D. Estado del cumplimiento de las recomendaciones de la cidh



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En carta de 22 de noviembre de 2005, los representantes del Sr. Aitken informaron a la Comisión que su sentencia de muerte había sido conmutada por Jamaica por la de prisión perpetua porque había estado en espera de ejecución más de cinco años y que, de acuerdo con la Ley de libertad condicional de Jamaica, estaba calificado para solicitar dicha libertad tras servir una pena superior a siete años pero inferior a diez, a partir de la fecha de la conmutación de su sentencia. Los representantes también indicaron que, a raíz de la decisión del Comité Judicial del Consejo Privado en el caso Lambert Watson c. Jamaica [2005] 1 A.C. 472, la pena de muerte obligatoria había sido declarada inconstitucional en Jamaica y que la legislación de este país había sido revisada a la luz del dictamen en Lambert Watson por vía de la Ley de delitos contra la persona (y enmiendas) de 2005. En base a la información disponible, la Comisión considera que se ha dado cumplimiento parcial a sus recomendaciones.



CASO 12.347 - Informe Nº 76/02 Dave Sewell, (Jamaica)


  1. En el Informe Nº 76/02 de 27 de diciembre de 2003, la Comisión formuló al Estado las recomendaciones siguientes:

1. Conceder al Sr. Sewell una reparación efectiva que incluya la conmutación de la sentencia en relación con la sentencia de muerte obligatoria que se le impuso, y una indemnización respecto de las demás violaciones de sus derechos consagrados en la Convención Americana, según las conclusiones que anteceden.


2. Adoptar las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar que la pena de muerte no sea impuesta en contravención de los derechos y libertades garantizadas por la Convención, incluidos, y en particular, los artículos 4, 5 y 8.
3. Adoptar las medidas legislativas y de otra índole necesarias para asegurar que las condiciones de detención en que se mantiene al Sr. Sewell cumplan con las normas de un trato humano dispuestas en el artículo 5 de la Convención.
4. Adoptar las medidas legislativas y de otra índole necesarias para asegurar la vigencia en Jamaica del derecho a un juicio imparcial dispuesto en el artículo 8(1) de la Convención y el derecho a la protección judicial dispuesto en el artículo 25 de la misma, en relación con el recurso a una acción constitucional, de acuerdo con el análisis de la Comisión que consta en el presente informe.


  1. En carta de 22 de noviembre de 2005, los representantes del Sr. Sewell informaron a la Comisión que su sentencia de muerte había sido conmutada por Jamaica por una pena de prisión perpetua en razón de que había estado en espera de ser ejecutado más de cinco años y que, de acuerdo con la Ley de libertad condicional de Jamaica, estaría calificado para solicitar dicha libertad tras servir una condena de más de siete años pero de menos de diez, a partir de la fecha de la conmutación de la sentencia. Los representantes también indicaron que, a raíz de la decisión del Comité Judicial del Consejo Privado en el caso Lambert Watson c. Jamaica [2005] 1 A.C. 472, la pena de muerte obligatoria había sido declarada inconstitucional en Jamaica y que la legislación de este país había sido revisada a la luz del dictamen en Lambert Watson por vía de la Ley de delitos contra la persona (y enmiendas) de 2005. En base a la información disponible, la Comisión considera que se ha dado cumplimiento parcial a sus recomendaciones.


CASO 12.147, Informe Nº 41/04 Whitley Myrie (Jamaica)


  1. En el Informe Nº 41/04 de 12 de octubre de 2004, la CIDH formuló a Jamaica las recomendaciones siguientes:

1. Conceder al Sr. Myrie un recurso efectivo, inclusive un nuevo juicio en que se apliquen los mecanismos de protección del debido proceso preceptuados por el artículo 8 de la Convención, o bien, si no es posible llevar a cabo un nuevo juicio en que se apliquen esos mecanismos, dejar en libertad a dicha persona y pagarle una indemnización.


2. Adoptar las medidas legislativas o de otro género que sean necesarias para garantizar que las condiciones de detención del Sr. Myrie sean compatibles con los estándares internacionales de un tratamiento humano conforme al artículo 5 de la Convención Americana y otros instrumentos pertinentes, conforme a lo expuesto en el presente informe.
3. Adoptar las medidas legislativas o de otro género que sean necesarias para garantizar que se hagan efectivos en Jamaica el derecho a la protección judicial conforme al artículo 25 de la Convención y el derecho a un juicio justo conforme al artículo 8(1) de la Convención, en cuanto se refiere a la posibilidad de promover una acción constitucional.


