Cronología de agresiones contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y población de la zona, con posterioridad al 7 de



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Cronología de agresiones contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y población de la zona, con posterioridad al 7 de agosto de 2002



El 2 de septiembre de 2002, el Consejo Interno de la Comunidad le envió una carta al Presidente de la República, Dr. Álvaro Uribe Vélez, en la cual le hacía un recuento de sus sufrimientos y le pedía insistentemente reconsiderar su propósito, anunciado en ámbitos internacionales y nacionales, de militarizar el espacio de la Comunidad de Paz, lo que equivalía a obligar a la Comunidad a convivir con sus victimarios. La Comunidad no recibió respuesta a dicha carta.

El 23 de septiembre de 2002, delegados del Consejo Interno de la Comunidad de Paz se reunieron en Bogotá con el Vicepresidente de la República, Dr. Francisco Santos, y le hicieron entrega de un documento titulado UN CAMINAR EN DIGNIDAD. Allí se hacía un recuento del proceso de la Comunidad de Paz desde 1997 y una síntesis de sus principios. También se reseñaban los esfuerzos frustrados por obtener justicia y reparación de los crímenes perpetrados contra integrantes de la Comunidad y se aludía a la trayectoria de una Comisión Especial de Investigación, creada a raíz de la masacre del 8 de julio de 2000, integrada por la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, comisión cuyo desempeño era evaluado como una nueva frustración, pues no dio resultado alguno, a pesar de que alrededor de 70 miembros de la Comunidad habían rendido declaraciones. En dicho documento, la Comunidad le formuló 3 peticiones concretas a la Vicepresidencia: el no ingreso de la fuerza pública a los espacios de vida y de trabajo de la Comunidad; una evaluación de la Comisión de Investigación creada en julio de 2000, así como la conformación de una Comisión de la Verdad, y la designación de personal de la Vicepresidencia que pudiera estar atento a los riesgos y actuar rápidamente en concertación con el Concejo Interno, para evitar la perpetración de más crímenes contra la Comunidad de Paz, peticiones todas que fueron sustentadas y explicadas. A pesar de que el Señor Vicepresidente se comprometió a dar respuesta a estas peticiones antes de una semana, 10 meses después aún no la ha hecho.
El 18 de octubre de 2002, a las 08.30 horas, la Fiscal 41 Especializada de Apartadó, MAYRA ALVAREZ MAYA, en compañía de la Fiscal 124 Seccional, ingresó al caserío de San José de Apartadó escoltada por una gran cantidad de efectivos del Ejército y de la Policía Nacional, con intención de recibir declaraciones de muchos pobladores sobre los crímenes allí perpetrados por miembros del Ejército y paramilitares, pero tratando con altanería, grosería y prepotencia a los habitantes. Voceros de la comunidad le informaron que en una entrevista con el Señor Vicepresidente de la República, el 23 de septiembre anterior, delegados de la Comunidad de Paz le habían solicitado, entre otros puntos, propiciar la evaluación de la Comisión de Investigación creada en el año 2000, la cual no había arrojado ningún resultado a pesar de las numerosas declaraciones rendidas por los pobladores, y que el Vicepresidente había prometido dar respuesta a las solicitudes en la semana siguiente, lo cual no se cumplió. Los voceros de la Comunidad también le solicitaron a la Fiscal retirar la fuerza pública, pues la comunidad y quienes habitan en el caserío son víctimas de la violencia y de ninguna manera actores de violencia, lo que hacía incomprensible la militarización de los espacios de las víctimas, y mucho menos si se pretendía recibir testimonios, los cuales no podrían rendirse en un ambiente de intimidación y terror. La Fiscal no accedió a dichas peticiones sino que afirmaba que tales procedimientos tenían el beneplácito de la Vicepresidencia de la República, lo que posteriormente dicho despacho negó. La Fiscal exigía que se presentaran las mujeres que habían sido violadas por los soldados para declarar delante de ellos. Solamente la actuación del Señor Obispo de Apartadó, quien se hizo presente a petición de la Comunidad, persuadió a la Fiscal de lo absurdo de sus actitudes y se retiró.
