Diputados integrantes



Descargar 232.1 Kb.
Página1/7
Fecha de conversión23.12.2018
Tamaño232.1 Kb.
Vistas108
Descargas0
  1   2   3   4   5   6   7

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.
DIPUTADOS INTEGRANTES:

JAVIER DAGNINO ESCOBOSA
LINA ACOSTA CID
CARLOS MANUEL FU SALCIDO
JORGE LUIS MÁRQUEZ CAZARES
OMAR ALBERTO GUILLEN PARTIDA
DAVID HOMERO PALAFOX CELAYA
CARLOS ALBERTO LEÓN GARCÍA

HONORABLE ASAMBLEA:
A los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Publica de esta Sexagésima Primera Legislatura, nos fue turnado para estudio y dictamen por la Presidencia de este Poder Legislativo, escrito presentado por el Diputado Javier Villareal Gámez de ésta LXI Legislatura, con el cual presenta INICIATIVA CON PROYECTOS DE LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL ESTADO DE SONORA Y DE DECRETO QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE SONORA.
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 92, fracción XVII, 94, fracciones I y IV, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, presentamos para su discusión y aprobación, en su caso, el presente dictamen al tenor de la siguiente:
PARTE EXPOSITIVA:
El Diputado que inicia presentó su iniciativa ante esta Soberanía, en la sesión celebrada el día 28 de febrero de 2017 sustentando su propuesta en la siguiente exposición de motivos:
“Que el monopolio de la Seguridad Pública en manos del Estado he tenido que ceder espacios a personas de carácter privado para satisfacer las demandas de la sociedad sonorense en la materia. Es así, que los servicios de seguridad privada constituyen en la actualidad una actividad auxiliar de la Seguridad Pública que se brinda por parte del Gobierno Estatal, para la protección de las personas, custodia, salvaguarda y defensa de la vida y a la integridad corporal del prestatario, al igual que en sus bienes, cuidado y protección de bienes muebles e inmuebles, en traslado de bienes o valores, seguridad en la información, preservación, integridad y disponibilidad de la información del prestatario, a través de sistemas de administración de seguridad de bases de datos, redes locales, corporativas y globales, sistemas de cómputo, transacciones electrónicas, así como, respaldo y recuperación de dicha información, ya sea documental, electrónica o multimedia; además de sistemas de prevención y responsabilidades derivado de la prestación de servicios para obtener informes de antecedentes, solvencia, localización o actividades de personas. Igualmente, en forma directa o indirecta con la instalación o comercialización de equipos, dispositivos, aparatos, sistemas o procedimientos técnicos especializados en prevención de daños o riesgos.
El ritmo de las actividades económicas y financieras que se llevan a cabo en el Estado de Sonora, exige sistemas de seguridad cada vez más eficientes que garanticen la vida, el patrimonio, los bienes y todas aquellas cosas que signifiquen valor para las personas que se encuentran en nuestro Entidad. La seguridad debe permanecer como una de las principales funciones del Estado, de allí la importancia que la Seguridad Privada se encuentre normada adecuadamente dentro de un marco jurídico que garantice que quienes la ejerzan, lo hagan con responsabilidad, honradez, profesionalismo y calidad, debiendo considerar los servicios que prestan, como complementarios y subordinados respecto de los de Seguridad Pública.
Sin embargo, el crecimiento de la criminalidad en el Estado y la incapacidad de las autoridades encargadas de brindar seguridad pública a las personas y sus bienes, han provocado que los servicios de Seguridad Privada hayan proliferado en los últimos años, sin contar con una regulación jurídica adecuada que obligue a los prestadores de servicios a cumplir con estándares mínimos de calidad, seguridad, capacitación y reclutamiento de personal, entre otros aspectos importantes, lo que ha generado abusos y actuaciones irregulares por parte de los prestadores del servicio privado y de la autoridad que actúa con manga ancha ante la falta de la ley; razón por la cual se hace necesario crear un marco jurídico que establezca una serie de controles, que permita la intervención de la autoridad respecto a la participación de los particulares.
Esta encomienda no ha sido nada fácil, debido a que día a día se vive una batalla frontal contra individuos que infringen el Estado de Derecho, a través de la delincuencia organizada y redes de corrupción que han alcanzado a todos los niveles de la sociedad, incluidas a las empresas que prestan el servicio. En la actualidad, la principal problemática y riesgos a la que se enfrentan los Sonorenses, que se dedican a prestar servicios de Guardia o Protección Privada son los siguientes:
