Documento Básico Común Chile Septiembre 2013



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  • La citada ley concede beneficios de reparación a familiares de las personas calificadas como víctimas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación o por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, ya sea que hayan fallecido o hayan sido víctimas de desaparición forzada o involuntaria; los beneficios son iguales para los parientes de unos y otros.

  • Según se señaló previamente, como resultado de las investigaciones efectuadas por las aludidas Comisión y Corporación, el Estado ha reconocido la calidad de víctimas a un total de 3.197 personas, respecto de las cuales en 2.095 casos (65,53%) se estableció la circunstancia de su muerte y en 1.102 casos (34,47%) la circunstancia de su desaparición forzada.

  • La Ley No. 19.123 otorga dos tipos de beneficios susceptibles de valoración en dinero: un régimen de pensiones y beneficios educacionales. Tienen derecho a pensión mensual de reparación las personas vinculadas con las víctimas por los siguientes grados de parentesco: (i) cónyuge sobreviviente; (ii) madre de la víctima, o padre si la madre faltara; (iii) madre o padre de hijo natural del causante; (iv) hijos e hijas del causante, sean legítimos, naturales, adoptivos o ilegítimos (concebidos fuera del matrimonio y no reconocidos como hijos naturales con las formalidades que prescribe la ley). Para las tres primeras categorías de parientes señaladas, la pensión tiene carácter vitalicio; para los hijos, hasta el último día del año en que cumplen 25 años de edad, salvo que fueren discapacitados, en cuyo caso la pensión también es vitalicia.

  • Estas pensiones son reajustadas anualmente, en las mismas oportunidades y porcentajes en que son reajustadas las pensiones del sistema público general de seguridad social. Comprende asimismo el pago de la cotización para salud (del 7%), que permite a los beneficiarios acogerse al sistema de atención médica de libre elección, bonificando parcialmente el costo de las prestaciones de salud, ya sea a través del ente público, el Fondo Nacional de Salud o afiliándose a las instituciones de salud previsional, de carácter privado.

  • Además de los beneficiarios de pensión de reparación, el padre y los hermanos de las víctimas, no obstante no sean beneficiarios de pensión, tienen derecho a recibir gratuitamente las prestaciones médicas que se otorgan en los establecimientos dependientes o adscritos al Sistema Nacional de Servicios de Salud.

  • La pensión de reparación, por expresa disposición del artículo 24 de la Ley No. 19.123, es compatible con cualquier otra pensión, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario y, asimismo, compatible con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes.

  • Los beneficios de carácter educacional consisten en el pago del valor total de la matrícula y del arancel mensual que cobran los establecimientos de educación superior, universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, en los cuales prosigan estudios hijos de víctimas, cuyo pago se hace directamente a los respectivos establecimientos, y en el pago de un subsidio mensual de escolaridad, que se entrega en los meses lectivos de cada año directamente a los hijos de víctimas que acrediten la prosecución de estudios en establecimientos de educación media o superior. A diferencia de la pensión mensual de reparación que, como se ha señalado, para los hijos se extingue en el último día del año en que cumplen 25 años de edad, la edad límite para impetrar los beneficios educacionales es de 35 años. Estos beneficios son compatibles entre sí y con la pensión mensual de reparación.

  • El Instituto de Normalización Previsional, servicio estatal encargado de la recepción de las solicitudes y de la administración del régimen de pensiones, al 30 de septiembre de 1997 recibió 6.089 solicitudes de pensión, reconociendo como beneficiarios a 5.859 y declarando 230 sin derecho, por no acreditar los grados de parentesco con la víctima que establece la ley o por ser mayores de 25 años en los casos de hijos. De las personas reconocidas como beneficiarios, a igual fecha han recibido el pago de su pensión 5.726 y se encuentran pendientes 133 solicitudes, a la espera de que los interesados aporten antecedentes que son imprescindibles para certificar tal calidad.



    1. MARCO DE LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL




    1. Promoción de los derechos humanos por el Estado




    1. El Estado de Chile tiene un firme compromiso con los derechos humanos y con el trabajo de las instituciones internacionales dedicadas a su promoción y defensa, y enfrenta los desafíos naturales, económicos, políticos y culturales, con solidaridad respetando los derechos fundamentales de todos y cada uno de sus ciudadanos.

    2. De este modo, nuestro compromiso internacional con la promoción y defensa de los derechos humanos no se agota en los distintos foros internacionales de los que Chile forma parte, sino que se refleja también en las múltiples acciones y políticas internas que, dando vigencia a los instrumentos que ofrece el sistema internacional, se han desarrollado en beneficio de grupos vulnerables y discriminados, especialmente niños, mujeres, pueblos indígenas, discapacitados y personas mayores. Estas acciones han mejorado la institucionalidad pública en la materia, asegurando un mayor resguardo de los derechos de nuestros ciudadanos y la mejora de las condiciones de vida de los chilenos. Es esta convicción lo que nos ha llevado a ser parte de los principales tratados internacionales de derechos humanos.

    3. En el ámbito del Consejo de Derechos Humanos, Chile es miembro desde el año 2008 y hasta el año 2014, momento en que finalizará su segundo periodo. En junio de 2009 fuimos elegidos para ocupar una de las vicepresidencias del Consejo por un año en el cupo del Grupo Regional. En mayo de 2009, presentamos nuestro Examen Periódico Universal (EPU), recogiendo para su elaboración los planteamientos de diversas organizaciones no gubernamentales chilenas. Ese informe se centró en tres grandes temáticas: la compleción de nuestra transición democrática; la búsqueda de la verdad, justicia y reparación de las violaciones a los derechos humanos del pasado, y el establecimiento de las bases necesarias para el logro de un sistema de economía social de mercado con mayor equidad y un fuerte acento en lo social.

    4. Chile mantiene una permanente cooperación con los mecanismos de supervisión relativos al derecho internacional de los derechos humanos, pertenecientes tanto al sistema universal de Naciones Unidas, como al regional interamericano de la Organización de Estados Americanos. Con ocasión de su EPU en 2009, realizó una invitación abierta y permanente para visitar el país a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Por otra parte, presenta periódicamente sus informes a los órganos de tratados, comisiones, procedimientos especiales, gestionando sus recomendaciones y observaciones finales, con la finalidad de integrarlas y adaptarlas a la normativa interna.

