en funciones a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Estaba integrado por 53 Estados miembros, no había miembros permanentes y cada año, aproximadamente, un cuarto de los asientos del Comité eran electos y los representantes sesionaban por tres años. Sus objetivos eran inspeccionar la aplicación de las normas en derechos humanos, formular recomendaciones a los estados en cuanto a la implementación de sus políticas, investigar violaciones cometidas y brindar asesorías a los Estados en esta materia.

Entre 1976 y 1983, en su ámbito se discutieron denuncias vinculadas a las violaciones de los derechos humanos en varios países de Sudamérica en los que había gobierno de facto, como en la Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay. También se analizó la situación de represión en el régimen de apartheid de Sudáfrica, y en otros países, como Chipre, Siria e Irak. Debido a su fuerte composición política, en la que prevalecían intereses y alianzas, fue sustituido por el Consejo de Derechos Hu­manos en 2006.

En la mayor parte del periodo analizado para esta ponencia estaba integrada por Antonio Cassese, de Italia; Nicole Questiaux, de Francia; Sergei Smirnov, de la Unión Soviética; Muhammad Yussef, de Irak; Monique Schreiber, de Bélgica; y Benjamín Whitaker, del Reino Unido. Entre 1977 y 1982, cuando la discusión sobre la situación argentina tomó mayor protagonismo, el holandés Teo Van Boven fue su director. La Guerra Fría determinó que el proceso de toma de decisiones en las Naciones Unidas fuera complejo durante esos años y Argentina se aprovechó de ese contexto para promover una posición en el organismo que le permitiera evitar una resolución de condena, mientras que hubo numerosas resoluciones condenando a otros países: Sudáfrica, Polonia, Chile, El Salvador, Guatemala o Uganda, por citar algunos casos. En su testimonio durante el Juicio a las Juntas, Van Boven reconoció la fuerte presión que ejerció el gobierno argentino a través de su cuerpo diplomático en Ginebra. El holandés reveló que un “rol clave en este ocultamiento” que en algunos casos incluyó “intimidación y falsa información”, lo tuvo el jefe de la misión en Ginebra, Gabriel Martínez (Moreno Ocampo, 2014: 242).

Martínez había ingresado al Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), centro de formación de los futuros cuadros de la burocracia profesional de la diplomacia argentina, dos décadas atrás y había cumplido funciones en distantes partes del mundo sin que su trabajo fuera cuestionado por sus superiores en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hasta que su protagonismo creció exponencialmente en Ginebra y comenzó a ser señalado por los representantes de los organismos de derechos humanos, y hasta por sus propios pares y colegas que integraban el Comité de Derechos Humanos, como una figura controvertida.

En su declaración ante el Juicio a las Juntas, Martínez aseguró que la estrategia de la diplomacia que él representó fue evitar sanciones “desde el punto de vista de los derechos humanos” para que en la Argentina no se vean “afectados intereses comerciales, su prestigio internacional y su poder negociador”.

Ninguna decisión adoptada por el suscripto, ninguna comunicación a las Naciones Unidas, ninguna intervención en el área de los Derechos Humanos respondía a otra cosa que a instrucciones específicas de la Cancillería. Y, en algunos casos, previo a formular la intervención o a presentar una nota, los propios textos eran consultados con la Cancillería argentina. (Martínez, citado por Moreno Ocampo, 2014: 246)

V. Diplomáticos argentinos en Ginebra: negación (1976-1978)

Tras el golpe de Estado producido en la Argentina en marzo de 1976, es posible advertir un momento de “negación” de la diplomacia argentina en el Comité de Derechos Humanos de la ONU para evitar reconocer las violaciones a los derechos humanos que se cometían, a pesar de que las denuncias llegaron a los pocos meses de haberse iniciado el Proceso. La discusión sobre la situación argentina comenzó en agosto de 1976 cuando la presión de los exiliados y de países como Francia y Austria obligó al organismo de Ginebra a pedir un cuadro de situación sobre las violaciones a los derechos humanos en las dictaduras del Cono Sur. Por disposición de las Naciones Unidas, las organizaciones que lo redactaron, como Amnesty International o la Asociación Internacional de Abogados, debieron evitar cualquier mención directa de los países involucrados. Pero dado el fuerte rechazo que tuvo el informe en la diplomacia argentina, era evidente que aludía, en gran parte, a la dictadura de Rafael Videla.

