D. Estado del cumplimiento de las recomendaciones de la cidh


Caso Desaparecidos de Vargas (Blanco Romero, Hernández Paz y Rivas Fernández



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Caso Desaparecidos de Vargas (Blanco Romero, Hernández Paz y Rivas Fernández)

 


  1. El 30 de junio de 2004, la Comisión presentó a la Corte la demanda en los casos 12.256, 12.258, y 12.307, “Blanco Romero y otros” o “Desaparecidos de Vargas”, contra la República Bolivariana de Venezuela.  La CIDH solicitó a la Corte que declarara la violación de los artículos 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 7 (Derecho a la Libertad Personal); 8 (Garantías Judiciales); y 25 (Protección Judicial), en conexión con el incumplimiento del artículo 1(1) (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana, así como con el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada y los artículos 1, 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en razón de los hechos ocurridos en el Estado Vargas, Venezuela, entre el 21 y 23 de diciembre de 1999, fechas en que tuvieron principio de ejecución las detenciones y posteriores desapariciones forzadas de Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz, y José Francisco Rivas Fernández, a manos de agentes del Estado.




  1. El 28 de junio de 2005, con posterioridad a la presentación, en audiencia pública, de un allanamiento por parte del Estado, la Corte emitió Resolución en la cual decidió admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, que había cesado la controversia sobre los hechos y continuar el trámite del caso. El 28 de noviembre del mismo año, la Corte emitió sentencia en la cual declaró la violación, en perjuicio de las víctimas, de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, consagrados respectivamente en los artículos 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, así como el incumplimiento de las obligaciones estatales establecidas en los artículos 1, 5, 6, 7 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y en los artículos I.a y I.b, X y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Asimismo, la Corte declaró la violación, en detrimento de familiares de las víctimas, de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, establecidos en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma; y el incumplimiento, en detrimento de dichos familiares, de la obligación contenida en el artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.




  1. En la sentencia, la Corte estableció las reparaciones que consideró pertinentes. El texto íntegro de la sentencia puede ser consultado en el vínculo http://www.corteidh.or.cr/seriec/index_c.html


Caso Retén de Catia (Montero Aranguren y otros)


  1. El 24 de febrero de 2005 la Comisión sometió ante la Corte la demanda en el caso No. 11.699, Víctor Jesús Montero Aranguren y otros "Retén de Catia", contra el Estado venezolano, por su responsabilidad en los acontecimientos ocurridos entre el 27 y el 29 de noviembre de 1992 al interior y en los alrededores del establecimiento penitenciario "Retén e Internado Judicial de Los Flores de Catia", ubicado en la ciudad de Caracas, y en razón de la falta de prevención para impedir hechos de violencia y atender situaciones de emergencia en el Retén; el uso excesivo de la fuerza; la ejecución extrajudicial de varios internos; el mantenimiento de condiciones infrahumanas de detención, causantes de la violencia e inseguridad imperantes en el Retén para la época de los hechos; la falta de una investigación oportuna y completa; la denegación de justicia en perjuicio de las víctimas y sus familiares; y la ausencia de políticas penitenciarias ajustadas a los estándares internacionales.




  1. En este caso, se encuentra pendiente la convocatoria a audiencia pública.




  1. Opiniones consultivas


Opinión Consultiva OC-19


  1. El 28 de noviembre de 2005 la Corte emitió opinión en el procedimiento OC-19, incoado por la República Bolivariana de Venezuela, la cual había solicitado la respuesta a las siguientes interrogantes:




  1. ¿Existe o no, un órgano dentro del [s]istema [i]nteramericano de [d]erechos [h]umanos que disponga de las competencias necesarias para ejercer el control de la legalidad de las actuaciones de la Comisión [...], ante el cual puedan recurrir los Estados parte[s] de la Convención [...], en defensa de la legalidad?




  1. En caso de que existiere tal órgano, [Venezuela] desearía conocer ¿[c]uál es dicho órgano y cuales [son] sus atribuciones?




  1. El Tribunal dio a su Opinión el título de “Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41 y 44 a 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)”, y en ella expresó

1. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como órgano del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, tiene plena autonomía e independencia en el ejercicio de su mandato conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.


2. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actúa dentro del marco legal establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el ejercicio de las funciones que le competen en el procedimiento relativo al trámite de las peticiones individuales dispuesto en los artículos 44 a 51 de la Convención, así como en el ejercicio de sus restantes atribuciones destinadas a la promoción y protección de los derechos humanos, consagradas en el artículo 41 de ese instrumento.
3. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el ejercicio de sus funciones, efectúa el control de legalidad de las actuaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en lo que se refiere al trámite de los asuntos que estén bajo el conocimiento de la propia Corte, conforme a la competencia que le confiere a ésta la Convención Americana y otros instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos.


  1. Las consideraciones sobre las cuales se basó el Tribunal para su Opinión fueron las siguientes:

26. En la atención de las peticiones individuales, la Comisión debe respetar los lineamientos establecidos en la Carta de la OEA (artículo 106), la Convención Americana (artículos 41.f, 44 a 51), el Estatuto (artículos 23 y 24) y el Reglamento del propio órgano, que determinan el marco para la legalidad de sus procedimientos.


