Educación Inclusiva y Vida Independiente


IMPORTANCIA DE LOS AGENTES SOCIALES EN LA CONSECUCIÓN EFECTIVA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y LA VIDA INDEPENDIENTE



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IMPORTANCIA DE LOS AGENTES SOCIALES EN LA CONSECUCIÓN EFECTIVA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y LA VIDA INDEPENDIENTE


Importancia de los agentes sociales en la consecución efectiva del derecho a la educación inclusiva y la vida independiente

Como bien se ha reflejado en el desarrollo de los conceptos de educación inclusiva y la vida independiente, la necesidad de dar el salto del modelo médico y rehabilitador al modelo social, caracterizándose éste último por su perspectiva basada en los derechos humanos, requiere el compromiso y la implicación directa de todos aquellos agentes que forman parte de este reto. Es por ello necesario incidir y dar relevancia al aspecto social de esta problemática ya que su implementación y reconocimiento a todos los niveles, y su importancia como paso previo a la vida independiente, lo configuran ámbitos tan dispares como la educación, el sistema de protección social, el sistema judicial y los medios de comunicación.

En consecuencia, se debe recuperar la esencia del contrato social, teoría política desarrollada por Jean-Jacques Rousseau, siendo el momento de aunar fuerzas, dar alternativas y plantear soluciones para definir objetivos comunes de manera conjunta entre todos los agentes, reactivando a su vez en el tejido social la concientización acerca de la importancia de respetar y promover los derechos de las personas con discapacidad y luchar a favor de crear mecanismos que aseguren la educación inclusiva y la vida independiente.

Ante el reto de esta transformación social, es necesario que este proceso se lidere desde el ámbito de los derechos humanos y que los profesionales especializados en esta materia guíen ese proceso transversal donde la concienciación, sensibilización y capacitación jueguen un papel fundamental entre los agentes implicados, con el objetivo de dar una respuesta integral que dé solución a la situación de desprotección y vulneración de las personas con discapacidad, así como sus familias. Es necesario, por ende, que se transformen las estructuras actuales para poder ofrecer a las personas con discapacidad una educación inclusiva, comprendiendo la educación como un derecho de todos, siendo condición básica para el ejercicio de la ciudadanía.

Por todo ello, se plantean cuatro líneas de actuación con el fin de trabajar con los agentes sociales involucrados:

Formación de profesionales

Con el objetivo de respetar y velar por el derecho a la educación inclusiva es indispensable que desde las instituciones públicas se de acceso y la posibilidad a los profesionales de los sistemas educativos, sociales y jurídicos de recibir formación continua. Este modelo de capacitación busca actualizar y mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales ante la evolución legislativa y teórica, así como ante las demandas y necesidades que puedan ir surgiendo, tanto sociales como los de los propios sistemas a los que representan. Los objetivos [Min11] que se persigue con la formación continua son los siguientes:



-Garantizar la actualización de los conocimientos de los profesionales y la permanente mejora de su cualificación, así como incentivarles en su trabajo diario e incrementar su motivación profesional.

-Potenciar la capacidad de los profesionales para efectuar una valoración equilibrada del uso de los recursos en relación con el beneficio individual, social y colectivo que de tal uso pueda derivarse.

-Mejorar en los propios profesionales la percepción de su papel social, como agentes individuales en un sistema general de protección social y de las exigencias éticas que ello comporta.

Teniendo en cuenta lo mencionado es imperioso que los sistemas educativos, jurídicos y sociales adopten las medidas oportunas para la capacitación de sus profesionales en materia de derechos humanos, y en concreto en educación inclusiva.

A continuación se muestran algunas de las iniciativas propuestas desde distintas plataformas e instituciones gubernamentales para su consecución.


  • Sistema educativo1

Desde la Plataforma Inclusión Pacto Educativo de Estado se publicó El Libro Rojo, donde se hace hincapié en la importancia de la formación de los miembros que conforman el sistema educativo, recogiendo los siguientes puntos a desarrollar [Pla]:

-Los docentes deben asumir la presencia de profesionales o profesorado especialista dentro del aula.

-La formación debe ser continua y obligatoria para todo el personal que trabaja en los centros de Primaria y Secundaria, convocando cursos de formación dirigidos al profesorado de las distintas etapas educativas que contemplen diversos aspectos de la atención al alumnado, así como cursos específicamente destinados a aquellos profesores que dirigen su actividad a este alumnado de manera más concreta.

-Formación básica en función de la diversidad del alumnado escolarizado en el centro, a través de un programa de formación de centro.

