E falta 14 de enero de 2004 R. O. No. 251 Falta 22 de Enero del 2004 R. O. No



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E. FALTA 14 de enero de 2004 - R. O. No. 251

FALTA 22 de Enero del 2004 - R. O. No. 257

Enero
RO 250, 13 de enero de 2004


No. 191-2002, RO 250, 13 de enero de 2004

JUICIO VERBAL SUMARIO


ACTOR: Seguros 0Unidos S.A.
DEMANDADOS: Compañías Investamar S.A. y Gardiff Marine ing.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL
Quito, 12 de septiembre de 2002; a las 16h10.
VISTOS (27-2002): En el juicio verbal sumario seguido por Seguros Unidos SA. en contra de las compañías Investamar S.A. Gardiff Marine Ing. reclamando el pago del monto asegurado y cancelado, el pago del interés legal vigente, de las costas procesales y de los daños y perjuicios irrogados, la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil dicta sentencia en la que confirma el fallo de primera instancia que declara con lugar la demanda, y ordena que las compañías demandadas paguen solidariamente al actor la cantidad de US 227.776,73 dólares, el pago del interés legal vigente a la fecha de presentación de la demanda, el pago del interés legal de la mora y las costas judiciales.- De la referida sentencia interpone recurso de casación Clemes Von Campe, en su calidad de Vicepresidente Financiero de, la compañía demandada Agencias y Representaciones Investamar S.A. y como su representante legal.- Concedido el recurso ha subido la causa; correspondiendo, por sorteo, su conocimiento a esta Sala, la misma que en su primera providencia acepta a trámite el recurso, y dispone que la contraparte lo conteste dentro del término legal, contestación que obra de autos.- Con estos antecedentes, para resolver, se considera: PRIMERO.- El recurso está fundado en las causales 1ª, 3ª y 4ª del Art. 3 de la Ley de Casación. Aduce el recurrente que las normas de derecho que se han infringido en la sentencia son: numerales 26 y 27 del Art. 23; numerales 13, 14 y 17 del Art. 24; y, artículo 192 de la Constitución Política del Ecuador; artículos 89, 118. 119, 121, 301, 309, 319, 364, 365 y 85 1 del Código de Procedimiento Civil; artículos 728 y 729 del Código de Comercio; y, artículos 12, (Nos. 5 y 6) del artículo 18, 1480, 2047 y 2085 del Código Civil.- SEGUNDO.- En "los fundamentos en que se apoya el recurso", manifiesta el impugnante que la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, Quinta Sala "resolvió por si y ante si darle valor a una prueba presentada fuera de término". Manifiesta que de acuerdo con el Art. 89 del Código de Procedimiento Civil, "Las providencias que se dicten en el curso de las audiencias y otras diligencias, se considerarán notificadas en la fecha y hora en que éstas se celebren aunque haya faltado alguna de las partes."; que, por tanto, "la providencia que apertura el término de prueba dentro del juicio verbal sumario, dictada en el curso de la audiencia de conciliación, se entiende notificada en la fecha y hora de la audiencia de conciliación". En el caso, por tratarse de juicio verbal sumario, de acuerdo con el Art. 851 del Código de Procedimiento Civil, el Juez de primera instancia, en la audiencia de conciliación realizada el 15 de diciembre del año 2000 (fs. 57), "concede el término de seis días de prueba por existir hechos sujetos a justificación". Consta en la referida audiencia la concurrencia tanto de la parte actora como de la parte demandada por intermedio de sus procuradores judiciales, quienes suscriben dicha acta. Por tanto, al haber comparecido en la audiencia de conciliación las dos partes del litigio, esto es la parte actora y la parte demandada, dichas partes quedaron legalmente notificadas con la providencia de apertura del término de prueba, por seis días, conforme a lo dispuesto en las normas procesales citadas. La disposición contenida en el Art. 89 del Código de Procedimiento Civil es clara y no suscita duda para su aplicación, pues en forma expresa prescribe que "Las providencias que se dicten en el curso de las audiencias y otras diligencias, se considerarán notificadas en la fecha y hora en que éstas se celebren aunque haya faltado alguna de las partes.". Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, por considerar "Que ha suscitado duda la aplicación del artículo último innumerado del Art. 11, del Decreto Supremo No. 3070 de 30 de Noviembre de 1978..." que fue el origen del actual Art. 89 del Código de Procedimiento Civil, resolvió: "Que lo preceptuado en la citada reforma, no exime de la obligación legal de notificar con el auto de prueba a la parte que no hubiere concurrido a la audiencia de conciliación en el juicio verbal sumario..." (lo subrayado es nuestro), resolución que, en el caso que nos ocupa, reafirma el criterio de la Sala, en el sentido de que habiendo concurrido ambas partes procesales a la audiencia de conciliación, de hecho quedaron notificadas las partes con el auto de prueba por seis días; pues, por tratarse de juicio verbal sumario, dispone el Art. 851 ibídem, que "de no haberse obtenido el acuerdo de las partes, y si se hubieren alegado hechos que deben justificarse, el Juez, en la misma audiencia de conciliación, abrirá la causa a prueba por un término de seis días.".- TERCERO.