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República de Colombia Segunda Instancia Rad. 35637

Justicia y Paz



Jorge Iván Laverde Zapata

Corte Suprema de Justicia





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente

Luis Guillermo Salazar Otero

Aprobado Acta No. 218

Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil doce (2012).

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto y sustentado oportunamente por el Fiscal 8° de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, el delegado del Ministerio Público, el defensor de confianza de JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, los representantes de víctimas Héctor Enrique Rodríguez Sarmiento dentro de los homicidios de Jorge Enrique López, John Jairo y Giovanni Bermúdez Daza, Luis Adán Rodríguez Rivera, Horacio Ovalles Álvarez, Héctor Uriel Calderón Acevedo, José Freddy Daza, Luz Dary Silva Omaña,



Balbino Pedro Antonio Contreras Jaimes y José Alexander Hernández Salas; Luis Santiago Medina Medina dentro los homicidios de Alberto Alexander Rojas Blanco, Jesús Alberto Blanco Vergara, Eduardo Obregón Ruiz, Edinson Eduardo Obregón Mora y Tirzo Vélez; Jaime Augusto Castillo Farfán dentro de los homicidios de César Augusto Panizo Cáceres, Rosa Alexandra, Nery Johana y Ana Milena Carrillo Diaz, Alberto Llanes Soto, Carlos Andrés Oliveros Parra, Noel Portillo Jácome, Edwin Orlando Gudiño Jaimes, Luis Antonio Mesa Cárdenas, Ángel María Rivera Quintero y John Wilmer Torres Rodríguez; Diego Andrés Prada Cifuentes dentro de los homicidios de José Leonidas Contreras Quintero, Marino Rentería Cuero, Luis Fernando Bonilla Acuña, Cristian Alexis Monsalve, Adalberth Alberto Prada Arias, Miguel Ángel Flórez Carreño, Jairo Barbosa Pérez, José Luis Santander Amaya, Mauricio Pacheco Pérez y Willinthon Eduardo Rubio Toloza; Lucila Torres de Arango apoderada dentro de los homicidios de Javier Rincón Vargas, Maritza Helena Cárdenas Pérez, Aramis Ortiz Sepúlveda, Juan de Jesús Alviades Gerardino, Miguel Tamara Ortiz, Edinson Rincón Sánchez, Javier Darío Ramírez Ramírez, Edwin Alexis Santiago Acero, Diego Alexander Ortiz Andrade, Kennedy Hernando Silva Rolón, Ever Duarte Ortega, Ramón Elías Peñaranda Ortiz, Edilson Peñaranda Ortiz y John Freddy Daza Vanegas; Ruby Stella Castaño Sánchez dentro de los homicidios de José Aníbal Castro Núñez, José Ángel Castro Núñez, Jesús María Castro Núñez, Miguel Ángel Lizcano, Roger Narciso Guzmán Gómez, Gloria Inés Marín, Pedro Arturo Niño Peña, Nelson Omar Peñalosa, Adalberto Rojas Ortiz, Jorge Alexander Sanabria Camacho, Luis Esteban Patiño Osorio, José Joaquín Fierro Ortega y José Ernesto Corredor; Álvaro González Ulloa apoderado dentro de los homicidios de José Ascención Osorio Castellanos y Andrés Osorio Castellanos; Jeimy Martínez Amaya dentro del homicidio de Dinael Rincón Suárez; Alexander Duque Acevedo dentro del homicidio de Wilder González Muentes; Claudia Liliana Guzmán Sánchez en los homicidios de Carlos Arturo Pinto Bohórquez y Jairo Ernesto Obregón Sabogal; Germán Gustavo Díaz Forero dentro del homicidio de Carlos Arturo Pinto Bohórquez; Jairo Hernando Jurado como apoderado dentro del homicidio de Alfredo Enrique Flórez Ramírez, y la representante de la organización Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, contra la decisión de 2 de diciembre de 2010 proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual se condenó al postulado JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA y se decidió el incidente de reparación integral.
SITUACIÓN FÁCTICA
Algunos de los estudios1 más calificados sobre el surgimiento del paramilitarismo en Colombia, ubican su aparición a partir de la expedición del Decreto Legislativo 3398 de 1965, adoptado como legislación permanente por la Ley 48 de 19682, ya que estas normas, con el propósito de fortalecer la lucha contra los grupos insurgentes creados en la década de 1960 y 1970, habilitaron al Gobierno Nacional para utilizar ciudadanos en actividades tendientes a restablecer la normalidad y facultaron al Ministerio de Defensa Nacional para amparar como de propiedad particular, cuando lo estimara conveniente, armas consideradas como de uso de las Fuerzas Armadas.
