Defensor del pueblo andaluz


Medidas de fomento del autoempleo



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Empleo

  1. Medidas de fomento del autoempleo.


Las distintas líneas de ayudas e incentivos a la promoción del autoempleo y ayudas a la creación de empresas han dado lugar a convocatorias a las que han acudido un elevado número de solicitudes y sus correspondientes expedientes administrativos que, en su tramitación y resolución, han sido objeto de distintas incidencias (demoras, falta de información, etc.), dando lugar a reclamaciones planteadas por los afectados en las instancias administrativas y ante esta Institución.

Un buen ejemplo ilustrativo de lo anterior lo tenemos en la queja 09/2067, referida a un conjunto de quejas con idéntico planteamiento relativa a demoras en la tramitación y resolución de los expedientes concernientes a las ayudas enmarcadas en el programa denominado “Plan Mas Autónomos” (Decreto 175/2006, de 10 de Octubre y Orden de 15 de Marzo de 2007 por las que se regula el plan y las bases de la convocatoria relativas al Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía).

En el planteamiento de todas ellas es una constante la referencia a la defraudación de las legítimas expectativas y a la confianza en las instituciones de la ciudadanía que había acudido a dichas convocatorias como consecuencia de su interés en iniciar o proseguir una actividad empresarial contando con la previsible ayuda pública que las mismas promovían, máxime en el contexto de crisis económica en que se desenvolvían estas iniciativas.

En los relatos que nos acompañan estas quejas se hace una expresa referencia a los distintos peregrinajes administrativos por los que se han visto afectados estos expedientes, pasando los expedientes de una Consejería a otra, así como cambio en las entidades colaboradoras en la instrucción, presentación de múltiples documentos, dificultades de obtener información telefónica sobre el estado de situación de los expedientes y un sin fin de gastos, molestias e incertidumbres a lo largo del dilatado discurrir administrativo, que finalmente se ve truncado mayoritariamente con una tardía resolución denegatoria fundamentada en la lacónica referencia al carácter limitativo de las dotaciones presupuestarias.

Buen ejemplo de lo dicho se resume en el repetitivo informe administrativo que se nos remite con ocasión de esta quejas en las que se expresa lo siguiente:

En virtud del artículo 30.1 de la Ley 30/2004 (...) las normas reguladoras de las subvenciones deberán contener la especificación de que la concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes.



(...) Por Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de Abril, se transfieren las competencias en materia de autoempleo a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Mediante Decreto del Presidente 3/2009, de 23 de Abril, se vuelven a transferir de nuevo las competencias en esta materia a la Consejería de Empleo.

Analizado el expediente en su totalidad se ha procedido a denegar por falta de dotación presupuestaria el expediente de referencia con fecha (...) en base a los artículos anteriormente mencionados.”

Dos son las cuestiones que sobresalen en la tramitación y resolución de estos expedientes, que son los que destacan con no poca indignación los afectados.

En primer lugar la excesiva demora en la tramitación de los expedientes, a la que se a añadido una escasa o nula información sobre los distintos avatares administrativos que, en mayor o menor medida, han incidido en la excesiva dilación en la instrucción y resolución, como pueden ser los relativos a los cambios competenciales en el conocimiento y resolución de estos expedientes, que han alcanzado tanto a los órganos competentes para resolver (con idas y venidas competenciales de una Consejería a otra) como a las entidades colaboradoras en la instrucción de los mismos (finalmente residenciadas en las correspondientes Cámaras de Comercio Industria y Navegación), peregrinaje competencial que no siempre se correspondía simultáneamente con el del traslado físico de los expedientes y aún menos con el de las transferencias de las asignaciones presupuestarias.

Este aspecto llegó a tener tal magnitud, que la propia Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa se vio obligada a trasladar a los afectados una comunicación exponiendo las dificultades de gestión que rodeaban estos expedientes, la imposibilidad de financiación de dos de las tres medidas que se incluían en el programa y el compromiso de dar una respuesta expresa y pronta a todos ellos, trasladando lo siguiente:

La Instrucción de 30 de junio de 2008 de esta Dirección General de Economía Social y Emprendedores establece el siguiente orden de preferencia en la resolución de concesión de los expedientes presentados:

1ª Preferencia: Ticket de autónomo para el inicio de la actividad.

2ª Preferencia : Financiación para el inicio de la actividad de trabajo autónomo.

3ª Preferencia: Medida para el apoyo y gestión necesarios en el ejercicio de la actividad económica.

Resueltos todos los expedientes correspondientes a la 1ª Preferencia, si las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio lo permiten, se resolverán en el orden establecido, los expedientes correspondientes a la 2ª y 3ª preferencia.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, los expedientes de la medida del ticket del autónomo para el inicio de la actividad concedidos han agotado todo el presupuesto asignado, por lo que no se podrán resolver en sentido favorable los expedientes de solicitud de la medida de financiación para el inicio de la actividad de trabajo autónomo y la medida para el apoyo y gestión necesarios en el ejercicio de la actividad económica.

A la fecha de hoy no se ha dictado resolución expresa de denegación del expediente, si bien desde esta Dirección general de Economía Social y Emprendedores ya se ha iniciado el proceso que permita dictar la correspondiente resolución”.

El segundo aspecto que se destaca es el motivo que se aduce para la denegación de las ayudas, que se circunscribe a la falta de dotación presupuestaria, que según los informes administrativos tuvo su causa en el agotamiento de la totalidad del presupuesto para la medida del denominado “ticket autónomo”, quedando sin financiación las otras medidas previstas en el Plan, como eran la relativa a la financiación para el inicio de actividad de trabajo autónomo, y la medida para el apoyo y gestión necesarios en el ejercicio de la actividad económica.

En este sentido, si bien el supuesto de agotamiento de la dotación presupuestaria tiene el amparo legal y jurisprudencial que le es propio, no es menos cierto que una resolución tardía (en muchos de los casos alcanzan la veintena de meses frente a los dos establecidos reglamentariamente para resolver – constados a partir del informe sobre el plan de viabilidad-), con dicha argumentación no puede percibirse por los afectados sino como pretexto de la pésima gestión de un programa vacío parcialmente de contenido desde su inicio, con sus continuos vaivenes competenciales y trasiego de miles de expedientes, para finalmente dejar varadas las esperanzas de muchos de los solicitantes. Todo un auténtico dislate que tristemente trastoca las virtudes de un Programa que, sin duda habrá beneficiado a un significativo número de autónomos, pero también ha dado un maltrato administrativo a un conjunto más numeroso de solicitantes, extremos de sobra son conocidos por esa Consejería a través de los múltiples recursos y reclamaciones que con ocasión de los mismos se le han planteado.

