Derecho del trabajo



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Sala II, Expte Nº 43.826 Sent. Def. Nº 102.008 del 31/07/2013 “Chalco Llerena Mario Rafael c/ International Health Services Argentina SA s/ Despido”. (Maza – Pirolo)
D.T. 27 10 Contrato de trabajo eventual. Prueba de la eventualidad del servicio.

Cuando no se prueba la eventualidad de los servicios, no cabe considerar a la intermediaria como “empleadora” sino como simple responsable solidaria por haber intermediado en forma fraudulenta.



Sala II, Expte Nº 21105/2010 Sent. Def. Nº 101.965 del 12/07/2013 “Pucheta Christian Eduardo c/ Grupo Americano de Intercambio SA y otro s/ Ley 22250” (Pirolo - Maza)
D.T. 27 18 g) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Telecomunicaciones. Telefonía celular.

En el caso, los procesos empresariales de AMX Argentina S.A. (contratista) y MCV Argentina S.R.L. (contratada) estaban absoluta e inescindiblemente ligados y perseguían el mismo objeto: poner en el mercado el servicio de telefonía celular. De allí que las tareas realizadas por la actora (venta de celulares) constituyeron una actividad inescindible de la principal, pues integraba el servicio ofrecido o esperado según las expectativas del mercado, siendo necesaria para la prestación de los servicios ofrecidos por la codemandada AMX de Argentina S.A.. De allí que esta sea solidariamente responsable en los términos del art. 30 L.C.T..



Sala IV, Expte. Nº 22.267/2010 Sent. Def. Nº 97210 del 05/07/2013 “Di Croche María Florencia c/MCV Argentina SRL y otro s/despido”. (Pinto Varela-Marino).
D.T. 27 18 b) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Casos particulares. Tareas de mantenimiento y reposición del cableado realizadas para Cablevisión SA.

Toda vez que la actividad normal y específica de Cablevisión S.A. es la prestación de servicio de televisión por cable y que subcontrató con la empleadora del actor el mantenimiento y reposición del cableado, se advierte claramente que las tareas efectuadas por el actor efectivamente resultaban atinentes a la actividad normal y específica de Cablevisión S.A., en tanto aquellas completan o complementan la misma. Corresponde entonces condenar solidariamente a ésta en los términos del art. 30 L.C.T..



Sala VI, Expte. Nº 17.467/2009 Sent. Def. Nº 65421 del 03/07/2013 “Gaudio Maximiliano Augusto c/Cablevisión SA y otros s/despido”. (Craig-Raffaghelli).
D.T. 27 21 Contrato de trabajo. Ley de Empleo. Art. 29 L.C.T.. Prueba de fraude. Multa del art. 8 ley 24013. Procedencia.

Cuando el contrato haya sido inscripto por la empresa intermediaria y no por el empleador directo, procede la aplicación del art. 8 L.N.E., que tiene como fin prevenir el fraude consistente en lo que se denomina “el hombre de paja”, dado que en la especie la registración realizada por la agencia proveedora de personal deviene irrelevante al no ser la misma empleadora del trabajador. Y en el caso, configurado el fraude previsto en el art. 29 L.C.T. cabe condenar solidariamente a la empresa usuaria y a la intermediaria al pago de la multa establecida en el referido art. 8, toda vez que el trabajador dio por rescindido el vínculo por falta de registración de la empresa usuaria.



Sala VI, Expte. Nº 35.522/2011 Sent. Def. Nº 65429 del 04/07/2013 “Acosta Alberto Martín c/Elaboradora Argentina de Cereales SRL y otro s/despido”. (Fernández Madrid- Raffaghelli).
D.T. 27 10 Contrato de trabajo. Para obra determinada-eventual. Situación de fraude a la ley.

