Deontologia profesional



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el entusiasta de su profesión, enamorado de la causa y de las cuestiones jurídicas inherentes a ella

  • el altruista, dispuesto a renunciar de buen grado a su honorarios en los casos piadosos

  • el fraternal, que ayuda al colega inexperto e imposibilitado

    El temperamento congénito del abogado puede ser corregido y educado debidamente por él mismo mediante un esfuerzo interior, con el fin de adecuarlo a los principios éticos y las reglas de la deontología.
    5. LA FUNCION SOCIAL DE LA PROFESION FORENSE

    1. Derecho a la defensa

    2. composición amigable (del litigio)

    3. mantenimiento del profesional y su familia

    La abogacía cumple una función social de notable importancia que se explicita sobre todo a través de una obra de MEDIACION entre el que juzga y el que es juzgado, entre intereses contrapuestos de todo tipo.

    Esta mediación permite al ciudadano ejercitar un derecho fundamental de libertad, que es el derecho a la defensa (art. 16 de la defensa en juicio y 17 de los derechos procesales de la CN) pero también permitiendo a través del contacto humano que se establece entre el abogado y el cliente, la eventual amigable composición de la controversia o del conflicto de intereses.

    La profesión forense cobra también relieve, desde el punto de vista social, como desarrollo de una actividad laboral, que permite el mantenimiento del profesional y su familiar.

    El art. 236 del COJ:

    La formula del juramento aparte de efectuar una remisión a los conceptos de lealtad, honor y diligencia, descubre el fin último de la profesión forense, la cual es “los fines de la justicia y por los intereses superiores de la nación”

    Se ha dicho que la abogacía no puede cumplir plenamente su función sino en régimen de completa libertad. Hoy en día además de la manera tradicional de ejercer la profesión (en forma individual e independiente), se ejerce en forma conjunta como por ejemplo las asesorías jurídicas organizadas, existentes junto a grandes organismos públicos o privados y en las que surge la figura del abogado-empleado. Estas nuevas formas del arte forense pueden modificar, al menos en parte, incluso algunas reglas de comportamiento establecidas ya por la deontología.

    Existen diversas clases de abogados (algunas alteraciones en las reglas deontológicas que deberán adaptarse a la forma de trabajar de los profesionales:

    -abogado individualista e independiente

    - sociedades de abogados, o asesorías jurídicas

    - el abogado-funcionario del Estado


    6. ASPECTOS JURIDICOS PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESION DE ABOGADO EN EL PARAGUAY

    La legislación vigente (COJ) establece los requisitos y las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión de abogados y procuradores (art. 87 y sgtes)



    CAPITULO II

    Articulo 87 y siguientes del COJ

    DE LOS ABOGADOS Y PROCURADORES

    Art. 87.- Toda persona física capaz puede gestionar personalmente en juicio, bajo patrocinio de abogado, sus propios derechos y los de sus hijos menores, cuya representación tenga. Fuera de estos casos quien quiera comparecer ante los Juzgados y Tribunales de la República debe hacerse representar por procuradores o abogados matriculados.

    Art. 88.- Los Jueces y Tribunales no darán curso a los escritos que se presentaren sin cumplir este requisito. Quedan exceptuadas las actuaciones ante la Justicia de Paz y las del recurso de Habeas Corpus, y de Amparo, y otros casos establecidos por leyes especiales.

    Art. 89.- Para ejercer la abogacía ante Jueces y Tribunales se requiere:

    a) título de abogado expedido por una Universidad Nacional, o extranjera debidamente revalidado; y

    b) mayoría de edad, honorabilidad y buena conducta debidamente justificadas.

    Art. 90.- Para ejercer la procuración judicial se requiere título de procurador judicial o notario expedido por una Universidad Nacional o extranjera, debidamente revalidado, o haber estado matriculado con anterioridad a este Código o haber desempeñado con buena conducta el cargo de Secretario de Juzgado de Primera Instancia o de un Tribunal, cuando menos dos años.

    Art. 91.- A más de los requisitos exigidos en los artículos anteriores, los abogados y procuradores deberán estar inscriptos en el libro de matrícula, y haber prestado juramento ante la Corte Suprema de Justicia. Esta inscripción es de carácter permanente y sólo podrá ser casada o anulada en los casos y en la forma previstos en este Código.

    Art. 92.- En la solicitud de inscripción, el abogado o procurador manifestará bajo juramento que no lo afectan las incompatibilidades previstas por este Código para el ejercicio de la profesión.

