Defensor del pueblo andaluz


Quejas motivadas por dilaciones indebidas



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2.1. Quejas motivadas por dilaciones indebidas

      1. Juzgados de lo Social: la repercusión de la crisis económica.


En los dos Informes Anuales que preceden al presente, hemos puesto de manifiesto que el crítico momento económico que aún vivimos está afectando sobremanera a la marcha de las empresas, multiplicándose las cuestiones que se suscitan en el ámbito concursal, que es la materia de que conocen los Juzgados de lo Mercantil, así como en el laboral, y de ahí que dedicáramos el pasado año, y lo volvamos a hacer en el presente, un epígrafe a los órganos judiciales ante los que se dirimen los conflictos laborales, que, en consonancia con la crítica situación de las empresas, se han multiplicado.

De entre los expedientes mencionados el pasado Informe Anual que han concluido en el presente ejercicio, comenzamos por la queja 09/3475, en la que la reclamante nos exponía que a su instancia se siguieron en su día ante el Juzgado de lo Social nº 6 de Málaga autos por despido, en los que recayó sentencia de fecha 30 de Octubre de 2006, contra la que se interpuso Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que no resolvió el mismo hasta el 16 de Abril de 2009.

Tras los trámites oportunos, la representación de la interesada, mediante escrito de fecha 16 de Junio siguiente había solicitado la ejecución de la sentencia, consistente en el abono por parte de la condenada de la indemnización señalada en la misma, más los salarios de tramitación devengados. Sin embargo, habiendo transcurrido más de cuatro meses desde entonces, la interesada no tenía noticia de que se hubiera emprendido actividad judicial alguna al respecto, argumentando que, dado el tiempo transcurrido –más de tres años- desde que se produjo el despido, había agotado ya las prestaciones por desempleo, sin que, ante la situación de crisis económica reinante, hubiera sido capaz de encontrar un nuevo puesto de trabajo, por lo que su único futuro económico residía en el cobro de la indemnización y salarios de trámites que le eran debidos, siendo ése el motivo por el que le urgía se procediera a la ejecución de la sentencia.

Admitida la queja, de la información remitida por el Ministerio Fiscal se desprendió que la causa del retraso experimentado estribaba, entre otras razones, en que se recurriera la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social, y las vicisitudes procesales habidas tras la interposición del Recurso de Suplicación, pero lo que realmente nos interesaba de la información remitida fue saber que tras nuestra intervención, por providencia de 11 de Noviembre de 2009 se acordó citar a las partes de comparecencia, que el 15 de Diciembre se dictó auto cuantificando las cantidades a percibir por la interesada en concepto de indemnización y salarios de tramitación, que por auto de 9 de Marzo de 2010 se despachó ejecución por las citadas cantidades, que el 19 de Mayo se efectuó su ingreso por la condenada y que, finalmente, se acordó hacerle entrega de las mismas por Providencia del siguiente día 20, librándose al efecto el correspondiente mandamiento de devolución a su favor, desprendiéndose de todo ello que el asunto que le llevó a dirigirse a nosotros había quedado resuelto, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Nos pedía la interesada en la queja 09/5695 que instáramos del Juzgado de lo Social nº 1 de Sevilla el adelantamiento del señalamiento de la vista de un juicio sobre incapacidad permanente total, pensión de la que había sido privada por revisión por mejoría, de la que obviamente discrepaba, que había sido señalada nada menos que para el 31 de Enero de 2011, es decir, a la fecha de la providencia, para dentro de un año y cuatro meses.

Con independencia de lo demencial del retraso, que obedecía, como sabemos, a la situación de crisis económica, que ha provocado despidos masivos, expedientes de regulación de empleo, extinciones de contrato a instancia del trabajador por impago de salarios, a los que se ha de dar preferencia, en este caso concreto nuestra remitente aseguraba que la pérdida de su condición de pensionista le obligaba a sufragar los gastos de farmacia, que no podía afrontar por el alto precio de los medicamentos que le habían sido prescritos, y era por ello que solicitara que instáramos el adelantamiento de la fecha del juicio, confiando obviamente en la revocación de la supresión de su pensión por mejoría, lo que no dejaba de ser un futurible incierto.