Desde la perspectiva de esta Defensoría esta actuación administrativa solo cabe tacharla de “mala administración” en el sentido de que todo lo concerniente a las convocatorias de las ayudas referidas se han desenvuelto en buena parte a espaldas y en contravención con lo que debe entenderse como derecho de la ciudadanía a una buena administración conforme a lo establecido en el artículo 31 de Estatuto de Autonomía y 5 de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, ambas de 2007.

Llegados a este punto, sin perjuicio de las acciones instadas por los afectados en cada caso particular a través de los recursos administrativos y jurisdiccionales que existan en curso, lo cierto es que la revisión de la actuación administrativa resulta del todo imposible al tratarse de convocatorias de ayudas y ejercicios presupuestarios finiquitados, sólo nos cabe sugerir que en las próximas convocatorias se adopten las medidas administrativas necesarias para que estos procedimientos se resuelvan con la prontitud y transparencia que es exigible a la actuación de los poderes públicos y, en la medida de lo posible, dando un trato favorable a aquellas solicitudes frustradas por el proceso aquí descrito.

En su virtud, a tenor de las consideraciones expuestas formulamos a la Consejería de Empleo la siguiente Sugerencia:

Que se adopten las medidas necesarias en orden a la agilización de los procedimientos administrativos dimanantes de las convocatorias de ayudas y subvenciones promovidos por esa Consejería, especialmente en los aspectos que atañen al cumplimiento de los plazos establecidos y facilitando la información sobre el estado de tramitación de los expedientes.

Que en las futuras acciones de fomento de la Consejería se estudie la viabilidad de dar un carácter preferente a aquellas solicitudes, que reuniendo los requisitos de las convocatorias del programa Mas Autónomos, fueron objeto de resolución tardía y desestimatoria por insuficiencia del crédito presupuestario”.

De ambas sugerencias fue aceptada la primera de ellas aduciendo impedimentos legales respecto a la segunda.

Otro caso lo tenemos en la queja 09/2733 en la que la interesada manifestaba que solicitó la medida del ticket de autónomo para el inicio de la actividad a principios del año 2008. Posteriormente se la denegaron alegando que en dicha fecha se encontraba empleada, resultando lo contrario de acuerdo con la documental relativa a su vida laboral. El Servicio Andaluz de Empleo reconocía en escrito del año 2009 que se trata de un error informático al cruzar los datos de la Seguridad Social y los del Consejo Andaluz de las Cámaras de Comercio.

Seguidamente se requirió el oportuno informe a la Consejería de Empleo y a la Cámara de Comercio. No obstante, a instancia de la interesada se nos remitió la resolución dictada por la Directora General de Autónomos, Igualdad y Fomento en el Empleo, en la que se deniega la ayuda solicitada por falta de dotación presupuestaria.

A la vista de los datos aportados, esta Defensoría hace las siguientes consideraciones:

El artículo 7.2 de la Orden de 15 de Marzo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas y su convocatoria, al amparo del Decreto 175/2006, de 10 de Octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento y Consolidación del trabajo Autónomo en Andalucía, según el cual, el plazo máximo para resolver y notificar al interesado la resolución de las ayudas contenidas en el presente programa será de dos meses contados a partir de la emisión del informe relativo al plan de viabilidad por la entidad asesora.

El artículo 133 de la mencionada Orden de 15 de Marzo de 2007, dispone que la concesión de las ayudas estará limitada por las disponibilidades presupuestarias previstas en cada ejercicio.

De acuerdo con el relato fáctico expuesto, la interesada presentó su solicitud para la obtención del ticket de autónomo el 09/01/08. La resolución denegatoria tiene fecha de salida de 26/11/09, más de un año y diez meses después de su presentación.

Según la Orden de 15 de Marzo de 2007, las resoluciones relativas a la concesión o no del ticket de autónomo deben dictarse en el plazo máximo de dos meses a partir de la emisión del informe elaborado en relación con el plan de viabilidad por parte de la entidad asesora, que en el presente caso es el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.

A esta Institución no le consta la fecha de evacuación del citado informe, pero no deja ser llamativo que la Consejería no haya resuelto acerca de solicitud hasta más de veintidós meses después de haber sido presentada. Además, esta inicial indefinición acerca del plazo máximo de resolución del procedimiento en ningún caso debe redundar en perjuicio del ciudadano, máxime cuando en la ya varias veces citada Orden de 15 de Marzo de 2007 se señala con carácter general como plazo máximo para la resolución de las restantes ayudas el de cuatro meses desde la presentación de la solicitud en el registro del órgano competente.

A la vista de tan dilatada demora, esta Institución se encuentra en la obligación de denunciar el evidente incumplimiento del derecho que tienen los ciudadanos a recibir una contestación a sus reclamaciones dentro de un plazo razonable, el cual dista con mucho del que se ha empleado en la presente ocasión para contestar a la interesada.

Otro punto que estimamos pertinente analizar es la insuficiente motivación que reúne la resolución de la solicitud de la concesión de la ayuda al ticket de autónomo. La Administración se limita a mencionar escuetamente que ello obedece a falta de dotación presupuestaria para su concesión, mencionando al efecto el artículo 133 de la Orden reguladora de la convocatoria.

En primer lugar, resulta necesario señalar que el deber de motivar los actos administrativos se encuentra reflejado en el artículo 54.1 f) de la ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, en el supuesto de que los mismos sean consecuencia del ejercicio de potestades discrecionales, como sucede en el presente caso teniendo en cuenta que la Administración puede optar entre diversas alternativas en el ámbito de la concesión de subvenciones públicas, sin estar obligada por el ordenamiento a seguir una única solución conforme a Derecho, lo cual implica un especial esfuerzo en la motivación para evitar cualquier atisbo de arbitrariedad.

En este sentido, para la materia de denegaciones por falta de disponibilidad presupuestaria, hemos de citar la sentencia del mismo tribunal de 25 de Enero de 2000 (RJCA 2000\337), en sus Fundamentos Jurídicos Tercero y Cuarto:

«Mas a lo que si puede aspirar el interesado, administrado sujeto de derechos, es que la Administración resuelva en el plazo que la propia norma establece, y sobre todo que la resolución incorpore una justificación real y sería apoyada en datos objetivos que avalen la decisión tomada, siendo exigible que si se deniega por motivos de inexistencia de crédito presupuestario la propia resolución incorpore los datos que así lo acrediten, mediante, al menos, relación de con qué cantidad estaba presupuestada al efecto y, dado que consta que sí se han subvencionado a otras entidades, qué criterios o causas fueron los determinantes para concedérsela a ciertos peticionarios en detrimento de otros; la omisión de dichas garantías conlleva las consecuencias que se dirán a continuación y que debe de soportar la Administración no respetuosa con las obligaciones legales, de suerte que la omisión de una justificación sería y real convierte su decisión en arbitraria (...)».