    5. Asimismo, ha dado cumplimiento a las recomendaciones y sentencias de los órganos interamericanos de derechos humanos, que en un caso significó reformar la Constitución (caso “Última Tentación de Cristo” vs. Chile); y en otro, la dictación de una Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública51 (caso Claude Reyes y otros vs. Chile), la cual estableció procedimientos, recursos y un organismo con especial competencia, el Consejo para la Transparencia.



    Difusión de los instrumentos de derechos humanos


    1. Entre los diversos medios de difusión de los instrumentos de derechos, cabe destacar la publicación que realiza la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores52, que contiene información actualizada y periódica sobre los avances registrados en el sistema universal e interamericano de derechos humanos. Se encuentran actualmente publicados todos los tratados y protocolos facultativos ratificados –y suscritos– por Chile, en el marco de las Naciones Unidas, los respectivos informes periódicos de cumplimiento presentados a los órganos de tratado y las recomendaciones y observaciones finales emitidos por éstos.

    2. Asimismo, se encuentra publicado el Informe inicial presentado en el marco del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2009) y su informe de avance o medio término, presentado en febrero de 2012. En el plano interamericano se pueden consultar los tratados ratificados, los informes finales emitidos por la CIDH y se puede obtener información sobre los fallos pronunciados por la Corte IDH ante los casos interpuestos contra el Estado de Chile.

    Promoción de los derechos humanos mediante programas educativos e información pública patrocinada por el Gobierno



    1. Durante el año 2011, la Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB) ha difundido en su sitio web www.participemos.gob.cl las siguientes actividades: (i) Día Internacional De la Mujer (8 de marzo); (ii) Día Internacional contra la Homofobia (17 de mayo); (iii) Día Internacional del Adulto Mayor (01 de octubre); (iv) Día Internacional para la erradicación de la pobreza (17 de octubre); (v) Día Internacional de la Infancia (20 de noviembre); (vi) Día Internacional de la Discapacidad (3 de diciembre); (vii) Día Internacional del Migrante (18 de diciembre).


    Promoción de los derechos humanos entre los funcionarios públicos y otros profesionales


    1. En primer lugar, cabe destacar la difusión que realiza la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta Dirección cumple con remitir las observaciones finales emitidas por cada comité u órgano de tratado, con ocasión de cada examen de informe periódico. Se hace una evaluación y revisión de los temas tratados por cada recomendación, comunicándolas a las diferentes reparticiones públicas con el objeto de que sean integradas dentro de las políticas públicas. En muchos casos, se realiza un seguimiento a las recomendaciones que el Estado considera prioritarias, para velar por su cumplimiento.

    2. En materia de elaboración de los informes periódicos de cumplimiento de las convenciones, se organizan seminarios y reuniones informativas destinados a funcionarios públicos y/o sociedad civil, con el objeto de comunicar, educar y concientizar sobre la labor de los mecanismos, la importancia de las convenciones, los estados de cumplimiento y el tenor de los informes conforme las observaciones y recomendaciones respectivas. Con estas actividades se busca informar sobre los calendarios de trabajo, las modalidades de participación de la sociedad civil, al tiempo que elaborar una evaluación de los avances realizados y las dificultades detectadas, que pueden ser consignados en cada informe.

    3. En segundo lugar, la SEGEGOB tiene como función promover, entre las instituciones públicas y la sociedad civil, el respeto de la diversidad social, la interculturalidad y la no discriminación arbitraria en cualquiera de sus formas, por medio de la capacitación y habilitación de funcionarios/as públicos para impulsar acciones que contribuyan a su erradicación, y por medio de la difusión de contenidos de Diversidad y No Discriminación en los Espacios de Atención e Información Ciudadana. Al respecto, se entrega “Habilitación de Herramientas Metodológicas a los/as Funcionarios/as Públicos para Superar la Discriminación Arbitraria”, mediante Jornadas de Capacitación. Su objetivo es sensibilizar y promover, con instituciones públicas sectoriales, prácticas de integración de todas las personas, independiente de su condición social, económica, racial, entre otras, por medio de la entrega de contenidos específicos y antecedentes generales sobre cómo afecta la discriminación a los grupos más vulnerables, instalando espacios de diálogo y reflexión dirigidos a los/as funcionarios/as públicos y la sociedad civil.

    4. En este sentido, para el año 2011 se programó la ejecución de once Jornadas de Capacitación dirigidas a funcionarios públicos provenientes de 9 ministerios, durante los meses de abril a septiembre, de 9 ministerios, conforme se aprecia en las tablas siguientes.



    1. Tabla 54: Jornadas de Capacitación año 2011




    Región

    Fecha

    Temas

    RM

    07 de abril

    Buen trato para las personas mayores (SENAMA).

    Ley 20.422, Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad (SENADIS).



    RM

    14 de abril

    Encuesta Nacional “Mi opinión cuenta” (SENAME).

    Violencia Intrafamiliar (SERNAM).



    RM

    28 de abril

    Inmigración y Políticas públicas: Acciones de integración de la población inmigrante residente en Chile (Extranjería).

    Principales Resultados 6ta Encuesta Nacional de la Juventud, Discriminación y Juventud (INJUV).



    X

    23 de mayo

    Violencia Intrafamiliar (SERNAM).

    Ley 20.422, Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad (SENADIS).



    VII

    02 de junio

    Política de convivencia escolar: dimensión formativa y resguardo de derechos (MINEDUC).

    Ley 20.422, Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad (SENADIS).



    VI

    17 de junio

    Ley 20.422, Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad (SENADIS).

    Buen trato para las personas mayores (SENAMA).



    V

    15 de julio

    Buen trato para las personas mayores (SENAMA).

    Inmigración y Políticas públicas: Acciones de integración de la población inmigrante residente en Chile (Extranjería).