Por haber incurrido en un verdadero fraude a la ley en los términos del art. 29 L.C.T., corresponde la condena solidaria de la empresa de servicios eventuales y la usuaria, que no acreditaron el carácter eventual de las tareas prestadas por el actor. Ello en virtud de no haberse acreditado el contrato suscripto entre este último y la empresa de servicios eventuales, ni el de ésta con la empresa usuaria. Tampoco se demostró la causal de las tareas eventuales, o sea el incremento de la producción durante el tiempo que laboró el actor, y, sumado a todo esto, en el libro especial del art. 52 L.C.T. de la usuaria no figuraba el actor individualizado como prestador de servicios eventuales a través de una empresa constituida como tal. Se ha utilizado el art. 99 de la L.C.T. como cobertura, generando una violación a la ley y al orden público laboral. (En el caso, la empresa usuaria alega que contrató al actor por medio de un contrato permanente discontinuo y debido a un pico extraordinario de su actividad).



Sala VI, Expte. Nº 35.522/2011 Sent. Def. Nº 65429 del 04/07/2013 “Acosta Alberto Martín c/Elaboradora Argentina de Cereales SRL y otros s/despido”. (Fernández Madrid-Raffaghelli).
D.T. 27 18 b) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Casos particulares. Servicio de distribución y entrega de documentación a los afiliados a una empresa de medicina prepaga.

Medifé Asociación Civil resulta solidariamente responsable en los términos del art. 30 L.C.T. frente al actor, quien laboraba para una empresa de mensajería distribuyendo y entregando diversa documentación perteneciente a aquella (servicios de medicina prepaga).

Dichas tareas no resultan ajenas a la actividad normal y específica de la asociación codemandada. Aun cuando esa función pueda ser calificada como accesoria, se encuentra integrada y es coadyuvante para el logro de los fines propios de la empresa de salud, debido a que su objeto conlleva la necesidad de comunicar los servicios y productos que esta ofrece a sus afiliados mediante la entrega de la cartilla respectiva, el cobro de los servicios a través de la facturación que emite y demás correspondencia que hacen al giro ordinario del negocio y que completan el suministro de la cobertura médica que brinda.

Sala IX, Expte. Nº 25.692/2010 Sent. Def. Nº 18766 del 31/07/2013 “Fernández, Abel Francisco c/Mail Express de Saulino Adriana y otro s/despido”. (Pompa-Balestrini).
D.T. 27 18 b) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Casos particulares. Servicio de pago electrónico mediante la terminal provista por Servicio Electrónico de Pago S.A. (pago fácil).

La actividad relativa al “pago fácil” desarrollada por el empleador del actor (consistente en la provisión del servicio de pago electrónico mediante la terminal provista por la codemandada SEPSA –Servicio Electrónico de Pago S.A.-) y las tareas desempeñadas por el accionante bajo subordinación de aquél (consistentes en ordenar las filas de pago fácil y velar por la seguridad de los clientes), resultan conceptualmente inescindibles de la actividad normal y específica propia de SEPSA (esto es , la provisión del servicio de pago electrónico), lo que determina la responsabilidad solidaria de SEPSA dentro del marco del art. 30 L.C.T.. El servicio electrónico de pago brindado por el empleador del accionante (quien celebró un contrato de agencia con SEPSA) perfeccionó la “unidad técnica de ejecución” que conforma la actividad asumida por SEPSA, en la medida en que contribuyó a cumplir con el objetivo y finalidad por ella perseguidos en el marco preciso de su organización empresaria.



Sala IX, Expte. Nº 28.688/11 Sent. Def. Nº 18733 del 30/07/2013 “Fernández Néstor Omar c/Servicio Electrónico de Pago SA y otro s/despido”. (Pompa-Balestrini).
D.T. 27 a) Contrato de trabajo. Contratos formativos. Pasantía.

En el caso, cabe desestimar la configuración de un contrato de pasantía. Las tareas prestadas por el actor para Telefónica de Argentina S.A., fueron similares a las cumplidas por su personal dependiente, y en lo sustancial, existió una asimetría entre los estudios del actor (Psicología) y la índole de los trabajos realizados (como operador telefónico del servicio 112), lo cual pone en evidencia que la modalidad contractual alegada por la apelante (pasantía) constituye una ficción legal, no encontrándose reunidos los presupuestos objetivos que la justifican. No resulta pues aplicable a la relación la ley 25.165, y cabe concluir que la empresa revistió la calidad de empleador y que el actor se incorporó a la organización como personal dependiente, en la alegada calidad de pasante.