-Formación tanto del profesorado, como de Equipos directivos e Inspectores en torno a su obligación de atender a los niños con necesidades educativas especiales, trabajar las actitudes del profesorado ante los niños con diversidad, y asumir que se les tiene que atender por ley.

-Formación específica para ATEs (Ayudante Técnico Educativo), educadores y cuidadores, en inclusión y en relación a la diversidad de los alumnos que atienden.

-Los centros de formación de profesorado y las universidades deben promover cursos a la inclusión y a la atención a la diversidad.

Igualmente, la UNESCO en su Directrices sobre políticas de inclusión en la educación[Org09] hace mención expresa a la importancia de la capacitación de los profesionales del ámbito educativo como una de las medidas a adoptar:



-Mejorar la formación inicial y crear programas de mentores y los programas de equipos.

-Proporcionar formación para docentes, a los maestros de niveles iniciales y de alfabetización temprana.
-Promover la utilización de métodos de aprendizajes nuevos y distintos entre los docentes para hacer frente a las necesidades de los alumnos con discapacidad.
-Enseñar a los profesionales de la educación la realización de planificaciones en base a la atención individualizada y personalizada teniendo en cuenta las necesidades educativas de cada uno de los alumnos.


  • Sistema de protección social

En las formaciones universitarias de los agentes de la acción social, comprendiendo este ámbito como el conformado por psicólogos, pedagogos, orientadores, trabajadores sociales y educadores, la sensibilización y la empatía hacia las personas con discapacidad está más desarrollada debido a la proximidad que comparten con las problemáticas sociales y el modo de intervenir que tienen sobre ellas, basado en la intervención individualizada de cada caso. Sin embargo, esa cercanía e interés y el carácter social que caracteriza a dichas profesiones, no quiere decir que durante la formación universitaria se tenga en cuenta y se trabaje la discapacidad desde una perspectiva de los derechos humanos, por lo que la adaptación curricular y la formación continua de los profesionales son de suma importancia.

Empezando por la formación universitaria que reciben los futuros profesionales de la acción social, es esencial que se concientice a las universidades de la importancia de introducir el estudio de los derechos humanos en sus currículos académicos y convertirlo en una materia que se imparta de manera transversal en todas las formaciones. Con ese paso decisivo la perspectiva de derechos humanos en el tratamiento de las personas con discapacidad estaría garantizada, asegurando que los alumnos tengan una base sólida en cuanto a los conocimientos y competencias necesarias sobre los derechos a la educación inclusiva y su importancia en la consecución de una vida independiente, favoreciendo a que sean partícipes de la transformación del sistema educativo, adoptando una actitud más activa en la creación de nuevas estructuras y mecanismos que posibiliten la educación inclusiva. Todo ello ayudará a dar mayor visibilidad al colectivo de las personas con discapacidad y a sus reivindicaciones en materia de derechos.

En consecuencia, la involucración de las universidades en esta materia es esencial para que los futuros profesionales de la acción social tengan las herramientas necesarias para intervenir y dar soluciones integrales a los retos que la educación inclusiva y la vida independiente les plantee. Este avance evitará que se cometan malas prácticas o que en las intervenciones no se anteponga siempre la voluntad real del menor, adoptando actitudes paternalistas que lo único que consiguen es mermar el libre desarrollo de su personalidad y la capacidad de tomar decisiones libremente.

Por otro lado, en cuento a los profesionales que ya estén ejerciendo es indispensable que tanto los Colegios como las administraciones públicas ofrezcan cursos que tengan como materia central los derechos de las personas con discapacidad, haciendo especial énfasis en la educación inclusiva y subrayando su importancia para lograr una vida independiente. Esto ayudará a minimizar el desconocimiento existente y a reforzar y ampliar el campo del saber sobre este ámbito de actuación. Asimismo, aquellos que tengan que realizar informes de evaluación psicopedagógicos, que a la vez son en los que se basa la autoridad administrativa para emitir el dictamen de escolarización que concrete en qué modalidad de enseñanza (ordinaria o centro de necesidades especiales) tendrá que cursar el menor, tendrán los conocimientos necesarios para realizar los diagnósticos y evaluaciones desde una perspectiva de los derechos humanos. Igualmente, ello permitirá que los profesionales vean al menor como un ser completo y no desde una visión limitadora y lleno de carencias, debiendo hacer referencia a los aspectos positivos de su personalidad y los avances realizados dentro de su situación particular.


