Delito: Violencia intrafamiliar



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Procesado: FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ

Delito: Violencia intrafamiliar

Radicación # 664406000068 2011 00141 01

Procede: Juzgado Único Promiscuo Municipal de Marsella

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de sentencia absolutoria



Decisión: Confirma fallo opugnado



El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.
TEMAS: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR / DEFINICIÓN DE FAMILIA / UNIDAD DOMÉSTICA / VALORACIÓN PROBATORIA / PRESCRIPCIÓN.
… entre el Procesado y la víctima integraban una familia, como consecuencia de la unidad familiar y la unidad doméstica habida entre Ellos, si nos atenemos a lo regulado en el artículo 2º, ordinal C, de la Ley 294 de 1.996, la cual es del siguiente tenor:
“Artículo 2º. La familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
“Para los efectos de la presente Ley, integran la familia:
“ a) …
“b) El padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar;
“c) Los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos….” (…)
… si a lo dicho con antelación le adicionamos que los hechos ocurrieron el 14 de febrero del 2.011, y que la audiencia de formulación de la imputación se celebró el 24 de febrero del 2.015, ello quiere decir que cuando tuvo ocurrencia ese acto procesal ya se encontraba extinta la acción penal como consecuencia del fenómeno de la prescripción… acorde con lo regulado en el artículo 292 C.P.P. (…)
Por ende, para la Sala no existe duda alguna que para la fecha en la que se formuló la imputación, acorde con las calendas en las que ocurrieron los hechos, ya se encontraba ampliamente superado el termino máximo de tres años con el que contaba el Estado, por intermedio del Ente Acusador, para hacer uso de la potestad punitiva que le asistía mediante el empleo de la acción penal.


REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA

SALA DE DECISIÓN PENAL
SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA
M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Aprobado mediante acta # 1009 del 13 de noviembre de 2.018. H:02:40 p.m.
Pereira, catorce (14) de Noviembre dos mil dieciocho (2018).

Hora: 09:04 a.m.


Procesado: FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ

Delito: Violencia intrafamiliar

Radicación # 664406000068 2011 00141 01

Procede: Juzgado Único Promiscuo Municipal de Marsella

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de sentencia absolutoria

Decisión: Confirma fallo opugnado


VISTOS:
Procede la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de la sentencia absolutoria proferida en las calendas del 28 de Septiembre de 2.018 por parte del Juzgado Único Promiscuo Municipal de Marsella, con funciones de Conocimiento, dentro del proceso adelantado en contra de FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ, quien fue llamado a juicio por incurrir en la presunta comisión del delito de Violencia intrafamiliar agravada.
ANTECEDENTES:
Los hechos que concitan la atención de la Judicatura fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes gracias a una denuncia penal deprecada por la Sra. LIBIA RAMÍREZ (Q.E.P.D)1, en la que sindicaba a su hijo FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ de haberla maltratado, tanto física como psicológicamente, como consecuencia de unos constantes malos tratos que le prodigaba, en los cuales la irrespetaba con insultos, improperios y palabras soeces.
Adujo la denunciante que ella residía en la segunda planta de un inmueble ubicado en la Cr. 8ª # 17-31, barrio “La Estrada”, del municipio de Marsella, y que su hijo vivía en la 1ª planta del inmueble de marras. Pero como consecuencia de unos viejos problemas de convivencia que había tenido con su prole, a eso de las 13:30 horas del 14 de mayo de 2.011, hizo acto de presencia en su domicilio FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ en compañía de un supuesto técnico, quien vociferando le exigía que lo dejara entrar, que le abriera la puerta para proceder a quitarle o suprimirle los servicios de energía eléctrica.
Como quiera que ella se negó a abrirle la puerta, expuso que se transó en un forcejeo durante el cual FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ le dio un fuerte empellón a la puerta, la que a su vez la golpeó en la frente y la lanzó al piso.
Al ser remitida la agraviada al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), se le dictaminó un periodo de incapacidad médico-legal de 15 días, debido a que en la región frontal izquierda presentaba una equimosis leve violácea.
SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL:


  1. Las audiencias preliminares se llevaron a cabo el día 24 de febrero de 2.015 ante el Juzgado 2º Penal Municipal de esta localidad, con Funciones de Control de Garantías, en las cuales al entonces indiciado FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ, se le endilgaron cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de violencia intrafamiliar agravada, cargos que no fueron aceptados por el acriminado.




