Defensor del pueblo andaluz



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2. 3. Empleo.


La equiparación de las mujeres a los hombres en el sector de la economía es una cuestión estratégica de desarrollo socioeconómico. Los países que no utilizan el talento de la mitad de su población, realizan una asignación de recursos poco eficientes, crecen menos y ponen en riesgo su competitividad. Para ello, el I Plan Estratégico para la Igualdad, de Andalucía, contempla entre otros, como objetivos, impulsar políticas en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Salud y Seguridad Laboral desde una perspectiva de género, incidiendo en la actuación frente a los riesgos laborales específicos que afectan a las trabajadoras; promover la igualdad de trato y oportunidades desde la perspectiva de género, en el acceso y permanencia en el empleo, así como la calidad del mismo, tanto en el sector público, como en el privado.

Pues bien, en el presente ejercicio, han sido varias las quejas en las que sus promoventes se han basado en hechos relacionados con los objetivos reseñados y en las que se han alegado diversas causas de discriminación laboral por razón de sexo, singularmente por situaciones relacionadas con riesgos laborales a causa de embarazo; o también sobre posible perjuicio en materia de contratación a través de Bolsas de Trabajo de la Administración Autonómica.

Así, en la queja 09/5295, una enfermera de 33 años, trabajadora en un hospital malagueño, manifestaba, que cuando estaba de 9 semanas de gestación, comunicó a su empresa, concretamente el Servicio de Medicina Preventiva, su estado.

Desde ese mismo día, contaba la interesada, comenzó a iniciar los trámites para la certificación de Riesgo de Embarazo solicitando los documentos necesarios a los Servicios de Riesgos Laborales, Recursos Humanos y Medicina Preventiva.

Una vez obtenida la certificación Empresarial sobre situación de Riesgo durante el embarazo, comenzó con los trámites para solicitar la certificación médica de Riesgo durante el embarazo al INSS de Málaga.

Todos los informes emitidos por los Servicios de Riesgos Laborales, Medicina Preventiva y Recursos Humanos eran favorables para la obtención de dicha certificación ya que de ellos se deducía, que su puesto de trabajo como Enfermera en el Servicio de Hematología, era un Servicio con exposición a riesgos y que a pesar de haberse adoptado las medidas propuestas, no había sido posible la adaptación de su puesto de trabajo. Además, tampoco era posible cambiarla a otro puesto ya que todos los puestos aparecían, según informe técnico, como no exento de riesgos para el embarazo.

No obstante, la interesada recibió una llamada de su hospital comunicándole la certificación negativa para dicho riesgo y por ello no cabía iniciar los trámites para la prestación de riesgo y que esta situación podía ser revisable a partir de la semana 37 de gestación.

Ante esta situación, la interesada nos comunicó, que tuvo que continuar trabajando con exposición a riesgos para ella y para el feto y, aún sabiendo que se estaba incumpliendo la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (Riesgo de Embarazo).

Como quiera que el organismo afectado, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, no forma parte de la Administración Andaluza y sí de la del Estado, y por tanto no susceptible de supervisión por parte de esta Institución, procedimos a remitir la queja a la Defensora del Pueblo en Funciones, habiéndose recibido escrito informativo de la misma, respecto del resultado de sus investigaciones, comunicándosenos que el expediente se había cerrado en la citada Alta Institución, al haber quedado resuelto el asunto objeto de la queja, puesto que finalmente a la trabajadora le fue expedida certificación favorable por el EVI del INSS, estaba de baja temporal derivada de riesgo por el embarazo y había percibido efectivamente la prestación de riesgo por el embarazo, desde el 18 de Noviembre de 2009 al 14 de Mayo de 2010.

En la queja 09/5883, el asunto que motivó la admisión a trámite el escrito de queja fue la denuncia presentada ante esta Oficina por varias trabajadoras en la que referían habían sido excluidas de las Bolsas de Trabajo de Personal Laboral, de las categorías; Auxiliar de Enfermería, Auxiliar Administrativo, Ordenanza y/o Limpiadora, por estar prestando servicios durante más de 36 meses. Según las interesadas, dicha exclusión les había sido comunicada por teléfono, si notificar nada por escrito.