Para los guardias de Seguridad Privada existe el riesgo latente de ser heridos o muertos en el desempeño del empleo, ser explotado por sus patrones, ser acusado penalmente por el exceso en el uso de su función, falta de pago por su trabajo y la violación constante de sus derechos laborales traducidos en la falta prestaciones básicas, como son: la falta de inscripción en el lnfonavit, IMSS o Afore, por lo tanto, no se pueden jubilar, ni pensionar, ni acceder a una vivienda y no gozan de la estabilidad laboral, ya que generalmente no generan antigüedad en su empleo; aunado al hecho de que están expuestos a todo tipo de enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, en algunos casos por el efecto de agroquímicos, ya que una gran parte del personal operativo de la seguridad privada, trabaja a campo abierto en campos de cultivo y están expuestos a enfermedades como el dengue, sin que puedan ser atendidos en el IMSS o cualquier otra institución de salubridad pública o privada.
Además de lo anterior, los guardias de seguridad privada sufren de las inclemencias del tiempo, la escasez de servicio sanitario, agua o luz, durante su jornada de trabajo, estando latente el riesgo de meterse en problemas legales por la falta de capacitación en el manejo del equipamiento que les proporcionan, mismo equipo que no es adecuado para combatir a la delincuencia organizada, el narcomenudeo o la extorsión. Trabajan jornadas excesivas de 12 o más horas continuas, sin que les sea pagado el tiempo extraordinario laborado, los días festivos, aguinaldos o vacaciones, ni son sujetos al reparto de utilidades de las empresas que los contratan para prestar el servicio.
Indudablemente estas situaciones provocan explotación laboral, evasión fiscal y lavado de dinero, ya que, en la mayoría de los casos, la empresa prestadora del servicio cierra sus puertas sin dar aviso previo y sin haber pagado los salarios y prestaciones de su personal, de tal manera que, cuando los trabajadores acuden a la Junta de Conciliación y Arbitraje, y logran un laudo en contra de la empresa, está ya no existe, física ni jurídicamente hablando.
Por otro lado, en aspectos familiares y sociales, el 80% de los guardias de la seguridad privada son divorciados o separados, situación que se origina por el tiempo excesivo que deben dedicarle al trabajo y la falta de pago oportuno y de prestaciones que reciben, lo que da origen a la división de la familia por la falta de convivencia y escasa aportación a la manutención familiar.
Se estima que en el Estado de Sonora existen actualmente 159 empresas registradas y 300 o más que no están registradas, en las cuales laboran, aproximadamente, 25,000 guardias de seguridad, donde, al menos 20,000 de ellos, se encuentran separados de sus familias por la falta de percepciones salariales y nulas prestaciones, que deterioran sus relaciones familiares, puesto que la gran mayoría vive en cinturones de miseria y viven inseguros al no cotizar en alguna institución de seguridad pública social.
A todo eso, debemos sumar que las personas que se dedican a esta profesión, sufren de discriminación, ya sea, que los contraten o no, pues casi la totalidad de ellos no terminaron su educación primaria o son de la tercera edad. El porcentaje de personal activo de la tercera edad entre los guardias de seguridad privada, es de 80% hombres y 20% mujeres.
En lo que toca a la capacitación necesaria para el desempeño como guardia de seguridad, podemos asegurar que es casi inexistente, toda vez que no existen área de entrenamiento, ni existe seguimiento por parte de la autoridad ni de las empresas, ya que el personal de seguridad, generalmente, tiene que operar por sus propios medios físicos, y solo en algunos casos, mediante el uso de equipos de vigilancia o protección especializada como son: las armas de fuego, teiser, pistolas eléctricas, bastones PR 24, gas lacrimógeno, esposas, blindaje, k9, pero sin seguir las regulaciones existentes ni entrenamiento, lo que podría ocasionar serios accidentes, incluso, la muerte o heridas graves con consecuencias funestas para ellos mismos, o la ciudadanía en general.
