Crpd/C/cri/1 Naciones Unidas crpd/C/cri/1 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad



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B. Derecho a la salud

34. El área relacionada con el derecho a la salud tiene su sustento en el artículo 25 de la Convención y considera el abordaje de los artículos 5 (Igualdad y no discriminación), 9 (Accesibilidad), 10 (Derecho a la vida), 26 (Habilitación y rehabilitación) y 28 (Nivel de vida adecuado y protección social). Las instituciones del Estado involucradas son el Ministerio de Salud quien ejerce la rectoría en Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que es la principal prestadora de servicios a nivel del país y tienen a su cargo la dirección de los Hospitales y Clínicas del Estado y el Instituto Nacional de Seguros cuyo énfasis es la comercialización de seguros y los servicios de rehabilitación dirigidos a personas con discapacidad adquirida a raíz de accidentes laborales. Cabe señalar que para el presente informe únicamente se obtuvo información del Ministerio de Salud, del Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE) que pertenece a la CCSS, y del Instituto Nacional de Seguros (INS). En el caso de esta última y para los efectos del presente informe solo se tomó en consideración lo relacionado al área de salud y no se consideró el ámbito comercial.



1. Acciones realizadas y recursos destinados

35. A nivel de políticas y estrategias, el país cuenta con la Política Nacional de Salud, el Plan Nacional de Salud 2010-2021 y el Plan Estratégico Nacional de Salud 2010-2015, que incorpora el tema de discapacidad, además de un Plan Estratégico Nacional de VIH y SIDA 2006-2010 y la Política Nacional de VIH y SIDA 2006-2015 que tiene como principios rectores el respeto a la diversidad y diferencia (sexual, étnica, cultural, discapacidad, entre otras) y la garantía de acceso a las poblaciones en condición de vulnerabilidad (dirigida a toda la población, pero con especial énfasis en poblaciones vulnerables como las personas con discapacidad). Se construyó además un Plan Nacional de Violencia Contra las Mujeres (PLANOVI), en el que se incorpora el tema de las mujeres con discapacidad como grupo vulnerable. Así mismo se construye un Plan Nacional de Actividad Física, en el cual se incorpora a la población con discapacidad como grupo prioritario y la Política Nacional sobre derechos de salud sexuales y reproductivos, transversalizada por la temática.

36. En la normativa institucional se reconoce y protege el derecho a la vida y a la supervivencia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás; sin embargo no en toda ésta se especifica personas con discapacidad, sino que se hace referencia a grupos en condición de vulnerabilidad.

37. Respecto a la accesibilidad las acciones están enfocadas principalmente a la accesibilidad al espacio físico de las instalaciones, tales como remodelaciones o construcciones nuevas, por ejemplo se han realizado remodelaciones en CENARE así como construcciones en 34 edificios del Ministerio de Salud, estas remodelaciones incluyen el acondicionamiento de los servicios sanitarios, creación de rampas, señalización, ascensor (con tecnología para poder ser utilizado por personas con discapacidad) y otras obras que permitan la accesibilidad de una persona con discapacidad. Asimismo, dentro del Plan Nacional de Salud 2010-2021 se propicia el acceso con equidad a la infraestructura física segura y con diseño universal necesaria para incidir sobre los determinantes de la salud y la calidad de vida de la población. Otras acciones relacionadas con la accesibilidad son la implementación de sistemas de Información por audio sobre los servicios, además de un centro de Información y Documentación del INS con algunos equipos especializados como impresora braille, lector de libros, equipo de ampliación de imágenes, y software Jaws. Además para hacer el transporte accesible se cuenta con 5 unidades de las cuales 2 tienen rampa y 3 camilla incorporada.

38. Dentro de las principales acciones reportadas en lo que a servicios directos se refiere, debido a la naturaleza de la institución que reporta; éstas se enfocan básicamente a la habilitación y rehabilitación, donde se han realizado acciones dirigidas a la atención de personas en los 25 Centros Médicos Regionales, los 208 Consultorios Médicos Laborales (empresas) y 7209 visitas domiciliares realizadas a todo el país por funcionarios del Departamento de Centros Médicos Regionales del área de seguros del Instituto Nacional de Seguros. Por su parte el CENARE a través de la Comisión de Enlace de Rehabilitación Profesional (CENREP) brinda acompañamiento a aquellas personas que presentan una condición de discapacidad para que puedan recibir una capacitación o formación profesional, que les faculte para la inserción laboral, esto mediante una estructura de programa que son parte de los temas del Proyecto del Convenio de Cooperación Internacional Chile-Japón-Costa Rica del 2006.

39. En los casos que se requiere; el INS entrega equipos y aparatos ortopédicos, así como el mantenimiento que requieren, esto con el fin de que las personas beneficiadas obtengan una mejor calidad de vida. Por otra parte, dependiendo de la discapacidad, se inspecciona la casa de habitación de la persona que recibe el servicio y si no cumple con las condiciones mínimas de accesibilidad, se le brinda una ayuda económica para que realice las adaptaciones de acuerdo a las nuevas necesidades. También a quienes lo requieren se les capacita tanto para su desenvolvimiento en su casa de habitación como para la reinserción laboral a fin de que aprendan nuevos oficios. De igual manera el CENARE implementa el taller de ayudas técnicas y el trabajo interdisciplinario para la confección de férulas que anteriormente se realizaban por compras a terceros. Con este taller se pretende mejorar la calidad en la especificación del requerimiento, evaluación y confección de dispositivos para miembros superiores, además se le ofrece al usuario la oportunidad de acceder a un nuevo servicio con la consulta más personalizada con los especialistas, cuyo propósito es mejorar su calidad de vida. Sólo en el año 2008 se confeccionaron 516 férulas a pacientes de consulta externa y 114 férulas a pacientes hospitalizados mientras que en el 2009 se confeccionaron 584 férulas a pacientes de consulta externa y 128 férulas a hospitalizados en el CENARE.

40. Relacionado con la habilitación y la rehabilitación están las acciones para garantizar un nivel de vida adecuado y protección social a las personas con discapacidad, donde con base en el régimen de riesgos del trabajo (de acuerdo al título IV de Código de Trabajo), a la persona que por motivos laborales adquiere una discapacidad se le brinda el suministro y pago de todas las prestaciones médico–sanitarias, de rehabilitación y en dinero que le correspondan. Lo anterior se logra a través de una indemnización que corresponde a la pérdida sufrida, su monto varía dependiendo del tipo de incapacidad (Temporal, Menor Permanente, Parcial Permanente, Total Permanente y Gran Invalidez)

41. En cuanto a las acciones dirigidas a la Toma de Conciencia (artículo 8), desde el 2008 el Ministerio de Salud ha desarrollado actividades de capacitación dirigidas a funcionarios y funcionarias de los tres niveles de gestión. Los principales temas de capacitación han sido: Aprendizaje de Lenguaje de Señas Costarricense 179 personas; Taller de Atención a Usuarios con Discapacidad (37 funcionarios), taller de cuatro horas sobre la Ley 7600. Además de las actividades de capacitación se cuenta con Comisión Institucional en Materia de Discapacidad (CIMAD), las cuales fiscalizan, promueven la inclusión de las personas con discapacidad en las diferentes instituciones del Estado.