Durante la vigencia de las preceptivas aludidas, particulares ajenos a las instituciones legítimas del Estado, accedieron al uso de armamento privativo de las fuerzas armadas, orientado a la realización de operativos de ataque y no sólo para la defensa personal, circunstancia que se tradujo en la aparición de distintos grupos de lucha contra la guerrilla entre los cuales se destaca la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio –ACDEGAM-, el movimiento Muerte a Secuestradores –MAS- y el Movimiento de Renovación Nacional -MORENA-.
El esquema de estos nuevos grupos ilegales, con el soporte económico de los recursos provenientes del narcotráfico, se replicó en gran parte del territorio nacional y adoptó el nombre genérico de Autodefensas, con lo cual se intensificó su entrenamiento militar dando paso a organizaciones al margen de la ley con una mejor preparación militar como fueron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá –ACCU- lideradas por los extintos Fidel y Carlos Castaño Gil. 3
La normativa que había permitido la aparición del fenómeno del paramilitarismo fue suspendida en virtud del Decreto 0815 de 1989, proferido en el marco de los diálogos de paz implementados por el Gobierno Nacional, y más adelante, en virtud de la sentencia No. 022 del 25 de mayo de 1989 proferida por la Corte Suprema de Justicia, se declaró su inconstitucionalidad.
A pesar de la experiencia anterior, mediante el Decreto 356 de 1994 el Gobierno Nacional autorizó la creación de las Asociaciones Comunitarias de Seguridad Rural –CONVIVIR- con el propósito de apoyar los esfuerzos del Ejército aportando información sobre las actividades de la insurgencia. Así mismo, propendía por organizar las comunidades como cooperativas, juntas de acción comunal o empresas comunitarias, para que éstas proporcionaran la vigilancia y seguridad privada a sus miembros o asociados en el área donde la respectiva comunidad tuviera su sede4.
El crecimiento de las organizaciones paramilitares se nutrió de las contribuciones de grandes empresarios, terratenientes y ganaderos; cuotas extorsivas; cobro de cuotas por la contratación estatal y recursos del narcotráfico entre otras fuentes menores de financiación. De igual forma, se valieron de la ayuda brindada por autoridades públicas de todo orden, quienes facilitaron o promovieron la existencia de las organizaciones de autodefensas y, en algunos casos, omitieron el deber de denunciar las actuaciones de las que eran testigos.
La continua actividad ilícita del paramilitarismo se centró en el combate a las guerrillas y sus simpatizantes o colaboradores, accionar que se concretó en patrones delictivos comunes en todas las zonas donde estos grupos tuvieron influencia, tales como torturas, desapariciones forzadas, homicidios selectivos, masacres selectivas, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado, delitos sexuales, entre otros.
Las estadísticas presentadas por la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación5, informan sobre un total de 17.262 hechos confesados y 19.943 víctimas relacionadas, de las 35.664 acciones registradas, cuyos afectados conocidos ascienden a 51.702. Entre los punibles más comunes se encuentra un total de 11.797 homicidios, 1.093 reclutamientos, 1.412 desapariciones forzadas, 747 desplazamientos forzados, 623 extorsiones, 392 secuestros, 10 delitos de violencia sexual, 72 episodios relacionados con destrucción y apropiación de bienes protegidos, 115 casos de tortura, 80 de constreñimiento ilegal, 73 contribuciones arbitrarias, 98 actos de terrorismo, 238 hurtos, 150 lesiones personales, 4 tomas de rehenes, 26 casos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El referido documento reveló que la mayor cantidad de víctimas corresponden a población civil, entre los que se suman 2.685 niños, 3.532 mujeres, 284 sindicalistas, 214 indígenas, 92 integrantes de la U. P., 36 periodistas, 21 miembros de Organizaciones no Gubernamentales, 17 defensores de derechos humanos, 511 servidores públicos y otras 44.328 personas.