«La justificación seria y real, una vez que no se pone en cuestión la existencia de los requisitos para acceder a la ayuda solicitada, resulta esencial e insoslayable, y su falta va a determinar la nulidad de la actuación.

(...) Es a la Administración, sometida a la ley y al Derecho a la que le corresponde aportar en el expediente administrativo los datos que justifican su decisión, pues es a la misma a la que corresponde demostrar que su decisión no es arbitraria; la Administración viene obligada a motivar su decisión, por lo que en primer término es a la misma a la que corresponde la carga de la prueba. Por tanto, si la Administración ha basado en exclusividad su denegación en la carencia presupuestaria, es a la misma a la que corresponde acreditar tal aserto, que se constituye en la causa primera y única de la denegación, la que legitima y da validez al contenido del acto».

De acuerdo con el tenor expresado en las antedichas resoluciones judiciales, entendemos que en el presente caso la motivación que se ha dado por parte de la Consejería para la denegación de la subvención es absolutamente insuficiente y genera una clara indefensión en la interesada, la cual no llega a saber a ciencia cierta las razones por las cuales se le ha denegado su solicitud, con la consiguiente vulneración del artículo 24 de la Constitución, ya que la genérica referencia a la falta de disponibilidad presupuestaria no determina claramente ni los límites en cuanto a su cuantía, ni los criterios seguidos para su concesión a otros ciudadanos que al amparo de la misma convocatoria sí la obtuvieron.

Es más, tan insuficiente motivación tampoco permite conocer si dicha denegación se encuentra fundada en criterios de temporalidad, supuesto en el que resultaría doblemente inadmisible dicha resolución, habida cuenta de que la inicial denegación que se realizó a la interesada estaba fundada en un error de carácter administrativo respecto al cruce de datos, reconocido por la propia Consejería en escrito de 06/03/09.

En este punto nos asalta la duda de si la ayuda podría haber sido concedida de no haberse demorado la tramitación por el error administrativo, toda vez que al momento posterior de denegación el crédito presupuestario ya había sigo agotado con anterioridad, máxime cuando la solicitud es resuelta en un ejercicio presupuestario posterior al de la convocatoria.

En todo caso, el peregrinaje competencial que se produce como consecuencia de los Decretos del Presidente 10/2008 y 3/2009 pueden servir de excusa para justificar la excesiva demora en la resolución de estos expedientes, ganándonos la impresión de que la insuficiencia de las dotaciones presupuestarias en relación al número de solicitudes.

Por todo ello, venimos en formular a la Consejería de Empleo la siguiente Recomendación (aceptada):

Que se adopten las medidas concretas necesarias en orden a que la notificación de las resoluciones recaídas en los procedimientos incoados en materia de subvenciones sean resueltos en el plazo reglamentariamente establecido, y en todo caso, dentro de un plazo razonable.

Que se proceda a elaborar una nueva resolución, debidamente motivada en los términos fijados por la jurisprudencia, acerca de la concesión o denegación de la ayuda para el ticket de autónomo solicitado por la interesada”.

Por último, en el expediente de queja 09/3382 el interesado nos exponía que habiendo ejercitado el derecho de petición ante la Presidencia de la Junta de Andalucía en relación a una ayuda o incentivo económico al empleo estable, tras su denegación requirió determinada información relativa al mismo sin obtener respuesta sobre los extremos pretendidos, viéndose obligado a instarla en vía de petición, en la que tampoco obtuvo respuesta.

En este sentido exponía el amplio peregrinaje administrativo como consecuencia de una denegación de ayuda económica que solicitó en el año 2002 sobre incentivo al empleo estable en empresas o entidades de lucro de hasta 250 trabajadores, que fue objeto de un recurso de reposición (desestimatorio en enero de 2007) y de recurso extraordinario de revisión (estimado parcialmente en mayo de 2007), consecuencia de lo cual la solicitud fue objeto de nueva tramitación (en base a un capítulo diferente de la norma convocante: como ayuda a la primera contratación indefinida del autónomo), que es objeto de denegación (por haber tenido la empresa en plantilla, con anterioridad, trabajadores con carácter indefinido), que nuevamente es recurrida en reposición y denegación expresa ulterior.

Ante este estado de la cuestión, el interesado plantea ante la Presidencia de la Junta de Andalucía derecho de petición sobre dos extremos que fueron fundamento de la denegación del incentivo, y que concretaba en los siguientes términos:

· Que se le informara de qué fecha de realización de contratos se dio por agotado el presupuesto de la ayuda prevista en la Orden de Convocatoria de 2002.

· Que se le dijera en qué fecha y a qué persona, efectuó una contratación indefinida anterior a la solicitud de ayuda.

Admitida a trámite la queja y recabando los correspondientes informes a la Presidencia de la Junta de Andalucía y a la Consejería de Empleo se informa lo siguiente:

Por la Oficina del Presidente de la Junta de Andalucía se dice que por la Oficina del Presidente se dio traslado del escrito de petición del interesado al Consejero de Empleo al ser asunto de su competencia, que contesta remitiendo copia del informe remitido al DPA indicando la justificación de la denegación de la solicitud (de ayuda) y la desestimación del último recurso de reposición interpuesto contra esta.

Por su parte la Consejería de Empleo remite un índice-informe con todo el iter procedimental relativo a los distintos avatares acaecidos con relación a la ayuda solicitada, pero nada en absoluto en relación a los dos extremos peticionados a que nos hemos referido.

Ante este estado de la cuestión caben hacer las siguientes consideraciones:

En primer lugar, con independencia del órgano a que se dirija la petición, corresponde al órgano para conocer de ella el obligado a atenderla, órgano que en el presente caso se circunscribe a la Consejería de Empleo dada la naturaleza de los extremos peticionados, conforme a lo dispuesto en el art. 11.2 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del derecho de petición «Cuando la petición se estime fundada, la autoridad u órgano competente para conocer de ella, vendrá obligado a atenderla y a adoptar las medidas que estime oportunas a fin de lograr su plena efectividad...», obligación administrativa para la que el mismo precepto establece un plazo máxime de tres meses a contar desde la fecha de presentación.

En segundo lugar, con independencia del cumplimiento de los plazos, en ningún momento se produce la contestación a los extremos planteados, ni por la Consejería de Empleo ni por la Oficina o Gabinete del Presidente, toda vez que el trámite parece que se da por cumplido por la Consejería de Empleo con la resolución desestimatoria del último recurso de reposición interpuesto por el interesado.

