Droga, gitanos y vecinos



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BERNABÉ SARABIA


L

as acciones vecinales en contra del tráfico y consumo de drogas no son nuevas en Espa­ña. La sorpresa viene de la magnitud que han tomado. El 14 de septiembre, cerca de me­dio centenar de encapuchados quemaron el piso piloto instalado por el Ayuntamiento de Madrid en el polígono de Los Molinos, lugar destinado a realojar a 88 familias gitanas procedentes de di­versos puntos del extrarradio de la capital. Los vecinos de Villaverde Bajo se desgañitaron gri­tando que ése era el único modo de parar el plan municipal de erradicación del chabolismo. El argumento vecinal tenía su punto central en el miedo a que entre los gitanos destinados a vivir en su barrio llegaran familias vendedoras de drogas y ello determinase la afluencia de droga-dictos.

En menos de un mes, España entera se ha llena­do de acciones contra el nicho ecológico de los traficantes y consumidores de drogas. En Barce­lona, las patrullas vecinales constituidas en los barrios de Raval, San Cosme y L'Hospitalet de­jan un saldo de treinta heridos de diversa consi­deración. En Valencia, en El Cabanyal y la Mal­varrosa, se apalean yonquis. Palma de Mallorca contempla cómo se ponen verjas a las calles del «barrio chino». En Cazoña (Santander), las aso­ciaciones de vecinos dan a conocer los locales de venta de droga. En Adra (Almería) es incendia­da una vivienda gitana. Los vecinos del barrio de La Fama, en Murcia, dicen que están ya har­tos y amenazan con actuar por su cuenta. En otros puntos de la Península se ha producido violencia física y psicológica. Todo parece indi­car que la ola de tensiones todavía no ha llegado a su punto álgido. Sin embargo, conviene seña-

lar que se están produciendo manifestaciones pacíficas contra la droga en las que la presencia de gitanos es notoria y que ciertas formas de presión, como la de los más de 200 vecinos de Villaverde acampados en Los Molinos para im­pedir el realojo de las familias gitanas, no supo­nen formas directas de agresión.

P


ara entender esta oleada de violencia desa­tada por grupos de vecinos conviene desta­car sus características. En primer lugar, se trata de un movimiento espontáneo, al margen de los partidos políticos y las centrales sindica­les. En segundo lugar, no estamos ante una ex­presión directa de racismo. Pueden existir ras­gos o gestos racistas, pero no son substantivos. En tercer lugar, el fenómeno no puede enjuiciar­se en términos de izquierda-derecha o progresis-mo-conservadurismo. Por último, es necesario subrayar que el problema está subsumido en el conjunto de la vida española. Si empezamos por el final, habremos de recor­dar que cuando, en julio de 1976, cae el Gobier­no de Carlos Arias y Adolfo Suárez se convierte en la pólvora del cambio, vivíamos en un país sencillo, amable y pobretón. El consumo de dro­gas operaba en ámbitos reducidos. Seis años después se produce la victoria socialista, en un „ momento en el que muchos españoles -algunos sin tenerlo claro- están buscando cambiar de hábitos y actitudes sociales y personales. A ello se añade un auge económico considerable. De una sociedad compacta se pasa a otra porosa; de un país cerrado se transita a la sociedad más europeísta de la Comunidad Económica. El cambio se encomienda al dios consumo.




«La bulimia es la enfermedad prototipo de la transición española. Todo se devora:

política, sexo, droga. El afán

consumista se ha apoderado de



individuos e instituciones.»

La bulimia es la enfermedad prototipo de la tran­sición española. Todo se devora: política, sexo, droga. El afán consumista se ha apoderado de individuos e instituciones. Tanto da que se trate de una megaobra de futuro incierto como la Ex-po 92 de Sevilla o del coche de importación del padre de familia. De los pequeños cubos de des­perdicios protegidos con hojas de periódicos he­mos pasado a las grandes y repletas bolsas de plástico. Tanta basura le está pesando a mucha gente, cansada ya del coleccionismo de la abun­dancia.