- La audiencia de conciliación en la presente causa, se ha celebrado el 15 de diciembre del año 2000, a las dieciséis horas treinta y nueve minutos. Por tanto, en la indicada fecha quedaron, de hecho y de derecho, notificadas las partes con la apertura del término de prueba por seis días (fs. 57 y vta.), término que comenzó a correr desde esa fecha y que fue interrumpido por la vacancia judicial de navidad. De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 309 del Código de Procedimiento citado, "Todos los términos se cuentan desde que se hizo la última citación o notificación; han de ser completos y correrán, además, hasta la media noche del último día En consecuencia, descontados los días de la vacancia judicial, los seis días de prueba concedidos en la audiencia de conciliación, fenecieron a la media noche del 8 de enero del año 2001.- CUARTO.- Revisado el proceso, encontramos a fs. 87 y 88 del cuaderno de primera instancia un escrito de prueba presentado por Esteban Larrea Serrano, en su calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía actora Seguros Unidos S.A. escrito que tiene como fecha de presentación el 16 de enero del 2001, a las quince horas, o sea que fue presentado fuera del término de prueba que feneció -como ya se dijo- a la media noche del 8 de enero del 2001. La providencia dictada por el Juez a quo, ordenando la práctica de las diligencias probatorias solicitadas por la parte actora en escrito de prueba de 16 de enero del 2001 ha sido proveído en la misma fecha de su presentación, esto es el 16 de enero del 2001 a las 17h00.-QUINTO.- De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 121 del Código de Procedimiento Civil, "Sólo la prueba debidamente actuada, esto es aquella que se ha pedido, presentado y practicado de acuerdo con la Ley, hace fe en juicio."; y, el Art. 319 ibídem, prescribe que "Las pruebas deben presentarse y practicarse dentro de los respectivos términos probatorios, salvo los casos expresamente autorizados por la Ley."; por ejemplo, la confesión que puede pedirse "... antes de vencerse el término de pronunciar sentencia o auto definitivo." (Art. 130 ibídem). En consecuencia, la prueba presentada por la parte actora, con fecha 16 de enero del 2001 a las quince horas y que ha sido proveída en la misma fecha a las 17h00 no podía ser tomada en cuenta por los jueces de instancia, en sus respectivos fallos, por carecer de valor legal, de conformidad con las normas procesales antes mencionadas. En efecto, en el escrito de prueba presentado por la parte actora (fs. 87 y 88 del cuaderno de primera instancia) se pide se tenga como prueba de su parte los documentos anexados a la demanda, la fotocopia certificada del conocimiento de embarque, la fotocopia certificada del documento único de importación, la fotocopia certificada del recibo de indemnización y acta de subrogación de derechos; así como también adjunta el escrito de prueba, pidiendo se tenga como prueba a su favor, otros documentos relacionados con el transporte de la mercadería en parte siniestrada por contaminación con agua de mar; además solicita el nombramiento de un perito traductor; "para que los documentos que consten en la lengua inglesa, sean traducidos al español". El Juez de primera instancia, en providencia de la misma fecha del escrito de prueba en referencia, erradamente dispone que "dentro del término de prueba que se encuentra decurriendo", con notificación contraria, y "como parte de la prueba que corresponde al actor Esteban Larrea Serrano", se tenga como prueba de su parte lo solicitado por éste en el mencionado escrito "de fecha 16 de enero del 2001 de las 15h00", disponiendo también "que dentro de tres días las partes indiquen cuáles son los documentos cuya traducción solicita". Toda esta prueba ordenada por el Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Guayaquil, carece de valor legal por contravenir lo dispuesto en el Art. 121 del Código de Procedimiento Civil, que dispone imperativamente que: "Sólo la prueba debidamente actuada, esto es aquella que se ha pedido, presentado y practicado de acuerdo con la ley, hace fe en juicio.", y por contravenir también lo dispuesto en el Art. 319 que prescribe que "Las pruebas deben presentarse y practicarse dentro de los respectivos términos probatorios, salvo los casos expresamente autorizados por la Ley.".-SEXTO.- Si bien el Art. 192 de la Constitución Política de la República establece que "No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.", los términos y las disposiciones de procedimiento que las regulan, pertenecen al orden público y no puede el juzgador pasar por alto esos preceptos, especialmente en materia de prueba, ya que el principio de legalidad que preside todas y cada una de las fases del juicio civil, forzosa y necesariamente debe aplicarse a las pruebas que aporten los contendientes en un juicio en apoyo de su derecho, las mismas que deben ser aplicadas con sujeción estricta a los principios específicos de cada una de ellas. Por tanto, en la especie, la prueba presentada por el actor es ineficaz por extemporánea, al haber sido presentada fuera de término, como quedó establecido en los considerandos anteriores. En concreto, el Juez está obligado a considerar que solo la prueba debidamente actuada hace fe en juicio, por lo que la prueba extemporánea de la parte actora en esta causa, que ha sido indebida e ilegalmente considerada por los jueces de instancia, constituye una irregularidad de procedimiento que afecta el derecho de las partes; y que, trae como consecuencia que los fundamentos de la demanda, esto es el derecho del actor a reclamar el pago como subrogante de la obligación no ha sido probado legalmente: así como no lo está la existencia del vínculo contractual entre la compañía actora y las empresas demandadas, sin que, por tanto, se encuentre legalmente probada la existencia de la obligación

