Documento Básico Común Chile Septiembre 2013


MARCO GENERAL DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS



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MARCO GENERAL DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS




  1. ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS




  1. Situación de los principales tratados de derechos humanos en Chile




  1. Tabla 53: Situación de los principales tratados de DDHH (Naciones Unidas)







Convención

Ratificación

Vigencia

Reservas

I

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

10/02/1972

29/04/1989




Protocolo Facultativo sobre Comunicaciones individuales

20/05/1992

28/08/1992

Protocolo Facultativo destinado a Abolir la Pena de Muerte

26/09/2008

05/01/2009

Artículo 2,

párrafo 1°



II

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

10/02/1972

27/05/ 1989




Protocolo Facultativo

10/12/2008 (sólo suscrito)




III

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial

20/10/1971

12/11/1971

IV

Convención contra la Tortura y Otras Penas o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes

30/09/1988

26/11/1988

Reservas a artículos 2 párrafo 3°, 3, 28 y 30 párrafo 1°, todas retiradas

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

12/12/2008

14/02/2009




V

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

07/12/1989

09/12/1989

Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

10/12/1999 (sólo suscrito)




VI

Convención de los Derechos del Niño

13/08/1990

27/09/1990

Protocolo Facultativo relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados

31/07/2003

27/12/2003

Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía

06/02/2003

06/09/2003

Protocolo Facultativo sobre Comunicaciones Individuales

28/02/2012 (sólo suscrito)




VII

Convención Internacional para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias

25/03/2005

08/06/2005

Artículo 22 número 5°, y artículo 48 número 2°

VIII

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

29/07/2008

17/09/2008




Protocolo Facultativo sobre Comunicaciones Individuales

29/07/2008

17/09/2008

IX

Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas

06/02/2007

23/12/2010

2) Otros instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos




  1. Instrumentos anteriores a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos

(a) Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Niños. Ratificación: 15.01.1929. Vigencia: 20.05.1930;

(b) Convención sobre Condición de los Extranjeros. Ratificación: 12.03.1934. Vigencia: 14.09.1934;

(c) Convención (Interamericana) sobre la Nacionalidad de la Mujer. Ratificación: 29.08.1934. Vigencia: 12.11.1934;

(d) Convenio Internacional destinado a asegurar una protección eficaz contra el tráfico criminal conocido bajo el nombre de “trata de blancas”. Adhesión: 19.03.1935. Vigencia: 18.06.1935;

(e) Convención Internacional relativa a la Represión de la Trata de Blancas. Ratificación: 19.03.1935. Vigencia: 18.06.1935;

(f) Protocolo referente a cierto caso de apátrida. Ratificación: 20.03.1935. Vigencia: 16.04.1935;

(g) Convención Internacional relativa a la represión de la trata de mujeres mayores. Ratificación: 20.03.1935. Vigencia: 15.04.1935;

(h) Convención (Interamericana) sobre Asilo Político. Ratificación: 28.03.1935. Vigencia: 17.05.1935.


  1. Instrumentos en el marco del Sistema Interamericano

(a) Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer. Ratificación: 10.04.1975. Vigencia: 29.05.1975;

(b) Convención Interamericana sobre la Concesión de Derechos Civiles a la Mujer. Ratificación: 10.04.1975. Vigencia: 26.04.1975;

(c) Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ratificación: 21.08.1990, con declaraciones. Vigencia: 05.01.1991;

(d) Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Ratificación: 30.09.1988, con reservas. Vigencia: 26.11.1988. Instrumento de retiro de reservas depositado: 21.08.1990. Vigencia: 13.01.1991;

(e) Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Ratificación: 15.11.1996. Vigencia: 11.11.1998.

(f) Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la Abolición de la Pena de Muerte. Ratificación: 04.08.2005, con reserva. Vigencia: 16.10.2008.

(g) Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad. Ratificación 04.12.2001. Vigencia: 20.06.2002.




  1. Instrumentos en el marco de las Naciones Unidas

(a) Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Ratificación: 03.06.1953. Vigencia: 11.12.1953;

(b) Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Suscripción: 31.03.1953Ratificación: 18.10.1967; Vigencia: 30.09.1967;

(c) Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Ratificación: 28.01.1972, con reservas. Vigencia: 19.07.1972;

(d) Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. Ratificación: 27.04.1972. Vigencia: 20.07.1972;

(e) Convención sobre la Esclavitud, su Protocolo modificatorio y la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud. Adhesión: 20.06.1995. Vigencia: 07.11.1995;

(f) Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, su Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, y su Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños. Vigencia 16.02.2005;

(g) Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ratificación: 29.06.2009. Vigencia: 01.08.2009;

(h) Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Ratificación: 08.12.2009. Vigencia: 23.12.2010.


  1. Instrumentos en marco de la Organización Internacional del Trabajo

(a) Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (Nº 14). Ratificado: 15.09.1925;

(b) Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio, 1930 (Nº 29). Ratificado: 31.05.1933;

(c) Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (Nº 98). Ratificado: 01.02.1999;

(d) Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (Nº 100). Ratificado: 20.09.1971;

(e) Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (Nº 105). Ratificado: 01.02.1999;

(f) Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (Nº 111). Ratificado: 20.09.1971;

(g) Convenio sobre la política del empleo, 1964 (Nº 122). Ratificado: 24.10.1968;

(h) Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (Nº 131). Ratificado: 13.09.1999.

(i) Convenio sobre la edad mínima, 1973 (Nº 138). Ratificado: 01.02.1999;

(j) Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (Nº 151). Ratificación: 17.07.2000;

(k) Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (Nº 156). Ratificación: 14:10:1994;

(l) Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, 1989 (Nº 169). Ratificación: 15.09.2008;

(ll) Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, 1999 (Nº 182). Ratificación: 17.07.2000.




