Derecho del trabajo



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Sala X, Expte. Nº 54.188/10 Sent. Def. Nº 21231 del 30/07/2013 “Sabatella Daniel Alejandro c/Inmulab SA s/despido”. (Stortini-Brandolino).
D.T. 38 6 Enfermedad. Art. 212 L.C.T.. Salario posterior. Arts. 208 y 209 L.C.T.. Trabajadora no se encontraba en goce de la licencia cuando fue despedida.

De los arts. 209 y 210 de la L.C.T. se desprende que el trabajador solo puede considerarse eximido de la comunicación que exige el art. 209 –a la que está condicionado su derecho a percibir salarios por enfermedad-, en caso de impedimento derivado de fuerza mayor. De modo que la mera acreditación posterior de la existencia de una enfermedad no habilita el cobro de los salarios desde el momento de su configuración si no se demuestra que esa enfermedad, por sus características y por su gravedad, impidió que la trabajadora pudiera dar aviso de la imposibilidad de trabajar que supuestamente derivaba de ella. En el caso, lo cierto es que a la fecha en que se produjo el despido, la actora no se encontraba en goce de la licencia por enfermedad prevista en el art. 208 de la L.C.T., por lo que, indudablemente, carece de derecho a percibir los salarios por enfermedad que contempla el art. 213 solo respecto a quienes sean despedidos en uso de esa licencia.



Sala II, Expte Nº 39.286/2008 Sent. Def. Nº 101.967 del 12/07/2013 “Borelli Alicia Susana c/ Pabsa SA s/ Despido”. (Maza - Pirolo)
D.T. 38 7 Enfermedad art. 212 L.C.T.. Indemnización especial.

En el caso, la empleadora alega la falta de legitimación de la cónyuge del trabajador para percibir la indemnización con fundamento en el art. 212 4º párr.. Dado la gravedad de su estado de salud (finalmente el trabajador fallece) y la imposibilidad física de que el trabajador reclamara por sí, fue la esposa quien en vida de aquél cursó el intercambio telegráfico y, en definitiva, realizó las gestiones tendientes a la vigencia y efectivización de los derechos laborales que al trabajador asistían, así como –en definitiva- a su grupo familiar. Ninguno de los extremos señalados (carácter de derechohabientes, trabajador sostén del grupo familiar e imposibilidad física del dependiente) han sido rebatidos o desvirtuados por la demandada. Cabe concluir que no se puede desconocer el derecho de los actores a la percepción de los rubros indemnizatorios (artículo citado).



Sala IX, Expte. Nº 19.362/2010 Sent. Def. Nº 18751 del 31/07/2013 “Benítez Catalina y otros c/Modo SA s/indemnización art. 212”. (Pompa-Balestrini).
D.T. 34 Indemnización por despido. Art. 245 L.C.T.. No incluye daños derivados de actos ilícitos.

La reparación del 245 L.C.T. resulta una indemnización de daños y perjuicios, tarifada pero resarcitoria finalmente, que el legislador presume iure et de iure frente al ilícito contractual de ruptura de la promesa de dar ocupación efectiva que el empleador hizo en los términos de los arts. 90 y 252 L.C.T., pero con ella no se encuentran cubiertos los daños derivados de actos ilícitos de índole contractual que involucran la afectación de derechos personalísimos.



Sala II, Expte Nº 53172/2010 Sent. Def. Nº 101.990 del 31/07/2013 “Esquivel Silvia Gabriela c/ Cetelem Gestion SA s/ Diferencias de salarios”. (Pirolo - Maza)

D.T. 34 5 Indemnización por despido. Ley 25.345. Art. 44.