    IV

    26 de julio

    Inmigración y Políticas públicas: Acciones de integración de la población inmigrante residente en Chile (Extranjería).

    Discriminación arbitraria a la población indígena urbana (CONADI).



    RM

    14 de sept.

    Estigma y Discriminación como un obstáculo a la prevención del SIDA y a la calidad de vida de las personas que viven con VIH (Conasida).

    Encuesta Nacional: Mi Opinión Cuenta (SENAME).



    RM

    22 de sept.

    Violencia Intrafamiliar (SERNAM).

    Buen trato para las personas mayores (SENAMA).



    RM

    29 de sept.

    Principales Resultados 6ta Encuesta Nacional de la Juventud, Discriminación y Juventud (INJUV).

    Estigma y Discriminación como un obstáculo a la prevención del SIDA y a la calidad de vida de las personas que viven con VIH (CONASIDA).






    1. Tabla 55: Participación Funcionarios por Ministerio




    Ministerio

    N° de funcionarios capacitados

    No. de hombres

    No. de mujeres

    Justicia

    52

    9

    43

    Planificación

    37

    9

    28

    Secretaría General de Gobierno

    30

    13

    17

    Salud

    26

    10

    16

    Agricultura

    24

    4

    20

    Economía, Fomento y Turismo

    23

    8

    15

    Interior y Seguridad Pública

    21

    7

    14

    Trabajo y Previsión Social

    21

    5

    16

    Vivienda y Urbanismo

    18

    2

    16

    Total

    252

    67

    185


    Proceso de presentación de informes a nivel nacional


    1. La elaboración de los informes de cumplimiento a los órganos de tratado se encuentra radicada, en virtud del DS No. 323 de 2006, en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta dirección tiene por función coordinar la presentación de estos informes, para lo cual recopila los antecedentes y organiza la participación de todos los sectores involucrados, entre los cuales se pueden mencionar los distintos ministerios que conforman el Poder Ejecutivo, junto a sus respectivos servicios, las fuerzas de orden público, los organismos autónomos, municipios y autoridades regionales, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, entre otros.

    2. El citado DS establece en su artículo 1° la creación de la Comisión coordinadora para dar cumplimiento a las obligaciones del Estado de Chile en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que servirá de instancia de coordinación de acuerdo a los requerimientos internacionales en la entrega de antecedentes que deben proporcionarlos distintos organismos públicos para elaborar las respuestas de Chile que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, deben suministrara diferentes mecanismos internacionales de supervisión, promoción y protección del derecho internacional de los derechos humanos. La Comisión se encuentra integrada por las siguientes instituciones, quienes deben designar un representante: Ministerio de Relaciones Exteriores, que la preside, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Ministerio Secretaría General de Gobierno, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile y Servicio Nacional de Menores (SENAME).

    3. La mencionada Comisión interministerial función hasta inicios de 2012, siendo reemplazada por un Comité tripartito integrado por el Asesor en Derechos Humanos del Presidente de la República, el Coordinador para los Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, y la Dirección de Derechos Humanos (DIDEHU) de Cancillería. Bajo este nuevo modelo, la elaboración del borrador inicial de cada informe periódico de aplicación de las convenciones sobre derechos humanos es asociada a un Ministerio y/o Secretaría de Estado. El Comité tripartito supervigila el cumplimiento de los estándares internacionales y asegura la coordinación interinstitucional. DIDEHU asegura la continuidad de la actividad de informes, realiza su presentación y mantiene la representación del Estado de Chile ante los organismos internacionales.

    4. Asimismo, el proceso de elaboración de informes involucra la participación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a quienes se les remite una versión avanzada del borrador final del informe, antes de ser presentado en Naciones Unidas, para la formulación de aportes, comentarios y los fines que dicha institución estime pertinentes. Por su parte, la sociedad civil participa mediante las actividades de información, comunicación y difusión que realiza Cancillería, las que pueden revestir diferentes modalidades, tales como: mesas informativas, seminarios, actualizaciones por correo electrónico, difusión de actas resumidas del borrador, entre otras. Lo anterior permite cumplir con la difusión de la labor de los órganos de tratados y promover y beneficiarse de los aportes, tanto de la sociedad civil como del INDH, al momento de la sustentación de los informes ante los Comités de tratados, plasmados en las observaciones finales que emiten dichos órganos.

    5. Cabe señalar que, para el seguimiento de las observaciones finales que emiten los órganos de tratado, se distribuyen éstas a las diversas reparticiones competentes. Estas recomendaciones sirven para impulsar diversas políticas públicas y leyes necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Así también se publican en la página oficial de la Cancillería estos documentos para consulta abierta de la ciudadanía y la sociedad civil. Anualmente se hace seguimiento de las observaciones prioritarias para el Estado.


    Parlamento nacional


    1. A nivel del Poder Legislativo funcionan Comisiones especializadas en materia de Derechos Humanos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado




    1. Institución nacional de derechos humanos


    Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)


    1. Fue creado mediante la Ley N° 20.405 (D.O. 10/12/2009) como una corporación autónoma de derecho público. Su objeto es la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en Chile, en concordancia con la Constitución y los tratados internacionales vigentes.

    2. Sus principales funciones son:

    (a) Elaborar un informe anual  sobre sus actividades, la situación nacional de derechos humanos y hacer recomendaciones para su debido resguardo y respeto. Dicho informe debe ser presentado al Presidente de la República, al Congreso Nacional y al Presidente de la Corte Suprema. Adicionalmente, lo puede enviar a la ONU, la OEA y a los organismos de defensa de derechos humanos;

    (b) Comunicar al Gobierno y a distintos órganos del Estado su opinión sobre situaciones relativas a derechos humanos que ocurran en nuestro país. Para ello puede solicitar informes al organismo pertinente;

    (c) Proponer a los órganos del Estado medidas para favorecer la promoción y protección de los derechos humanos;

    (d) Promover que la legislación nacional sobre el tema esté en armonía con los tratados internacionales suscritos por nuestro país, para así darles una aplicación efectiva;

    (e) Iniciar -en el ámbito de su competencia- acciones legales ante los Tribunales de Justicia, que pueden revistar la forma de querellas por crímenes de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada, entre otros. Interponer recursos de protección o amparo;