  1. Instrumentos en el marco de la UNESCO

(a) Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza. Ratificación: 26.11.1971. Vigencia: 30.11.1971;




  1. Convenios de la Conferencia de La Haya de Derechos Internacional Privado

(a) Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, 1973. Instrumento de adhesión de Chile se depositó el 23 .02. 1994 (adhesión sometida al procedimiento de aceptación). Entrada en vigor: 01.05.1994.

(b) Convenio relativo a la protección del niño y la cooperación en materia de adopción internacional, 1993. Ratificado 13.07.1999, entró en vigor internacional 01.11.1999.


  1. Convenios de Ginebra y otros tratados de derecho humanitario

(a) Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña (Convenio I), 1949. Suscrito: 12.08.1949. Depósito de instrumento de ratificación: 12.10.1950.

(b) Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar (Convenio II), 1949. Suscrito: 12.08.1949. Depósito de instrumento de ratificación: 12.10.1950.

(c) Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (Convenio III), 1949. Suscrito: 12.08.1949. Depósito de instrumento de ratificación: 12.10.1950.

(d) Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV), 1949. Suscrito: 12.08.1949. Depósito de instrumento de ratificación: 12.10.1950.

(e) Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), 1977. Suscrito: 12.12.1977. Depósito de instrumento de ratificación: 24.04.1991.

(f) Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), 1977. Suscrito: 12.12.1977. Depósito de instrumento de ratificación: 24.04.1991.

(g) Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (Convención de Ottawa), 1997. Suscrito: 03.12.1997. Depósito de instrumento de ratificación: 10.09.2001.





  1. MARCO JURÍDICO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL




  1. Protección de los derechos humanos en la Constitución




  1. El artículo 19 del capítulo III de la Constitución, sobre garantías constitucionales, protege los derechos humanos y libertades fundamentales contempladas por los diversos instrumentos internacionales. Se garantiza de este modo: el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de la persona; la prohibición de la aplicación de todo apremio ilegítimo; la igualdad ante la ley; la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos; el derecho a la defensa jurídica, a ser juzgado por el tribunal señalado por la ley y establecido con anterioridad por ésta; el derecho a las garantías de un racional y justo procedimiento, a no ser castigado con otra pena que la señalada por una ley promulgada con anterioridad a la perpetración del delito, salvo que la nueva ley favorezca al afectado; el derecho al respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y su familia; la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada; la libertad de conciencia; el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a la protección de la salud; a la educación, a la libertad de enseñanza; la libertad de opinión y la de información sin censura previa; el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas; a presentar peticiones a la autoridad; a asociarse sin permiso previo y al pluralismo político; la libertad de trabajo; la admisión a todas las funciones y empleos públicos; el derecho a la seguridad social; el derecho a sindicarse; la igual repartición de los tributos; el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, respetando las normas legales que la regulen; la no discriminación arbitraria del Estado y sus organismos en materia económica; la libertad de adquirir el dominio; el derecho de propiedad; el derecho de autor sobre las creaciones intelectuales y artísticas; la propiedad industrial.

  2. El enunciado del artículo 19 de la Constitución no es de carácter excluyente, por lo cual la enumeración de derechos de este artículo no es taxativa. Así lo indica la historia fidedigna de esta norma, respecto a la cual sus redactores señalan haber “contemplado una norma que asegura el respeto de todo derecho inherente a la persona humana, aunque no esté expresamente considerado en su texto”.



Estados de excepción constitucional



  1. En los artículos 39 y siguientes de la Constitución se contemplan los siguientes estados de excepción: a) el estado de asamblea, en caso de guerra externa; b) el estado de sitio, en caso de guerra interna o conmoción interior; c) el estado de emergencia, en casos graves de alteración del orden público, daño o peligro para la seguridad nacional, por causas internas o externas; y d) el estado de catástrofe en caso de calamidad pública.

  2. El artículo 19 número 26° garantiza expresamente que las normas que regulen o complementen los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, no pueden ser afectadas en su esencia ni ser sometidas a condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio, inclusive en estados de excepción constitucional31. Sólo caben restricciones o limitaciones provisorias a su ejercicio, en los términos señalados por la carta constitucional.

  3. Al respecto, y como causa del terremoto y tsunami acaecidos en el país el día 27 de febrero del año 2010, fueron declarados Estados de Excepción en las Regiones del Maule y Biobío, por el período de treinta días, mediante los Decretos Supremos 152 y 153, encontrándose ambos plazos cumplidos el 31 de marzo de 2010. Asimismo, mediante Decreto 173 se declaró Estado de Excepción en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins por 20 días, a partir del 11 de marzo, plazo también cumplido el 31 de marzo de 2010. Esta situación fue comunicada en su oportunidad a los Estados Partes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por conducto del Secretario General de Naciones Unidas, conforme lo estipula su artículo 4.3.




  1. Recepción del derecho internacional en el ordenamiento jurídico interno


Derecho internacional consuetudinario y principios generales de derecho



  1. No existe una norma expresa que establezca la incorporación automática de las normas consuetudinarias y de los principios generales de derecho en el ordenamiento jurídico interno de Chile. Para su recepción se deben distinguir las siguientes posibilidades: a) cuando un precepto legal de la normativa interna se refiere expresamente al derecho internacional en una situación específica, en cuyo caso los tribunales Chilenos deben aplicarlo; o b) cuando no existe esta referencia expresa, situación en la cual la posición constante de la jurisprudencia avalada por los tratadistas ha sido atribuir validez jurídica al derecho internacional.