No obstante, y aunque ya sabemos que cuando el señalamiento ya está hecho, y se supone que por riguroso turno de antigüedad, difícilmente va a modificar nuestra intervención ese, por otro lado, insoslayable orden a no ser que se produzca un hueco por suspensión, no podíamos dejar de admitir una queja tan justa por más que difícilmente soluble, aunque sólo fuera a efectos testimoniales.

Y así quedó ratificado en el informe remitido por la Fiscalía, que nos aseguraba que “el contenido de la queja es veraz, en cuanto que, efectivamente, el señalamiento del caso en cuestión ha sido fijado para el 31/01/2011, tal como confirma la titular del Juzgado.”. Y se añadía que “expone la Magistrada que los asuntos registrados en el año 2009 han sido 1.432, número que excede el módulo de entrada del Consejo General del Poder Judicial, motivo este por el que los señalamientos se están dilatando en el tiempo”, para concluir significándonos que “ello no obsta para que la titular nos haya expresado que si se produce alguna conciliación o desistimiento en fecha anterior, se procederá a adelantar la fecha indicada.”.

Expuestas las razones del retraso, y confiando en que se produjera el adelantamiento del señalamiento que nos ofrecían si ello fuera posible, hubimos de dar por concluidas nuestras actuaciones.

El último expediente que comentamos el pasado año –queja 09/4903-, que afectaba al Juzgado de lo Social nº 4 de Almería, poseía matices similares que el anterior, pues aunque coincidía en cuanto a la circunstancia de conocer ya quien a nosotros se dirigía la fecha de su futuro juicio y en lo lejanísimo de su señalamiento.

En efecto, del contenido del escrito del interesado se desprendía que tenía reconocida inicialmente una pensión de la Seguridad Social por Invalidez Permanente Total, pero después de haber sido objeto de un trasplante había quedado incapacitado para todo tipo de trabajo, solicitando, en consecuencia, una revisión de su invalidez por agravación al objeto de que le reconocieran una Invalidez Permanente Absoluta, que le había sido denegada, lo que le había llevado a impugnar dicha resolución administrativa denegatoria mediante demanda que había sido admitida a trámite por el Juzgado de lo Social nº 4 de Almería por Providencia de fecha 4 de Septiembre de 2009.

Lo que se constituía en objeto de su queja era el hecho de que en la citada Providencia se hubiera señalado como fecha para el correspondiente juicio la del 29 de Septiembre de 2010, es decir, para dentro de más de un año, lo que suponía una dilación que le ocasionaba un grave perjuicio dada la escasa cuantía de la pensión que actualmente percibía, que mejoraría sensiblemente en caso de que su pretensión fuera estimada, difiriéndose en tan largo plazo dicha posibilidad.

Una vez más, procedimos a la admisión de la queja planteando la posibilidad de que se anticipara la vista de producirse alguna suspensión, pese a ser conscientes de lo difícil que resulta modificar un señalamiento ya efectuado por riguroso turno de antigüedad.

En el interesante informe que nos fue remitido, a través de la Fiscalía de Almería, por el propio titular del Juzgado de lo Social nº 4 de dicha capital, se nos exponía la dificultad de la propuesta, ya que “procedimientos de tramitación preferente son los que vienen establecidos en la Ley de Procedimiento Laboral, entre los que no se encuentran los procedimientos al que se refiere la queja y sí se encuentran, en cambio, otros procedimientos, entre los que debe destacarse por su volumen de entrada los de despido, que generan, en el caso de retraso en la tramitación, el pago por parte del Estado de los salarios de tramitación”.

Y proseguía informándonos de que “en el año dos mil ocho se incrementó muy notablemente el número de procedimientos que tuvieron entrada en este Juzgado, que fue de 1.372 asuntos, con un incremento especialmente notable de los procedimientos de despido, de trámite preferente, situación que se ha agravado durante el año dos mil nueve con una entrada de asuntos que ha sido de 1.600, lo que supone el doble del módulo de entrada previsto para un Juzgado de lo Social por el Consejo General del Poder Judicial.”.

Concluía, finalmente, significándonos que “es preciso, por tanto, aumentar el número de señalamientos dedicados a asuntos de tramitación preferente, lo que, aparte del enorme incremento del volumen de entrada de asuntos en general, incide necesariamente en el señalamiento del resto de los procedimientos, entre los que se incluye el procedimiento al que se refiere la queja.”.