    (f) Custodiar los antecedentes reunidos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig), la Comisión de Prisión Política y Tortura (Comisión Valech), la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, el Programa de Derechos Humanos y los que reúna la nueva Comisión Valech, formada en 2010 bajo la Ley N° 20.405;

    (g) Colaborar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y demás servicios públicos relacionados con la elaboración de informes a presentar ante la ONU o la OEA;

    (h) Cooperar con la ONU y otras instituciones relacionadas regionales o de otros países, en la promoción y protección de los derechos humanos;



    (i) Difundir el conocimiento de los derechos humanos, favorecer su enseñanza en todos los niveles educacionales incluida la formación impartida en las Fuerzas Armadas, realizar investigaciones, hacer publicaciones, otorgar premios y propender a fomentar una cultura de respeto de los derechos humanos en el país.

    1. Es dirigido por un Consejo integrado por: (i) dos consejeros designados por el Presidente, que deben provenir de distintas regiones del país; (ii) dos consejeros elegidos por los 4/7 de los senadores en ejercicio; (iii) dos consejeros elegidos por los 4/7 de los diputados en ejercicio; (iv) un consejero designado por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del Consejo de Rectores y de las universidades autónomas; (v) cuatro consejeros elegidos por instituciones de defensa de los derechos humanos. El Director del instituto será elegido por el Consejo entre sus miembros, por mayoría absoluta. No pueden ser consejeros los diputados, senadores, alcaldes, concejales, consejeros regionales, jueces, fiscales del Ministerio Público, funcionarios de la administración del Estado, de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de Policía de Investigaciones.

    2. El instituto es asesorado por un Consejo Consultivo Nacional, en el que estarán representados los organismos sociales y académicos dedicados a la promoción y protección de los derechos humanos.




    1. Sociedad Civil


    Participación ciudadana y función de la Sociedad Civil


    1. La Ley N° 20.500 (D.O.16/02/2011) sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública garantiza el derecho de las personas a participar en igualdad de oportunidades en la vida nacional, en el sentido de lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución, en cuanto se considera la participación ciudadana como eje central de una democracia moderna. De tal modo, la citada ley busca dotar de versatilidad, eficiencia, transparencia e incentivo a la constitución de asociaciones y de su participación en la vida social, económica cultural y política del país. Procura que esta participación se realice en un entorno de libertad, pluralismo, tolerancia, de responsabilidad social, reconociendo, a su vez, la importancia de las funciones de agentes de cambio y transformación social, de acuerdo con el principio de subsidiariedad recogido en nuestro ordenamiento jurídico.

    2. Sus principales contenidos son: (i) reconoce el derecho de las personas para asociarse libremente en la persecución de fines lícitos y el deber del Estado de apoyar estas iniciativas; (ii) define conceptos como “organización de interés público” y detalla qué características de gestión deben tener, como existencia de estatutos, un directorio de mínimo tres personas y la obligación de hacer cuenta pública cuando reciban fondos públicos para sus actividades; (iii) establece que el Registro Civil, a partir del 16 de febrero de 2012, debe mantener un Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, que debe contener los antecedentes relativos a la constitución, modificación, disolución o extinción de tales asociaciones, qué órganos las dirigen o administran, entre otras informaciones; (iv) crea el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, destinado al financiamiento de proyectos o programas nacionales y regionales que involucren a las organizaciones de interés público, que estará regido por un Consejo Nacional que aprobará los requisitos para postulación de proyectos y adjudicará los programas nacionales que postulen anualmente, entre otras tareas; (v) realiza modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, disponiendo que cada órgano de la Administración del Estado debe establecer las modalidades de participación que tendrán las personas y organizaciones en el ámbito de su competencia. Estas modalidades deben mantenerse actualizadas y deben publicarse a través de medios electrónicos u otras formas de difusión. Además, dichos órganos deben hacer una cuenta pública de sus acciones, planes, políticas, programas y ejecución presupuestaria, y deberán señalar las materias de interés ciudadano en que se requiera conocer la opinión de las personas, mediante una consulta que debe ser informada, pluralista y representativa. Las opiniones que se recojan deben ser evaluadas y ponderadas por el órgano respectivo y deberán establecer consejos de la sociedad civil, de carácter consultivo, conformados de manera diversa, representativa y pluralista por integrantes de asociaciones sin fines de lucro relacionadas con la materia y competencia del órgano respectivo; (vi) realiza modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades fijando las materias y formas en que las agrupaciones ciudadanas pueden participar de la gestión comunal, como, por ejemplo, el plano regulador o la cuenta pública del alcalde.


    Proyecto de ley de reforma constitucional que incorpora la iniciativa ciudadana de ley



    1. Las materias que regula este proyecto se refieren a la incorporación de la iniciativa ciudadana de ley en nuestro ordenamiento jurídico: (i) establece que también son materias de ley aquellas que sean de iniciativas ciudadana; (ii) establece que las leyes no sólo podrán tener su origen en el Presidente, en la Cámara de Diputados o en el Senado, sino que también en la ciudadanía; (iii) finalmente manda regular a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, los requisitos para ejercer la iniciativa ciudadana, las materias de ley que les serán propias, la admisibilidad y su procedimiento y todas aquellas cuestiones que permitan el ejercicio de este derecho. Se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, desde el 2 de octubre del 2007 (Boletín 5221-07).




    1. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN




    1. Principio de carácter general y vinculante




    1. La Constitución consagra expresamente la igualdad de trato y no discriminación, al señalar en su artículo 1° inciso 1° que “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Lo anterior es reforzado mediante las garantías constitucionales que establece su artículo 19, entre las cuales se destaca la contenida en el número 2, que señala que “En Chile no hay persona ni grupo privilegiado”, y agrega “Ni la ley ni la autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. Asimismo, el numeral 16, inciso 2°, del mismo artículo 19, señala, a propósito del ejercicio de la libertad de trabajo y su protección, que “Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal…”. La Constitución orienta un nutrido marco legal que se integra por diversas leyes especiales, relacionadas fundamentalmente con el derecho a la salud, el derecho al trabajo, los derechos de las personas con discapacidad, la igualdad de género, los derechos de las minorías, los derechos de los consumidores, que siguen los instrumentos del derecho internacional y comparado en materia de no discriminación.