Contemplada desde la desventura, la ansiedad por la abundancia no puede sino producir deses­peración. Las gentes que se han quedado entre ola y ola, sin que ninguna les lleve a la playa, contemplan a los glotones y más de uno escoge la jeringuilla de la heroína.

O


tro rasgo de la vida coti­diana española que debe ser tenido en cuenta es el independentismo. El pasado septiembre se produjo una exasperación independentista que puso los pelos de punta a más de uno. Quizá parezca a primera vista que estamos ante fenómenos extraños entre sí. Sin embargo, del separatismo se desprenden dos ideas a considerar. La primera es la de minoría activa que lucha por sí misma, ajena o en contra del aparato del Estado. Para dichas minorías es esencial la organización de un sistema de autodefensa. La segunda idea consiste en considerar la violencia como lícita en la defen­sa de lo que el grupo minoritario considera como central para sus fines. Recordemos los asesinatos de ETA cometidos sobre presuntos traficantes o, ya en otro orden de cosas, la destrucción de mate­rial de construcción en la autopista de Leizarán. Para cerrar esta panorámica general y necesaria­mente breve del marco en el que se inscribe el problema de la droga, conviene aludir al proceso general de deslegitimización de la autoridad legal-mente constituida. Sucesos como el de Cáceres, en el que grupos de vándalos arrasan el centro de la ciudad durante la madrugada del fin de semana del Pilar, o las palizas propinadas por skin heads el día de la Hispanidad en Barcelona, revelan tanto la existencia de una enorme tensión social como la incapacidad de quienes representan legítima­mente el poder para, en último término, conte­nerla.



Si volvemos a los rasgos que caracterizan el actual brote de violencia vecinal en contra de la droga, veremos que, en gran medida, es ajeno a partidos

políticos y organizaciones de vecinos por ellos controladas. Nicanor Briceño, líder de los vecinos de Villaverde Bajo, es conserje de un colegio de Perales del Río, barriada de Getafe, y no milita en ningún partido. Su liderazgo surge de la vida dia­ria. Se ha escrito en la Prensa que los 100.000 heroinómanos españoles se gastan al día 2.000 millones de pesetas. En realidad, el número de drogadictos no se conoce más que con aproxima­ción, del mismo modo que el monto de su gasto en droga no se puede establecer con seguridad. Lo que no tiene duda es que el toxicómano se mete mucho dinero en el cuerpo al cabo del mes. ¿Có­mo consigue el dinero? De mil modos. Pero lo más evidente, para los hombres, es dar «palos», y para las mujeres, prostituirse.

C


on el dinero en la mano, tras comprar al por me­nor al camello habitual, el yonqui necesita desprenderse de su jeringuilla. Y lo que deja tras de sí es un producto alta­mente contaminante, capaz de transmitir cierto tipo de enfer­medades contagiosas, entre ellas el sida. Puede entenderse que, para muchos padres, ésta sea una intolerable amenaza para sus hijos pequeños. La presencia gitana en el con­flicto podría interpretarse como un ingrediente étnico que dispara la agresividad racial. Sin em­bargo, no lo es. El problema no es tanto de racismo como de autoritarismo, y ambas son actitudes próximas, pero no semejantes. Los gitanos pro­porcionan a los «grandes» de la droga un submun-do selvático inaccesible a la policía. Disponen de intrincadas ciudadelas de chabolas en las que los medios de transmisión emiten mensajes cuyos códigos son indescifrables. Algunos gitanos po­nen infraestructura y recogen beneficios. Y si son atacados, se debe más a su participación en el negocio que a su etnia. Otra cosa son los prejuicios españoles respecto a los gitanos, pero ésa es otra historia. La envidia que pueda despertar el trafi­cante del piso de al lado con su coche, su oro, su cadena de sonido o sus trajes no es de izquierdas ni de derechas. El miedo a ser asaltado por un yonqui presa del «mono» no tiene ideología. Lo que quizá sí la tenga es la crisis de las ciudades y. la falta de esperanza que se palpa en este conflicto de droga, gitanos y vecinos.



Bernabé Sarabia es profesor de Psicología Social en la Universidad Complutense de Madrid.



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