Tratados internacionales



  1. La jurisprudencia avalada por los tratadistas estima que la recepción de todo tratado internacional en el ordenamiento jurídico interno se produce con su ratificación, mediante la conjunción de tres etapas: su aprobación por el Congreso Nacional, su promulgación por el Presidente de la República y posterior publicación en el Diario Oficial. Su fundamento deriva del artículo 50 número 1° de la Constitución, que entrega al Congreso Nacional la atribución exclusiva de “aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación. La aprobación de un tratado se someterá a los trámites de una ley”.

  2. Una vez que el tratado internacional es aprobado según los pasos señalados anteriormente, sus disposiciones pueden ser aplicadas por los tribunales y las autoridades administrativas del país e invocadas ante las mismas.

  3. En relación a otras fuentes del derecho interno, el valor del tratado internacional equivale al de la ley. Así se deduce de la jurisprudencia predominante y del consenso de los autores, a falta de norma expresa que lo determine.


Jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos



  1. La Constitución Política otorga igual valor constitucional, en el ordenamiento jurídico interno, a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile. Mediante la enmienda constitucional de 1989, se completó el segundo inciso del artículo 5 de la Constitución, el cual indicaba que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”. La enmienda agregó a continuación, que “Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes”.

  2. La enmienda buscó robustecer los derechos humanos en el ordenamiento jurídico del país y establecer para todos los organismos y autoridades del Estado el deber de su respeto y promoción. Se amplió el catálogo de derechos humanos protegidos en la carta fundamental, integrando explícitamente la referencia a los derechos, deberes y garantías fundamentales contempladas por los tratados internacionales, ratificados y vigentes, equiparándolas además a las garantías constitucionales del artículo 19.



Disposiciones de los instrumentos de derechos humanos que pueden y han sido invocadas ante tribunales judiciales u otros


  1. Tanto la doctrina nacional como la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia han evolucionado en la perspectiva que los derechos humanos asegurados por tratados internacionales forman parte de la Constitución material, constituyendo límite a las normas y actuaciones emanadas de órganos o autoridades estatales.

  2. Al respecto, la Corte Suprema ha determinado que “(…) en definitiva los derechos humanos asegurados en un tratado se incorporan al ordenamiento jurídico interno, formando parte de la Constitución material adquiriendo plena vigencia, validez y eficacia jurídica, no pudiendo ningún órgano del Estado desconocerlos y debiendo todos ellos respetarlos y promoverlos, como asimismo, protegerlos a través del conjunto de garantías constitucionales destinadas a asegurar el pleno respeto de los derechos. Esta obligación no sólo deriva del mentado artículo 5°, sino también del 1°, incisos primero y cuarto, y artículo 19 No. 26 de la Carta Magna y de los mismos tratados internacionales, entre éstos del artículo 1° común a los Cuatro Convenios de Ginebra, que establece el deber de los Estados Partes de respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario”.

  3. Luego, en otro fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema y que se refiere al derecho de defensa, se determina “que el artículo 19 No. 3 inciso quinto de la Constitución Política del Estado, reconoce a los ciudadanos la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, en cuanto toda persona puede acceder a la defensa jurídica en la forma que la ley señala y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir, o perturbar, la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida (…)”. El considerando décimo señala “que, a lo anterior, y conforme la norma de reenvío contenida en el artículo 5° de la Constitución, debe extenderse el reconocimiento con rango constitucional del derecho de defensa, también a los derechos garantizados por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes como son los artículos 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (…); el artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (…); el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (…)”32.

  4. En cuanto a la jerarquía de los tratados, tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema han resuelto, en su generalidad, la prevalencia del orden constitucional interno por sobre la normativa internacional descartándose su derogación tácita mientras no se adecue a la misma el orden constitucional y legal. Con ocasión del pronunciamiento emitido respecto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Tribunal Constitucional señaló que una norma que establece que deberán respetarse los métodos a los que los pueblos indígenas recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros, es incompatible con el sistema constitucional Chileno de solución de conflictos penales y no puede tener aplicación.

  5. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema cuando le ha correspondido ejercer el control represivo y a posteriori de la constitucionalidad de determinados preceptos contenidos en tratados internacionales, como en el año 1997, en que desestimó un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad por estimar que la Convención de La Haya sobre secuestro de niños no vulnera la Constitución, señalando que el procedimiento de urgencia previsto en su artículo 11 se adecua a la garantía del debido proceso que contempla la norma constitucional del artículo 19 No. 3, por cuanto la pronta decisión sobre la cuestión, no implica desconocer el derecho a ser escuchado y a rendir prueba.

  6. Distinta ha sido, sin embargo, la situación cuando los Tribunales Ordinarios se han visto enfrentados a resolver entre la aplicación de una norma internacional y una ley, pues éstos se han inclinado por darle efectividad a la primera si ella protege con mayor amplitud y efectividad el derecho.

  7. La Comisión Anti-Dumping, creada por la Ley No. 18.525, de 1986, por ejemplo, ha determinado la aplicación a un tratado internacional promulgado y publicado conforme a la Constitución, aun existiendo ley interna sobre la materia, porque ello contraviene lo dispuesto en la Convención de Viena33.

  8. En similar sentido, en otra sentencia relativa a la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990, que obliga a considerar, primordialmente, el interés superior del niño en todas las medidas concernientes a éstos que tomen los órganos del Estado, se ha resuelto dar aplicación preferente a la norma internacional, señalando que no cabe hacer obligatorio el regreso del niño a su lugar de origen, si con ello se le expone a un peligro o situación intolerable34.

  9. También se ha resuelto que carecen de todo valor procesal las declaraciones extrajudiciales para acreditar la participación de un procesado en un delito, por encontrarse aquellas prohibidas en tratados internacionales, tales como el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y otros, todos los cuales tienen vigencia en el derecho interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 inciso 2° de la Constitución, siendo por tanto, vinculantes para los jueces, sin perjuicio además de que forman parte integrante del derecho al racional y debido procesamiento penal35.