    2. En materia de sanción de la discriminación cabe destacar que la prohibición de establecer una desigualdad de trato normativo no razonable ni objetiva, contenida por mandato constitucional, se dirige en especial a los poderes públicos, al legislador en la elaboración de la ley y al juez en su aplicación. Lo anterior no descarta la posibilidad de que la ley o la administración pública establezcan acciones positivas o afirmativas a favor de grupos vulnerables, con la finalidad de compensar situaciones de desigualdad histórica, y sólo mientras éstas perduren. De este modo, el Estado cumple su mandato de garante de los derechos individuales, propendiendo a la igualdad de oportunidades a los grupos más vulnerables, abriendo canales e instancias claras y accesibles de participación.

    3. Las únicas limitaciones posibles a la igualdad de trato obedecen a criterios objetivos, proporcionales al fin perseguido, basados en idoneidad o capacidad personal, limitaciones de edad, nacionalidad (19 número 16° de la Constitución).


    Igualdad y educación



    1. Los principios de no discriminación y de respeto a la diversidad nunca estuvieron garantizados de manera explícita en la anterior Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) N° 18.960 (D.O.10/03/1990). De esta forma, la normativa que la reemplazó, la Ley N° 20.370 (D.O. 12/09/2009) General de Educación, tuvo por primer objetivo explicitar que “corresponderá al Estado, asimismo, fomentar la probidad, el desarrollo de la educación en todos los niveles y modalidades y promover el estudio y conocimiento de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; fomentar una cultura de la paz y de la no discriminación arbitraria; estimular la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural y medio ambiental, y la diversidad cultural de la nación” (artículo 5).

    2. Se añade que son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en forma idónea y responsable y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa”. También son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa.

    3. La educación se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. El sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y social de las poblaciones que son atendidas por él. Y la educación básica tendrá como objetivos generales reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las diferencias entre las personas, así como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y desarrollar capacidades de empatía con los otros.

    4. Dentro medidas y acciones afirmativas, se explicita que el embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimento de ambos objetivos. Se consagran medidas especiales para personas con discapacidad mediante adecuaciones curriculares para necesidades educacionales específicas, tales como las que se creen en el marco de la interculturalidad, de las escuelas cárceles y de las aulas hospitalarias, entre otras. Y respecto de las personas que pertenecen a pueblos originarios, la Educación Intercultural Bilingüe reconoce la diversidad cultural y de origen y en la cual se enseñan y trasmiten la lengua, cosmovisión e historia del pueblo de origen, estableciendo un diálogo armónico en la sociedad.


    Igualdad en materia del derecho a la salud


    1. La Ley N° 19.966 (D.O. 03/09/2004), conocida como Plan Auge, que establece un régimen de garantías explícitas de salud, un progreso hacia la realización progresiva del derecho a la salud, en cuanto garantiza a todas las personas, independientemente de su condición socioeconómica, sexo, edad u otro, el acceso igualitario a las acciones de salud, eliminando el estigma que pesa sobre la población de menores ingresos, de recibir una atención de salud de calidad inferior.

    2. Respecto de los beneficiarios del sistema privado de salud, termina con las discriminaciones de que son objeto las mujeres en edad fértil y las personas de avanzada edad, quienes debían soportar constantes alzas en sus planes de salud. En virtud de las normas referidas, el precio de las garantías explícitas de salud es el mismo para todos los afiliados a una misma institución de salud, en forma independientemente de los factores antedichos. Además, dichas garantías son exigibles a través de instancias administrativas y judiciales.



    Igualdad en materia del derecho al trabajo


    1. La prohibición de discriminación consagrada en la Constitución encuentra su desarrollo en el artículo 2 del Código del Trabajo. Los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Esta disposición es enmarcada por las normas internacionales sobre la materia, en especial, lo dispuesto en el Convenio No. 111 sobre discriminación en el empleo de la OIT, suscrito y ratificado por Chile en septiembre de 1970.

    2. De este modo, en Chile resulta una vulneración del derecho constitucional a la no discriminación laboral cualquier distinción, preferencia o exclusión efectuada sobre la base de los criterios señalados. En este sentido, la ley laboral señala “por lo anterior y sin perjuicio de otras disposiciones de este Código, son actos de discriminación las ofertas de trabajo efectuadas por un empleador, directamente o a través de terceros y por cualquier medio, que señalen como un requisito para postular a ella cualquiera de las condiciones referidas en el inciso tercero” (inciso quinto, artículo 2). Esto implica la configuración de un ilícito laboral de carácter objetivo, no siendo necesario ningún elemento adicional, como un móvil o intención determinada o un sujeto específico afectado para constituirlo.




    1. Situación de los derechos humanos de las personas que pertenecen a grupos vulnerables




    1. El Estado de Chile da muestras de su compromiso regular y sistemático con la situación de los derechos humanos de las personas que pertenecen a grupos vulnerables de la población, integrando información específica en los diferentes informes periódicos de cumplimiento de las convenciones internacionales suscritas y vigentes. Al respecto cabe consultar los siguientes informes presentados por Chile: (i) 19°-21° Informe periódico de cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (CERD/C/CHL/CO/19-21) el cual fue recientemente examinado por el Comité (ii) 5° Informe de cumplimiento de la Convención contra la Tortura (CAT/C/CHL/5) –próximo informe (6°) debe presentarse en diciembre de 2013; (iii) 5° y 6° Informe combinado de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW/C/CHL/5-6) –sustentación del informe ante el Comité a realizarse en octubre de 2012; (iv) 3° Informe consolidado de la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC/C/CHL/3) y sus dos Protocolos –próximo informe (4° y 5°) a presentarse el 12 de septiembre de 2012; (v) Informe inicial de la Convención Internacional para la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus familiares (CMW/C/CHL/1).