  1. El 6 de abril de 2.015, la Fiscalía presentó el escrito de acusación, correspondiéndole el conocimiento de la actuación al Juzgado Único Promiscuo Municipal de Marsella, con funciones de Conocimiento, ante el cual el 21 de abril de 2.015 se llevó a cabo la audiencia de acusación, en la que al procesado FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ se le endilgaron cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de violencia intrafamiliar agravado, tipificado en el inciso 2º del artículo 229 C.P. Posteriormente, la audiencia preparatoria se realizó en vistas celebradas los días: 11 de junio, 15 de julio y 28 de julio de 2.015. Mientras que el juicio oral se efectuó en audiencias llevadas a cabo los días: 21 y 22 de septiembre de 2.016; 13 de julio y 29 de agosto de 2.018. Luego de haber sido anunciado el sentido del fallo, el cual resultó ser de carácter absolutorio, se profirió la sentencia el 28 de septiembre de 2.018, en contra de la cual se alzaron la representante de la Fiscalía como el apoderado de la víctima, pero solo el primero de los aludidos en su debida oportunidad sustentó la alzada.


LA SENTENCIA OPUGNADA:
Como ya se dijo, se trata de la sentencia proferida por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Marsella, con funciones de Conocimiento, en las calendas del 28 de septiembre hogaño, en la que se decidió absolver al procesado FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ de los cargos por los cuales fue acusado por parte de la Fiscalía General de la Nación, relacionados con incurrir en la presunta comisión del delito de violencia intrafamiliar agravada.
Los argumentos esgrimidos por el Juzgado A quo para exonerar de responsabilidad al encausado, se basaron en establecer que la Fiscalía, con las pruebas allegadas al juicio, no pudo desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al acusado, y ante las incertidumbres que emanaban de esas pruebas, se imponía absolver al Procesado FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ acorde con los postulados del principio del in dubio pro reo.
Para poder llegar a la anterior conclusión, vemos que en la sentencia confutada se invocaron los siguientes argumentos:


  1. En el proceso, como consecuencia de las estipulaciones probatorias, se debe tener como probado las relaciones de parentesco y de consanguinidad habidas entre la Sra. LIBIA RAMÍREZ y el procesado FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ. De igual forma se debía tener como probado el deceso de la Sra. LIBIA RAMÍREZ, quien falleció el 31 de julio de 2.014.




  1. Con la pericia rendida por la médico forense, LUZ MARINA SALAZAR, se demostró que la víctima sufrió una lesión en su integridad corporal, que le generó un período de incapacidad médico-legal de 15 días.




  1. Pese a lo dicho por los testimonios de la Fiscalía, MARÍA AIDÉ TORO, MARÍA PIEDAD TORO y JUAN PABLO ÁLZATE, al confrontar esas pruebas con los medios de conocimientos llevados por la Defensa, en especial con el testimonio rendido por JOHN HUMBERTO GÓMEZ, quien era el electricista que acompañaba al Procesado FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ cuando fueron a suprimir el servicio de energía eléctrica en la residencia de la agraviada, se tiene que la Sra. LIBIA RAMÍREZ fue quien se molestó al reaccionar violentamente, sin que FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ hiciera nada al respecto.




  1. Con el testimonio de los parientes de la ofendida que declararon en favor del Procesado FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ, se desprende que la quejosa se caracterizó por ser una persona generadora de violencias psicológicas y verbales en su núcleo familiar, de las cuales, en muchas de las ocasiones, el destinatario era FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ.




  1. Acorde con lo atestado por el psicólogo GERMÁN ANDRÉS LAZO, se puede colegir que los dichos de la víctima no ameritaban credibilidad debido a que la misma, según el perito, presentaba una tendencia hacia la victimización.




  1. De las pruebas de cargo, en momento alguno fue posible comprobar de manera indubitable como: a) Ocurrieron los hechos; b) Resultó lesionada la Sra. LIBIA RAMÍREZ, ni c) Que el Procesado haya sido la persona que la golpeó con la puerta cuando la empujó.


LA ALZADA:
Las razones por las cuales la Fiscal recurrente discrepa del contenido de la sentencia opugnada, se basan en proponer la tesis consistente en que en el proceso si existían pruebas más que suficientes con las cuales se lograba desvirtuar la presunción de inocencia del Procesado, pero que esas pruebas no fueron apreciadas en debida forma por parte del Juzgado A quo, el cual efectuó un análisis sesgado del acervo probatorio, en el que le dio mayor relevancia a las pruebas de la Defensa en detrimento de la credibilidad que merecían las pruebas de la Fiscalía.
Para demostrar las tesis de su discrepancia, la recurrente expuso los siguientes argumentos:


  • Con el registro civil de nacimiento se demostró la relación de consanguinidad habida entre víctima y victimario, quienes eran madre e hijo.