El art. 44 de la ley 25.345 de Prevención de la Evasión Fiscal agrega tres párrafos al art. 15 L.C.T.. Dichas modificaciones disponen, en referencia a los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios, el deber de las autoridades administrativas o judiciales intervinientes de remitir las actuaciones o poner en conocimiento de las mismas a la AFIP, con el objeto de que ésta establezca si existen obligaciones omitidas y proceda en consecuencia. La misma norma también ordena la remisión de las actuaciones a la AFIP cuando analizados los hechos o en presencia de “constancias disponibles” de las que surgieran indicios de que el trabajador afectado no se encuentra regularmente registrado o de que ha sido registrado tardíamente o con indicación de una remuneración inferior a la realmente percibida o de que no se han ingresado parcial o totalmente aquellos aportes y contribuciones. Por ello, no es posible entender, como “constancia disponible” que genere indicio alguno, la mera manifestación del actor, máxime cuando de la lectura del escrito inicial no se vislumbra la existencia de evasión total o parcial a las normas de recaudación de la seguridad social.



Sala VIII, Expte. Nº 17.632/2012 Sent. Def. Nº 35213 del 08/07/2013 “Attolino, Jimena Alexia c/EGESAC SA s/despido”. (Catardo-Pesino).

D.T. 34 2 Indemnización por despido. Art. 2 ley 25.323.

Obsta a la procedencia del incremento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323, el hecho de que el trabajador haya efectuado el requerimiento en la misma misiva en la que se consideró despedido y no con posterioridad al distracto como lo establece la norma. (Del voto del Dr. Brandolino, en mayoría).



Sala X, Expte. Nº 15.369/07 Sent. Def. Nº 21221 del 05/07/2013 “García Adrián Horacio Enrique c/Susycar Soc. en comandita por acciones y otros s/despido”. (Stortini-Brandolino-Corach).
D.T. 34 2 Indemnización por despido. Art. 2 ley 25.323.

El art. 2 de la ley 25.323 dispone un incremento indemnizatorio del 50% sobre las indemnizaciones emergentes del despido (es decir, las de los arts. 232, 233 y 245 L.C.T.) cuando el trabajador, no obstante intimar de modo fehaciente al empleador en procura del pago de esos conceptos, se vea obligado a iniciar una acción judicial o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibir esos créditos. La finalidad del legislador ha sido la de imponer al empleador el incremento indemnizatorio cuando se omite abonar las indemnizaciones derivadas del despido “sin justa causa” pese a la intimación fehaciente del trabajador luego de darse por despedido, pero nada obsta a que dicha interpelación la realice en la misma comunicación escrita en la que denuncia unilateralmente el contrato. (Del voto del Dr. Stortini, en minoría).



Sala X, Expte. Nº 15.369/07 Sent. Def. Nº 21221 del 05/07/2013 “García Adrián horacio Enrique c/Susycar Soc. en comandita por acciones y otros s/despido”. (Stortini-Brandolino-Corach).
D.T. 59 Libros de comercio. Art. 55 L.C.T.. Ausencia de registro. Presunción.

La ausencia del registro exigido por el art. 6 de la ley 11.544 y 21 del dec. 16.115/33, genera la operatividad de la presunción prevista en el art. 55 de la L.C.T. en favor de la afirmación vertida en la demanda acerca de las horas extra realmente cumplidas. Si bien dicha presunción no puede considerarse operativa cuando no está efectivamente acreditado que la labor haya excedido los límites fijados por la ley 11.544 –porque es obvio que si no hubo trabajo en tiempo extra, no puede considerarse que haya tenido que llevarse el registro del art. 6 de esa ley- comprobado como está que el actor trabajó en tiempo extra, el empleador tenía la obligación de asentar dicho exceso en el registro y, por lo explicado, la falta de exhibición de dicho registro genera una presunción acerca de la extensión del ya comprobado trabajo en tiempo suplementario (art. 55 L.C.T.) que no fue desvirtuada por prueba en contrario.



Sala II, Expte Nº 25761/2006 Sent. Def. Nº 102.011 del 31/07/2013 “Cardozo Mario c/ Meat Argentina SRL y otros s/ Despido”. (Pirolo - Maza)
D.T. 49 Personal gastronómico. C.C.T. 389/04. “Extra común”.