El Comité de Derechos Humanos empezó a recibir informes sobre desapariciones y torturas cometidas en la Argentina luego de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) manifestara su preocupación ya que debía velar por la seguridad de 16 mil latinoamericanos que se habían refugiado en la Argentina para escapar de las dictaduras de sus propios países. La primera vez que se nombró a la Argentina en el Comité de Derechos Humanos de la ONU como un país en el que corrían peligro los derechos humanos fue el 13 de agosto de 1976. Según se lee en el acta de la sesión 745, el italiano Cassese aseguró que “prácticas parecidas a las que están en vigor en Chile se aplican en los países vecinos: Argentina, Uruguay y el Paraguay”.335

El 19 de agosto de 1976, bajo la carátula “Cuestión de la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, se realizó una nueva sesión del Comité en la que el diplomático holandés Van Boven, integrante de la subcomisión y luego su presidente, advirtió que el Grupo de Expertos ad hoc constituido para investigar la situación en Chile ya había elaborado dos informes acerca de la violación de los derechos humanos en ese país, por lo que remarcó que había “pasado la hora de limitarse a expresiones de inquietud y condenación” para “adoptar medidas concretas, quizá mediante una presión económica a Chile, o prestando ayuda jurídica a las víctimas de la opresión y a sus familias por conducto de las Naciones Unidas y por otras vías”. 336

En esa sesión se invitó al representante de Amnesty Internacional a tomar la palabra. Nigel Rodlye, presidente de Amnesty Internacional se sumó a los miembros de la Subcomisión que habían manifestado inquietud por el destino de los refugiados en Argentina y aseguró que disponía de una lista “de más de cien refugiados de diversos países, especialmente de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay que han sido secuestrados en Argentina y muchos de los cuales probablemente han muerto”.337

También se invitó el argentino Rodolfo Mattarollo338, representante de la Subcomisión Internacional de Juristas a tomar la palabra. Mattarollo advirtió que el propósito de su intervención era señalar las violaciones a los derechos humanos en el Cono Sur de América Latina para lo que, informó, se utilizaban en la región dos procedimientos: en primer lugar, la combinación de la represión “legal” y de la represión ilegal y, en segundo lugar, la coordinación de la represión de las fuerzas de seguridad. Ambos mecanismos, informó Mattarollo tenían “un desarrollo sin precedentes” y que exigían “la adopción inmediata de medidas adecuadas”.339

La posición formal que iba a tomar la Argentina ante la ONU llegó el 30 de agosto, de parte de Martínez, el jefe de la delegación argentina en Ginebra. Martínez comenzó su exposición manifestando, “a nombre del Gobierno argentino”, su “sorpresa” y “pesar” por el proyecto de resolución presentado ante la Subcomisión en relación con la Argentina y advirtió que la Junta cuestionaba la creación de un Grupo de Trabajo sobre la situación de los derechos humanos en su país. Irónicamente rescató el “sentimiento humanitario” de los miembros del Comité de Ginebra que motivó el respectivo proyecto de resolución pero condenó “su vaguedad e imprecisión” que podría “prestarse a torcidas interpretaciones” y “su texto y espíritu” podría “ser tergiversado” por quienes “desde adentro y desde afuera” de la Argentina “participan en una tendenciosa campaña tendiente a desprestigiar al pueblo argentino”. A muy pocos meses del golpe de Estado en la Argentina, ya se anunciaba lo que sería la principal estrategia para combatir el frente externo: denunciar una “campaña antiargentina” orquestada “desde afuera”.340