  • Con lo atestado por la perito médico LUZ MARÍA ORTIZ, se demostró que la ofendida sufrió una lesión en su integridad corporal, ocasionada con un objeto contundente, de la cual le dictaminaron una incapacidad médico-legal de 15 días.




  • Con las pruebas aducidas al proceso, se demostró la animadversión, el maltrato y la hostilidad que el Procesado le prodigaba a su señora madre, tanto es así que le suprimió los servicios de gas y energía eléctrica, y ni siquiera acudió al funeral de la autora de sus días.




  • Acorde con lo dicho por la víctima en la denuncia, la cual ingresó al proceso como prueba de referencia, se demostró la manera como el Procesado la irrespetaba, la ultrajaba y la maltrataba por las vías de hecho y de palabras, como sucedió el día en el que en compañía de un técnico fue a suprimirle el servicio de energía eléctrica.




  • No existía duda alguna que el Procesado estuvo en el sitio de los hechos, y que su presencia en dicho lugar tenía como propósito el de suprimirle a su madre el servicio de la energía eléctrica.




  • El testimonio rendido por el perito GERMÁN ANDRÉS LAZO, debió ser apreciado con beneficio de inventario, debido a que las opiniones y conceptos dados por ese psicólogo tenían que ver con hechos que antecedieron a los denunciados por la víctima.

Con base en los anteriores argumentos, el recurrente solicita la revocatoria de la sentencia opugnada.


LAS REPLICAS:
La Defensa, al actuar como no recurrente, solicitó que se confirme el fallo de primer nivel en aplicación del principio “in dubio pro reo”, porque de las pruebas que allegó la Fiscalía al juicio solo manaban inconsistencias e incertidumbres frente a lo acontecido y el compromiso penal que el Ente Acusador endilgó en contra del Procesado.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:
- Competencia:
Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una sentencia de 1ª instancia proferida por un Juzgado Promiscuo Municipal que hace parte de uno de los Circuitos que integran este Distrito Judicial.
De igual forma no se avizora mácula que de alguna u otra forma haya generado una irregularidad sustancial que incida para que la Colegiatura de oficio proceda a decretar la nulidad de la actuación procesal.
- Problema jurídico:
Del contenido de los argumentos expuestos tanto por la recurrente como por la no recurrente, en sus respectivos escritos, a juicio de la Sala, se desprende el siguiente problema jurídico:
¿Incurrió el Juzgado A quo en algún tipo de error al momento de la valoración del acervo probatorio que le impidió darse cuenta que con las pruebas aducidas al juicio por parte del Ente
Acusador, sí se satisfacían con los requisitos exigidos por el artículo 381 C.P.P. para poder proferir un fallo condenatorio en contra del Procesado FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ por incurrir en la comisión del delito de violencia intrafamiliar agravada?
- Solución:
Como quiera que frente a lo resuelto y decidido en el fallo de primera instancia, se tiene que el eje central sobre el cual versa la tesis de la inconformidad expresada por la recurrente, gira en torno a cuestionar la valoración del acervo probatorio, la cual ha sido catalogada por la apelante como de errada y sesgada, porque en su sentir se le dio mayor relevancia a las pruebas de descargos que a las de la Fiscalía, con las cuales, según la recurrente satisfacían con el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 381 C.P.P. para poder proferir un fallo de condena en contra del acusado FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ, se hace necesario por parte de la Colegiatura hacer un análisis y una posterior apreciación del acervo probatorio, para de esa forma poder determinar si le asiste o no la razón a los reproches formulados por la apelante o si por el contrario el Juzgado A quo estuvo atinado en la valoración del caudal probatorio aducido al proceso.
De conformidad con lo anterior, como punto de partida, al efectuar un análisis de las pruebas allegadas al proceso, la Sala tendrá como hechos que se encuentran debidamente acreditados en la actuación procesal los siguientes:


  • Del contenido de los documentos que fueron estipulados por las partes, en la actuación se encuentra plenamente demostrada la relación de parentesco, de madre e hijo, habida entre la denunciante LIBIA RAMÍREZ (Q.E.P.D), y el Procesado FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ.