En este rubro de la capacitación, mediante esta propuesta de ley se propone que todos los elementos, equipos e información que se obtenga por las labores de Seguridad Privada, se pongan a disposición de las autoridades encargadas de la seguridad pública, para su debida supervisión y control; inclusive que en los planes de capacitación que las empresas deban presentar, se contemple el adiestramiento para la custodia de la escena del delito, la obligación de conocer y aplicar los reglamentos de protección civil para saber qué hacer en caso de terremotos, asaltos, amenazas y procedimientos de evacuación, así como conocimientos en materia de Juicios Orales, en los que se incluyan la redacción de informes de novedades y bitácoras, para que cuando acudan a un proceso no sean intimidados por abogados o Ministerios Públicos o especialistas que puedan cambiar el curso de una indagatoria o de una situación judicial en la que los guardias privados formen parte como testigos de cargo.
Ahora bien, los riesgos para las empresas prestadoras de los servicios son; que el guardia o cliente los demande, o sea multado por no cumplir los requisitos legales, lo que derivaría en la pérdida de clientes por competencia desleal, la falta de pago de los servicios prestados, el alto nivel de rotación de personal por las jornadas excesivas y el bajo salario, además de que estarían expuestos a embargos por parte de la Secretaria de Hacienda o el IMSS, haciéndolas blanco de auditorías represivas de todo tipo, así como, extorsión institucional por contubernio por parte de las autoridades para acallar a las empresa honestas que no podrían establecerse correctamente, al no encontrar certeza jurídica que les proteja de los daños a terceros, de los mismos elementos, incapacidades, bajas, robo de uniformes y de radios, perdida de equipos, lavado de dinero y la ya mencionada, competencia desleal, al existir empresas que regalan tres meses de servicio con todo y monitoreo, aprovechando que no existe un precio mínimo, ni tabuladores que indiquen claramente el costo del servicio estándar o especializado de la seguridad privada.
Por otro lado, las empresas de seguridad privada deben padecer la corrupción de instituciones de gobierno en licitaciones amañadas, con falta de transparencia en los procesos de adjudicaciones que se basan en el precio y no en la formación y preparación de los elementos operativos que prestan el servicio, o, en la mayoría de los casos, el de tráfico de influencia y conflicto de intereses de los propios funcionarios públicos, que les obligan a violentar los derechos laborales de los Guardias de Seguridad Privada al exigirles que los elementos laboren más de doce horas diarias, con la consiguiente falta de atención adecuada a la ciudadanía que acude a dependencias gubernamentales que se suma a la deshonestidad de empresas que emplean personal para realizar labores de seguridad sin que el personal haya sido contratado para las funciones especificas que corresponden a los guardias, con lo que se actualiza el incumplimiento de las obligaciones obrero patronales y una innumerable relación de situaciones que afectan a las empresas legalmente establecidas.
No debemos perder de vista, que el impacto final de todas estas situaciones, a toda luces irregulares e ilegales, lo recibe el cliente o consumidor final con riesgos muy claros, ya que en vez de adquirir seguridad pagan por inseguridad; pues todas estas irregularidades generan las condiciones para que se vean afectados de diversas y muy variadas formas, entre otras, que el propio elemento asignado les robe o los demande laboralmente, que las autoridades les apliquen multas por contratar empresas no registradas legalmente, que las propias empresas no le proporcionen el servicio contratado, que la falta de privacidad los exponga a ser extorsionados o secuestrados, que ocurran pérdidas patrimoniales o daños por la falta de aplicación de protocolos de seguridad adecuados y la nula capacitación de los guardias, incertidumbre por el desconocimiento en la contratación de personal armado que no se sabe si están certificados o tienen licencia para la portación de armas, con lo que se expone a los consumidores de este tipo de servicios a entrar en contacto con problemas legales de todo tipo, en los que anteriormente no se veían involucrados, solamente por contratar empresas que operan al amparo de las lagunas legales.
Este tipo de situaciones riesgosas para los miles de empresarios sonorenses que contratan servicios de seguridad privada, podemos verlos en todas partes, siendo más evidentes en la Costa de Hermosillo, en los plantíos de uva, nuez y campos acuícolas, en los cuales literalmente se priva de la libertad a las personas que allí trabajan, o en las propias compañías mineras, marítimas, ferroviarias, cooperativas, bancos, instituciones privadas, sector aéreo, comercial, industrial, agroindustria, centrales de autobuses, aduanas, sector turístico, público en los tres niveles de gobierno, etc. incrementando el riesgo no solamente para el consumidor final, sino para todos los involucrados, convirtiendo esta situación en auténticas autodefensas oficiales o guardias blancas.