El 20 de octubre de 2002, hacia las 15.30 horas, cerca de 70 paramilitares procedentes de su base ubicada en el corregimiento de Nueva Antioquia, se tomaron el caserío de La Unión, integrante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, donde permanecieron hasta las 21.00 horas. Ese día la mayoría de los pobladores de La Unión habían bajado a un evento deportivo en San José. Los armados preguntaban por los líderes y registraron y saquearon las viviendas robando dinero, enseres y ropa, mientras afirmaban que esa era “una comunidad guerrillera”. En algunos sitios sacaron balas de las que llevaban en su ropa y afirmaban que las habían encontrado dentro de las casas. Cuando reunieron a la poca gente que había, amarraron a un joven que no era de la Comunidad aunque sí era habitante de la zona y estaba visitando a su mamá, llamado ARNULFO TUBERQUIA, y se lo llevaron con ellos, ignorándose desde entonces su paradero. Las 58 familias de la Subcomunidad de La Unión iniciaron desde esa misma noche un nuevo desplazamiento, trasladándose al caserío de San José. Aunque se informó inmediatamente a altas instancias del gobierno, no hubo ninguna persecución a los paramilitares ni el gobierno quiso atender a los clamores para solucionar las necesidades más apremiantes de los desplazados con ayuda humanitaria.
El 21 de octubre de 2002, los mismos paramilitares que se habían tomado el caserío de La Unión el día anterior, avanzaron hacia la vereda El Porvenir, donde retuvieron al Señor LUIS ARNOLDO DAVID, dejándolo en libertad horas después. Más tarde retuvieron a CARLOS ALCARAZ y a NELSON ÚSUGA, a quienes dejaron en libertad esa noche. Los paramilitares se mantuvieron alrededor de La Unión y El Porvenir hasta el miércoles 23 de octubre cuando regresaron a su base de Nueva Antioquia.
El 22 de octubre de 2002, a las 17.00 horas, un vehículo de servicio público que se dirigía de Apartadó a San José fue interceptado por cuatro paramilitares, al atravesar el barrio El Concejo. Los armados obligaron al conductor a desviarse hacia el río Apartadó, cerca del barrio Mangolo, donde hicieron bajar a los pasajeros y les quitaron sus mercados. Además les pidieron sus cédulas, las cuales fueron confrontadas con una lista que llevaban. Finalmente le advirtieron a los pasajeros que ellos iban a seguir allí, controlando a los pasajeros con su lista y que les seguirían quitando todos los alimentos que llevaran.
El 24 de octubre de 2002, un contingente del Ejército se tomó el caserío de La Unión, que estaba desocupado debido al desplazamiento de sus pobladores motivado por la incursión paramilitar ocurrida cuatro días antes. Los militares ocuparon las casas de los campesinos, saquearon sus despensas, sacrificaron los animales domésticos como cerdos y gallinas y robaron y destruyeron numerosos enseres de los pobladores. El mismo 24 de octubre, tropas del Ejército retuvieron a dos campesinos que bajaban de la vereda El Porvenir con el fin de enviarles unos mensajes a los desplazados de La Unión: les mandaron decir que eran una comunidad guerrillera y que le rezaran a Dios que era el único que podría librarlos de una masacre.
El 31 de octubre de 2002 tropas del Ejército ingresaron al caserío de San José acompañados de gente armada en trajes civiles, primero a las 07.30 horas; luego a las 11.30 horas, y finalmente a las 18.10 horas, en actitud amenazante, afirmando que tienen poder físico de violar y pisotear las normas más importantes del espacio humanitario habitado por la Comunidad de Paz y que se gozan en ultrajar y burlar los principios sancionados por la Comunidad.