42. Respecto a la inversión realizada por el Estado para garantizar el acceso a la salud a las personas con discapacidad, conviene aclarar que este no incluye la información relacionada con la CCSS, razón por la cual los datos se refieren únicamente a lo suministrado por el Ministerio de Salud y el INS, lo que implica un sesgo importante en la inversión estatal en lo que a este apartado se refiere. A partir de los datos obtenidos se tiene que los principales registros de inversión se han orientado a la accesibilidad del espacio físico y compra de equipo médico relacionado con los servicios de rehabilitación donde entre el periodo 2008-2010 se registra un total de 1.477.289.469,00 colones lo que equivale a una inversión aproximada de 2.915.533,12 dólares.

2. Acciones pendientes, limitaciones y medidas correctivas

43. Entre las principales acciones pendientes en esta área se mencionan la inclusión de la discapacidad como eje transversal con acciones específicas en el Plan Estratégico Nacional 2010-2015 dirigidas a las personas en condición de discapacidad con VIH-SIDA, mientras que el Plan Nacional de VIH y SIDA 2010-2015 se está actualizando, por lo que está pendiente la incorporación de componentes e indicadores referentes al tema discapacidad.

44. En cuanto a la toma de conciencia, está pendiente el cumplimiento de la meta de sensibilizar y capacitar a las instituciones en el desarrollo del nuevo modelo de atención, a los funcionarios de los servicios de salud y a la población en el desarrollo del modelo para la atención de la salud mental a nivel comunitario, además de ampliar la cobertura de las capacitaciones tanto en número de participantes, como en área geográfica de manera que esta llegue a las diferentes regiones del país.

45. En lo que a accesibilidad se refiere está pendiente ejecutar acciones dirigidas al acceso al espacio físico (56 edificios del Ministerio de Salud) y a la información, haciendo las remodelaciones requeridas en la infraestructura e incorporando en los materiales para divulgación de mensajes de salud y señalización de los edificios, sistemas de comunicación en Braille y LESCO, además de brindar a las personas usuarias las ayudas técnicas necesarias para facilitar su lectura y promover que los materiales impresos como libros, folletos, se impriman según las normas de facilitación de la lectura.

46. Algunas medidas que se contemplan para superar dichas limitaciones, así como para dar cumplimiento con lo pendiente son:

a) La emisión de una Directriz Ministerial a la Unidad de Mercadotecnia Institucional así como a la Dirección de Mercadotecnia de la Salud, con la finalidad de que en toda campaña de divulgación del Ministerio de Salud se incorporen el sistema de lectura y escritura Braille en el material impreso y el LESCO en el material visual (campañas televisivas, vídeos) ya sea incorporando la subtitulación (closed caption) o incorporar un intérprete de LESCO, con la finalidad de dar cumplimiento al derecho del acceso a la información y a la comunicación (2010, 2012);

b) Presupuestar los recursos necesarios para la implementación de la campaña informativa para el 2011; para ello, se requiere incorporar de manera transversal en los Planes Anuales Operativos y Proyectos Institucionales aspectos relacionados con el tema de discapacidad que permitan superar estas limitaciones;

c) Cumplir con las remodelaciones pendientes. Es importante revisar y ajustar las normas técnicas y directrices para la identificación y eliminación o inclusión de obstáculos y barreras a la accesibilidad, inclusive en los sectores privado y público, y la existencia de planes nacionales.



3. Observaciones de la sociedad civil

44. La percepción general de la población con discapacidad es que esta área con respecto a otras ha ido avanzando de mejor manera, específicamente mencionan las obras de infraestructura, específicamente en los Equipos Básicos de Atención en Salud (EBAIS) y en algunas clínicas, con la atenuante de que muchas de las acciones vienen como resultado de la Ley 7600 y no tanto de la Convención en sí.

48. En lo que a sensibilización se refiere la percepción de los y las consultadas es distinta pues consideran que aún se requiere mayor trabajo en esta área sobre todo con los diferentes entes que brindan servicios a población con discapacidad, específicamente en el trato que se les da y la utilización de servicios, entre ellos las ambulancias. Mencionan falta de campañas de comunicación, ayudas económicas y técnicas, esto para los diferentes tipos de discapacidades, no hay información inclusiva. Asimismo, se analiza que existen grandes diferencias en los servicios ofrecidos de un lugar geográfico del país a otro (diferencias entre las zonas rurales y urbanas), entre los problemas más graves que se citan es la falta de material médico para algunas personas con discapacidad en tratamientos específicos.

49. Finalmente otro elemento de importancia mayor es la falta de información sexual clara y dirigida a personas con discapacidad y aspectos reproductivos que se ven como derechos fundamentales.



C. Derecho a la educación

50. La garantía al derecho que las personas con discapacidad tienen a la educación está basada en el artículo 24 de la Convención y los artículos que se relacionaron con esta área evaluada fueron el artículo 5 (Igualdad y no discriminación), 9 (Accesibilidad) y 26 (Habilitación y rehabilitación). Las instituciones estatales involucradas son el Ministerio de Educación Pública (MEP) quien ejerce la rectoría en Educación, cuatro Universidades Estatales (Universidad de Costa Rica [UCR], Universidad Nacional [UNA], Universidad Estatal a Distancia [UNED] e Instituto Tecnológico de Costa Rica [ITCR]), el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) así como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).



1. Acciones realizadas y recursos destinados

51. Como parte de las Políticas y Estrategias de carácter nacional vinculante; el Estado costarricense cuenta con la Política de Estado en Educación que incluye políticas de acceso a la educación para estudiantes con necesidades educativas especiales, donde el Centro Educativo de Calidad se convierte en el eje de la educación costarricense, lo que se traduce en una formación integral de carácter inclusivo, estableciendo que la atención educativa del alumnado con necesidades educativas especiales se inicie con la estimulación temprana y además, sea escolarizado en instituciones de educación regular con los servicios de apoyo, técnicos, materiales y humanos requeridos, con ello se pretende asegurar la igualdad y no discriminación según lo establece el artículo 5 de la Convención.