VI. Diplomáticos argentinos en Ginebra: menosprecio (1978-1980)

Para 1978 la presión en el Comité de Derechos Humanos, liderada por Francia, se volvía insostenible para la Junta, que decidió tomar la iniciativa en Ginebra y presionó hasta lograr un asiento en ese organismo de la ONU en 1979. En este marco, podría evidenciarse una nueva estrategia: ya no se negaba la existencia de violaciones a los derechos humanos, sino que se desacredita a quienes habían manifestado esos cuestionamientos. En esta etapa se inicia lo que podría denominarse como un “menosprecio” de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Argentina.

En 1978 los debates reservados salieron de la esfera de Ginebra gracias a la difusión de un artículo en el diario francés Le Monde escrito por Isabelle Vichniac que hizo públicas las denuncias contra la Argentina en la ONU. Comenzó así una presión muy fuerte contra el gobierno argentino y el 13 de septiembre de 1978 Francia impulsó un nuevo proyecto de resolución en el que se manifestaba “profundamente preocupada por las alegaciones relativas a la desaparición de numerosas personas en Argentina”, por lo que “ruega al gobierno argentino que, por razones humanitarias, dé noticias de las personas señaladas a la atención de diversos miembros de la Subcomisión cuyas listas han presentado éstos a la secretaría”.341 La francesa Questiaux, autora del proyecto, había advertido en la sesión que tenía “el deber moral” de presentar esa resolución.

La Unión Soviética respaldó la posición de Argentina y pidió que no se viole “la norma de confidencialidad” de lo que se discute en este organismo “habida cuenta de la publicación en Le Monde”.342 Gracias al respaldo de la URSS y de los países que integran el Movimiento de los No Alineados, en 1979 la Argentina tenía los aliados necesarios para mantener las críticas sólo en el seno de la Subcomisión y consiguió un lugar como miembro del estratégico Comité de Derechos Humanos.

En otra sesión realizada en agosto de 1979, Gran Bretaña acusó a la Argentina de “justificar” los métodos de violaciones a los derechos humanos y recordó que “el Presidente de Argentina dijo que esos métodos se utilizan contra las personas subversivas” a lo el enviado británico Whitaker agregó: “Pero su definición de personas subversivas no comprende sólo a terroristas, sino también a quienes se considera como un posible peligro para el modo de vida occidental y cristiano”. Withaker consideró que “es difícil concebir una práctica más destructiva a esos valores y de todas las nociones elementales de justicia que esos métodos” porque recordó que “las víctimas no pueden pedir protección invocando las normales garantías constitucionales y jurídicas establecidas por la ley”, en tanto que “la persona desaparecida pierde su condición de ser humano desde el punto de vista jurídico, pero al mismo tiempo, la propia sociedad pierde todas las garantías que le concede la ley para defenderse de una intromisión del Estado en sus derechos”.343

Llegado el turno del embajador Martínez, el diplomático argentino dijo que esperaba “aportar a la Subcomisión una mejor comprensión de los problemas en Argentina”. Ya no se niega la figura de desaparecidos, sino que se intenta poner en contexto el accionar del Proceso porque reconoce que “el punto más complejo ha sido el de las personas desaparecidas”.344 Martínez inició su exposición reiterando que la Junta “asumió sus funciones en 1976 no solo heredó un vacío de poder, sino también una situación de caos político, económico y social que había llevado al país al borde del colapso”, por lo que el objetivo “fue frenar el proceso destructor y conducir progresivamente al país a un estado de legitimidad y de desarrollo”.345

La presión de Francia continuó durante 1979, sobre todo, porque el caso de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, que habían sido desaparecidas en las Argentina, conmocionaba a la opinión pública francesa. El 28 de agosto de ese año, la representante Questiaux realizó una emotiva declaración en la sesión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, aclarando que lo hacía en calidad de “testigo, analista y defensora” para mencionar, por primera vez en ese ámbito de primer nivel internacional a la figura de las Madres de Plaza de Mayo.