  10. En otro caso, la Corte Suprema ha resuelto que la exigencia del pago efectivo de la indemnización, como condición previa para obtener alguno de los beneficios que otorga la Ley No. 18.216, entre ellos, la remisión condicional de la pena privativa de libertad, no infringe el Pacto de San José de Costa Rica, por lo que la ley interna no puede entenderse derogada tácitamente por aquélla36.

  11. En materia de libertad provisional, la generalidad de los tribunales ha estimado que las disposiciones legales contenidas tanto en la Ley de Cheques, el Código Tributario en algunos casos, la Ordenanza General de Aduanas, las cuales exigen, para obtener la libertad provisional, la consignación de una caución distinta a la fianza para responder por el valor del cheque o del monto defraudado por concepto de tributos o aranceles, se encuentran tácitamente derogadas, debido a que las mismas no se armonizan con el precepto contenido en los artículos 19 No. 7, letra e) y 26 de la Constitución que, respectivamente, reconocen el derecho a la libertad provisional y el denominado principio de la esencialidad de los derechos y, por otra, porque tal beneficio se encuentra asegurado por normas internacionales sin exigirse caución37.




  1. Autoridades judiciales, administrativas u otras competentes en materia de derechos humanos




  1. En el ejercicio de sus funciones todas las autoridades del país tienen el deber de promover y respetar los derechos humanos. Como base de la institucionalidad se consagra que la finalidad del Estado se encuentra “al servicio de la persona humana”, para lo cual debe contribuir a “crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece” (Art. 1, inciso cuarto). La potestad del Estado y “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana” (Art. 5, inciso primero). Según se mencionó anteriormente, mediante la enmienda constitucional de 1989 se incorporó el inciso segundo que señala que “es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.



Modernización integral del sistema de administración de justicia


  1. El profundo proceso de fortalecimiento y modernización en el sistema de administración de justicia de Chile implementado durante el último decenio abarca fundamentalmente los ámbitos de la justicia penal, de familia, laboral y militar.


Reforma procesal penal



  1. Con la aprobación del nuevo Código Procesal Penal38, se reemplaza el sistema inquisitivo, escrito y secreto, en el que el juez cumplía labores investigativas, acusatorias y sentenciaba. La reforma se implementó de forma gradual a partir del año 2000, completándose para la totalidad del territorio nacional en el año 2005. Introdujo un procedimiento acusatorio y oral, en el cuál las funciones investigativas y acusatorias corresponden al Ministerio Público, órgano autónomo e independiente, que es el encargado de proteger a las víctimas y los testigos. La Defensoría Penal Pública asume la representación del imputado o acusado que no cuente con un defensor particular.

  2. Con la nueva justicia penal, el 96% de las causas ingresadas terminan su tramitación en un lapso menor a los 15 meses, con un promedio de duración de los procesos de 90 días, a diferencia del 87% registrado en el antiguo sistema para igual duración.


Justicia Penal Adolescente


  1. A partir del año 2007 rige un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil o adolescente39. Se trata de un sistema de juzgamiento específico para jóvenes o adolescentes infractores de ley, de consecuencias y con procedimientos diferenciados al de los adultos, destinado a brindar posibilidades efectivas de reinserción social, a través de programas estatales. Consagra el principio de proporcionalidad de las sanciones, reservando como último recurso las medidas privativas de libertad.

  2. La implementación de esta reforma persigue la mejora constante y progresiva de las condiciones de privación de libertad de los adolescentes, fortaleciendo la coordinación interinstitucional mediante el establecimiento de mesas de trabajo, la especialización de los actores y la construcción de diez nuevos centros de alto estándar para la reclusión de los jóvenes o adolescentes infractores de ley.


Tribunales de Familia


  1. A partir del mes de octubre de 2005 rige el nuevo sistema de tribunales de familia40. Su implementación implicó la creación de un nuevo sistema de juzgamiento, basado en la oralidad, la especialidad y la integración de profesionales de servicio social, psicología, mediación, más el aumento a 258 jueces de familia, en comparación a los 51 jueces de menores existentes en el antiguo sistema. La reforma demandó la creación de nuevos tribunales adecuados a los principios de oralidad, de especialidad y de trascendencia de las materias de familia, que poseen una incidencia y repercusión directa en las poblaciones más vulnerables, tales como niños/as, adolescentes, mujeres y víctimas de violencia doméstica.


Justicia laboral



  1. Desde el año 2009 rige un nuevo procedimiento oral, público, concentrado y más expedito, que facilita el contacto directo del juez con las partes y las pruebas41. Asimismo, incorporó las acciones de tutela de derechos fundamentales a favor de los trabajadores. El nuevo sistema incorporó 84 jueces especializados y recursos humanos de apoyo para la defensa jurídica profesional y exclusiva de todos los trabajadores que no dispongan de los recursos suficientes, asegurando la igualdad ante la ley, el debido proceso y el equilibrio necesario que debe existir entre las partes.


Justicia militar


  1. En el año 2005 se suprimió la figura de la sedición impropia del Código de Justicia Militar, la cual facultaba a los tribunales militares a juzgar a civiles que indujeran o incitaren al personal militar al desorden, indisciplina o incumplimiento de deberes militares.


Situación carcelaria y derechos humanos


  1. Distintas medidas han sido adoptadas para el mejoramiento de las condiciones de reclusión de los internos en los recintos carcelarios (50.230 personas), a fin de contar con un sistema penitenciario eficiente, que relacione las garantías de seguridad y la reinserción de los internos conforme a los estándares internacionales. La creación o modificación de los establecimientos penitenciarios ha contemplado como criterios orientadores la edad, el sexo, el tipo de infracción cometida, el nivel de compromiso delictivo, las medidas especiales de seguridad o de salud, la naturaleza de las actividades y acciones destinadas a la reinserción.