52. También se cuenta con el Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES) que incluye el eje cobertura y equidad mediante el cual se impulsan proyectos tendientes a favorecer y mejorar las condiciones de las personas con discapacidad en las universidades y la Comisión Interuniversitaria de Accesibilidad a la Educación Superior (CIAES), cuyo propósito es articular las políticas de accesibilidad a la Educación Superior que incluyan los procesos de admisión y permanencia para propiciar el acceso en igualdad de oportunidades a la población con necesidades educativas y/o discapacidad. Además existen planes, directrices, reglamentos y acciones particulares de las diversas instituciones de formación, como El Plan Global Institucional 2004-2011 de la Universidad Nacional y el Reglamento de Apoyo Educativo del Instituto Nacional de Aprendizaje o la Comisión Institucional de Equiparación de Oportunidades de la UNED.

53. En procura de la igualdad y no discriminación a nivel de educación superior se desarrolla el Programa de Servicios para Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (PSED); desde el 2008 y hasta el 2010, 92 estudiantes que solicitaron a la CIAES examen de admisión con adecuación ingresaron a una Universidad Estatal y actualmente se da seguimiento a 216 estudiantes; así mismo, se capacita a funcionarios y funcionarias del Departamento de Admisión y Registro para el proceso de recepción de solicitudes de adecuación para la aplicación de los exámenes de admisión. De igual forma los centros de educación superior actualmente poseen diferentes instancias que velan por la no discriminación de las y los estudiantes incluidas las personas con discapacidad, entre ellas se pueden mencionar el Centro de Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad (CASED) de la Universidad Nacional, así como el Consejo Universitario, la Oficina Jurídica, la Defensoría de los Estudiantes, la Dirección de Asuntos Estudiantiles, el Programa de Equidad y Genero, y La Comisión Institucional de Equiparación de Oportunidades de la Universidad Estatal a Distancia.

54. Ligado a lo anterior en materia de Habilitación y rehabilitación: en algunos centros educativos de nivel superior se ha adquirido equipo técnico para bibliotecas de las universidades, además se facilita el uso de tecnologías de comunicación e información como computadoras CPU y portátiles con programas adaptados –lectores de pantallas JAWS; traductores de audio Dragon Naturally Speaking; Magnificadores de imágenes Magic; reproductores de voz Digital Voice Editor; traductor de música al sistema braille Goodfeel Braille Music Traslation y traductor de texto al sistema Braille –Duxbury entre otros.

55. Sobre el punto anterior, el MEP ofrece los Servicios de apoyo para estudiantes con matrícula en la educación regular y la Educación Especial. Estos servicios son ofrecidos por docentes fijos o itinerantes, especializados en audición y lenguaje, discapacidad múltiple, discapacidad intelectual, problemas de aprendizaje, trastornos emocionales y de conducta, discapacidad visual, sordo ceguera. La mayoría funcionan en servicios de I y II ciclo de la Educación General Básica (EGB). Sin embargo, existen servicios de apoyo que funcionan en Centros de Educación Especial y algunos otros, fijos e itinerantes para estudiantes con discapacidad visual, y audición y lenguaje (sordera) en centros educativos de secundaria. Además, a manera de pilotaje se desarrollan experiencias para atender población con discapacidad intelectual en este nivel.

56. De acuerdo a los datos suministrados por el MEP, el total de la población matriculada en el educativo (sin incluir universidades) durante el período comprendido entre el año 2008 y 2010 fue de 1.061.047 personas en el año 2008, 1.083.586 personas en el año 2009, mientras que en el año 2010 fue de 1.082.070 personas, donde respecto al total la población con discapacidad representó en términos porcentuales por año el 9,27%, el 9,8% y el 9,40% respectivamente (véase anexo 5).

57. La matrícula atendida en servicios de apoyo durante los tres años anteriores es la siguiente: en el año 2008: 82.986 estudiantes, en el 2009 fueron 90.349 y en el 2010, 85.505 estudiantes.

58. Los servicios específicos (atención directa) dentro de los centros educativos regulares son ofrecidos por docentes de educación especial, responsables de la atención de un grupo específico de estudiantes con discapacidad. Estos servicios funcionan en estimulación temprana, I y II ciclo de la EGB y en III ciclo de la EGB y Educación Diversificada. La matrícula reportada en estos servicios fue la siguiente: en 2008, 9.362 estudiantes; en 2009, 9.731; y en 2010, un total de 9.784 estudiantes.

59. Actualmente existen 22 Centros de Educación Especial, ubicados en diferentes regiones del país. En estos centros se atiende población con diferentes tipos de discapacidad, con edades entre los 0 y 21 años. El reporte de matrícula para los tres años anteriores es: 4.939 personas durante el 2008, 5.063 personas para el año 2009 y para el 2010, 5.165 personas.

60. Asimismo, los Centros de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad (CAIPAD), atienden población mayor de 18 años que requieren de apoyos prolongados y permanentes para su desempeño personal, ocupacional o laboral. Estos centros funcionan con una subvención del MEP a ONG. Actualmente funcionan 28 centros de esta naturaleza. Durante los años 2008, 2009 y 2010 se ha brindado el servicio a 1.058, 1.107 y 1.308 personas respectivamente.

61. La información anterior es relevante, si se toma en cuenta que el total de la población con discapacidad, matriculada en los diferentes servicios de la Educación General Básica y Educación Diversificada, es de 100.454 estudiantes en el año 2010, ya sea que se encuentren en servicios de atención directa o recibiendo servicios de apoyo. Además, se observa una tendencia de un mayor número de estudiantes con discapacidad en servicios regulares, lo que manifiesta una propensión hacia prácticas más inclusivas en el sistema educativo nacional.

62. Por su parte el INA que es una institución de formación técnica reportó que entre el año 2008 y 2010 de 5.194 personas matriculadas 2050 fueron personas con discapacidad o que refirieron tener alguna necesidad de apoyo específico para desenvolverse en el curso lectivo.

63. En cuanto a las acciones dirigidas a garantizar la accesibilidad en la educación; estas se orientan principalmente a tecnologías de información, facilitando el acceso a los sitios web con aplicaciones que permiten que personas con baja visión puedan aumentar el tamaño de la fuente para poder ver la información que ahí se ofrece.

64. En lo que respecta a la accesibilidad al espacio físico los esfuerzos realizados se han dirigido a la construcción de rampas, adecuación de los servicios sanitarios y ampliación de entradas y la implantación de sistemas de alerta audible y visual para la atención de emergencias, además de la construcción de ascensores concretamente en la UNED y el ITCR. Además en el INA se han desarrollado acciones importantes en las Unidades Regionales así como la remodelación del Auditorio Danilo Jiménez Veiga. En esta misma línea, se han construido obras específicas en centros educativos de secundaria para la población con discapacidad, sólo durante los últimos tres años se han reconstruido 359 centros de educación que cuenta con los requerimientos necesarios para garantizar la accesibilidad al espacio físico del estudiantado con discapacidad.