Entrando en el fondo de la cuestión planteada por el interesado en el ejercicio de su derecho de petición, ésta se circunscribe a dos cuestiones, ambas íntimamente relacionadas con el expediente de subvención de las que traen causa, la primera referente a la fecha en que se dio por agotada la aplicación presupuestaria relativa a la subvención (extremo conocedor por el órgano gestor o por la Intervención sustraible del Sistema integrado de Gestión presupuestaria, contable y financiera de la Junta de Andalucía, (denominado “Júpiter”), y la segunda que se le especifique la contratación indefinida que fundamenta la denegación de la subvención, extremo que motivando dicha resolución debe obrar en el correspondiente expediente (bien porque obra la documentación relativa a dicha contratación o bien porque esta se deduce de otra documentación relacionada -fe de vida laboral, doc. cotización, ...etc.-).

Así pues, sólo cabe concluir a este respecto que el derecho de petición ejercitado por el interesado no ha sido debidamente atendido en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del Derecho de Petición, por lo que al amparo del art. 29.1 de la Ley reguladora de esta Institución (Ley 9/83, de 1 de diciembre), se procede a formular a esa Consejería de Empleo Recordatorio de deberes legales, por entender vulnerado el siguiente precepto:

· Artículo 29 de la Constitución.

Con idéntico fundamento normativo también elevamos la siguiente Recomendación (aceptada):

Que se atienda la petición del interesado en relación a los extremos que se plantea en la misma”.

      1. Programas de promoción del empleo.

        1. Plan de Mejora de la Empleabilidad (Plan MEMTA).


Sin duda la Formación para el Empleo se esta convirtiendo en el eje de las políticas activas de empleo como elemento estratégico de salida de la crisis económica.

En este sentido, determinadas ayudas de promoción del empleo van unidas a la obligada participación de sus beneficiarios en acciones de búsqueda de empleo o a la asistencia a cursos de formación que requieren la asistencia a los mismos, sancionándose el incumplimiento de esta obligación con la exclusión de los mismos, circunstancias que se nos plantea por los afectados en múltiples quejas.

En otros casos el incumplimiento se atribuye a la entidad promotora del proyecto formativo, al incumplir los compromisos de contratación exigidos en la normativa vigente.

Así en el expediente de queja 09/4668 acudió a esta Institución el interesado exponiendo su discrepancia con la sanción de exclusión del Plan MEMTA aplicada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y de la pérdida de los derechos correspondientes al mismo, por entender que la misma no se ajustaba a derecho.

En este sentido aludía que habiendo obtenido la inclusión en el citado plan y suscrito la correspondiente Carta de Compromisos, vino participando en las acciones de orientación con la sola ausencia injustificada a las sesiones de dos días de los programados, motivo por el cual se le comunicó telefónicamente que causaba baja en el plan a la vez que le conminaban a no seguir asistiendo a la formación y sesiones de búsqueda de empleo.

Planteada por el interesado la correspondiente reclamación en base a que no se han dado los supuestos previstos en la norma reguladora del Plan para causar baja en el mismo (Orden de 31 de octubre de 2008) y en la Carta de Compromisos, es decir “tres faltas no justificadas”, por esa Dirección Provincial se ratifica la decisión adoptada por la oficina del SAE (25 de Septiembre de 2009) aseverando que toda vez que las sesiones de los grupos de búsqueda específica de empleo tienen lugar una vez en semana en sesiones de dos horas y en base a Instrucciones para el seguimiento de la asistencia en el que textualmente se dice que “se considera para el cómputo de las faltas de asistencia que una falta equivale a una hora de no asistencia”, o lo que es lo mismo, que dichas dos inasistencias computan como cuatro faltas, excediendo de las tres que dan lugar a la baja del interesado en el referido plan.

Sentado el planteamiento de la cuestión en estos términos, caben hacer las siguientes consideraciones:

En primer lugar hay que decir que el marco normativo del denominado Plan MEMTA viene conformado por la Orden de 31 de octubre de 2008 (modificada posteriormente por Orden de 23 de Marzo de 2009) por el que se establece el plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo en cuyo art. 3.6 se dispone: «La Carta de compromiso para la empleabilidad, entrará en vigor desde el momento de la firma de la misma y finalizará con la inserción laboral de la persona desempleada. Así mismo, quedará sin efecto cuando la persona demandante incurra en alguna de las siguientes situaciones:

(…) b) La no asistencia o participación en las actuaciones previstas en la Carta de acuerdo con lo siguiente: si la acción tiene una duración de hasta tres meses, dicho incumplimiento se apreciará con tres faltas no justificadas; si la acción tiene una duración superior a tres meses dicho incumplimiento se apreciará con cinco faltas no justificadas…».

En el mismo sentido la Carta de Compromisos al reiterar como supuesto de incumplimiento la comisión de “tres faltas no justificadas” (si la acción no tiene una duración superior a tres meses).

Por otro lado en desarrollo de la Instrucción 4/2008, de 23 de Diciembre, de la Dirección Gerencia del SAE (que nada añade a este particular), por la que se establecen directrices para la aplicación e interpretación del Plan MEMTA, se ha elaborado el documento denominado “El seguimiento de la asistencia a los grupos de búsqueda de empleo: faltas de asistencia y planes bloqueados: 2ª Edición: Marzo de 1009”, documento que en su apartado 10 relativo al “Seguimiento de la participación en el Plan Memta viene a establecer respecto a las acciones específicas de búsqueda de empleo, que “la participación en los mismos requiere una asistencia mínima de dos horas semanales”, añadiendo que la “la acumulación de faltas de asistencia repercutirá en la participación de la persona demandante en el Plan MEMTA de la siguiente manera: (…) Mas de tres horas de faltas de asistencia no justificada acumuladas en distintas semanas (…) Se considera para el cómputo de las faltas de asistencia que una falta equivale a una hora de asistencia”.

Lo anterior viene a significar que dos faltas injustificadas de asistencia a dichas sesiones, de dos horas de duración cada una de ellas, vienen a equivaler a cuatro faltas, excediendo las tres faltas que se establece en la Orden reguladora del Plan como límite para causar baja del demandante de empleo en el plan, interpretación que en modo alguno se comparte por esta Institución, máxime cuando de esta interpretación restrictiva se deducen perjuicios para los interesados como es el caso planteado.

Cabe destacar en este aspecto que si bien la norma de cobertura del referido Plan es una norma jurídica publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, no así la referida Instrucción 4/2008, que si bien fue objeto de publicación solo tiene el valor interpretativo que le es propio, nada dispone en este punto, pero en modo alguno el citado documento de seguimiento de la asistencia, que sin tener esta naturaleza (norma jurídica y publicidad) puede contravenir el marco jurídico habilitante descrito.

