Crpd/C/cri/1 Naciones Unidas crpd/C/cri/1 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad



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CRPD/C/CRI/1




Naciones Unidas

CRPD/C/CRI/1



Convención sobre los derechos
de las personas con discapacidad


Distr. general

18 de febrero de 2013


Original: español

Comité sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad

Aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

Informes iniciales presentados por los Estados partes
de conformidad con el artículo 35 de la Convención


Costa Rica*

[23 de marzo de 2011]

Índice

Párrafos Página

Abreviaturas y siglas 3

I. Información general 1 – 15 5

A. Alcance del informe: proceso y metodología aplicada 1 – 5 5

B. Participación de la sociedad en la elaboración del informe 6 – 9 6

C. Consideraciones sobre el informe 10 – 15 10

II. Resultados de la evaluación en las instituciones del Estado a nivel nacional
y local 16 – 7

A. Acceso a la justicia, la libertad y la seguridad de la persona 16 – 33 7

B. Derecho a la salud 34 – 49 11

C. Derecho a la educación 50 – 74 14

D. Derecho al trabajo y el empleo 75 – 89 18

E. Derecho a un nivel de vida adecuado y protección social 90 – 131 21

F. Derecho a la participación en la vida política y pública 132 – 175 27

G. Derecho a la participación en la vida cultural, las actividades recreativas,


el esparcimiento y el deporte 176 – 203 34

H. Cooperación internacional 204 – 222 38

I. Monitoreo e impulso a la implementación de la Convención 223 – 233 41

III. Conclusiones generales 234 – 241 42



Anexos**

Abreviaturas y siglas

CAIPAD Centro de Atención Integral de Personas Adultas con Discapacidad

CCSS Caja Costarricense de Seguro Social

CENARE Centro Nacional de Rehabilitación

CENAREC Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva

CIAES Comisión Interuniversitaria de Accesibilidad a la Educación Superior

CIF Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud

CIMAD Comisión Institucional en Materia de Accesibilidad y Discapacidad

CNE Comisión Nacional de Emergencias

CNREE Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial

COMAD Comisión Municipal de Accesibilidad

CONAPAM Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor

CONARE Consejo Nacional de Rectores

CTP Consejo de Transporte Público

DH Defensoría de los Habitantes

EBAIS Equipos Básicos de Atención en Salud

FODESAF Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares

FONABE Fondo Nacional de Becas

ICODER Instituto Costarricense del Deporte

ICT Instituto Costarricense Turismo

IFAM Instituto de Fomento y Asesoría Municipal

IMAS Instituto Mixto de Ayuda Social

INA Instituto Nacional de Aprendizaje

INAMU Instituto Nacional de las Mujeres

INS Instituto Nacional de Seguros

INVU Instituto de Vivienda y Urbanismo

ITCR Instituto Tecnológico de Costa Rica

JICA Agencia de Cooperación Internacional del Japón

JPS Junta de Protección Social

LESCO Lengua de Señas Costarricense

MCJ Ministerio de Cultura y Juventud

MEIC Ministerio de Economía, Industria y Comercio

MEP Ministerio de Educación Pública

MIDEPLAN Ministerio de Planificación y Política Económica.

MJP Ministerio de Justicia y Paz

MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transporte

MS Ministerio de Salud

MSP Ministerio de Seguridad Pública

MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

ONG Organizaciones no gubernamentales.

PANACI Patronato Nacional de Ciegos

PANARE Patronato Nacional de Rehabilitación

PANI Patronato Nacional de la Infancia

PJ Poder Judicial

RBC Rehabilitación con Base Comunitaria

UCR Universidad de Costa Rica

UNA Universidad Nacional

UNED Universidad Estatal a Distancia

I. Información general

A. Alcance del informe: proceso y metodología aplicada

1. A continuación se presenta un diagnóstico inicial del cumplimiento del Estado Costarricense en relación con lo establecido en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (Ley N.º 8661), este informe fue elaborado a partir de los datos, valoraciones e información suministrada por diversas instituciones del aparato estatal costarricense.