demandada.- SEPTIMO.- La causal 33 del Art. 3 de la Ley de Casación, uno de los fundamentos del recurso, prescribe que la aplicación indebida, la falta de aplicación o la errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, trae como consecuencia una equivocada aplicación o la no aplicación de normas de derecho en la sentencia. En el caso, procede la causal por haber infringido el Tribunal de instancia, esto es la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, los artículos 117, 121, 309 y 319 del Código de Procedimiento Civil, pues "Es obligación del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio, y que ha negado el reo." (Art. 117); y, en el caso, no existe tal prueba por indebidamente actuada (Art. 121), ya que ha sido presentada y practicada fuera del término probatorio (Art. 319), en razón de que las dos panes, esto es actor y demandado acudieron a la audiencia de conciliación, diligencia en la que se abrió el término de prueba por seis días, por tratarse del juicio verbal sumario, comenzando por tanto a correr el término desde la misma fecha de la audiencia, lo que está en concordancia con lo dispuesto en el Art. 309 ibídem.- OCTAVO.- La consecuencia legal de la falta de prueba del actor por indebidamente actuada esto es, como se dejó establecido en considerandos precedentes. por haber sido presentada y practicada fuera de término, es que ha incidido en el derecho de las partes, pues el actor no ha probado legalmente la causa de la obligación demandada, así como la responsabilidad de las empresas demandadas, ni la vinculación contractual entre la compañía actora y las empresas demandadas. Por tanto, el fallo materia de la casación está incurso en una de las infracciones de la causal tercera de la ley de la materia, esto es por falta de aplicación de normas de derecho en la sentencia: Art. 23, numerales 26 y 27, Art. 24, numerales 14 y 17 de la Constitución; y, Art. 1480 del Código Civil. Además, el numeral 14 del Art. 24 de la Constitución Política, en forma categórica establece que: "14. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna; ...". lo cual constituye una garantía básica que debe observarse en guarda del debido proceso.- NOVENO.- Como se acepta el recurso por la causal 33 del Art. 3 de la Ley de Casación, la Sala considera que no es necesario entrar a conocer la otra causal deducida, esto es la cuarta del mismo artículo 3.- Por estas consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se acepta el recurso de casación por la causal 33 del Art. 3 de la Ley de Casación; y, en consecuencia, se revoca el fallo recurrido y, se rechaza la demanda.- Sin costas.- Notifíquese.

Fdo.) Dres. Galo Pico Mantilla, Estuardo Hurtado Larrea y Rodrigo Varea Avilés, Ministros Jueces.

Certifico.

f.) Dra. Lucía Toledo Puebla, Secretaria Relatora.

Es fiel copia de su original.

Quito, 12 de septiembre del 2002.