    2. Sin perjuicio de lo anterior, a continuación se resumen los principales aspectos relacionado con medidas a favor de la igualdad de género, personas discapacitadas, pueblos originarios, niños/as y adolescentes, y consumidores.


    Igualdad de género y derechos de la mujer


    1. Los derechos de la mujer han tenido una especial relevancia en nuestra política exterior y Chile ha tenido un rol activo en la promoción de sus derechos humanos. Asimismo, por más de una década lideramos la resolución de la Comisión de Derechos Humanos relativa a la Integración de los Derechos Humanos de la Mujer en todo el sistema de las Naciones Unidas. En su última presentación, en el año2007, ésta fue aprobada por consenso y contó con el copatrocinio de más de 70países de todas las regiones. La resolución incorporó una perspectiva de género en todos los ámbitos de las Naciones Unidas, especialmente en el Consejo de Derechos Humanos y en los órganos creados por tratados.

    2. En el marco de dicha resolución, hemos organizado una serie de paneles sobre la temática de la mujer; entre los que destacan: el panel sobre la integración de la perspectiva de género en el trabajo de los relatores especiales (septiembre de 2008); el panel sobre la integración de la perspectiva de género en el Examen Periódico Universal (septiembre de 2009); el panel “Empoderando a la Mujer a través de la educación” (junio de 2010); el panel sobre la integración de la perspectiva de género en los trabajos del Consejo: lecciones aprendidas, obstáculos y desafíos (24 de septiembre de 2010).

    3. Asimismo, Chile junto con Estonia facilitó la resolución 2009/12 del Consejo Económico y Social sobre la “Incorporación de una perspectiva de género en todas las políticas y los programas del sistema de las Naciones Unidas”, orientada al reconocimiento de la igualdad de las mujeres y las niñas en la dignidad y pleno goce de los derechos. Desde su elección en 2007 a la fecha, Chile es uno de los cinco miembros del Comité Consultivo del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer—actualmente, parte de ONU-Mujeres— representando al Grupo de Estados de América Latina y el Caribe, y donde ha logrado garantizar la provisión de recursos regulares para las oficinas regionales en América Latina y el Caribe.

    4. En su larga tradición de respaldo a la coherencia del sistema, desde 2006 Chile ha apoyado el establecimiento de la nueva arquitectura de género, ONU-Mujeres, y ha contribuido activamente en las negociaciones mediante la organización de eventos paralelos de apoyo, destinados a alcanzar el consenso que finalmente dio fruto a la decisión de crear la entidad.

    5. Chile ha trabajado también intensamente para avanzar en la prevención y la sanción social y penal de la Violencia de Género. Nuestro país fue copatrocinador inicial de la resolución 61/143 de la Asamblea General relativa a la intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, y actualmente forma parte del Grupo de Amigos de dicha resolución que promueve las actividades del sistema orientadas a prevenir dicho flagelo.

    6. Chile es el primer país latinoamericano en contar con un plan de acción sobre la resolución del Consejo de Seguridad 1325 (2000) sobre mujeres, paz y seguridad, el que supone implementar de forma integral y transversal medidas que protejan a las mujeres y a las niñas en caso de conflicto armado, así como incentivar su participación en los procesos de consolidación de la paz y reconstrucción de la democracia.

    7. Chile ha sido un incansable promotor del derecho a la salud y de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 4 y 5. Nuestro país patrocinó la campaña mundial para los Objetivos de Desarrollo del Milenio en salud, “Actuemos ya por las mujeres y los niños”, y organizó y copresidió el evento Presidencial sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 4 y 5, “Compromiso con el progreso para las madres, los recién nacidos y los niños”, celebrado en Nueva York, el 25 de septiembre de 2008, oportunidad en que numerosos Estados, organismos, organizaciones no gubernamentales y empresas anunciaron nuevos compromisos en este ámbito, impulsando con ello la actual estrategia global.

    8. En esa línea nuestro país ha organizado y patrocinado una serie de eventos paralelos en el marco de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer: “Financiación en favor de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer” (2008); “Actuemos hoy por las madres, sus hijas e hijos” (2008); “Hacia el Consejo Económico y Social en 2009: las enfermedades crónicas y la salud de la mujer”, celebrado junto con Bangladesh y la República Unida de Tanzania en 2009; y “La salud de las mujeres y los hombres en las Américas”, celebrado juntamente con la Organización Panamericana de la Salud en 2009. Asimismo, Chile es miembro fundador del “Council on Gender-based Health for the United Nations” que agrupa a Estados Miembros y a la sociedad civil.

    9. Además, Chile es parte signataria de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en cuyas Conferencias de Estados Partes ha participado activamente.

    10. En materia de infancia debe mencionarse la ratificación de los Protocolos Facultativos a la Convención sobre los Derechos del Niño, endoso de los Principios de París. Asimismo, en marzo de 2009, Chile copatrocinó una declaración en la cual se instó al Consejo de Derechos Humanos a adoptar acciones decisivas para enfrentar el grave problema de salud que significa la mortalidad materna.

    11. Finalmente, para el Gobierno de Chile es motivo de orgullo la designación de la ex Presidenta de Chile, Sra. Michelle Bachelet, como la primera Directora Ejecutiva de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de las Mujeres “ONU-Mujeres”.

    12. Dicho nombramiento, efectuado por el Secretario General, constituyó un reconocimiento a su destacada trayectoria de la defensa y promoción de los derechos de la mujer, especialmente desde su posición como la primera Presidenta de la República de Chile.