65. Otras acciones relevantes son las relacionadas con la capacitación, dirigidas tanto a docentes como padres y madres de familia y personas con discapacidad. A este respecto el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (CENAREC) del MEP ha impartido 675 cursos dirigidos a docentes, padres y madres de familia y personas con discapacidad, en el periodo comprendido entre el año 2003 al mes de marzo de 2010, en 65 temáticas diferentes. Estos cursos se distribuyen en tres categorías, Educación Inclusiva, Discapacidad y estrategias metodológicas en la cual se clasifican 57 temáticas y la tercera categoría referida a actividades institucionales, como seminarios y talleres. Igualmente las otras instituciones involucradas en el sector educativo, han realizado acciones dirigidas a capacitar su personal en el uso del LESCO y la atención de las necesidades específicas y acompañamiento de la población con discapacidad.

66. El total de la inversión económica realizada entre el año 2008 y el 2010 asciende a los 44.800.468.595,09 colones que representan 86.881.544,84 dólares, considerando exclusivamente aquella que tiene relación directa con los artículos evaluados en el área educación (artículos 5, 9, 26 y 24). Para ello se tomó como base lo indicado por el MEP, principalmente en: capacitación del personal que trabaja con personas con discapacidad; accesibilidad al espacio físico de los centros educación pública; programas sociales para personas con discapacidad; adquisición de ayudas técnicas; y contratación de recurso humano para atención de personas con discapacidad.

67. Por otra parte además de la inversión reportada por el MEP se reportó una inversión aproximada de 9.856.149.612,35 colones, equivalente a 19.520.606,87 dólares, que incluye los datos suministrados por el CONARE, INA, y las Universidades Públicas, sin embargo se establece por aparte debido a que los datos suministrados fueron más generales y no en todos los casos se podía verificar específicamente la inversión en discapacidad. Considerando ambos rubros el monto total destinado para garantizarle a la población con discapacidad el acceso a la educación es de 54.656.618.207,44 colones lo que equivale a 108.250.219,26 dólares.



2. Acciones pendientes, limitaciones y medidas correctivas

68. De la información suministrada por las instituciones involucradas se desprende que las principales acciones pendientes en materia de acceso a la educación son:

a) Mejorar el sistema estadístico del Sistema Educativo y sus involucrados, de manera que se pueda disponer de información sistemática en el país sobre las personas con discapacidad atendidas en el sistema educativo;

b) Fortalecer la Coordinación Interinstitucional del Sector Educativo, de forma que se de mayor vinculación de Planes Nacionales con planes estratégicos y organizativos en las diferentes instituciones educativas en los distintos niveles (educación primaria, secundaria y superior) y que se maximicen los recursos destinados a la atención de las necesidades de la población con discapacidad en todo el sector educativo;

c) Mejorar la accesibilidad de la educación principalmente en tres aspectos, acceso a la información, acceso al espacio físico y proveyendo las ayudas técnicas mínimas necesarias para el desarrollo de la población con discapacidad en el proceso socioeducativo;

d) Mejorar e Incrementar la capacitación al personal docente y administrativo del Sector Educativo así como a las propias personas con discapacidad y sus familias, particularmente en temas como promoción de la imagen positiva de la población con discapacidad y sus derechos;

e) Extender a la educación secundaria los servicios de apoyo, para las y los estudiantes con discapacidad que asisten a la educación regular y fortalecer estos apoyos en las zonas rurales.

69. Como parte de las limitaciones de peso acotadas para el cumplimiento pleno de los alcances de la Convención se desprende que estas obedecen a los siguientes factores:

a) Falta de información estadística sobre las personas con discapacidad atendida en el sistema educativo;

b) Dificultad para llevar a cabo una adecuada coordinación interinstitucional entre las diferentes instancias educativas del sector;

c) Falta entre las autoridades de alto nivel decisorio de una clara comprensión de la discapacidad que les permita entenderla como un tema de inclusión más que de funcionalidad del sujeto;

d) Como consecuencia de lo anterior, el abordaje de la situación de la población con discapacidad no constituye una prioridad;

e) Persistencia generalizada de barreras de actitud en relación con la inclusión de la población con discapacidad.

70. Finalmente entre las acciones a ejecutar propuestas por las instituciones responsables de garantizar el derecho a la educación se destacan: acciones en el área de la accesibilidad al espacio físico, el incremento de los presupuestos con acciones específicas para atender las necesidades de la población estudiantil con discapacidad.



3. Observaciones de la sociedad civil

71. Al referirse al derecho a la educación y las acciones realizadas por el estado para garantizarlo, la sociedad civil expresa que existe necesidad de generar estrategias educativas que se adapten a lo planteado por la convención a nivel de inclusión y la no segregación de las personas con discapacidad en los centros educativos.

72. Como parte de las observaciones que se realizan las acciones realizadas por el Estado, la sociedad civil resalta que las mismas solamente se orientan a la construcción de rampas, en este sentido la información presentada por las instituciones describe un panorama solo parcialmente correcto, pues faltan muchos elementos con respecto a la calidad de la educación y el servicio que se brinda a las personas con discapacidad, además de la falta de profesionales con una mejor capacitación, las acciones de accesibilidad al espacio físico no consideran otros aspectos de accesibilidad, ni los elementos relacionados con el desarrollo inclusivo y el diseño universal; asimismo, estas acciones reflejan más bien elementos para el cumplimiento de la ley 7600 y no de la Convención propiamente.

73. Aunque dentro de las acciones señaladas por el Estado se menciona el apoyo económico para el transporte de personas con discapacidad, las personas consultadas consideran que no se brindan otros sustentos a nivel de transporte, por ejemplo para los estudiantes con discapacidad. Con respecto a las diversas regiones del país se dan brechas importantes en relación al valle central, sobre todo en opciones informáticas, especialmente se analizan deficiencias en el acceso a Internet.

74. Por último se evidencia por parte de las personas que participaron de la consulta que hay ausencia de estrategias a nivel universitario para formar profesionales con una visión inclusiva y que genere un mayor respeto hacia otras poblaciones, particularmente las personas con discapacidad, y se carece de educación para los padres de familia para que sean parte activa del proceso educativo de sus hijos.

D. Derecho al trabajo y el empleo

75. Las instituciones del Estado llamadas a garantizar el acceso al trabajo y el empleo (artículo 27 de la Convención) son el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Los artículos considerados para abordar esta área fueron el 26 (Habilitación y rehabilitación) y el 9 (Accesibilidad).