Certifico.

f.) Secretaria Relatora.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL
Quito, 17 de octubre del 2003; a las 10h12.
VISTOS (27-2002): De conformidad con el Art. 285 "El juez que dictó sentencia, no puede revocarla ni alterar su sentido en ningún caso; pero podrá aclararla o ampliarla, si alguna de las panes lo solicitare dentro de tres días." y consta del proceso que la sentencia fue notificada el 12 de septiembre del 2002 y la petición de aclaración y ampliación presentada a esta Sala el 18 de septiembre del mismo año, lo cual le constituye en extemporánea, por lo que se la rechaza.- Notifíquese.

Fdo.) Dres. Rodrigo Varea Avilés, Estuardo Hurtado Larrea y Galo Pico Mantilla, Ministros Jueces.

Certifico.

f.) Dra. Lucía Toledo Puebla, Secretaria Relatora. Es fiel copia de su original.

Certifico.

Quito, 17 de octubre del 2003. f.) Secretaria Relatora.



No. 168-2003, RO 250, 13 de enero de 2004
JUICIO VERBAL SUMARIO
ACTORA: Georgina Zúñiga Calderón vda. de Gagliardo.
DEMANDADOS: Alonso Tamayo Sánchez y Raquel Madera Grijalva.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL
Quito, 8 de julio del 2003; a las 11h30.
VISTOS (176-2002): La señora Georgina Zúñiga Calderón vda. de Gagliardo, dentro del juicio que sigue contra los cónyuges Alonso Tamayo Sánchez y Raquel Madera Grijalva por cumplimiento del convenio de transferencia de dominio, interpone recurso de casación contra la sentencia expedida por la Segunda Sala de la Corte Superior de Quito mediante la cual".., acepta el recurso de apelación interpuesto por los demandados y declara que son los departamentos signados con los números lA y IB del Edificio Alicante, los que los demandados Ing. Alonso Tamayo Sánchez y Raquel Madera Grijalva de Tamayo se obligaron a construir y por lo tanto están obligados a transferir en favor de la demandante señora María Georgina Zúñiga Calderón viuda de Gagliardo...". La sentencia de primer nivel, cuyo recurso de apelación ha sido aceptado por la Corte Superior, dice que: ",... se acepta la demanda y se dispone que los cónyuges Alonso Tamayo Sánchez y señora Raquel Madera Grijalva de Tamayo, cumplan con el convenio celebrado con la señora Georgina Zúñiga Calderón viuda de Gagliardo, mediante escritura pública, ante el Dr. Femando Polo Elmir, Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito el 19 de febrero de 1996, debiendo por su parte la actora Georgina Zúñiga Calderón viuda de Gagliardo cancelar a los referidos cónyuges por los metros de superficie construidos adicionalmente en la forma convenida. Además los cónyuges Tamayo - Madera, pagarán la indemnización por los daños y perjuicios causados, tanto como daño emergente y lucro cesante que serán establecidos verbal y sumariamente, por cuerda separada. Notifíquese.-". Con estos antecedentes, concedido el recurso radicada la competencia en esta Sala y concluido el trámite previo, para resolver, se considera: PRIMERO.-La recurrente, en una parte del extenso escrito de interposición se refiere a los antecedentes de la causa y bajo el título de normas de derecho infringidas, transcribe varios considerandos de la sentencia cuestionada, relata varias pruebas de las presentadas y los "efectos" de las mismas, enumera las disposiciones que a su juicio han sido infringidas y transcribe el texto de ellas. Alega en forma incorrecta -contraria a la ley, la doctrina y la jurisprudencia-dos vicios simultáneos cuando sostiene que en la sentencia se ha producido "aplicación indebida" del artículo 1603 del Código Civil y "errónea interpretación" de la misma norma; de modo que el recurso se concreta a la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación por falta de aplicación (no aplicación) de los artículos 117, 118, 120, 121, 123, 124 y 125 del Código de Procedimiento Civil, especialmente del artículo 119; 1532, 1588, 1589 del Código Civil; y, artículo 1 incisos 3ro. Y 4to. De la Ley de Propiedad Horizontal. SEGUNDO.