Corte suprema de justicia sala de casación civil magistrado Ponente jesús vall de rutén ruiz



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República de Colombia




Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Civil





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente

JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ
SC1283-2014
Bogotá, D. C., siete (7) de febrero de dos mil catorce (2014)

Discutida y aprobada en Sala de veintiuno (21) de octubre de dos mil trece (2013)

Ref.: Exp. 05001-31-03-006-2007-00196-01

Se decide el recurso de casación interpuesto por la demandante Doris Viviana Pulgarín Muñoz contra la sentencia del 18 de octubre de 2011 dictada por la Sala Primera Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario de responsabilidad civil promovido por la recurrente y Luis Albeiro Cartagena Durango, Juan Pablo Cartagena Pulgarín y Luisa Fernanda Cartagena Pulgarín contra Cooperativa de Transportadores de Bello Tax Coopebello y Luis Argemiro Ocampo Peláez, quienes llamaron en garantía a la Compañía Agrícola de Seguros S.A. sucedida por Seguros Generales Suramericana S.A.


I. ANTECEDENTES
A. Mediante demanda (fl. 139, c. 1) repartida al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín, posteriormente reformada (fl. 205 a 222, c. 1) los demandantes pidieron que se declarase a los demandados civil y solidariamente responsables de los perjuicios ocasionados a aquellos por los hechos acaecidos el 4 de junio de 2004, de los cuales se derivó la lesión padecida por Doris Viviana Pulgarín Muñoz. En consecuencia solicitaron que se les condenase a pagar las siguientes sumas actualizadas a la fecha de la sentencia que así lo ordene:
1. Por concepto de perjuicios morales, para Doris Viviana Pulgarín Muñoz el equivalente a 300 salarios mínimos legales mensuales. Y para el cónyuge Luis Albeiro Cartagena y los hijos Luisa Fernanda y Juan Pablo Cartagena Pulgarín, el equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales, a cada uno.
2. Por concepto de perjuicios por daño a la vida de relación, para Doris Viviana Pulgarín Muñoz el equivalente a 300 salarios mínimos legales mensuales. Y para el cónyuge Luis Albeiro Cartagena y los hijos Luisa Fernanda y Juan Pablo Cartagena Pulgarín, el equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales, a cada uno.
3. Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente consolidado y futuro, a la demandante Doris Viviana Pulgarín Muñoz la suma de $13.362.921,oo.
4. Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro, a la demandante Doris Viviana Pulgarín Muñoz la suma de $112.303.433,oo.
B. Como causa de pedir, aducen los actores:
1. Que el 4 de junio de 2004 Doris Viviana Pulgarín Muñoz se encontraba como pasajera en el vehículo de servicio público de placas TPO084, cuando a eso de las 7:20 de la mañana se produjo un accidente en el cual resultaron implicados cinco vehículos, siendo “tercero” el ya mencionado y “quinto” el vehículo conducido por Elkin Darío Tabares Valencia, de propiedad del demandado Luis Argemiro Ocampo y afiliado a la también demandada Cooperativa de Transportadores de Bello Tax Coopebello.
2. Este accidente se produjo por la conducta culposa del conductor del vehículo “quinto”, Elkin Darío Tabares Valencia, quien por conducir a exceso de velocidad y no guardar la distancia mínima chocó contra el vehículo “cuarto”, de placas QAB 369, empujándolo fuertemente hacia adelante, lo que originó que colisionara con el vehículo (tercero) en el que se transportaba la demandante, el que a su vez se estrelló con el segundo y este con el primer vehículo.
3. Mediante Resolución No. 954 del 4 de octubre de 2004, confirmada por la Número 1014 del 19 de octubre de 2004, ambas de la Secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín y dictadas en el curso del proceso contravencional que inició esa autoridad a raíz los hechos narrados, se declaró responsable contravencional a Elkin Darío Tabares Valencia y se eximió de toda responsabilidad a los demás conductores.