  • De igual forma, de todas las pruebas que se allegaron al juicio, se desprende la existencia de una especie de «unidad doméstica» habida entre el Procesado FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ y la Sra. LIBIA RAMÍREZ (Q.E.P.D), debido a que ambos residían en el mismo inmueble, pero es menester hacer la salvedad consistente en que mientras que el acusado estaba domiciliado en la 1ª planta con las personas que integraban su núcleo familiar, a su vez la quejosa residía en la 2ª planta de ese inmueble en compañía de unos hermanos discapacitados, los cuales habían sido declarados como interdictos.




  • No existe duda alguna que no era la mejor ni la ideal la relación familiar habida entre la Sra. LIBIA RAMÍREZ (Q.E.P.D), y su hijo el ahora Procesado FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ, porque entre Ellos existían serios problemas de convivencia generados por una serie de desavenencias y de conflictos, cuyas fuentes, entre otras, según nos lo enseña la realidad probatoria, tenían que ver con: a) La estadía y la manera de como el Procesado llegó a residir en ese inmueble; b) Las supuestas pretensiones del acusado de querer apropiarse del inmueble en donde residía; c) Los resentimientos que afligían al acusado por la manera como la Sra. LIBIA RAMÍREZ lo trató en su infancia; d) El acaparador cuidado que el acusado le dispensaba al padre de la Sra. LIBIA RAMÍREZ, o sea a su abuelo; e) La oposición del Procesado para que trasladaran a los interdictos hacia otro lugar; d) El pago de una cuota alimentaria que una Comisaría de Familia le impuso al Procesado, etc…




  • Está demostrado tanto con las pruebas de cargo como de descargos que en horas del mediodía del 14 de mayo de 2.011 tuvo ocurrencia un altercado, o más bien una especie de rifirrafe, entre la quejosa LIBIA RAMÍREZ y el Procesado FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ, generado porque este último acudió a un electricista, para de esa forma suprimirle el servicio de energía eléctrica que alimentaba una de las habitaciones del inmueble en el cual residía la denunciante, lo que suscitó una reacción virulenta por parte de la Sra. LIBIA RAMÍREZ, quien procedió a insultar y a reprochar el comportamiento de su hijo.

A lo anterior se le debe aunar que días antes el ahora Procesado FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ también hizo lo mismo con el servicio de gas domiciliario.




  • Según se desprende de las pruebas allegadas al proceso, en especial de los testimonios rendidos por las Sras. MARÍA AYDEÉ y MARÍA PIEDAD TORO RAMÍREZ, las razones por las cuales el Sr. FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ decidió suprimirle a su señora madre LIBIA RAMÍREZ los servicios de gas y electricidad, se debieron a una retaliación del ahora Procesado, porque la autora de sus días había decidido acudir a una Comisaría de Familia para que le fijaran una cuota alimentaria2.




  • Según el testimonio de la médico LUZ MARINA ORTIZ SALAZAR, en su calidad de funcionaria del INMLCF, a la Sra. LIBIA RAMÍREZ se le dictaminó un período de incapacidad médico-legal de 15 días, debido a que en la región frontal izquierda presentaba una equimosis leve violácea, ocasionada por un objeto contundente.

De lo antes expuesto, se puede decir que en un principio para la Sala no existe duda alguna que entre el Procesado y la víctima integraban una familia, como consecuencia de la unidad familiar y la unidad doméstica habida entre Ellos, si nos atenemos a lo regulado en el artículo 2º, ordinal C, de la Ley 294 de 1.996, la cual es del siguiente tenor:


“Artículo 2º. La familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
Para los efectos de la presente Ley, integran la familia:
(::::)
b) El padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar;
c) Los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos…..”.
d) Todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica…..”.
Por lo tanto, al no existir duda alguna que en el proceso se allegaron pruebas con las cuales se acreditaban los anteriores hechos relevantes, los que tendría que ver con uno de los supuestos necesarios para la adecuación típica del delito de violencia intrafamiliar, como lo es la unidad familiar o la unidad doméstica que debe existir entre el sujeto agente y la víctima, el tópico que nos quedaría por esclarecer, en el cual se cierne la inconformidad expresada por la apelante, es si en el proceso estaba plenamente demostrado, más allá de toda duda razonable, que las lesiones que le fueron dictaminadas a la Sra. LIBIA RAMÍREZ por parte del INMLCF fueron producto de un acto de violencia doméstica o intrafamiliar perpetrada por parte del acusado FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ, quien la golpeó con la puerta de una habitación, en el momento en el que intentaba penetrar al domicilio de la agraviada con la malsana intención de suprimirle el servicio de energía eléctrica.
Acorde con lo anterior, para la Sala no existe duda alguna que la Fiscalía sustentó su inconformidad al proponer la tesis consistente en que en el fallo confutado no se apreciaron en debida forma los testimonios rendidos por JUAN PABLO ALZATE y las Sras. MARÍA AYDEÉ y MARÍA PIEDAD TORO RAMÍREZ, así como lo que la víctima LIBIA RAMÍREZ adujo en una denuncia que se allegó al proceso como prueba de referencia admisible, con los cuales, en sentir del apelante, se demostró de manera fehaciente que el Procesado FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ, en el devenir de un episodio de violencia intrafamiliar, golpeó a la autora de sus días con una puerta de una habitación durante un forcejeo que sostuvo con la agraviaba, quien le impedía que accediera a su domicilio debido a que el acusado le iba a cortar el servicio de energía eléctrica.
Pero al hacer un análisis de las pruebas de cargo supuestamente mal apreciadas por el Juzgado A quo, la Sala es de la opinión que los yerros denunciados por la apelante no tuvieron ocurrencia debido a que si bien es cierto que las declaraciones dadas por la Sra. LIBIA RAMÍREZ en la denuncia que impetró en contra del ahora Procesado FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ debían ser apreciadas como una prueba de referencia admisible, acorde con la hipótesis del fallecimiento del testigo consignada en el ordinal d del artículo 438 C.P.P. De igual forma, se debe tener en cuenta que dicha prueba de referencia por sí misma no era suficiente como para poder edificar en contra del acusado un juicio de responsabilidad criminal, en atención a que ese tipo de pruebas contrarían varios de los principios más básicos que rigen al sistema penal acusatorio y al derecho probatorio, entre ellos los principios de contradicción, inmediación, confrontación y publicidad3. Por ello es que se tiene por establecido que en aquellos eventos en los cuales la prueba de referencia sea considerada como admisible, su poder suasorio o de convicción debe ser catalogado o apreciado como ínfimo o precario, siendo esa la razón por la que en el inciso 2º del artículo 381 C.P.P. se consagró una especie de tarifa probatoria negativa, en virtud de la cual no es posible dictar un fallo de condena cimentado únicamente en pruebas de referencia admisibles.
Pese a lo anterior, la Sala no puede desconocer, como bien lo ha establecido la línea jurisprudencial trazada por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia4, acorde con lo que se ha denominado como “prueba de corroboración periférica” 5, que en aquellos eventos en los cuales la prueba de referencia no se encuentre huérfana y más por el contrario esté acompañada de otros medios probatorios, ya sean estos de naturaleza directa o indirecta, que ratifiquen o abonen lo dicho en una prueba de referencia, con tales medios de conocimiento, en caso que tengan la suficiente contundencia o la relevancia como para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, válidamente si se podría proferir un fallo de condena.
Acorde con lo anterior, se podría decir que los dichos de referencia de la agraviada en la actuación se encuentran corroborados por los testimonios rendidos por los Sres. JUAN PABLO ÁLZATE y las Sras. MARÍA AYDEÉ y MARÍA PIEDAD TORO RAMÍREZ, pero al hacer un análisis de esas pruebas, la Sala encuentra que ello no es así por lo siguiente:


  • Los testigos JUAN PABLO ALZATE y MARÍA PIEDAD TORO RAMÍREZ, si bien aseguran que cuando ocurrieron los hechos se encontraban en la residencia de la víctima, debido a que respectivamente uno de ellos se estaba bañando y el otro cosiendo una prenda de vestir. De igual manera aducen que en momento alguno presenciaron el momento en el que el Procesado se transó en un forcejo con la agraviada para ingresar a su residencia, porque lo único que adveraron es que oyeron un estruendo y sintieron como la ofendida se quejaba, y cuando fueron a ver lo que pasaba la encontraron tendida en el suelo y aporreada en el rostro.

De igual manera los testigos son uniformes en afirmar que cuando interrogaron a la quejosa por lo que le había sucedido, Ella les narró el episodio respecto a que FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ la golpeó con la puerta cuando pretendía impedir que ese personaje ingresara a su domicilio.