2. Para su construcción se elaboró un instrumento donde se agruparon los diferentes artículos de la Convención (del 1 al 33) en áreas temáticas a evaluar a partir de los derechos económicos, sociales y culturales, además de otros derechos y áreas que se consideraron relevantes presentar como lo son el monitoreo y la cooperación internacional. Las áreas evaluadas fueron las siguientes:

a) Acceso a la justicia, la libertad y la seguridad de la persona;

b) Salud;

c) Educación;

d) Trabajo y empleo;

e) Nivel de vida adecuado y protección social;

f) Participación en la vida política y pública;

g) Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte;

h) Cooperación internacional;

i) Monitoreo/Impulso a implementación.

3. Una vez definidas las áreas a evaluar se procedió a diferenciar las instituciones del Estado que por su naturaleza deberían suministrar la información sobre el estado de cumplimiento de lo establecido en la Convención, para lo que se identificaron dos niveles en los cuales se debería construir el informe, el primero el de las Instituciones del Estado de carácter nacional y otro relacionado con los Gobiernos Locales también llamados Municipalidades, se elaboró un instructivo y una matriz para recopilar los datos requeridos el cual fue remitido a cada una de las instituciones (véanse anexos 1 y 2).

4. El proceso de construcción se dividió en tres partes. En la fase introductoria, se sostuvo tres reuniones con diversos actores involucrados en los diferentes niveles (nacional y local) y en la que se explicaron los alcances de la Convención, las directrices e instrucciones para la elaboración del informe y se evacuaron dudas respecto a su construcción. La segunda fase constituyó la construcción del informe preliminar, donde se recopiló la información solicitada a los diversos jerarcas de las instituciones y gobiernos locales, se elaboró el informe y se sometió a análisis y consulta de los y las representantes de las personas con discapacidad lo reportado por las diferentes instituciones en cuanto al cumplimiento de la Convención. Finalmente la última fase constituyó la elaboración del informe final en el que se incluyeron las apreciaciones de los y las representantes de las personas con discapacidad respecto a lo informado por el Estado.

5. En el caso concreto de los Gobiernos Locales debido a su naturaleza y ámbito de acción únicamente se refirieron a tres de las nueve áreas evaluadas, a saber: Nivel de Vida Adecuado, Participación en la Vida Política y Pública, y Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. Para el resto de instituciones del aparato estatal las áreas fueron divididas según afinidad con el tema.

B. Participación de la sociedad en la elaboración del informe

6. Sobre la participación de la sociedad civil en la elaboración del informe, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 4 y los artículos 33 y 35 de la Convención, el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) llevó a cabo una consulta el día 29 de octubre de 2010, para ello invitó de manera escrita y vía telefónica a 93 organizaciones de y para personas con discapacidad, se informó en un diario de cobertura nacional el lugar, fecha y propósito de la consulta y se ofrecieron facilidades de transporte y hospedaje para aquellas personas que por su condición socioeconómica no podían cubrir estos gastos (véase anexo 3).

7. En cuanto a la asistencia a la convocatoria realizada por el CNREE como ente rector en discapacidad y entidad responsable de elaborar el informe, de acuerdo a los registros se obtuvo una participación de 44 personas representantes de diferentes organizaciones de y para personas con discapacidad provenientes de todo el territorio nacional (véase anexo 4).

8. Con el fin de hacer el proceso accesible para todos y todas la metodología utilizada fue de carácter participativo, exponiendo en un primer momento los resultados obtenidos en el informe y luego se procedió a realizar un trabajo en grupos en los que se analizaban la información suministrada por las instituciones del estado que a la fecha de la consulta habían entregado la información solicitada y con base en ella las personas participantes plasmaban sus apreciaciones respecto a la información a partir de la vivencia personal de su propia realidad. Para desarrollar este trabajo se les suministró el material requerido, el cual incluía el detalle de la metodología, guías de trabajo, la convención y el informe elaborado a la fecha de manera impresa y en braille, además del material en digital para quienes así lo requirieron, se contrató el servicio de intérprete de la Lengua de Señas Costarricense (LESCO) para hacer accesible la información a la población sorda y se ofreció apoyo económico para el transporte de las personas con discapacidad y sus asistentes que procedían de zonas alejadas del lugar donde se llevó a cabo la consulta.