4. A raíz del accidente, Doris Viviana Pulgarín Muñoz resultó gravemente lesionada, tuvo que ser remitida al Hospital Pablo Tobón Uribe adonde ingresó con trauma en el cuello y en el hombro derecho y se le diagnosticó esguince cervical. Como primera medida se le ordenó collar blando y aplicación de hielo y se le dio de alta, pero posteriormente tuvo que regresar. Fue entonces hospitalizada. El 18 de junio de 2004 se le informó a esta demandante que en el TAC realizado figuraba una “no clara” fractura lineal no desplazada de lámina de C6 transversa, lo que determinó la práctica de una resonancia magnética, en la que se encontró una hernia del núcleo pulposo foraminal derecha C5-C6. Posteriormente le practicaron una cirugía, en la que le pusieron un injerto y material de osteosíntesis.
5. Como consecuencia de los hechos acaecidos el 4 de junio de 2004, Doris Viviana Pulgarín, su cónyuge y sus hijos se han visto afectados moralmente en forma grave, por razón de los dolores corporales que la primera ha padecido, así como del sufrimiento de ver su cuerpo cicatrizado, la perturbación funcional permanente del miembro superior derecho, del órgano prensil de la mano derecha y del órgano de la locomoción, así como la pérdida de su capacidad laboral y de su buen nombre en las entidades crediticias al haber incumplido las obligaciones contraídas con las mismas a consecuencia de la disminución, por causa de la incapacidad, de los ingresos que antes percibía. La demanda detalla múltiples padecimientos, atinentes tanto a limitaciones en las actividades de Doris Viviana como a penurias económicas ocasionadas por la disminución de sus ingresos, derivada del accidente narrado.
6. Esos hechos, asimismo, le han generado perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, de acuerdo con la relación de gastos que en la demanda se individualizan (transporte, deudas e intereses moratorios, pagos por honorarios, medicamentos, papelería, etc.). Y perjuicios en la modalidad de lucro cesante, pasado y futuro, deducidos en el libelo genitor a partir de su fecha de nacimiento (3 de abril de 1969), su vida probable de acuerdo con la tabla de supervivencia de la Superintendencia Bancaria (42.99 años), la pérdida de su capacidad laboral en un 27.91% de acuerdo con dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez de Antioquia, en el que se estableció que la fecha de estructuración de dicha incapacidad fue el 19 de octubre de 2005, sus ingresos laborales para la fecha de los hechos origen de sus daños y los ascensos e incrementos salariales posteriores.
C. Ambos demandados se opusieron. Tax Coopebello propuso como excepciones (fls. 266 y 267, c. 1) las que denominó “mala fe de la parte demandante”, “indebida fuente de enriquecimiento” y “la genérica”, al paso que Luis Argemiro Ocampo Peláez alegó (fls. 268 a 279, c. 1) “inexistencia del nexo causalidad (sic) entre el accidente y lesiones causadas y/o hecho de un tercero”, “excesiva tasación de perjuicios”, “falta de causa para pedir”, “inexistencia de obligación en cabeza del demandado”, “temeridad y/o mala fe de demandantes” y “buena fe” del demandado. Ambos llamaron en garantía (fls. 1 a 2, c. 5 y fls. 1 a 3, c. 6) a Compañía Agrícola de Seguros S.A. lo que motivó que se vinculara a Compañía Suramericana de Seguros S.A., en vista de la cesión de activos, pasivos, contratos y cartera de aquella a ésta (fl. 17, c. 5).
La Aseguradora, en cuanto a la demanda principal, propuso como excepciones de mérito las que denominó “ausencia de los elementos que configuran la responsabilidad civil”, “ausencia de nexo causal y de factor de imputación”, “colisión de actividades peligrosas”, “neutralización de presunciones”, “deducción de la indemnización pagada con base en el seguro obligatorio”, “reducción del daño emergente y el lucro cesante, base y tratamiento” y “tasación excesiva del perjuicio patrimonial”. En cuanto al llamamiento en garantía realizado por Tax Coopebello propuso como excepciones el “incumplimiento [de] obligaciones del contrato-culpa grave”, “límite de valor asegurado” y “exclusión del lucro cesante”. Iguales excepciones de mérito propuso para el llamamiento en garantía que le formuló Luis Argemiro Ocampo Peláez.
