Eje 14: defensa, seguridad y derechos humanos


“PREFIEREN INVOLUCRARNOS CON EL EPP Y MATARNOS QUE DARNOS LAS TIERRAS”: El Ejército del Pueblo Paraguayo y la criminalización de la protesta en Paraguay



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“PREFIEREN INVOLUCRARNOS CON EL EPP Y MATARNOS QUE DARNOS LAS TIERRAS”: El Ejército del Pueblo Paraguayo y la criminalización de la protesta en Paraguay


Tamara Lajtman Bereicoa CONICET-IEALC/UBA

Introducción

Paraguay vive una ofensiva del modelo agroexportador con el apoyo del Estado, que militariza progresivamente las regiones con mayor tensión social. El Informe Chokokue (1989-2013) denuncia la muerte de 115 dirigentes y miembros de organizaciones campesinas en 25 años de gobiernos posdictatoriales a partir de un “plan sistemático de ejecuciones” articulado entre “terratenientes e intereses corporativos ligados a los agronegocios que, aliados con líderes políticos tradicionales, mantienen capturado al Estado, sirviéndose del mismo y utilizando sus medios de represión para perpetrar estos crímenes y garantizarse impunidad” (CODEHUPY, 2014: 7). De acuerdo con el informe, es en el noreste de la región oriental donde dicho ‘plan’ fue aplicado con mayor rigor gracias a la perversa ecuación entre la expansión del agronegocio y el fortalecimiento de la resistencia en defensa del territorio campesino. No es de menor importancia el hecho de que distintos programas en materia de seguridad y cooperación internacional con EE.UU estén enfocados en esta región314.

Comunidades y asentamientos donde se organiza con más fuerza la defensa del modo de vida y del territorio campesino vienen siendo tildadas como cuna del supuesto grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que aparece en los discursos de los medios hegemónicos y del Estado paraguayo como amenaza a la seguridad nacional desde el 2008.

En investigación anterior fue trabajada la hipótesis de la funcionalidad para los intereses dominantes enmarcados en el agronegocio, de la articulación de discursos –tanto oficiales como mediáticos– sobre el EPP y las consecuencias de ello sobre la resistencia campesina en Paraguay (Lajtman, 2014). En este espacio, nos dedicaremos a articular algunos materiales oriundos de trabajo de campo, análisis de material de prensa y documentos oficiales que aporten, a partir de una narrativa localizada, algunos elementos para pensar el proceso de persecución de los sujetos que resisten al agronegocio en Paraguay teniendo como marco la figura del EPP como enemigo interno y las modificaciones en la Ley 1337 de Defensa Nacional y Seguridad Interna de agosto del 2013.

Desde un primer momento, es fundamental problematizar cómo estos intereses dominantes están actualmente enmarcados en la expansión de los monocultivos por determinadas regiones del país. La expansión de la soja se ha duplicado entre 2002 y 2012 (Guereña, 2013: 16), superando las 3 millones de hectáreas en la campaña agrícola 2012/2013, mitad sobre las tierras ganaderas y casi la otra mitad sobre tierras campesinas. De esto se produjo un promedio de expulsión de 9.000 familias por año (Palau, 2008: 34). En este sentido, la situación agraria en Paraguay debe ser entendida por la expansión predatoria, por la destrucción integral de los territorios campesinos; y no solamente por la integración o “monopolización del territorio” (Palau, 2008: 14). Si en un momento anterior estos territorios eran integrados –aunque por medio de la explotación de la fuerza de trabajo y sumisión cultural–, la actualidad del agronegocio difiere en la medida que el aumento de la tasa de ganancia y la disminución de los costes de producción provienen de la utilización de tecnologías de producción a gran escala y la eliminación progresiva de mano de obra. Los desplazados por el agronegocio además de perder su tierra son víctimas de un epistemicidio, en la medida en que las técnicas y conocimientos tradicionales son ignoradas, sustituidas y destruidas por el avance violento de la territorialización del gran capital transnacional y su monocultivo asociado a la biotecnología.

Liberar la tierra de todo modo de vida campesino y de las formas concretas de producir y reproducirse, responde a los intereses hegemónicos. Desde estos “intereses” se articulan los discursos sobre el EPP y su vinculación con la resistencia campesina. La “existencia” del EPP es asumida aquí no como esencial sino como producto discursivo articulado por la prensa y por el Estado paraguayo. A partir de ello, identificamos que el “efecto” de esta construcción discursiva es la persecución directa de los sectores más activos de la lucha social y del modo de vida campesino (teko, en guaraní).



Tacuati Poty: Una isla en un mar de soja y ganado.

El miedo y el sentimiento de inseguridad expresados en los comentarios que se escuchaban en las calles asunceñas a mediados de agosto de 2013 reflejaba muy bien el imaginario que los medios conservadores trataban de construir día a día a través de las principales páginas de los periódicos: una zona donde el Estado dejó de existir, una amenaza a la seguridad nacional donde la guerrilla subversiva impera. En aquellos días, los focos del show mediático alumbraban a Tacuati Poty. En la localidad, ubicada en el norte de la Región Oriental, en la zona de frontera entre San Pedro y Concepción (Ver mapa 1 y 2), se llevaba a cabo un aparatoso despliegue de las Fuerzas Armadas con el objetivo declarado de desmantelar al EPP. El empleo de los elementos de combate de las fuerzas armadas se da en los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay por medio del Decreto N°103, promulgado por Horacio Cartes el 24 de agosto de 2013 en el marco de las modificaciones en la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna que entran en vigor el día anterior. Sin embargo, antes mismo de que empezaran los trámites parlamentarios para las modificaciones, el 19 de agosto Horacio Cartes ordena el desplazamiento de un contingente militar al destacamento de Tacuati Poty para apoyar a la policía en la lucha contra el EPP.