A este respecto cabe decir que frente a la literalidad de la norma de cobertura, la Orden de 31 de octubre de 2008, que no admite interpretación alguna que la desvirtúe o contraríe, lo cierto es que el documento de seguimiento de la asistencia al fijar la periodicidad (semanal) y la duración de las sesiones (dos horas cada una de ellas) introduce ex novo el cómputo de inasistencia a una de ellas como una doble falta en razón a la equivalencia de una falta a una hora de no asistencia, viniendo así a duplicar contra legem la severidad del régimen sancionador, que si en la Orden viene referido a tres faltas de asistencia (a tres sesiones), este documento lo reduce a una falta y media de asistencia (1,5), o lo que es lo mismo, basta la inasistencia a una sola sesión y a media de otra (sesión) para que el afectado sea objeto de baja en el citado plan como ha sido el caso, conforme a la interpretación que expresa el documento de seguimiento.

Desde esta perspectiva esta Defensoría no puede compartir esta torticera interpretación de la norma habilitante, que mas allá de una errónea interpretación introduce una tipificación de las conductas carente de cobertura jurídica, y ello se acomete en un documento sin valor jurídico ni publicidad oficial alguna, documento que en última instancia es el que ha prevalecido a la hora de aplicar la sanción de exclusión del plan.

Por lo anteriormente expuesto, se formuló formular a la Dirección Gerencia del SAE la siguiente Recomendación:

Que se revise el documento de seguimiento de la asistencia a los grupos de búsqueda de empleo en orden a que el régimen de faltas por inasistencia a las sesiones de búsqueda de empleo se adecue al establecido en la Orden reguladora del Plan”.

Igualmente y con el mismo fundamento se formula a la Dirección Provincial del SAE en Almería la siguiente Recomendación (no aceptada):

Que previo los trámites pertinentes, se proceda a la revocación de la exclusión del afectado en el Plan MEMTA, retrotrayendo las actuaciones al momento procedimental que corresponda así como a resarcir los perjuicios que hayan podido causarse al mismo”.

        1. Formación Profesional para el empleo.


En el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo, la normativa reguladora de estas líneas de acción supeditan el otorgamiento de las subvenciones a la realización de cursos de formación conjuntamente con el establecimiento de compromisos de contratación de sus promotores en un determinado porcentaje de los participantes a los mismos y durante un determinado periodo de tiempo u otro tipo de condicionantes, que al no ser objeto de cumplimiento provocan reclamaciones de los participantes perjudicados por dichos incumplimientos.

Así en el expediente de queja 09/5419 varios interesados denunciaban el incumplimiento del compromiso de contratación dimanante del curso de F.P.O. de Programador de Aplicaciones Informáticas impartido por una determinada empresa de Formación.

En este sentido nos señalaban que tras finalizar el referido curso, el compromiso de contratación (del 60% de los participantes) no se había cumplido en su totalidad por la empresa promotora, y ello a pesar de las distintas vicisitudes y de las múltiples gestiones y reuniones llevadas a cabo por las partes implicadas en cuestión.

Por la Dirección General de Empleabilidad y Formación profesional se nos informa que en el curso del seguimiento de dicho compromiso de contratación se constata que éste no se estaba cumpliendo por la citada empresa, señalando las consecuencias que para dicha circunstancia establece la normativa específica (Decreto 204/1997, de 3 de Septiembre y Orden de 12 de Diciembre de 2000).

Por su parte, la Dirección Provincial del SAE nos informa lo siguiente:

Dentro de las acciones de seguimiento y control del curso Programador de aplicaciones informáticas impartido se realizaron tres visitas por parte de la Técnica de esta Dirección Provincial. En estas visitas no se detectaron incidencias en el proceso de formación ni por parte de los alumnos y alumnas del curso.



Teniendo conocimiento al final del curso de la presentación de reclamaciones ante la Dirección General de Empleabilidad y Formación Profesional y, al mismo tiempo, nos pusimos en contacto con la entidad para esclarecer el cumplimiento del compromiso de contratación.

La empresa nos indicó que no podía cumplir el compromiso de contratación por la situación de crisis que sufrían las empresas del sector y solicitaban la bajada del compromiso de contratación. En este sentido se les informó que este Centro Directivo no era competente al ser un curso multiprovincial y que se debería solicitar a la Dirección General como órgano concedente de la subvención. También se le informó que el no cumplimiento del compromiso de contratación supondría el reintegro parcial o total de la subvención por parte del beneficiario de la subvención.

Desde esta Dirección Provincial sí se hizo un seguimiento a este tema, al entender que si bien el curso había acabado y con él nuestras acciones de control y seguimiento, debíamos velar por el interés de los alumnos y alumnas. En este sentido se mantuvo reuniones con la entidad así como distintos contactos para que realizaran el mayor número de contratos, comunicando la entidad que mantendría el compromiso de contratación., Estas actuaciones se pusieron en conocimiento de la Dirección General para su posterior incidencia en la justificación y liquidación del curso.”

Trasladados los referidos informes así como la documentación aportada en el curso de este expediente de queja, por el primero de los afectados, se nos expone que al día de la fecha (Junio de 2010) el compromiso de contratación resulta parcialmente incumplido, toda vez que dos participantes no han sido contratados y otros dos lo fueron por un periodo de seis meses.

De lo anteriormente expuesto cabe deducir lo siguiente:

a) Que el compromiso de empleabilidad adquirido por la empresa impartidora no se ha cumplido en su totalidad, toda vez que no se ha materializado en el porcentaje suscrito (60%), con independencia de los motivos de tal incumplimiento.

b) Que por parte de la Administración de Empleo se ha llevado a cabo el seguimiento del mismo en orden a facilitar el completo cumplimiento de dicho compromiso, sin que haya conllevado otra actuación como consecuencia del incumplimiento anterior.

Llegados a este punto resulta obligado traer a colación el marco jurídico regulador en esta materia, es decir, el Decreto 204/1997, de 3 de Septiembre, por el que se establecen los Programas de Formación profesional Ocupacional (actualmente derogado por el Decreto 335/2009, de 22 de Septiembre), y la Orden de desarrollo de 12 de Diciembre de 2000, disposición esta última que en su artículo 31 dispone, para los casos de incumplimiento total o parcial del compromiso de contratación, el reintegro total o parcial de las subvenciones o ayudas percibidas, salvo que por el órgano competente se estime que en el caso concurre causa suficientemente justificada, circunstancia que deberá reconocerse mediante resolución motivada al efecto.