Sala IX, Expte. Nº 21.305/2007 Sent. Def. Nº 18737 del 30/07/2013 “Teisaire, Claudio Ariel c/Telefónica de Argentina SA y otros s/diferencias de salarios”. (Pompa-Balestrini).
D.T. 27 2 Contrato de trabajo. Choferes y fleteros. Inaplicabilidad de la ley 24.653. Existencia de una relación de dependencia regida por la L.C.T..

En el caso, el actor laboró para el Correo (primero Correo Argentino S.A., luego Correo Oficial de la República Argentina S.A.), si bien comenzó prestando tareas en forma directa para el Correo demandado, lo hizo en primer lugar por intermedio de una empresa a la que le extendía facturas para poder percibir su remuneración mensual siendo reemplazada dicha empresa por otra respecto de la cual cumplió idéntico procedimiento. Realizaba tareas de chofer en su propio automotor. Ni el hecho de que no se desempeñara en forma exclusiva para el Correo, ni la circunstancia de que el vehículo que conducía estuviera a su cargo, ni que se encontrara registrado como contribuyente autónomo ante la AFIP, empecen a la existencia de un vínculo subordinado. La ley 24.653, en tanto regula la actividad de los fleteros deviene inaplicable al caso, siendo la L.C.T. la norma llamada a regir el vínculo entre el actor y el Correo. Ello así, toda vez que se incorporó a un establecimiento que le era totalmente ajeno, para realizar en forma personal las tareas que constituyen el objeto propio del Correo que lo dirigía en su labor.



Sala IX, Expte. Nº 27.883/08 Sent. Def. Nº 18739 del 30/07/2013 “Cisneros Porfidio Ramón c/Correo Oficial Argentino de la República Argentina y otro s/despido”. (Balestrini-Pompa).
D.T. 27 18 c) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Art. 30 L.C.T.. Empleada en un local gastronómico ubicado en shoppings.

La solidaridad emergente del art. 30 L.C.T. corresponde determinarla en cada concreto y particular caso en función de las circunstancias fácticas que circunscribieron la pertinente cesión, contratación o subcontratación. Es menester interpretar la exigencia de la norma legal referente a “trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y especifica propia” en armonía con el concepto de “establecimiento” que prevé el art. 6 de la L.C.T. en cuanto establece que es “la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa a través de una o más explotaciones”. En el caso no resulta controvertido que la actora laboró como empleada en un local gastronómico de comida japonesa explotado por la demandada sito en los shoppings “Alto Palermo” y “Paseo Alcorta”.



Sala X, Expte Nº 35.190/08 Sent. Def. Nº 19.884 del 31/05/2012 “Varela Claudia Patricia c/ Spinetto Meat SA y otro s/ Despido”. (Stortini - Corach)
D.T. 27 18 c) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Art. 30 L.C.T.. Empleada en un local gastronómico ubicado en shoppings.

Para dar cumplimiento a su objetivo social, la codemandada Alto Palermo S.A., se nutrió de varias etapas –entre ellas, las labores desarrolladas por la actora en el local gastronómico objeto de locación del contrato ubicado en el patio de comidas de los centros comerciales aludidos- que constituyeron una actividad, normal, habitual y parte necesaria para el desarrollo de su actividad principal (art. 6 y 30 L.C.T.)



Sala X, Expte Nº 35.190/08 Sent. Def. Nº 19.884 del 31/05/2012 “Varela Claudia Patricia c/ Spinetto Meat SA y otro s/ Despido”. (Stortini – Corach)
D.T. 30 bis Daño moral. Procedencia. Trabajador despedido. Imputación de un delito no probado.

