D. Estado del cumplimiento de las recomendaciones de la cidh


CASO 11.197 - Informe Nº 68/03, Comunidad San Vicente de los Cimientos (Guatemala)



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CASO 11.197 - Informe Nº 68/03, Comunidad San Vicente de los Cimientos (Guatemala)





  1. El 24 de agosto de 1993 el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y el Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam (CERJ) (en adelante “los peticionarios”), en representación de 233 familias indígenas presentaron una denuncia ante la CIDH donde alegaron que durante el conflicto armado, el sector denominado Los Cimientos, ubicado en el Chajul, departamento Quiché, donde vivían 672 familias indígenas propietarias del sector, fue invadido en el año 1981 por el Ejército de Guatemala, estableciendo un cuartel en la zona. Luego de amenazas de bombardeo a la comunidad y ante el asesinato de dos comuneros, la comunidad Los Cimientos fue obligada a abandonar sus tierras en febrero de 1982, dejando sus cosechas de maíz, frijoles, café y sus animales. Un mes después de la huida algunas familias retornaron al lugar encontrando que sus viviendas habían sido quemadas y sus pertenencias robadas. Posteriormente, la comunidad Los Cimientos fue expulsada nuevamente en 1994. El 25 de junio de 2001 la comunidad fue despojada violentamente de sus tierras, de las cuales era legalmente propietaria, por vecinos y otras personas, aparentemente apoyados por el Gobierno.




  1. El 11 de septiembre de 2002 en Ciudad de Guatemala las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa y el 10 de octubre de 2003 la CIDH aprobó sus términos.




  1. El 4 de noviembre de 2005, con el objeto de dar seguimiento al cumplimiento de los puntos pendientes, la Comisión solicitó a los peticionarios y al Estado que informaran al respecto. El 30 de noviembre de 2005 los peticionarios informaron a la CIDH que continúan parcialmente pendientes los puntos 4, 8 y totalmente el 11 de la solución amistosa. En relación con el compromiso 4, expresaron que continuaba pendiente el tratamiento para la salud física, mental, alimentos, agua potable, electricidad y drenaje de la Comunidad. Respecto del acuerdo 8, expresaron que mientras no haya un puesto de salud estable se requería que continuara prestando servicios la unidad móvil. Finalmente, informaron que la comisión de impulso que se encargaría de verificar el estado del proceso legal seguido en contra de las personas involucradas en los hechos del 25 de junio del 2001 contra los propietarios de las fincas Los Cimientos y Xetzununchaj no se había conformado.




  1. Por su parte, el Estado en nota enviada el 17 de noviembre de 2005 informó que se habían cumplido la mayoría de los compromisos pero que continuaba pendiente el compromiso adquirido el 11 de septiembre de 2002 por los propietarios individuales, poseedores y causahabientes de las fincas que conformaban la comunidad de Los Cimientos quienes se comprometieron a ceder sus derechos de propiedad, posesión y hereditarios al Fondo de Tierras, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 inciso h de la Ley del Fondo de Tierras, Decreto No. 24-99. En relación con la afirmación de los peticionarios en materia de salud, el Estado afirmó que se habían realizado diversas jornadas médicas con el fin de proporcionar asistencia en salud a la población. Asimismo, el Estado informó que efectivamente estaba pendiente la conformación de la comisión de impulso de verificación.




  1. La Comisión reitera que valora altamente los esfuerzos desplegados por las partes para lograr esta solución amistosa y reconoce la voluntad de cumplimiento demostrada por el Estado en este acuerdo. La Comisión continuará con el seguimiento y la supervisión de los puntos del acuerdo amistoso cuyo cumplimiento se encuentra pendiente.