El Bloque Catatumbo, frente Fronteras6
Posicionadas las autodefensas en varios departamentos de nuestro país, el 15 de marzo de 1999 Carlos Castaño anuncia en el periódico “El Tiempo” que van a tomar el control del oriente de Colombia (Norte de Santander y Arauca) para desplazar el E.L.N. y otros frentes subversivos, para lo cual designan como responsable militar del naciente bloque Catatumbo al teniente del ejército en retiro Armando Alberto Arias Betancourt alias “Camilo” y conformado por tres frentes: Tibú al mando de alias “Mauro”, bloque móvil comandado por alias “Felipe” y el frente Fronteras dirigido por alias “el iguano”, bloque y frentes que comienzan a incursionar a partir del mes de mayo de ese año.
Esa región está localizada en la zona norte del departamento de Norte de Santander y conformada por los municipios de El Carmen, Convención, El Tarra, Tibú, Sardinata, Hacarí, La Playa, San Calixto, Teorema y el Zulia, aclarando que no solo en estas poblaciones tuvieron asentamiento el grupo de autodefensas, sino además en la zona urbana de Cúcuta y otros lugares aledaños. La importancia económica de la región deriva de la extracción de hidrocarburos, de la producción de cultivos ilícitos de coca, del tráfico ilegal de gasolina de contrabando desde Venezuela y la producción agropecuaria de baja escala.
Los delegados de inteligencia del Ejército y de la Policía, dieron cuenta de la presencia en dicha región de la cuadrilla 33 de las FARC, la cual obtuvo su financiación del narcotráfico, transporte ilícito de combustibles, hurto de vehículos, secuestros extorsivos entre otros, y del grupo subversivo del E.L.N. que desarrolló una campaña de atentados contra el oleoducto Cañolimón - Coveñas. También se demostró la presencia del frente 37 de las FARC al mando de alias “Martín Caballero”.
Para el año de 1999, ingresaron aproximadamente 200 hombres a la región bajo el mando de alias “Camilo” como comandante del Bloque Catatumbo y alias “el iguano” del frente Fronteras; además un grupo de choque que buscaba crear un corredor vial para la salida de estupefacientes, así como la lucha contra la subversión y la protección de ganaderos y comerciantes del sector7.
Para cumplir con el propósito señalado, encaminaron la actividad de los integrantes del bloque y del frente a ubicar a presuntos miembros de la subversión, delincuentes comunes, indigentes, personas que fueran señaladas como enemigas del grupo armado ilegal incluidos servidores públicos, conductores de servicio público y taxis, celadores, pequeños comerciantes, personas dedicadas al comercio ilegal de gasolina, expendedores y consumidores de drogas y en general personas con antecedentes judiciales8, y luego mediante la comisión de homicidios selectivos en la modalidad de masacres, convertir, por ejemplo, a Cúcuta en la ciudad con más alto índice de homicidios en el país durante el año 20029. De sus objetivos no quedó a salvo siquiera la Universidad Libre de esa ciudad, a donde infiltraron al teniente “Rozo” (retirado del ejército), porque tenían información que sacaron de un computador incautado, que una ONG tenía personas de la guerrilla en el claustro universitario concretamente en la dirigencia estudiantil.
Este bloque se financió con las extorsiones y vacunas que cobraban a los comerciantes, al gremio de transportadores, pero definitivamente la principal fuente la constituyó el cultivo y posterior comercialización de sustancia alucinógenas producidas en la zona del Catatumbo y municipios cercanos a Cúcuta. Este emporio económico era controlado por el Bloque Norte que participó en todos los eslabones del negocio de la cocaína: los cultivos de plantaciones ubicados en nueve municipios; laboratorios para el procesamiento en Tibú, Aguachica, Sardinata, área metropolitana de Cúcuta y la comercialización por el Magdalena, la Costa Atlántica y la frontera Colombo Venezolana10