En la tramitación normal del expediente de queja, nos dirigimos al titular de la Secretaría General para la Administración Pública que, en síntesis, nos comunicó los datos relativos a la aprobación de las Bolsas de Trabajo que estaban vigentes, derivadas todas ellas de procesos selectivos en los que, consultados los datos obrantes en la Dirección General, las interesadas no participaron por lo que no podían quedar integradas en las mismas.

En lo que concierne a la categoría profesional Limpiadora (clave 5012), fue la Resolución de 20 de Enero de 2009, de la Secretaría General para la Administración Pública, la que aprobaba la relación definitiva de la primera entrega, generada tras la resolución del proceso selectivo convocado por Orden de 6 de Junio de 2005 (OEP 2003-2005), y puesto que ninguna de las interesadas participó para el acceso en la categoría de referencia, tampoco podían ser incorporadas a ésta.

Expuesta así la situación en lo que concierne a las Bolsas de Trabajo centralizadas en este Centro Directivo, y gestionadas por las Delegaciones Provinciales de la Consejería, resultaba que ciertos extremos puestos de manifiesto por las interesadas (denominación de categorías inexistentes, causas de exclusión, medios de notificación...), resultaban ajenos al procedimiento diseñado por el Reglamento de Regulación de la Bolsa de Trabajo en el ámbito de aplicación del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral al Servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía, por que pudiera resultar que las afectadas hicieran referencia a otros instrumentos que para la selección del personal laboral temporal se articulan con carácter singular por determinadas Consejerías.

Del traslado de dicha información a la interesada, éstas nos comunican que no se referían a la “Bolsa Ordinaria” de la Junta de Andalucía, sino a la que se denomina “Bolsa ó cupo del 2%”, que al parecer fue constituida en la provincia de Jaén en virtud de un acuerdo entre el Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer y la entonces Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública.

Solicitado nuevamente informe, sobre este concreto extremo, se nos comunicó por la Delegación de Jaén de la Consejería de Hacienda y Administración Pública que en cada categoría o grupo de categorías ofertadas se reserva un dos por ciento (2%) para mujeres provenientes de casas de acogida o recursos equivalentes y otro dos por ciento (2%) para menores tutelados por la Junta de Andalucía que alcancen la Mayoría de edad. A propuesta de las personas titulares de la Delegación del Gobierno (para mujeres maltratadas) y de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social, la Comisión constituida irá estudiando la incorporación de las personas provenientes de estos colectivos a los listados de las diferentes categorías o grupo de categorías en los puestos reservados a tal efecto, previo la emisión del correspondiente informe del organismo competente.

Se añadía que, en consecuencia, el requisito para acceder a puestos es ser mujeres provenientes de casas de acogida y el proceso, dada las garantías de seguridad que hay que tener en cuenta y la sensibilidad que exige la actuación, es que, una vez que corresponde por turno a una de estas personas, contactar con el Instituto Andaluz de la Mujer para que, en el supuesto de poseer personas candidatas, facilite los datos necesarios para poder ofrecerle el puesto. Es por tanto el I.A.M. el órgano responsable de evaluar cada caso concreto y proporcionar a la citada Delegación la candidata a cada puesto de trabajo. Las seleccionadas no se integran permanentemente en la referida Bolsa de Sustituciones, sino que este proceso permanece en tanto en cuanto el I.A.M. considera conveniente el apoyo de este recurso.

Una vez obtenidos dichos datos, se trasladan con la misma cautela a la Delegación a la que pertenece la plaza, para la formalización del correspondiente contrato, con lo que finaliza la actuación al respecto.

Finalizaba la comunicación diciendo que evidentemente, la problemática actual y la propia dinámica de la Bolsa que sólo tiene establecido el 2% para este tipo de personas, exige que todas las mujeres provenientes de casas de acogida o recursos equivalentes, tengan acceso a este cupo, dado que si no fuese así, solamente podría ofrecerse puestos a las mismas personas, limitando el derecho de las demás, máxime si tenemos en cuenta que esta Bolsa se constituyó en el año 2000 y la normativa no limita el derecho a las nuevas personas que con el transcurso del tiempo se integran, desgraciadamente, en las referidas casas de acogida, por lo motivos que son sobradamente conocidos.

Tras dar traslado a las interesadas para oír alegaciones sobre el escrito informativo de la Administración, no presentaron ninguna, por lo que procedimos al cierre del expediente de queja, al considerar que no consideraban necesarias nuevas actuaciones por nuestra parte.