  2. El nuevo sistema público-privado de cárceles concesionadas implicó una inversión inicial de US$ 280 millones para la construcción y el equipamiento de 10 recintos penales a nivel nacional. En materia de funcionamiento, se destinaron US$ 115 millones durante el año 2008. Asimismo, se han comprometido $ 6.040.523.000 pesos para atender aspectos relacionados con las condiciones sanitarias (estado de las redes de alcantarillado y de agua potable, los artefactos sanitarios y la grifería), iluminación (celdas, patios, áreas comunes y zonas externas), ropas y camas, alimentación, atención médica, asistencia espiritual, entre otras. En esta dirección se ha iniciado la reparación, renovación y mejoramiento de baños e instalaciones sanitarias en todas las unidades penales del sistema tradicional con una inversión a nivel nacional de $944.000.000 para los años 2010 y 2011.

  3. Para habilitar lugares adecuados de visitas de los reclusos y garantizar el contacto con sus familiares, al 30 de septiembre de 2010 se han ejecutado obras en 29 penales de 10 regiones del país, por un monto de $41.000.000. En este mismo ámbito se implementará un sistema de solicitud de horas de visita y entrega de información a familiares por una línea telefónica de acceso gratuito y el uso de elementos electrónicos para control de visitas, lo que permitirá una revisión efectiva, pero menos invasiva. El costo total de esta última medida es de $1.935.000.000.

  4. Las medidas persiguen además racionalizar el sistema de privación de libertad y fortalecer el sistema alternativo de cumplimento en medio libre. Lo anterior se asocia con la promoción de una cultura de respeto de los derechos humanos de las personas que se encuentran en prisión o cumpliendo penas aflictivas de modo de obtener su rehabilitación y reinserción en la sociedad. Para perfeccionar el sistema de liberación de quienes han permanecido recluidos en sus unidades penales, se apoyará la coordinación con familiares y mediante un convenio de asistencia con la Defensoría Penal Pública.

  5. Como parte de las políticas de reinserción y rehabilitación, Gendarmería de Chile ha incorporado programas de capacitación, formación y trabajo de las personas infractoras en los denominados Centros de Educación y Trabajo (CET). Actualmente en el país funcionan 20 centros de este tipo, divididos en seis áreas productivas, en los que trabajan actualmente unas 500 personas.




  1. Órganos encargados del control de la supremacía constitucional y de la supervisión de la aplicación de los DDHH




  1. El carácter imperativo de las normas constitucionales relativas a derechos fundamentales y el deber de las autoridades de brindarles protección se sustenta en el principio de supremacía constitucional, el cual somete la acción de los órganos estatales a la Constitución. En este sentido, “los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley” (Art. 6). A continuación, se mencionan los más importantes órganos encargados de velar por la supremacía constitucional.



Tribunal Constitucional


  1. Ejerce un control de la supremacía normativa de la Constitución de carácter preventivo durante la tramitación y como parte del proceso formativo de la ley. Las leyes orgánicas constitucionales y las interpretativas están sometidas a este control en forma obligatoria. El resto de las normas con jerarquía de ley son controladas eventualmente cuando se promueve una cuestión sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley, por parte del Presidente de la República, el Senado, la Cámara de Diputados o la cuarta parte de los miembros en ejercicio de cualquiera de estas cámaras.

  2. Asimismo, le compete declarar la inconstitucionalidad de los partidos, movimientos u organizaciones, cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático, procuren el establecimiento de un sistema totalitario o propugnen la violencia como método de acción política.

  3. Cabe destacar que a partir de la reforma constitucional del año 2005, se derogó el artículo 80 de la Constitución que atribuía competencia para conocer del recurso de inaplicabilidad a la Corte Suprema, siendo radicado desde entonces en el Tribunal Constitucional. La acción constitucional se encuentra consagrada en los números 6° y 7° de su artículo 93, cuyo objeto es resolver la aplicación de un precepto legal que resulte contrario a la Constitución. Ante determinados supuestos, se podrá declarar no sólo la inaplicabilidad de la aplicación para un caso concreto, sino que la inconstitucionalidad de la norma en su generalidad.


Corte Suprema



  1. Este tribunal tiene competencia para resolver las apelaciones deducidas contra las sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones en los recursos de amparo y de protección, antes citados.


Tribunal calificador de elecciones



  1. Este organismo conoce los escrutinios de las elecciones, realiza su calificación, conoce de las reclamaciones a que dieren lugar y hace las proclamaciones de los candidatos elegidos. Se compone por cinco miembros, de los cuales cuatro son elegidos por la Corte Suprema y el quinto proviene de un ex Presidente del Senado o de la Cámara de Diputados, que haya ejercido el cargo por más de tres años.


Contraloría General de la República


  1. Le compete el control de la legalidad de los actos administrativos y de la constitucionalidad de los decretos con fuerza de ley que, previa delegación de facultades de parte del Congreso, dicta el Presidente de la República. Es dirigida por el Contralor General de la República, funcionario inamovible en su cargo, designado por el Presidente de la República con el acuerdo del Senado adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio.


Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM)


  1. Es el organismo encargado de colaborar con el Ejecutivo en el estudio y proposición de planes generales y medidas para promover la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, en el proceso de desarrollo político, social, económico y cultural del país, respetando la naturaleza y especificidad que emana de la diversidad natural de los sexos, incluida su adecuada proyección a las relaciones de la familia42. Fue creado mediante la Ley N° 19.023 (D.O. 03/01/1991), en cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por Chile al ratificar la Convención sobre Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).



Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)


  1. Es un servicio público, funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo la vigilancia del Ministerio de Desarrollo Social. Fue creada por la Ley N° 19.253 (D.O: 05/10/1993) que establece normas sobre la protección, fomento y desarrollo de las personas indígenas. También instaura sanciones a quienes incurrieren en conductas de discriminación manifiesta e intencionada en contra de las personas indígenas, en razón de su origen y su cultura.

  2. Se encarga de promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural y de impulsar su participación en la vida nacional. En especial, sus funciones son: (i) promover el reconocimiento y respeto de las etnias indígenas, de sus comunidades y de las personas que las integran, y su participación en la vida nacional; (ii) promover las culturas e idiomas indígenas y sistemas de educación intercultural bilingüe en coordinación con el MINEDUC; (iii) incentivar la participación y el desarrollo integral de la mujer indígena, en coordinación con el SERNAM; (iv) asumir, cuando así se le solicite, la defensa jurídica de los indígenas y sus comunidades en conflictos sobre tierras y aguas, y ejercer las funciones de conciliación y arbitraje de acuerdo a lo establecido en esta ley; (v) velar por la protección de las tierras indígenas a través de los mecanismos que establece esta ley y posibilitar a los indígenas y sus comunidades el acceso y ampliación de sus tierras y aguas a través del Fondo respectivo; (vi) promover la adecuada explotación de las tierras indígenas, velar por su equilibrio ecológico, por el desarrollo económico y social de sus habitantes a través del Fondo de Desarrollo Indígena y, en casos especiales, solicitar la declaración de Áreas de Desarrollo Indígena; (vii) mantener un Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas y un Registro Público de Tierras Indígenas sin perjuicio de la legislación general de Registro de la Propiedad Raíz; (viii) actuar como árbitro frente a controversias que se susciten entre los miembros de alguna asociación indígena, relativas a la operación de la misma, pudiendo establecer amonestaciones, multas a la asociación e incluso llegar a su disolución. En tal caso, actuará como partidor sin instancia de apelación; (ix) velar por la preservación y la difusión del patrimonio arqueológico, histórico y cultural de las etnias y promover estudios e investigaciones al respecto; (x) sugerir al Presidente de la República los proyectos de reformas legales y administrativas necesarios para proteger los derechos de los indígenas; (xi) desarrollar todas las demás funciones establecidas en esta ley.

  3. Para el cumplimiento de sus objetivos, la CONADI puede convenir con los gobiernos regionales y municipalidades respectivas, la formulación de políticas y la realización de planes y proyectos destinados al desarrollo de las personas y comunidades indígenas.

  4. Su dirección superior está a cargo de un Consejo Nacional integrado por: (i) el Director Nacional de la Corporación, nombrado por el Presidente de la República, quien lo presidirá; (ii) los Subsecretarios o su representante, especialmente nombrados para el efecto, de cada uno de los siguientes Ministerios: Secretaría General de Gobierno, de Desarrollo Social y Cooperación, de Agricultura, de Educación y de Bienes Nacionales; (iii) tres consejeros designados por el Presidente de la República; (iv) ocho representantes indígenas: cuatro mapuches, un aimara, un atacameño, un rapa nui y uno con domicilio en un área urbana del territorio nacional. Estos serán designados, a propuesta de las Comunidades y Asociaciones Indígenas, por el Presidente de la República, conforme al reglamento que se dicte al efecto.

  5. Asimismo, el citado cuerpo legal creó el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas administrados por la Corporación y el Fondo de Desarrollo Indígena cuyo objetivo es financiar programas especiales dirigidos al desarrollo de las personas y comunidades indígenas, lo cual incluye planes especiales de crédito, sistemas de capitalización y otorgamiento de subsidios en beneficio de las comunidades e indígenas individuales.



Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA)



  1. Fue creado por la Ley N° 19.828 (27/09/2002) como servicio público, funcionalmente descentralizado, sometido a la vigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Se encarga de proponer las políticas destinadas a lograr la integración familiar y social efectiva del adulto mayor y la solución de los problemas que lo afectan. En especial, le competen las siguientes funciones: estudiar y proponer las políticas, planes y programas que deban efectuarse para diagnosticar y contribuir a la solución de los problemas del adulto mayor, velar por su cumplimiento y evaluar su ejecución; proponer, impulsar, coordinar, hacer seguimientos y evaluar programas específicos para el adulto mayor que se realicen a través de la Administración del Estado; incentivar la participación del sector privado en la atención de aquellas necesidades y solución de los problemas derivados del proceso de envejecimiento; fomentar la integración del adulto mayor en el seno de su familia y de la comunidad y promover la inserción social de los adultos mayores de forma que se mantengan activos en beneficio propio y en el de la comunidad; estimular la coordinación del sector privado con el sector público en todas aquellas acciones que digan relación con mejorar la calidad de vida del adulto mayor; fomentar y promover la inserción del adulto mayor en el mundo del trabajo.

  2. Será asesorado por un Comité Consultivo presidido por el Director Nacional del Servicio, por siete académicos de universidades del Estado o reconocidas por éste, con amplia trayectoria en materias relativas al adulto mayor, y por cuatro personas provenientes de asociaciones de adultos mayores que se encuentren inscritas en un registro que para tal efecto llevará el Servicio; todos los cuales son designados por el Presidente y se mantienen en sus cargos mientras cuenten con su confianza. Integrarán también el Comité cuatro representantes elegidos por las personas o instituciones inscritas en el registro pertinente, los que durarán dos años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos.


Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS)


  1. Es un servicio público funcionalmente descentralizado y desconcentrado territorialmente, que se relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social, y que tiene por finalidad promover la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas con discapacidad. Fue creado por la Ley No. 20.422 (D.O. 10/02/2010).Se organiza mediante una Dirección Nacional, una Subdirección Nacional y Direcciones Regionales a lo largo del país. Para todos los efectos legales, este servicio es el sucesor y continuador legal del Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS)43.