La característica de “eventual” atribuida al “extra común” por el art. 7.6.1 del CCT 389/04 no puede llevar a desconocer los derechos que la L.C.T. reconoce a los trabajadores que han prestado servicios en forma habitual, ya que es sabido que –como principio- las convenciones colectivas de trabajo no pueden válidamente reducir aquellos derechos establecidos por la ley. De este modo, la cláusula convencional referida sólo resulta legítima en tanto se trate efectivamente de prestaciones ocasionales o eventuales, correspondientes a eventos que tengan igual carácter y sólo resulta legítima en tanto se acredite que, efectivamente, el dependiente realizó prestaciones ocasionales correspondientes a necesidades extraordinarias de la empresa, es decir a eventos realizados en forma ocasional y eventual –cfr. arts. 92 y 99 L.C.T..



Sala IV, Expte. Nº 48.392/2009 Sent. Def. Nº 97213 del 05/07/2013 “Rivadero, José Luis c/Tejoma SRL y otro s/despido”. (Pinto Varela-Guisado).
D.T. 77 Prescripción. Art. 256 L.C.T.. Posibilidad de liberar al deudor de los efectos de la prescripción. Art. 3980 Cod.Civil.

En el caso, la actora alega que se vio imposibilitada de reclamar porque, de hacerlo, corría el riesgo de perder su empleo, es decir, su fuente de ingresos. El carácter alimentario de los salarios y la necesidad del trabajador de procurárselo para subsistir, ha sido tenido en cuenta por el legislador en los dispositivos legales creados a tal fin, y en los principios que rigen la materia, mas no pueden llevar a configurar lisa y llanamente un “impedimento” de los previstos por el codificador en el art. 3980 Cod.Civil. Las disposiciones del art. 256 L.C.T. son de orden público y el hecho de la necesidad de mantener el empleo no es equivalente al impedimento previsto por la norma que en materia civil permite al juzgador liberar al reclamante de los efectos de la prescripción.



Sala V, Expte. Nº 32.644/2008 Sent. Def. Nº 75401 del 30/07/2013 “Caron, María Fernanda c/Esquina SA y otro s/despido”. (Zas-Arias Gibert).
D.T. 80 Bis c) Responsabilidad solidaria. Responsabilidad de los administradores y gerentes. Art. 59 L.S.C..

El art. 59 L.S.C. establece que los administradores y representantes son responsables ilimitada y solidariamente con la sociedad por los daños que causen con sus acciones u omisiones dolosas o aún negligentes. Pues bien, no cabe ninguna duda que los coaccionados, como administradores y apoderado de la entidad empleadora, han violado radicalmente las leyes laborales de orden público al retener indebidamente lo deducido en concepto de aportes, amén de que, con esta maniobra, la sociedad ha evadido obligaciones patrimoniales frente al sistema de seguridad social.



Sala II, Expte Nº 27.386/2009 Sent. Def. Nº 101.946 del 02/07/2013 “Cotar Viviana Laura c/ Distribuidora Fitopharma SC y otros s/ Despido”. (Maza - Pesino)
D.T. 80 Bis d) Responsabilidad solidaria. Responsabilidad del presidente. Extensión. Improcedencia.

Resulta indudable que no todo incumplimiento del ente ideal en materia laboral y/o previsional posee virtualidad para activar la responsabilidad personal de sus socios o directores sino solo aquellos que importen maniobras defrautatorias o actos simulatorios ilícitos, dado que el mero incumplimiento de obligaciones contractuales materializado, por ejemplo, en la falta de pago de indemnizaciones o salarios aun cuando importen graves inobservancias no constituyen actos delictivos ni defraudatorios destinados a eludir la ley y susceptible de extender la responsabilidad solidaria a los socios. En consecuencia, no se advierte la concurrencia de los presupuestos fácticos que habiliten la extensión de responsabilidad pretendida en los términos de la L.S.C., con relación al presidente de la sociedad.



Sala II, Expte Nº 5.931/11 Sent. Def. Nº 101.996 del 31/07/2013 “Larrosa Carina Mariel c/ Numericon SA y otro s/ Despido”. (Maza – Pirolo)
D.T. 81 Retenciones. Art. 132 bis ley 23.345.

Toda vez que la demandada, mediante un plan de facilidades y con posterioridad al momento oportuno, abonó los aportes y contribuciones de la seguridad social, no procede aplicar la sanción conminatoria del art. 132 bis de la L.C.T., ya que en definitiva adecuó su conducta omisiva cumpliendo con el propósito de la citada norma.