  • Sistema judicial

Los operadores jurídicos, entendiendo por éstos a los jueces y a los abogados, son los agentes que entran más tarde en el proceso de lucha por la consecución de la educación inclusiva y la vida independiente, ya que dependiendo de cómo se de cada caso el menor con discapacidad y su familia podrán requerir o no su intervención. No obstante, en gran medida está en sus manos que el menor pueda ejercer plenamente sus derechos: por una parte, el abogado es quien se encarga de defender los intereses del menor y por otro lado, es el juez quien dictamina la sentencia que recogerá a qué tipo de modalidad educativa debe acudir. Debido a ello, la formación de los operadores jurídicos es de suma importancia para que el derecho a la educación inclusiva y la vida independiente de las personas con discapacidad sea protegido y defendido adecuadamente.

Los estudiantes de derecho no cuentan entre su currículo académico con la incorporación de materias obligatorias que tengan como eje central el estudio de los derechos de las personas con discapacidad, ni tampoco que la perspectiva de los derechos humanos sea dado de manera transversal en las demás asignaturas; en consecuencia, se puede concluir que los futuros abogados y jueces salen de las escuelas de derecho con una base teórica mínima acerca de los derechos de las personas con discapacidad. Esa situación evidencia la carencia de conocimientos que sufren los profesionales de este ámbito, obstaculizando en muchos casos la protección efectiva y real de los derechos de las personas con discapacidad.

Por ello, es necesario que haya una materia en específico que trate los derechos de las personas con discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos para que los futuros profesionales además de tener los conocimientos necesarios, interioricen los valores de igualdad, respeto y solidaridad que lleva sujeto la educación inclusiva y que son necesarias para obtener una vida independiente.

Por último, es importante que se ofrezcan cursos, seminarios y talleres que estén bien estructurados y orientados a satisfacer las carencias antes mencionadas, ya que sin la formación necesaria se pueden vulnerar los intereses del menor y no tener en cuenta la voluntad superior del niño, adoptando una postura que vaya en contra de los derechos de los menores con discapacidad.
Sensibilización social

La sensibilización es una herramienta para transformar la percepción y el discurso social que está inserto en el imaginario, sobre todo en cuanto a los estereotipos y las ideas preconcebidas que se tienen acerca de una realidad, siendo su finalidad cambiar la forma de pensar de los ciudadanos y dar a conocer de manera holística los aspectos relevantes de la realidad que se está analizando y difundiendo. La sensibilización social es el primer paso para romper el círculo de la ignorancia- indiferencia- inmovilismo y generar espacios de discusión y participación ciudadana, donde se de paso a desarrollar una ciudadanía comprometida con el derecho a la educación inclusiva y la vida independiente, impulsando del mismo modo la dinamización en el proceso de cambio en el paradigma del modelo educativo, creando una verdadera conciencia sobre los derechos humanos que incite a la reflexión sobre las causas de la injusticia. La mejor manera de luchar contra las barreras que genera el desconocimiento es apostar por la sensibilización y vencer así los estigmas sociales. Combatir el desconocimiento también es combatir el rechazo y el miedo que, para algunos, supone apostar por la educación inclusiva y hacer frente a los retos que plantea el menor con discapacidad.

El objetivo es sensibilizar a la población diana aumentando el conocimiento acerca de la educación inclusiva y la importancia de ésta para lograr una vida independiente, estableciendo relaciones con profesionales y servicios (educativos, judiciales y sociales) para favorecer la toma de conciencia de todos los agentes. Con ello, se busca contribuir a la eliminación de actitudes discriminatorias y propiciar actitudes de inclusión, empatía y acompañamiento en todo el proceso educativo[Mar11].Es más, la sensibilización hacia el derecho a la educación inclusiva puede ayudar y favorecer a construir sociedades más equitativas ya que invita a romper con el imaginario social imperante cuestionando actitudes y comportamientos discriminatorios que no son visibles.

El Plan de Inclusión del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales llevado a cabo por el Ministerio de Educación en el año 2011, recoge la importancia de realizar acciones de sensibilización dentro de las actuaciones dirigidas al entorno social y familiar [Min11], diciendo así:


  1. Realizar campañas de sensibilización. Estas campañas, dirigidas a toda la sociedad, estarán encaminadas a poner de manifiesto la importancia de la educación como pilar para la inclusión social, así como a reconocer la incidencia de la formación y de la inclusión de las personas con discapacidad en los distintos ámbitos de la sociedad para la mejora del conjunto de la misma y el papel que desempeña cada uno de los sectores de la comunidad en el logro de una educación de calidad y el éxito de todo el alumnado.