2. 4. Conciliación y Corresponsabilidad.


Conciliar es hacer compatible cuatro espacios, el espacio laboral, el familiar, el doméstico y el personal que, según el modelo de la división del trabajo, no tienen conexión. Por otra parte, la conciliación, va más allá del reparto de responsabilidades en la esfera familiar, ya que pone de manifiesto que todos esos espacios y tiempos están vinculados y son interdependientes. Tres son los objetivos del Plan Estratégico en este ámbito: avanzar en la Conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las mujeres y los hombres; promover una mayor corresponsabilidad en el ámbito familiar e impulsar el conocimiento de la dimensión socio-económica del trabajo no remunerado, específicamente del trabajo doméstico y el de cuidados.

Por su parte, la Ley 12//2007, de 26 de Noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, dedica su Capítulo III a la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal, regulando el Derecho y deber de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito público y privado y la organización de espacios, horarios y creación de servicios, tanto en las empresas privadas como en la función pública andaluza.

Es por ello que entre las actuaciones prioritarias de la Administración, en nuestro Informe Anual de 2009, decíamos que creíamos debían adoptarse medidas reglamentarias que permitiesen avanzar hacia esa igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, objetivo de la propia Ley 12/2007, de 26 de Noviembre, como así se contiene en su exposición de motivos.

En concreto, procedería el desarrollo reglamentario del Capitulo III de la misma, en cuanto a: Derecho y deber de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito público y privado, organización de espacios, horarios y creación de servicios, impulso de medidas que favorezcan la Conciliación en las empresas privadas y en el empleo público y permiso de paternidad (hasta cuatro semanas).

Pues bien, en este año 2010, hemos tenido ocasión de plantear a través de la queja 10/5198, la cuestión relativa a la ampliación y entrada en vigor del permiso de paternidad. En ella, la persona interesada, en su calidad de Presidente de la Federación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva, se dirigía a nosotros en los siguientes términos:

... con objeto de solicitarle formalmente que inste al gobierno Andaluz para que a su vez inste al ejecutivo a reconsiderar su postura de aplazar la ampliación del permiso de paternidad hasta el año 2010. Cuando esta medida fue aprobada en el año 2009 se programó su entrada en vigor para comienzos de 2011, argumentándose entonces que no era el momento económico para ponerla en marcha. Por tanto, se trata esta vez de un segundo aplazamiento, que resulta a todas luces contrario a cualquier política que pretenda promover la igualdad entre hombres y mujeres así como la conciliación de la vida laboral y familiar..”.

Por otra parte, manifestaba que era notoriamente insuficiente ampliar el permiso de paternidad solamente a 4 semanas, pues como permiso independiente debería ser idéntico al de maternidad (16 semanas) y nada justificaba que en este asunto se mantuviera la discriminación en los derechos de los ciudadanos fundada en la variable del sexo biológico. A su juicio, nos encontrábamos, por tanto, ante una política de igualdad coja y llena de contradicciones, pues a nadie escapa que la discriminación laboral de la mujer tiene su causa principal en la maternidad concebida cono seña diferencial y como rol preferentemente femenino.

Añadía que las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmaban una inequívoca tendencia acorde con la decisión adoptada por los veintisiete de equiparar los permisos de maternidad y paternidad, y no dudaban en catalogar este desequilibrio entre ambos permisos como doblemente discriminatorio, por relegar tanto a hombres como a mujeres a los roles propios de un modelo de sociedad patriarcal que por fortuna las nuevas familias han conseguido dejar atrás.

A la vista de los hechos expuestos, remitimos la queja a la Consejería para la Igualdad y Bienestar social, como organismo competente en la materia, la cual, a fecha de redacción de este informe nos ha enviado el escrito de respuesta remitido al interesado desde el Instituto Andaluz de la Mujer, en el que se manifiesta, en resumen, que la Ley 3/2007, de 22 de Marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, incluye entre sus principales medidas la protección de la maternidad y la creación de un permiso de paternidad intransferible, como respuesta al reto de construir un nuevo modelo social, donde mujeres y hombres compartan tiempos, espacios y responsabilidades.