D. Tramitada la instancia, el juzgado de conocimiento profirió sentencia (fls. 395 a 407, c. 1) en la que declaró infundadas las excepciones propuestas y condenó en forma solidaria a los demandados a pagar los perjuicios causados con el accidente, de esta manera:
1. A favor de Doris Viviana Pulgarín Muñoz, por concepto de lucro cesante la suma de $1.866.464,oo (valor no devengado durante los 60 días de incapacidad), y por daño emergente la suma de $243.000,oo, rubros que deben ser indexados. Como daño moral impuso condena por 50 salarios mínimos legales mensuales y como restablecimiento del perjuicio en la vida de relación otros 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ambos para la fecha en que se haga efectivo el pago.
2. A favor de Luis Albeiro Cartagena Durango, Juan Carlos Cartagena Pulgarín y Luisa Fernanda Cartagena Pulgarín, condenó a los demandados a pagar 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos, por concepto de daño moral.
E. La referida sentencia estimó las pretensiones formuladas en los llamamientos en garantía.
F. La demandante, todos los demandados y la llamada en garantía interpusieron recurso de apelación. El Tribunal los resolvió mediante la sentencia objeto del recurso extraordinario, en la que modificó lo concerniente al lucro cesante y al daño emergente, al condenar a los demandados por daño emergente a pagar $453.000,oo y por lucro cesante $5.484.960,48. Y adicionó el numeral cuarto del fallo del a quo en el sentido de autorizar que de la cantidad a reembolsar por la llamada en garantía, se descuente el valor correspondiente al 10% por concepto de deducible expresamente pactado en la póliza de seguro.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Advierte el ad quem que se circunscribirá al examen de los reparos alegados por los recurrentes, esto es, a los referidos al daño en sus distintas modalidades, ya que sobre la responsabilidad solidaria de los demandados, la existencia del hecho dañoso y la causalidad existe cosa juzgada –no cuestionada por las partes- en virtud de la sentencia condenatoria que contra Elkin Darío Tabares Valencia, conductor del vehículo de placas TRC 674, profirió el Juzgado 36 Penal Municipal, responsabilidad que hace extensiva a Tax Coopebello y a Luis Argemiro Ocampo Peláez, empresa afiliadora y propietario del mencionado automotor, respectivamente.
Luego de esbozar lineamientos generales sobre el daño y sus modalidades, desciende al caso concreto, así:
A. Sobre el daño emergente indica que reconocerá erogaciones que se hayan realizado durante el periodo de incapacidad de la señora Doris Pulgarín, con motivo de las afecciones sufridas en el cuello y la perturbación funcional en la extremidad superior derecha, destacando que debe tenerse en cuenta el período de incapacidad médico laboral y no el de la incapacidad médico-legal. Acepta, en consecuencia, los gastos de transporte por la atención médica y hospitalaria causados desde el 4 de junio al 30 de noviembre de 2004, sin desconocer que se dieron licencias posteriores de incapacidad cuyo origen no quedó establecido por la parte actora, si se tiene en cuenta la posible presencia de otra enfermedad común. Agrega que no resulta viable reconocer conceptos distintos, como los gastos de carácter procesal y otros para los cuales no se explica la relación directa con las lesiones producidas por el accidente. Y así, luego de detallar los recibos que estima obedecen a la directriz al principio establecida, arriba la Corporación a la suma de $453.000,oo, de la que dice que deberá ser indexada.
B. En lo relacionado con el lucro cesante, y tras advertir que debe evaluarse qué tipo de ventaja o utilidad dejó o va a dejar de percibir la actora como consecuencia del accidente, el Tribunal observa que la incapacidad va más allá de la dictaminada como definitiva de 60 días por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Constata así mismo que el salario base para liquidar el lucro cesante es el afirmado y acreditado por la actora como docente vinculada al municipio de Bello, que asciende a $933.232,oo mensuales, por lo que la indemnización que corresponde al periodo que va entre el 4 de junio al 30 de noviembre (176 días de incapacidad) arroja la suma de $5.474.960,48, por lucro cesante consolidado.
En cuanto al lucro cesante futuro, el juzgador de segunda instancia indica que “la negativa de este concepto no radica en que la señora Pulgarín Muñoz sea considerada actualmente como inválida con independencia del porcentaje de pérdida de capacidad laboral. El reconocimiento, más bien, se atiene a las propias pruebas que en su momento oportuno se decretaron” (fl. 44, c. Trib.). Resalta seguidamente que, como lo expuso el juez de primer grado, “en el expediente se confrontan distintos porcentajes; y es que en este punto no resulta inadecuado el cuestionamiento que hace sobre este hecho y sobre los límites a establecer frente a la incidencia de las lesiones en la proporción de la incapacidad, aunque se haya generado finalmente invalidez” (fl. 45 ib).