76. Dentro del marco legal existen y que busca proteger el derecho al empleo de las personas con discapacidad se mencionan: El Código de Trabajo, Decreto Ejecutivo N.º 30391, con el que se crea la Unidad de Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad y finalmente en la actualidad existe la denominada Ley de Inclusión y Protección laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público (Ley N.º 8862) y su reglamento el cual se encuentra en proceso de publicación en Casa Presidencial. Además de lo anterior mediante Directriz N.º 14 del MTSS del mes de Enero del año 2007, se creó una Comisión Técnica Interinstitucional para la Empleabilidad de las Personas con Discapacidad, cuyo fin es articular acciones para la formación técnica y empleabilidad de las personas con discapacidad.

1. Acciones realizadas y recursos destinados

77. Las principales acciones realizadas por el Estado costarricense de acuerdo a lo reportado por el MTSS están referidas a lo que ejecuta la unidad de Equiparación de Oportunidades de esta entidad, principalmente a través de asesoría y capacitación a diferentes actores sociales, como las autoridades superiores del Ministerio para la definición y diseño de políticas, estrategias y/o acciones en materia de trabajo y discapacidad, a empleadores, profesionales, estudiantes y público en general, sobre legislación en materia de discapacidad, incentivos fiscales, equiparación de oportunidades, accesibilidad, derechos laborales, inclusión laboral entre otras.

78. Entre las acciones mencionas están la capacitación durante el año 2008, de 196 personas entre ellas empleadores, profesionales y estudiantes en materia de discapacidad y trabajo y se atendió a una población trabajadora con discapacidad de 220 personas de manera personalizada y telefónica, brindando asesoría en materia sociolaboral.

79. Con el fin de promover la inserción laboral de las personas con discapacidad se han realizado coordinaciones con el Centro Nacional de Rehabilitación Dr. Humberto Araya Rojas, para la evaluación ocupacional de personas trabajadoras con discapacidad a fin de contar con los perfiles ocupacionales de nuestros(as) usuarios para potenciar su futura contratación, actualmente se forma parte del Proyecto Kàloie, ejecutado por el CNREE y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en la zona sur del país donde se pretende fortalecer e incentivar al inserción de la población con discapacidad a la población económicamente activa, a este respecto el logro más relevante ha sido el fortalecimiento de la representación en el Nivel Regional del MTSS con la participación de una funcionaria de la Unidad de Equiparación de Oportunidades para personas con discapacidad, de manera más sistemática en los procesos de ejecución del proyecto.

80. Otras acciones de promoción han sido la ejecución del Plan Piloto de Inclusión laboral de personas con discapacidad con tres empresas Medias Casino, Irex de Costa Rica e INYCO, esta experiencia consistió en un proceso de asesoría a la empresa sobre el tema de discapacidad, el como socializar con ésta población y dar un acompañamiento tanto al empresario como al trabajador (a) con discapacidad, en los procesos de inducción e inserción laboral, gracias a ello se logró la contratación de 32 personas con discapacidad y se elaboró un video donde los empresarios exponen su sentir con respecto a la inclusión laboral de trabajadores con discapacidad, que a la vez servirá de instrumento para continuar el proceso de sensibilización del sector empresarial y otros actores claves.

81. Además de las acciones mencionadas conviene resaltar lo actuado a través de iniciativas privadas en el marco de la Cooperación Internacional y en coordinación con la asesoría de diferentes instituciones del Estado Costarricense, concretamente por medio del Programa de Oportunidades para el Empleo a través de las Tecnologías en las Américas (Proyecto POETA), precisamente por tratarse de un proyecto de cooperación internacional el tema será abordado en el punto ocho de este informe relacionado con Proyectos de Cooperación Internacional y Discapacidad.

82. Todas estas acciones además de contribuir a la inserción laboral de las personas con discapacidad constituyen medidas afirmativas que refuerzan la imagen positiva de la población con discapacidad.

2. Acciones pendientes, limitaciones y medidas correctivas

83. Aunque las instituciones involucradas no mencionaron acciones pendientes estas se ven reflejadas en las diversas opiniones manifestadas por las personas con discapacidad durante el proceso de consulta del informe.

84. Las principales limitaciones planteadas para el cumplimiento pleno de lo establecido con la Convención se refieren a aspectos de carácter estructural interno dentro del MTSS, entre las que se indica que el escaso recurso humano, tecnológico y financiero con que cuenta Unidad de Equiparación de Oportunidades es insuficiente para la demanda que actualmente se tiene, no sólo para la atención de la población sino para la definición, implementación y monitoreo de la Política Institucional en materia de discapacidad, así como para elaboración de protocolos, registros, bases de datos, estudios entre otros que proporcionen mejores insumos para la toma de decisiones. Otras limitaciones son la falta de articulación Institucional para el abordaje del tema Trabajo y Discapacidad, además de los registros de estadísticas de atención de manera segregada y la carencia de las estimaciones de inversión financiera que implica la asignación de recursos humanos y financieros de las acciones realizadas en cuanto a tutela de derechos y atención sociolaboral.

85. Las principales acciones a llevar a cabo como medidas propuestas para superar las limitaciones, son:

a) La inclusión en el presupuesto de solicitud de al menos una plaza para la Unidad de Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad;

b) El Fortalecimiento de la CIMAD;

c) Solicitud de la asesoría correspondiente para la estimación de la inversión financiera que hace el MTSS en materia de tutela de derechos laborales y atención sociolaboral.

3. Observaciones de la sociedad civil

86. A este respecto el MEIC no remitió la información según lo solicitado y el MTSS la envió extemporáneamente a la fecha requerida por la institución rectora en discapacidad encargada de la elaboración del informe por lo que la consulta se fundamentó en las siguientes tres preguntas generadoras: a) ¿Cómo es la situación de las personas con discapacidad en relación al derecho al trabajo y empleo?; b) ¿Consideran que lo que establece la legislación costarricense en este sentido se está cumpliendo?; y c) ¿Qué acciones serían necesarias de implementar para que haya un real acceso al trabajo y el empleo? Debido a lo anterior la sociedad civil consultada consideró que existió desinterés por parte de instituciones al no enviar la información correspondiente a tiempo.

87. Concretamente sobre lo actuado en este tema, se indica que este debe considerar no solo los aspectos relacionados directamente con la generación de opciones de trabajo, si no que falta la mejora por ejemplo de los servicios públicos de transporte que permita una mayor movilización de todas las personas y una visión de accesibilidad integral. A este respecto al situación del empleo y desempleo es visto como uno de mucha importancia para las personas con discapacidad, pues a raíz de este se genera un círculo de pobreza, discriminación, y situaciones de depresión inclusive al no lograr conseguir trabajo, el empleo es uno de los elementos que puede llevar a este colectivo a mejorar su calidad de vida, por lo que se requiere de más esfuerzo Estatal para mejorar las capacidades de trabajo de las personas con discapacidad.