  • Los dichos de la Sra. MARÍA AYDEÉ TORO RAMÍREZ son similares a lo declarado por los Sres. JUAN PABLO ALZATE y MARÍA PIEDAD TORO RAMÍREZ, puesto que advera que ese día estaba en la casa de su mamá porque su hermana que es modista le estaba cosiendo una blusa, cuando oyeron los gritos de la autora de sus días quien se había caído al suelo. Razón por la que salieron a auxiliarla, y ahí fue cuando la Sra. LIBIA RAMÍREZ les dijo que el golpe que tenía en la frente se lo había propinado FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ con la puerta cuando bregaba con Él para que no ingresara a su residencia a cortarle el servicio de luz.

Asimismo, esta testigo adveró haber visto, desde la pieza de la sala que da con las escaleras, el preciso momento en el que FIDEL ANTONIO TORO, después de transarse en un forcejeo, empujaba la puerta con la cual golpeó a la Sra. LIBIA RAMÍREZ6.


Pero para la Sala, lo atestado en tales términos por parte de la Sra. MARÍA AYDEÉ TORO RAMÍREZ no es digno de credibilidad, debido a que no es posible que haya presenciado dicho acontecer, si tenemos en cuenta que lo que determinó que Ellas fueran a ver lo que pasaba es el haber sentido cuando su madre cayó al suelo y pedía auxilio, por lo que acorde con el relato dado por todos los testigos de cargo, en momento alguno pudieron haberse dado cuenta de lo que ocurrió con antelación, o sea las causas o motivos por las cuales la Sra. LIBIA RAMÍREZ cayó al suelo y resultó aporreada en el rostro, porque cuando Ellos llegaron al teatro de los acontecimientos todo estaba consumado.
Es más, para la Sala los dichos en tal sentido por parte la Sra. MARÍA AYDEÉ TORO RAMÍREZ, pueden ser producto de una falacia generada como consecuencia de los sentimientos de odio y de animadversión que le profesa a su hermano FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ, si partimos de la base que del contenido de su declaración a leguas se nota la inquina que siente por su fraterno.
Por otra parte, si confrontamos las atestaciones de los Sres. JUAN PABLO ALZATE; MARÍA AYDEÉ TORO RAMÍREZ; MARÍA PIEDAD TORO RAMÍREZ y LIBIA RAMÍREZ con las pruebas allegadas por la Defensa, es factible llegar a conclusiones similares a la que llegó el Juzgado A quo en el fallo opugnado, en atención a que con dichas pruebas prácticamente se dinamitó o se puso en tela de juicio la credibilidad que emanaría de lo declarado por la ofendida, tanto en la denuncia como lo que le dijo sus hijas, respecto que a el Procesado FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ fue la persona quien la golpeó con la puerta, si nos atenemos a lo siguiente:


  • Según lo atestado por los Sres. JOHN HUMBERTO GÓMEZ TORO; LUZ ESTELA TORO; MARÍA LIGIA OSORIO OSPINA y HORACIO OCHOA ALZATE, se desprende que efectivamente el día de los hechos el Procesado FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ fue en compañía de un técnico electricista, JOHN HUMBERTO GÓMEZ, con la finalidad de suprimirle el servicio de energía eléctrica a una de las habitaciones de la 2ª planta del inmueble habitado por la Sra. LIBIA RAMÍREZ, pero que solamente ingresaron al primer piso en un sitio ubicado detrás de la puerta en donde el electricista procedió a llevar a cabo esa labor, y que una vez que el servicio de energía eléctrica fue suprimido, desde la segunda planta salió la Sra. LIBIA RAMÍREZ, quien procedió a formular una serie de insultos y de improperios en contra de FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ, quien ante los mismos prácticamente no hizo nada.

Del contenido de las anteriores declaraciones, se desprende que en momento alguno el Sr. FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ sostuvo un forcejo en la puerta de la vivienda con la autora de sus días, quien pretendía obstaculizarle su acceso, ni que como consecuencia de esa lucha haya golpeado a su madre con la puerta, y más por el contrario lo único que se tiene es que ingresó normalmente a ese sitio en compañía del electricista, puesto que tenía llaves, y una vez que el técnico cortó la energía eléctrica, ahí fue cuando hizo acto de presencia la Sra. LIBIA RAMÍREZ, para, desde la 2ª planta del inmueble, proceder a insultar a su hijo por lo que había hecho.