- La causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación en la que se funda el recurso contempla tres modos de infracción de la ley, el primero: aplicación indebida; el segundo: falta de aplicación; y, el tercero: errónea interpretación "de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva;". En el caso, el cargo que hace el recurrente es el de falta de aplicación de varias normas, entre ellas, el artículo 1 de la Ley de Propiedad Horizontal, es decir que el recurrente alega el hecho de que el Tribunal de instancia, en palabras de Hernando Devis Echandía-, ha "considerado inexistente una Ley que literalmente existía" (Estudios de Derecho Procesal) al momento de la contratación entre los litigantes y al de la resolución de la causa, ley cuyo texto se mantiene en vigor; en concepto de Garzonet, citado por José Duque Sánchez, el hecho de que "se niega a la situación jurídica que está bajo su alcance" (Manual de Casación Civil); y por último, en opinión de José Núñez Aristimuño, que "la infracción por omisión conduce a la violación directa de la norma; esto es, que en el caso, la situación de fondo debió ser decidida de acuerdo con el precepto que efectivamente planteaba la solución y que el juez no aplicó" (Aspectos en la Técnica de la Formulación del Recurso de Casación).- Al respecto, el mismo autor añade que "La violación de la Ley en cuanto se desconoce el contenido de la norma, se refiere a la premisa mayor del silogismo que constituye la sentencia, o sea, la norma en abstracto, y abarca un amplio y complejo concepto jurídico que va mas allá del simple desconocimiento del texto legal en su verdadero sentido. En efecto - dice -, el desconocimiento de la disposición por el juez, dentro del concepto de violación de ley, puede llegar hasta el aspecto de si la norma está o no vigente y en cuanto a sus efectos en el espacio y en el tiempo (...). Si la impugnación a la sentencia se concreta al simple desconocimiento que de la norma hizo el juez, en cuanto contradice su contenido sería suficiente la denuncia de infracción del solo precepto o artículo que la contiene, acompañada de la argumentación que demuestre esa violación. TERCERO.- En este recurso, el cargo de falta de aplicación de varias normas de derecho exige, en primer lugar, el examen de la que resulta pertinente para la resolución del caso que como se ha visto tiene origen en el convenio para la transferencia de inmuebles", y la entrega de los departamentos que serán construidos bajo el régimen de propiedad horizontal y, por lo mismo, sujetos a la ley de la materia. De acuerdo al contrato, - como se relata en la sentencia recurrida - el caso es que los cónyuges ingeniero Alonso Augusto Tamayo Sánchez y Raquel Madera Grijalva de Tamayo, demandados en el juicio principal ",...se obligan a construir y transferir a favor de la señora María Georgina Eliza Zúñiga Calderón viuda de Gagliardo, dos departamentos y dos parqueamientos en el edificio que van a levantar en el inmueble formado por los dos lotes de terreno, situado en la avenida 'Eloy Alfaro' de este cantón: departamentos que tendrán la superficie aproximada de ochenta y cinco metros cuadrados cada uno, estarán ubicados en la segunda planta alta, y se sujetarán a las estipulaciones constantes en el numeral tres punto cinco de la cláusula siguiente." (Dos punto siete de la cláusula segunda). Luego, en la parte final de la cláusula tercera del mismo convenio se dice que: "Estos departamentos se transferirán jurídicamente mediante compra - venta, libre de todo gravamen, y una vez que el edificio esté constituido bajo el régimen de propiedad horizontal. El precio de esos departamentos, que es de Doscientos doce millones de sucres, se lo declara pagado (subrayados de la Sala).-En consecuencia, no obstante que la materia de la litis y el compromiso contractual de los contendientes de que los aludidos departamentos se transferirán "una vez que el edificio esté constituido bajo el régimen de propiedad horizontal", la sentencia recurrida en lugar de aplicar los preceptos relativos a este régimen de propiedad es decir los de la Ley de Propiedad Horizontal, y disponer la ejecución del compromiso expreso de las panes, estima erradamente que la controversia debe delimitarse mediante la regla para la interpretación de los contratos desconociendo con su resolución que éstos no pueden modificar las disposiciones de la ley y menos contrariarla porque mientras la ley esté vigente se la debe entender incorporada al contrato en cumplimiento de la regla 18 del artículo 7 del Código Civil. De este modo, tanto en los considerandos, como en la parte resolutiva, la sentencia cuestionada desconoce la vigencia de la Ley de Propiedad Horizontal que regula este tipo de bienes y define los componentes de un edificio sometido bajo este régimen; y lo que es más, en la parte resolutiva "declara" lo inexistente en el contrato y lo contradictorio con la parte considerativa al decir que "... son los departamentos signados con los números lA y IB del Edificio Alicante, los que los demandados Ing. Alonso Tamayo Sánchez y Raquel Madera Grijalva de Tamayo se obligaron a construir..." cuando por el contrario en la misma sentencia se refiere al requerimiento judicial y en el considerando cuarto dice que el contrato "contiene la obligación de los demandados de transferir, mediante compraventa, en favor de la actora, dos departamentos 'en el edificio que tentativamente tendrá doce plantas..". El contrato no se refiere a los departamentos lA y IB.