El 7 de noviembre de 2002, en las horas de la mañana, las tropas del Ejército que habían invadido el caserío de La Unión, se retiraron, dejando el caserío arrasado por el pillaje, y en la tarde del mismo día 200 paramilitares que desde el 4 de noviembre recorrían las veredas de El Porvenir y Las Nieves reteniendo a campesinos, aterrorizándolos con amenazas y anunciando que iban a acabar definitivamente con la Comunidad de Paz, invadieron nuevamente La Unión, donde permanecieron hasta el sábado 9 de noviembre, cuando se dirigieron hacia las veredas de Chontalito, Las Nieves y La Esperanza, y luego a su base en Nueva Antioquia. Durante su permanencia mantuvieron retenidos a tres campesinos que habían llevado desde la vereda Las Nieves y antes de irse los dejaron libres, pero se llevaron retenido a DIOFANOR CORREA, de 55 años, cuyo paradero se ignora desde entonces, quedando en calidad de desaparecido. En su recorrido por estas veredas, los paramilitares le anunciaban a los pobladores que iban a permanecer en la zona puesto que contaban con el apoyo del Ejército. Afirmaron repetidas veces: “Ahora sí podemos hacer lo que nos dé la gana; ahora podemos contar con el apoyo de los primos; vamos a acabar con la Comunidad de Paz de San José”. Cuando una campesina les preguntó quiénes eran “los primos”, le respondieron: “no se hagan los pendejos, son los militares”.
El 8 de noviembre de 2002, las tropas del Ejército que mantenían un retén en la carretera entre Apartadó y San José de Apartadó, se retiraron en la mañana, y en la tarde se instaló allí mismo un retén paramilitar. Hacia las 16.30 horas del mismo día, varios paramilitares en moto siguieron un vehículo de servicio público y lo hicieron detener a la altura del barrio Mangolo, donde estaban apostados otros paramilitares, saqueando los mercados de todos los pobladores. Anunciaron a todos los pasajeros su intención de “acabar con la gente de san José y de todas sus veredas porque son guerrilleros”, y les dijeron que si querían recuperar sus mercados tendrían que presentarse en la heladería “Sillas Rojas”, ubicada frente a la terminal de transporte de Apartadó, el sábado 9 de noviembre.
El sábado 9 de noviembre de 2002 los paramilitares que habían permanecido desde el día 7 en el caserío de La Unión, a las 13.00 horas se encontraron con tropas del Ejército y cocinaron juntos el almuerzo. Luego departieron hasta las 15.00 horas, cuando los paramilitares se enrutaron hacia Chontalito, Las Nieves y la Esperanza y el Ejército permaneció en La Unión.
El martes 12 de noviembre de 2002, a las 13.30 horas, tropas del Ejército que permanecían en la vereda Caracolí, a 2 kilómetros del casco urbano de San José, sobre la carretera que conduce a Apartadó, retuvieron a un campesino durante media hora. En ese lapso de tiempo le insistieron en que tenía que llevarle un mensaje a la Comunidad de san José: que muy pronto los paramilitares iban a entrar a San José a quemarlo todo y a masacrar a todo el mundo y que las tropas del Ejército iban a estar muy contentas mirando cómo ardían las casas, para que por fin fuera exterminada esa “h. P. Comunidad de Paz”. Luego de repetirle el mensaje, lo dejaron continuar su camino. El campesino, lleno de terror, se dirigió a la Comunidad a transmitir el mensaje.