88. Se manifiesta que las condiciones laborales no son iguales para las personas con discapacidad y que existe una alta discriminación, ya que las personas con discapacidad no pueden competir en igualdad de condiciones, a este aspecto contribuye la falta de capacitación en el desarrollo laboral y no se tienen las ayudas técnicas necesarias, además de procesos de concientización en diferentes ámbitos que permitan generar una mayor integración en las áreas de trabajo por lo que se considera uno de los problemas más graves. En este sentido se deben mejorar los procesos educativos que potencien en el trabajo para las personas con discapacidad en todas las regiones del país y no solo en las zonas urbanas.

89. Otros elementos que dificultan el ingreso al mercado laboral son:

a) El desconocimiento existente acerca de las ayudas técnicas y los animales de asistencia y el derecho que tienen las personas con discapacidad de llevarlos a su lugar de trabajo;

b) La falta información para los empleadores y condiciones laborales tanto en infraestructura y ayudas técnicas que no permiten obtener trabajo a las personas y bajan su calidad en condiciones;

c) Carencia de datos sobre personas con discapacidad empleadas y desempleadas;

d) Se requiere concretar la ley con respecto al 5% de los puestos que tienen que ser dirigidos para las personas con discapacidad y para esto se necesitan campañas mediáticas para denunciar la discriminación por alguna discapacidad;

e) Las empresas y el Estado no aprovechan los beneficios que traen los trabajadores que tienen alguna discapacidad en diferentes ámbitos, como el beneficio que otorga la Ley 7092 mediante la cual se exonera de impuestos en aquellos gastos en los que incurre la empresa para mejorar las condiciones de accesibilidad con el fin de que la persona con discapacidad pueda desarrollar sus funciones.



E. Derecho a un nivel de vida adecuado y protección social

90. El área denominada Nivel de vida adecuado y protección social involucró a instituciones del estado en dos niveles, uno nacional correspondiente a instituciones del Gobierno Central y otro local que se refiere propiamente a lo actuado por las Municipalidades (Gobiernos Locales). De un total de nueve instituciones del Estado a las que se les solicitó información, únicamente se obtuvo respuesta de siete de ellas, a saber Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Fondo Nacional de Becas (FONABE), Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU), Junta de Protección Social (JPS), CNREE y Patronato Nacional de la Infancia (PANI), además de 81 Municipalidades a las que se les solicitó información dieron su aporte 37 Municipios lo que representa el 45% del total de los Gobiernos Locales. Esta área se sustentó en el artículo 28 de la Convención y considera los artículos 6 (Mujeres con discapacidad), 7 (Niños y niñas con discapacidad), 10 (Derecho a la vida), 11 (Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias), 16 (Protección contra la explotación, la violencia y el abuso), 17 (Protección de la integridad personal), 19 (Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad) y 23 (Respeto del hogar y de la familia).



1. Acciones realizadas y recursos destinados

91. Para garantizar el nivel de vida adecuado y la protección social de las personas en el ámbito nacional, el Estado Costarricense en la Constitución Política de la República de Costa Rica en su artículo 51 establece: “…La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrá derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido1”. En ese mismo sentido la Ley 7092 Sobre Impuesto de Renta, se establece: “Un cinco por ciento (5%) de los recursos será asignado al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, para financiar programas de atención, albergue, rehabilitación o tratamiento de personas mayores de edad con discapacidad, si estos programas son desarrollados por instituciones o entidades públicas o privadas” (art. 15, inc. f).

92. Las acciones realizadas han sido dirigidas particularmente a paliar la situación de las personas con discapacidad en situación de pobreza y abandono, principalmente a través de aportes económicos (subsidios) que ofrece el Estado para cubrir diversas necesidades básicas, para ello cuenta con programas de asistencia social desarrollados desde diversas instituciones y con distintas fuentes de financiamiento, como las provenientes de la ley 7972 que establece un impuesto sobre cigarrillos y licores para Plan de Protección Social, el Presupuesto Ordinario de la República, Fondo de Asignaciones Familiares y Desarrollo Social, Junta de Protección Social, entre otros, siendo el CNREE el principal ejecutor.

93. Estos programas de asistencia y sus acciones han sido desarrollados por el IMAS, que brinda subsidios económicos para personas en situación de pobreza y ONG de y para personas con discapacidad que requieren equipo básico para su gestión. También a través del FONABE el Estado ofrece apoyo económico a las estudiantes en situación de pobreza, con el fin de que puedan continuar estudiando y no deserten del sistema educativo, en el caso particular se dirigen ayudas económicas para estudiantes con necesidades educativas asociadas a la discapacidad como la beca de transporte.

94. Siempre en la línea de los programas de asistencia social dirigidos a población vulnerable el CNREE a través del Programa Pobreza y Discapacidad que tiene a su haber dos Ejes: el Eje de Pobreza cuyo ámbito de acción es el apoyo a personas con discapacidad en situación de pobreza mediante el otorgamiento de recursos monetarios y el Eje de Protección donde se ejecutan acciones para personas con discapacidad en situación de riesgo y abandono, mediante el otorgamiento de recursos económicos para cubrir gastos relacionados con vivienda según las diversas modalidades de existentes.

95. Además de lo mencionado en el párrafo anterior se cubren otras necesidades, para lo cual en este ámbito el CNREE ha establecido una canasta básica en discapacidad la cual incluye además de los productos básicos para la manutención aquellos productos mínimos necesarios que eventualmente una persona con discapacidad podría requerir como parte de su canasta básica. En los últimos tres años la atención brindada a población en condición de pobreza ha sido de 2.802 durante el año 2008; 2.685 en el año 2009 y 2.526 al primer semestre del 2010. Por su parte las personas con discapacidad en condición de abandono y mayor de 18 años de edad atendidas es de 648 personas en el 2008, 863 personas en el 2009 y en el primer semestre del año 2010, 1009 personas.

96. En lo que a la accesibilidad se refiere, las acciones se han dirigido a la accesibilidad al espacio físico y a tecnologías de información, esto con el fin de garantizar a las personas con discapacidad el acceso de estos servicios.

97. Como parte del dato aproximado en relación a la inversión realizada en el área de nivel de vida adecuado y protección, se tiene que el Ministerio de Salud contribuye al Mejoramiento de calidad de vida de las personas con discapacidad y protección social aportando presupuesto a las instancias gubernamentales responsables de velar por esta población, para lo que ha dispuesto dentro de su presupuesto para el año 2010: 112.853.000 colones al Patronato Nacional de Ciegos (PANACI) para gastos de operación y 61.400.000 colones al Patronato Nacional de Rehabilitación (PANARE) para gastos de operación.