-CUARTO... El artículo 1 de la Ley de Propiedad Horizontal vigente a la época de celebración del contrato, dice: "Art. Los diversos pisos de un edificio, los departamentos o locales en los que se divida cada piso, así como los departamentos o locales de las casas de un solo piso, cuando sean independientes y tengan salida a la vía pública directamente o por un pasaje común, podrán pertenecer a distintos propietarios. / El título de propiedad podrá considerar como piso, departamento o local los subsuelos y las buhardillas habitables, siempre que sean independientes de los demás pisos, departamentos o locales. / Se denomina planta baja la que está al nivel de la calle a que tiene frente el edificio, o a la calle de nivel más bajo cuando el edificio tenga frente a más de una calle, o del nivel del terreno sobre el que esté construido el edificio. / Se denomina planta del subsuelo la que queda inmediatamente debajo de la planta baja. Si hay más de una planta en el subsuelo, tomará el número ordinal, conforme se alejan de la planta baja. / Se denomina primer piso al que queda inmediatamente encima de la planta baja: segundo piso al que queda inmediatamente superior al primero: y así en adelante. / Los entrepisos formarán parte de la planta a la que están adscritos y no podrán considerarse como pisos independientes." (Subrayado de la Sala).- Del texto transcrito, sin duda alguna, se advierte que dentro del pertinente ordenamiento jurídico nacional hay varias definiciones claras y concretas para la aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal; y, consecuentemente para todas las propiedades que se sujetan a este régimen de propiedad que, como dice la exposición de motivos de esta ley "...es el complemento lógico y necesario de la concepción técnica de los bloques multifamiliares. Una Ley que facilite la transacción de compra - venta, que determine los derechos y obligaciones de cada propietario como tal y como condómino del edificio; que establezca las limitaciones necesarias para que el derecho de unos no interfiera o dañe el derecho de otros; que dicte las normas necesarias para la regulación interna del grupo social que habita el edificio, es tan necesaria, que la mayor parte de los países la han expedido y puesto en vigencia con magníficos resultados." (Registro Oficial No. 1069 de 15 de marzo de 1960.- En efecto, la parte de la construcción que está a nivel de la calle -dice la ley- se denomina planta baja "a ras del suelo", lo que anteriormente o por costumbre, es cierto, se conocía como primer piso pero que, ante la vigencia de la ley que contiene una definición concreta de lo que es el uno y el otro pasó a ser la planta baja. En cambio, lo que se denomina primer piso es la planta, piso o "sección horizontal" que queda "inmediatamente encimé' de la planta baja o "piso bajo de una casa o edificio" (Diccionario Académico de la Lengua Española) ¿Qué duda cabe ante tanta claridad? Ninguna. Además de esto, entre las definiciones contenidas en el anexo No. 2 de el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quitó (Registro Oficial No. 226 de 31 de diciembre de 1997) se incluye la siguiente: "PISO O PLANTA: Nivel de la edificación que se levanta a partir del suelo incluida la que se halla a nivel más abajo (subsuelo)", el cual también está definido, en el mismo anexo, como aquel que está inmediatamente debajo de la planta baja.- En consecuencia, en todo contrato de construcción o escritura de venta de una propiedad sujeta al régimen de propiedad horizontal cuando se diga "segunda planta alta" o "segunda planta" no puede entenderse otra cosa, que "segundo piso" es decir, siguiendo lo dispuesto por la ley y el Código Municipal, el "que queda inmediatamente superior al primero" y éste el "que queda inmediatamente encima de la planta baja". Por tanto, en un caso como el subjúdice regulado por ley expresa, el Juez no puede acudir a otro fundamento, ni a interpretación extraña a la naturaleza del contrato que, como se dijo, no modifica ni puede modificar la ley, de modo que, cuando esto sucede, es decir, cuando el Tribunal de instancia deja de aplicar la norma pertinente al caso en disputa, la Sala de Casación de conformidad con la ley, está obligada a casar la sentencia, atacada por el recurrente por falta de aplicación basado en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación. QUINTO.