    Igualdad de género en materia de remuneraciones



    1. En virtud de la Ley N° 20.348 (19/06/2009) que resguarda el derecho a la igualdad de género en las remuneraciones, se incorpora al Código del Trabajo el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres. Lo hace a través de los siguientes mecanismos: (i) incorpora un nuevo artículo 62 bis que contempla expresamente que “el empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad”; (ii) señala la procedencia de efectuar denuncias por infracción a este principio; (iii) se contempla la obligación de las empresas de 200 o más trabajadores/as, de integrar al reglamento interno un registro que consigne los diversos cargos o funciones en la empresa y sus características técnicas esenciales, destinado a objetivar los parámetros de comparación de las remuneraciones; (iv) se contempla un estímulo a favor de los empleadores que no presenten diferencias arbitrarias de remuneraciones entre trabajadores que desempeñen cargos y responsabilidades similares, consistente en que podrán solicitar la rebaja del 10% de las multas adicionalmente a lo que se resuelva por aplicación de los incisos precedentes, en tanto las multas cursadas no se funden en prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales; y (v) en el ámbito de la regulación del empleo público, en el Estatuto Administrativo para Funcionarios de la Administración del Estado53 se contempla que en los empleos a contrata debe excluirse “toda discriminación que pueda alterar el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres”.


    Avances en derechos niños/as y adolescentes



    1. A partir de la Convención sobre los Derechos de los Niños del año 1990, el Estado reorienta sus políticas dirigidas a la infancia realizando una serie de cambios legislativos bajo la nueva perspectiva de los niños/as como sujetos de derecho.

    2. Las principales reformas son la Ley de Filiación54, que eliminó las distintas categorías de hijos que existían en la legislación civil y el trato discriminatorio que se les daba en materia de parentesco, derecho de alimentos, patria potestad y derechos sucesorios; se perfeccionó el régimen de adopción de menores, estableciendo la igualdad de derechos de los hijos adoptivos, la preferencia para los matrimonios Chilenos con voluntad y aptitud para adoptar por sobre los extranjeros y la tipificación como delito del cobro indebido para la entrega de un menor para ser adoptado, entre otras medidas; se dispuso la abolición del trabajo de los menores de 15 años.

    En esta dirección se inscribe la ratificación del Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (esclavitud, prostitución, tráfico de estupefacientes, entre otras).

    1. En materia del derecho a la educación, se destacan la reforma constitucional que eleva a 12 años la escolaridad obligatoria y la extensión de la edad escolar hasta los 21 años de edad; la nueva Ley General de Educación que establece una nueva institucionalidad para la educación en Chile y la recientemente promulgada Ley de Calidad y Equidad de la

    Educación.

    1. En materia de salud, la Ley N° 19.966 (D.O.03/09/2004) que garantiza el acceso a una atención de calidad a un conjunto de patologías infantiles y al tratamiento gratuito del VIH/Sida.

    Avances en los derechos de los Pueblos Originarios o Indígenas


    1. La Ley Indígena N° 19.253 (D.O. 05/10/1993), que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, (CONADI), y el Fondo para Tierras y Aguas y del Fondo de Desarrollo Indígena, permitió que, entre 1994 y agosto del2013, se adquirieran un total de 690.872 hectáreas de tierras, las cuales han sido adquiridas, saneadas o traspasadas a personas y comunidades indígenas, beneficiando a 23.410 familias.

    2. Otros avances en esta línea lo constituyen la promulgación de la Ley N° 20.249 (D.O. 16/02/2008) que crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios; el establecimiento el año 2001 del Programa Orígenes, que ha implementado proyectos de desarrollo local en comunidades y organizaciones indígenas con una inversión cercana a US$ 109 millones en aproximadamente 1.200 comunidades indígenas.

    3. Destaca la ratificación del Convenio 169 de la OIT (D.O. 15/09/2008) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, y la suscripción de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, obligándose el Estado de Chile particularmente en lo referente al deber de consulta y la participación que este cuerpo normativo contempla. Es por esta razón que en marzo de 2011 el Gobierno inició un proceso de consulta para establecer un mecanismo consensuado de consulta indígena en base a los estándares del Convenio 169 de la OIT. En un inicio se realizaron más de 100 talleres en todo el país, con la participación de cinco mil dirigentes, dicho proceso de consulta se vio finalizado en el mes de Agosto del año 2013, en un Congreso Nacional de Pueblos Indígenas, instancia en que se discutió sobre los acuerdos alcanzados y los 3 artículos en los que no hubo acuerdo: afectación directa, medidas a ser consultadas y proyectos o actividades que ingresan al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. El proyecto de normativa que produjo este proceso y el informe de la consulta se enviaron al Presidente de la República para que lo considere y, en su caso, promulgue el nuevo reglamento.

    4. En relación con la consulta referida, el Tribunal Constitucional Chileno ha fallado que esta norma es de carácter autoejecutable y aplicable por todos los órganos del Estado incluido el Congreso Nacional, desde la entrada en vigencia del Convenio.

    5. El Estado de Chile ha comprometido, asimismo, impulsar una reforma constitucional, actualmente en trámite en el Congreso Nacional, que reconoce la “existencia de los pueblos indígenas que habitan su territorio y el derecho de sus comunidades, organizaciones e integrantes a conservar, fortalecer y desarrollar su identidad, cultura, idiomas, instituciones y tradiciones y a participar en la consulta referida en su artículo 6, la vida económica social, política y cultural del país en la forma que establece el orden jurídico nacional”.

    6. Entre las medidas especiales a favor de pueblos indígenas además de las normativas señaladas, se destacan (i) Política Nuevo Trato; (ii) Pacto Re-conocer; (iii) Decreto 124 de Mideplan55 de 2009 que reglamenta la Ley N° 19.253 y el Convenio 169 de la OIT a fin de regular la consulta y participación indígena; (iv) Decreto 101 de Mideplan (D.O. 07/06/2010) que crea el Consejo de Ministros para Asuntos Indígenas; (v) Legislación especial para la Isla de Pascua.

    7. En cuanto al Consejo de Ministros para asuntos indígenas, su objetivo es asesorar al Presidente de la República en el diseño y coordinación de las políticas públicas hacia los pueblos indígenas. Lo integran los Ministros de Desarrollo Social, del Interior, de la Secretaria General de la Presidencia, de Relaciones Exteriores, de Educación, de Cultura, de Bienes Nacionales, de Agricultura, y de Economía, Fomento y Reconstrucción. Sus funciones son: (i) emitir sus propuestas sobre los proyectos de ley relativos a asuntos indígenas que se propongan al Presidente de la República; (ii) velar por la coordinación de las tareas de los respectivos sectores en la implementación de la política indígena; (iii) colaborar y servir de instancia en la evaluación de las políticas y programas dirigidos a los pueblos indígenas y en la coordinación de los ministerios y servicios públicos que ejecuten políticas y programas de responsabilidad intersectorial, que incidan en los derechos o tengan impacto indígena; (iv) asesorar en la fijación de prioridades para el gasto de los recursos públicos destinados a los pueblos indígenas; y (v) sugerir las directrices generales para iniciativas programáticas sectoriales que afecten o puedan afectar a los pueblos indígenas.