98. Asimismo, en el año 2008 el IMAS entregó a asociaciones de personas con discapacidad un total de 11.500.000,00 colones para equipamiento básico. Además en ese mismo año se entregó a la Escuela de Enseñanza Especial, Región Brunca 19.000.000 colones para remodelación de la planta física. En el año 2009 la Asociación de Personas con Discapacidad de Upala recibió por parte de esta institución, 50.000.000,00 colones para la construcción de un CAIPAD y en para el año 2010 se ha propuesto asignar 3.443.800,00 colones a la Asociación Ejército de Salvación para equipamiento básico. Por su parte entre el 2009 y el 2010, el total invertido por el CNREE en programas de atención a personas en situación de pobreza, riesgo social y abandono, fue de 4.117.275.543,00 colones.

99. Por su parte la JPS entre el año 2009 y el 2010 realizó una inversión de 2.380.924.546,00 colones dirigidos a atención de hogares para personas con discapacidad, entrega de 315 ayudas técnicas, al apoyo de la gestión de 21 Centros de Educación Especial y 20 CAIPAD. De esta forma el total aproximado de la inversión estatal en procura de ofrecer un nivel de vida adecuado y protección social a las personas con discapacidad supera los 6.756.396.889,00 colones que significan una inversión de 13.381.388,54 dólares.

100. En el ámbito local, correspondiente a las Municipalidades se registran como acciones principales servicios de apoyos económicos, accesibilidad al espacio físico y la información, promoción de las personas con discapacidad.

101. Sobre los servicios de apoyos económicos estos se dirigen a atender diversas necesidades como entrega de medicamentos, dotación de pensiones del régimen no contributivo, gestión de bonos de vivienda a familias de personas con discapacidad, otorgamiento de ayudas técnicas; diseño de viviendas accesibles; otorgamiento de becas de estudio (útiles escolares, uniformes escolares, asistencia en alimentación) a niñas y niños con discapacidad; atención a Personas Adultas Mayores con Discapacidad en Centros Diurnos; inclusión niños/as con padres o madres con discapacidad en centros infantiles; construcción de un centro infantil accesible y con seguridad en caso de emergencia, mejoraras en la infraestructura de centros educativos y áreas de recreación del cantón, apoyo en la gestión de proyectos comunitarios que garanticen el acceso al agua potable, el acceso a la vivienda y a programas de protección social; apoyo en el mejoramiento de la infraestructura de centros educativos y áreas de recreación. Estas acciones se realizan mediante la coordinación con instituciones como el IMAS, CCSS, y ONG, entre otras.

102. Por otra parte en accesibilidad al espacio físico y la información algunas municipalidades han implementado la plataforma de servicios en las Municipalidades para dar atención preferencial a poblaciones que la requieran, en algunos casos se ha realizado censos y diagnósticos cantonales tendientes a la recopilación de datos sobre necesidades y características de la población con discapacidad; y en accesibilidad al espacio físico se efectúan inspecciones para la verificación de la accesibilidad en instituciones públicas, privadas, lugares públicos, servicios comunitarios, salud, educación; se han implementado mejoras en aceras.

103. Respecto a la promoción de las personas con discapacidad las acciones que se identifican están relacionadas con la ejecución anual de ferias de promoción de la microempresa femenina y la capacitación de madres de niños/as / estudiantes y personas adultas con discapacidad en temática empresarial; apoyo a la asociación de personas con discapacidad; reconocimiento a atletas con discapacidad; campañas de promoción de derechos humanos de las mujeres; además se ha facilitado la inserción laboral a personas con discapacidad; donación de equipo de cómputo y software para personas no videntes. Asimismo, se han desarrollado acciones de capacitación se han enfocado hacia la participación ciudadana, atención y prevención de la violencia contra las personas con discapacidad; capacitación a personal del gobierno local sobre la transversalización de la discapacidad y el género en la gestión municipal.

104. Además de lo mencionado anteriormente se han realizado acciones tendientes a la atención de la población con discapacidad en situaciones de emergencias, para ello han ejecutado planes de emergencia y en algunos casos se ha elaborado un reglamento de infortunio que prioriza la atención de personas con discapacidad en casos de emergencia; atención directa a población con discapacidad y familias que han experimentado situaciones de desastres naturales.

2. Acciones pendientes, limitaciones y medidas correctivas

105. A nivel nacional una de las principales acciones pendientes es la elaboración de protocolos para la atención de las personas con discapacidad al momento en que se dan situaciones de emergencia como desastres naturales, abuso y/o violencia ya sea dentro del seno del núcleo familiar o bien en las alternativas residenciales donde las personas sobre todo abandonadas residen.

106. Entre las principales limitaciones mencionadas para garantizarle a las personas con discapacidad un nivel de vida adecuado están la de carácter presupuestario, la carencia de recurso humano para atender las múltiples necesidades que surgen, se observa que persiste un abordaje desde un paradigma asistencialista que provoca acciones aisladas y dispersas en las instituciones públicas, además de las presencia de barreras en infraestructura y de accesibilidad en los servicios públicos.

107. En cuanto a la adopción de niños y niñas con discapacidad, según se informa existen ONG que no aceptan a personas con discapacidad.

108. En el tema de urbanismo se presentan limitaciones en el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones. Concretamente en relación con lo establecido en dicho reglamento respecto al a la posibilidad de existencia de calles de uso restringido, cuyas dimensiones son de 7 metros de derecho de vía, con una calzada de 5 metros y aceras de 1 metro, esto debe modificarse y variar las aceras a 1,20 metros de ancho, estableciendo un derecho de vía de 7,40 m. Además en materia de Condominios no se cuenta con especificaciones reglamentarias para esta población específica. En este sentido, lo establecido en el reglamento actual constituye un vacío en normativa que restringe la accesibilidad al espacio físico en las vías públicas.

109. En cuanto al derecho al matrimonio, a la planificación familiar y a la permanencia de los menores en familia, el ordenamiento jurídico costarricense no prevé disposiciones específicas relacionadas con la población con discapacidad, sin embargo por tratarse de derechos fundamentales, el Estado debe procurar su ejercicio ilimitado por parte de todas las personas.

110. Entre las medidas para superar las limitaciones que se requiere valorar para luego implementarse están la articulación de todo un sistema nacional de protección, integrando las alternativas de protección temporales y permanentes, tanto públicas como privadas, de tal forma que la normativa le sea aplicable por igual a las ONG como instituciones públicas (PANI, MEP, Centro Infantil de Nutrición Integral [CINAI] del Ministerio de Salud), esfuerzo que se está realizando desde el Consejo Paritario, promovido por el PANI.