El miércoles 13 de noviembre de 2002, a las 11.30 horas, irrumpieron en el casco urbano de San José de Apartadó dos grandes camiones y otro vehículo con tropas del Ejército y de la Policía. Se hicieron presentes 25 policías, 35 militares, la Fiscal 41 Especializada de Apartadó y dos funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. Los funcionarios de la Embajada, acompañados por un grupo de policías y militares, continuaron a pié hacia el caserío de La Unión. Entre tanto varios policías ingresaron a la escuela y exigieron conversar con los alumnos. Las educadoras se opusieron y tuvieron que clausurar imprevistamente las actividades escolares. Los funcionarios de la Embajada afirmaron que querían constatar si el caserío de La Unión realmente estaba militarizado y de hecho lo encontraron desmilitarizado, aunque la comunidad tenía certeza de que hasta el domingo 10 el Ejército lo mantenía ocupado. La ingenuidad de los funcionarios norteamericanos no alcanzó a percibir que si su presencia estaba avisada y escoltada por el Ejército, con toda seguridad iba a ser desocupado de antemano para que no lo encontraran bajo ocupación militar y pudieran “informarle” a la comunidad internacional que “era falsa la ocupación militar”. En los alrededores de La Unión, los visitantes solo pudieron ver a un grupo de desplazados que había ido a recoger yuca y a unas religiosas que los acompañaban, pues el gobierno se había negado a atender humanitariamente a las 58 familias desplazadas. Al regresar al casco urbano de San José, los funcionarios de la Embajada solicitaron conversar con la Comunidad y con sus líderes, pero éstos les explicaron que con la presencia de actores armados no hablaban y les reclamaron por su atropello a los reglamentos de la Comunidad al llevar consigo a gente armada, violando los espacios humanitarios de la Comunidad. Hacia las 17.00 horas los funcionarios de la Embajada y su acompañantes militares y policiales se marcharon.
El 28 de noviembre de 2002, luego de varios meses de insistencia, la Cancillería convocó a diversas agencias del Estado y a delegados de organizaciones internacionales, para tratar de responder a los requerimientos hechos por la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, que en su Resolución del 18 de junio de 2002 había exigido al gobierno nacional la adopción de MEDIDAS PROVISIONALES en favor de la Comunidad de Paz de San José y que en el No. 7 de su parte resolutiva ordenaba: “Requerir al Estado que, de común acuerdo con los beneficiarios o sus representantes, establezca un mecanismo de supervisión continua y de seguridad permanente en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de conformidad con los términos de la presente Resolución”. A pesar de que la Comunidad había formulado y sustentado sus tres peticiones desde septiembre anterior ante la Vicepresidencia, la reunión evidenció un estado lamentable de desinformación, descoordinación y falta de voluntad por parte de las agencias del Estado. Quien tenía el poder de decisión en el caso, el delegado de la Vicepresidencia, Sr. Carlos Franco, solo estuvo pocos minutos y se retiró de la reunión. Los demás delegados del gobierno y del Estado adujeron “no tener poder de decisión”. Por esto, la reunión se terminó sin llegar a ninguna conclusión.
El 2 de diciembre de 2002, cuando cuatro miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, WILSON DAVID, LUIS EDUARDO GUERRA, ARLEY TUBERQUIA y EDUAR LANCHERO, se desplazaban por la carretera que de Bucaramanga conduce a Tunja, en un pequeño camión de la Comunidad utilizado para comercializar sus productos, a unos 10 kilómetros de Tunja fueron retenidos por la Policía de Carreteras, requisados y llevados a Tunja donde les quitaron sus teléfonos celulares, sus documentos de identidad, sus libretas de apuntes, sus agendas y sus fólderes con escritos y documentos, todo lo cual fue registrado minuciosamente en computadores por un grupo de personas en trajes civiles que no se identificaron y que los trataron con extrema grosería y ultraje. Cuando fueron retenidos en la carretera, lo que encendió la ira de los policías fue descubrir indicios de que tenían algo que ver con grupos de Derechos Humanos, al encontrar en sus fólderes documentos de la reunión que había tenido lugar cuatro días antes, el 28 de noviembre, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Bogotá, a la cual fueron convocados delegados de diversas agencias del