- La sentencia recurrida, al referirse a las excepciones de los demandados de negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, improcedencia de la misma, falta de derecho de la actora para proponerla y falta de causa lícita (considerando tercero), destaca la alegación de los demandados que sostienen la "inexistencia o indeterminación de pretensión procesal, pues como consta luego de la exposición que ella hace en la demanda nada en concreto se solicita a usted"; y, luego de referirse al libelo inicial de la actora, a la exigencia del numeral 4 del artículo 71 del Código de Procedimiento Civil y al hecho de que se limita a demandar el cumplimiento del convenio de 19 de febrero de 1996 y la indemnización correspondiente, dice lo siguiente: "Mas, si en verdad no contiene la demanda una pretensión expresa que la ley y por lo mismo la administración de justicia deba tutelar, ni el Juez ha dispuesto que la actora aclare la demanda como era su deber, dicha pretensión surge de los antecedentes referidos tanto en la demanda cuanto en la diligencia previa de requerimiento judicial que, para la suscripción de la escritura de traspaso de dominio de los dos departamentos materia del convenio se ha practicado a través del Juzgado Séptimo de lo Civil de Pichincha y que se ha agregado como parte de la misma;..". La misma sentencia (considerando cuarto) dice que no hay controversia en cuanto a la clase de contrato "que contiene la obligación de los demandados de transferir, mediante compraventa, en favor de la actora, dos departamentos 'en el edificio que tentativamente tendrá doce plantas, que va a construir el Ing. Tamayo en el inmueble que adquiere...' (Cláusula Primera: Uno punto diez, fs. 6 vta.);". Continúa la sentencia, refiriéndose al objeto de construir un edificio y transcribe el "uno punto once" del convenio: "...Este es -se añade en este numeral- el motivo principal que ha determinado la presente contratación, debiendo sujetarse su construcción, a más de los requisitos municipales, al cronograma establecido en forma estricta, ya que la demora ocasiona graves perjuicios de orden financiero, y luego, de posibilidad de venta".- Después, menciona la cláusula tercera del contrato y describe subrayando lo siguiente: "Tres punto cinco.- Los dos departamentos a transferirse estarán ubicados en la segunda planta del edificio a levantarse en el inmueble de la avenida 'Eloy Alfaro'.-". La sentencia concluye este considerando diciendo que la controversia entre las partes radica en la apreciación que cada uno de ello tiene sobre la ubicación de los departamentos, pues para la actora la "segunda planta alta" o "segunda planta" (como consta en el contrato) corresponderían al segundo piso del edificio Alicante, mientras que para la parte demandada son los que se hallan en el primer piso signados con los números lA y IB; edificio -dice la sentencia- "que según dicha declaratoria (propiedad horizontal) y planos respectivos, está levantado, como tentativamente se señala en el contrato, en doce plantas: una planta baja y once pisos." (Subrayado de la Sala). SEXTO.- Por su parte la sentencia de primer nivel en el considerando tercero, resalta los siguientes puntos -con los cuales coincide esta Sala- como antecedentes probatorios valederos para la resolución que fuera apelada y resuelta por la sentencia recurrida: 1. El acuerdo de 19 de febrero de 1996 (posterior a la vigencia de la Ley de Propiedad Horizontal) celebrado entre los contendientes. 2. La diligencia previa de requerimiento judicial No. 174 1-99 para la suscripción de la escritura de compraventa de los departamentos ubicados en la "segunda planta" del edificio Alicante. 3. La certificación del Notario doctor Guillermo Buendía Endara sobre la no comparecencia de los demandados a la suscripción de dichas escrituras. 4. La escritura pública (fs. 224 a 252 del cuaderno de primera instancia) que contiene la declaratoria de propiedad horizontal del edificio Alicante otorgado por el Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano celebrada el 28 de mayo de 1998 (fecha posterior a las de la Ley de Propiedad Horizontal, Registro Oficial No. 1069 de 15 de marzo de 1960; del reglamento a esta ley, Registro Oficial No. 378 de 7 de agosto de 1998, y de la Ordenanza Municipal mediante la cual se expide el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, anexo No. 2, definiciones, Registro Oficial 226 de 31 de diciembre de 1997). 