Pues bien, esta Ley, establece que, por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, el padre podrá disfrutar a partir de la fecha del nacimiento o decisión administrativa o judicial, de 15 días de permiso, el cual entró en vigor el 24 de Marzo de 2007, recogiéndose también en la misma que en un plazo de 6 años este permiso tendrá una duración de 4 semanas.

El permiso de paternidad, ha tenido una buena acogida entre los varones y el en primer semestre de 2010, 136.000 padres se han beneficiado de dicho permiso, lo que ha supuesto una inversión de 111 millones de euros, correspondiendo a Andalucía 21.351 permisos de paternidad a padres.

Añade el Instituto de la Mujer que de nada sirve un permiso de paternidad que únicamente suponga unas vacaciones para el padre, sino que es fundamental seguir trabajando en corresponsabilidad, pues también en España se cuenta con un permiso de maternidad de 16 semanas transferible, a través del cual el padre puede compartir hasta 10 semanas de dicho permiso y que tanto en España como en Andalucía el número de padres que lo solicitan es del 1%.

Posteriormente, en 2009, se aprobó la Ley 9/2009, de 6 de Octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad, a través de la cual el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante cuatro semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples, en dos días más por cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión de contrato es independiente del disfrute compartido de los períodos de descanso por maternidad.

El Gobierno Central, tiene aún pendiente el desarrollo de la Ley mencionada, por lo que se mantendrá en 15 días, alegando el ejecutivo motivos presupuestarios, ya que supondría un coste económico de unos 400 millones de euros anuales, entendiendo el mencionado Instituto que se deben mantener los recursos sociales ya existentes, no obstante asegura que velará porque esta ampliación se aplique, que seguirán trabajando de forma decidida por la corresponsabilidad en el ámbito familiar y que así se los transmiten al Gobierno Central.

A la vista de esta respuesta y dada la disposición de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, de velar porque se aplique el permiso de paternidad, transmitiéndoselo al Gobierno central, no hemos podido sino dar por concluidas nuestras actuaciones.

A vueltas con la conciliación de la vida familiar con la vida laboral, como elemento esencial en el desarrollo equilibrado de una sociedad avanzada que tiene como valor fundamental la igualdad de su ciudadanía, la ausencia de una política activa de conciliación que permita a los trabajadores y a las trabajadoras compatibilizar el desarrollo de una carrera profesional y la culminación de sus aspiraciones laborales, con la fundación de una familia, tiene consecuencias negativas tanto para el conjunto de la sociedad, cuya expresión más evidente es la baja natalidad, como para aquellas personas trabajadoras que se ven obligadas a optar entre trabajo y familia, opción que, además, redunda en perjuicio de la organización, que muchas veces se ve privada de trabajadores y trabajadoras con un alto potencial.

Sin perjuicio de la potestad autoorganizatoria de la que dispone la Administración Pública, para llevar a cabo la prestación de los servicios públicos a través de la ordenación y organización de los diversos colectivos de empleados públicos, cuya resolución es susceptible de recurso en la vía jurisdiccional, entendemos que debe adoptar medidas para conseguir que las conveniencias de la persona trabajadora, de carácter personal, social o familiar puedan conciliarse de forma más efectiva con la prestación de servicios para la empresa, pudiendo, en definitiva mejorarse el entorno laboral y combatir el absentismo

Con objeto de determinar cuál haya sido o esté siendo la actuación de las Administraciones Públicas andaluzas, y en su caso, del sector público andaluz, para favorecer esa conciliación de la vida familiar con la vida laboral de las personas trabajadoras, procedimos en Diciembre de 2008, a abrir de Oficio la queja 08/3944, en la que nos hemos dirigido a muchas de las Administraciones y Organismos autonómicos y que aún se encuentra en curso de investigación.


2. 5. Salud.


La introducción de la perspectiva de género en el ámbito de la salud, implica reconocer el papel que los roles y estereotipos de género juegan en el estado de salud de mujeres y hombres. El género se configura así como un determinante de la salud, siendo junto a otras variables sociodemográficas, un elemento parcialmente generador de desigualdades en salud, siendo éstas, por definición, injustas, innecesarias y sobre todo evitables.

Pues bien, en 2010, iniciamos el expediente de queja 10/1432 a raíz de la comparecencia en nuestra Institución de una señora que nos dio a conocer su experiencia de vida tras venir afectada de cáncer de mama.

