De Procusto a Podemos. Ensayo sobre la desigualdad



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Sección de oportunidades

El intervencionismo predominante nunca reconocerá que su objetivo es imponer la igualdad de resultados. Hay algo en esa idea que nos repugna a todos. Por eso nadie aplaude abiertamente a Procusto, y todos comprendemos que es efectivamente una locura la carrera loca de Alicia en el país de las maravillas, cuyo lema es: “Todo el mundo ha ganado, y todos deben recibir premio”.

De ahí que la única igualdad de la que se habla es la igualdad de oportunidades, y los igualitaristas siguen a John Rawls y la atractiva idea de que en la carrera de la vida todos debemos partir del mismo sitio; eso garantiza la movilidad, y para eso se necesita la redistribución del Estado de bienestar.

Pero los datos no avalan esta teoría. Estados Unidos era una sociedad móvil en la segunda mitad del siglo XIX, y no había Welfare State, los impuestos eran bajísimos, y la desigualdad elevada. Desde los años 1970 la movilidad en ese país no ha disminuido, mientras que la desigualdad parece haber aumentado.

La vida no es una carrera, como dicen Watkins y Brook, e igualar las posibilidades iniciales significa forzar a la gente a jugar con reglas diferentes. Y es imposible de lograr. Habría que impedir que luchemos cada uno por darles a nuestros hijos la mejor educación. Un filósofo llegó a sugerir que no había que permitir que los padres educados leyeran cuentos a sus hijos por la noche, porque que esto les otorgaría una “ventaja injusta” en la vida.

Las llamadas tierras de oportunidad no lo son porque todos tengan las mismas oportunidades sino porque allí reina una cierta libertad que permite que todos puedan participar en la creación de riqueza, que puedan mejorar.

Los intervencionistas hablan de igualdad de oportunidades, pero en el fondo quieren decir de resultados: no habrá igualdad para ellos si no la hay de resultados. Algunos lo reconocen abiertamente, como Krugman: “una sociedad con resultados desiguales es, más o menos inevitablemente, una sociedad también con oportunidades desiguales”. De ahí que para ellos la clave sea la acción del Estado, un Estado que pone cada vez más obstáculos a la prosperidad de los pobres, obstáculos que siempre son aplaudidos por los críticos de la desigualdad.

Ha escrito el economista Thomas Sowell: “La movilidad social, la oportunidad de mejorar, no puede ser medida solamente por el movimiento concreto de ese tipo que tiene lugar. La oportunidad es solo un factor del progreso económico. El grado en que un individuo o un grupo determinado aprovecha las oportunidades existentes es otro. Solo suponiendo implícitamente (y arbitrariamente) que el no progresar tiene que deberse a las barreras sociales podemos afirmar que la sociedad americana ya no ofrece oportunidades para la movilidad social ascendente”.



De Di Stéfano a Ronaldo

Don Alfredo Di Stéfano solía bromear al final de su vida diciendo que había nacido en una época económicamente inconveniente, porque de haber retrasado su nacimiento unas décadas, sería tan rico como Cristiano Ronaldo.