Sala IX, Expte. Nº 14.418/2011 Sent. Def. Nº 18732 del 30/07/2013 “Liendo Tofaletti Anabella Tatiana c/Reanitre SRL s/despido”. (Balestrini-Pompa).
D.T. 83 8 Salario. Salarios en especie. Uso del automóvil.

El usufructo del automotor puede tener un doble carácter en atención a las diversas finalidades con que es utilizado por el trabajador con el consentimiento del empleador. En una proporción debe ser considerado como viático si hay rendición documentada, soportando la empresa los gastos del automotor y éstos, en gran medida, son afectados a la labor específica del trabajador pero, en cuanto el auto es usado para satisfacer necesidades personales del trabajador y su familia, el uso implica un beneficio para el empleado. Por ello, si el actor gozó del beneficio de usar el automóvil suministrado por la empresa, no sólo los días laborales, sino también en los períodos vacacionales y fines de semana, tal beneficio debe encuadrarse como una remuneración en especie, integrativa del sueldo, que tiene proyección a los efectos salariales e indemnizatorios y también sobre el pago de las vacaciones.



Sala IV, Expte. Nº 20.129/2008 Sent. Def. Nº 97211 del 05/07/2013 “Borelli, Jorge Alexis c/Cia. Industrial Cervecera SA s/despido”. (Pinto Varela-Marino).
D.T. 83 8 Salario. Salarios en especie. Uso del celular.

Si el celular fue provisto existiendo un sistema de límite en el uso de la línea telefónica, de tal manera que al trabajador se le asigna un plan que tiene como correspondencia una cantidad de minutos libres por mes, y si surgen diferencias si el gasto real por uso es mayor al asignado por el plan procediéndose a descontar el excedente vía recibo de sueldo, el uso del celular no tiene carácter remuneratorio.



Sala IV, Expte. Nº 20.129/2008 Sent. Def. Nº 97211 del 05/07/2013 “Borelli, Jorge Alexis c/Cia. Industrial Cervecera SA s/despido”. (Pinto Varela-Marino).
D.T. 97 Viajantes de comercio. Promoción de planes de salud con vistas a una futura afiliación.

Cabe considerar alcanzada la actividad del actor por la ley 14.546 y el C.C.T. 308/75, en tanto su actividad como dependiente de la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires consistía en visitar a futuros potenciales afiliados y promocionar los Planes de Salud del Hospital Italiano, con miras a concretar la operación de afiliación. Es que la ley 14.546 no hace referencia alguna a la venta de mercaderías y menos aún limita la intermediación a la propia de la compraventa mercantil. Debe tenerse en cuenta la voluntad colectiva que al negociar una reforma del convenio referido se incluyó en su art. 2º la intermediación en la venta de servicios como propia de la tarea del viajante.



Sala VII, Expte. Nº 29.199/2007 Sent. Def. Nº 45553 del 31/07/2013 “Rosteghin Adrián Gerardo c/Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires s/despido”. (Fontana-Rodríguez Brunengo).
D.T. 98 b) Violencia laboral. Ambiente de trabajo nocivo y hostil. Configuración.

Además de las hipótesis de mobbing –en las que la agresión psicológica tiene una dirección especifica hacia la víctima con una intencionalidad subjetiva y perversa de generar daño o malestar psicológico-, también se reconoce como idóneo para provocar daño un ambiente de trabajo agresivo, hostil y denigrante, que puede ser consecuencia de inadecuados estilos de dirección basados en un liderazgo autocrático o climas organizacionales cargados hacia la competitividad y con fallas en aspectos de comunicación, sistemas de recompensas, u otros factores que afectan a todos o a una gran mayoría de los trabajadores de la empresa. En el caso, no solamente no se advierten que las circunstancias descriptas por la ex dependiente encuadren en la figura del mobbing sino que de ellas tampoco se desprende que la accionante haya estado sometida a un entorno laboral general hostil, denigrante, nocivo e idóneo para provocar daños.