Por nuestra parte, y una vez facilitada la información que precede, expusimos al interesado que aunque debíamos dar por finalizadas nuestras actuaciones en relación con ese expediente en concreto, a la vista de la situación que se nos exponía en el meritado informe y en otros afectantes al mismo órgano jurisdiccional, ya nos habíamos dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para su conocimiento de la misma y efectos que procedieran, con independencia de dar cuenta de la situación descrita en nuestro próximo Informe Anual ante el Parlamento de Andalucía -como estamos haciendo-, trasladándole, por último, nuestra confianza en que si se produjera alguna suspensión su asunto ocupara su lugar, pues así lo había hecho el Juzgado cuando le había sido posible en casos similares al suyo.

Situados ya en el año al que el presente Informe se refiere, en la queja 10/4941 la interesada nos exponía que ante los incumplimientos económicos por parte de la empresa para la que prestaba sus servicios, redoblados cuando desde el mes de Enero de 2010 dejó de abonarle su salario mensual, se había visto obligada a formular demanda de reclamación de cantidad, presentada el siguiente mes de Mayo, que había sido admitida a trámite por el Juzgado de lo Social nº 2 de Granada por Providencia de fecha 16 de Junio.

Lo que se constituía en objeto de su queja era el hecho de que en la citada Providencia se hubiera señalado como fecha para el correspondiente juicio la del 16 de Enero de 2012, es decir, para dentro de año y medio, lo que suponía una inconcebible dilación que le ocasionaba un grave perjuicio dada su ausencia de recursos económicos, situación que describía muy gráficamente al decir que “con esos plazos el empresario se ríe de la situación, pues ahora no me paga nada hasta esa fecha...teniendo que ir a trabajar y sin poder cobrar...” y era debido a ello que solicitaba instásemos el adelantamiento de la fecha del juicio.

Pues bien, admitida la queja, del informe remitido por la Fiscalía de Granada, al que se acompañaba el elaborado al efecto por la titular del Juzgado, se desprendía que, en efecto, esa era la fecha del señalamiento, ya que “lo cierto es que dado el excesivo número de demandas que se vienen incoando y que en los últimos cuatro años ha ido aumentando progresivamente, la fecha de los señalamientos ha ido distanciándose, especialmente en aquellos procedimientos que no tienen carácter de urgente según la Ley de Procedimiento Laboral.”.

Y continuaba la titular del Juzgado asegurando que “ha sido precisamente la existencia de una gran pendencia lo que motivó que el pasado 22 de Septiembre el Juzgado fuera inspeccionado por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, habiéndose constatado por el mismo la imposibilidad de reducir la pendencia.”.

Concluía significando, desafortunadamente, que “por todo ello y dado que el procedimiento al que se refiere la queja no es de carácter urgente y que se ha señalado siguiendo estrictamente el orden seguido en el Juzgado para los señalamientos, no se considera posible la modificación de la fecha señalada para el juicio, lamentando los perjuicios que ello pueda ocasionar a la demandante.”.

Como en el caso de la queja inmediatamente anterior, facilitada la información que precede a la interesada le manifestamos que aunque debíamos dar por finalizadas nuestras actuaciones daríamos cuenta de la situación descrita en nuestro próximo Informe Anual ante el Parlamento de Andalucía -como acabamos de hacer-, trasladándole, por último, nuestra confianza en que si se produjera alguna suspensión su asunto ocupara su lugar.

Un caso exactamente igual que el anterior y afectante de nuevo al Juzgado de lo Social nº 4 de Almería el que se nos planteaba en la queja 10/5458, en la que la interesada nos exponía que debido a las enfermedades que padecía, que la invalidaban para trabajar, solicitó prestación por incapacidad permanente que le fue denegada por entenderse que no tenían aquéllas el suficiente alcance para ser constitutivas del reconocimiento de incapacidad.