De las actuaciones e informaciones aportadas a este expediente de queja queda acreditado que el interés prioritario de la Administración se ha ceñido a que por la empresa impartidora se llevara a cabo las contrataciones comprometidas por ser esta la finalidad del programa formativo y el interés de los afectados, a pesar de que desde la finalización del curso por esta se manifestó la dificultad o imposibilidad de llevarlas a término, solicitando la baja del compromiso para posteriormente mantener el compromiso, sin que al día de la fecha se haya materializado en los dos alumnos pendientes.

Esta circunstancia, unida al excesivo tiempo transcurrido desde la finalización del curso de formación (más de un año) hace aconsejable a que por esa Dirección General se promuevan las actuaciones que correspondan sobre las subvenciones concedidas a la empresa comprometida en este punto.

Por lo anteriormente expuesto, se formuló a la Dirección General de Empleabilidad y Formación Profesional la siguiente Recomendación (aceptada):

Que se adopten las medidas necesarias en orden a garantizar el cumplimiento del compromiso de contratación derivado del curso de FPO “Programador de Aplicaciones Informáticas” o, en su caso, ejercitar la acción de reintegro o la que corresponda conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora en esta materia”.

Un caso particular lo tenemos en la queja 09/5885 en la que el interesado con ocasión del incumplimiento que denunciaba respecto a la ubicación geográfica de la contratación que a su favor se derivó por la realización de curso de Electricista Industrial, promovido por la Junta de Andalucía.

El interesado completó con éxito, durante el primer semestre del año 2009, un curso de Electricista Industrial promovido y financiado por la Consejería de Empleo e impartido por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, que, desarrollado en Cádiz, estaba condicionado a un compromiso de contratación del 60% de los participantes a su finalización.

Las bases reguladoras de dicha contratación fueron firmadas por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo y la Delegación de Empleo de Cádiz de la Junta de Andalucía, con la empresa empleadora, que, seleccionado el reclamante, le ofreció empleo en la provincia de Huelva.

A pesar de que el interesado reside en la provincia de Cádiz, su deseo de acceder a un trabajo remunerado y adquirir experiencia práctica en la titulación obtenida, aprovechando la formación recibida, motivó que aceptara el empleo, aún cuando comportaba su desplazamiento a la ciudad de Huelva y carecía de medios económicos para afrontarlo.

Sin embargo, transcurridos catorce días desde el inicio de su desempeño laboral, durante los cuales el reclamante intentó subsistir con ayuda económica ajena y los trescientos euros que la empresa le asignó en concepto de dietas, acabó rindiéndose a la evidencia de que difícilmente podría sufragar los gastos que la residencia en localidad ajena a su domicilio comportaba. Razón por la cual, no ofreciéndole alternativa la empleadora, desistió del empleo.

Retornado a su lugar de origen, el interesado recabó información sobre las condiciones, términos y bases de la contratación pactada entre la Administración y la empresa contratante, descubriendo que, en realidad, la oferta laboral debería haberse hecho efectiva para su desempeño en la provincia de Cádiz, con un contrato de una duración mínima de seis meses. De forma que el incumplimiento de dichas bases por la empresa empleadora, había determinado su renuncia, haciéndole cargar con las consecuencias perjudiciales derivadas de la misma, tales como no poder disfrutar de un contrato en su provincia durante el plazo mínimo citado, así como perder sus derechos como demandante de empleo (antigüedad, beneficios y prestaciones).

Visto el informe del Director Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, que corrobora que, efectivamente, “el ámbito territorial previsto a los efectos de contratación en el expediente derivado de la acción formativa era la provincia de Cádiz”, si bien, eximiendo su responsabilidad en cuanto a su materialización en provincia distinta, por no haber tenido conocimiento de esta circunstancia antes de la contratación y otras razones que a continuación han de ser objeto de análisis.

Dejando al margen consideraciones de tipo subjetivo, como son las referidas a la suficiencia o insuficiencia de la suma percibida por los contratados por la empresa empleadora en concepto de dietas y a los motivos o razones que determinaron al reclamante a aceptar inicialmente el empleo del que poco más tarde desistió, así como cuestiones de índole jurídico laboral centradas en el Convenio de aplicación a la relación de empleo suscrita, procede centrarse en aquélla controversia que, en realidad, constituye el objeto del presente expediente de queja, que no es otra que dirimir si ha existido irregularidad en la actuación de la Administración, por omisión de las funciones supervisoras que le competen, al consentir o no impedir el incumplimiento del convenio suscrito con la empresa empleadora por parte de esta última, en alguno de sus extremos y, particularmente, en un punto tan relevante como es el del ámbito geográfico al que debió circunscribirse la contratación de los desempleados seleccionados.

Para pronunciarse al respecto, basta tomar como punto de referencia el informe del Jefe de Servicio de Formación para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz, en el que manifiesta expresamente que el curso en cuestión “tenía como compromiso un contrato de duración de 6 meses, con la categoría de oficial 3ª, a jornada completa y como lugar de la actividad laboral la Provincia de impartición del curso”.

Las consideraciones expuestas nos llevaron a formular a la Consejería de Empleo y al Servicio Andaluz de Empleo, la siguiente Recomendación (aceptada):

Que, finalizado el compromiso de contratación suscrito con la empresa empleadora, ejercite su labor de supervisión y control respecto del grado de cumplimiento por la misma de los términos de aquél, derivando por las infracciones en que la empleadora pudiera haber incurrido, las consecuencias desfavorables correspondientes.

Que reponga al reclamante en la misma situación y en los derechos de los que le correspondería haber sido beneficiario si no se hubiera producido el incumplimiento del compromiso de contratación por la empresa empleadora, quedando con ello indemne en sus intereses, arbitrando los mecanismos legales oportunos para ofrecer al interesado un contrato en idénticas condiciones a las que comportaba el incumplido, incluyéndole en las actuaciones más inmediatas que con este objeto promueva esa Administración; sin detrimento entretanto de los derechos que le correspondan como demandante de empleo.”

        1. Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo.


Por último, los programas de Talleres de Empleo vienen demostrando ser una especial vía de acceso o mejora al empleo, correspondiendo a la Administración Laboral y a las entidades promotoras (públicas o privadas) conforme los criterios o perfiles de los participantes en los mismos, convirtiéndose la publicidad y transparencia de estos criterios y procedimientos selectivos en requisitos de igualdad en el acceso al empleo, cuyo incumplimiento nos trasladan en forma de queja los afectados.