Independientemente de los trámites en el Congreso, el presidente de la República, Horacio Cartes, ya ordenó ayer el envío de un contingente militar para apoyar las tareas policiales en la lucha contra el EPP. Por otra parte, en la fecha, el Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para modificar algunas normativas y facilitar la acción militar directa en el norte del país (ABC Color, 20/08/13a315)

Una isla en un mar de soja y ganado. Arrinconadas, las cerca de setecientas familias del asentamiento fueron logrando, a lo largo de no más que veinte años, el cumplimiento de demandas básicas tales como una escuelita, un puesto de salud, el colegio, agua potable; mientras, como nos cuenta Victoria Sanabria (pobladora y una de las principales voceras del asentamiento), enfrentaban una “batalla contra la sojización”316. Al caminar por la comunidad por la mañana la escena con la cual nos encontramos es la de señoras cuidando sus chanchos y aves de corral, un grupo de niños que juegan en la calle y, no muy lejos de ahí, un destacamento militar.

Luis Lindstron, uno de los “reyes” del ganado en Paraguay, fue asesinado el 31 de mayo de 2013 en la estancia Paso Itá, ubicada pocos quilómetros de Tacuati Poty (ver Mapa 2). La versión manejada por el Ministerio Público y la Fiscalía, que es la misma sostenida por los principales medios de comunicación atribuye el crimen al EPP excluyendo otras hipótesis posibles a la vez que se refiere a la localidad y sus pobladores como bastión del grupo terrorista.

El 24 de agosto de 2013, organizaciones de derechos humanos realizaron una visita al principal destacamento militar montado en Tacuati Poty el marco de las modificaciones de la ley de defensa317. En la ocasión, una señora denunció la incursión de un grupo de militares a la escuelita del asentamiento donde de manera truculenta interrogaron a niños y niñas sobre el EPP. Pocos días después de la denuncia su nombre aparece en la prensa como “principal instigadora” del asesinato de Lindstron y “la responsable de coordinar las acciones bélicas del EPP en Tacuatí” (ABC Color, 02/09/2013), resultando en una orden de captura. La necesaria imbricación entre los “hechos” y los “discursos” es más que evidente e ilustra cómo se cruzan en la práctica la deslegitimación de cualquier signo de resistencia y las acciones directas del Estado en contra de estos sujetos.



Pocos meses antes, en una noche helada de junio, campesinos que cultivan mandioca y crían unos pocos animales se despiertan en la madrugada con una visita inesperada de patrullas policiales que buscaban a algunos de los referentes de la lucha social en el pequeño asentamiento. Tras el asesinato de uno de los reyes del ganado en Paraguay, Tacuati Poty empieza a aparecer en el discurso estatal y mediático como el reducto del EPP y, en consecuencia, como una de las zonas más peligrosas del país. “Que se descomponga la fotocopiadora de la casa parroquial deriva en un casi martirio pues no hay técnico disponible cuando mencionan las coordenadas de la zona (…) El técnico no vino al saber que el problema quedaba acá”. Lo mismo les pasó al fallar la conexión de internet. “La anécdota sonó cómica de entrada, sin embargo basta ponerse en la cotidianeidad de esta comunidad para entender que no tiene nada de gracioso: ‘Si decimos que somos de Tacuati, dicen que sos EPP’” (E’a, 27/08/2013).

MAPA 1: Ubicación geográfica. Frontera entre San Pedro y Concepción


Fuente: elaboración propia en base a los datos de Google Earth

MAPA 2: Principales comunidades referenciadas como bastiones del EPP Fuente: elaboración propia en base a los datos de Google Earth y ABC COLOR (17/09/2012, 15/07/2013 y 18/05/2014)

Allanamientos y detenciones tras el asesinato de Luis Lindston

Seis fueron los procesados por la muerte del ganadero Luis Lindstron: Gustavo Ramón Cardozo Bazán, Ireneo Ramón Vallejos Rojas, Damacio Miranda Medina, Pedro Pablo Balbuena, Juan Ramón Cardozo Bazán y Carmelo Recalde Pérez. Desde el inicio de las investigaciones sobre el caso, el accionar de la justicia va en dirección a involucrar a los campesinos al grupo criminal en lugar de investigar el crimen. La participación de grupos de narcotraficantes, o la misma participación policial no deberían ser descartadas si se considera, por ejemplo, que las balas que mataron al ganadero son del mismo tipo que las que usan la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE), importadas de Colombia. Sin embargo, no fueron incorporados a la investigación elementos básicos como, por ejemplo, el informe pericial balístico o la reconstrucción de los hechos.

Con el apoyo de la CODEHUPY (Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay) y del SERPAJ-PY (Servicio de Paz y Justicia de Paraguay), el 3 de septiembre del 2013 se realizaron entrevistas con dos de los procesados, Ireneo Vallejos y Damacio Miranda, detenidos en aquél momento en la Penitenciaria Regional de San Pedro. En relación a estos, lo que se vehiculaba en la prensa era lo siguiente:

El tercer aprehendido había sido Damacio Miranda Medina (27), presunto ideólogo del homicidio y líder de la Coordinadora Campesina ‘Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia’, apuntada por la fiscalía y la Policía como el ala política del EPP. Damacio fue capturado por un grupo de combate de las Fuerzas Armadas, en la madrugada del sábado 31 de agosto, frente a su casa del asentamiento Tacuatí Poty, en el mismo lugar donde el 2 de junio pasado se había hallado un panfleto del EPP durante otra intervención. (…) Otro arrestado es Ireneo Ramón Vallejos Rojas (43), quien habría escondido en su casa a los autores materiales del atentado. Este cayó el lunes 17 de junio pasado, en un allanamiento en el asentamiento Tacuatí Poty de Tacuatí, a solo 2.000 metros del sitio donde fue acribillado el ganadero Lindstron (ABC Color, 09/09/2013).