    Art. 93.- Cumplidos los requisitos enunciados, la Corte Suprema de Justicia, previo examen de los documentos presentados, concederá o denegará la inscripción dentro de los ocho días. Transcurrido este plazo sin que la Corte se pronuncie se reputará inscripto en la matrícula al profesional. Contra la Resolución denegatoria, que debe ser fundada, corresponderá al recurso de reposición. Concedida la inscripción se fijará días y hora para que el recurrente preste juramento de ley ante el Presidente o un Miembro.

    Art. 94.- La Corte Suprema de Justicia casará o anulará la matrícula del abogado o procurador por mala conducta, faltas graves en el ejercicio de la profesión, incapacidad física o mental inhabilitante debidamente comprobada, o por condena judicial que importe inhabilitación para el ejercicio de la profesión, o por la existencia de alguna de las incompatibilidades previstas en este Código.

    El procedimiento para la casación de la matrícula será establecido por la ley para el enjuiciamiento de magistrados judiciales, sin perjuicio de la suspensión del abogado o procurador en el ejercicio de su profesión durante la substanciación, cuando mediaren presunciones graves.



    Art. 95.- Los abogados y procuradores tienen el derecho de cobrar honorarios por sus servicios profesionales en la forma que determinen las disposiciones legales respectivas.

    Art. 96.- Los abogados y procuradores responderán a sus mandantes de los perjuicios que les causaren por falta, descuido, negligencia o infidelidad en el desempeño de su mandato.

    INCOMPATIBILIDADES

    Art. 97.- El ejercicio de la profesión de abogado o procurador es incompatible con la calidad de funcionario público dependiente del Poder Ejecutivo o Judicial, o miembro de las Fuerzas Armadas y Policiales en servicio activo.

    Esta prohibición no rige:

    a) cuando se trate de asuntos propios o de sus padres, esposas, hijos menores de edad, o personas bajo su tutela o curatela;

    b) para el ejercicio de la docencia; y,

    c) para los asesores jurídicos del Poder Ejecutivo y de entidades autónomas o autárquicas, y para los abogados incorporados al Servicio de la Justicia Militar.

    No podrán matricularse como abogado quienes ejercen la profesión de Notario y Escribano Público.



    Art. 98.- Las incompatibilidades previstas en este Código que afecten a los abogados y procuradores, podrán ser denunciadas al magistrado de la causa por las partes, quien después de oir al afectado elevará la denuncia a la Corte Suprema de Justicia a los efectos que hubiere lugar

    El abogado, finalmente, tiene el deber de convertir la norma jurídica abstracta en concreta, aplicándola a caso singular, dentro de los límites establecidos por principios, intereses y valores consagrados en el sistema de salvaguarda y la defensa de los derechos del hombre.


    BOLILLA 4

    LA NORMACION DEONTOLOGICA DE LA PROFESION FORENSE

    EN EL SISTEMA COLEGIAL: 1. El problema de la codificación de las normas deontológicas. 2. Las normas de la deontología jurídica forense y su naturaleza jurídica. 3. Destinatarios y eficacia de las normas deontológicas. 4. Relaciones entre el ordenamiento jurídico estatal y el extrajurídico profesional. EN EL SISTEMA LEGAL: 5. Los Artículos: 259 de la Constitución Nacional; 27 del COJ; 3º inc. b) de la Ley 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia” Art. 306 del Código Penal en vigor desde el 26 de Noviembre de 1998. 6. El Código Deontológico: posibilidad y conveniencia. 7. Código Internacional de Deontología Forense. 8. El Código Deontológico del COADEM (Colegios de Abogados del MERCOSUR)
    EN EL SISTEMA COLEGIAL

    1. EL PROBLEMA DE LA CODIFICACION DE LA NORMAS DEONTOLOGICAS

    Se discute si es oportuno proceder a la codificación de las normas deontológicas. Este problema se ha tomado en consideración en algunos sectores profesionales. Por lo que respecta a la profesión forense, existen algunas colecciones de principios, reglas y sugerencias en materia deontológica elaboradas separadamente por algún consejo de la orden e incluso por particulares.

    A cargo de algunos Consejos de la Orden forense se han realizado colecciones deontológicas, entre las que podemos citar:


    1. las del Consejo de la Orden de Padua

    2. la de Pistoia

    3. Avezzano

    4. Vibo Valentia

    5. Ferrara

    6. Roma

    7. Bari

    8. Parlemo

    9. Mondoví

    El código deontológico de contenido más amplio es el redactado en 1969 por diez Consejos de la Orden forense en LOMBARDIA.