Tenía razón mi ilustre compatriota, y, en cambio, muchos que se rasgan las vestiduras a propósito de la desigualdad han probado tener menos talento económico que “la saeta rubia”.
En efecto, Di Stéfano es el equivalente a Ronaldo sesenta años antes. Fue un gran jugador extranjero fichado por el Real Madrid, donde se convirtió en un goleador y una estrella; no por nada se habla de “el Madrid de Di Stéfano”.
Y sin embargo, el dinero que cobró el delantero argentino fue muy inferior al que cobró más tarde el astro portugués. ¿Cómo es posible esto si los jugadores son similares y el club es el mismo?
La explicación, por supuesto, estriba en la tecnología y la globalización. Ambas fuerzas se combinaron para mejorar la suerte de cientos de millones de modestos trabajadores de todo el mundo, que pudieron dejar atrás la pobreza en el último medio siglo. Pero para algunas personas muy destacadas, en particular profesionales y empresarios, esas fuerzas multiplicaron su éxito económico en dimensiones desconocidas hasta ahora. Yo recuerdo cómo veía los goles de Di Stéfano desde Buenos Aires a finales de los años 1950: no muchas familias tenían entonces televisión, desde luego la mía no, y sólo podíamos verlo en el cine, en los “noticiarios” que entonces se proyectaban antes de las películas.
Hoy en día medio planeta puede ver, quiere ver, y ve las proezas de Cristiano Ronaldo en directo por televisión, con unas imágenes de una calidad impresionante. Como es evidente, todo ello repercute en los ingresos del talentoso jugador nacido en Madeira.
Y esto, que a la vez impulsa la prosperidad y el bienestar de todos, pero la desigual retribución de unos pocos genios, no vale solo para el deporte sino para cualquier actividad que tenga un alcance global.
Amancio Ortega creó su primera empresa de fabricación de albornoces en 1963, y abrió la primera tienda de Zara en La Coruña en 1975. Abandonó la presidencia de Inditex en 2011. Es decir, pudo potenciar su talento empresarial, multiplicándolo en un mundo global y abierto. Benefició así a millones de clientes, y miles de trabajadores, y desde luego a él mismo y su familia y accionistas, todo ello en un grado mucho mayor que si hubiese empezado como empresario textil unas décadas antes.
La izquierda y los sindicatos lo odian, como odian a cualquier empresario exitoso. Sería mucho pedir que pensaran en que su “desigualdad” mejoró la vida de multitudes de trabajadores en todo el mundo.

Ganadores y perdedores

Una nueva versión de la teoría desigualitaria fue expresada en la llamada “curva del elefante”, de Branko Milanovic y Christoph Lakner, que ha sido calificada como “el gráfico más importante para entender la política actual” y “el gráfico más poderoso de la última década”.

En el eje horizontal está la población del mundo dividida en diez percentiles, de los más pobres a los más ricos; y en el eje vertical está el crecimiento medio de los ingresos familiares entre 1988 y 2008 para cada tramo de rentas.

Lo primero que se observa es que todos los grupos económicos han mejorado: la renta media subió un 24 % en el planeta durante ese periodo. Pero en torno al percentil 80 la curva se inclina hacia abajo, y solo vuelve a subir en el último tramo, el de los más ricos, trazando una figura que se parece efectivamente a un elefante. ¿Quiénes son esas personas cuya renta no ha disminuido, pero sí parece haberse estancado?

Se la ha llamado “la clase media baja del mundo rico”: se dice que son las víctimas de la globalización, los trabajadores más expuestos a la competencia de los países emergentes. Se ha apuntado que eso es lo que explica el auge del populismo en Estados Unidos y Europa.

Adam Corlett cuestionó la elaboración de estos datos, que incluyen un conjunto diferente de países, y no recogen cambios demográficos. Pero sobre todo subrayó que las cifras de los “perdedores” se ven fundamentalmente afectadas por los malos resultados de Japón y los países ex comunistas. El desastre japonés es importante: la renta media real bajó un 24 % entre 2002 y 2008, y un 54 % en la decila inferior; algo parecido sucedió con los países de la antigua URSS.

No es cierto que la globalización sea negativa para las clases medias trabajadoras. En algunos países como EE UU hubo una distribución desigual con los pobres ganando menos que los más ricos, “lo que indica que EE UU está cerca de ajustarse a la narrativa del estancamiento y la desigualdad”, pero no a la de la condena a la globalización, porque el comercio internacional es menos importante para esa nación que para las demás: “La opinión de que los ingresos medios de las clases medias y bajas del mundo rico se han estancado en este período no está avalada por los datos, aunque el crecimiento en EE UU ha sido particularmente desigual. Amplias variaciones entre las economías maduras sugieren que deberíamos ser prudentes al suponer que hay algo inevitable en el estancamiento de los ingresos para la clase media baja del mundo rico, o que las políticas nacionales no cumplen un papel relevante”.

Riqueza y poder

La cínicamente llamada regla de oro es: quien tiene el oro hace las reglas. Durante mucho tiempo se ha mantenido esa teoría, plasmada bajo el socialismo por la famosa expresión de Karl Marx, según el cual el Estado es apenas “un títere de la burguesía”.