La presencia del bloque Catatumbo en esta región, afectó varios aspectos a saber: el establecimiento de un sistema paralelo de tributación por parte de los actores armados; la restricción de la circulación de mercancías y mano de obra; la reducción masiva del ingreso provocada por una desactivación económica crítica, derivada del desplazamiento
forzado interno; efecto negativo sobre el ingreso de la actividad agropecuaria, adicional a la restricción del paso de insumos agropecuarios, gasolina y cemento; restricción del paso de mercancías hacia el sector rural, incluidos los bienes de canasta familiar y las drogas, bajo la hipótesis de que los pequeños productores son cómplices o colaboradores de la guerrilla a la cual le llevaban provisiones o medicinas; y finalmente, los altos costos de la provisión de bienes públicos en el área rural por las fallas de conectividad derivada de la presencia de grupos armados ilegales que provoca un efecto circular de reducción de ofertas de bienes públicos (construcción de vías, prestación de servicios de asistencia técnica para la producción, etc.), el riesgo que corren los ejecutores de estas actividades incrementa el costo de prestación a este nivel que no es pagable por el gobierno local.
La estructura de esta organización como bloque, estaba gobernada por unos estatutos de constitución y régimen disciplinario11, los que fueron elaborados y aprobados en la segunda conferencia nacional de las autodefensas unidas de Colombia, convocada durante los días 16, 17 y 18 de mayo de 199812. Ese cuerpo normativo define la naturaleza de la organización, los principios fundamentales, objetivos políticos, misión, composición y régimen interno de la organización, estructura, mando y conducción, patrimonio y régimen económico, naturaleza político militar del movimiento: la población civil y el D.I.H. en el curso del conflicto armado y compromiso con la paz.
Simultáneamente con el arribo del bloque Catatumbo, lo hace el frente Fronteras, por decisión de la casa Castaño en el mes de marzo de 1999. Como comandante fue designado JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA quien recibe instrucciones de Salvatore Mancuso para que inicie una acción de exterminio selectivo y continúe con la violencia sistemática contra los pobladores considerados como miembros del grupo en contienda – la guerrilla - o sus auxiliadores, específicamente en el área metropolitana de Cúcuta y en las poblaciones de Puerto Santander, Villa del Rosario, Zulia Gramalote, Aguas Claras, La Floresta, Distrito del Riego, La Silla, Vigilancia, Sardinata, Cornejo, Salazar de las Palmas, Ragumbalia, Chinácota, Pamplona, Cucutilla, Los Patios, Juan Frío, La Alborada y Guaramita. Hizo su arribo alias “el iguano” el 5 de mayo de 1999 a Cúcuta y junto con sus hombres comienzan a anunciar la presencia de las autodefensas con la ejecución de personas en la forma como se observa en cada uno de los casos.
Jerárquicamente la estructura del frente estaba presidida por la casa Castaño y Salvatore Mancuso; como comandante general del bloque, alias “Camilo” quien además tenía la función especial de recoger los dineros provenientes del narcotráfico y subsidiar a los frentes que lo necesitaran. Luego se encontraban los comandantes de frentes, esto es, alias “mauro” en el Tibú, alias “Felipe” en el bloque móvil y alias “el iguano” en el Fronteras. En orden descendente se encontraban los comandantes de grupos especiales y de compañías, área política, logística, finanzas y un grupo especial que desarrollaba actuaciones que a consideración de los superiores, revestían alguna complejidad. Finalmente ubican a los patrulleros.