Descarta luego la calificación del porcentaje de capacidad laboral establecido por MAPFRE Seguros S.A. (sic), documento allegado dentro de la diligencia de interrogatorio de parte del señor Luis Albeiro Cartagena, del cual indica que no puede erigirse en definitivo para desvirtuar los demás dictámenes que las partes conocieron y que incluso ya se tenían para el momento de la actuación penal.
Y luego indica: “la historia clínica y los distintos conceptos sobre incapacidad, como bien lo analizó el a quo, fueron tenidos en cuenta por Luis Armando Cambas Zuluaga (cfr. fls. 11-18, c. 9), médico especialista, no pudiéndose descartar otros trastornos que venían acompañando a la paciente, incluyendo posibles afecciones degenerativas. En estas circunstancias, resulta inadmisible generar una condena a los demandados por lucro cesante futuro” (fl. 45, c. 10).
C. Sobre el daño moral, explica el fallador de segunda instancia que la señora Doris Viviana Pulgarín Muñoz ha sufrido una afectación en su esfera interna, por el intenso dolor que ha padecido. Agrega que ese dolor igualmente se presume que se proyecta a los otros demandantes, cónyuge y parientes cercanos, aunque para su tasación deba adoptarse una suma inferior a la que ha de concedérsele a la señora Pulgarín. En consecuencia, considera que no es procedente reducir la cantidad indicada por este concepto en la sentencia de primera instancia.
D. En lo tocante al perjuicio fisiológico o de vida de relación, apunta que doña Doris ha sufrido una disminución en los placeres vitales que otorga la plena integridad personal debido a las restricciones de movimiento por las limitaciones existentes en la extremidad superior derecha y su afectación en el cuello, que inciden en el quehacer cotidiano y en su desempeño físico.
También consideró el Tribunal que la tasación realizada por el a quo debía confirmarse, ya que ha sido prudente y razonable (fl. 48, c. 10).
E. Pasa a estudiar la inconformidad de la compañía aseguradora, en el sentido de que deben tenerse en cuenta las condiciones específicas de la póliza, y en particular el deducible allí pactado. Confirma que, en efecto, se estipuló un deducible del 10% y un mínimo de un salario legal mensual por lo que así lo ha de disponer en la parte resolutiva de la sentencia.
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN. CARGO ÚNICO.
Con estribo en la causal primera de casación, la recurrente acusa la sentencia de violación indirecta -a causa de errores de hecho cometidos por el Tribunal en la apreciación de las pruebas- de las normas sustanciales contenidas en los artículos 1613 y 1614 del Código Civil, 41, 42, y 43 de la Ley 100 de 1993, 3, 4, 6, 8 y 9 del Decreto 2463 de 2001, el Decreto 3752 de 2003 y el artículo 16 de la Ley 446 de 1998.
En su desarrollo, manifiesta que en el expediente abunda la prueba que acredita la pérdida de la capacidad laboral que configura el estado de invalidez de la recurrente, y a pesar de que existen varios dictámenes que califican la incapacidad, su concurrencia no impide la aplicación concreta de todos en momentos históricos diferentes o la aplicación de uno de ellos de acuerdo con las normas que regulan este caso.
Agrega que cuando el fallador indica que no puede condenar a los demandados por concepto de lucro cesante futuro, en vista de que en el expediente se enfrentan distintos porcentajes relativos a la calificación de la pérdida de la capacidad laboral de la señora Doris Viviana Pulgarín, se pronunció sólo en relación con la proveniente de Mapfre Seguros S.A.. Y aunque admite que es cierto lo afirmado por el ad quem en cuanto a la forma como dicha prueba se aportó, le reprocha que haya omitido el examen y valoración conjunta del resto de las pruebas documentales relacionadas con esa medición. Particulariza las siguientes:
A. La certificación expedida por el Médico Coordinador de Salud Ocupacional de la Fundación Médico Preventiva en la que deja constancia del diagnóstico efectuado a Doris Viviana Pulgarín, del hecho de ser este consecuencia natural del accidente de tránsito que sufrió, así como de la pérdida de la capacidad laboral del 63.13% de acuerdo con el Manual Único de Calificación de Invalidez (decreto 917 de 1999), lo que corresponde a un 94.69% de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo, norma que rige para los docentes.