9. Por otra parte luego de realizada la consulta presencial y a solicitud de las mismas organizaciones presentes durante un período de dos semanas se abrió un foro en el sitio web del CNREE y se subieron los documentos utilizados en la actividad para que estuviesen a disposición de más personas, incluyendo aquellas que no asistieron a la consulta.

C. Consideraciones sobre el informe

10. El informe ha sido elaborado tomando en cuenta todos los aspectos indicados en las directrices emitidas por el Comité, para lo cual se solicitó a todas las instituciones involucradas que se refirieran a los artículos previamente identificados en las matrices utilizadas para recolectar la información, aportando los datos presupuestarios y estadísticos existentes.

11. Sobre la información aportada se debe tomar en cuenta que no en todos los casos se tiene el dato estadístico y presupuestario especificado tal y como lo solicitó la institución rectora en discapacidad a partir de lo indicado en las directrices, lo anterior en virtud de que en la mayoría de los casos los recursos financieros presupuestados no tienen una partida específica para atender asuntos relacionados con la situación de la población con discapacidad de acuerdo a lo estipulado en la Convención, sino que se incluyen dentro del presupuesto global consolidado de las instituciones, ejemplo de ello es el tema de la inversión en accesibilidad al espacio físico, la cual se incluye dentro de la partida de construcciones y remodelaciones generales. Asimismo, la fuente de información presupuestaria en algunos casos responde a lo presupuestado y no siempre a lo ejecutado realmente.

12. Siempre en relación con la información suministrada respecto a la inversión Estatal la moneda utilizada para especificar los montos es el colón costarricense y el dólar de los Estados Unidos de América, para lo cual se tomó como referencia el siguiente tipo de cambio dado por el Banco Central de Costa Rica al 21 de octubre de 2010, el cual fue de 504,91 colones por dólar.

13. En relación con los datos estadísticos según población específica la situación es aún más compleja pues a nivel de país no se cuenta con un sistema unificado de registro de información de datos sobre la situación de la población con discapacidad.

14. En este sentido los datos presupuestarios y estadísticos constituyen un aproximado de lo invertido y de la población atendida sin que esto vaya en detrimento de la veracidad de la información aportada pues constituyen un importante primer diagnóstico que servirá de base para afinar detalles respecto al próximo informe y más importante aún en relación con los ajustes que el Estado costarricense deberá realizar para cumplir en todos sus extremos con lo indicado en la Convención.

15. Finalmente en cuanto a la información, ésta reúne tanto los datos recopilados a nivel de instituciones del Estado con alcance nacional como aquellas que tienen un alcance local específicamente los gobiernos locales llamados también Municipalidades las cuales de acuerdo a su naturaleza se debieron referir a tres áreas concretas, a saber: Nivel de Vida Adecuado y Protección Social, Participación en la Vida Política y Pública, y Participación en la Vida Recreativa y Cultural.

II. Resultados de la evaluación en las instituciones del Estado a nivel nacional y local

A. Acceso a la justicia, la libertad y la seguridad de la persona

16. En el tema de justicia y seguridad, el Estado costarricense cuenta con diferentes instituciones rectoras en la materia; es decir, no existe una institución que unifique así a los responsables del orden, la seguridad y la ley; sino que se encuentran divididos en los tres Poderes de la República. Para el caso que nos ocupa, las instituciones que fueron tomadas en cuenta para hacer el análisis de esta área son: el Poder Judicial, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Justicia y Paz, y el Ministerio de Seguridad Pública, Gobernación y Policía. La información recopilada corresponde a estas instituciones, sin embargo lo relacionado al Ministerio de Justicia no pudo ser sometido a consulta pues el envío de la información fue posterior al momento en que esta se realizó. Asimismo los artículos de la Convención desde los cuales se abordó el tema fueron los artículos 13 y 14 referidos al acceso a la justicia y a la libertad y seguridad de la persona, como artículos base. Ligados a estos se consideraron los artículos 5 (Igualdad y no discriminación), 9 (Accesibilidad), 10 (Derecho a la vida), 15 (Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), 16 (Protección contra la explotación, la violencia y el abuso), 17 (Protección de la integridad personal) y el inciso 2 del artículo 33 (Aplicación y seguimiento nacionales).