Después de ser sometida a una mastectomía nos hablaba de los cambios que indefectiblemente se habían producido en su vida, y del beneficio que le había supuesto el contacto con otras mujeres afectadas en el seno de una asociación de pacientes, así como el montante económico que conllevaba hacer frente a esos cambios en determinadas parcelas (alimentación, vestuario,...).

Pero se mostraba especialmente preocupada por el período de tiempo, aproximadamente un año, en el que las mujeres que padecen esta patología deben someterse a tratamiento de quimioterapia, con la pérdida de cabello asociada a este último, propugnando entonces “que el pañuelo en la cabeza de una mujer a consecuencia de la quimioterapia sea una opción y no una imposición por no tener medios económicos para adquirir una peluca, que no deja de ser una prótesis necesaria para que, además de carecer de una mama, o de las dos en algunos casos, no se carezca también del cabello”.

En este sentido significaba que el precio de una peluca adaptada a la persona oscila entre los 300 euros (pelo artificial) y los 700 euros (pelo natural), y su mantenimiento de 20 a 30 euros cada quince días aproximadamente, y por este motivo nos trasladaba su petición de que las pelucas pudieran ser recetadas en el Sistema Sanitario Público.

Por nuestra parte solicitamos el informe previsto en el art. 18.1 de nuestra Ley reguladora a la Dirección General de Asistencia Sanitaria del SAS, la cual trasladó nuestra petición a la Secretaría General, aludiendo a que a esta última le correspondía responder respecto de la “financiación de un producto estético”. Queríamos conocer si había existido alguna iniciativa en este ámbito en el conjunto del Sistema Nacional de Salud y si estaba prevista algún tipo de ayuda económica para sufragar el coste de estos productos.

En su informe, la mencionada Secretaría General afirmaba que la cartera de servicios comunes de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud no contempla las prótesis capilares en ningún supuesto, y que la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía tampoco las incluye en su catálogo general de ortoprotésica.

Al mismo tiempo señalaba que el SAS no tiene establecida ninguna ayuda económica, ni prevé instaurarla o promoverla para estos pacientes. Y en último lugar manifiestaba que en el ámbito del Comité Asesor de la prestación ortoprotésica no conocen ninguna iniciativa sobre este particular al menos en los últimos diez años.

A la vista de la información recibida, procedimos a formular Resolución al citado organismo, mediante la que efectuamos una serie de valoraciones, pues el asunto sin embargo no resulta tan invisible como el SAS quería darnos a entender, pues después de un somero rastreo en relación con el mismo, pudimos acceder a diversas propuestas en distintos niveles de la acción política y parlamentaria, e incluso en alguno caso se ha llegado a materializar como auténtica prestación.

Así a nivel europeo, en el marco de la preocupación de las instituciones de la Unión Europea que la han llevado a la adopción de distintos planes y programas contra el cáncer, el Parlamento elaboró un informe sobre el cáncer de mama en la misma, que culmina con una Resolución dirigida a la Comisión y a los Estados miembros para que, en el ámbito de sus competencias, reembolsen adminículos como pelucas de pelo artificial y rellenos de sujetador, así como de drenajes linfáticos en la fase posterior al tratamiento.

Como presupuesto de dicha medida el Parlamento Europeo establece que deberá lograrse el nivel más elevado posible de calidad de vida para los pacientes, ya que el tratamiento del cáncer de mama conlleva graves padecimientos físicos y psíquicos.

En el ámbito nacional interno detectamos interés en el debate parlamentario, tanto estatal como autonómico. En este sentido, hemos encontrado preguntas parlamentarias registradas ante la mesa del Congreso de los Diputados y relacionadas con la financiación de prótesis capilares para los niños afectados por procesos oncológicos. Más específicamente ante el Parlamento de Andalucía, aparecen proposiciones no de ley, para la mejora en la detección precoz y del tratamiento del cáncer de mama, así como de medidas de mejora del tratamiento del cáncer de mama, en las que se contempla el suministro de ayudas económicas para pelucas y sujetadores adaptados.

Como tales ayudas económicas se recogen en la acción prestadora de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), que en el apartado de ayudas asistenciales, es decir aquéllas que pueden recibir los mutualistas cuando se encuentren en determinados estados o situaciones de necesidad, que no están cubiertos por otras prestaciones, y al mismo tiempo carecen de los recursos indispensables para hacer frente a tales estados o situaciones; contempla expresamente la adquisición de prótesis capilares para enfermos oncológicos afectados de alopecia secundaria.