Discrepando palmariamente de la resolución dictada al respecto por el INSS, la había impugnado mediante la correspondiente demanda, presentada el mes de Julio de 2010, que había sido admitida a trámite por el referido Juzgado de lo Social nº 4 de Almería por Providencia de fecha 27 de Septiembre, constituyéndose en objeto de su queja el hecho de que en la citada Providencia se hubiera señalado como fecha para el correspondiente juicio la del 25 de Abril de 2012, es decir, para dentro de año y medio, lo que suponía una inconcebible dilación que le ocasionaba un grave perjuicio dada su ausencia de recursos económicos, y era por ello que solicitara instáramos el adelantamiento de la fecha del juicio, pues obviamente confiaba en que, en presencia del grave cuadro de enfermedades que padecía, fuera estimada su pretensión, difiriéndose en tan largo plazo dicha posibilidad.

De corte similar a las respuestas anteriores también es, desafortunadamente, la que contiene el informe que al respecto envía a la Fiscalía de Almería la titular del órgano judicial en cuestión, que argumenta el reconocido retraso en señalar la vista del juicio en que no se trata de un procedimiento de naturaleza preferente (como son, por ejemplo, los despidos) y que se ha respetado el criterio legal de riguroso orden de entrada de asuntos en el órgano.

Al respecto del número de ellos nos expone que ya en 2008 se incrementó notablemente (1372), con un especial aumento de los procedimientos preferentes de despido. En el año 2009 la situación se agravó al entrar 1600 asuntos, que supone el doble del módulo previsto por el Consejo General del Poder Judicial para un Juzgado de lo Social, y, a mayor abundamiento, ese año el Juzgado estuvo sin titular durante cinco meses. Y a falta del último mes del año 2010 el número de asuntos era ya de 1297, sin incluir las consignaciones.

Todo ello significaba, según la informante, que la circunstancia del incremento de asuntos de entrada en general y de procedimientos de despido, de tramitación preferente, en particular, incidía necesariamente en el señalamiento del resto de los procedimientos, entre los que se incluía el que era objeto de la queja.

Una vez más, hubimos de decir a la interesada que debíamos dar por finalizadas nuestras actuaciones pero que daríamos cuenta de la situación descrita en nuestro próximo Informe Anual ante el Parlamento de Andalucía -como ahora hacemos-, trasladándole, por último, nuestra confianza en que si se produjera alguna suspensión su asunto ocupara su lugar.

Por último, nos planteaba el promotor de la queja 10/3481 que a su instancia y a la de dos trabajadores más se siguieron ante el Juzgado de lo Social nº 2 de Huelva autos sobre el despido de que habían sido objeto por parte del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado, en los que había recaído sentencia de 20 de Mayo de 2009 mediante la que se declaró nulo el despido de que fueron objeto los trabajadores, condenando a la referida corporación municipal a su readmisión y al abono de los salarios de trámite.

El Ayuntamiento condenado formuló contra la referida sentencia Recurso de Suplicación, lo que no obstaba para que durante la sustanciación del mismo se procediera a la readmisión de los trabajadores despedidos y/o al pago de los salarios que le correspondieran en su transcurso, y como quiera que no se procedió ni a lo uno ni a lo otro, se solicitó la ejecución provisional de la sentencia, dando lugar a la incoación de un procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales del mismo Juzgado.

En el seno del referido procedimiento se dictó providencia de 20 de Julio de 2009 requiriendo al referido Ayuntamiento en el sentido solicitado, pero tras haber presentado el mismo en Diciembre de ese año un escrito al que adjuntaba determinada documentación, que se unió a la ejecutoria, no parecía haber habido ulterior resolución al respecto.

El caso es que nuestros remitentes aseguraban que ni habían sido readmitidos ni le habían sido abonadas las cantidades devengadas durante los dieciocho meses que ya habían transcurrido desde que fueron despedidos, lo que había terminado por situar a las familias que de ellos dependían en una posición de grave precariedad económica, no sabiendo a qué atenerse.

Admitida la queja por obvias razones, cuando finalizó el año al que el presente Informe se refiere aún no habíamos recibido respuesta alguna al respecto, por lo que el próximo año continuaremos con el oportuno comentario sobre su resolución.


2.4. Actuaciones Penitenciarias

      1. La colaboración de la Junta de Andalucía en materia de Deportes: un excelente programa que sucumbe ante la crisis.


Como dijimos en la introducción del Área, casi finalizando el año tuvimos que iniciar una actuación de oficio ante las preocupantes noticias que nos llegaron sobre la más que posible supresión del “Programa de Animación Deportiva en los Centros Penitenciarios de Andalucía” programa que viene desarrollándose, a plena satisfacción de todos, desde hace doce años.