Cabe la reparación del daño moral ante el caso del trabajador despedido por imputársele un delito (intento de robo), que luego no se acreditó. Dicha imputación debió provocar al trabajador el estado de humillación pública, angustia e intranquilidad frente a su familia, padecimientos que no corresponde considerar comprendidos en la tarifa del art. 245 L.C.T., ya que provienen de un comportamiento antijurídico de la empleadora distinto y escindible de la mera ruptura del vínculo laboral, a la que se vincula la reparación dispuesta en aquella norma legal.



Sala VI, Expte. Nº 52.138/11 Sent. Def. Nº 65424 del 03/07/2013 “Carrizo Walter Gabriel c/Plavinil Argentina SA s/despido”. (Fernández Madrid-Craig).
D.T. 33 12 Despido. Por maternidad. Art. 178 L.C.T.

La indemnización del art. 178 L.C.T. sanciona el despido que es conducto de la segregación de la mujer del universo laboral cuando ésta es motivada por su embarazo o maternidad. En el caso se entiende que el incumplimiento contractual de la empleadora pretendía veladamente expulsarla por su condición de embarazada o madre, y por ello, tal partida resulta procedente.



Sala I, Expte Nº 35734/11 Sent. Def. Nº 88.951 del 08/07/2013 “Rodriguez Tanos Maria Soledad c/ Latinpanel Argentina SA s/ Despido”. (Vazquez – Pasten de Ishihara)
D.T. 33 3 Despido. Del empleado en condiciones de obtener jubilación. Art. 252 L.C.T.. Intimación.

El hecho de que el empleador no haya practicado la intimación del art. 252 L.C.T. no modifica la plataforma fáctica y jurídica descripta puesto que tal acto jurídico está previsto como una facultad del empleador para compeler al dependiente a comenzar las tramitaciones jubilatorias, pero resulta de toda obviedad su innecesariedad cuando el propio trabajador inicia por su propia decisión el tramite jubilatorio.



Sala II, Expte Nº 12.912/2008 Sent. Def. Nº 101.942 del 02/07/2013 “Romero Rafael c/ Deltacar SA y otro s/ Despido”. (Maza - Pesino)
D.T. 33 7 Despido. Gravedad en la falta. Agresión verbal contra compañeras de trabajo. Pérdida de confianza.

La demandada despidió al actor bajo la invocación de pérdida de confianza provocada por la agresión verbal contra compañeras de trabajo, utilizando insultos de toda índole, conforme fuera descripto en la comunicación extintiva, y en el caso, hay sobrada evidencia de que el actor incurrió en esas actitudes y que, en definitiva, asumió una conducta contraria a los deberes que imponen los arts. 62 y 63 L.C.T. que generaba un menoscabo intolerable en el esquema disciplinario que rige en cualquier organización empresaria y que se erigió en una valla insuperable para el mantenimiento del vínculo. En consecuencia, aparece acreditada una razón configurativa de una causal objetiva de pérdida de confianza que justifica la decisión resolutoria.



Sala II, Expte Nº 10.214/2010 Sent. Def. Nº 101.980 del 31/07/2013 “Sacanelles Martin Rodrigo c/ Maycar SA s/ Despido”. (Pirolo – Maza)
D.T. 33 18 Despido discriminatorio. Arbitrariedad.

La arbitrariedad en el despido no goza de tutela constitucional sino que lo que goza de especial protección es la situación del trabajador ante el despido arbitrario (art. 14 bis C.N.). Así, el despido sin justa causa en contratos celebrados por tiempo indeterminado no constituye un derecho del empleador ni, tampoco, una “facultad potestativa”, sino un ilícito contractual que aun cuando no carezca de eficacia extintiva coloca al infractor en la obligación de indemnizar a la persona afectada, por lo que el hecho de haber “pagado” por el despido arbitrario, en principio no exime a la empleadora de la reparación de los daños que pudieran derivarse de ilícitos ajenos a la mera ruptura intempestiva del contrato.