Estado para tratar el caso de las Medidas Provisionales pedidas por la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS en favor de la Comunidad de Paz. Los policías de la patrulla de placas 08631, al mando de un Teniente Ortiz, afirmaron: “la gente de derechos humanos es la que tiene tan mal el país y si logramos acabar con esa gente el país se arreglará”, por eso informaron por sus radios que “tenemos cuatro individuos sospechosos”. En los interrogatorios injuriosos a que fueron sometidos en Tunja, los policías y personas de civil que los interrogaron y registraron todo apunte en computadores, identificaban toda reunión de derechos humanos y todo acompañamiento a comunidades desplazadas como “apoyo a la guerrilla”, en medio de tratos humillantes y ultrajantes. Gracias a la rápida protesta internacional y nacional que se hizo sentir sobre la Cancillería, la Vicepresidencia y otras agencias del Estado, los miembros de la Comunidad fueron dejados en libertad esa tarde, pero quienes los retuvieron ilegalmente se negaron a devolverles varios de sus documentos. Cuando el 13 de febrero de 2003, varios miembros de la Comunidad fueron retenidos en la Brigada XVII del Ejército y luego conducidos a la Fiscalía de Apartadó, a causa del montaje que les hicieron para tratar de hacer aparecer explosivos en un vehículo donde se movilizaban varios miembros del Consejo Interno de la Comunidad, la Policía de Apartadó los llamó ilegalmente a interrogatorios, en una oficina ubicada frente a la Fiscalía, en el centro comercial Apartacentro, de Apartadó, donde les hicieron muchas preguntas sobre los hechos de Tunja del 2 de diciembre, quedando en evidencia que habían sido reseñados en supuestos “informes de inteligencia” que circularon nacionalmente a través de la institución policial, todo por el “delito” de estar relacionados con una Comunidad de Paz, con desplazados y con trabajos de defensa de los derechos humanos y quizás por ser beneficiarios de Medidas Provisionales otorgadas por la CORTE INTERAMEICANA DE DERECHOS HUMANOS.
El 3 de febrero de 2003, LUBIÁN DE JESÚS TUBERQUIA, miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fue abordado por un primo suyo, WILSON GUZMÁN TUBERQUIA, en la ciudad de Apartadó, para invitarlo a trabajar con el Ejército Nacional, con el fin de colaborar en una estrategia tendiente a desintegrar la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, mediante acusaciones que llevaran a sus líderes a la cárcel o alternativamente a darles muerte a través de acciones de unidades paramilitares. Para motivarlo a aceptar la propuesta, le informó que el Ejército estaba pagando sumas muy altas por ese tipo de colaboraciones.
Como Lubián no aceptó la oferta sino que pidió que “se la dejara pensar”, con el fin de evitar una represalia inmediata, su primo Wilson Guzmán lo siguió buscando en los días posteriores para urgir la respuesta. Para forzarlo a aceptar, le informó que él figuraba en una lista de “milicianos” que tenían en la Brigada XVII del Ejército y que si no aceptaba la propuesta se iba a ver envuelto en problemas judiciales.
Al saber que su nombre figuraba en una lista de “milicianos”, Lubián le explicó a su primo que eso no tenía fundamento, pues él no colaboraba con ningún grupo armado, siguiendo los principios de la Comunidad de Paz a la cual pertenecía, y le pidió que le ayudara a conseguir una cita con el General de la Brigada para explicarle eso y para pedirle que “le arreglara el problema”. Pocos días después su primo Wilson Guzmán le comunicó que el General de la Brigada había concedido la cita para el 7 de febrero y que tal cita sería en el centro comercial Apartacentro, donde se encuentran las oficinas de la Fiscalía.
Lubián de Jesús Tuberquia acudió a la cita el 7 de febrero de 2003 a las 14.00 horas, en Apartacentro. Allí llegaron dos personas en trajes civiles, uno de ellos se le presentó como el General y el otro como Teniente del Ejército. El General le manifestó a Lubián que se lo imaginaba de más edad y que sabía que estaba vivo “de pelito”, pues en una ocasión habían ordenado asesinarlo en el caserío de La Unión, en agosto de 2001, pero dado que los encargados de matarlo huyeron rápido después de asesinar a Alexander Guzmán, a última hora habían decidido no matarlo. En efecto, en agosto de 2001, Lubián se encontraba con Alexander Guzmán en la Unión cuando se produjo una incursión paramilitar en medio de la cual fue asesinado Alexander.