En nuestros días, la corrección política insiste en que los males de la desigualdad derivan o se potencian porque “el poder económico” se ha hecho con las riendas del poder político. Fieles a su inveterada propensión al ridículo, los jefes de Podemos cultivan ahora la idea de que en España estamos dominados por el Ibex 35.

De entrada, despejemos este bulo, y abordemos después las relaciones entre riqueza y poder. Se trata de un puro cuento, que sólo pueden creer los que creen seriamente que los capitalistas han “desmantelado el Estado de bienestar”, cuando nunca en la historia ha sido más grande.

No hay tal cosa como “poder económico” asimilable al poder político. No hay forma de probar que a usted le arrebata el dinero Amancio Ortega, o le limita su libertad El Corte Inglés. Al contrario, Ortega se ha hecho rico porque usted compra sus camisas en el mercado, y se llama mercado a aquel sitio donde sólo pagamos si deseamos comprar, y sólo compramos aquello que deseamos. Por eso Amancio Ortega no puede quitarle a usted el dinero a la fuerza. De hecho, si lo hace, va preso.

El Corte Inglés también gana en el mercado, y no puede obligarle a usted a comprar lo que usted no quiere.

Veamos el poder político. Ahí sí que nos obligan a pagar. De hecho, si no lo hacemos, los que vamos presos somos nosotros. Y ahí no podemos elegir qué cosas comprar con nuestro dinero; nos lo quita el poder y es él mismo el que decide qué bienes y servicios nos va a dar “a cambio”. He puesto a cambio entre comillas porque es evidente que no se trata de una transacción como en el mercado: en Zara sí que nos dan una camisa a cambio de nuestro dinero.

Lo anterior no quiere decir que no haya relación entre empresarios y Estado. Al contrario, la hay desde hace siglos, y desde hace siglos los liberales han protestado por ello. Repasaremos estas relaciones espurias que siempre acaba pagando el pueblo, pero de momento retengamos la lección de que quien tiene y usa el poder para quitarnos el dinero a la fuerza no es Amancio Ortega sino la Agencia Tributaria.

Contra los pobres

Se habla de luchar contra “las desigualdades”, como si hubiese que acabar con todas. Pero nadie va a acabar con la desigualdad. Los seres humanos somos afortunada e inerradicablemente desiguales.

Además, quienes “luchan contra las desigualdades” no lo hacen contra todas, porque hay una que les gusta: la desigualdad de un creciente poder político. Escribió Peter Bauer: “El nada santo grial de la igualdad económica reemplazará la prometida reducción o eliminación de las diferencias en rentas y riqueza por una mucha mayor desigualdad de poder entre gobernantes y súbditos”. Cabe subrayar la hipertrofia de la noción de desigualdad, que prácticamente reclama al Estado una expansión indefinida para proteger desde las mujeres hasta los océanos, desde los homosexuales hasta la atmósfera, desde los ciclistas hasta los osos polares. Todos debemos ajustarnos a los cánones de un igualitarismo sistémico e ilimitado.

En todas las dimensiones, y también en la económica, el proceso parece benévolo pero no lo es, porque siempre exige la violación de los derechos y libertades individuales. El Estado no es una empresa, que crece gracias a los contratos voluntarios con sus clientes. El Estado crece a expensas de sus “clientes” (las comillas son necesarias, porque nadie es realmente cliente de quien le quita el dinero a la fuerza).

Watkins y Brook subrayan que las campañas contra la desigualdad no son realmente contra los ricos sino contra cualquiera que quiera ser rico, y contra el sistema económico y político que libera a la gente y le permite enriquecerse. Con lo cual, resulta que los valientes que luchan contra la desigualdad están luchando en verdad contra los pobres.