Como testigo, voy a hablar de la Argentina y a pedir a todos, incluidos los miembros de la Subcomisión procedentes de ese país, que me escuchen con paciencia (…). Como a muchos, me han sorprendido las manifestaciones de las que han llamado “las locas de la Plaza de Mayo” Ahora bien hace algunas semanas me he enterado de que una de esas mujeres que se manifestaban para encontrar a su hijo desparecido, había desaparecido a su vez. Me dije entonces que no cesaría hasta suplir con otra la voz de esa mujer y que, si iban a desaparecer otras mujeres todavía, deberían saber que sus justas demandas serían recogidas en todas partes donde pudieran serlo.346



VII. Diplomáticos argentinos en Ginebra: justificación (1980-1983)

Para 1980 la situación internacional presentará importantes cambios en el “frente externo” de la dictadura, lo que permite observar una posible reformulación de su estrategia en el organismo de Naciones Unidas de Suiza. Por un lado, la situación mejoró para la Junta gracias al apoyo que obtuvo del nuevo gobierno del republicano Ronald Reagan, que triunfó en la campaña presidencial de 1980 en los Estados Unidos dejando atrás la postura del demócrata Jimmy Carter en favor de los derechos humanos como herramienta para contrarrestar a la URSS en el marco de la Guerra Fría347. Por el otro, la publicación de abril de 1980 del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que había recabado documentación sobre la represión interna en la Argentina durante su visita al país de 1979348, obligará al Proceso a dejar atrás la etapa de menosprecio a las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Para hacer frente a esa situación, la dictadura entendió que el nuevo contexto internacional le permitía justificar los “excesos” que, según lo manifestaba, se habían cometido con el objeto de establecer un marco definitivo para garantizar la paz para todos los argentinos.

En ese marco, el 8 de diciembre de 1980, el embajador Martínez, representante permanente de la Argentina ante la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra envió una carta al presidente del Grupo de Trabajo que se había creado para “examinar cuestiones relativas a desapariciones forzosas o involuntarias de personas” en la Argentina.

La experiencia argentina en esta materia (“presuntas desapariciones”) es demostrativa de la existencia de intereses políticos bien definidos, que se ocultan en la aparente preocupación de la búsqueda de los desaparecidos (…). El fenómeno de las desapariciones estuvo ligado en mi país desde sus orígenes con la actividad delictiva de organizaciones terroristas de distingo signo, que eligieron la violencia irracional como único medio de imponerse a la sociedad jurídicamente organizada. Mediante el empleo de un terrorismo despiadado estas organizaciones violaron reiteradamente el derecho a la vida de víctimas inocentes de sus atentados y de todos aquellos que pudieran obstaculizar sus propósitos.349

También refuerza la estrategia de la diplomacia del régimen militar: la justificación de las violaciones a los derechos humanos para evitar el “caos”.

Con la promoción sistemática de denuncias contra el Gobierno argentino, las organizaciones terroristas buscaron un doble propósito: primero, construir una historia que les permita legitimar como víctimas a quienes –prófugos en el extranjero, encarcelados u ocultos en el país–necesitan contar con apoyo internacional que supla los medios que una vez obtuvieron en la Argentina por medio del delito y el terror. Segundo crear una ‘leyenda negra’ que pueda emplearse políticamente en el ámbito internacional como medio de agresión contra la nación, con la esperanza de presionar con ella al gobierno argentino y fomentar reacciones desfavorables a nuestra política exterior independiente (…) La acción terrorista, basada en métodos brutales e indiscriminados de agresión que causaron cientos de víctimas inocentes, consiguió crear una situación cuya perduración por un plazo no muy largo hubiera llevado a mi país al caos social y económico.350