Incluso, de lo atestado por estos testigos de descargos se desprende que los Sres. JUAN PABLO ÁLZATE; MARÍA AYDEÉ TORO RAMÍREZ y MARÍA PIEDAD TORO RAMÍREZ no se encontraban en ese momento en el sitio de los hechos, debido a que no fueron vistos por nadie a partir del momento en el que la Sra. LIBIA RAMÍREZ de manera desaforada insultaba a FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ, lo cual, por simple y mera lógica, era de esperarse que sucediera ante semejante espectáculo protagonizado por la ofendida en el evento de ser cierto que esos testigos estuvieran en dicho lugar cuando tuvieron ocurrencia los hechos.


  • Acorde con lo declarado por el psicólogo GERMÁN ANDRÉS LAZO CASTAÑO, quien en agosto 27 de 2.010 le rindió un informe de atención psicológica a la Comisaría de Familia del municipio de Marsella, en la cual se tramitaba una actuación administrativa de medidas de protección como consecuencia de una denuncia que por violencia doméstica la Sra. LIBIA RAMÍREZ había instaurado en contra de LUZ ESTELA TORO y FIDEL ANTONIO TORO, dicho psicólogo llegó a la conclusión consistente en que no se le podía dar plena seguridad al relato de la Sra. LIBIA RAMÍREZ, porque Ella padecía de una tendencia hacia la victimización, o sea el hacerse figurar como víctima, generada como consecuencia de la creencia de que sus allegados le querían hacer daño, pretendiendo despojarla de sus bienes o expulsarla de su vivienda.

Por lo tanto, acorde con el anterior análisis que hemos efectuado del acervo probatorio, para la Colegiatura no existe duda alguna que se encontraban en tela de juicio los señalamientos que la Sra. LIBIA RAMÍREZ le hizo a los Sres. JUAN PABLO ÁLZATE; MARÍA AYDEÉ TORO RAMÍREZ y MARÍA PIEDAD TORO RAMÍREZ, respecto a que el Procesado FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ fue la persona que la golpeó con la puerta de la casa, cuando Ella se transó en un frustrado forcejeo que tenía como propósito obstaculizar que accediera a su vivienda, para así impedir que le cortara el servicio de energía eléctrica.


Por otra parte, en el remoto de los eventos en los cuales se diga que se le deba conceder credibilidad a las declaraciones extraprocesales de la Sra. LIBIA RAMÍREZ, supuestamente corroboradas con las atestaciones de la Sra. MARÍA AYDEÉ TORO RAMÍREZ, respecto a que efectivamente el Procesado FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ fue la persona quien agredió a la Sra. LIBIA RAMÍREZ, la Sala es de la opinión que en tales circunstancias el comportamiento endilgado al Procesado de marras no se adecuaría típicamente al delito de violencia intrafamiliar, porque si nos atenemos a lo que supuestamente demostrarían esas pruebas, se tiene que lo acontecido ocurrió como consecuencia de un forcejeo que acaeció en una puerta, la que golpeó en el rostro a la agraviada, en el que está última pretendía obstaculizar el acceso a su domicilio del acusado, para que de esa forma no le cortara el servicio de energía eléctrica.
De lo antes expuesto, se desprende que el Procesado FIDEL ANTONIO TORO en momento alguno quiso o pretendió golpear con la puerta a la autora de sus días, lo cual fue un resultado colateral que pudo haber previsto y que no pudo evitar, que bien vendría siendo algo propio de la culpa con representación, puesto que es obvio que era de esperarse que una persona en la plenitud de sus condiciones físicas, como en las que se encontraba el Procesado, superara la resistencia que le ofreciera una anciana.
Luego, si a lo anterior le sumamos que el delito de violencia intrafamiliar, es un delito subsidiario o residual que no admite la modalidad culposa, entonces se podría colegir, de ser válida la anterior hipótesis, que el presente asunto nos encontraríamos en presencia de un delito de lesiones personales culposas tipificado en el artículo 120 C.P. en consonancia punitiva con el inciso 1º del articulo 112 C.P. el cual estaría sancionado con una pena de 3,2 a 9 meses de prisión.
Ahora, si a lo dicho con antelación le adicionamos que los hechos ocurrieron el 14 de febrero del 2.011, y que la audiencia de formulación de la imputación se celebró el 24 de febrero del 2.015, ello quiere decir que cuando tuvo ocurrencia ese acto procesal ya se encontraba extinta la acción penal como consecuencia del fenómeno de la prescripción, si partimos de la base consistente en que acorde con lo regulado en el artículo 292 C.P.P. se tiene que:
La prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la imputación.
Producida la interrupción del término prescriptivo, este comenzará a correr de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal. En este evento no podrá ser inferior a tres (3) años…..”.
Por ende, para la Sala no existe duda alguna que para la fecha en la que se formuló la imputación, acorde con las calendas en las que ocurrieron los hechos, ya se encontraba ampliamente superado el termino máximo de tres años con el que contaba el Estado, por intermedio del Ente Acusador, para hacer uso de la potestad punitiva que le asistía mediante el empleo de la acción penal.
En suma, la Sala es de la opinión que el Juzgado A quo no incurrió en los yerros de apreciación probatoria denunciados por la apelante, por lo que ante el estado de dudas e incertidumbres que manaban de las pruebas de cargo no era posible poder proferir un fallo de condena en contra del Procesado FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ, quien en consecuencia debía ser merecedor de los postulados del in dubio pro reo, por lo siguiente:


  • La única prueba de cargo habida en contra del acusado, vendría siendo el contenido de una prueba de referencia admisible, como lo son los señalamientos que la Sra. LIBIA RAMÍREZ hizo en la denuncia que instauró en contra del Procesado.




  • Lo consignado en dicha prueba de referencia no se encuentra corroborado por ninguna de las pruebas allegadas al proceso, ni siquiera con las atestaciones de la Sra. MARÍA AYDEÉ TORO RAMÍREZ, ya que no son creíbles las incriminaciones que hizo en contra del Procesado, las cuales bien pueden ser una consecuencia de la inquina y de la animadversión que le profesa.




  • En el proceso existían pruebas que desvirtuaban e infirmaban que las cosas hayan podido suceder de la manera como la Sra. LIBIA RAMÍREZ se lo hizo saber a los Sres. JUAN PABLO ÁLZATE; MARÍA AYDEÉ TORO RAMÍREZ y MARÍA PIEDAD TORO RAMÍREZ, y más por el contrario, tal versión bien pudo ser producto del síndrome que la aquejaba de querer figurar como víctima.




  • En el remoto de los eventos que se tome como valido que con las pruebas habidas en el proceso se demostraba que el Procesado FIDEL ANTONIO TORO golpeó con la puerta a la autora de sus días, dicho acontecer no se adecuaría típicamente en un delito de violencia intrafamiliar, sino en un reato de lesiones personales culposas, el cual se encontraba prescrito cuando la Fiscalía le imputó cargos al Procesado de marras.

Siendo así las cosas, al no asistirle la razón a la tesis de la discrepancia propuesta por el apelante, a la Sala no le queda otra opción diferente que la de confirmar el fallo confutado.


Finalmente, la Sala no puede desconocer que en contra del fallo opugnado también se alzó el apoderado de las víctimas, quien no sustentó el recurso de apelación, y en consecuencia, acorde con lo consignado en el artículo 179A C.P.P. dicho recurso será declarado desierto.

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,


RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia absolutoria proferida en las calendas del 28 de Septiembre del 2.018 por parte del Juzgado Único Promiscuo Municipal de Marsella, con funciones de Conocimiento, dentro del proceso adelantado en contra de FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ, quien fue llamado a juicio por incurrir en la presunta comisión del delito de Violencia intrafamiliar agravada.
SEGUNDO: DECLARAR desierto el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de las víctimas en contra de la aludida sentencia absolutoria adiada el 28 de Septiembre del 2.018, proferida por parte del Juzgado Único Promiscuo Municipal de Marsella. En contra de esta determinación solo procede el recurso de reposición.
TERCERO: DECLARAR que en contra del presente fallo de 2ª instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los términos de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Magistrado


JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE

Magistrado




JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ

Magistrado



1 Según un certificado de defunción, el cual fue estipulado por las partes, la Sra. LIBIA RAMÍREZ falleció el 31 de julio del 2.014.

2 Es de anotar que quien fungía como titular de esos servicios públicos domiciliarios era el Sr. FIDEL ANTONIO TORO RAMÍREZ.

3 Artículo 8º, ordinales J y K, 16 y 18 C.P.P.

4 Ver entre otras: Sentencia del 30 de marzo de 2006. Rad. # 24468; Sentencia del 6 de marzo de 2.008. Rad. # 27477; Sentencia del 21 de septiembre de 2011. Rad. # 36023; Providencia del 4 de junio 2013. Rad. # 40893.

5 Teoría que ha sido desarrollada, entre otras, en las siguientes decisiones: Providencia del junio 4 de 2013. Rad. # 40893; Sentencia del 4 de mayo de 2016. SP5798-2016. Rad. # 41667.

6 Registro # 01:3315 y ss.

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