El mayor estatismo en aras de la igualdad, como dice James Dorn, socava la sociedad civil, condiciona el crecimiento, fomenta la desmoralización, el fraude y el “saqueo legal” del que hablaba Bastiat. Avisa Dorn contra los igualitaristas como Piketty que nos tranquilizan diciendo que no son comunistas: “la contradicción es patente: uno no puede defender la propiedad privada y al mismo tiempo proponer una vulneración masiva de la propiedad. El Estado redistributivo no solo es injusto, sino dañino para el crecimiento económico. La historia económica demuestra que es más probable que la situación de los pobres mejore con más libertad económica y más crecimiento que con recortes al rendimiento del capital”.

El estatismo no sólo ataca a los pobres dificultando su prosperidad sino también reintroduciendo una dependencia de tipo servil y feudal. Desde Adam Smith a Milanovic los economistas han subrayado esta mayor dependencia antes y fuera del mercado. Esa desigualdad no mercantil es la hostil a los pobres, y es la que nos recomiendan hoy desde púlpitos, cátedras y tribunas sin fin.

La fuerza de la envidia

La envidia es el más ruin de los pecados, porque no podemos concebir ni una circunstancia en la que podamos exhibir con orgullo el haberlo cometido. Ocultamos nuestra envidia, y de ahí que hablemos de “sana envidia” para expresar un sentimiento que no es ruin: el de admiración. Una muestra de la inmoralidad del intervencionismo es precisamente que promueve la envidia, bajo el disfraz de virtudes varias, como la solidaridad o la justicia. Y, por supuesto, para “luchar contra las desigualdades”.

Thomas Piketty recomienda un impuesto confiscatorio del 80 % sobre las rentas superiores a un millón de dólares, pero no para recaudar ni para redistribuir: simplemente, para que desaparezcan. Los igualitaristas presumen de representar al pueblo, a “la gente”, pero la gente no está preocupada porque haya millonarios; lo que quiere es mejorar ella, no dañar a otros. Y tampoco es verdad que el pueblo demande Estados cada vez más grandes: en los países nórdicos ha demandado, y conseguido, que se achiquen. Dice Randall Holcombe: “Piketty promueve la política de la envidia, en la cual la mayor igualdad es un objetivo en sí mismo, en contraposición al objetivo de ayudar a quienes están en la parte inferior de la distribución de la renta. Piketty admite paladinamente que las políticas que él recomienda para reducir la desigualdad lo harán perjudicando a los que están arriba y no ayudando a los que están abajo”.

Robert Whaples señala que nadie admite abiertamente: “queremos que todos sean igual de pobres”. Sin embargo, muchos recomiendan o aplican políticas que tienen ese resultado. “El igualitarismo a menudo está impulsado por la envidia, y anima a las personas a considerar que la propiedad de los demás no es suya”.

Esto es clave: el intervencionismo socava las bases de la sociedad libre por esa razón, porque anima a considerar que nuestra propiedad no es nuestra, sino de la sociedad, que es “riqueza colectiva”, que puede y debe ser reasignada por el poder político y legislativo.

Concluyen Watkins y Brook que los igualitaristas nos invitan a considerar la desigualdad como un atentado contra la dignidad: “Al definir la dignidad en términos de igualdad material, los igualitaristas nos llaman a contemplar los logros de los demás, no como una fuente de inspiración, sino como una afrenta a nuestra autoestima, que hemos de reafirmar castigando a los exitosos por ser exitosos. No es exagerado, por tanto, afirmar que la concepción igualitaria de la dignidad es degradante”.

La promoción de un vicio tan destructivo como es la envidia demuestra que el igualitarismo, como el socialismo, puede sea más suave o más riguroso, más vegetariano o más carnívoro, pero nunca es beneficioso para el pueblo, ni para la economía, ni para la moral.

Salvar el capitalismo

Robert Skidelski, el biógrafo de Keynes, proclamó: “la desigualdad asesina al capitalismo”. Su biografiado no dejó una frase tan disparatada, pero desde luego compartió el dogma de la corrección política, que a izquierdas y a derechas ha insistido siempre en que el capitalismo alberga tendencias autodestructivas que lo ponen en serio peligro si las personas retienen el control de su propiedad privada y la libertad de sus contratos voluntarios. Así, una antigua y generalizada conclusión es que el Estado debe crecer a expensas del capitalismo para asegurar benéficamente la supervivencia de éste.