Pero aún es posible un paso más, que al menos en nuestro conocimiento se ha dado por la Comunidad Autónoma de Valencia, pues en el Decreto 26/2010, de 30 de Abril, por el que se regula la prestación ortoprotésica en el marco de la sanidad pública, en el ámbito de la Comunidad Valenciana; se ha incluido en el anexo I que establece la cartera de servicios ortoprotésicos externos, las prótesis capilares para pacientes menores de 18 años afectos de alopecia secundaria al tratamiento oncológico, las cuales habrán de ser prescritas por los servicios de oncología hospitalarios debidamente acreditados.

En relación con esta prestación, el Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana ha elevado algunas sugerencias a la Consejería de Sanidad para que realice los estudios necesarios de la demanda de este tipo de prótesis, así como de los gastos de la prestación, para que a la vista de los resultados que se deriven de su estudio se valore la posibilidad de incluir las prótesis capilares a pacientes Mayores de 18 años que sufran alopecia como consecuencia del tratamiento oncológico, dentro del catálogo de especialidades de material ortoprotésico de la Comunidad Valenciana.

Llegados a este punto nos interesaba resaltar que la definición de las prestaciones que configuran la asistencia sanitaria del sistema público se ha llevado a cabo tradicionalmente de una manera genérica, quizás porque resulta absolutamente imposible detallar exhaustivamente los procedimientos y las técnicas que integran las mismas.

En la actualidad la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (16/2003 de 28 de Mayo), preconiza el establecimiento de unas condiciones básicas y comunes para una atención integral, continuada y en el nivel adecuado. Por eso configura un catálogo de prestaciones que se hacen efectivas a través del conjunto de técnicas, tecnologías y procedimientos que conforman la cartera de servicios comunes.

El establecimiento de la cartera de servicios correspondiente a las distintas modalidades de prestaciones se ha llevado a cabo a través del Real Decreto 1030/2006 de 15 de Septiembre, el cual aún dentro de la generalidad, introduce un Mayor nivel de concreción en relación con su antecedente normativo. Como novedad incorpora a su texto la regulación (que antes se hacía de manera independiente) del catálogo de ortoprotésica.

Por nuestra parte cuando nos han llegado reivindicaciones relativas a prestaciones en principio no dispensables por el sistema, en algunos casos hemos podido reclamar una interpretación normativa favorable a su consideración apoyándonos precisamente en la generalidad de la norma; mientras que en otros hemos invocado la posibilidad conferida a las Comunidades Autónomas de aprobación de carteras de servicios complementarias, para que por dicha Consejería se asuma una determinada prestación, normalmente en supuestos muy particulares, con cargo a los fondos propios de nuestra Comunidad Autónoma.

A pesar de ello, la generalidad predicable respecto del Real Decreto 1030/2006, de 15 de Septiembre, por el que se regula la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, no nos permite considerar comprendidas a las pelucas entre las técnicas o procedimientos precisos para el diagnóstico o tratamiento de la neoplasia maligna de mama, tal y como aparece definida la prestación dentro de la cartera de servicios comunes de atención especializada.

La tesis dominante tiende en mayor medida a su consideración en el ámbito de la cartera de ortoprotrésica, y así al menos ha llegado a recogerse en las normas que han materializado su dispensación.

En este orden de cosas, aunque por algunos se discuta su carácter de producto sanitario, ciertamente las pelucas vienen a sustituir una estructura corporal contribuyendo de esta manera a la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

Pero la cartera de servicios comunes relativa a la prestación ortoprotésica, no incluye evidentemente las prótesis capilares, más que en los casos en los que las Comunidades Autónomas lo hayan previsto a la hora de elaborar su propio catálogo de ortoprotésica en desarrollo de lo recogido en el anexo VI.

Por otro lado la convocatoria anual de subvenciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social tampoco contiene ayudas económicas que puedan favorecer la situación descrita de estos pacientes, pues las contempladas para prótesis y ortesis sólo pueden tener como beneficiarias personas declaradas minusválidas, es decir, con un 33% de discapacidad reconocida, circunstancia que puede no llegar a darse en muchos de los casos.