La financiación del frente en la ciudad de Cúcuta se obtiene de las cuotas obligatorias que les imponían a centros comerciales como San Andresito o la Alejandría, que tenían que aportar un promedio de doscientos mil pesos mensuales por local; los mercados de la sexta, Cenabastos, mercados de barrios, la Plaza las Ferias. También hubo cobro a los conductores de taxis, colectivos piratas y transporte formal. A esto se suma que las empresas de vigilancia tenían que entregar un porcentaje semanal del total recaudado por concepto de celaduría. Pero es innegable que el narcotráfico se configuró como la principal fuente de financiación, según informe dado por el mismo Mancuso, quien además habló de la alianza con los narcotraficantes, para que les compraran la droga que sacaban de la zona.
Por información de la fiscalía, las empresas más representativas de la región que contribuyeron con las finanzas del frente fueron: Termotasajen, Cootranscúcuta, Tejar de Pescadero, Norgas, Gaseosas la Frontera (Postobón), Estación de servicio San Rafael, Arrocera Gálvez, Carbones la Mirla, Ferretería El Palustre, Inducarga, Colminas y acopio de crudo Cañolimón, que hicieron sus pagos por intermedio de sus directores o administradores, a cambio de seguridad.
Los gastos mensuales del frente Fronteras, ascendían a cuatrocientos ochenta millones de pesos, utilizados para pago de nómina de los miembros del grupo, a colaboradores como autoridades, fuerza pública, etc., y gastos médicos. Según los cálculos que hicieron, los costos de la guerra durante los cinco años de presencia en la zona, ascendieron aproximadamente a doscientos cuarenta y cinco mil millones de pesos.
Recibió colaboración este frente de autoridades civiles y políticas, servidores públicos, ejército y policía, así: la directora seccional de fiscalías de Cúcuta, Ana María Flórez conocida al interior de la organización con el alias de “batichica”, actualmente condenada por los delitos de concierto para delinquir y utilización indebida de información oficial privilegiada; Magaly Yaneth Moreno Vera, alias “Perla”, asistente de la directora seccional, igualmente condenada; Jorge Enrique Díaz y Viterbo Galvis Mogollón, director y subdirector, respectivamente, de la seccional del Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S. de Cúcuta, encargados de brindar información sobre personas que pudieran ser objetivo de los paramilitares; José Miguel Narváez, subdirector general del D.A.S., señalado como instructor de las escuelas de formación; Efraín Morales, investigador del D.A.S.; Víctor Hugo Matamorros, comandante del grupo Masa del Ejército Nacional; Mauricio Llorente Chávez, mayor del Ejército y comandante del Batallón Héroes de Saraguru, actualmente condenado por la masacre de Tibú; capitán Chamorro, teniente Quintero Carreño, cabo Molina, sargento primero Gordon Hernández, todos integrantes del Batallón Héroes de Saraguru, que se encontraba acantonado cerca del casco urbano del municipio de Tibú; José Celio Castro, sargento perteneciente a operaciones especiales del ejército, quien tenía a su cargo manejar la información del avión plataforma y ubicación de la guerrilla en Norte de Santander; general Rito Alejo del Río; teniente Leonardo Rodríguez, alias “Andrés Bolívar”, quien inicialmente perteneció al grupo de contraguerrilla del Ejército y en el 2002 se vinculó como financiero de las autodefensas; Coronel William Montesuma y agente Mora de la SIJIN de Cúcuta; teniente Chávez de la policía Nacional; Intendente Mayorga; agente Rodríguez, encargado de las interceptaciones telefónicas de la policía de Cúcuta; Alexander Ardila Lindarte, cabo de la policía; Hernán Darío Mejía Petrocelli, director de la cárcel Modelo de Cúcuta; Carlos Rangel, concejal del municipio de Patios; Ramón Eder Mendoza Vargas, concejal de Cúcuta; Luís Fernando Valero Escalante, alcalde de Salazar de las Palmas; Ramiro Suárez Corso, exalcalde de Cúcuta; Ramón Elías Vergel Lázaro y José Edmundo Mogollón, alcalde y ex alcalde de Puerto Santander, Ricaurte Elcure Chacón, ex parlamentario y actualmente condenado. Varios de los mencionados ya se encuentran condenados, otros muertos y a los demás se les ha iniciado la investigación respectiva.

