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por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.
Lo subrayado es propio.
Bajo esa tesitura, deberá hacerse valer el criterio reconocido dentro de la siguiente tesis:
\1 "Registro No. 168944 Localización Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, Septiembre de 2008 Página: 1253 Tesis: 1.3o.C.695 C Tesis Aislada. DERECHO A LA INTIMIDAD. SU OBJETO Y RELACIÓN CON EL DERECHO DE LA AUTODETERMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN. Los textos constitucionales y los tratados internacionales de



derechos humanos recogen el derecho a la intimidad como una manifestación concreta de la separación entre el ámbito privado y el público. Así, el derecho a la intimidad se asocia con la existencia de un ámbito privado que se encuentra reservado frente a la acción y conocimiento de los demás y tiene por objeto garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida frente a la acción y conocimiento de terceros, ya sea simples particulares o bien los Poderes del Estado; tal derecho atribuye a su titular el poder de resguardar ese ÁMBITO RESERVADO POR EL INDIVIDUO PARA Si Y SU FAMILIA; asimismo garantiza el derecho a poseer la intimidad a efecto de disponer del control sobre la publicidad de la información tanto de la persona como de su familia; lo que se traduce en el derecho de la autodeterminación de la información que supone la posibilidad de elegir qué información de la esfera privada de la persona puede ser conocida o cuál debe permanecer en secreto, asi como designar QU1 ÉN Y BAJO QUÉ CONDICIONES PUEDE UTILIZAR ESA INFORMACIÓN. En este contexto, el derecho a la
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intimidad impone a los poderes públicos, como a los particulares, diversas obligaciones, a saber: no difundir información de carácter personal entre los que se encuentran los datos personales, confidenciales, el secreto bancario e industrial y en general en no entrometerse en la vida privada de las personas; asimismo, el Estado a través de sus órganos debe adoptar todas las medidas tendentes a hacer efectiva la protección de este derecho. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 73/2008.

6 de mayo de 2008. Mayoría de votos. Disidente: Neófito López Ramos. Ponente: Víctor Francisco Mota

Cienfuegos. Secretario: Erick Fernando Cano Figueroa.
Por lo que de ponerse de manifiesto la información relacionada con el personal operativo y de aquellos administrativos que realizan funciones operativas o que están vinculadas estrechamente con la actividad ministerial, y que se encuentran inmersos en las Auditorías practicadas a las diferentes áreas de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, se pudiera causar diversas afectaciones y daños de imposible reparación; pues el hacer del dominio público la solicitada y recurrida información, sería de gran utilidad para miembros de bandas criminales, pudiendo con ella, detectar vulnerabilidades, y con ello tratar de evitar la acción de la justicia, además de poner de forma clara en riesgo sus funciones, pues se estaría publicando información altamente valiosa para el crimen organizado; pues es de enfatizarse que con la misma se pudieran concluir las posibilidades de reacción o investigación, por otra parte y al obtener los nombres y demás información del personal que se encuentra involucrado en las Auditorías de las cuales se pretende el acceso, personas dedicadas a delinquir, pudieran localizar a los mismos con el objetivo que a través de éstos pueden lograr una infiltración a grupos especializados, mermando además acciones estratégicas en materia de seguridad pública, investigación y prevención del delito implementadas por este Sujeto Obligado. Cabe destacar que una de las limitaciones a que se encuentra sujeto el ejercicio del derecho a la información, por parte de los gobernados, es el concerniente a que con el mismo no se produzca una afectación al interés social y de manera especial a los cuerpos de seguridad pública; ya que se pondría en un estado de vulnerabilidad en cuanto a su integridad física de dichos servidores públicos, lo que traería como consecuencia además la fácil identificación y ubicación física de éstos, no descartando que personas cercanas a ellos o sus propias familias se vean afectadas. reiterando que todos ellos forman parte de


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