Ahora bien, nos interesa reflexionar sobre la medida en cuestión y su significado desde la perspectiva del paciente. Estamos hablado de una enfermedad de alto grado de incidencia y elevada repercusión en todos los órdenes, que viene generalmente asociada a un importante estado de alarma por el innegable riesgo que en muchos casos su diagnóstico entraña para la vida del paciente.

Desde muchas instancias se intenta realizar un abordaje de los diferentes aspectos que intervienen en la enfermedad, preventivos, diagnósticos y de tratamiento, y buena prueba de ello la constituyen los dos Planes Integrales de Oncología elaborados por la Consejería de Salud, configurándose en el segundo de ellos como objetivo general el de garantizar un diagnóstico rápido y fiable, y tratamiento, medidas de soporte y cuidados postratamiento adecuados, y dentro de las líneas de actuación encaminadas a hacer efectivos los mismos, se contempla la de creación de unidades de apoyo que ofrezcan a los pacientes con cáncer y sus familiares un programa de apoyo psicológico.

Pues bien íntimamente relacionada con el aspecto psicológico de los pacientes de cáncer aparece la propuesta que nos plantea la interesada en esta queja, pues la posibilidad de acceder a una prótesis capilar durante el tratamiento de quimioterapia ha de entenderse como una prestación con singular relevancia para la calidad de vida de quienes padecen la pérdida de cabello como consecuencia de la misma.

La mejora de la apariencia física de quienes ven deteriorado su aspecto de forma singular en este trance, incide en el mantenimiento de la autoestima y ha de tener necesariamente consecuencias positivas para el bienestar psicológico, el cual sin duda redunda en la manera de afrontar los tratamientos y la propia enfermedad.

No es posible obviar además que esta situación viene condicionada por un singular matiz de género, pues aunque no dudamos que la alopecia secundaria puede resultar igualmente hiriente para los pacientes oncológicos varones, lo cierto es que por hábitos culturales e históricos, el cabello ha venido constituyendo un símbolo estético asociado a la imagen del sexo femenino. A lo anterior se une el hecho de que la alopecia por otras causas se presenta en los hombres de una forma mucho más frecuente que en las mujeres, por lo que resulta mucho mejor asumida por aquellos que por éstas.

Nos parece que la argumentación reseñada priva a las prótesis capilares del componente meramente estético que a las mismas asociaba la Dirección General de Asistencia Sanitaria del SAS, lo que llevaría a descartar su condición de prestación eventualmente dispensable desde el ámbito de lo público; para dotarlas de importantes implicaciones en el bienestar psicológico y la calidad de vida de los pacientes.

Dicho esto, sin embargo, partimos como en otras ocasiones, de las limitaciones presupuestarias del sistema, cuyo equilibrio debe mantenerse en aras de su sostenibilidad, más aún en el contexto económico actual de crisis generalizada. Conscientes de este estado de cosas, no está en el ánimo de esta Institución emitir recomendaciones que han de ser probablemente rechazadas, para la ampliación de la cartera de servicios complementaria de nuestra Comunidad Autónoma. Pero sí nos parece que la cuestión que estamos analizando posee entidad suficiente para que pueda iniciarse un debate razonado sobre la misma en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por lo que nuestra sugerencia a esa Consejería se dirige al planteamiento inicial del mismo en la Comisión que corresponda de dicho Organismo, como punto de partida de la tramitación de una propuesta que un día pueda llegar a dar lugar a una actualización de la cartera de servicios en el sentido de incluir las prótesis capilares para los pacientes afectados de alopecia secundaria al tratamiento de quimioterapia, bien mediante su dispensación directa por los establecimientos especializados, bien por el establecimiento de ayudas económicas para su adquisición previa demostración de la escasez de recursos.

Es por eso que de acuerdo a los razonamientos expuestos y con fundamento en el art. 29.1 de la Ley 9/83, de 1 de Diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigimos a la Consejería de Salud la siguiente Sugerencia, a la que aún estamos esperando respuesta:

Que se eleve ante la comisión correspondiente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la propuesta para valorar la ampliación de la cartera de servicios comunes con la inclusión de las prótesis capilares para pacientes oncológicos afectados de alopecia secundaria a los tratamientos de quimioterapia”.




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