Así en los expediente de queja 10/213 y queja 10/413 los interesados, participantes en un Taller de Empleo promovido por sus respectivos Ayuntamientos, invocaban que la participación en el proceso de selección de los talleres, del que no resultaron finalmente seleccionados, estuvieron rodeado de ausencia de transparencia, toda vez que en ningún momento se les dió a conocer los criterios de selección aplicados como tampoco el resultado de la aplicación de estos a su caso, a pesar de haber reclamado en tal sentido, situándolo en un flagrante caso de indefensión.

Admitidas a trámite las quejas y recabado los correspondientes informes, por la Dirección Provincial del SAE se nos argumentaba escuetamente en el sentido de que el proceso selectivo se llevó a cabo con arreglo a la normativa aplicable al caso, acompañando, a su vez, la resolución de la reclamación dictada por la Comisión Mixta a este respecto, la cual se reiteraba en el mismo sentido, concluyendo esta última que contra la misma no cabía ulterior recurso en vía administrativa.

Hecho este breve planteamiento, esta Institución hace las siguientes consideraciones:

a) En primer lugar hay que hacer una breve exposición del marco jurídico aplicable a los Talleres de Empleo, que se circunscribe en lo que aquí interesa, a la Orden de 5 de diciembre de 2006 (BOJA de 15 de Diciembre) y a la Resolución de 14 de Julio de 2004 (BOJA de 9 de Agosto) reguladoras de este programa, entre otros (Escuelas Taller, Casas de Oficios y Unidades de Promoción y Desarrollo).

En este sentido la citada Orden, tras establecer los requisitos de los participantes (situación de desempleo, edad y requisitos específicos de cada uno de los programas y proyectos) y de las características de los mismos, así como los colectivos destinatarios señalados como preferentes, expresando que los criterios de selección del alumnado que se acuerde en cada proyecto, “estarán sujetos a las pautas que determine el SAE ”(art. 4.3).

Por su parte la Resolución de 14 de Julio de 2004, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de dichos talleres, atribuye a la Comisión Mixta de selección (compuesta por dos miembros designados por la Dirección Provincial del SAE y otros dos por la entidad promotora, actuando de presidente el Director Provincial del SAE o persona en quien delegue) la competencia para acordar en su primera reunión de constitución la aprobación de los “criterios para la selección del alumnado” (apartado 2.3), criterios que se han de adaptar a los perfiles previstos en el proyecto respectivo, especificando lo siguiente: «Serán seleccionados prioritariamente aquellos candidatos/as que, cumpliendo los requisitos mínimos y adecuándose al perfil determinado por la Comisión Mixta, se encuentren incluidos en los colectivos preferentes,..., teniendo preferencia aquellos candidatos/as usuarios de Andalucía Orienta derivados por éstas que tengan incluido en su itinerario de inserción la especialidad de la Escuela Taller, Casa de Oficio o Taller de Empleo.(...).Para la selección definitiva de los alumnos/as, que llevará a cabo la Comisión Mixta, o en su caso, el equipo de selección se realizarán entrevistas a los candidatos/as, previa valoración del currículum vitae de la persona a entrevistar y de su interés y disponibilidad».

b) Del marco jurídico descrito se deduce que la referida Comisión Mixta dispone de un amplio margen a la hora de configurar los criterios de selección, si bien estos han de adaptarse a los perfiles previstos en el proyecto de taller en concreto, a la vez que incorporar unos parámetros de baremación que permitan la ordenada relación de los aspirantes seleccionados en el correspondiente taller.

El texto del acuerdo de la Comisión Mixta aprobatorio de dichos criterios, que se han de incorporar al acta de constitución de la misma en base al principio de transparencia que debe presidir la actuación de las Administraciones Públicas (arts. 3 i) y 79 de la Ley 9/2007, de 22 de Octubre, de Administración de la Junta de Andalucía), ha de ser objeto de publicidad para todos los interesados en el proceso selectivo, circunstancia que aconseja sean objeto, al menos, de exposición en el tablón de anuncios de la correspondiente oficina del SAE y de la Corporación Local, si esta última es promotora del proyecto, como es el caso aquí planteado, aunque nada especifique a este respecto la normativa reguladora descrita.

Igualmente el soporte documental del proceso selectivo ha de incorporar, dejando constancia de ello, la valoración resultante de la aplicación de los citados criterios a cada uno de los candidatos preseleccionados por el SAE en función de la adecuación del perfil del candidato/a al puesto de trabajo a desempeñar.

Siguiendo este hilo argumental cabe pensar que las Comisiones Mixtas que no articulen el proceso selectivo con estas garantías formales, favorecen que el proceso selectivo sea tachado de falta de transparencia, haciéndose acreedoras de las sospecha de oscurantismo y arbitrariedad que, en ocasiones, se le atribuye por los participantes excluidos o no seleccionados, sospecha que no se desvirtúa en las resoluciones de las reclamaciones planteadas por los afectados, toda vez que estas se limitan a “confirmar el resultado de las pruebas consultado el equipo de selección y visto el informe emitido por el respectivo centro de empleo”, sin mayor argumentación o aclaración.

c) Otra cuestión que hay que destacar es la relativa a los instrumentos que se habilitan a los afectados en orden a su defensión frente a las actuaciones de estos órganos de selección, que en la práctica se limita a la posibilidad de reclamar ante la citada Comisión Mixta, a modo de recurso de reposición, cuya resolución se notifica con la advertencia de que contra dicha resolución “no cabe ulterior recurso en vía administrativa”, aspecto sobre el que esta Defensoría discrepa, en la medida que no se adecua a derecho.

En este sentido cabe señalar que la normativa citada nada especifica a este respecto (la Orden reguladora se ciñe al procedimiento administrativo relativo a la aprobación o denegación de la subvención del proyecto de taller de empleo de la entidad promotora pero no el proceso selectivo del alumnado), como tampoco la Resolución de desarrollo, toda vez que el procedimiento que se aborda en su apartado 3.5 (“Causas de exclusión de los alumnos/as”) va referido a la exclusión de los alumnos seleccionados una vez comenzada la etapa formativa, supuesto bien diferente al de exclusión o no selección de la persona candidata, como es el caso aquí tratado, circunstancia que nos lleva a concluir que resultan de aplicación las reglas generales de Derecho Administrativo, extremo que nos lleva a considerar la naturaleza de los actos que se dictan en relación a este proceso selectivo.

Resulta pacífico deducir que estamos ante un procedimiento administrativo de selección con intervención de un órgano administrativo colegiado (Comisiones Mixtas o el equipo de selección creado al efecto), naturaleza que no se desvirtúa por el hecho de que participen en la misma promotores públicos o privados, cuyas resoluciones tienen el carácter de actos administrativos susceptibles de ser recurridos en la vía administrativa, mediante el recurso pertinente en función de si el acto agota o no la instancia administrativa.