27. El trámite de las peticiones individuales se encuentra regido por garantías que aseguran a las partes el ejercicio del derecho de defensa en el procedimiento. Tales garantías son: a) las relacionadas con las condiciones de admisibilidad de las peticiones (artículos 44 a 46 de la Convención), y b) las relativas a los principios de contradicción (artículo 48 de la Convención) y equidad procesal. Igualmente es preciso invocar aquí el principio de seguridad jurídica (artículo 39 del Reglamento de la Comisión).
28. Para el trámite de las comunicaciones individuales se requiere que exista denuncia sobre la probable violación de la Convención Americana por parte de un Estado. A partir de esta circunstancia, la Comisión debe pronunciarse sobre la existencia de la violación. La resolución final del litigio, a través de una sentencia, corresponde a la Corte Interamericana. Ante ésta alegará el Estado lo que estime pertinente para la defensa de sus derechos y la cabal observancia de la legalidad en la tramitación y solución de la controversia, ajustándose para ello a las estipulaciones contenidas en la Convención y en otros ordenamientos que integran el corpus juris del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, particularmente el Estatuto y el Reglamento de la Corte. Por este medio, el Tribunal ejerce la función controladora que explícitamente le confieren esos instrumentos.
29. El artículo 41 de la Convención Americana encomienda a la Comisión otras atribuciones destinadas a la promoción y protección de los derechos humanos. Entre ellas figuran la formulación de recomendaciones a los Estados para que adopten medidas a favor de los derechos humanos, la preparación de estudios e informes convenientes para el desempeño de las funciones asignadas a la Comisión, la realización de visitas in loco y la atención a las consultas de la Organización.
30. Por lo que toca a otros medios de examen del desempeño de la Comisión, cabe señalar que en el despacho de las atribuciones de ésta, de acuerdo con lo dispuesto en la Convención, la Comisión debe rendir un Informe Anual a la Asamblea General de la Organización. En éste se da cuenta sobre las sesiones de la Comisión, visitas e informes relacionados con países y con temas específicos, peticiones y casos individuales sometidos a aquella, medidas cautelares, peticiones admitidas, soluciones amistosas, cumplimiento de recomendaciones, planteamientos ante la Corte, solicitud de medidas provisionales e intervención en casos contenciosos, entre otros asuntos. En el marco de su relación con la OEA, los Estados tienen la facultad de presentar ante los órganos competentes de esa organización, particularmente la Asamblea General, todas las observaciones que estimen pertinentes respecto de la actuación de la Comisión en materia de derechos humanos, en la doble función que ésta cumple, como se mencionó (supra párr. 24).
Procedimiento consultivo OC-20


  1. El 20 de abril de 2004, la Comisión presentó ante la Corte una solicitud de opinión consultiva para que el Tribunal determinase si es congruente con las disposiciones de la Convención y con las correspondientes protecciones de la Declaración Americana, que los Estados adopten medidas legislativas o de otra índole que niegan a los condenados a muerte el acceso a recursos judiciales o a otros recursos efectivos para impugnar la sanción impuesta en base a fundamentos tales como la demora o las condiciones en que la persona ha estado detenida, o el carácter obligatorio de la penda de muerte, o el hecho de que la persona tenga pendiente una denuncia ante el sistema interamericano de derechos humanos.




  1. El 24 de junio de 2005 la Corte decidió no dar respuesta a la solicitud de opinión consultiva presentada por la Comisión, porque ya ha establecido su criterio en relación con las interrogantes planteadas en sus decisiones de varios casos contenciosos y medidas provisionales. En particular, la Corte señaló que en su sentencia en el caso Hilaire, Constantine, Benjamín y otros contra Trinidad y Tobago se había resuelto las interrogantes planteadas.


Procedimiento consultivo OC-21


  1. El 10 de diciembre de 2004, la República de Costa Rica presentó ante la Corte una solicitud de opinión consultiva para que el Tribunal determinase la compatibilidad de un artículo de su Ley de Personal de la Asamblea Legislativa y un artículo de su Ley de Jurisdicción Constitucional con la Convención Americana.




  1. El 10 de mayo de 2005 la Corte decidió no dar trámite a la solicitud, ya que dicha respuesta podría resultar en un pronunciamiento indirecto, por la vía de opinión consultiva, de asuntos litigiosos no resueltos aún a nivel interno ni sometidos a consideración de la Comisión o de la Corte, lo cual desvirtuaría el propósito y contenido de la función consultiva del Tribunal.



1 Ver párrafo 160 del Informe de fondo Nº 59/01 de fecha 7 de abril de 2001.

2 La posición de la Comisión Interamericana fue publicada en su Informe sobre el 123º período de sesiones. Ver CIDH, Comunicado de Prensa No. 35/03, párrafo IV, “Seguimiento de Recomendaciones”, pág. 13.

3 El Estado expresa:

Después de la valoración de todas las pruebas, indicios y demás elementos reunidos en la averiguación Previa SC/007/2001-I-V-XIV iniciada por la autoridad militar, así como de las diligencias acordadas por el Grupo de Trabajo se ha definido que las diligencias pendientes por desahogar son las siguientes:



  1. Ampliación de declaración de la señora Delia Pérez de González, madre de las agraviadas.

  2. Completar el desahogo de la diligencia de ampliación de declaración de la señora Ana González Pérez.

  3. Reconstrucción de hechos.

  4. Inspección ocular del lugar de los hechos.

  5. Se solicitará el apoyo de la Procuraduría General de Justicia del estado de México, a fin deque se emita un peritaje en materia de psicología y medicina forense.

Comunicación del Estado de 14 de diciembre de 2005, pág. 4.

4 La CIDH recibió con pesar la noticia del fallecimiento, por causas naturales, del doctor Augusto Zúñiga Paz, hecho ocurrido el 18 de mayo de 2005.



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