5. Hoja de control No. CA904-ZN-99, relacionada con la citada escritura, inscrita por el Arq. Hugo Chacón Cobo, Jefe del Departamento de Gestión Urbana Administración Zona Norte (fs. 84-86) quien dice que "el Edificio Alicante cumple con lo estipulado en el Art. 1 de la Ley de Propiedad Horizontal; y, que de acuerdo a los planos aprobados la planta baja contiene un almacén, hall, guardián y patio comunal. Más en el cuadro de alícuotas de la declaratoria de propiedad horizontal, se especifican los niveles en los cuales se encuentran las diferentes unidades: la planta baja en el nivel 0.00: el primer piso en el nivel +2.75: el segundo en el nivel +5.50 y así sucesivamente". 6. Lo manifestado por el perito arquitecto Santiago H. Domínguez Mejía, quien en su informe y ampliación al mismo determina; "'Los departamentos 2A y 2B que se ubican en el SEGUNDO PISO, Nivel +5.50 del edificio Alicante, según el convenio del 19 de febrero de 1996 debieron haberse transferido conforme a lo indicado en el numeral 3.5 que textualmente dice 'Estos departamentos se transferirán jurídicamente mediante compra - venta libre de todo gravamen, y una vez que el edificio este constituido bajo el régimen de propiedad horizontal'. La propiedad horizontal se declara mediante informe municipal No. ZN-AX854 del 29 de abril de 1998"'. SEPTIMO.- Además, el Arq. Santiago H. Domínguez Mejía en el informe que presenta al señor Juez Décimo Primero de lo Civil de Pichincha (fs. 192 a 198), establece las siguientes conclusiones: "La Planta Baja del edificio Alicante, se ubica en el nivel 0.00 VER DIAGRAMA / Los departamentos lA y IB del edificio Alicante, se ubican en el nivel + 2.75. VER DIAGRAMA / Los departamentos 2A y 2B del edificio Alicante, se ubican en el nivel + 5.50 VER DIAGRAMA / El concepto de piso, de planta, de piso o planta y/o piso es el mismo conforme a la Ley de Propiedad Horizontal y Ordenanza Municipal en sus panes correspondientes. / Al momento de firmarse el convenio, no existían Planos Aprobados. / Convenio 19 de febrero de 1996/Planos Aprobados 10 de abril de 1997/Declaratoria de Propiedad Horizontal 29 de abril de 1998 / No es posible, en estas condiciones, ubicar los niveles en los que tenían que ir los departamentos en el edificio que se construía a futuro. / Las definiciones de Planta Baja, departamentos lA y IB, departamentos 2A y 2B, etc. se los da con la Declaratoria de Propiedad Horizontal. / Los acabados de los departamentos lA y IB si bien no cumplen con los acordados en el convenio, los que están al momento son de igual y superior calidad VER CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. / Los acabados de los departamentos 2A y 2B, rebasan a los acordados en las especificaciones del convenio, se los denomina de lujo. VER CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. / Es todo cuanto puedo informar, a su señoría, en honor a la verdad.". - En conclusión, es indudable que la expresión "segunda planta alta" a la que se refiere el convenio materia de la reclamación y la sentencia objeto del recurso, corresponde al "segundo piso alto" y la frase "segunda planta" corresponde al "segundo piso", con estricto apego a la ley de la materia, a las regulaciones y aprobaciones municipales que obran en el expediente. OCTAVO.- Dentro del ordenamiento jurídico relacionado con las propiedades constituidas o por constituirse en propiedad horizontal, además de las disposiciones de la Ley de Propiedad Horizontal y la regulación municipal antes citadas, se encuentra el reglamento general de esta ley, (Registro Oficial No. 378 de 7 de agosto de 1998) según el cual todo inmueble constituido dentro del régimen de propiedad horizontal está sometido a las normas de la ley y reglamentos que le corresponden, conforme al siguiente articulo; "ARTÍCULO 1.- RELACIONES DE COPROPIEDAD - Todo inmueble cuyo dominio estuviera constituido en condominio o declarado en régimen de propiedad horizontal estará sometido a las normas de propiedad horizontal contempladas en la Ley, este Reglamento General y a los reglamentos que cada condominio dicte para su administración, uso, conservación. Y reparación.". - Por las consideraciones que anteceden, en ejercicio de la facultad concedida por el artículo 14 de la Ley de Casación, la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia recurrida y en su lugar declara con valor la sentencia de primer nivel dictada por el Juez Décimo Primero de lo Civil de Pichincha. Sin costas. Notifíquese y publíquese.

Fdo.) Dres. Rodrigo Varea Avilés, Estuardo Hurtado Larrea y Galo Pico Mantilla, Ministros Jueces.




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