111. Otra medida es capacitar al personal que trabaja en programas de asistencia a población en pobreza y riesgo social, así como en atención directa, de manera que se comprenda la discapacidad no como un asunto puramente funcional, sino desde una perspectiva de inclusión y derechos humanos y que desde ahí se planteen las alternativas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Además se plantea la necesidad de realizar las modificaciones pertinentes a la legislación vigente, según corresponda y en consenso con las instituciones involucradas.

112. A nivel local las principales acciones pendientes son Mitigar la pobreza de las personas con discapacidad y sus familias; asegurando la igualdad de condiciones del programa de becas y asistencia económica; implementación del Plan Municipal de Accesibilidad; creación de espacios especializados para el cuido y atención de personas con discapacidad; estudios socioeconómicos para valorar situación socioeconómica de personas con discapacidad y sus familias; contar con transporte accesible; creación de información accesible en los servicios municipales; inspección de la accesibilidad a edificios públicos; y efectuar mejorasen la accesibilidad de edificios municipales.

113. Además, relacionado con la acción anterior se requieren acciones concretas para la generación de empleo mediante la incorporación de las personas con discapacidad a la vida productiva cantonal y la coordinación con universidades para la implementación de sistemas digitales de empleo para población con discapacidad.

114. Continúan pendientes acciones en aspectos como la accesibilidad de la información a través del uso de lenguaje accesible, así como la generación de una base de datos donde se identifique el número de personas con discapacidad con acceso a servicios del sector social, requerimientos de otros servicios, y personas con discapacidad en situación de riesgo por desastres naturales y otras emergencias; formulación de una política de inserción laboral en las instituciones públicas.

115. Está pendiente acciones dirigidas a la atención de las personas con discapacidad en situaciones de emergencias, para ello se necesita incluir en el Plan de Atención de Emergencia Cantonal la atención a personas con discapacidad; capacitación de personal municipal en atención de personas con discapacidades en situaciones de desastres; identificación de ubicación de viviendas de familias de personas con discapacidad; identificación de riesgos del cantón.

116. Es necesario fortalecer la Fiscalización y supervisión municipal para que las empresas desarrolladoras de proyectos urbanísticos asignen las primeras casas a personas con discapacidad y establecer enlaces entre la Comisión Local de Emergencias, Bomberos y Cruz Roja para reubicación de personas con discapacidad.

117. Las limitaciones más importantes y las medidas para superarlas que se señalan están relacionadas los escasos recursos financieros y humanos a nivel municipal se convierten en un obstáculo para atender las necesidades de la población de manera oportuna. Respecto al recurso humano se requiere mayor capacitación de los funcionarios/as en materia de derechos humanos y el abordaje de la situación de la población con discapacidad desde este enfoque.

118. La falta de espacios accesibles continua siendo una limitante para las personas con discapacidad que aunada a la burocratización de los procesos y trámites reflejada en la rigidez de los reglamentos en los programas de asistencia social dificulta el acceso a las personas con discapacidad a estos servicios.

119. La deficiente coordinación interinstitucional constituye otra limitante señalada sobre todo para prevenir y atender situaciones de explotación, violencia y abuso; escasa comunicación con entidades corresponsables de garantizar la accesibilidad en el entono cantonal; poco conocimiento de las leyes.

120. En materia legal existe poca claridad jurídica de parte de algunas municipalidades para la fiscalización de la accesibilidad en el otorgamiento de permisos y patentes; topografía del territorio cantonal medianamente irregular, además de que en muchos casos se indica la falta de voluntad política para incluir el tema de las necesidades de la población con discapacidad dentro de las acciones prioritarias en el quehacer de los gobiernos locales.

121. La ausencia de registros a nivel cantonal donde se disponga de información sobre el domicilio, necesidades y otras características necesarias de población con discapacidad, para planificar apoyos y servicios para mejorar su calidad de vida.

122. Las medidas propuestas para superar las limitaciones encontradas responden más a iniciativas identificadas que a acciones concretas, sin embargo se mencionan con el fin de no invisibilizar aquellas posibles líneas hacia donde se podrían dirigir las acciones a realizar.

123. Entre las principales iniciativas que se mencionan son:

a) Incorporación de la perspectiva de la accesibilidad y la discapacidad en los reglamentos municipales;

b) Coordinación con instituciones competentes y sectores productivos para promover el empleo de personas con discapacidad y la atención de familias de personas con discapacidad en condición de pobreza;

c) Incremento de presupuestos municipales;

d) Análisis y armonización de la normativa que protege los derechos de las personas con discapacidad;

e) Sensibilización y capacitación dirigida a autoridades y personal de las Municipales;

f) Estudio de características y necesidades de la población con discapacidad de todas las edades, incluyendo existencia y requerimientos de servicios del nivel cantonal;

g) Promoción de los derechos de la población con discapacidad;

h) Estudio de oferta habitacional para la reubicación de personas con discapacidad;

i) Gestión de la contratación de profesionales especializados en atención de necesidades de estos grupos de población;

j) Gestión de espacios accesibles para la formación y capacitación de recurso humano;

k) Construcción de un mapeo que permita relacionar puntos de riesgo y localización de viviendas de personas con discapacidad;

l) Capacitación a diversos actores en aspectos políticos, filosóficos, jurídicos y operativos del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

124. Asimismo, se proponen realizar campañas de sensibilización en el nivel de atención primaria en salud; apoyo a las comisiones de accesibilidad de parte de del Concejo y la Administración Municipal; hacer efectiva la Ley de Transferencias de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades.

125. Articular esfuerzos con entidades del gobierno responsables de garantizar de una u otra forma el pleno desarrollo de las personas con discapacidad; asignación de presupuesto; identificación de necesidades de la población con discapacidad y promover la participación de las personas con discapacidad en los asuntos que les compete.

126. Se propone la reactivación o la integración de la Comisiones Municipales de Accesibilidad y Discapacidad (COMAD); así como la revisión la organización administrativa en los Municipios. Además de la ejecución de la ley de transferencias de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, y la intervención de una entidad que vele por el cumplimiento de la normativa vigente, en materia de derechos de las personas con discapacidad; creación de una oficina Municipal de Desarrollo Social, que trabaje en coordinación con el PANI, Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), CNE, CNREE, entre otros.

127. Finalmente se menciona la presentación del proyecto ante el Concejo Municipal para el debido respaldo político y económico, así como el establecimiento de alianzas estratégicas para canalizar otras fuentes de recursos.





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