Cuenta Pública Participativa 2016 I. Presentación



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Defensoría Penal Pública

Cuenta Pública Participativa 2016



I. Presentación

Bajo los conceptos de ‘Defensoría Colectiva’ y ‘Justicia Abierta’, toda la gestión institucional de 2016 se orientó a cumplir con excelencia los objetivos estratégicos de la Defensoría, mediante el desarrollo participativo de proyectos para diversificar y especializar la prestación de defensa pública; asegurar la cobertura y calidad del sistema mixto a través del cual ésta se entrega; modificar y mejorar la plataforma tecnológica de la institución y desarrollar, finalmente, un proceso colectivo de definición y reconocimiento de los principales valores de la DPP, para fortalecer así la difusión de los derechos de las personas y el rol de la institución en el sistema penal.

Lo anterior, tras la decisión estratégica de integrar a la gestión de defensa pública los compromisos asumidos por el Estado de Chile en temas de ‘Gobierno Abierto’ que, mediante un uso inteligente de las nuevas tecnologías, buscan facilitar y promover el acceso de los ciudadanos a sus espacios de participación, transparencia y servicios, para promover así el desarrollo colectivo de políticas públicas y decisiones de alto estándar ético y profesional.

Como principales desafíos, la Defensoría asumió y desarrolló colectivamente tres líneas de trabajo: fortalecer la coordinación entre la Defensoría Nacional, las defensorías regionales y las distintas unidades y departamentos de la institución; mantener el mejoramiento continuo de la calidad de la prestación de defensa y el acercamiento del servicio a la ciudadanía y, por último, llevar a cabo un proceso de fortalecimiento institucional, tanto interno como externo, tras 15 años de vigencia de la reforma procesal penal.

Así, bajo el concepto de “Defensoría Colectiva”, la institución estableció una metodología transversal y participativa, destinada a priorizar, diseñar y poner en práctica iniciativas de desarrollo y perfeccionamiento, con una clara orientación al cumplimiento de los cuatro objetivos estratégicos definidos para el período 2015-2018 y a la obtención de resultados medibles.

Cada eje de trabajo estuvo a cargo de equipos transversales, lo que permitió reemplazar visiones críticas parciales y estrategias aisladas por una modalidad de trabajo coordinada e integradora, capaz de movilizar el cambio esperado.

Respecto de la calidad de la prestación de defensa, durante el año se inició un proceso de cambio y mejoramiento de la plataforma tecnológica de la Defensoría, no sólo para simplificar su funcionamiento y ampliar la información veraz y sistemática disponible, sino también para interconectar a la institución con otros organismos intervinientes en el proceso penal -como el Poder Judicial y el Ministerio Público-, con la finalidad de cumplir adecuadamente la ley que estableció la tramitación electrónica de causas.

Este proceso de mejora continua incluyó también la consolidación y diversificación de los modelos de defensa especializada que entrega la institución, orientados a usuarios que pertenecen a grupos de especial vulnerabilidad social, y concebidos básicamente para equilibrar o fortalecer el acceso igualitario a sus derechos como ciudadanos en el proceso penal, para colaborar así en la construcción de una sociedad en que los derechos de todos sean un valor público reconocido y validado por todos los habitantes del país.

Destaca aquí la completa instalación de la defensa pública penitenciaria en el país, la expansión de la defensa mapuche, el inicio de un proyecto piloto de defensa para migrantes en la región de Antofagasta -que prontamente dará paso a un modelo específico, con defensores públicos especializados en la materia- y los pasos iniciales para el desarrollo de un modelo de defensa penal pública para personas inimputables por enajenación mental.

También se trabajó intensamente para lograr un acercamiento de la defensa hacia los ciudadanos, ampliando la cobertura del servicio a diversas localidades, como Alto Hospicio, Mejillones y Puerto Williams. Lo anterior permitió aumentar la cercanía y facilitar el acceso a la justicia de nuestros usuarios, potenciando la presencia institucional en la comunidad.

En cuanto al fortalecimiento institucional, y desde el estricto cumplimiento de su misión institucional de prestar defensa penal de calidad a todo aquel que lo requiera -para garantizar así el derecho constitucional a defensa, el derecho a la presunción de inocencia y el acceso a la justicia-, en 2016 la Defensoría hizo un esfuerzo para integrar estos criterios y compromisos en sus valores institucionales, en su plan de comunicaciones interna, en su gestión estratégica y en la administración del modelo mixto público-privado de prestación de defensa pública vigente en el país, a partir del cual la institución atiende más del 90 por ciento de las causas que ingresan al sistema penal, cifra que el año pasado sumó 325 mil 285 casos.

Destacó, en este ámbito, la creación del Código de Ética de la Defensoría Penal Pública, proceso que involucró activamente al 80 por ciento de los 712 funcionarios actuales de la dotación más otros 476 profesionales que ejercen defensa pública licitada junto a sus equipos de apoyo, quienes finalmente definieron el compromiso social, la excelencia, la humildad y el espíritu como los valores esenciales de la DPP, recogidos en un manual que establece conductas mínimas esperables en la gestión de defensa pública.

Por último, desde el punto de vista del posicionamiento institucional, la Defensoría Penal Pública llevó a cabo la primera feria de derechos ciudadanos, iniciativa que convocó a diversas Instituciones con el fin de habilitar un espacio real de diálogo con los ciudadanos, que permitiera dotar de contenido a conceptos como acceso a la justicia y la garantía de derechos.

Todo ello se ejecutó sin olvidar la elaboración de numerosos documentos de trabajo, minutas legislativas, boletines de difusión, textos de sistematización jurisprudencial, clínicas jurídicas, extensas jornadas de capacitación interna y externa, además de la incorporación de siete casos al “Proyecto Inocentes” y la preparación de dos nuevas ediciones de “Revista 93”, el medio institucional de la Defensoría.

En paralelo, la trayectoria de la Defensoría Penal Pública fue reconocida internacionalmente, luego de que el Defensor Nacional fuera nominado para asumir la Coordinación General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (Aidef), instancia que agrupa a las principales defensorías públicas de la región, con el objetivo de defender la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos y establecer un sistema permanente de coordinación y cooperación entre ellas.

Todo este trabajo y sus detalles, explicados extensamente en este balance de la gestión institucional 2016, permitieron que de nuevo la Defensoría lograra el cien por ciento de las metas institucionales previstas en el Convenio de Desempeño Colectivo (CDC) y en el Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG), lo cual motivó a la institución a postular nuevamente al Premio Anual de Excelencia Institucional (PAEI) que el entrega el Servicio Civil.

Todo lo anterior es un éxito, pero cuya importancia no debe hacernos olvidar los temas urgentes que enfrentamos como sociedad. Un ejemplo: mientras las causas ingresadas bajaron de 335 mil 617 en 2015 a 325 mil 285 en 2016, el total de personas declaradas inocentes o no condenadas aumentó de 47 mil 279 a 47 mil 358 en el mismo período, contexto en que también aumentó el número de estas personas que, pese a ello, debieron estar en prisión preventiva o internación provisoria durante el desarrollo de parte o el total de sus procesos penales.

Así, si esta medida cautelar afectó a 2 mil 650 personas inocentes o no condenadas en 2015, la misma cifra aumentó a 2 mil 854 personas el año pasado, resultado que plantea preocupantes reflexiones sobre eventuales excesos punitivos en un sistema que, como muestran las cifras, procesa anualmente cada vez a menos ciudadanos.







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