    También es importante señalar una “colección de normas de comportamiento profesional” sugerida por una comisión de abogados de Milan, que contiene reglas, consejos y sugerencias de carácter práctico referentes al os comportamientos del abogado, expuestos según los principios de la ética forense.

    Existe también un Código Internacional de Deontología Forense aprobado en el congreso de oslo en 1956

    Critica:


    Contra la codificación se ha expuesto que corre el riesgo de cristalizar principios y reglas relativos a comportamientos que exigen, por el contrario, una gran elasticidad de autodeterminación. En efecto, la deontología, si bien esta anclada en las exigencias de la vida profesional, está también directamente unida a la moral usual, la cual es mutable y varía según las circunstancias.

    A favor:


    Tal situación, por otra parte no impide que se puedan determinar unos puntos firmes de referencia a los que adecuar el propio comportamiento según las necesidades del caso

    Crítica:


    Se ha objetado también que al atribuir al ente profesional la obligación de dictar normas en materia deontológica profesional, se corre el riesgo de dar lugar a abusos o lagunas.

    A favor:


    Este problema de técnica jurídica queda resuelto si se tiene presente la exigencia de proceder democráticamente a la formulación de las normas que regulan aspectos nuevos de la vida profesional, mientras que para los demás se ha de seguir el normal procedimiento de verificación.
    2. LAS NORMAS DE LA DEONTOLOGIA JURIDICA FORENSE Y SU NATURALEZA JURIDICA

    El problema de la juridicidad de las normas deontológicas se ha planteado y resuelto de varias maneras



    1. quienes contestan su juridicidad se basan en una observación elemental, al constatar que aquéllas no provienen del Estado, sino del ordenamiento profesional.

    2. Otros, remitiéndose a la intrínseca juridicidad de este último (considerado como institución u ordenamiento jurídico particular) o recurriendo a la teoría del hecho normativo, llegan a conclusiones opuestas.

    Ahora bien, si es cierto que el ordenamiento profesional es una institución en sentido técnico-jurídico, reconocida por el Estado, que en sus leyes hace una remisión expresa a criterios y conceptos de naturaleza deontológica, dejando al ente profesional la tarea de concretarlas para la valoración de los comportamientos del profesional, de ello se deduce que el ente profesional no sólo tiene el poder de enjuiciar y reprimir los comportamientos computados lesivos a sus fines institucionales, sino también el deber de sacar a la luz y hacer públicos, previa verificación, los criterios y normas que presiden tales comportamientos.

    Bajo este aspecto no se puede negar, la intrínseca juridicidad de tales normas, además la juridicidad formal y sustancial según el ordenamiento jurídico general

    En cuanto al intento de clasificación de las normas deontológicas mediante su inserción en las categorías jurídicas tradicionales, es necesario considerarlas en relación al origen. La muy compleja situación hace difícil la catalogación de las normas deontológicas, se podrían incluir en la muy amplia y elástica categoría de las llamadas “REGLAS SOCIALES” o en la igualmente flexible “NORMAS INTERNAS”, o quizás mejor, entre los “REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS”
    3. DESTINATARIOS Y EFICACIA DE LAS NORMAS DEONTOLOGICAS

    Los destinatarios de la normativa deontológica son solamente LOS INSCRIPTOS en el registro profesional.

    Quedan, pues excluidos de ella sus clientes y los abogados egresados no inscriptos.

    La eficacia de tales normas depende, ante todo, de su naturaleza:

    Legal= tiene eficacia general e inderogable a causa de su naturaleza imperativa.

    Profesional= las normas internas dictadas por el ente profesional que, como se ha dicho, limitan su eficacia a los inscriptos en el registro profesional, son coercitivas indirectamente a través de sanciones disciplinarias.

    Consuetudinaria= las normas no escritas, en cuanto que estén consolidadas como costumbres o uso normativo profesional, gozan de la misma coercibilidad.
    4. RELACIONES ENTRE EL ORDENAMIENTO JURIDICO ESTATAL Y EXTRAJURIDICO PROFESIONAL

    El ejercicio de la profesión forense en el Paraguay se encuentra legislado en el capítulo II art. 87 al 96 del COJ (auxiliares de la justicia).

    CAPITULO II: DE LOS ABOGADOS Y PROCURADORES

    Art.87.- Toda persona física capaz puede gestionar personalmente en juicio, bajo patrocinio de abogado, sus propios derechos y los de sus hijos menores, cuya representación tenga. Fuera de estos casos quien quiera comparecer ante los Juzgados y Tribunales de la República debe hacerse representar por procuradores o abogados matriculados.