1. Acciones realizadas y recursos destinados

17. El Estado Costarricense al ser un estado social de derecho ha procurado garantizar el acceso a la justicia, así como la libertad y seguridad de todas las personas y sus acciones han estado básicamente dirigidas a la creación de un marco normativo que brinde seguridad jurídica al respeto de los derechos de las personas. Este marco jurídico incluye desde la Constitución Política Costarricense, leyes de la República, firma de tratados internacionales, así como directrices y políticas específicas dirigidas salvaguardar los derechos humanos de todos y todas las costarricenses.

18. En este sentido una herramienta importante con la que cuenta el Estado para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas en general es la denominada Sala Constitucional, cuya razón de ser es velar y resguardar que no se violente lo establecido en la Constitución Política Costarricense, para ello se puede hacer uso del denominado Recurso de Amparo, que consiste en el planteamiento de una denuncia interpuesta por cualquier ciudadano donde se plantea la presunta violación a algún derecho establecido en la Constitución, la resolución que da la Sala Constitucional es vinculante y por tanto de acatamiento obligatorio.

19. A nivel de de la Sala Constitucional del periodo 2008-2011, se han presentado un total de 141 resoluciones que están directamente relacionadas con temas o derechos establecidos Convención. En su dispersión temática se analiza que: dos de estas resoluciones tienen relación con turismo, 48 son referentes a temas de gobiernos locales, 79 se refieren al sector público nacional y 12 tienen relación con el sector privado. La mayoría de ellos se encuentran en los macro grupos: derechos civiles y políticos, seguidos por los derechos económicos sociales y culturales, con una clara minoría en los grupos o situaciones de atención particular. Por último la gran mayoría fueron presentados por falta de accesibilidad e infraestructura adecuada para la movilidad o desplazamiento, específicamente a nivel de aceras, rampas, acceso a parqueos o instalaciones tanto privadas como públicas (véase anexo 9).

20. En sintonía con la igualdad y no discriminación se cuenta con la Ley para Asegurar en los Espectáculos Públicos Espacios Exclusivos para Personas con Discapacidad. Otras leyes importantes a tomar en cuenta son Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y su Reglamento (N.º 7600), Ley de Creación del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial actual ente rector en discapacidad, Ley Constitutiva de la Defensoría de los Habitantes, Ley General de Policía (artículos 10, 16 y 17).

21. Siempre en el contexto de asegurar la accesibilidad a la justicia, entre los años 2008 y 2010 las instituciones han realizado acciones dirigidas principalmente a la capacitación y accesibilidad. Así por ejemplo en lo que ha capacitación se refiere se han llevado a cabo 14 actividades socioeducativas dirigidas a funcionarios y funcionarias de las instituciones relacionadas con el área de justicia en las diferentes zonas del país. Estas actividades incluyen talleres, charlas, conferencias y cursos, entre los que se pueden mencionar: Taller de Validación de las Directrices para evitar la revictimización de niñas, niños, adolescentes y personas mayores de edad con discapacidad; Taller para la Elaboración de medidas cautelares atípicas para atender casos de violencia contra las personas adultas mayores y personas con discapacidad; Talleres de Perspectiva de género, accesibilidad, derechos humanos y administración de justicia; Ciclo de Conferencias en materia de Accesibilidad y Discapacidad dirigido al personal judicial y la sociedad civil; Taller de sensibilización para Administradores/as regionales en materia de discapacidad y accesibilidad, con el objetivo de mejorar el servicio que se ofrece a las personas usuarias con discapacidad, entre otros.