En la entrevista, Ireneo Vallejos nos cuenta sobre su reacción de sorpresa al enterarse que estaba siendo acusado:



Me llamó un hermano mío que vive en Asunción informándome que apareció el nombre mío en el diario ABC Color específicamente. Estaba mi nombre en un listado de un grupo de gente de Tacuati, que supuestamente yo estuve también implicado en una reunión tres días antes de la muerte de este señor Lindstron. Que estuve supuestamente en la reunión que se realizó en el puesto de salud del asentamiento de Tacuati Poty en la cual se le citó a por lo menos siete personas en este listado. Me llamo mi hermano y me dijo “mira Ireneo que tu nombre apareció en el diario ABC Color. Que supuestamente estas implicado en la muerte del señor Lindstron”. “¿En serio?”, le dije, y le pedí que me leyera un poco el informe. Y confirmó que mi nombre aparecía en el diario.

La noticia de ABC Color mencionada por Vallejos consta del siguiente contenido:

El crimen fue decidido en una reunión que se hizo en el puesto de salud del asentamiento. La fuente implicó también al hermano de Gustavo, Juan Ramón Cardozo Bazán, así como a la señora Delia Escurra de Cardozo, madre del Froilán Escurra Cardozo, y a Damacio Miranda Medina, estos últimos dirigentes de la Coordinadora Campesina “Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia”, considerada el ala política del EPP. También habrían estado envueltos Aurelio Escurra Cardozo, hijo de Delia y hermano de Froilán; Pedro Pablo Balbuena Romero y Carmelo Recalde Pérez. La lista de sospechosos sigue con Ireneo Vallejos y un tal Magín González y otro conocido como profesor Marcelo, todos pobladores del asentamiento Tacuatí Poty (ABC Color, 16/06/2013).

Preguntado sobre su acción política y participación en la vida comunitaria, Vallejos nos cuenta que fue uno de los fundadores del asentamiento Tacuati Poty, hace 18 años.



En aquel entonces yo estuve como socio fundador del asentamiento. Estuve varios tiempos haciendo movilizaciones porque fuimos tirados en el monte, solamente nos dieron tierras. Las demandas desde esa época eran por infraestructura básica, por una escuela, un puesto de salud. Todo eso construimos gracias a las movilizaciones porque nada se nos dio así con gestión. Lo cierto es que siempre tratábamos de hacer gestiones legales, y solo después recurríamos a las manifestaciones...tuvimos que salir a las calles…tuve muchas persecuciones policiales…siempre me llevaban en cuenta por eso, por mi currículo de lucha. Estuve perteneciendo por mucho tiempo a una organización acá de San Pedro que se llamaba Asociación de Agricultores Oñondivopa. Ahí sí, esta organización nos acompañó en la lucha por la tierra. Estaba vinculada a la Organización Nacional Campesina, que está vinculada a la Central Nacional de Trabajadores, que estaba afiliada a la Central Latinoamericana de Trabajadores. Lo cierto es que yo siempre pertenecí a una línea de organización socialista, nuestro principio siempre era humanista cristiano, se basaba en esta línea de pensamiento. Nunca tuvimos una organización que iba por la vía de la lucha armada. Siempre fui un luchador por la vida, nunca tuve ninguna entrada en la comisaria o en la cárcel.

Le preguntamos si había tenido algún tipo de conflicto anterior con el ganadero Lindstron y nos comenta:



No, lo que sí es que…yo también hago una evaluación personal del por qué estoy en esta situación. Siempre fui luchador contra la sojización del departamento. Siempre había grupos de menonitas y sojeros que me llevaban en cuenta porque yo siempre me opuse al sistema de la implementación de la soja porque no se respetaba la barrera de plantas de eucaliptos para no contaminar. Y Justamente este señor Lindstron invitó a una embajadora americana a este asentamiento. A unos cuatro años atrás impulsaron un trabajo, como un sistema de ayuda…y fue este señor con sus tractores, y le mostraban a la prensa que hay ayuda para el asentamiento, pero no es así la cosa…Decían a la prensa que llevaban ayuda al asentamiento, pero la verdad es que se mecanizaba todo. Yo salía a decir que no era así. Y por oposición a estos trabajos siempre me llevaban en cuenta a mí y a los compañeros dirigentes. Y yo estuve relacionando todo esto...por eso me involucran, pero yo no tengo la más mínima idea. Para mí es una pesadilla y por eso trato de intentar hacer algo. No quiero aceptar una cosa que no es mía, que no me pertenece. Yo nunca fui amante de la violencia.

En la ocasión del allanamiento318, Vallejos afirma que no fue encontrada cualquier evidencia pero aun así lo llevaron. “Ya me llevaron con ellos. Una buena cantidad de efectivos policiales. Ya me pusieron en el calabozo de la comisaria. En el día siguiente ya me imputaron directamente”. En relación a este hecho, averiguamos en el Acta de Procedimiento319 que “se realizó una inspección del interior de las habitaciones y de las dependencias del inmueble, no encontrando ninguna evidencia relacionada al hecho que se investiga”. A continuación el dirigente campesino detenido afirma que “una familia que vive en el asentamiento vecino fue los que hicieron los testigos320. Y ahí empezó todo. Me imputaron sin tener pruebas. Dijeron que yo supuestamente le tenía a esta gente (los del EPP) en mi casa, que yo andaba repartiendo plata por el asentamiento”.