Sala II, Expte Nº 57.814/2011 Sent. Def. Nº 101.992 del 31/07/2013 “Gamarra Susana Irene c/ Mater Dei Asoc. Civil s/ Despido”. (Maza - Pirolo)


PROCEDIMIENTO


Proc. 23 Conciliación. Incomparecencia a la instancia conciliatoria de dos codemandados no empleadores. Régimen de solidaridad que emerge de la Ley de Sociedades.

El propósito de la ley 24.635 es llevar a trabajadores y empleadores sumergidos en un conflicto propio de conocimiento de la Justicia Nacional del Trabajo a una instancia de conciliación, previa y obligatoria al inicio de las actuaciones judiciales. En el caso, tal requisito se encuentra cumplido mediante la comparecencia del trabajador y el empleador, no siendo necesaria agotarla con relación a los dos restantes codemandados, en tanto no se encuentran demandados como empleadores sino en virtud del régimen de solidaridad que emerge de la Ley de Sociedades.



Sala IX, Expte. Nº 57.940/2012 Sent. Int. Nº 14131 del 30/07/2013 “López Christian David c/Federal Resguard SA y otros s/despido”. (Pompa-Balestrini).
Proc. 26 Costas. Art. 68 CPCCN. Razón fundada para litigar.

En torno al modo en que fueran impuestas las costas, las particularidades evidenciadas en la causa permiten apartarse del principio objetivo de la derrota, que dimana del art. 68 del ordenamiento adjetivo. Si bien el resultado del litigio ha sido sustancialmente adverso al trabajador, no es menos cierto que existen elementos atípicos y opinables en el caso, que permiten afirmar que el accionante pudo considerar que su pretensión podía llegar a ser receptada. En tal sentido, cabe recordar que la eximición a que autoriza el segundo párrafo del art. 68 CPCCN procede, en general, cuando “media razón fundada para litigar”, es decir, cuando por las particularidades del caso cabe considerar que el vencido actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del hecho invocado en el litigio.



Sala II, Expte Nº 40179/10 Sent. Def. Nº 101.956 del 12/07/2013 “Barber Jeremias Damian c/ La Meridional ART SA y otro s/ Accidente – Acción civil”. (Pirolo - Maza)
Proc. 26 Costas. Supuesto en que procede la inconstitucionalidad del art. 8 de la ley 24.432.

En el caso los accionantes plantean la inconstitucionalidad del art. 8 de la ley 24.432 por haber sido vencedores en primera instancia, y en virtud de que la solución normativa los perjudicaría dado el carácter alimentario de la indemnización por daños y perjuicios que les corresponde como consecuencia del fallecimiento del trabajador, quien en vida fuera cónyuge y padre de los demandantes. La aplicación de la norma atacada los obligaría a tener que afrontar, con dinero proveniente de tal indemnización, el saldo de los honorarios dejando de lado el beneficio de pobreza, el principio protectorio del derecho del trabajo y el derecho humano a la reparación integral deviniente de daños laborales, en violación a las garantías del art. 14 bis C.N. y los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ingresados al bloque de constitucionalidad a partir del art. 75 inc. 22 C.N.. En mérito a ello y de conformidad con el principio alterum non laedere, la normativa del art. 277 L.C.T. (texto según agregado de la ley 24.432, art. 8) se torna inconstitucional, en tanto afecta en forma directa la reparación, declarada judicialmente, por las consecuencias disvaliosas del fallecimiento de un trabajador en ocasión de su prestación de servicios.



Sala V, Expte. Nº 8.743/2006 Sent. Int. Nº 30003 del 31/07/2013 “González Irusta, Gladys Adriana c/Telefónica de Argentina SA y otros s/accidente-acción civil”. (Zas-Arias Gibert).
Proc. 27 Demanda. Acción de daños y perjuicios. Interposición en forma facultativa.

Cuando se trata de una acción de daños y perjuicios, en donde el damnificado extiende su pretensión contra el asegurador del demandado, puede interponer la demanda en forma facultativa ante el juez del lugar del hecho, el del domicilio del accionado o el de la compañía aseguradora, como así también en cualquier agencia o sucursal.