  1. Las partes no han suministrado a la Comisión información actualizada sobre el cumplimiento de sus recomendaciones en el Informe 41/04. En base a la información disponible, la Comisión considera que las recomendaciones siguen pendientes de cumplimiento.


CASO 11.565 Informe Nº 53/01, Hermanas González Pérez (México)


  1. El 4 de abril de 2001 la Comisión Interamericana aprobó el informe N° 53/01 respecto al caso mencionado, en que formuló las siguientes recomendaciones:

1. Investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana para determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de Ana, Beatriz y Celia González Pérez y Delia Pérez de González.


2. Reparar adecuadamente a Ana, Beatriz y Celia González Pérez y a Delia Pérez de González por las violaciones de los derechos humanos aquí establecidas.


  1. El 19 de octubre de 2005 la CIDH celebró una reunión de trabajo en presencia de ambas partes en seguimiento del Informe 53/01. En dicha reunión, la Comisión Interamericana verificó en presencia de las partes que siguen pendientes de cumplimiento las recomendaciones sobre la investigación completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana para determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de Ana, Beatriz y Celia González Pérez y Delia Pérez de González, así como las correspondientes reparaciones.2




  1. Con fecha 3 de noviembre de 2005, la Comisión Interamericana se dirigió a las partes y les solicitó información actualizada sobre las medidas de cumplimiento de las recomendaciones referidas.




  1. En su respuesta presentada el de 7 de diciembre de 2005, los peticionarios aluden a la reunión de trabajo celebrada el 19 de octubre anterior y reiteran su posición sobre “la falta de cumplimiento total, por parte del Estado mexicano, de las recomendaciones citadas, así como la inactividad procesal del caso”. Destacan asimismo que la posición del Estado mexicano en la reunión fue que las investigaciones “no se otorgar[ían] las reparaciones debidas hasta en tanto no finalicen las investigaciones ya que sólo así el Estado podría ejercer la acción de repetición en contra de los agentes responsables de las violaciones de derechos humanos sufridas por las víctimas”. Asimismo, durante la reunión de trabajo los peticionarios manifestaron su preocupación por el estado de salud de las hermanas González Pérez y su madre, y ante una consulta de la Comisión sobre el particular, el Estado acordó realizar gestiones para prestar ayuda humanitaria a dichas mujeres. La comunicación de los peticionarios de 7 de diciembre manifiesta que no se habrían realizado las gestiones referidas para “el otorgamiento de despensas periódicas, así como la prestación de atención médica profesional, llevada a cabo por médicos civiles”.




  1. Por su parte, el Estado mexicano respondió a la solicitud de la CIDH con una comunicación de 14 de diciembre de 2004, en la que alude a las reuniones celebradas el 26 de julio de 2002, diligencias efectuadas el 13 de diciembre de 2002, la reunión de 7 de mayo de 2003, comunicación de 12 de agosto de 2003, la reunión de 4 de agosto de 2004, así como la diligencia de ampliación de declaración efectuada el 26 de agosto de 2004. El Estado no menciona las diligencias que habría realizado durante 2005, pero enumera varias “diligencias pendientes de desahogo”.3 Manifiesta que “convocará a las peticionarias a una reunión de trabajo a fin de definir el lugar y la fecha para el desahogo de las diligencias señaladas, y una vez que sean concluidas, la autoridad ministerial procederá a emitir la determinación que conforme a derecho corresponda”. Por último, respecto a la solicitud de asistencia humanitaria, el Estado expresa que “se está analizando la posibilidad de incluirlas en alguno de los programas sociales en materia de atención médica y alimentación”.




  1. Con base en la información recibida de ambas partes, la Comisión Interamericana concluye que sigue pendiente el cumplimiento de las recomendaciones sobre el caso.  La CIDH valora los importantes esfuerzos que han dedicado y siguen desarrollando ambas partes para avanzar hacia tal objetivo, pero considera necesario reiterar que ello debe hacerse tomando como punto de partida las conclusiones de hecho y de derecho del informe 53/01 acerca de las violaciones sufridas por las hermanas González Pérez.



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