No es de extrañar la proliferación de tantas empresas de seguridad privada, ante la alta demanda del servicio, ya que, el estimado por el costo mensual de los servicios básicos para la iniciativa privada, generan alrededor de $300,000,000 (Trescientos millones de pesos). Si a esta cifra se le añade monitoreo, alarmas, blindaje, equipamiento, autos, equipo, servicio canino, vigilancia cibernética, detectives privados, y demás bienes y servicios relacionados, la derrama económica que se genera por servicios de guardia y protección privada pueden llegar a ascender a más de $1,000,000,000 (Mil millones de pesos) al mes.
Actualmente esta actividad se encuentra estipulada en la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, sin embargo, es necesario mencionar, que dicha ley no cuenta con la suficiente regulación de las actividades de los prestadores del servicio privado, ya que se estableció de manera muy breve en un solo capitulo, lo que viene a complicar el panorama estatal, puesto que lo correcto es que la dicha actividad, sea tratada en una ley especial, para darle mayor certeza jurídica a la función tan importante que desarrollan en beneficio de la población en general dejando claramente establecidas, entre otras, cuales son las facultades y obligaciones de los prestadores de servicios.
En efecto, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, en la parte que trata de regular a las empresas de Seguridad Privada en el Estado, ha quedado rebasada para cubrir las expectativas y necesidades de la sociedad sonorense, debido a la descoordinación que existe actualmente y a la falta de una regulación clara, que más que combatir, ha venido a abonar al incremento de la inseguridad que impera en el Estado.
Además, las actualizaciones que a nivel Federal se han dado, como es el caso de las Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el año del dos mil ocho, así como a la creación de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero del 2009 y, en consecuencia, la abrogación de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública, solo han puesto en evidencia la necesidad de que exista una ley especial para la materia de seguridad privada, que se ajuste a las modificaciones de dichas reformas, que ordenan la observancia de los principios que deben regir las actuaciones de las instituciones de seguridad privada, es decir, los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos y las bases de coordinación con la autoridad pública.
Por consiguiente, para eficientar el desarrollo de esta importante tarea en beneficio de la sociedad y en congruencia con los avances técnicos y la demanda social, es necesario que este Poder Legislativo apruebe una Ley de Seguridad de Privada para el Estado de Sonora, derogando el capitulo que se refiere a la prestación de este servicio, en la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, para contar con una Ley especial de orden público y de observancia general, cuyo fin primordial sea el de salvaguardar los intereses de la sociedad en el contexto de la seguridad privada, para evitar lagunas legales que eviten la adecuada observancia y cumplimiento del marco jurídico en la materia, por parte de las autoridades, las empresas o los particulares.
En ese tenor, con la finalidad de darle mayor certeza a la prestación del servicio de seguridad privada, se establece que los procedimientos y actos, así como la aplicación de la Ley que se propone mediante esta iniciativa, se tramiten y se resuelvan conforme a las disposiciones de ésta, de otras disposiciones legales y administrativas aplicables a la materia, y de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora.
Por otra parte, se introduce la terminología adecuada para especificar algunos conceptos que se manejan reiteradamente en la propia ley, que definen diversos aspectos propios de la Seguridad Privada, como es el caso de la denominación de la modalidad, prestadores de servicios, persona física, personal operativo, entre otros elementos que se adicionan y se detallan en la presente propuesta.
Por otro lado, cabe destacar que con la finalidad de hacer más especifico el contenido de la Ley que se propone ante esta honorable Instancia, se distribuye el articulado en trece capítulos, en los cuales de desarrolla de manera clara y congruente el tema que se trata cada uno de ellos, quedando, de la siguiente manera:


  • Capítulo I, Disposiciones Generales;

  • Capítulo II, Disposiciones Generales de la Autorización y Revalidación;

  • Capítulo III, De la Autorización;

  • Capítulo IV, De la Revalidación;

  • Capítulo V, Del Registro Estatal de Empresas Personal y Equipo de Seguridad Privada;

  • Capítulo VI, De las Cédulas de Identificación;

  • Capítulo VII, Del Personal Directivo, Administrativo y Operativo;

  • Capítulo VIII, De las Obligaciones y Restricciones de los Prestadores del Servicio;

  • Capítulo IX, De la Capacitación;

  • Capítulo X, De las Visitas de Inspección;

  • Capítulo XI, De las Medidas para la Correcta Prestación del Servicio;

  • Capítulo XII, De las Sanciones; y

  • Capitulo XIII, Medios de Impugnación.

Dentro de estos apartados, con la finalidad de abarcar situaciones y hechos no regulados en la práctica de la prestación de los servicios de seguridad privada se establecieron disposiciones jurídicas que versan sobre diversos aspectos y circunstancias, tanto operativas como de obligaciones y deberes, a cargo de los prestadores del servicio de seguridad privada. Se adicionaron varias fracciones de diversos artículos de lo ya establecido en la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, cuyo contenido fortalece el marco legal de actuación de los prestadores de servicio, además de fijar las sanciones aplicables a las empresas irregulares.