El segundo dirigente campesino acusado que se pudo entrevistar fue Damacio Miranda, que nos cuenta sobre las condiciones en que allanaron su casa:

Allanaron mi casa el dos de junio. Vino un vecino a avisar a mi señora que había unos policías en mi casa, que estaban pateando. Y ahí yo le dije a mi señora que se vaya, porque esta gente me quiere involucrar por la muerte de Lindstron y yo me voy a quedar nomás acá. Somos luchadores, por eso nos quieren involucrar. Yo le dije que fuera a ver lo que estaban haciendo. Yo le dije “no vaya a tocar en cualquier arma o cualquier panfleto, porque seguramente van a mandar hacer pericia y me van a involucrar por la muerte de Lindstron”. Y al llegar, dijeron que había un panfleto del EPP. El comisario le dijo “mira lo que está repartiendo tu marido” y dijo que era un panfleto del EPP con exigencias de leyes revolucionarias. Entonces el comisario quería llevar a mi esposa para que viera, yo le advertí a mi esposa para que no tocara en cualquier cosa que ellos traían. Porque después van a hacer pericia e involucrarla que ella estaba repartiendo panfleto. Entonces mi señora dijo que puso las manos hacia atrás y le dijo al comisario “estos panfletos son de ustedes, ustedes están haciendo eso” (…) Y la fiscalía sabía bien que el comisario llevaba este panfleto…y después encontraron una bandera del Partido Convergencia Socialista, que nos habían dado en una reunión en Asunción, y pasaron a la prensa que era del EPP.

Sobre el caso de Miranda, lo que circulaba en la prensa era:

(…) el domingo último se realizaron dos allanamientos, en uno de los cuales se encontraron materiales alusivos al grupo criminal. La vivienda pertenece a Damacio Miranda Medina, quien se encontraba ausente durante el procedimiento policial. Los agentes fueron recibidos por Irma Espinoza, concubina del hombre, según detalló el jefe policial. Entre los elementos hallados figuran panfletos con las ‘nueva leyes del EPP’, banderas y otros elementos sobre la Coordinadora Campesina ‘Dr. Gaspar Rodríguez de Francia’ (ABC Color, 03/06/13a).

En la casa de Damacio Miranda Medina (26), los intervinientes hallaron un panfleto con el logo del EPP, que contiene ‘las leyes revolucionarias’ establecidas por los secuestradores. La fiscala Fani Aguilera dijo que analizarán nexos con el crimen del hacendado. (…) Miranda Medina es un dirigente de la Coordinadora Campesina ‘Dr. Gaspar Rodríguez de Francia’, que la misma fiscala reveló que sería el brazo político del EPP. ‘Nosotros sospechábamos que este señor tenía vínculos con el EPP, pero con estas evidencias halladas podemos asegurar que está involucrado con ellos’, remarcó la representante del Ministerio Público. (…) El procedimiento también permitió la incautación de otros documentos y panfletos, así como una bandera del Partido Convergencia Popular Socialista (PCPS) y otros elementos alusivos a la lucha social, que fueron remitidos a la fiscalía (ABC Color, 03/06/13b).

En ocasión de una visita a la comunidad de Tacuati Poty, hecha con la intención de hablar con los vecinos y familiares de los acusados, tuvimos la oportunidad de conocer a Irma Espinoza, esposa de Damacio, quien también manifiesta versiones bastante distintas de las que sostiene ABC Color. En esta ocasión, contaba las condiciones en las cuales se llevó a cabo el allanamiento a su casa, enfatizando principalmente que fueron “plantadas” pruebas falsas. Según Irma, el comisario Olvidio Benegas escribió “Viva EPP” en el papel y lo puso como evidencia contra su esposo. El comisario también habría hecho amenazas de que su marido sería preso porque no le gustaba la plantación de soja y las fumigaciones, y que él era del EPP. Irma contesta: “claro que no le gustan las fumigaciones, el veneno no nos gusta a los pobres”321.

Frente a los testimonios y a las noticias de prensa, el acta de procedimiento del allanamiento que consta en el expediente judicial aparece como material fundamental. En el documento está la siguiente descripción, claro ejemplo de cómo se deslegitima, desde las instituciones estatales, la lucha campesina y los símbolos alusivos a la izquierda.

(…) en efecto nos constituimos en la vivienda de Damacio Miranda Medina, quien no se encontraba en el lugar, por lo que se ordenó la apertura forzosa de la puerta de referida vivienda, ingresando de tal manera la comitiva fiscal-policial procediéndose a verificar el interior, momento en que la persona de sexo femenino identificándose como la concubina del ciudadano Damacio Miranda Medina de nombre Irma Espinoza Benítez; paraguaya, de 25 años de edad, con el CI N°7.245.481; acompañando a la comitiva fiscal-policial (…) pudiendo encontrar en uno de los cajones del ropero los siguientes documentos: un panfleto con la inscripción EPP, hecho a mano con alguna exigencias de cumplimiento (…); un acta de renovación de la Comisión Directiva-Vecinal Sin Tierra del Asentamiento Tacuati Poty (…); una planilla sin nombre da la Coordinadora Campesina Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia; un cuaderno de la marca Pegasus de color marrón claro, donde están varios escritos entre ellos un comunicado a la opinión pública; un panfleto que llevó como título “yo voto protestando” (…); una hoja de cuaderno marca Lineal donde se describe el discurso de Ernesto Che Guevara; (…) una bandera de color verde con estrellas rojas en el medio con la sigla “PCPS”322.

De la misma manera, en la página del Ministerio del Interior la “lucha de clases” aparece como un signo de criminalidad asociada el EPP:

Se incautaron de varias ropas camufladas –tipo para para´í-, telas para la fabricación de estas prendas de las que utiliza el EPP, y panfletos alusivos a mensajes de lucha de clases y amenazas con ‘membretes’ del grupo armado en cuestión (Ministerio del Interior, 31/05/13).

Es indispensable tener en cuenta que los testigos clave de la investigación provienen de una familia de vecinos de la comunidad, la familia Bazán, que estaban bajo el programa de protección de testigos. En comunicación personal, Abel Irala, activista del SERPAJ-PY, plantea que este tipo de programa forma parte de la estrategia de recompensa de informantes en el marco de la Ley Nº 3963, más conocida como Ley del Informante. No obstante, hay fundamentos que nos permiten vincular la misma ley con proyectos como el Umbral, administrados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en la medida que la Fiscalía y el Ministerio Público fueron las instituciones que más recursos recibían del programa si comparamos con los otros ministerios323. En relación a los testimonios de los vecinos, Damacio Miranda comenta:



En mi opinión personal hay plata en el medio. Estos que hablaron son de escasos recursos, no tienen casa, no tienen nada. Pasaban días sin comer, yo les conozco. (…) La fiscalía hace rato me persigue, me quiere involucrar. Y ahí me quería plantar algo del EPP. Entonces ya me quería hace rato traer acá y no tenía prueba. Otra vez fueron a mi casa para traerme, y no pudo. Encontraron lo de la bandera, y no pudo. Y ahí no tenía más alternativa y pagó a esta gente.

Otro punto que aparece como fundamental en el proceso es el testimonio de los niños de la familia Bazán, Eliodoro Salvador Bazán, de trece años, y Cristian Bazan, de siete años. En comunicación personal, la abogada Sinthia Ruiz comenta sobre muchas contradicciones en el testimonio de los niños:



Los niños estaban muy confundidos, pareciera que habían aprendido de memoria una poesía y luego se les olvidaba alguna parte. El niño se olvidaba de los nombres. Gustavo Cardozo Bazán terrorista, decía así rápido, como si fuera de memoria, pero se le olvidaba el nombre de Ireneo. Estos niños dicen cosas que aprendieron de memoria. Le pregunté al de 13 años si me podía describir las características físicas de esta gente que está citando y me pegaron en la audiencia...dijeron: “¿cómo vas a preguntar a un niño, que importaba?”…y el niño hablaba en guaraní, y describía alguien que no tiene nada que ver con Ireneo. Dijo que tenía bigote (Ireneo no lo tiene) y sale el fiscal y dice, “claro que sí, tenía bigote postizo”.

Aquí, la primera pregunta que se plantea es ¿Cómo un niño de trece años, de una comunidad campesina del interior de Paraguay, utiliza la palabra terrorista para clasificar a alguien? Que ese término le fue inculcado es la respuesta prácticamente obvia. Pero más allá de que la Fiscalía o el Ministerio Público estén fabricando evidencias y testimonios falsos –que no es un problema menor, pero no está a nuestro alcance develar los detalles oscuros de la (in)justicia paraguaya–, nos interesa ubicar la problemática de este caso particular en un escenario más amplio de construcción de un enemigo interno que hay que perseguir y derrotar para garantizar la seguridad nacional. No es coincidencia que la máscara de este enemigo, con apellido de EPP, caiga justamente sobre sujetos clave de la resistencia campesina que se oponen al modelo agroexportador en sus territorios.

En marzo de 2014 los seis procesados por el caso del asesinato de Luis Lindstron fueron sobreseídos provisionalmente por requerimiento del Ministerio Público, que en sus investigaciones no ha presentado más pruebas que los testimonios de los menores.

Acá vale recordar que en 2011 la fiscalía acusó a 14 campesinos de Concepción de formar parte del cuadro logístico del EPP y haber brindado apoyo logístico en la ocasión del secuestro del ganadero Lindstron en julio del 2008 (El mismo asesinado en 2013 fue secuestrado liberado tras 43 días de cautiverio con una recompensa de 130 mil dólares). Gustavo Bonzi, el juez de la causa, ordenó que los acusados fueran sobreseídos ante la falta de pruebas y consideró una aberración la investigación llevada a cabo por el Fiscalía (Pereira, 2015: 21) La “petulancia” de Bonzi resultó en su destitución por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. En repudio, la CODEHUPY declara que el “error” del juez fue haber revelado la arrogancia e ineficiencia del sistema persecutorio penal vigente en Paraguay (CODEHUPY, 22/12/2011).



EPP: El nuevo rostro del campesino que resiste

Los hechos ocurridos en Tacuati Poty no pueden ser entendidos de forma aislada sino como parte de las estrategias de seguridad del Estado paraguayo basadas en la (re)construcción de un enemigo interno. En este sentido, el caso de Kurusu de Hierro (comunidad campesina ubicada en el distrito de Horqueta, Departamento de Concepción; Ver Mapa 2) es emblemático en cuanto a la criminalización de la lucha social contemporánea en Paraguay, especialmente en lo que se refiere al nuevo rostro que gana el campesino que resiste. El investigador Hugo Pereira (2009) nos brinda, un importante aporte para la comprensión más amplia de los sucesos ocurridos en esta localidad y el modo en que se enmarcan en el proceso de construcción de un enemigo interno en Paraguay que, desde el 2008 tiene nuevo nombre: Ejército del Pueblo Paraguayo; y también un apellido: campesinos organizados en resistencia.

Según Pereira (2009), desde 2006 sectores organizados de la comunidad emprenden una sistemática denuncia contra la fumigación intensiva de agroquímicos en los sojales de la estancia Santa Herminia, vecina a la comunidad, que estaría arruinando sus cultivos de autoconsumo y produciendo efectos nocivos a la salud. La demanda central no era más que la colocación de una barrera de árboles, tal como dispone la ley, para impedir que la fumigación llegara a las casas. Pese a las presiones ejercidas por el propietario del establecimiento, el empresario brasileño Nabor Both, el desarrollo de los procesos judiciales era favorable a los campesinos denunciantes hasta que, en marzo del 2008 (un mes antes de la victoria electoral de Lugo con la bandera de la reforma agraria) sale en la prensa la noticia de la quema de un galpón de la estancia. Es en ese episodio que el EPP aparece por primera vez en la escena mediática, siendo inmediatamente referenciado como brazo armado del movimiento campesino por los principales medios de prensa del país.

Implementos agrícolas y un galpón de la estancia “Santa Herminia” de Nabor Both (brasileño) amanecieron ayer totalmente quemados. El dueño acusa a líderes campesinos de una colonia cercana, con quienes mantiene un conflicto por la contaminación que producen los sojales (…)

(…) Los autores dejaron en el lugar un boletín con el siguiente mensaje: “Ejército del Pueblo Paraguayo, Comando Germán Aguayo. Tierra a los campesinos paraguayos. Quienes matan al pueblo con agrotóxicos pagarán de esta manera (ABC Color, 14/03/2008).
Es clave el hecho de que las denuncias de los vecinos en contra de las fumigaciones estaban siendo atendidas por distintas instancias del gobierno: la Fiscalía del Ambiente, la Gobernación de Concepción y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), condenando a los propietarios por la inexistencia de una barrera viva entre el sojal y la comunidad. En este sentido, carece de cualquier lógica que un grupo insurgente que afirma luchar por los intereses campesinos, accione de forma violenta justamente cuando la presión popular empieza a lograr resultados reales.