B. Alude asimismo a que en los folios subsiguientes existen otros documentos relacionados con este asunto, como el fechado el 16 de diciembre de 2008 en el cual la Fundación Médico Preventiva recomienda a la Secretaría de Educación de Bello pensionar a la señora Doris Viviana Pulgarín.
C. Se refiere también a que en el cuaderno de pruebas de la parte demandante (folios 52 a 54) se observa que la señora Pulgarín fue desincorporada del cargo de docente por pérdida de la capacidad laboral del 94.69% por enfermedad de origen común aplicable para docencia.
D. Adicionalmente atribuye al Tribunal haber omitido el análisis del decreto de desincorporación y la notificación que se le hace del mismo a la recurrente, ya que en dicha prueba se hace mención, una vez más, al motivo del retiro y al porcentaje de pérdida de la capacidad laboral.
E. Omite el ad quem el análisis completo de la copia auténtica del dictamen del 29 de noviembre de 2005, remitido directamente por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquía, y en el cual se concede un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 27.91%, situación que nunca es mencionada por ese juzgador.
Hace énfasis el recurrente en las conclusiones de este dictamen, en el que se ponderan las secuelas del accidente de tránsito como un 27.91% de merma de la capacidad laboral, de acuerdo con el decreto 917 de 1999.
Le reprocha al juzgador de segunda instancia haberse referido únicamente a la declaración rendida por el médico Luis Armando Cambas Zuluaga, que halló suficiente y sobre la cual no tuvo en cuenta que la misma se enfoca en algunos padecimientos antiguos y temporales de la señora Doris Viviana así como en un diagnostico probable de fibromialgia que nunca llegó a ser confirmado, pretendiendo achacar a estos padecimientos antiguos, temporales y no confirmados, las conclusiones que llevaron a la Fundación Médico Preventiva y a la Junta Regional de Calificación de Invalidez a establecer el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral de Doris Viviana. De esta forma, agrega la censura, el ad quem le dio un alcance omnicomprensivo a esa declaración, al pretender que con base en el mismo quedaban analizadas las demás pruebas, dejando por tanto de lado la “real prueba otorgada por las entidades que según la ley son las encargadas de establecer el porcentaje de la capacidad laboral” (fl. 71, c. Corte), de las cuales resalta su similitud en cuanto al tipo de lesiones, origen de las mismas y secuelas sufridas.
F. Prescinde de la historia clínica, de la que aflora el proceso médico a que se sometió la recurrente, y con base en la cual la Fundación Médico Preventiva y la Junta Regional de Calificación de Invalidez establecieron la pérdida de la capacidad laboral y concluyeron que las secuelas tuvieron origen en el accidente de tránsito de que trata el proceso.
G. Recortó el alcance del dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pues el Tribunal solo lo apreció para tasar el lucro cesante consolidado, pero no estableció que las secuelas que allí se indican, las cuales son de carácter permanente, son las mismas que se certifican en los dictámenes de la Fundación Médico Preventiva y de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia.
Alude seguidamente a la violación de los artículos 3, 4, 6, 8 y 9 del decreto 2463 de 2001 referidos a la determinación de la entidad competente para calificar el grado de pérdida de la capacidad laboral y el origen de la enfermedad, con la finalidad de resaltar que a la recurrente le fue calificada su pérdida de la capacidad laboral por la entidad legamente llamada a hacerlo, la que además toma para ello en consideración la causa de la incapacidad.
En relación con la tasación del daño moral y el daño a la vida de relación, indica la censura que se violó indirectamente el artículo 16 de la ley 446 de 1998 puesto que las condenas impuestas no tuvieron en cuenta el estado de invalidez permanente, por lo cual deben reajustarse.
IV. CONSIDERACIONES
A. Se dirige el recurso a combatir las conclusiones del Tribunal en lo tocante al lucro cesante futuro y consecuencialmente, a la cuantía del daño extrapatrimonial (moral y a la vida de relación) padecido por la recurrente, en tanto fueron tasados por la Corporación, siguiendo al a quo, tomando en consideración una incapacidad temporal y no un estado de invalidez permanente. De suerte que otros tópicos abordados en el fallo, atinentes al daño emergente y al lucro cesante consolidado, quedaron sin embate alguno, y por ende, por fuera de los alcances del recurso.