Por lo que respecta a los aspectos más relevantes que se proponen, entre otros, tenemos el contenido del Capítulo III "De Las Autorizaciones", en el cual se adicionaron y clarificaron diversos requisitos, como es el caso de las especificaciones en los rótulos de los vehículos, y las dimensiones de las letras, asimismo, como requisito adicional para el caso de prestadores de servicios en la modalidad de Traslado de Bienes o Valores, en el caso de la primera se le obliga contar con vehículos adecuados para el traslado de los bienes y para la segunda con vehículos blindados por proveedor autorizado por institución oficial, además por el tipo de actividad que desarrollan, se exige como requisito que cuenten con armamento y personal capacitado y autorizado para su uso y como un requisito complementario, no contemplado anteriormente, se prevé que la empresa exhiba el ingreso del trámite del Programa Estatal de Protección Civil, ante la instancia correspondiente.
Con relación al Capítulo IV "De La Revalidación", lo relevante consiste en la precisión del término con el que debe de presentarse la solicitud de la revalidación de la autorización para prestar el servicio de seguridad privada, para quedar de la siguiente manera: “Por lo menos con 30 días hábiles previos a la extinción de la vigencia de la autorización, término que permitirá a la Secretaria de Seguridad Pública Estatal, tramitar y resolver sobre la procedencia o no de la solicitud del prestador del servicio.
En el Capitulo V "Del Registro Estatal de Empresas, personal y equipo de seguridad privada" destaca que, dentro de los datos que deben suministrar los prestadores del servicio, como relevantes, se encuentra el deber de informar sobre las modificaciones que se lleven a cabo en sus bienes, servicios, documentos constitutivos u objeto social, o cualquier otro cambio que afecte su actividad; por lo que, obligando a los prestadores del servicio, a mantener informada a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de cualquier variante relevante de la empresa; asimismo, se establece en el propio Capítulo que su incumplimiento lo hará acreedor a las sanciones que se encuentran previstas en la ley que se propone. Por otra parte, derivado de la trascendencia que tiene la fuga de información y que pudiera impactar en el procedimiento de la autorización o revalidación para los prestadores de servicio, la información proporcionada a la Secretaria de Seguridad Pública estatal, se eleva al rango de confidencial y la única forma para que dicha entidad pública pueda proporcionarla, es que exista la justificación de una autoridad competente debidamente fundada y motivada.
En el mismo sentido, se crea el Capítulo VI denominado "Cédulas de Identificación", las cuales tienen como objeto regular todo lo relacionado al trámite de la emisión de este documento por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado, así como las consecuencias que pueden derivar de su pérdida o extravío, lo que obliga a quien la pierda, a dar parte inmediatamente a sus superiores y a las autoridades correspondientes, con el fin de evitar que dicha identificación sea utilizada con fines ilícitos.
Por otro lado, en el Capítulo VII denominado "Del Personal Directivo, Administrativo y Operativo", se establecen las generalidades y requisitos para acceder, permanecer y desempeñarse en el ámbito de la seguridad privada, así como las funciones básicas y mínimas que tendrán que observar en el desempeño de sus funciones.
Por su parte, en el Capítulo VIII "De Las Obligaciones y Restricciones de los Prestadores del Servicio", se reitera la limitante de que los prestadores del servicio sean funcionarios públicos o tengan funciones de Seguridad Pública Federal, Estatal, Municipal o de las Fuerzas Armadas, o quienes, por razón de su cargo o comisión, se encuentren vinculados con éstas. Dicha restricción no es únicamente para ellos, sino también para quienes tengan parentesco con ellos hasta el cuarto grado consanguíneo, ya sea ascendente, descendente o colateral. Esta medida se establece con el fin de evitar el tráfico de influencias que pudiera perjudicar la calidad del servicio.