  2. Realizar actividades informativas y formativas en los centros escolares, dirigidas a todos los sectores de la comunidad educativa para facilitar su implicación en la inclusión social y educativa de las personas con discapacidad.

  3. Difundir acciones de educación inclusiva y buenas prácticas a través del Ministerio de Educación, la Agencia Europea para el desarrollo del alumnado con necesidades educativas especiales, las Administraciones educativas, el Consejo Escolar del Estado, el Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad, las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y las asociaciones de personas con discapacidad y las de sus familias.

Los medios de comunicación

Es un hecho que en los tiempos de la globalización los medios de comunicación de masas juegan un papel importante en la transmisión de información, convirtiéndose en uno de los agentes socializadores y educadores de mayor relevancia. Estos medios (tanto prensa escrita, como la televisión, la radio o los medios digitales) se enmarcan en posicionamientos ideológicos que responden a un modelo neoliberal, individualista e desigual, influenciado por el sistema hegemónico actual. Por ello, son los medios en gran medida quienes proponen los supuestos modelos correctos y positivos de desarrollo, y por otro lado identifican aquellos que son incorrectos, negativos o desviados para el sistema hegemónico y que deben ser rechazados [Góm11].

En consecuencia, sabiendo el poder de influencia que tiene entre la población es necesario implantar a través de los medios de comunicación una pedagogía basada en el respeto, la tolerancia y la diversidad, ya que como decía Henry Giroux una pedagogía que no pierda la dimensión sociopolítica del proyecto histórico de la emancipación del hombre, incluye la idea de que la formación de ciudadanos democráticos, exige formas de identidad política que extienden radicalmente los principios de justicia, libertad y dignidad a las esferas públicas constituidas por la diferencia y por formas múltiples de comunidad. Está claro que esta es tanto una cuestión pedagógica como política. Esas identidades prácticas han sido construidas como parte de la solidaridad y la ciudadanía, y no para la competencia y la discriminación [Sir].

Debido a ello es indispensable que en los medios de comunicación también se dé un cambio de cultura dirigido a normalizar la discapacidad, por ello se debe construir una política educativa que se base en el respeto hacia el otro, aceptando la diversidad, apoyando la educación inclusiva, y que tenga como finalidad la valoración de la persona como un ser con valor propio. En consecuencia, se debería aprobar un código de buenas prácticas orientado a los medios de comunicación donde se tome como referencia al ser humano, fomentando la humanización en las relaciones sociales y la inclusión de las personas con discapacidad desde la perspectiva de la igualdad, la cooperación, la solidaridad y el respeto a lo diverso.

Es importante y a la vez necesario que los profesionales de los medios de comunicación desarrollen sensibilidad y empatía hacia los derechos humanos en general, y a la discapacidad y la educación inclusiva en particular. Se entiende que los valores de igualdad, respeto y tolerancia hacia la discapacidad y la educación inclusiva deben de transmitir a través de los medios ya que son tan relevantes como los contenidos y conceptos, pues influyen en la construcción de significaciones individuales y sociales.

Por ello, sería recomendable crear espacios que tuviesen como finalidad dar a conocer las distintas realidades que conforman la discapacidad, siendo un espacio de intercambio de opiniones y visiones, actuando como canalizador de fuerzas para plantear alternativas y soluciones que diesen pie a reactivar el tejido social a través de la concientización, movilizándolo para definir objetivos comunes para y poder trabajar por su consecución. Esos espacios serían enriquecedores para empoderar tanto al colectivo de las personas con discapacidad como al resto de la sociedad ya que serviría para dar mayor visibilidad a las problemáticas creadas a partir del sistema actual.

Ello permitiría dar un salto en la democratización de los medios de comunicación, ya que serían canales de efectiva participación, dando voz a las propias personas que tienen discapacidad como a los familiares, además de los profesionales que trabajen en el ámbito de la discapacidad, educación inclusiva y la vida independiente. Asimismo, estos espacios además de ayudar a derribar los muros del desconocimiento fomentarían el desarrollo de la visión crítica, la participación activa de los ciudadanos en la lucha de los derechos de las personas con discapacidad, que a la vez es una lucha de toda la sociedad. Como bien dice María Sirley todo ello contribuye a la perennidad de la política educativa, o sea, a que más personas puedan apropiarse de la elaboración de concepciones, directrices y propuestas estando menos vulnerables a cualquier tipo de manipulación [Sir].