Sala II, Expte Nº 53172/2010 Sent. Def. Nº 101.990 del 31/07/2013 “Esquivel Silvia Gabriela c/ Cetelem Gestion SA s/ Diferencias de salarios”. (Pirolo - Maza)
D.T. 33 18 Despido discriminatorio. Despido del trabajador que se presentó a elecciones como candidato a delegado gremial.

Considérase despido sin justa causa y discriminatorio por motivos antisindicales aquel llevado a cabo en perjuicio del trabajador que se postulaba como candidato a delegado gremial. Frente a ello cabe consagrar un sistema de estabilidad que frente al despido antisindical, otorgue al trabajador el derecho a reclamar la nulidad del despido y la readmisión en el empleo. El contenido esencial de los derechos constitucionales de trabajar y ejercer toda industria lícita, de comerciar, de usar y disponer de la propiedad y de contratación, conferidos al empleador, no comprende la potestad de despedir a los trabajadores ad nutum, en forma incausada, injustificada, inmotivada o arbitraria.



Sala V, Expte. Nº 31.225/11 Sent. Def. Nº 75389 del 11/07/2013 “Salcedo, Esteban Alberto c/Editorial Sarmiento SA s/juicio sumarísimo”. (Zas-Arias Gibert).


D.T. 33 8 Despido discriminatorio. Despido del trabajador que se presentó a elecciones como candidato a delegado gremial. Despido antisindical como acto discriminatorio. Restablecimiento a la situación anterior.

Si el despido discriminatorio como una especie de los actos discriminatorios afecta el interés de la comunidad, no resulta consistente limitar la protección al pago de una indemnización tarifada o integral, porque la cuestión no se agota con la satisfacción patrimonial del trabajador directamente afectado. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere de la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior y en la reparación de las consecuencias que la infracción produjo, así como el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados (conf. Corte Interamericana de Derechos humanos, Caso Baena, Ricardo y otros, sentencia de 2 de febrero de 2001).



Sala V, Expte. Nº 31.225/11 Sent. Def. Nº 75389 del 11/07/2013 “Salcedo Esteban Alberto c/Editorial sarmiento SA s/juicio sumarísimo”. (Zas-Arias Gibert).
D.T. 33 8 Despido discriminatorio. Despido del trabajador que se presentó a elecciones como delegado gremial. Solución de la ley 23.551. Principio pro homine.

Ante el caso de despido violatorio de la libertad sindical el art. 47 de la ley 23.551 establece “el cese inmediato del comportamiento antisindical”. Dicha solución sólo puede concretarse mediante la nulidad de la decisión extintiva y la reinstalación del trabajador. De acuerdo con el principio hermenéutico del derecho internacional llamado pro homine se debe acudir a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos. Asimismo exige que los derechos humanos, como el de la libertad sindical, sean interpretados con la mayor amplitud que permita la norma que los reconozca, y censura, por ende, toda exégesis restrictiva.



Sala V, Expte. Nº 31.225 Sent. Def. Nº 75389 del 11/07/2013 “Salcedo, Esteban Alberto c/Editorial Sarmiento SA s/juicio sumarísimo”. (Zas-Arias Gibert).
D.T. 33 10 Despido. Por falta o disminución de trabajo. Art. 247 L.C.T.. Fuerza mayor.

Al empleador no le basta con acreditar una supuesta crisis general así como tampoco crisis en la empresa, si no acreditó haber tomado los recaudos necesarios para paliar la misma (ajenidad del riesgo empresario).



Sala VI, Expte. Nº 48.516/10 Sent. Def. Nº 65426 del 04/07/2013 “Jodor Adriana Elvira c/Big Brands SA y otro s/despido”. (Raffaghelli-Craig).
D.T. 33 Despido. Reconocimiento de las partes de la relación laboral. Inexistencia de telegrama de ruptura.