Tras el episodio de la quema de la estancia Santa Herminia y la entrada en escena del EPP en los medios de comunicación, los reclamos por un ambiente sano, libre de agroquímicos y todas las formas de acción política que estaban siendo gestadas por los campesinos organizados pasan a ser deslegitimadas de inmediato. Al mismo tiempo, la figura del EPP empieza a aparecer en los documentos oficiales como amenaza a la seguridad nacional que justifica mega operaciones en la zona. Por ejemplo, la exposición de motivos del Proyecto de Ley “Que Declara el Estado de Excepción en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay y Alto Paraguay”, presentada el 22 de abril de 2010, manifiesta la preocupación respecto al “crecimiento de un grupo insurgente de características paramilitares que se autodenomina Ejército del Pueblo Paraguayo (…) Esta organización actúa en forma de guerrilla rural por el momento y se encuentra operando intensamente en la zona norte del país; dejando a los pobladores del territorio afectado en un estado de indefensión y arrebatando de las autoridades legítimamente constituidas el ejercicio del poder que la Constitución les confiere, lo que deviene en la pérdida efectiva de la soberanía nacional en esa parte de la geografía patria” 324.

En este contexto, es decretado en dos ocasiones el Estado de excepción en departamentos del norte del país. Bajo la Ley Nº 3994325, de 24 de abril de 2010, los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes permanecen por 30 días en Estado de excepción; y con la Ley Nº 4473326, de 10 de octubre de 2011, los departamentos de Concepción y San Pedro se encuentran nuevamente en la misma condición por 60 días.

En los años siguientes distintos episodios de violencia en el país son atribuidos al supuesto grupo insurgente hasta culminar con la masacre de Curuguaty, “punto nodal de toda la invención mediática y policial” que trata de vincular la existencia y accionar del EPP con las organizaciones campesinas desencadenando el proceso golpista contra Lugo (Winer y Melfi, 2014).



Modificaciones en la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna: Criminalización de la resistencia campesina, antiterrorismo y militarización

Como vimos, luego del asesinato de Lindstron se procesan una serie de violentos allanamientos en la localidad de Tacuati Poty con el fin declarado de encontrar a los miembros el EPP. Horacio Cartes asume la presidencia el 15 de agosto de 2013. El 17 del mismo mes se produce el asesinato de cuatro guardias de seguridad privada y un policía en la estancia Lagunita (Tacuati, San Pedro; Ver Mapa 2).

A continuación del denominado “primer ataque en la era Horacio Cartes”, en la estancia Lagunita, una estrategia más ofensiva contra el “grupo criminal y terrorista de izquierda” empieza a aparecer en la prensa y es pesentada como la única solución posible para resolver aquello que el nuevo ministro del Interior, Francisco De Vargas, llama una cuestión de interés nacional que afecta a la soberanía nacional y a la seguridad de todo el pueblo paraguayo (Ministerio del Interior, 20/08/2013).

En este contexto se publica que “desde el inicio de los ataques del EPP, las autoridades han sido incapaces de controlar al grupo criminal (…), el presidente Horacio Cartes prometió en su asunción que los grupos armados ‘no nos van a marcar la hoja de ruta’” (ABC Color, 17/08/13). Contra esta supuesta ineficacia de la Policía Nacional, las publicaciones en este periodo van en dirección a exaltar las buenas intenciones del nuevo presidente en disponer de las FFAA a la vez que se insiste en que la normativa vigente es un obstáculo.


Luego de la movilización general de la Policía en esta parte del país, el mismo presidente Cartes dispuso el apoyo de las Fuerzas Armadas, primero en carácter logístico y luego operacional, hasta determinar si es necesaria la declaración de estado de excepción, que es la única vía legal para permitir la movilización de militares (ABC Color, 20/08/13b).
El presidente Horacio Cartes remitió un documento a la Cámara de Diputados a través del cual se solicita la modificación de tres artículos de las leyes de Defensa y la que castiga el terrorismo, a fin de facilitar la lucha contra el EPP; Específicamente, solicita la modificación de los artículos 2, 3 y 56 de la ley Nº 1.337/1999 ‘De Defensa Nacional y Seguridad Interna’ y la Nº 4.024/2010 'Que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo' (ABC Color, 20/08/13c).

La exposición de motivos para la modificación fue presentada el 20 de agosto de 2013 por el Ejecutivo y aprobada como Ley N° 5036/13 el 22 de agosto327. El 24 de agosto el Ejecutivo promulga el Decreto N° 103 "por el cual dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en Operaciones de Defensa Interna, en los Departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay”328. En menos de una semana las modificaciones permitieron el empleo de las FF.AA. en situaciones consideradas por el presidente como de “agresión interna”, empleo este que anteriormente sólo estaba contemplado en casos de Estado de excepción.

Aquí, la figura jurídica delimitada del Estado de excepción es dispensable si el propio Estado establece que la “excepción” se vuelve regla en el tiempo y espacio que el Ejecutivo juzgue conveniente, generando situaciones de “Estado de Excepción permanente”. Retomamos a Giorgio Agamben (2007) cuando llama la atención sobre el significado biopolítico del Estado de excepción, donde la suspensión del derecho es la garantía misma de su propia continuidad y que la “democracia protegida” deviene como práctica normal de gobierno. Es decir, estamos frente a un proceso de legalización de la excepción. Tal como nos adelantaba Walter Benjamin (2005) en su VIII tesis sobre el concepto de historia, “La tradición de los oprimidos nos enseña que el ‘estado de excepción’ en que ahora vivimos es en verdad la regla”.