    8. La misión de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas de la SEGPRES colabora en el diseño, coordinación y evaluación de la política indígena, y vela por su adecuada implementación. Sus objetivos: (i) definición de los lineamientos que aseguren a los pueblos indígenas su plena participación en la vida nacional; (ii) crear las condiciones que les permitan su mayor realización espiritual y material, con pleno respeto a sus derechos; (iii) la promoción de un enfoque multicultural, que facilite el reconocimiento de sus valores culturales y su aporte a la comunidad nacional; y (v) asesorar a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Las funciones son: diseñar y proponer la política indígena, coordinar su implementación con la institucionalidad estatal y los servicios públicos que tengan relación con ella y su seguimiento, y realizar evaluaciones periódicas de la política nacional indígena; (ii) Elaborar y proponer planes y programas destinados al desarrollo económico, social y cultural de los pueblos indígenas, colaborar en la formulación de los criterios relativos a materias indígenas que deben ser incorporados en la elaboración de las políticas y procesos de planificación de los demás ministerios y servicios, y coordinar las acciones que éstos desarrollen.


    Avances en los derechos de las personas con discapacidad


    1. Ley N° 20.183 (D.O. 07/06/2007) modificó la Ley No. 18.700 Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, con el objeto de reconocer el derecho a la asistencia en el acto de votar para personas con discapacidad. El nuevo artículo 61 señala que las personas con alguna discapacidad que les impida o dificulte ejercer el derecho de sufragio, podrán ser acompañadas hasta la mesa por otra persona que sea mayor de edad, y estarán facultadas para optar por ser asistidas en el acto de votar. En caso que opten por ser asistidas, comunicarán verbalmente, por lenguaje de señas o por escrito al presidente de la mesa, que una persona de su confianza, mayor de edad, y sin distinción de sexo, ingresará con ella a la cámara secreta, no pudiendo aquél ni ninguna otra persona obstaculizar o dificultar el ejercicio del derecho a ser asistido.

    2. Con posterioridad a la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (D.O. 27/07/2008) y con el objetivo de incorporar sus normas y estándares se promulgó la Ley N° 20.422 (D.O. 10/02/2010) que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Esta ley marco contempla una nueva definición de persona con discapacidad, que aborda la restricción de participación y limitaciones para ejercer las actividades esenciales de la vida diaria que experimentan estas personas, según el nuevo modelo planteado por la OMS en el Clasificador Internacional de Funcionalidad (CIF).

    3. Las adecuaciones normativas de esta ley obedecen a los principios que consagra la Convención. Destaca la prevención de la discriminación múltiple, y el perfeccionamiento del sistema de recursos judiciales y sanciones. A SENADIS se le asignan nuevas funciones como las de intermediación laboral y defensa de los derechos de las personas con discapacidad cuando estén comprometidos los intereses colectivos o difusos. Este servicio cuenta hoy con una estructura interna desconcentrada territorialmente, disponiendo la ley el establecimiento de una dirección regional en cada región del país.



    Igualdad en materia de derechos de los trabajadores migrantes


    1. La gestión migratoria se encuentra a cargo del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, en coordinación con otros ministerios y servicios públicos. Las actuaciones de los órganos públicos en este ámbito han estado inspiradas en los Tratados de los que Chile es parte: la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, su Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y el Protocolo Para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños.

    2. Hacia el año 2008, en Chile residían 290.901 personas extranjeras, con una creciente composición femenina (55%), especialmente de procedencia sudamericana. Del total, se estima que un 10% se encontraría en situación migratoria irregular.

    3. Todos los extranjeros y los refugiados con su situación regularizada, tienen atención y acceso a la salud. El Ministerio de Salud, en conjunto con el Fondo Nacional de Salud y el Departamento de Extranjería han implementado programas especiales para algunas situaciones especiales respecto de grupos de migrantes vulnerables en situación irregular, que beneficia a todas las mujeres embarazadas y niños/as menores de 18 años. Medidas similares se han implementado para garantizar el acceso a la educación.

    4. En 2007, el proceso de regularización migratoria de extranjeros que se encontraban en el país en situación irregular importó que más de 50 mil personas accedieron a estos beneficios. Para mayor información cabe consultar el Informe Inicial de cumplimiento presentado por Chile el 9 de febrero de 2010 y las Observaciones finales del Comité de septiembre de 2011 (CMW/ C/CHL/ CO/1).


    Avances en materia de los derechos de los consumidores


    1. La Ley N° 19.496 (D.O. 07/03/1997) tiene también un carácter esencialmente tutelar, que busca romper el desequilibrio natural que existe entre los dos principales agentes del mercado: proveedor y consumidor. Esta ley marco, a cuyas disposiciones sólo quedan sujetos los actos jurídicos que, de conformidad al Código de Comercio u otras disposiciones especiales, tengan el carácter de mercantiles para el proveedor y civiles para el consumidor, contempla dentro de los derechos del consumidor la no discriminación arbitraria por parte de los proveedores de bienes y servicios. Es arbitrario en la medida que es irracional o atenta contra la dignidad de los consumidores, por ejemplo, basada en su clase social, opción política, entre otras.

    2. En el marco de la ley del consumidor, también hoy se hacen efectivos los derechos colectivos de los consumidores y usuarios; situaciones jurídicas en que varios sujetos son titulares de un mismo derecho o interés sobre un objeto común e indivisible, los que pueden ser objeto de tutela jurisdiccional mediante el ejercicio de una sola acción.




    1. Medidas adoptadas para prevenir y combatir la discriminación en todas sus formas





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