Se ha llegado incluso a decir, y es un lema favorito de muchos socialdemócratas y de demasiados conservadores, que el mercado se salva gracias a la intervención, y que el capitalismo se salva…socializándolo.

Es un prejuicio: se supone que el mercado se autodestruye, y cómodamente se infiere que para hacerles realmente un favor a los capitalistas hay que quitarles el dinero y redistribuirlo políticamente. Una variante de esta fábula, que hemos vuelto a ver en la última crisis, es que el Estado debe arrebatar recursos a los contribuyentes para rescatar bancos, puesto que en otro caso el sistema se derrumbaría con consecuencias catastróficas para todos. Tampoco hay para esta fantasía más aval que el prejuicio.

Dicen Nicholas Capaldi y Gordon Lloyd: “la desigualdad sería un problema de política económica si y solo si las desigualdades actuales impidieron a los individuos mejorar”. Esto no está sucediendo, como tampoco sucede que la desigualdad de por sí anula la convivencia social, una vieja consigna hobbesiana, que recoge, también sin fundamento, el economista de moda: “La pesadilla para Piketty es que la mejora de los que están abajo en términos absolutos solo pudiese ser posible a través de una economía de mercado cuyo crecimiento incremente la desigualdad relativa”.

En el mercado no hay suma cero, y todos los que participan en él pueden ganar. No se trata, por tanto, de hostigar al rico por serlo, o por creer que de su riqueza se deriva la pobreza ajena. Y si se quiere salvar el capitalismo, no es lógico ni conveniente ahogar a los capitalistas.

Es interesante que los supuestos defensores de la salvación del capitalismo gracias a su socialización o estatización, o cualquier esquema intervencionista, recurran al argumento de que esa estatización impide las revoluciones socialistas. Lo creen muchos también en la extrema izquierda, que por eso no simpatizó con Keynes ni simpatiza con Piketty, porque no cree sólo en los impuestos sino en la revolución popular. Pero ninguna revolución socialista fue hecha por los pueblos, sino siempre por una minoría de señoritos fanáticos que, una vez en el poder, aplastó a los pueblos a sangre, fuego y hambre.

Salvar la democracia

Los políticamente correctos, que siempre advierten contra los diagnósticos desmesurados, pierden toda mesura en el tema que nos ocupa en este ensayo, y han llegado a anunciar que “la desigualdad asesina la democracia”. Abundan las declaraciones de este tenor, tan solemnes como absurdas, del estilo “debemos volver a reconciliar capitalismo con democracia” o el clásico “necesitamos un nuevo contrato social”.

Muchos académicos incurren así en defectos académicos, como dar cosas por supuestas o ignorar la realidad, ajustándola a sus prejuicios. No se puede, en efecto, alegar que padecemos mucha desigualdad y que eso pone en peligro la democracia, cuando hay más democracia que nunca. Menos se puede pedir “reconciliar” capitalismo y democracia, cuando lo que debe reconciliarse con la democracia es el anticapitalismo. En cuanto al contrato social, es una fantasía desde Rousseau, porque no puede haber ningún contrato social cuando la gente carece de la opción de no firmarlo.

Sospecho que se trata de racionalizaciones políticas, más que de razón. Se dice que la desigualdad da lugar al populismo, cuando en España hay populismo siendo un país igualitario en términos de riqueza, mientras que el populismo se bate en retirada en la desigual América Latina. O que se necesita más Estado para frenar la desigualdad, cuando el Estado ha crecido como nunca en la historia, para frenar la desigualdad.

Este desconcierto lo refleja el “principio de la diferencia” de John Rawls. En sus palabras: “la injusticia es simplemente las desigualdades que no benefician a todos…el principio de la diferencia representa, en efecto, un acuerdo para considerar la distribución natural de los talentos como un activo común y para repartir los beneficios de esta distribución”.