Sala III, Expte Nº 4.606/2013 Sent. Int. Nº 63.007 del 12/07/2013 “Gonzalez Ciro c/ Prevención ART SA s/ Accidente ley especial”. (Cañal – Rodríguez Brunengo)
Proc. 27 Demanda. Requisitos.

El demandante tiene la carga de invocar claramente los hechos en que funda su pretensión, dicha claridad en la exposición de los mismos, tiene una importancia fundamental, pues pone en juego la garantía de la defensa en juicio, ya que el accionado deberá correr con la carga de reconocer o negar tales hechos. Si el trabajador incumplió con lo prescripto por los incs. 3 y 4 del art. 65 L.O., incumple dicha carga procesal pues la sola mención de la cantidad a un determinado concepto al practicarse la liquidación, ni la mera enunciación de sumas globales puede considerarse que cumplen con los requisitos exigidos. Todo reclamo requiere como punto de partida y de modo indispensable, pautas mínimas suficientes para que el sentenciante pueda pronunciarse sobre la eventual validez del pedido, lo cual no sucede si el recurrente sólo se limita a reclamar el rubro que pretende y no especifica las bases mínimas de su pretensión.



Sala VII, Expte. Nº 9.681/2012 Sent. Def. Nº 45583 del 31/07/2013 Jaimes Víctor Hugo c/SERES Servicios Empresarios Integrales SA y otro s/despido”. (Ferreirós-Fontana).

Proc. 39 f) Excepciones. Competencia. Ley 26.773.

Es evidente que el artículo 4 de la ley 26773, al desplazar la competencia sin justificativo alguno, colocando en peor situación al trabajador que ni siquiera será sometido a un proceso bajo los principios y reglas específicos del derecho laboral, viola el principio pro homine y resulta regresivo, dificultando el acceso a la justicia. En consecuencia, corresponde declarar la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo.



Sala III, Expte Nº 2.589/13 Sent. Int. Nº 63.004 del 12/7/2013 “Franco Adriana Beatriz c/ SMG ART SA s/ Accidente . acción civil”. (Cañal – Rodriguez Brunengo)
Proc. 39 1 a) Excepciones. Competencia material. Demandas contra el Estado Nacional y las empresas de telefonía. Daños y perjuicios por la no emisión de los bonos de participación en las ganancias. Art. 29 ley 23696. Incompetencia de la Justicia Nacional del Trabajo.

Resulta competente la Justicia en lo Civil y Comercial Federal, de conformidad con lo expuesto por la C.S.J.N. en la causa “Albornoz, Domingo Acencio c/YPF SA y otro s/proceso de conocimiento” del 17/11/98, para entender en los casos en que se promueve demanda contra el Estado Nacional y alguna de la empresa de telefonía, reclamando la inconstitucionalidad del decreto 395/92 y la indemnización de los daños y perjuicios provocados por la no emisión de los bonos de participación en las ganancias previstos en el art. 29 de la ley 23.696. (Del voto del Dr. Guisado, en mayoría).



Sala IV, Expte. Nº 26809/2008 Sent. Def. Nº 97225 del 31/07/2013 “Voglino Carlos Ernesto y otros c/Telefónica de Argentina SA y otros s/daños y perjuicios”. (Marino-Guisado-Pinto Varela).
Proc. 39 1 a) Excepciones. Competencia material. Demandas contra el Estado Nacional y las empresas de telefonía. Daños y perjuicios por la no emisión de los bonos de participación en las ganancias. Art. 29 ley 23696. Competencia de la Justicia Nacional del Trabajo.

Resulta competente la Justicia Nacional del Trabajo, de conformidad con los argumentos expuestos por el Fiscal General de la C.N.A.T. en el dictamen Nº 33.644 del 24/04/2002, emitido en la causa “Martello, Jorge c/Ministerio de Economía y otro s/art. 29 ley 23.696” para entender en los casos en que se promueve demanda contra el Estado Nacional y alguna de las empresas de telefonía, reclamando la inconstitucionalidad del decreto 395/92 y la indemnización de los daños y perjuicios provocados por la no emisión de los bonos de participación en las ganancias previstos en el art. 29 de la ley 23.696. (Del voto de la Dra. Marino, en minoría).





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