  2. Dicho cuerpo legal dispuso además la creación de un Comité de Ministros de la Discapacidad, encargado de proponer al Presidente de la República la política nacional para personas con discapacidad, velar por su cumplimiento y asegurar su calidad técnica, coherencia y coordinación intersectorial. Encontrándose en etapa de constitución, será integrado por el Ministro de Desarrollo Social, quien lo preside, y los Ministros de Educación, Justicia, Trabajo y Previsión Social, Salud, Vivienda y Urbanismo, y Transportes y Telecomunicaciones. Su secretaría ejecutiva estará radicada en la Dirección Nacional del SENADIS.

  3. Entre sus funciones, le compete: coordinar el conjunto de acciones y prestaciones sociales ejecutadas por distintos organismos del Estado que contribuyan directa o indirectamente a este fin; asesorar técnicamente al Comité de Ministros en la elaboración de la política nacional para personas con discapacidad y en la evaluación periódica de todas aquellas acciones y prestaciones sociales ejecutadas por distintos organismos del Estado que tengan como fin directo o indirecto la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas con discapacidad; promover y desarrollar acciones que favorezcan la coordinación del sector privado con el sector público en todas aquellas materias que digan relación con mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad; realizar acciones de difusión y sensibilización; financiar, total o parcialmente, ayudas técnicas y servicios de apoyo requeridos por una persona con discapacidad; velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Esta última facultad incluye la atribución de denunciar los posibles incumplimientos ante los organismos o instancias jurisdiccionales respectivas, y ejercer acciones y hacerse parte en aquellas causas en que estén afectados los intereses de las personas con discapacidad, de conformidad a la ley.



Servicio Nacional de Menores (SENAME)



  1. Fue creado mediante la Ley N° 20.032 (D.O. 25/02/2005). Sus funciones son contribuir a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en el ejercicio de los mismos y a la reinserción social de adolescentes que han infringido la ley penal. Para tales efectos, le corresponderá especialmente diseñar y mantener una oferta de programas especializados destinados a la atención de dichos niños, niñas y adolescentes, así como estimular, orientar, y supervisar técnica y financieramente la labor que desarrollen las instituciones públicas o privadas que tengan la calidad de colaboradores acreditados.

  2. Su acción se dirige especialmente: (i) a los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, cuando esta situación tenga como causa principal: la falta de una familia u otra persona legalmente responsable que se haga cargo de su cuidado personal; acciones u omisiones de los padres o de las personas que tengan su cuidado personal; la inhabilidad transitoria o permanente de estas personas para velar por los derechos de aquéllos sin ayuda del Estado; y la propia conducta de los niños, cuando ésta ponga en peligro su vida o integridad física o psíquica; (ii) a los adolescentes imputados de haber cometido una infracción a la ley penal, incluyéndose en éstos a aquellos sujetos a una medida privativa o no privativa de libertad decretada por el tribunal competente o a una pena como consecuencia de haberla cometido; (iii) a todos los niños, niñas o adolescentes, en relación con la prevención de situaciones de vulneración de sus derechos y promoción de los mismos.




  1. Recursos que garantizan el ejercicio de los derechos humanos



Recurso de protección


  1. Esta acción establecida en el artículo 20 de la Constitución Política, tiene por objeto cautelar los derechos fundamentales que indica taxativamente, frente a su privación, perturbación o amenazas en su legítimo ejercicio, por actos u omisiones arbitrarias o ilegales. Aunque el texto constitucional no lo señala, la jurisprudencia ha determinado que los autores del agravio por el cual se puede interponer la acción tutelar, pueden ser la autoridad política o administrativa, una persona natural o jurídica. Conforme a la naturaleza del recurso, su tramitación –ante una corte de apelaciones­– es sumarísima y exenta de formalismo con el fin de hacer eficaz el ejercicio de la acción cautelar. Los antecedentes del mismo y las pruebas se aprecian en conciencia. La sentencia es definitiva y apelable ante la Corte Suprema en un breve plazo. Los fallos de las cortes deben dictarse en plazos perentorios y existen amplias facultades para que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección del afectado.

  2. Este recurso asegura la mayoría de los derechos garantizados en la Constitución, a saber: derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona; la igualdad ante la ley; derecho a no ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta; el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia; la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada; la libertad de conciencia; el derecho a elegir el sistema de salud; la libertad de enseñanza; la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa; el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas; el derecho de asociarse sin permiso previo; la libertad de trabajo; el derecho de sindicarse; el derecho a desarrollar una actividad económica; la libertad de adquirir el dominio; el derecho de propiedad; el derecho de autor; el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. La libertad y seguridad individual están protegidas por el recurso de amparo.


Recurso de amparo


  1. Con esta denominación la Constitución establece, en su artículo 21, el hábeas corpus. Se caracteriza por ser un recurso especial para casos de privación de libertad en que se infringen la Constitución o las leyes. Su finalidad es “restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”, fiscalizando la forma en que se produce la detención. Se encuentra regulado en el Código Procesal Penal y en el Auto Acordado de la Corte Suprema de 1932, que se refiere a su tramitación y fallo. El recurso puede ser interpuesto por cualquier persona ante una Corte de Apelaciones, no requiere formalidad y debe ser fallado en 24 horas. Permite la posibilidad de que el tribunal ordene la exhibición personal del detenido. En la práctica, su situación se indaga por medio de comunicaciones escritas o consultas telefónicas dirigidas al organismo aprehensor. Lo primordial es contar con un procedimiento rápido e informal para obtener pronunciamiento sobre la medida de privación de libertad.