En el mismo orden de ideas, en el Capítulo IX, "De la Capacitación", se establece que los prestadores de servicio estarán obligados a capacitar a su personal operativo, pudiendo hacerlo a través del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado de Sonora, o mediante Instituciones, Academias o Centro de Capacitación Privados, con reconocimiento oficial, en cuyo caso, dicha autoridad aprobar previamente la capacitación que se imparta, con el fin de que no pierda su facultad del control en este rubro.
En el Capítulo X "De las Visitas de Inspección", se deja establecida la facultad de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, de realizar visitas de verificación, tanto a empresas autorizadas como irregulares, situación que actualmente no está expresamente establecida en nuestras leyes, lo que obstaculiza la aplicación de sanciones legales para las empresas irregulares, acabando así, con una laguna legal que generaba vicios en la prestación del servicio y problemas para la autoridad competente, que perjudicaban a los clientes del servicio, al personal de dichas empresas, a las empresas regulares y a la sociedad en general.
En el Capitulo XI "De las Medidas para la Correcta Prestación del Servicio", contempla las medidas que serán aplicables tanto a empresas regulares como a irregulares, cuyo objetivo primordial es evitar peligro o riesgo alguno a la sociedad, motivado por los objetos, productos y sustancias o bienes, así como animales, utilizados en la prestación del servicio de seguridad privada, así como en las instalaciones y equipo de las mismas o los lugares donde se preste dicho servicio.
Como penúltimo, el Capítulo XII, denominado "De Las Sanciones", cuenta con aspectos relevantes en los que considera, además de las responsabilidades penales o civiles que pudieran generarse por la incorrecta prestación del servicio, que el incumplimiento de la ley abarca tanto a los prestadores de servicio autorizados como a las empresas irregulares, quienes serán sujetos entre otras sanciones, a la imposición de una multa que asciende de 500 a 5000 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), quedando facultada la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a imponer una o más sanciones dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, obligando a dicha autoridad estatal, a informar sobre los sujetos sancionados, a los entes encargados de la seguridad pública del resto de las entidades federativas del país y del Distrito Federal, así como de la Federación.
Finalmente se agrega el Capitulo XIII "De los Medios de Impugnación", el cual tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a los prestadores de servicio de seguridad privada o a cualquier persona que se vea afectada con las actuaciones de la autoridad competente.”
Expuesto lo anterior, esta Comisión procede a resolver el fondo de la iniciativa en estudio, para lo cual nos fundamentamos bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:
PRIMERA.- Es facultad constitucional y de orden legal de los diputados al Congreso del Estado, iniciar ante este Órgano Legislativo las leyes, decretos o acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito jurisdiccional del Estado, atento lo dispuesto por los artículos 53, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
SEGUNDA.- Conforme al orden jurídico local, es potestad constitucional exclusiva de este Poder Legislativo discutir, aprobar y expedir toda clase de leyes, decretos y acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito territorial del Estado, siendo materia de ley toda resolución que afecte a las personas en general, de decreto la que otorgue derechos o imponga obligaciones a personas determinadas, y de acuerdo en los demás casos, según lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que, en la interpretación, reforma o abrogación de leyes, deberán observarse los mismos trámites establecidos para su formación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política del Estado de Sonora.
TERCERA.- El Poder Legislativo del Estado tiene la atribución de velar por la conservación de los derechos de los ciudadanos y habitantes del Estado y proveer, por cuantos medios estén a su alcance, a su prosperidad general de conformidad con el artículo 64, fracción VII de la Constitución Política del Estado de Sonora.