B. En lo que hace al lucro cesante futuro, advierte el ad quem, de una manera un tanto confusa (último párrafo, fl. 44, c. 10), que para el reconocimiento de esta pretensión no basta que la demandante haya sido considerada y declarada como inválida con independencia de su incapacidad laboral, sino que debe estar soportada en las pruebas recaudadas. Es decir, en cuanto a la invalidez, el Tribunal consideró que de ese hecho no podía inexorablemente concluirse que la demandante Doris Pulgarín había sufrido un daño indemnizable en la modalidad de lucro cesante futuro.
Y tras prohijar el análisis que sobre los diversos porcentajes de discapacidad adoptó el a quo en su fallo y desestimar la certificación de Mapfre Seguros S.A. tanto por la manera como llegó al proceso –que la recurrente no combate- como por entender que no desvirtuaba los demás dictámenes que las partes conocieron desde el propio decreto de pruebas, le dio total credibilidad al dicho del testigo técnico Luis Armando Cambas Zuluaga, acogiendo al efecto lo que sobre esa declaración plasmó el juzgador de primera instancia en su fallo apelado.
El juzgado a quo, en cuanto a las certificaciones sobre el porcentaje de discapacidad de la actora, explicó que al existir uno que arroja un porcentaje del 94.69% de invalidez, otro más aportado con la demanda que le asigna un 27.91% y, en fin, uno adicional que fija la pérdida de la capacidad laboral en el 52.85%, señaló que esa radical diferencia entre las diversas certificaciones le imponía ser riguroso en la valoración probatoria (fl 401 vto, c 1), de tal manera que la reparación obedezca al daño efectivamente causado, a vuelta de lo cual descartó todas esas certificaciones y le dio plena credibilidad al dicho del referido testigo, de cuya declaración reprodujo segmentos.
Estas alusiones a las consideraciones del juzgador de primera instancia fueron, como se dijo, acogidas por el Tribunal, y de ahí lo pertinente de recordarlas, a efectos de verificar si de las pruebas mencionadas en el cargo puede deducirse un yerro fáctico cuyo reconocimiento haga posible el quiebre del fallo.
C. Para lo cual, antes de avanzar, luce pertinente resaltar que las equivocaciones fácticas que denuncie el censor deben no solo demostrarse y ser trascendentes o de tanta importancia que de no haberlas cometido otra hubiera sido la solución adoptada por el fallador, sino que esas equivocaciones deben ser protuberantes, que brillen al ojo, ostensibles, evidentes, manifiestas, epítetos todos que la Corte no ha ahorrado en utilizar para resaltar con ánimo ilustrativo, la índole del error de hecho que, en casación, logra el aniquilamiento de los fallos.
Ha enseñado la Corporación que “‘el desatino (del juzgador) debe ser tan evidente, esto es, que nadie vacile en detectarlo, que cuando apenas se atisba como probable o posible, ya no alcanza para el éxito de la casación, porque, como lo tiene averiguado la Corte, ‘la duda jamás sería apoyo razonable para desconocer los poderes discrecionales del sentenciador (XLV, 649)’ (…) (Cas. Civil G. J. CCXXXI, pag. 645)’ (Sent. Cas. Civ. No. 025 de febrero 26 de 2001), toda vez que, ‘partiendo de la base de que la discreta autonomía de los juzgadores de instancia en la apreciación de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunción de acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmación del fallo, justificación que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimación probatoria propuesta por el recurrente es la única posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez; por el contrario, no producirá tal resultado la decisión del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciación que ofrezca la prueba o que no se impone frente a ésta como afirmación ilógica y arbitraria, es decir, cuando sólo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado. Se infiere de lo anterior, entonces, que cualquier ensayo crítico sobre el ámbito probatorio que pueda hacer más o menos factible un nuevo análisis de los medios demostrativos apoyados en razonamientos lógicos, no tiene virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia si no va acompañado de la evidencia de equivocación por parte del sentenciador, error que, según lo precisa el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, debe aparecer de manifiesto en los autos lo que equivale a exigir que sea palmario; ‘... si el yerro no es de esta naturaleza, prima facie, si para advertirlo se requiere de previos y más o menos esforzados razonamientos, o si se manifiesta apenas como una posibilidad y no como una certeza, entonces, aunque se demuestre el yerro, ese suceder no tendrá incidencia en el recurso extraordinario...’ (G. J. Tomo CXLII, pág. 242)’” (Sentencia No. 006 del 16 de marzo de 1999, reiterada en Sent. Cas. Civ. No. 077 de 30 de julio de 2008)” (cas. civ. sentencia de 6 de julio de 2009, exp. n° 05001-3103-013-2000-00414-01)” (Cas. Civ. del 23 de junio de 2011, exp. 73001-3103-003-2003-00388-01)
D. En vista de que el Tribunal otorgó total credibilidad a la declaración rendida por Luis Armando Cambas, comienza la Sala por analizar si en la apreciación de ella cometió el ad quem el error de hecho que le atribuye la casacionista, centrado sólo en una posible y no comprobada afección de la Sra. Pulgarín (fibromialgia).