En caso de despido, si bien debe mediar una expresión de voluntad concreta de alguna de las partes relativa a la disolución, lo cierto es que en los casos en que el trabajador intima a la empleadora, y esta desconoce la relación laboral que finalmente queda probada, resulta inconducente que recibiera o no el telegrama de ruptura, pues el requisito legal de la certeza de la disolución del vínculo y de su causa es lógico y tiene razón jurídica cuando ambas partes reconocen que hubo contrato de trabajo. Al decir de Centeno (Ley de Proc. Laboral comentada) probada la relación laboral y su cesación se presume el despido, no existiendo prueba en contrario.



Sala VI, Expte. Nº 31.293/09 Sent. def. Nº 65485 del 29/07/2013 “Ayala Hugo Arsenio c/Bergunker Susana Inés s/despido”. (Raffaghelli-Fernández Madrid).
D.T. 33 12 Despido por maternidad. Opción de la trabajadora por el período de excedencia. Empleadora que da por rescindido el contrato.

Si bien en el art. 186 L.C.T. se prevé expresamente que ante las omisiones consignadas “…se entenderá que opta por la percepción de la compensación establecida en el art. 183 inc. b) párrafo final”, dicha fórmula no permite interpretar que se trata de un supuesto de rescisión ipso iure por el mero vencimiento de los plazos como pretende en el caso la demandada, invencible aún frente a la comunicación expresa de la trabajadora en el sentido de continuar el vínculo y optar por la excedencia sin que mediara manifestación de la demandada poniendo a su disposición la prestación del art. 183 inc. b). La actitud absolutamente refractaria a la continuidad del vínculo que asumió la demandada resultó suficientemente injuriante en los términos del art. 242 L.C.T. como para imposibilitar la prosecución del vínculo, legitimando el despido indirecto que comunicó la trabajadora.



Sala IX, Expte. Nº 23.062/2010 Sent. Def. Nº 18729 del 12707/2013 “Rodríguez Guadalupe c/Themis Labat s/despido”. (Pompa-Balestrini).
D.T. 33 5 Despido del delegado gremial. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Solicitud de exclusión de tutela a delegado gremial para iniciar los trámites jubilatorios.

En el caso, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solicita la exclusión de tutela respecto de un empleado público que cumple funciones de representante sindical. El juez de primera instancia hizo lugar a la solicitud para que el requirente efectúe la intimación para iniciar los trámites jubilatorios, pero sin que la extinción del contrato de trabajo se pueda disponer con anterioridad a la fecha hasta la que, según la ley 23.551, perdura la protección, salvo que el beneficio jubilatorio fuese obtenido antes de la aludida época. Es decir, que el a quo ha hecho lugar a la exclusión de tutela a los fines de intimar al delegado gremial a jubilarse, aunque con las limitaciones provenientes de la ley sindical. No es operativa, en el caso, la disposición del art. 252 L.C.T. porque se trata de un vínculo de empleo público, por lo cual rige lo establecido por el art. 61 de la ley 471.



Sala X, Expte. Nº 23.640/12 Sent. Def. Nº 21245 del 31/07/2013 “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/Santos Ricardo Luis s/juicio sumarísimo”. (Stortini-Brandolino).
D.T. 33 10 Despido por disminución o falta de trabajo. Art. 247 L.C.T..

Una crisis temporaria es un riesgo común en la explotación comercial o industrial, que no autoriza sin más la invocación de la “falta o disminución de trabajo”. No es la crisis general la que justifica el eximente legal sino que debe tratarse de una crisis concreta, para lo cual no es suficiente que se invoque una afectación a una rama de la industria o actividad, ni un detrimento económico derivado de una crisis nacional. En los casos de despido por disminución o falta de trabajo, no basta que la empresa alegue que la rama de su industria sufrió los avatares de la crisis económica imperante en el país sino que, conforme a los términos del art. 247 L.C.T., debe probar que tomó medidas concretas –y propias de un buen empresario- para evitar que dicha situación proyectara sus efectos sobre los trabajadores que, en principio, no son partícipes de las “crisis empresarias” como, por lo general, tampoco lo son de las ganancias de la empresa.





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