    Art.88.- Los Jueces y Tribunales no darán curso a los escritos que se presentaren sin cumplir este requisito. Quedan exceptuadas las actuaciones ante la Justicia de Paz y las del recurso de Habeas Corpus, y de Amparo, y otros casos establecidos por leyes especiales.

    Art.89.- Para ejercer la abogacía ante Jueces y Tribunales se requiere:.

    a) título de abogado expedido por una Universidad Nacional, o extranjera debidamente revalidado ; y

    b) mayoría de edad, honorabilidad y buena conducta debidamente justificadas.

    Art.90.- Para ejercer la procuración judicial se requiere título de procurador judicial o notario expedido por una Universidad Nacional o extranjera, debidamente revalidado, o haber estado matriculado con anterioridad a este Código o haber desempeñado con buena conducta el cargo de Secretario de Juzgado de Primera Instancia o de un Tribunal, cuando menos dos años.

    Art.91.- A más de los requisitos exigidos en los artículos anteriores, los abogados y procuradores deberán estar inscriptos en el libro de matrícula, y haber prestado juramento ante la Corte Suprema de Justicia. Esta inscripción es de carácter permanente y sólo podrá ser casada o anulada en los casos y en la forma previstos en este Código.

    Art.92.- En la solicitud de inscripción, el abogado o procurador manifestará bajo juramento que no lo afectan las incompatibilidades previstas por este Código para el ejercicio de la profesión.

    Art.93.- Cumplidos los requisitos enunciados, la Corte Suprema de Justicia, previo examen de los documentos presentados, concederá o denegará la inscripción dentro de los ocho días. Transcurrido este plazo sin que la Corte se pronuncie se reputará inscripto en la matrícula al profesional. Contra la Resolución denegatoria, que debe ser fundada, corresponderá al recurso de reposición. Concedida la inscripción se fijará días y hora para que el recurrente preste juramento de ley ante el Presidente o un Miembro.

    Art.94.- La Corte Suprema de Justicia casará o anulará la matrícula del abogado o procurador por mala conducta, faltas graves en el ejercicio de la profesión, incapacidad física o mental inhabilitante debidamente comprobada, o por condena judicial que importe inhabilitación para el ejercicio de la profesión, o por la existencia de alguna de las incompatibilidades previstas en este Código.

    El procedimiento para la casación de la matrícula será el establecidos por la ley para el enjuiciamiento de magistrados judiciales, sin perjuicio de la suspensión del abogado o procurador en el ejercicio de su profesión durante la substanciación, cuando mediaren presunciones graves.



    Art.95.- Los abogados y procuradores tienen el derecho de cobrar honorarios por sus servicios profesionales en la forma que determinen las disposiciones legales respectivas.

    Art.96.- Los abogados y procuradores responderán a sus mandantes de los perjuicios que les causaren por falta, descuido, negligencia o infidelidad en el desempeño de su mandato.

    La estructura y el funcionamiento de sus respectivos órganos profesionales no están regulados, sino por los ESTATUTOS SOCIALES DE LAS ENTIDADES O ASOCIACIONES GREMIALES DE ABOGADOS.



    La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ejerce la SUPERINTENDENCIA y LA POTESTAD DISCIPLINARIA (art. 232 al 237 COJ)

    Art. 232.- La Corte Suprema de Justicia ejerce superintendencia y potestad disciplinaria sobre todos los Tribunales, Juzgados y demás oficinas del Poder Judicial.

    La Superintendencia comprende las siguientes atribuciones:

    a) dictar los Reglamentos Internos de la Administración de Justicia, para asegurar el orden, disciplina y buen desempeño de los cargos judiciales;

    b) dictar disposiciones para la ordenada tramitación de los juicios y el pronunciamiento de los fallos en los términos de ley;

    c) cumplir y hacer cumplir dichos reglamentos y disposiciones; establecer y aplicar medidas disciplinarias en los casos de infracción;

    d) exigir la remisión de memorias demostrativas del movimiento y otros informes a los Juzgados, Tribunales y oficinas de su dependencia;

    e) otorgar o denegar licencias a los Miembros de los Tribunales, Jueces, Miembros de la Defensa Pública y empleados subalternos; Notarios y Escribanos Públicos; y,

    f) determinar los deberes y atribuciones de los funcionarios y empleados subalternos cuyas funciones no estén establecidos en la ley.