El 3 de marzo de 1981, la posición del gobierno argentino volvió a ser manifestada a través de Martínez. Frente a las preguntas del gobierno de Canadá y Holanda sobre la situación de los desaparecidos que fueron detenidos por causas políticas, el embajador argentino aseguró que “en la Argentina, nadie fue detenido por manifestar lo que pensaba sino solo por lo que había hecho”.351 Eso no impidió, sin embargo, que organismos defensores de los derechos humanos tuvieran la posibilidad de manifestar su situación ante el Comité que sesionaba en Ginebra. Durante 1981, declararon ante la Subcomisión de Derechos Humanos representantes de las Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Grupo de Abogados Argentinos Exiliados en Francia (GAEF), Comisión de Solidaridad de los Familiares Detenidos Desparecidos y Muertos en la Argentina.352

No se observan registros de sesiones realizadas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1982, por lo que seguramente Argentina tuvo que evitar esas reuniones diplomáticas durante el desarrollo de la Guerra de Malvinas. Mientras que, evidentemente, todo cambió para la diplomacia del régimen hacia 1983. El 23 de febrero de ese año, el representante argentino pasó a ser Alberto Davedere, y la posición de la Junta que ya estaba en retirada, cambió definitivamente en el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Davedere aseguró que el gobierno argentino “respeta la libertad de expresión” y advirtió que “el problema de los desaparecidos pertenece al pasado” porque Argentina “ha dejado una fase el pasado en el proceso de la normalización institucional” y anunció elecciones “probablemente en noviembre de 1983”.353 La diplomacia de la dictadura le estaba cediendo el paso a la diplomacia de la democracia, donde las violaciones a los derechos humanos de la Junta Militar serían condenadas abiertamente para dejar atrás una etapa oscura de la Argentina reciente.



VIII. Conclusión

Al analizar el rol de los diplomáticos argentinos que representaron a la dictadura militar en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se observa que su tarea fue fundamental para que la Junta enfrentara exitosamente el “frente externo”, generado a partir de las denuncias formuladas en el exterior por los exiliados del régimen y los organismos de derechos humanos, logrando evitar una condena internacional para la Argentina en ese importante organismo de la ONU.

Como lo demuestran los documentos de las sesiones reservadas realizadas en la sede de Ginebra de la ONU entre 1976 y 1983, los diplomáticos argentinos asumieron la defensa del régimen para primero negar el terrorismo de Estado, luego menospreciar esas denuncias y, finalmente, justificar las violaciones a los derechos humanos, supuestamente cometidas para contrarrestar el “caos” que se había desatado en la Argentina. La clasificación de “negación”, “menosprecio” y “justificación” representa una propuesta inicial, que deberá ser comprobada cuando esta investigación incorpore nuevas fuentes. Es importante aclarar que aunque es posible evidenciar estos tres “momentos”, también existen instancias de “justificación” a lo largo de los periodos señalados, a la vez que en el periodo de “menosprecio” no todas las intervenciones se corresponden con esa estrategia.

Los documentos que aquí han sido revelados también demuestran cómo la diplomacia argentina recibió apoyo internacional en el contexto de la Guerra Fría, logrando que la URSS se convirtiera en el principal aliado de la Junta, a pesar de que los militares calificaban su accionar como una declarada “guerra” contra el “marxismo”.

En ámbitos de negociación internacional, frente a diplomáticos de otros países y hasta enfrentando a familiares de los desaparecidos, exiliados del régimen y representantes de los organismos de derechos humanos, estos diplomáticos argentinos manifestaron su rechazo a los “terroristas” y a los “subversivos”, pidieron comprensión para la “situaciones de excepcionalidad” y apoyo para la Junta que buscaba “imponer la paz interna”. Y, tal como quedó demostrado, no ocultaron su decisión de apoyar a una sanguinaria dictadura.

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