22. Por su parte en lo que a accesibilidad se refiere esta ha sido enfocada fundamentalmente en dos áreas, la accesibilidad al espacio físico y la accesibilidad a la comunicación e información mediante la adquisición de tecnologías. Entre ellas destacan las obras realizadas por el Poder Judicial en las edificaciones de 12 de los 15 circuitos judiciales existentes, con remodelaciones en el área de atención al público, en los servicios sanitarios, construcción de rampas, instalación de ascensores, mientras que el Ministerio de Seguridad Pública ha llevado a cabo en las nueve Delegaciones Policiales remodelaciones y se han construido otras 10 siguiendo los parámetros establecidos en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.

23. En la accesibilidad a la comunicación e información se ha invertido en tecnologías como Jaws (software de lectura), Audiotesti 3.2 (convierte archivos de texto en archivos de audio con formato MP3), Omnipage Pro (Programa que convierte documentos impresos y archivos en formato PDF en archivos electrónicos con capacidad de búsqueda y uso compartido), Teclado de letra extragrande, Audífonos, Scanner, entre otros, dispositivos que se han implementado en la Biblioteca Judicial.

24. Asimismo, en el 2010 se inauguró el proyecto de señalización “Modelo replicable de señalización para el edificio del II Circuito Judicial en Goicoechea”, que se ajusta a la señalización universal con base en la información disponible y lo dispuesto por la ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad, donde se incluye una combinación de medios de señalización e información que facilita el acceso a los servicios judiciales a personas con discapacidad. Dicho proyecto fue promovido por la Comisión de Accesibilidad y comprendió la instalación de alfombras con texturas identificables por los usuarios con deficiencia visual o ceguera, señalización fotoluminiscente y sonora en sitios como: salidas de emergencia, despachos de atención al público, accesos prioritarios, escaleras, ascensores. Igualmente se colocaron maquetas volumétricas para la ubicación dentro del edificio.

25. Otras acciones específicas en las instituciones como son las Política de Accesibilidad para las personas con discapacidad en el Poder Judicial, así como Directrices, Circulares y Protocolos institucionales, entre las que se mencionan la Circular No.5-09 dirigida a las Administraciones Regionales, administración del Ministerio Público y Despachos judiciales la Dirección Ejecutiva divulga las Reglas para el pago de honorarios de los intérpretes de la LESCO, Protocolo denominado “Modelo de Reubicación Laboral”, que establece los lineamientos a seguir cuando a un (a) servidor(a) le sobreviene una discapacidad temporal o permanente y el "Protocolo de instalación y uso de lámparas con lupa para personas usuarias con visión disminuida" dirigido a las Administraciones Regionales y otras oficinas administrativas que requieren de dicho equipo.

26. Finalmente cabe resalta que se han propuesto ante la Asamblea Legislativa dos proyectos de Ley, a saber: Proyecto de Ley para reformar las excepciones a la Ley de Derechos de Autor, que contempla diversos temas entre ellos las excepciones a la Ley relacionadas con discapacidad, información y la educación, Se apoyó este proyecto mediante la coordinación de talleres de validación y el Proyecto de Ley de Autonomía personal de las personas con discapacidad, elaborado en forma conjunta con instituciones involucradas en la temática y con el objetivo de implementar la Convención de Naciones Unidas y de promover la autonomía de las personas con discapacidad, para que de acuerdo a sus especiales circunstancias puedan tomar sus propias decisiones. Este proyecto considera la derogatoria de la figura de la Curatela, fue presentado a la Asamblea Legislativa en marzo de 2009.

27. En cuanto a la inversión del Estado realizada en esta área, los datos que se tienen corresponden al Poder Judicial, específicamente a lo relacionado con la compra de mobiliario y equipo terapéutico para las y los usuarios internos así como a lo invertido en el servicio de intérpretes de LESCO, siendo un monto total de 83.262.200,00 colones que equivalen a 164.905,03 dólares.



2. Acciones pendientes, limitaciones y medidas correctivas

28. Como parte de las principales acciones pendientes se mencionan las dirigidas a mejorar la calidad de los servicios mediante la accesibilidad de los servicios en general y la actualización de datos sobre los servicios ofrecidos actualmente, específicamente se ha identificado la necesidad de continuar con las adaptaciones al espacio físico, capacitación al personal en el uso del LESCO con el fin de dar una mejor atención a la población que lo requiera, aprobación de la Corte Plena del Proyecto de Reglamento para regular la función de las y los intérpretes, traductores, peritos y ejecutores en el Poder Judicial, así como adaptar o comprar unidades policiales, que permitan un adecuado traslado de personas con discapacidad.