Cuando Lubián le solicitó al General sacarlo de la lista de “milicianos” ya que eso no correspondía a la verdad, pues él no tenía ninguna relación con esos grupos, el General le respondió que solamente lo haría si trabajaba con el Ejército acusando a los líderes de la Comunidad de Paz de San José, y que en caso contrario su situación seguiría igual. El General sacó de su maletín un cuaderno con membretes del Ejército y le mostró a Lubián la página donde figuraba su nombre. Lubián pudo observar que allí figuraban también otros miembros de la Comunidad de Paz, como Wilson David, Eduar Lancheros, Amanda Úsuga, Arturo David, Alberto Rodríguez y Marina Osorio.
Luego de que el General se negara a escuchar la petición de Lubián, en su presencia conversó con su primo Wilson Guzmán, el cual le manifestó al General que él sí estaba decidido a colaborar con el plan de exterminio de la Comunidad de Paz y estaba listo a declarar en la Fiscalía contra varios de sus líderes. Enseguida el General y Wilson Guzmán hicieron planes, en presencia de Lubián, para acusar a los líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó de varios crímenes, con el fin de someterlos a procesos judiciales que implicaran su privación de la libertad: a Wilson David, actual presidente del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, lo acusarían de haber “asesinado” a Gustavo Guzmán, hermano de Wilson Guzmán, desaparecido meses antes luego de irse con la guerrilla; a Eduar Lanchero, acompañante de la Comunidad en representación de organizaciones no gubernamentales, lo acusarían de ser “financista de las FARC” y de “haber asesinado a Henry Tuberquia”; a Amanda Úsuga la acusarían de “llevarle encargos a la guerrilla”; a Arturo David lo acusarían de “informarle a la guerrilla sobre los movimientos del Ejército” y así planearon otras acusaciones contra miembros de la comunidad. El General le explicó a Wilson Guzmán, en presencia de Lubián, que si la Fiscalía no emitía contra ellos órdenes de captura con la rapidez que ellos querían, entonces enviarían a los paramilitares para que los asesinaran más rápidamente.
Al despedirse, el General le advirtió a Lubián que si no colaboraba con ellos “lo buscaría donde fuera necesario” y que le quedaría muy difícil escaparse de su control, ya que el Ejército está en todo el país. A su vez, su primo Wilson Guzmán, después de la cita con el General, le dijo que si regresaba a la Comunidad de Paz o contaba lo que había escuchado, él mismo lo mandaría a matar.
Lubián no encontró otra alternativa que escaparse de la región para poder denunciar dichos planes criminales, antes de que fuera demasiado tarde. En efecto presentó personalmente su denuncia ante diversas autoridades del Estado.
El 9 de febrero de 2003, a las 11.15 horas, un grupo de fiscales provenientes de Medellín y Bogotá llegaron al caserío de San José con una fuerte escolta policial y pocos minutos después llegaron allí mismo delegados de la Embajada de los Estados Unidos acompañados por reporteros de medios masivos de comunicación y el Director del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía. Los fiscales pretendían avanzar en la “Comisión de Investigación” creada desde el año 2000, a pesar de que conocían los cuestionamientos que la Comunidad hacía a dicha Comisión y a pesar de que uno de ellos estuvo presente en la reunión del 28 de noviembre anterior en la Cancillería donde se insistió en la necesidad de evaluar el fracaso de dicha Comisión. Los visitantes no respetaron el repudio que manifestaron los miembros de la Comunidad por la presencia no consultada de reporteros y fotógrafos y abusivamente los autorizaron para grabar y filmar. Los fotógrafos se dedicaron a filmar intensamente a los voceros de la Comunidad. Tampoco se respetó el repudio de la comunidad a realizar reuniones mientras se daba presencia de fuerza pública y acorralaron a preguntas y con cámaras a los voceros de la Comunidad. A pesar de todo, algunos de los presentes, al escuchar los relatos de solo algunos de los atentados contra la Comunidad, quedaron espantados y prometieron hacer algo para denunciar lo que ocurría, lo que tampoco hicieron.



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