En la exposición de motivos, se menciona la Ley Nº 1337/1999 “De Defensa nacional y Seguridad Interna” y la Ley Nº 4024/2010 “Que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo”, más conocida como Ley Antiterrorista, como los principales instrumentos legales para el empleo de la Fuerza Pública en situaciones de amenaza a la seguridad nacional. No obstante, se afirma la necesidad de ajustes legales “para enfrentar situaciones de emergencias en el ámbito de las amenazas, que requieren la coordinación de todas las instituciones armadas del Estado, evitando la rigidez de mantenerlos en ámbitos compartimentados y estancos, privando al Estado de brindar respuestas inmediatas y lógicas a éstas amenazas” por lo que se propone la modificación e ampliación de los artículos 2º, 3º y 56:

Tras la aprobación de las modificaciones, vale la pena concentrarnos en lo que quedó definido en el artículo 56 que define cómo y en cuales circunstancias se emplearán las FF.AA. en problemáticas de seguridad interna. En la primera parte del artículo, llama la atención la manera en que se reconoce que la Policía Nacional ha sido rebasada en el cumplimento de sus funciones, por lo que la intervención de las Fuerzas Armadas es presentada como necesaria. En la secuencia se afirma que los procedimientos militares podrán ser empleados en los “casos de terrorismo” y de amenaza a las autoridades. La falta de precisión en lo que se refiere a las “amenazas” abre la posibilidad para el empleo discrecional de la ley en la medida que su interpretación estará a merced de la subjetividad del Poder Ejecutivo.

La revisión de los textos normativos nos permite afirmar la legalización de la figura del enemigo interno desde el marco de la Ley Antiterrorista cuyo telón de fondo es la implantación sistemática de leyes antiterroristas a nivel internacional. En este sentido, vale recordar que en el contexto del post 11 de setiembre y de la reorientación de la política externa estadounidense bajo la consigna de antiterrorismo global, son lanzadas una serie de acuerdos en materia de seguridad, fortalecimiento de la democracia y desarrollo con los Estados latinoamericanos, acompañados por tratados de libre comercio.

Ahora bien, no es de menor importancia percibir las semejanzas de este proceso con la proscripción del comunismo en la dictadura de Stroessner (así como en las dictaduras latinoamericanas en general en el contexto de la Guerra Fría y la Doctrina de Seguridad Nacional) que, con su maquinaria jurídica, formalizaba la “prohibición” del comunismo y, en última instancia, de la disidencia en general.

Stroessner empieza a gobernar en 1954 tras un golpe de Estado y suprime inmediatamente las garantías constitucionales y los partidos políticos. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas y del Partido Colorado, el gobierno dictatorial se sustenta en el sistema de Estado de Sitio previsto en la Constitución de 1940. “Lo real es que Stroessner condujo el país bajo el imperio de Estado de excepción, que de excepción se convirtió en la regla durante treinta y cinco años y se perpetuó en el poder en base a la reforma constitucional de 1977, que dispone que el Presidente de la República puede ser reelecto indefinidamente (Art.173, en ABC 13/08/08, subrayado propio)”. Sin cualquier otro tipo de regulación además de su propia voluntad, Stroessner renovaba cada tres meses el decreto presidencial de Estado de Sitio.

Ahora bien, en la modificación del inciso a del Art. 56 no se encuentra delimitado el período de tiempo en el que el presidente tiene la facultad de movilizar elementos de combate vía decreto. Los poderes extraordinarios concedidos al Ejecutivo, más precisamente a Horario Cartes, son más que evidentes. En repudio a la concesión de estas facultades al presidente, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), expresa “preocupación por los distintos proyectos manifestados y en algunos casos presentados en el parlamento en forma muy apresurada, sin mayor análisis de los alcances, como por ejemplo la modificación de la Ley Nº 1337/99 de defensa nacional y seguridad interna. Nuestro temor es porque todavía no desaparecen las secuelas de la dictadura y practicas stroessnistas” (MCNOC, 2013).

Los artículos 1° y 2° de la Ley Nº294 de Defensa de la Democracia de 1955 sirvieron de herramientas jurídicas que trataban de asociar cualquier tipo de resistencia popular a la categoría de comunismo, criminalizándolas329. Vemos que, el enemigo interno “comunista” o “terrorista” es, en realidad, cualquier forma de resistencia al status quo. En este sentido, la tipificación del crimen de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo previsto en la Ley Antiterrorista, reforzado en el inciso b de la modificación del Art. 56 de la Ley Nº 1337/99, en la práctica lo que hace es reducir acciones de protesta social –en este caso, principalmente las provenientes de la resistencia campesina– a la categoría de terrorismo. La Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Paraguay manifiesta preocupación en la medida que “cualquier hecho se tomará como un acto de terrorismo o una amenaza a la seguridad interna, abriéndose de esta manera el camino del autoritarismo en el país y persecución o la muerte selectiva de los dirigentes sociales” (COCIP, 23/08/2013). A este respecto, el ya mencionado Informe Chokokoe, llama la atención sobre el endurecimiento de las normas penales. “A partir del 2010, el cierre de una ruta en el marco de una manifestación pacífica puede ser penalizado como si fuera terrorismo, en consecuencia, la conducta puede ser sancionada con la pena más grave del ordenamiento jurídico paraguayo” (CODEHUPY, 2014: 5).

El 6 de setiembre de 2012, a menos de tres meses del golpe parlamentario que destituyó a Fernando Lugo, se aplicó por primera vez la ley antiterrorista en el país. La Fiscal anti secuestro Sandra Quiñonez, formada y especializada en antiterrorismo por el gobierno de Colombia y Estados Unidos (Castillo, 2009), solicitó la captura de dos personas sospechosas de ser miembros del EPP y de haber asesinado a una mujer y herido a dos policías en la zona de Azotey, departamento de Concepción. La acusación es de “homicidio doloso, asociación y financiamiento terrorista".