CUARTA.- La Seguridad Privada en nuestro Estado, esta normada en una posición auxiliar de la seguridad pública y distribuida en múltiples empresas privadas que son reguladas por el Ejecutivo del Estado, las cuales, con su propio patrimonio, cuentan con la facultad de ofrecer diversos servicios de seguridad privada, según la autorización que se les haya otorgado, como lo es la protección de personas y/o sus bienes, con servicios que van desde solamente labores de vigilancia con monitoreo personal o, a través de cámaras o alarmas, buscando persuadir a probables delincuentes hasta servicios de protección con armas de fuego, como es en el traslado de bienes o valores, o custodia, así como salvaguarda y defensa de la vida de los clientes de las empresas de seguridad privada.
Debemos considerar que el concepto de Seguridad Privada abarca mucho más que sólo la protección corporal de las personas, sino que incluye diversos servicios como la seguridad en la información, que es la preservación, integridad y disponibilidad de información, a través de sistemas de administración de seguridad de bases de datos, redes locales, corporativas y globales, sistemas de cómputo, transacciones electrónicas, así como, respaldo y recuperación de dicha información, ya sea documental, electrónica o multimedia; además de sistemas de prevención y responsabilidades derivado de la prestación de servicios para obtener informes de antecedentes, solvencia, localización o actividades de personas. Igualmente, en forma directa o indirecta con la instalación o comercialización de equipos, dispositivos, aparatos, sistemas o procedimientos técnicos especializados en prevención de daños o riesgos.
Hoy en día, los servicios de seguridad privada son muy solicitados por la ciudadanía, confiando en que son empresas avaladas por el Ejecutivo del Estado, por medio de la Secretaria de Seguridad Publica, por lo que se supone que para obtener la autorización para operar, cumplen una serie de requisitos estrictos en los se espera que la autoridad responsable vigile cuidadosamente el cumplimiento de parámetros específicos para la prestación de dichos servicios.
Sin embargo, en nuestra Entidad existen varias empresas que prestan diversos servicios de seguridad privada sin contar con los permisos necesarios de la autoridad competente, lo cual no garantiza el cumplimiento de las obligaciones contraídas y pone en riesgo la seguridad de las personas contratantes, así como la seguridad laboral de los empleados de dichas empresas, que tienden a desaparecer o cambiar de denominación para no hacerse responsable de cubrir las prestaciones laborales de sus empleados, quienes conforman el personal operativo que prestan los servicios de seguridad privada a las personas que los contratan, creando un problema adicional en el ámbito laboral del Estado, además del riesgo que implica para la sociedad sonorense, la proliferación de este tipo de empresas irregulares.
En este contexto, las disposiciones que se proponen en la iniciativa sometida al análisis de esta Comisión Dictaminadora, reflejan la firmeza de buscar una regulación y actualización de estos servicios de coadyuvancia a la seguridad pública que ya proporciona el Estado, ya que se aprecia que busca garantizar y ofrecer un marco jurídico real y funcional para las empresas prestadoras del servicio privado y, por supuesto, la sociedad. Cuando se contrata a una empresa de seguridad privada, es debido a que se busca mayores estándares de seguridad enfocados a la seguridad personal o los bienes de quien contrata, ya que el Estado presta el servicio de seguridad pública, pero de manera general a toda la sociedad, siendo imposible que se enfoque en una sola persona o propiedad, mientras que el servicio de seguridad privada atiende solamente a quien lo contrata.
Ahora bien, las funciones de la Seguridad Privada, se encuentran estipuladas en la Ley de Seguridad Pública del Estado, en el Libro Tercero, Titulo Único, Capitulo Único, todos ellos de los Servicios de Seguridad Privada, el cual consta del artículo 199 al 209, donde se hace referencia a la normatividad de la Seguridad Privada en nuestro Estado y su regulación, por lo que es de suma importancia que nuestro Estado cuente con una regulación suficiente para las actividades de los prestadores de servicios de la materia, ya que dada la situación de las empresas de seguridad privada, se considera pertinente la existencia de una ley en la materia en nuestro estado, que genere un marco jurídico para que estas empresas presten el servicio de seguridad privada, de manera tal que atienda las necesidades de los sonorenses en este ámbito.
Como bien se describe en la iniciativa, ley propuesta consta de trece capítulos, dividida en las siguientes temáticas, Disposiciones Generales, Disposiciones Generales de la Autorización y Revalidación, De la Autorización, De la Revalidación, Del Registro Estatal de Empresas Personal y Equipo de Seguridad Privada, De las Cédulas de Identificación, Del Personal Directivo, Administrativo y Operativo, De las Obligaciones y Restricciones de los Prestadores del Servicio, De la Capacitación, De las Visitas de Inspección, De las Medidas para la Correcta Prestación del Servicio, De las Sanciones y, finalmente, De los Medios de Impugnación; además de las consecuentes modificaciones a la Ley de Seguridad Pública del Estado, para sacar de ese ordenamiento lo referente a la Seguridad Privada y evitar una doble regulación.
En consecuencia, es imprescindible hacer las adecuaciones necesarias a la Ley de Seguridad Publica para el Estado de Sonora, en la razón de reformar y derogar varios de sus artículos con la finalidad de hacerla congruente con la normativa propuesta, dándole así el cuerpo necesario a la norma para su aplicación en nuestro Estado y evitar una innecesaria doble regulación.
Por las consideraciones antes aludidas, los diputados integrantes de este Comisión de Seguridad Pública, aprobamos los proyectos de Ley de Seguridad Privada del Estado de Sonora, y de Decreto que reforma y deroga la Ley de Seguridad Publica para el Estado de Sonora, con el propósito de contar en nuestro Estado con una normatividad que sea más adecuada para regular el ámbito de la seguridad privada y que cumpla con su verdadera finalidad de ser un elemento auxiliar de la seguridad pública, para el beneficio de la sociedad sonorense.
Por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora, sometemos a consideración del Pleno, los siguientes proyectos de:

N Ú M E R O 196






Compartir con tus amigos:
  1   2   3   4   5   6   7


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos