D. Estado del cumplimiento de las recomendaciones de la cidh


CASO 11.307, Informe Nº 103/01, María Merciadri de Morini (Argentina)



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CASO 11.307, Informe Nº 103/01, María Merciadri de Morini (Argentina)


  1. El informe 103/01 fue aprobado por la Comisión el 11 de octubre de 2001 con el objeto de informar sobre el acuerdo amistoso al que se llegó con respecto a una petición que objetaba la aplicación de la Ley 24.012 (la “Ley de Cuotas”) y el decreto que la implementaba, los cuales trataban sobre la inclusión de candidatas mujeres en la papeleta electoral. En su informe, la Comisión concluyó que la información analizada demostraba que el asunto había sido resuelto guardando respeto por los principios de la Convención Americana. Dicha información consistía en el texto del Decreto Nº 1246, emitido para rectificar el problema que fue objeto de la denuncia y para garantizar la eficacia de la Ley 24.012, y los términos del acuerdo de resolución amistosa firmado por las partes en presencia del Secretario Ejecutivo de la Comisión, indicando que ambas partes consideraban que el asunto había sido plenamente resuelto a través de la promulgación del Decreto Nº 1246. La Comisión reconoció los importantes esfuerzos de ambas partes por trabajar a favor de la libre y plena participación de la mujer en la vida pública –una prioridad para nuestro hemisferio y expresó su satisfacción con respecto al acuerdo.


CASO 11.804, Informe 91/03, Juan Ángel Greco (Argentina)


  1. El 22 de octubre de 2003, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el caso de Juan Ángel Greco. Por medio de este acuerdo el Estado se comprometió a:


[....] II.- Medidas de Reparación no Pecuniarias:
[…. ]
"El Gobierno de la Provincia del Chaco ha solicitado, en el marco del principio republicano de división de poderes, al Ministerio Público Provincial el reexamen de la causa penal caratulada: "COMISARIA PUERTO VILELAS S/ELEVA ACTUACIONES", Expte. N° 1975/90, Año 1990, de la causa judicial caratulada "BASTIANINI DE GRECO ZULMA S/SOLICITA INTERVENCION ALTO TRIBUNAL A EFECTOS ESCLARESCER DENEGACION DE JUSTICIA EN CAUSA QUE FUERA VICTIMA SU HIJO". Expte N° 38.730, Folio 345, Año 1995, el que se ha expedido en forma favorable para su reapertura de conformidad con la solicitud elevada al Juez de la causa. En ese sentido, el Gobierno de la Provincia del Chaco se compromete a enviar a los peticionarios y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por intermedio de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, fotocopia certificada y legalizada de la misma. El Gobierno de la Provincia del Chaco, en el marco de sus competencias se compromete a instar la reapertura de Ia causa penal y las investigaciones correspondientes.
El Gobierno del Chaco, en atención a las medidas adoptadas por el Ministerio Público Provincial y al informe de admisibilidad de Ia Comisión Interamericana de Derechos Humanos Nro. 72/01, una vez reabierta la causa penal, se compromete a disponer la reapertura del sumario administrativo N°130/91-250690-1401.­-
El Gobierno de la Provincia del Chaco, se compromete, en el marco de sus competencias, a asegurar el acceso de los familiares de la víctima a las investigaciones judiciales y administrativas."
III.- Reparación económica:
[....]
2. Indemnización: El Gobierno de la Provincia del Chaco se compromete a reparar económicamente a los familiares de Juan Ángel Greco en la suma de Pesos Trescientos Mil ($300.000) que se pagarán a la Sra. Zulma Bastianini de Greco a razón de Pesos Treinta Mil ($30.000) mensuales en el plazo previsto en el Punto 3 del presente Item, comprendiendo la misma daño material, daño moral, lucro cesante, gastos, honorarios y todo otro rubro que pudiera derivarse de la responsabilidad asumida por la Provincia del Chaco.
[....]
IV.- Otras reparaciones:
[....]
"El Gobierno de la Provincia del Chaco se compromete a la publicación de este acuerdo en los principales medios de prensa gráficos nacionales y de la provincia del Chaco."
[....]
"El Gobierno de la Provincia del Chaco se compromete a continuar impulsando medidas legislativas y administrativas para una mejor protección de los Derechos Humanos. Específicamente, se deja constancia que se ha elaborado y remitido a la Cámara de Diputados de la Provincia para su estudio y aprobación un Proyecto de Ley a través del cual se crea una Fiscalía Penal de Derechos Humanos. Asimismo se fortalecerá la tarea de la Comisión Permanente de Control de los Centros de Detención creada por Resolución del Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo de la Provincia del Chaco Nro. 119, de fecha 24 de febrero de 2.003. De igual manera, se acentuará la tarea del Organo de Control Institucional (O.C.I.) creado por el Art. 35 de la Ley Orgánica Policial de la Provincia del Chaco N° 4.987 direccionándolo hacia una más efectiva protección de los derechos humanos, por parte de la Policía de la Provincia. Por iniciativa del Poder Ejecutivo se constituyó en el ámbito de la Cámara de Diputados, el Consejo Provincial para la Promoción y Educación de los Derechos Humanos creado por Ley Nro. 4.912, para lo cual ya se han designado y convocado los representantes de los distintos organismos y poderes intervinientes.
[....]


  1. La Comisión recibió información de las partes sobre las medidas de cumplimiento adoptadas durante una reunión de trabajo llevada a cabo el 5 de marzo de 2004. El 8 de noviembre de 2004, la Comisión solicitó a las partes información actualizada sobre el estado de cumplimiento del acuerdo. Los peticionarios presentaron una breve comunicación al respecto con fecha 19 de noviembre de 2004. La Comisión recibió información adicional de las partes durante una reunión de trabajo realizada el 2 de marzo de 2005. El Estado presentó información complementaria con fecha 30 de agosto de 2005. El 8 de noviembre de 2005, la Comisión solicitó nuevamente a las partes información actualizada. Los peticionarios respondieron con una presentación fechada 16 de noviembre de 2005.




  1. Con base en la información aportada hasta febrero de 2006, la Comisión considera que el Estado ha cumplido plenamente con los aspectos del acuerdo relacionados con la indemnización monetaria. Además, en cumplimiento de los puntos acordados, el Gobierno Provincial dispuso la publicación del acuerdo, y el mismo fue publicado en dos periódicos de circulación nacional, y cuatro de circulación local.




  1. Sin embargo, de acuerdo con la información disponible, los aspectos relacionados con el deber de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos de Juan Ángel Greco siguen pendientes. En este sentido, el Estado informó que en octubre de 2003, el fiscal formuló un requerimiento de instrucción formal contra el personal policial que estaba prestando servicios la noche del incendio con el fin de investigar los hechos que produjeron la muerte de la víctima, y en junio de 2004, se ordenó la producción de varias pruebas solicitadas por el fiscal con su requerimiento. Hasta marzo de 2005, las diligencias ordenadas no habían sido producidas, y se dispuso la reiteración de las mismas.




  1. Por otra parte, el Estado informó sobre el decreto 19/2004, en el que el Poder Ejecutivo de la Provincia dispuso que se permita el acceso de los familiares de la víctima a las investigaciones judiciales. Sin embargo, los peticionarios informaron que este “decreto no se ha traducido en un acceso eficaz a la causa”. El Estado informó, además, que en este mismo decreto se dispuso la reapertura del sumario administrativo y el acceso de los familiares de la víctima a la investigación en sede administrativa. Los peticionarios, por su parte, informaron que no podían confirmar el estado de dicho proceso administrativo porque no habían podido tener acceso a las actuaciones.




  1. Finalmente, en cuanto al compromiso de adoptar medidas legislativas y administrativas para ampliar la protección de los derechos humanos, mientras que entre las acciones informadas cuando se firmó el acuerdo, el Gobierno informó que se había presentado a la Cámara de Diputados un anteproyecto de ley a través del cual se creaba una Fiscalía destinada específicamente a derechos humanos y una Comisión Permanente de Control de los Centros de Detención en la Provincia, la información presentada con posterioridad indica que no se han adoptado medidas para concretizar dicha iniciativa.




  1. Por tales motivos, la Comisión considera que el Estado ha dado cumplimiento parcial a los puntos acordados y las recomendaciones formuladas, y de acuerdo con lo establecido en el Informe 91/03, continuará con el seguimiento y la supervisión de los compromisos del acuerdo de solución amistosa.


CASOS 12.067, 12.068 y 12.086, Informe Nº 48/01, Michael Edwards, Omar Hall, Brian Schroeter y Jeronimo Bowleg, (Bahamas)


  1. En el Informe Nº 48/01, del 4 de abril de 2001, la Comisión recomendó que el Estado:

1. Otorgue a los señores Edwards, Hall, Schroeter y Bowleg una reparación efectiva que incluya la conmutación de la sentencia y una indemnización;


2. Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar que la pena de muerte se impone en cumplimiento de los derechos y libertades garantizados en la Declaración Americana, incluyendo, en particular, los artículos I, XXV y XXVI, y garantizar que nadie sea sentenciado a muerte en virtud de una ley de sentencia obligatoria.
3. Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar la efectividad en Bahamas del derecho consagrado en el artículo XXIV de la Declaración Americana a la petición de amnistía, indulto o conmutación de la sentencia.
4. Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar la efectividad en Bahamas del derecho a una audiencia imparcial, consagrado en el artículo XXVI de la Declaración Americana, y el derecho a la protección judicial, protegido por el artículo XVIII de la Convención Americana, en relación con el recurso a acciones constitucionales.
5. Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar la efectividad en Bahamas del derecho consagrado en el artículo XXV de la Declaración Americana a ser juzgado sin dilación injustificada.
6. Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar la efectividad en Bahamas de los derechos amparados en los artículos XXV y XXVI de la Declaración Americana a un tratamiento humano y a no recibir un castigo cruel, infamante o inusitado.


  1. El 8 de noviembre de 2002 la Comisión se dirigió por carta al Estado y a los peticionarios, solicitando información actualizada acerca del cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión consignadas en el Informe Nº 48/01. El Estado no ha informado a la Comisión al respecto. El 18 de diciembre de 2002, los peticionarios en el caso Nº 12.067, de Michael Edwards, informaron mediante carta a la Comisión que se habían dirigido por escrito al Fiscal General de Las Bahamas solicitando que se le informara de las medidas que tomaría el Estado en respuesta a las conclusiones y recomendaciones de la Comisión. Hasta la fecha los peticionarios siguen a la espera de una respuesta del Fiscal General de Las Bahamas sobre esta cuestión. El 18 de diciembre de 2002 el peticionario en el caso Nº 12.062, de Omar Hall, informó mediante carta a la Comisión que pese a las solicitudes cursadas al Gobierno de Las Bahamas, no había recibido información alguna concerniente a medidas tomadas por el Estado para conmutar la condena a muerte dictada contra el señor Hall o para llevar a la práctica de otra forma las recomendaciones formuladas por la Comisión en el Informe Nº 48/01. Con respecto al caso Nº 12.086, de Brian Schroeter y Jeronimo Bowleg, los peticionarios informaron por escrito a la Comisión que, a la fecha, procuraban verificar si se había dado cumplimiento a alguna de las recomendaciones de la Comisión consignadas en el Informe Nº 48/01. Sobre la base de estas consideraciones, la CIDH presume que el Gobierno de Las Bahamas no ha dado cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión.




  1. Mediante comunicaciones de 2 de julio de y 9 de noviembre de 2004, la Comisión se dirigió al Estado solicitando información acerca del cumplimiento de las recomendaciones en el Informe Nº 48/01 conforme al artículo 46(1) del Reglamento de la Comisión. A la fecha la Comisión no ha recibido respuesta de parte del Estado.


CASO 12.053 – Informe Nº 40/04, Comunidad Indígena Maya del Distrito Toledo (Belice)


  1. En el informe 40/04 del 12 de octubred e 2004, la Comisión recomendó que el Estado:




  1. Adopte en su legislación interna y a través de consultas plenamente informadas con el pueblo maya, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para delimitar, demarcar y titular o aclarar y proteger por otra vía el territorio en el cual el pueblo maya tiene un derecho de propiedad comunal, de acuerdo con sus prácticas consuetudinarias de uso de la tierra y sin perjuicio para otras comunidades indígenas.




  1. Adopte medias para delimitar, demarcar y titular o aclarar y proteger por otra vía las correspondientes tierras del pueblo maya, sin perjuicio para otras comunidades indígenas y, hasta tanto se adopten tales medidas, se abstenga de todo acto que pueda dar lugar a que agentes del propio Estado o terceros actuando con aquiescencia o tolerancia de éste, afecte la existencia, el valor, el uso o goce de los bienes ubicados en las zona geográfica ocupada y usada por el pueblo maya.




  1. Repare el daño ambiental resultante de las concesiones madereras otorgadas por el Estado respecto del territorio tradicionalmente ocupado y usado por el pueblo maya.




  1. El 1º de febrero de 2006, la Comisión se dirigió por carta al Estado y a los peticionarios, solicitando información actualizada acerca del cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión consignadas en el Informe 40/04. Hasta la fecha, la Comisión espera respuesta de las partes pertinentes.


CASO 12.051, Informe Nº 54/01, Maria da Penha Maia Fernandes (Brasil)


  1. En el informe 54/01 de 16 de abril de 2001 la CIDH formuló al Estado brasileño las siguientes recomendaciones:

1. Completar rápida y efectivamente el procesamiento penal del responsable de la agresión y tentativa de homicidio en perjuicio de la señora Maria da Penha Fernandes Maia.


2. Llevar igualmente a cabo una investigación seria, imparcial y exhaustiva para determinar la responsabilidad por irregularidades o retardos injustificados que impidieron el procesamiento rápido y efectivo del responsable; y tomar las medidas administrativas, legislativas y judiciales correspondientes.
3. Adoptar, sin perjuicio de las eventuales acciones contra el responsable civil de la agresión, las medidas necesarias para que el Estado asigne a la víctima adecuada reparación simbólica y material por las violaciones aquí establecidas, en particular su falla en ofrecer un recurso rápido y efectivo; por mantener el caso en la impunidad por más de quince años; y por evitar con ese retraso la posibilidad oportuna de acción de reparación e indemnización civil.
4. Continuar y profundizar el proceso de reformas que eviten la tolerancia estatal y el tratamiento discriminatorio respecto a la violencia doméstica contra las mujeres en Brasil. En particular la Comisión recomienda:
a. Medidas de capacitación y sensibilización de los funcionarios judiciales y policiales especializados para que comprendan la importancia de no tolerar la violencia doméstica;
b. Simplificar los procedimientos judiciales penales a fin de que puedan reducirse los tiempos procesales, sin afectar los derechos y garantías de debido proceso;
c. El establecimiento de formas alternativas a las judiciales, rápidas y efectivas  de solución de conflicto intrafamiliar, así como de sensibilización respecto a su gravedad y las consecuencias penales que genera;
d. Multiplicar el número de delegaciones especiales de policía para los derechos de la mujer y dotarlas con los recursos especiales necesarios para la efectiva tramitación e investigación de todas las denuncias de violencia doméstica, así como de recursos y apoyo al Ministerio Público en la preparación de sus informes judiciales;
e. Incluir en sus planes pedagógicos unidades curriculares destinadas a la comprensión de la importancia del respeto a la mujer y a sus derechos reconocidos en la Convención de Belém do Pará, así como al manejo de los conflictos intrafamiliares,
f. Informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la transmisión del presente Informe al Estado, con un informe de cumplimiento de estas recomendaciones a los efectos previstos en el artículo 51(1) de la Convención Americana.


  1. El Estado no presentó información respecto al cumplimiento de las mencionadas recomendaciones de la CIDH. Las peticionarias señalaron, con respecto a la recomendación No. 1 (supra), que el poder judicial concluyó la acción penal y condenó al responsable, quien se encuentra cumpliendo la pena que le fue impuesta en régimen abierto. En lo concerniente a la recomendación No. 2 (supra), indicaron que para poder manifestarse cabalmente sobre el tema, tendrían que tener copia de un investigación administrativa que habría que iniciado el Estado. Agregan que la investigación no fue imparcial, pues fue realizada por el propio poder judicial del Estado de Ceará, y no logró identificar a los responsables por los retrasos e irregularidades en el proceso.




  1. En lo relativo a la recomendación No. 3 (supra), indicaron que aunque hubo intención en algunas esferas del Estado de nominar a la víctima para un premio, ello no se concretó. En lo que se refiere a la recomendación No. 4(a) (supra), las peticionarias señalaron que el Estado ha realizado pocos avances en relación al cumplimiento de esta recomendación; y agregaron que en proyectos mencionados por el Estado no se especifica el presupuesto y alcance de proyectos de capacitación, y no se esclarecen cuáles serán los métodos de evaluación y monitoreamiento de resultados. En lo que concierne a las recomendaciones Nos. 4(b) y 4(c) (supra), las peticionarias señalaron que no ha habido ningún avance en lo relativo a procesos judiciales penales en casos de violencia doméstica, y que Brasil continúa siendo el único país de América Latina que no cuenta con legislación específica sobre violencia doméstica. En lo que se refiere a las recomendaciones Nos. 4(d) y 4(e) (supra), las peticionarias señalaron que no ha habido mudanzas significativas en el número de delegaciones especializadas y que los recursos destinados a éstas continúan siendo extremamente reducidos. En lo relativo a aspectos pedagógicos, indicaron que no ha habido avances significativos.




  1. Sobre la base de la información aportada, la Comisión concluye que hay un cumplimiento parcial de las recomendaciones reseñadas.


CASOS 11.286, Aluísio Cavalcante y otro, 11.407, Clarival Xavier Coutrim, 11.406, Celso Bonfim de Lima, 11.416, Marcos Almeida Ferreira, 11.413, Delton Gomes da Mota, 11.417, Marcos de Assis Ruben, 11.412, Wanderlei Galati, y 11.415 Carlos Eduardo Gomes Ribeiro, Informe Nº 55/01 (Brasil)


  1. En el informe 55/01 de 16 de abril de 2001 la CIDH formuló al Estado brasileño las siguientes recomendaciones:

1. Que el Estado brasileño lleve a cabo una investigación seria, imparcial y eficaz de los hechos y circunstancias en que se produjo la muerte de Aluísio Cavalcanti, Clarival Xavier Coutrim, Delton Gomes da Mota, Marcos de Assis Ruben, Wanderley Galati, y las agresiones y tentativas de homicidio de Claudio Aparecido de Moraes, Celso Bonfim de Lima y Marcos Almeida Ferreira y Carlos Eduardo Gomes Ribeiro, procese a los responsables y los sancione debidamente.


2. Que dicha investigación incluya las posibles omisiones, negligencias y obstrucciones de la justicia que hayan tenido como consecuencia la falta de condena definitiva de los responsables, incluyendo las posibles negligencias e incorrecciones del Ministerio Público y de los miembros del Poder Judicial que puedan haber determinado la no-aplicación o reducción del carácter de las condenas correspondientes.
3. Que se tomen las medidas necesarias para concluir, con la mayor brevedad posible y en la más absoluta legalidad, los procesos judiciales y administrativos referentes a las personas involucradas en las violaciones indicadas anteriormente.
4. Que el Estado brasileño repare las consecuencias de las violaciones de los derechos de las víctimas y sus familiares o a quienes tengan derecho, por los daños sufridos mencionados en este informe.
5. Que se tomen las medidas necesarias para abolir la competencia de la Justicia Militar sobre delitos cometidos por policías contra civiles, tal como lo proponía el proyecto original presentado oportunamente para la revocación del literal f) del artículo 9 del Código Penal Militar, y se apruebe en cambio el párrafo único allí propuesto.
6. Que el Estado brasileño tome medidas para que se establezca un sistema de supervisión externa e interna de la Policía Militar de Río de Janeiro, independiente, imparcial y efectivo.
7. Que el Estado brasileño presente a la Comisión dentro de los sesenta días de transmisión del presente, un informe sobre cumplimiento de recomendaciones con el objeto de aplicar lo dispuesto en el artículo 51(1) de la Convención Americana.


  1. El Estado no presentó información respecto al cumplimiento de las mencionadas recomendaciones de la CIDH. Los peticionarios, por su parte, reiteraron la información sobre cumplimiento que presentaron anteriormente, y que la CIDH resumió en su Informe Anual 2003, en los siguientes términos:

- Caso 11.286 (Aluísio Cavalcante): Señalaron que solo tres policías militares fueron juzgados el 12 de junio de 2003, y fueron absueltos. La fiscalía presentó recurso contra la decisión, y la decisión al respecto puede demorarse más de tres años adicionales.


- Caso 11.406 (Celso Bonfim de Lima): Indicaron que el policía militar que disparó a la víctima fue condenado, pero no fue expulsado de la policía, y no cumplió pena, pues la condena fue a una pena tan baja que se vio afectada por la prescripción.  Agregaron que la acción de indemnización fue declarada procedente, y determinó el pago de una pensión mensual que está siendo recibida, aunque está pendiente el pago de la cantidad acumulada desde la fecha de los hechos hasta la fecha en que comenzó a ser pagada la pensión.
- Caso 11.407 (Clarival Xavier Coutrim): Refirieron que los acusados fueron absueltos por el tribunal militar que los juzgó. Agregaron que se decidió la improcedencia de la indemnización, y que tal decisión fue recurrida, pero que aún no ha habido decisión al respecto.
- Caso 11.412 (Wanderlei Galati): Refirieron que el policía militar que disparó a la víctima fue juzgado y condenado, a una pena tan baja, que fue afectada por la prescripción, en virtud de lo cual el condenado no cumplió pena alguna. Agregaron que la acción de indemnización fue declarada procedente, y que la madre de la víctima fue indemnizada.
- Caso 11.413 (Delton Gomes da Mota): Indicaron que está pendiente el juicio a los policias militares acusados, para el cual no se ha fijado fecha. Agregaron que están esperando el resultado para intentar acción indemnizatoria.
- Caso 11.415 (Carlos Eduardo Gomes Ribeiro): Refirieron que el policía militar que disparó a la víctima no fue condenado, ya que operó la prescripción, y que apenas recibió una sanción administrativa de la Policía. Agregaron que la acción de indemnización se encuentra avanzando.
- Caso 11.416 (Marcos Almeida Ferreira): Señalaron que el policía militar que disparó a la víctima fue condenado, pero no cumplió pena debido a la prescripción y tampoco fue expulsado de la Policía Militar. Agregaron que la acción de indemnización fue declarada procedente, y determinó el pago de una pensión mensual que está siendo recibida, aunque está pendiente el pago de la cantidad acumulada desde la fecha de los hechos hasta la fecha en que comenzó a ser pagada la pensión.
- Caso 11.417 (Marcos de Assis Ruben): Señalaron que hubo sentencia decidiendo no llevar a juicio a los acusados (“sentencia de improcedencia”), que fue recurrida por la Fiscalía, sin que se haya decidido hasta la fecha sobre tal recurso.


  1. Por lo tanto la Comisión concluye que las recomendaciones se encuentran pendientes de cumplimiento.




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