En consecuencia, además de que los medios de comunicación dediquen parte de su espacio a la divulgación de los derechos de las personas con discapacidad dándoles voz a ellos mismos, también sería importante que se creara una alianza estratégica con los poderes públicos para llevar a cabo campañas de sensibilización a favor de la educación inclusiva y la vida independiente, ya que permitiría que el mensaje llegase a un mayor número de personas.

En conclusión, es indispensable que los profesionales de los medios de comunicación tengan interiorizado un código ético de buenas prácticas para ofrecer información de manera rigurosa y desde una visión de los derechos humanos en cuanto a la educación inclusiva y la vida independiente se refiere.

Trabajo interdisciplinario

Las nuevas necesidades y retos que plantea el derecho a la educación inclusiva, derivados de los cambios sociales y la evolución legislativa, genera demandas que a su vez se convierten en retos que deben ser afrontados. Para ello es necesario construir un espacio común y permanente de enriquecimiento y cooperación entre profesionales, servicios y sistemas. La apuesta por la interdisciplinariedad y la cooperación entre profesionales debe ayudar a consolidar una concepción de intervención multidisciplinar en la realidad social, en la que diferentes roles profesionales integrados en un mismo equipo realicen una actuación interdisciplinar mucho más rica y profunda[Bar02].

La misma idea de crear un equipo interdisciplinar requiere un grado determinado de participación, implicación y responsabilidad sobre los objetivos establecidos. Además, la interdisciplinariedad comporta un grado de integración conceptual y metodológica que rompe de manera clara la estructura de cada disciplina con el fin de construir una epistemología nueva, siendo su objetivo construir una visión holística e integral de una determinada situación [Ros99]. La finalidad de impulsar esta modalidad de trabajo en equipo es buscar la colaboración conjunta en acciones coordinadas para lograr objetivos que de manera individual serían muy difícil de alcanzar, ya que el trabajo interdisciplinar es un instrumento para conseguir unas metas y desarrollar un proyecto; en consecuencia, trabajar en equipo no es un fin, sino que es un medio para lograr que el derecho a la educación inclusiva sea real.

Teniendo en cuenta los beneficios que trae el trabajo interdisciplinario y su necesidad para que el derecho a la educación inclusiva se implante de manera eficaz, se ha introducido propuestas en distintos planes de acción como es el caso del Plan de Inclusión de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales del Ministerio de Educación de España, los siguientes puntos en relación al trabajo en equipo, que deben llevar a cabo las administraciones educativas y las demás instituciones involucradas[Min11]:



  1. Coordinación entre administraciones, instituciones y entidades del movimiento asociativo de la discapacidad. Impulsar la coordinación sistemática entre la administración educativa, la administración local, instituciones, asociaciones, recursos sociales, etc., para el desarrollo de programas integrales de atención dirigidos al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, tanto en el periodo escolar como en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida y la inserción laboral.

  2. Coordinación entre administraciones para la atención temprana. Establecer la coordinación necesaria entre las administraciones competentes en la materia para elaborar protocolos de detección temprana en niños y niñas de edades comprendidas entre 0 y 6 años que puedan presentar necesidades educativas especiales, así como los casos emergentes a lo largo de la escolaridad, a la vez que se establecen protocolos de actuación global, a fin de que actúen como equipos de atención integral a la infancia y a lo largo del periodo de escolarización.

  3. Coordinación entre administraciones para favorecer la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias. Crear las condiciones para realizar la necesaria coordinación entre las diferentes administraciones (sanidad, educación, servicios sociales…), que permita una atención integral a las personas con discapacidad durante su incorporación y tránsito por el sistema educativo y una vez abandonado el mismo, así como mejorar su calidad de vida a través del bienestar social, la salud y el trabajo.

  4. Creación de una comisión técnica de inclusión educativa en la Conferencia Sectorial, con el objeto de realizar un análisis de la situación, así como de potenciar la coordinación y la colaboración entre las administraciones educativas para establecer cauces de actuación conjunta en lo que afecta a la población con discapacidad o con trastornos graves de la conducta y a sus familias.

Igualmente, en las Medidas Urgentes de Intervención para garantizar los Derechos Humanos de los alumnos con Diversidad Funcional realizado por la plataforma de Pacto de Estado para la Educación, concretan el establecimiento de protocolos de colaboración entre sanidad y educación, para garantizar la respuesta más idónea al proceso escolar de los alumnos que padecen enfermedades crónicas y precisan de atención sanitaria específica, contemplando los casos de hospitalización largas [Pla], como una de las líneas de actuación a tomar en cuenta dentro del trabajo interdisciplinario.



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