PETICIÓN 9168 - Informe Nº 29/04, Jorge Alberto Rosal Paz, (Guatemala)


  1. El 18 de agosto de 1983 la CIDH recibió una petición presentada por la señora Blanca Vargas de Rosal (en adelante “la peticionaria”) – con el posterior apoyo del Centro de Acción Legal de Derechos Humanos, CALDH - denunciando al Estado de Guatemala por la desaparición del señor Jorge Alberto Rosal Paz el 12 de agosto de 1983.  De acuerdo a dicha comunicación el señor Rosal fue detenido mientras manejaba entre Teculutan y la ciudad de Guatemala, a la fecha se desconoce el paradero de la víctima.




  1. El 9 de enero de 2004, en Ciudad de Guatemala, las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa y el 11 de marzo de 2004 la CIDH aprobó sus términos. En el acuerdo el Estado expresó reconocía la responsabilidad institucional del Estado que devenía por el incumplimiento impuesto por el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana además de los artículos 4, 5, 7, 8, 11, 17, 19 y 25 de dicha Convención. Asimismo, manifestó el arribo de una solución amistosa tiene como fundamento principal la búsqueda de la verdad y la administración de justicia, la dignificación de la víctima; la reparación resultante de la violación a los derechos humanos de la víctima, y el fortalecimiento del Sistema Regional de Derechos Humanos.




  1. El 4 de noviembre de 2005, con el objeto de dar seguimiento al cumplimiento de los puntos pendientes, la Comisión solicitó a los peticionarios y al Estado que informaran al respecto. El 24 de noviembre de 2005, la señora Blanca Vargas de Rosal en nota dirigida a la Comisión informó que el único compromiso cumplido por el Estado era el referente a reparación económica, quedando pendientes los compromisos relativos a educación, acciones para dignificar el nombre de la víctima, vivienda, investigación y justicia.




  1. El 10 de enero de 2006, el Estado informó que respecto del compromiso pendiente en materia de educación se habían realizado algunas gestiones, sin embargo era necesario conocer previamente la universidad de preferencia de los beneficiarios de la beca de estudio para poder concluirlas. Sobre el compromiso para dignificar el nombre de la víctima y designar con el nombre de Ingeniero Agrónomo Jorge Alberto Rosal Paz y Paz, a la Escuela de Agricultura de Nororiente –EANOR- y develar una placa conmemorativa, el Estado informó que se habían realizado las gestiones necesarias, sin embargo en atención a que la Escuela designada era privada no se había logrado el consentimiento de sus autoridades. Al respecto manifiesta que está acreditada su voluntad de gestión para cumplir el compromiso. Respecto del compromiso en el rubro vivienda, el Estado informó que continúa pendiente. En materia de investigación y justicia, comunicó que el caso había sido trasladado a la Fiscalía de Derechos Humanos.




  1. La Comisión Interamericana ha seguido de cerca el desarrollo de esta solución amistosa y valora altamente los esfuerzos desplegados por las partes para lograrla. La Comisión continuará con el seguimiento y la supervisión de los puntos del acuerdo amistoso cuyo cumplimiento se encuentra pendiente.


Caso 11.335 - Informe Nº 78/02 Guy Malary, (Haití)


  1. En el Informe Nº 78/02 del 27 de diciembre de 2002, la CIDH formuló las siguientes recomendaciones al Estado:

a) Que lleve a cabo una investigación judicial de manera completa, rápida, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria haitiana para determinar la responsabilidad de todos los autores de la violación del derecho a la vida del señor Guy Malary y sancione a todos los responsables.


b) Que otorgue una reparación integral a los familiares de las víctimas, entre otras, el pago de una indemnización justa.
c) Que adopte las medidas necesarias para que las autoridades competentes responsables de las investigaciones judiciales conduzcan los procesos penales de acuerdo con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.


  1. Las partes no han aportado a la Comisión información actualizada sobre el cumplimiento de sus recomendaciones, contenidas en el Informe 78/02. Sobre la base de la información disponible, la Comisión considera que las recomendaciones siguen pendientes de cumplimiento.



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