29. Las limitaciones que dificultan la implementación de lo establecido en la Convención se encuentra: falta de recursos humanos y materiales para realizar las acciones y adaptaciones requeridas así como aspectos de cultura organizacional. Por ejemplo en cuanto a recurso humano en el Poder Judicial se carece de agentes de protección, que son parte de los equipos llamados por ley a brindar servicio de protección a personas con discapacidad y en el área de Recursos Humanos no se cuenta con el conocimiento y experiencia técnicas en temas de accesibilidad para incorporarlos a la Política de Gestión Humana. En lo que a recursos materiales se refiere existe una restricción institucional para el uso del recurso de transporte para la investigación de campo, lo cual aumenta los plazos de la valoración y como tal, de la entrega de los dictámenes periciales. Por su parte el Ministerio de Seguridad Pública manifiesta no tener una cultura o clima organizacional que permita un fácil proceso educacional, para lograr esa visión integracionista de accesibilidad universal; tanto así que ésta temática ha sido relegada en los últimos años, además de la falta de recursos financieros para abordar de manera sostenible lo relacionado con la accesibilidad.

30. Las medidas propuestas para superar las limitantes encontradas el Poder Judicial reporta la continuidad de acciones que actualmente se realizan como la ejecución de campañas de sensibilización y capacitación, el establecimiento de alianzas estratégicas con otras instituciones, la optimización y priorización de los recursos presupuestarios dirigidos a acciones de mejora accesibilidad física, y se realizan esfuerzos para que una parte de los agentes de protección prevista, inicien funciones para el mes de setiembre 2010. El Ministerio de Seguridad Pública por su parte propone la reactivación de la Comisión Institucional en Discapacidad, para que sea a través de esta instancia que se promuevan las acciones de mejora necesarias.



3. Observaciones de la sociedad civil

31. Al referirse sobre las acciones realizadas por el Estado para garantizar el acceso a la justicia, la libertad y seguridad de la persona, los y las participantes en la consulta valoran que la mayoría de las acciones van dirigidas a aspectos infraestructura o accesibilidad del espacio físico dejando de lado muchos otros aspectos que tienen una gran importancia para el acceso real y efectivo a la justicia y a las instituciones que comprende esta área, tal es el caso de los aspectos relacionados con el acceso a la información en diversos formatos ya sea física o digital y en el uso herramientas tecnológicas que permitan el acceso a la misma.

32. En el mismo orden de ideas se menciona que a nivel de justicia no existe una estructura organizacional en el área de recursos humanos que permita capacitar a los funcionarios para la atención de las personas con discapacidad y que existe la necesidad de que se den procesos más articulados a nivel de las instituciones, por ejemplo en las contralorías de servicios para que no se violente el derecho a la igualdad y la no discriminación. A este respecto indican que existen situaciones de violaciones a los grupos vulnerables dentro del colectivo de las personas con discapacidad, en este caso mujeres, niños, migrantes e indígenas, por lo que plantean la necesidad del reconocimiento de las personas con discapacidad como ciudadanos para que se les respeten sus derechos, y piden que se respete lo que aparece en la Convención y además un proceso más fuerte de incidencia en la prensa para generar que más personas conozcan las acciones que se deben cumplir con respecto a la Ley 7600 y la misma Convención. Por otra parte se resalta la importancia de las ayudas técnicas para promover la libertad e independencia de las personas en diversos ámbitos.

33. Sobre las acciones realizadas para garantizar la seguridad ciudadana, se percibe que es insuficiente y que es uno de los elementos en los cuales como país existen mayores problemáticas, situación que afecta a la población con discapacidad y que responde a un problema estructural de la situación social de Costa Rica que se refleja de la misma forma en esta población vulnerable.





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