    Art. 233.- La Corte Suprema de Justicia sancionará los actos ofensivos al decoro de la Administración de Justicia, la desobediencia de sus mandatos y la negligencia en el cumplimiento de sus deberes de los Miembros de los Tribunales, Jueces, Defensores y empleados subalternos, imponiéndoles medidas disciplinarias, que podrán consistir en amonestaciones o apercibimiento, en multas hasta treinta jornales mínimo legal para actividades diversas no especificadas en la Capital de la República y suspensión temporaria que no exceda de un mes.

    Art. 234.- Los Tribunales y Juzgados en su respectivo orden jerárquico, podrán sancionar disciplinariamente las mismas faltas. Los Jueces pueden ser pasibles de apercibimiento o multas que no excedan de quince jornales mínimo legal para actividades diversas no especificadas en la Capital de la República, y los empleados subalternos de las mismas sanciones o la de suspensión temporaria aplicada por la Corte Suprema de Justicia.

    Art. 235.- Los Jefes del Ministerio de la Defensa Pública y del Ministerio Pupilar ejercerán la superintendencia directa sobre los funcionarios dependientes de ellos y velarán por el cumplimiento de sus deberes, examinando las quejas que se promuevan contra éstos por inacción o retardo en el ejercicio de sus funciones.

    Podrán apercibirlos y amonestarlos y solicitarán, cuando fuere necesario, sus suspensión temporaria u otras medidas disciplinarias a la Corte Suprema de Justicia.



    Art. 236.- Los Tribunales y Juzgados podrán sancionar con apercibimiento, multas o arrestos las faltas de los litigantes, sus abogados o procuradores u otras personas cometan contra su autoridad o decoro en las audiencias, en los escritos, en el diligenciamiento de sus mandatos u órdenes, o en cualquier otra circunstancia con motivo del ejercicio de sus funciones.

    Las multas no podrán exceder de treinta jornales mínimo legal para actividades diversas no especificadas en la Capital de la República ni el arresto de veinte días. Este último podrá ser domiciliario.

    Los Jueces de Paz podrán aplicar apercibimientos y multas hasta quince jornales mínimo legal para actividades diversas no especificadas en la Capital de la República.

    El importe de las multas será depositado en el Banco Central del Paraguay en una Cuenta Especial abierta a la orden de la Corte Suprema de Justicia, y destinado a mejoras en la administración de justicia.



    Art. 237.- La Policía en la sede del Poder Judicial estará bajo las órdenes de la Corte Suprema de Justicia. Sin perjuicio de ella, cuando los Tribunales y Juzgados funcionaren en otros locales, la Policía de éstos corresponderá al Tribunal o al Juzgado, en su caso.

    5. EN EL SISTEMA LEGAL

    Los Artículos: 259 de la Constitución Nacional

    Artículo 259 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES

    Son deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

    1. ejercer la superintendencia de todos los organismos del Poder Judicial y decidir, en instancia única, los conflictos de jurisdicción y de competencia, conforme con la ley;

    2. dictar su propio reglamento interno. Presentar anualmente, una memoria sobre las gestiones realizadas, el Estado, y las necesidades de la justicia nacional a los Poderes

    Ejecutivo y Legislativo;

    3. conocer y resolver en los recursos ordinarios que la ley determine;

    4. conocer y resolver, en instancia original, los hábeas corpus, sin perjuicio de la competencia de otros jueces o tribunales;

    5. conocer y resolver sobre inconstitucionalidad;

    6. conocer y resolver en el recurso de casación, en la forma y medida que establezca la ley;

    7. suspender preventivamente por sí o a pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mayoría absoluta de votos de sus miembros, en el ejercicio de sus funciones, a magistrados judiciales enjuiciados, hasta tanto se dicte resolución definitiva en el caso;

    8. supervisar los institutos de detención y reclusión;

    9. entender en las contiendas de competencias entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales y entre éstos y los municipios, y

    10. los demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución y las leyes.

    Art. 27 del Código Organización Judicial

    Artículo.27.- La Corte Suprema de Justicia, además de la potestad de juzgar, ejercerá la superintendencia, con poder disciplinario sobre los Tribunales, Juzgados, Auxiliares de la Justicia y las oficinas dependientes del Poder Judicial.

    Ejercerá la facultad de superintendencia a través de los Tribunales de Apelación de las Circunscripciones Judiciales del interior sobre los Juzgados y oficinas existentes en dicha jurisdicción.



    Art. 3º inc. b) de la Ley 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”



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