Recursos administrativos



  1. De acuerdo al artículo 9 de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado44 “los actos administrativos serán impugnables mediante los recursos que establezca la ley. Se podrá siempre interponer el de reposición ante el mismo órgano del que hubiere emanado el acto respectivo y cuando proceda, el recurso jerárquico ante el superior correspondiente, sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales a que haya lugar”.

  2. Por otro lado, los artículos 6 y 10 de la Ley No. 10.336 de la Contraloría General de la República45 indican que todo decreto dictado a través de los órganos de administración del Estado deberá someterse al trámite de toma de razón. En virtud de este mecanismo, el organismo contralor ejerce amplias facultades de fiscalización, a través de dictámenes vinculantes para la administración, fundamentados en la amplia gama de la normativa nacional, incluida la que protege los derechos fundamentales de las personas.


Indemnización por los perjuicios causados mediante la comisión de un delito


  1. El Código de Procedimiento Penal establece la reparación de los efectos del hecho punible, a través de la acción civil destinada a perseguir la indemnización de los perjuicios causados por su comisión. Igualmente se consagra el derecho a indemnización por error judicial. La Constitución establece como garantía de la libertad y seguridad personal, el derecho a ser indemnizado por el Estado, por los perjuicios patrimoniales y morales sufridos a raíz de haber sido procesado o condenado en un juicio, mediante una resolución que la Corte Suprema, a petición de parte, declare injustificadamente (Art. 19 Núm. 7° letra i).




  1. Aceptación de competencia de tribunal u otro mecanismo regional de derechos humanos




  1. En el plano regional, Chile ha aceptado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Cabe señalar que la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José de Costa Rica, entró en vigor el año 1978, siendo ratificada por Chile el año 1997.

  2. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención antes citada, y que actúa en representación de todos los países miembros de la OEA. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General. Entre sus facultades se encuentra la de recibir, analizar e investigar peticiones individuales que alegan violaciones de los derechos humanos y de someter casos a la jurisdicción de la Corte IDH. Esta última, es una institución judicial autónoma de la OEA cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados relacionados.

  3. Hasta la fecha del informe, de los casos que han sido interpuesto contra el Estado de Chile, cinco casos han sido sometidos y fallados por la Corte IDH: (i) Caso “La Última Tentación de Cristo”, cuya sentencia46 es del 5 de febrero de 2001; (ii) Caso Palamara Iribarne vs. Chile, cuya sentencia47 es del 22 de noviembre de 2005; (iii) Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, cuya sentencia48 es del 19 de septiembre de 2006; (iv) Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, cuya sentencia49 es del 26 de septiembre de 2006; y (v) Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, cuya sentencia50 es del 24 de febrero de 2012. Los fallos de los casos (i) y (iii) se encuentran cumplidos por el Estado de Chile, y los (ii), (iv) y (v) se encuentran en etapa de cumplimiento. Actualmente existen dos causas en tramitación ante la Corte: el Caso Lonkos, dirigentes y activistas del pueblo indígena Mapuche vs. Chile, y el Caso Leopoldo García Lucero vs Chile.

  4. Cabe destacar que los fallos citados, como otras recomendaciones realizadas por la CIDH y la Corte IDH, han influido en modificaciones constitucionales, legales, de políticas públicas, así como en la revocación de sentencias judiciales.




  1. Órganos encargados de esclarecer y reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar


Oficina Nacional de Retorno



  1. Esta entidad fue creada para atender la reinserción de los exiliados Chilenos. Funcionó hasta el mes de agosto de 1994. Durante sus tres años de vigencia atendió a una población de 19.251 retornados, que en su conjunto, considerados con sus grupos familiares significó un total aproximado de 56.000 personas.


Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación



  1. Por Decreto Supremo Nº 335, de 9 de mayo de 1990, del Ministerio de Justicia, fue establecida la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, destinada a la investigación de las violaciones más graves a los derechos humanos, cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, entendiéndose por tales las situaciones de los detenidos desaparecidos, ejecutados y muertes por efecto de la tortura, en que apareciera comprometida la responsabilidad moral del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio.

  2. El informe evacuado por esta Comisión, después de nueve meses de trabajo, concluyó que hubo gravísimas violaciones de derechos humanos con resultado de muerte entre 1973 y 1990, que en total afectaron a 2.279 personas. Aparte de los casos señalados, 614 quedaron sin aclarar pues la Comisión no pudo formarse convicción por falta de antecedentes suficientes.


Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación



  1. Con un plazo determinado de trabajo que fue prorrogado hasta el mes de diciembre de 1996, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la Ley No. 19.123 de 8 de febrero de 1992, llevó a cabo las recomendaciones del informe evacuado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en especial en materia de calificación de casos no resueltos por esta última, investigación del destino final de las víctimas y la reparación moral y material a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familiares.

  2. A su término, la Corporación emitió un informe final que resume la labor realizada durante sus cuatro años y medio de actividad. Conoció y se pronunció sobre 2.188 casos denunciados, de los cuales 899 fueron calificados como víctimas. La labor cumplida por la Corporación y la Comisión comprendió, en su conjunto, la investigación de 4.750 denuncias y la declaración de calidad de víctimas de 3.197 personas (2.095 cuyo deceso se estableció y 1.102 que desaparecieron después de su detención).

  3. Las actividades de la ex Corporación relativas a la investigación del destino final de las víctimas, la reparación de las mismas y el depósito del archivo de la entidad mencionada, continúan actualmente bajo la dependencia del Ministerio del Interior, según lo dispuesto por el Gobierno mediante DS No. 1.005, de 25 de abril de 1997.


Sistemas de indemnización y rehabilitación para las víctimas



  1. Los beneficios de reparación que el Estado otorga a familiares de víctimas no sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos o de la violencia política, cometidas en el país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 19 de marzo de 1990, están regulados por la Ley No. 19.123, de 8 de febrero de 1992, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.



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