Nótese que no estamos hablando de comunistas sino de socialdemócratas, no de las ideas de Marx sino de las de Stuart Mill, de gente que no quiere la revolución sino “corregir las desigualdades” sin liquidar el mercado. Pero el resultado es un Estado creciente para cuya dinámica se buscan explicaciones fantasiosas fuera del propio Estado. Piketty repite el mantra: es necesario subir impuestos para que “la democracia recupere el control sobre el capitalismo y garantice que el interés general prevalezca sobre los intereses privados, preservando al mismo tiempo la apertura económica”. Los impuestos son más altos que nunca: ¿cuánto más “control del capitalismo” necesita Piketty?

Se está hablando de la desigualdad como enemiga de la democracia cuando en realidad se quiere decir que el propio Estado democrático arriba a puntos de colisión con su legitimidad, entre otras razones por los impuestos. Entonces busca recuperar la legitimidad de su coacción alarmándonos con enemigos de la democracia, como la desigualdad, en abierta contradicción con el hecho de que ha sido la propia democracia la que ha consolidado los Estados más grandes, onerosos e intrusivos de la historia. Pero contra esa desigualdad nadie quiere luchar.

Desigualdad y Estado

Se considera que el moderno Estado oneroso y redistribuidor es la solución al problema de la desigualdad. Pocos reconocen que el asunto es más complicado de lo que parece, y que el Estado puede también promover la desigualdad. Lo hace, por ejemplo, mediante la imposición, porque la progresividad descarga su peso sobre las rentas medias, dificultando la movilidad social ascendente.

Asimismo, el Estado da lugar al mal llamado “capitalismo de amiguetes” que es más bien el “estatismo de amiguetes”. En efecto, la clave de la asociación espuria entre empresarios y políticos, siempre denunciada por los liberales, es el poder del Estado para impedir la competencia y privilegiar a unos grupos sobre el conjunto.

Como dicen Watkins y Brook, el Estado fomenta la desigualdad porque la fiscalidad está diseñada para castigar el ahorro, lo que favorece a los que ya son ricos. Esto explica por qué es tan frecuente que los empresarios sean antiliberales: la tentación de recurrir al poder es demasiado intensa.

El gasto social, político, los subsidios, las regulaciones de todo tipo crean desigualdades, a veces con objetivos supuestamente abnegados: la paralización de los desahucios acaba premiando a los que no pagan y castigando a millones que sí lo hacen; otro tanto sucede con la llamada pobreza energética.

El economista francés Henri Lepage subraya que buena parte de la explicación de las cifras de la desigualdad pasa por valores inmobiliarios, que representan más de la mitad del capital en comparación con la renta. La burbuja inmobiliaria hipertrofió esos valores merced a dos intervenciones públicas: la política monetaria y las restricciones urbanísticas. Si en vez de ver los precios de mercado vemos el valor capitalizado de los alquileres observamos que la relación capital/renta no se ha disparado, sino que se ha mantenido estable.



La pobreza ya estaba bajando antes de que empezara la redistribución (como los accidentes de tráfico, y tantas otras consignas intervencionistas). En el caso de EE UU, cuando el Estado, con Lyndon Johnson y su War on Poverty, empezó a gastar miles de millones de dólares en luchar contra la pobreza, la pobreza dejó de descender al ritmo anterior. Los impuestos desaniman la producción y los subsidios desaniman el trabajo.

Cabría argumentar que sin redistribución la desigualdad habría aumentado más, pero eso, como analiza Vincent Geloso, no está claro, porque hay fuerzas desigualadoras independientes del Estado, y acciones del Estado que aumentan la desigualdad, como el intervencionismo en el mercado laboral, o los impuestos sobre los pobres y la clase media.

No olvidemos que el intervencionismo laboral produce paro, y es el paro lo que genera la pobreza y la desigualdad: la aplastante mayoría de los pobres son personas que no trabajan.

Es interesante que los muchos que celebran las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales como salida de la crisis económica, e incluso reclaman expansiones aún más vigorosas, no perciban su impacto sobre la desigualdad. Esas políticas la promueven, favoreciendo tanto a los Estados como a las personas de mayor fortuna, mientras que la mayoría de la población se ve perjudicada porque tienen un porcentaje significativo de su riqueza en dinero y depósitos bancarios.





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