En su declaración, el testigo, quien se identificó como médico especialista en salud ocupacional, abogado y máster en medicina evaluadora en seguridad social, responsabilidad y civil y seguros, declaró, entre otras cosas, (fl. 11 a 18, c. 9), que “en relación con los dictámenes periciales que aparecen aportados, en mi calidad de experto y único autor del libro sobre el tema que hay en Colombia, se evidencia un absoluto desconocimiento que llega incluso a la aplicación de normas derogadas desde hace 16 años por lo que en el dictamen de la Fundación Médico Preventiva por ejemplo, que se asigna una pérdida de capacidad laboral del 95% o 96%, esto en baremología que es el estudio y las tablas de valoración del daño a la persona, si se tiene que el 100% corresponde a la muerte, tenemos que un 95 o 90% está hablando de una persona que está inconsciente, en coma profundo y conectada a un ventilador es decir que no puede respirar por sí misma, por eso no se entiende como una persona que goza de conciencia, que puede declarar y ser interrogada por el despacho, que se desplazó hasta los juzgados, la haya sido calificada un 96% de pérdida”.
Más adelante indica que “por historia clínica ella tuvo una fractura lineal, no desplazada de la vértebra C6 o sea una vértebra del cuello, en esa tomografía axial computarizada tomada en los días próximos al accidente fue el único hallazgo, lo que habla de que ni siquiera era quirúrgica, ese manejo es médico con un collar de tomas (sic) por 30 días, un collar que estabiliza la columna, no obstante ella terminó siendo operada, le extrajeron el disco intervertebral C5 y C6 que es como un cauchito que separa la quinta vértebra cervical y la sexta vértebra cervical, pero se reporta una electromiografía con velocidad de conducción nerviosa de los nervios que salen de la columna cervical como normal, es decir que no había ninguna compresión sobre los nervios por lo que objetivamente no habría ni dolor ni zonas donde no sintiera la persona o zonas donde sintiera un corrientazo o falta de fuerza en los miembros superiores, por ello esa pérdida de capacidad laboral con esos antecedentes por historia que en teoría son derivados directos del accidente de tránsito, difícilmente con el baremo, manual de calificación vigente a la fecha del accidente e incluso vigente en este momento, difícilmente supera el 25%”.