Para que se entienda mejor de lo que hablamos es necesario detenerse en la exposición de algunos antecedentes, que, de un modo resumido, se encuentran todos recogidos en un expediente de oficio que inició su tramitación en el pasado año y que cerramos en el actual porque, al menos parcialmente, se habían aceptado nuestras recomendaciones, ajenos por completo a lo que se avecinaba con el “tsunami” de los recortes presupuestarios. Nos referimos a la queja 09/776 de la que informamos por primera vez.

En Marzo de 2009 nos dirigíamos al Director General de Actividades y Promoción Deportiva, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes, exponiéndole el objeto de dicha actuación y le decíamos:

Desde hace muchos años seguimos la colaboración Junta de Andalucía- Instituciones Penitenciarias, en materia deportiva, que se desarrolla, con muy buenos índices de valoración, a través del “Programa de Animación Deportiva en los Centros Penitenciarios”, programa que gestiona la Asociación Batá, con el patrocinio y dirección de ese Centro Directivo.



Instituciones Penitenciarias, su Secretaría General, mantiene un programa de apertura de nuevos Establecimientos Penitenciarios que poco a poco se va ampliando. Concretamente en el año 2000 se han abierto el Centro Penitenciario Sevilla II (en Morón de la Frontera) y el Centro del inserción social de Sevilla, centro este último de características peculiares (más pequeño; para internos de tercer grado fundamentalmente) pero en el que la práctica deportiva será también relevante.

Desde Morón que pronto albergará más de mil internos, se solicita nuestro apoyo para que el Programa de Animación Deportiva se extienda ya a este Centro que tan solo cuenta con un monitor deportivo:«la situación actual -nos escribe el Subdirector de Tratamiento- es muy precaria ya que es imposible con una sola persona atender con garantías la programación deportiva prevista, para la que contamos con excelentes instalaciones».

En cuanto al C.I.S. de Sevilla, también su Directora nos dice que allí la práctica deportiva es esencial, para lo que cuentan con un buen gimnasio y con campos de deportes para baloncesto y balonmano. No disponen de ningún monitor deportivo.

Por todo ello le ruego nos informe sobre las dotaciones económicas y de personal especializado con que cuenta dicho Programa y la posibilidad de ampliarlo con dos monitores más para la provincia de Sevilla, uno de ellos con destino en el establecimiento de Morón de la Frontera, que de ser posible, debería incorporarse en el segundo semestre de este mismo año”.

Desde la citada Dirección General se nos informaba poco después de un modo ambiguo respecto de nuestras peticiones, aunque, una vez más, alabando los resultados obtenidos por el programa desde que en 1998 se pusiese en marcha. Concretamente afirmaban lo siguiente:

La dotación presupuestaria de este Programa asciende para el año 2099 en 315.548,99 €, lo que supone un aumento respecto al año anterior del 1,4%. Debido a la relevancia que tiene este Programa dentro de nuestras actuaciones, no se ha tenido en cuenta la reducción presupuestaria realizada en la totalidad de Programas de esta Dirección General, llegando a incrementarlo en su caso.

Este Programa cuenta con un total de 2 coordinadores y 13 monitores deportivos, siendo 3 de ellos, los localizados en los Centros Penitenciarios de la provincia de Sevilla.

Somos conscientes de la gran labor realizada por todos los monitores deportivos para el impulso de la práctica de actividad física y deportes de los Centros Penitenciarios por ello decidimos no solo mantener el Programa con el incremento presupuestario correspondiente sino además el número de monitores por Centro. Lamentamos dada la situación presupuestaria actual, no poder ampliar el alcance del programa”.

A la vista de dicha comunicación formulamos varias Recomendaciones al Director General cuyo texto íntegro fue el siguiente:



Como recordará, en Marzo pasado le solicitamos informe, que nos llegó oportunamente, y en el que nos comentaba algunos extremos del mismo en el presente año 2009. En torno a este mismo asunto, en vísperas de la preparación del borrador del Presupuesto para 2010, nos parece conveniente formularle algunas consideraciones:

PRIMERA.- El Programa que nos ocupa se desarrolla a partir de las previsiones contenidas en el Convenio-Marco de colaboración entre la Junta de Andalucía y la Administración Central en Materia Penitenciaria, que continúa vigente desde su firma el 23 de Marzo de 1992.