En éste contexto ocurrieron los hechos materia de juzgamiento, cargos que fueron formulados por la Fiscalía 8° de la Unidad Nacional de Justicia y Paz y aceptados por el postulado JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, tal y como se transcriben a continuación13.


Caso No. 1.CONCIERTO PARA DELINQUIR, inciso 2° artículo 340 del código penal, en calidad de autor.
Desde que contaba con 17 años de edad, JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA colaboró con el grupo de autodefensa, transportándolos a ellos y víveres para la organización en los camiones en los que trabajó como ayudante. Para 1996, a la edad de 20 años se vinculó formalmente con la colaboración de alias “Maicol”, recibió instrucción en una escuela de formación durante dos meses en el corregimiento “El Tres” de San Pedro de Urabá, en el manejo de armas, tácticas de combate y conocimiento del grupo armado al margen de la ley; en enero de 1997 pasó a la población de Turbo (Antioquia) y luego al departamento de Chocó como patrullero, bajo el mando de alias “el brujo”, específicamente a la ciudad de Quibdó y luego a Itsmina; en febrero de 1999 alias “Rodrigo doblecero” le informó que era unos de los seleccionados por la casa Castaño para ir a la región del Catatumbo e ingresar con el grupo armado, sacar la guerrilla y apoderarse de los medios de financiación que tenía la subversión. El 5 de mayo de ese año – 1999- llegó como comandante del naciente frente Fronteras del bloque Catatumbo, bajo el mando del capitán retirado del ejército Armando Pérez Betancourt alias “Camilo”, región donde permaneció hasta 2004, cuando se desmovilizó con el Bloque Córdoba, por decisión de Salvatore Mancuso y para que le brindara seguridad.
El frente Fronteras comandado por LAVERDE ZAPATA, alias “el iguano”, “Pedro Fronteras” o “Sebastián” tuvo dominio en el área metropolitana de Cúcuta y en las poblaciones de Puerto Santander, Villa del Rosario, Zulia, Gramalote, Aguas Claras, La Floresta, Distrito de Riego, Banco Arenas, La Silla, Vigilancia, La Y de Astilleros, Sardinata, Conejo, Salazar de las Palmas, El Ran, Ragumbalia, Chinácota, Pamplona, Cucutilla, Los Patios, Juan Frío, La Arboleda, Guaramito.
Para conseguir los fines trazados por la cúpula de las autodefensas –acabar con la subversión y sus auxiliadores y limpieza social de la región- ejecutaron conductas consideradas como graves a la luz del Derecho Internacional Humanitario como homicidios en persona protegida, desplazamientos forzados, tortura en persona protegida, cobros de impuestos ilícitos, etc., así como delitos contra la población civil de manera sistemática y generalizada que bien pueden ser calificados como punibles de lesa humanidad.
Caso No. 2: Hechos ocurridos el 10 de julio de 1999 en el corregimiento de Aguaclara del departamento de Norte de Santander, cuando ingresan a ese lugar aproximadamente 15 hombres vestidos de civil, comandados personalmente por JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA alias “el iguano”, sacan a los habitantes de sus moradas, los reúnen en la cancha de fútbol, el comandante “iguano” les informa sobre la llegada de este grupo de autodefensas y los objetivos propuestos, les advierte sobre el castigo a los miembros de la subversión o sus auxiliadores. Luego, por información de alias “Ramoncito” y alias “Balvulina” – exmilitantes del E.L.N. y miembros del frente Fronteras como informantes – ejecutan a Jorge Enrique López, Jesús Fabio González Medina, Jorge Humberto Vera y Alirio Echeverri Hernández, acusados de ser auxiliadores del E.L.N., éste último fue asesinado a poca distancia de donde ultimaron a las otras 3 personas, luego de hacer un retén a los carros que por el lugar transitaban. Comenta alias “el iguano” que tiempo después, se enteraron que el señor Echeverri Hernández era un ganadero de la región que había tenido problemas con uno de los informantes cuando éste era guerrillero.
Acto seguido, el mismo comandante – LAVERDE ZAPATA - anuncia la llegada del frente que preside con grafitis que dicen “llegamos para quedarnos, fuera E.L.N.”
Caso No. 3: Hechos ocurridos el 6 de agosto de 1999 en las horas de la noche, en los barrios contiguos Belisario y Nuevo Horizonte de Cúcuta, cuando ingresa un grupo de aproximadamente 15 personas comandadas personalmente por alias “el iguano”, sacan a las personas de sus casas, las reúnen en la calle, les informan sobre la presencia de la organización de autodefensas en ese sector y sus finalidades. El grupo que llegó, se dividió en dos subgrupos: uno de ellos quedó con alias “el iguano” y son los que hacen la reunión con los habitantes de estos barrios, en tanto que el otro es el encargado de ejecutar a los hermanos Jhon Jairo y Luis Giovanni Bermúdez Daza, Orfis Alirio Barbosa y Jair Alfonso Cañizales Ortiz, señalados por los informantes alias “Ramoncito” y “Valvulina” de ser integrantes del grupo subversivo E.L.N.
En el lugar se presentó un cruce de disparos con habitantes del sector y algunos de las autodefensas lanzaron granadas contra una vivienda.
Como estaban anunciando la llegada de esta organización ilegal, igualmente dejan mensajes alusivos a su incursión y la finalidad de la misma, en las paredes de las casas.


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