En efecto, las modificaciones en la Ley de Defensa y Seguridad Interna están directamente relacionadas a la noción de amenazas provenientes de un enemigo interno que pone en riesgo la seguridad de la nación. Pero estas amenazas consideradas como integrales, es decir, que afectan todo el cuerpo social, no son especificadas en ningún momento. Se entiende aquí que para un “enemigo difuso”, es necesaria una “ley difusa”. Ahora bien, aunque sea difusa en sus concepciones, su ejecución se da de forma muy específica por medio de la represión selectiva.

Se considera un hecho que los “enemigos” ponen en peligro la soberanía, el territorio y las autoridades, pero su contenido nunca es delimitado. Lo que sí se especifica es que se trata de hechos “violentos, multifocales y continuos”, provenientes de “actos delincuentes y terroristas” en zonas específicas del país, los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay, por lo que se extiende la aplicabilidad de la ley antiterrorista y se militarizan los territorios con operaciones de defensa interna. Sin embargo, lo que se ve en la práctica es que los operativos policiales y militares que se han realizado tras la consigna de luchar con el EPP se centraron en el amedrentamiento, coacción y represión a las comunidades campesinas, en defensa de los intereses oligárquicos y sus socios extranjeros.

Vemos pues, que desde el orden jurídico el Estado actúa de manera clasista. En situaciones en las que son asesinados campesinos, lo más recurrente según las fuentes policiales es afirmar que eran “supuestos miembros” o “apoyo logístico del EPP” y las investigaciones difícilmente avanzan en dirección a esclarecer las muertes. Monseñor Pablo Cáceres recuerda que cuando Toto Lezcano fue asesinado en Arroyito, la policía llegó tres horas después, habiendo una comisaria a 3 km del local del crimen. Por otro lado cuando el ganadero Luis Lindstron fue muerto (por “supuestos miembros del EPP”) el presidente golpista Federico Franco abandonó un importante desfile para manifestar sus condolencias a la familia (Cáceres y Valiente, 2014: 16). En tal escenario de arbitrariedades e impunidad, el sistema penal paraguayo330 cede, según los análisis del abogado defensor de derechos humanos Juan Martens, ante los grupos de poder. Aunque la dimensión normativa se rija por principios garantistas331, “en su fase de aplicación o criminalización secundaria, actúa abiertamente contra estos enunciados, convirtiéndose en un aparato de represión y protección de intereses de grupos de poder” (Martens, 2013: 362).



Consideraciones finales

Distintas son las hipótesis sobre el EPP y su accionar. Independiente de ello, entendemos que los discursos que asocian su existencia a la población campesina organizada han sido, en los últimos años, el principal argumento para justificar y legitimar el endurecimiento de la represión y la militarización de los territorios del norte de Paraguay. Lo que identificamos en entrevistas y charlas informales en las comunidades consideradas “bastiones del EPP”, es que pese a lo mucho que se hable del grupo, la gente no sabe identificar quiénes son ni cómo se organizan. Lo que sí pueden afirmar es que desde que el EPP entra en escena, se intensifica la violencia del Estado contra la población. Desde esta perspectiva, nos parece interesante retomar la hipótesis de Monseñor Pablo Cáceres y del profesor Benjamín Valiente:

Nuestra tesis de cuatro años atrás sigue latente: el EPP es una creación de grupos de poder en la sombra, o, en último caso trabajan en forma coordinada para perseguir y asesinar a dirigentes y desmantelar las organizaciones populares que luchan por sus derechos y reivindicaciones. El grupo, en sus actuaciones, no se enmarca dentro de la línea habitual de la guerrilla de izquierda, que, generalmente arremete contra los poderosos. La gran mayoría de las víctimas atribuidas al EPP son de gente humilde, policías de bajo rango y campesinos pobres”. Las zonas de actuación del grupo son territorios “en disputa entre sojeros, ganaderos, narcotraficantes, abigeos y, en medio pugnan por la sobrevivencia de la agricultura campesina (…) En este escenario actúa la fuerza conjunta en su ‘lucha’ contra el EPP y, lastimosamente, las consecuencias de esa pugna entre ambas fuerzas las sufren los agricultores y su familia (Cáceres y Valiente, 2014: 46).

El discurso de persecución del enemigo interno como eje justificador de la política de seguridad del Estado paraguayo sostiene la necesidad de garantizar la seguridad interna del país teniendo a las fuerzas militares como recurso indispensable para ello. Tal discurso es encabezado por los medios de comunicación masivos que legitiman sistemáticamente acciones abusivas de instituciones estatales. Los blancos directos son los dirigentes campesinos y liderazgos de pequeños asentamientos, aunque también son criminalizados los sectores progresistas de la Iglesia y organizaciones de derechos humanos en la medida que son reiteradamente vinculados con el supuesto grupo terrorista.

Los sujetos en lucha pasan a ser tratados tanto por la opinión pública como por el Estado bajo la lógica del enemigo interno y, como consecuencias inmediata de ello, los reclamos por vivir en un ambiente donde sea viable la reproducción de la vida comunitaria son trasladados a problemáticas de seguridad. En este sentido, consideramos las modificaciones en la normativa de defensa y seguridad como herramienta legal que sostiene dicho proceso respondiendo a los intereses dominantes en el país.

Por último, no podemos dejar de mencionar la reciente condena de los once campesinos acusados por la Masacre de Curuguaty, el episodio más trágico de la historia reciente del país y detonante del tragicómico simulacro de juicio político que derrocó al presidente Fernando Lugo. Las durísimas penas aplicadas a los campesinos en el marco de una investigación con vicios y errores estructurales llevada a cabo por la Fiscalía, legitiman el proceso golpista dejando clara la efectividad del “poder real” (Palau, 2010) en Paraguay y asentando un nefasto precedente para los que se oponen a él.



Referencias

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