Concretamente el Programa se acoge al Área 5 de dicho Convenio, “Educación Físico-Deportiva” que contempla como grandes objetivos la «organización de actividades físico-deportivas que, compensando los efectos de la reclusión, contribuyan a mejorar el estado físico y de salud de los internos e introduzcan en ellos pautas conductuales de autodisciplina y respeto mutuo y de las normas».

SEGUNDA.- Desde el año 1998, esta Institución lleva a cabo un seguimiento periódico de la colaboración penitenciaria en este campo, que hemos calificado en más de una ocasión como de “elevadas cotas de eficacia y buen funcionamiento sólo superadas por el alto nivel de eficiencia de las mismas, dado su exiguo costo para el presupuesto autonómico”. Esta calificación nuestra se mantiene vigente y está obtenida a través de informaciones recibidas de múltiples vías, con percepción directa por nuestra parte en las habituales visitas que hacemos a los Centros Penitenciarios y en los contactos frecuentísimos con sus equipos directivos y con los propios internos.

TERCERA.- Desde los primeros años de implantación de este Programa (años 1998, 1999 y 2000) a la actualidad, el panorama penitenciario andaluz ha variado sustancialmente en diversos aspectos, de los que, a los efectos que nos ocupan, destacamos los siguientes:

a) Concretamente en el año 2000 eran 13 los Centros Penitenciarios andaluces; hoy son 18, sin contar los Centros de Inserción Social de Jerez de la Frontera y Córdoba que dependen respectivamente de los establecimientos ordinarios de Puerto II y Córdoba.

b) En el año 2000 la población penitenciaria en Andalucía estaba en torno a las 10.000 personas. Actualmente son 17.000.

c) La demanda de actividades deportivas ha aumentado considerablemente, no solo por el aumento de población comentado sino por la mejora general de las instalaciones deportivas y por las expectativas que fomentan la propia dinámica del Programa. En este sentido se ha de tener en cuenta la implantación en los últimos años de seis “Centros Prototipo” (Granada, Huelva, Córdoba, Algeciras, Puerto III y Morón de la Frontera) que incluyen importantes instalaciones deportivas, tanto en sus módulos residenciales como en los Edificios Socio-Culturales con que cuentan.

Por todo lo que antecede, y al amparo del articulo 29.1 de nuestra Ley reguladora, le formulamos las siguientes Recomendaciones:

1ª. El Programa de Animación Deportiva en los Centros Penitenciarios de Andalucía, para mantener sus niveles de eficacia, calidad y eficiencia, en los términos comentados, debe atender los tres hechos incuestionables aludidos; es decir, aumento de población penitenciaria, aumento de establecimientos penitenciarios e incremento de la demanda de actividades deportivas.

2ª. Para el Presupuesto de 2.010 es imprescindible que se dote de un monitor deportivo a jornada completa para el establecimiento Penitenciario de Morón de la Frontera, que ya alberga una población de 1.500 personas.

3ª. Para el Presupuesto de 2.010 debe contemplarse el inicio de colaboración con los nuevos Centros de Inserción Social, en los que las prácticas deportivas son imprescindibles, dentro de las peculiaridades de dichos Centros, que debieran ser conocidos cuanto antes por los responsables del Programa. Específicamente la Directora del Centro de Inserción Social de Sevilla ha solicitado nuestro apoyo para que en el mismo se inicien tales prácticas deportivas”.

La respuesta, dada en Septiembre, informaba sobre la elaboración del presupuesto en trámite y sobre la imposibilidad de concretar todavía el importe de la partida presupuestaria para 2010, aunque se decía, “somos conocedores de la importancia de este programa, la gran participación de internos e internas en los Centros Penitenciarios de Andalucía y el fomento de valores a través de la práctica de actividades físicas y deportes, por lo que seguiremos colaborando en la ejecución de este programa”.

Ya en 2010 volvimos a solicitar información y se nos confirmó que el programa ya se había adjudicado en concurso público y un año más extendería su ejecución hasta Febrero de 2011; nos enviaban el Proyecto Técnico en el que se incluía un monitor más que desarrollaría su trabajo en el Centro Penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera, tal como habíamos solicitado, si bien no había sido posible conseguir que el programa se extendiese al Centro de Inserción Social de Sevilla. Con este bagaje dimos por concluidas nuestras actuaciones sin imaginarnos lo que se avecinaba.