Siguiendo este hilo argumental, el acto aprobatorio de la relación definitiva de seleccionados aprobado por la Comisión Mixta a propuesta, en su caso, del equipo de selección, en razón a la naturaleza del órgano que lo dicta, no agota la vía administrativa, por lo que es susceptible de ser recurrido en alzada ante la Dirección Gerencia del SAE. En este sentido cabe traer aquí a colación el art. 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), relativo a los recursos de alzada, que no sólo va referido a los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones públicas, sino también a “cualesquiera otros que, en el seno de estas actúen con autonomía funcional”. Desde esta perspectiva las resoluciones de las Comisiones Mixtas son susceptibles de recurso de alzada ante la Dirección Gerencia del SAE, y no ante la Dirección Provincial del SAE correspondiente, dado que el titular de este órgano provincial es parte integrante de dicha Comisión, siendo indiferente a este respecto la posible actuación de un tercero, que sólo cabe por delegación de aquél.

En base a ello se formuló a la Dirección Provincial del SAE la siguiente Recomendación (aceptada):

Que por esa Dirección Provincial se adopten y cursen las instrucciones pertinentes en orden a:

1º que los acuerdos aprobatorios de los criterios de selección adoptados por las Comisiones Mixtas se publiquen en los tablones de anuncios de la respectiva oficina del SAE, así como en su caso, en el de la entidad pública promotora.

2º Que las resoluciones que se dicten por las Comisiones Mixtas incorporen un pie de recurso expresivo de la susceptibilidad de ser recurrida en alzada ante la Dirección Gerencia del SAE.”

      1. Gestión administrativa.


La gestión administrativa del empleo y de las políticas activas tendentes a la inserción laboral conllevan una ingente labor administrativa respecto a un colectivo que numéricamente se ha incrementado.

En la queja 10/1412 acudió a esta Institución la interesada exponiendo los perjuicios que ha sufrido como consecuencia de una actuación anómala por parte del SAE, sin que a pesar de las reclamaciones planteadas ante las distintas instancias administrativas se le haya dado una solución o reparación.

En este sentido nos señalaba que desde el año 1993 consta como inscrita en la oficina del SAE de su localidad, es decir, como demandante de empleo, cumpliendo con las correspondientes obligaciones de sellado periódico de su tarjeta de empleo sin interrupción, y en este convencimiento en el año 2009 con motivo de su incorporación al programa de Renta Activa de Inserción (RAI) se le deniega por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) con el argumento de que no acredita el requisito de ser demandante de empleo inscrita ininterrumpidamente como desempleada en la oficina de empleo durante 12 o más meses (art. 2 del Real Decreto 1369/2006, de 24 de Noviembre), toda vez que en el registro aparece inscrita como “demandante de otros servicios” desde 2005, y no como “demandante de empleo”.

Por otro lado, con anterioridad, la interesada percibió durante el periodo de julio de 2005 a abril de 2006 dicho subsidio, prestación que posteriormente por resolución del SPEE de 19.8.2009 es revocada la de concesión de 2006, considerando como indebidamente percibida el importe total percibido, en base a la consideración anterior, siendo objeto de reintegro fraccionado al día de la fecha.

Por la interesada se asevera que en ningún momento ha instado ante el SAE modificación alguna de su situación administrativa de desempleo siendo imputable a este organismo esta circunstancia y sus consecuencias.

Por su parte, la Dirección provincial del SAE, informa que “comprobado el expediente se constata que la interesada se inscribió como demandante de empleo el 12 de Febrero de 1993 y que el 29 de Abril de 2005, bien por solicitud de la propia interesada, bien por el rechazo a las ofertas de empleo, bien por error, pasa a formar parte del colectivo de demandantes de otros servicios”, y que como consecuencia de la reclamación de la interesada esta recupera la situación de “demandante de empleo”, con fecha 5 de Marzo de 2009, día de personación de la interesada en la oficina del SAE exponiendo su reclamación en este sentido.

Añade el referido informe administrativo que el hecho de que por el SPEE no se detecte que la perceptora del RAI no esta intermediando como demandante de empleo, como tampoco la interesada con ocasión del Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE), en la que se hace constar la leyenda “SIN INTERMEDIACIÓN” con información adicional en el reverso de que ello implica la no participación en los procesos de intermediación y en las Políticas Activas de Empleo, viene a situar la responsabilidad en otros ámbitos.

Desde la perspectiva de esta Defensoría, a la vista de los planteamientos de las partes y de la documentación aportada al expediente, resulta pacífico admitir que la interesada no ha motivado el cambio de su situación de empleo en la oficina del SAE (al menos no queda constancia escrita de que resulte imputable a la misma), prevaleciendo la posibilidad de que se trata de un error administrativo, que motiva no solo que se le deniegue la RAI que solicita en el 2009, sino que la RAI que percibió con anterioridad haya dado lugar a un expediente de reintegro que viene asumiendo fraccionadamente en la actualidad. En este sentido resulta evidente que la interesada permanece en el convencimiento de que su situación administrativa de desempleo permanece en todo momento inalterable en los registros del SAE, y de que la RAI percibida unos años antes es correcta, hasta que en el 2009 le es denegado por el SPEE el subsidio solicitado en 2009 y se le requiere el reintegro del RAI percibido en el periodo 2005-2006, y que todo ello trae causa de dicha mutación en su inscripción en la oficina del SAE.

Nada puede reprocharse a la actuación del SPEE en lo que se refiere a la denegación del RAI de 2009 y al reintegro del RAI de 2005-2006, recayendo sobre el SAE la responsabilidad de asumir los daños que en relación a estas prestaciones haya causado a la afectada, así como de los perjuicios que el errado cambio de situación de desempleo pueda haberle irrogado a efectos de obtención de un hipotético empleo durante dicho periodo.

El ordenamiento jurídico español incorpora una exhaustiva regulación de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas (art. 106 del texto constitucional, arts. 142 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Real Decreto 429/1993, de 26 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial), y que en base al mismo procede a que por el SAE se inicie de oficio expediente de responsabilidad patrimonial para el resarcimiento de los mismos.

En base a lo establecido en el art. 29.1 de la Ley 9/1983, reguladora de esta Institución, formulamos a la Dirección Provincial del SAE la siguiente Recomendación (aceptada):

Que de oficio se incoe expediente de responsabilidad patrimonial en orden al resarcimiento de los daños que se hayan irrogado a la afectada, como consecuencia del cambio de situación administrativa en su inscripción como demandante de empleo en la oficina del SAE de su localidad en el periodo referido”.





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