Así las cosas, en Diciembre de 2010 nos dirigíamos al responsable del programa que nos ocupa, ahora el Secretario General para el Deporte, de la Consejería de Comercio, Turismo y Deporte, exponiéndole lo siguiente:

En el día de ayer hemos tenido conocimiento de que el “Programa de Animación Deportiva en los Centros Penitenciarios”, que gestiona la Asociación Batá, con el patrocinio y dirección de esa Secretaría General, podría no continuar para el próximo ejercicio 2011, por dificultades presupuestarias derivadas de las restricciones en el gasto público ocasionados por la crisis que padecemos.

Desde la puesta en marcha de dicho Programa, hemos seguido su desarrollo y conocido, año tras año, la valoración extraordinariamente positiva de cuantos con el mismo se relacionan; equipos directivos de prisiones, penitenciarios, población encarcelada, asociaciones, etc.

En Marzo del pasado año nos dirigíamos al Director General de Actividades y Promoción Deportiva interesándonos por la posible ampliación del número de monitores para poder enviar uno al nuevo Centro Penitenciario de Morón. Aunque la respuesta del Director General no posibilitaba el logro de nuestra propuesta, se aprecia en la misma la excelente valoración del Programa que él mismo compartía (se adjunta la aludida respuesta).

Por todo ello no deja de sorprendernos la información que nos llega sobre la posible supresión total del mismo, pues de ser ello así se cortarían de raíz más de doce años de fructífera colaboración con la Institución Penitenciaria de Andalucía, en una materia tan importante como es la práctica deportiva para una población forzada a vivir en los estrechos y aislados recintos penitenciarios.

Pensamos que cabrían fórmulas restrictivas, pero no tan drásticas, que posibilitase la continuidad del Programa y su recuperación más ambiciosa cuando se mejorasen las perspectivas presupuestarias.

Le ruego nos informe sobre la problemática planteada, y, en su caso, acoja favorablemente nuestra expresa petición de continuidad del “Programa de Animación Deportiva en los Centros Penitenciarios de Andalucía”.

La respuesta recibida no ha podido ser más desoladora a través de carta del Secretario General para el Deporte.

Desoladora porque, en efecto, “le informo que efectivamente la continuidad del programa, después de la finalización del actual que expira el 31 de Enero de 2010, no continuará en 2011 por razones de índole exclusivamente presupuestaria”.

Desoladora también porque “como sin duda conocerá, debido a la situación económica actual el presupuesto del área de deporte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte para el ejercicio 2011 se ha visto reducido muy considerablemente hasta alcanzar una reducción de más del 50% con respecto a 2009”.

Y más desoladora aún, porque en vez de salvar el programa, aunque fuera reduciéndolo de modo parejo al recorte presupuestario (50%), se decide suprimirlo totalmente porque, “hay que tener presente que el programa de animación deportiva en los centros penitenciarios se ha venido desarrollando y apoyando por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a pesar de ser una actividad que no se encuentra dentro de su ámbito competencial”.

O sea, que los Convenios en vigor, en los que se asumen obligaciones concretas, parecerían no formar parte de las competencias de la Administración Autonómica, y pueden ser, por lo tanto, incumplidos u olvidados. Concretamente nos referimos al Convenio Marco de Colaboración, en materia penitenciaria, entre la Junta de Andalucía y la Administración Central, de 23 de Marzo de 1992, que continúa en vigor, cláusula Tercera.5 “Área de Educación Físico-Deportiva” y cláusula Cuarta.5, que incluye las obligaciones de la Junta en dicha Área Deportiva, que quedaría, con la supresión de este programa, totalmente vacía de contenido.

Naturalmente el Defensor no puede estar de acuerdo en tan drástica medida pues donde cabría, como con otros programas, una reducción presupuestaria en éste se opta por la supresión total cuando se trata, como ya se ha dicho, de unas actividades que cuentan con la valoración más positiva de todas las partes implicadas, empezando por la propia Consejería.

Por ello seguiremos intentando que tal medida no se adopte, en los términos en que se nos ha comunicado.



  1. TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL



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