Se refiere el testigo a que “en medicina hay síntomas y hay signos, los síntomas es lo que los pacientes refieren los signos son la objetivización que hace el médico por medio de su exploración física y con las ayudas diagnósticas”, luego de lo cual indica que “en este caso lo objetivizaron con una tomografía axial computada un TAC y el TAC reporta únicamente una fractura lineal o desplazada de la vértebra C6 y dice que no hay hernias. El baremo, los manuales de calificación per se y el nuestro no es ajeno a como los del mundo lo son, indican que las quejas del paciente no podrán ser tenidas en cuenta por el calificador si no están soportadas en exámenes y ayudas diagnósticas es decir objetivizadas y en este caso lo objetivizado era eso, que además con una electromiografía se mostró que no había compromiso de ningún nervio (el testigo revisa documentos del expediente, folio 87), a folio 87 aparece una resonancia magnética de CEDIMED del 27 de julio del 2004 en donde claramente se evidencia una enfermedad degenerativa de años de evolución cuando el examen es un mes y medio del accidente… Hay abombamiento pero no hay efecto de masa, esto es que no hay hernia, el ser humano empieza a degenerar la columna a los 25 años… El hecho de yo decir que tiene una enfermedad degenerativa de la columna no quiere decir que esté inválida, más cuando se probó con la electromiografía que no había compresión radicular, que esos discos intervertebrales no estaban comprimiendo las raíces nerviosas que es lo que produce los calambres, los dolores o falta de fuerza o incluso que se “secan” los miembros”… “En las primeras evaluaciones no hay concordancia de lo referido por la paciente a lo encontrado por el ortopedista y el neurocirujano, por ejemplo el doctor Jairo Estrada anota ‘paciente muy difícil de evaluar, no colabora, ansiosa, no encuentro déficit neurológico, los rayos X no muestran lesiones, en mi opinión es que es una paciente muy sintomática’. El nueve de junio de 2004 el doctor Fernando Posada dice que ‘no hay déficit motor en miembro superior derecho, a los rayos equis de columna cervical, AP lateral y con boca abierta no hay alteraciones osteoarticulares’. Neurocirugía del mismo nueve de junio de 2004 interroga una hipoestesia o una zona donde no se siente, cuando el médico interroga en una historia y con dos interrogantes que está diciendo, yo no le creo a la paciente y pone además que no es simétrico, es decir en situaciones donde uno busca un signo que debe ser igual en dos lados, no encontrarlo también es un indicio de simulación y anota también como parte del diagnóstico ‘ansiedad’. Es más ordena amitriptilina que es un medicamento para disminuir la ansiedad y da de alta por neurocirugía el mismo nueve de junio de 2004”.
Ante pregunta relacionada sobre si existen soportes de pruebas anteriores al accidente de tránsito, con revisión de piezas procesales por parte del testigo y que el despacho le permite, responde que aparece una resonancia magnética al mes y 23 días “después del accidente en donde se evidenciaba unos cambios crónicos objetivos no agudos en la columna cervical que son clara muestra del deterioro natural de todo ser humano comienza presentar a partir de los 25 años en su columna pero que nada tiene que ver con el accidente de tránsito”.
Preguntado por sobre la posible comprobación de fibromialgia en la Sra. Pulgarín, el testigo anotó que no se encontraba demostrada.
La transcripción de los anteriores fragmentos de la declaración del testigo técnico, que sirvió de pauta al ad quem para encontrar una limitante en la declaración de certeza del daño futuro indemnizable en la modalidad de lucro cesante alegado por la demandante, pone de manifiesto que, tomando pie en esas manifestaciones le otorgó el fallador de segunda instancia -en conclusión que no luce absurda o descabellada-, credibilidad a las dudas establecidas por el deponente en relación con los dictámenes de incapacidad que obran en el expediente, así como en cuanto a la existencia de condiciones particulares de la demandante anteriores a la fecha del accidente.
Adujo el Tribunal que no pudieron descartarse otros trastornos que venían acompañando a la paciente, incluyendo posibles afecciones degenerativas (fl 45 c. 10) y, con vista en el examen de los documentos a que después se aludirá, se puede constatar que los exámenes y ayudas diagnósticas realizados a la demandante en fecha próxima al accidente dan cuenta de los detalles que describe el declarante, de suerte que la conclusión a la que llegó el colegiado tiene adecuado basamento en los medios probatorios, lo que conlleva, por consiguiente, a que la Corte deba respetar este criterio del ad quem, en tanto se encuentra fundamentado en la antedicha prueba, y a través de ella, en el análisis de los diversos medios probatorios a que aludió el declarante, lo que excluye por consiguiente la comisión del yerro fáctico evidente o manifiesto.
E. En efecto, y ya en lo referente a la prueba documental, debe señalarse que a pesar de no hacer referencia precisa a los documentos cuya omisión le endilga el recurrente, el Tribunal sí los apreció, solo que, englobándolos, de ellos predicó que no demostraban la obligación de resarcir el lucro cesante pedido, a pesar del estado de invalidez laboral que reconoció, no obstante los disímiles certificados de incapacidad e invalidez.
Tal afirmación encuadra el debate en el nexo de causalidad entre el hecho dañoso (el accidente) y el detrimento corporal padecido por la demandante, esto es respecto de su reflejo directo en la pérdida o disminución de ingresos en el futuro. En otras palabras, lo que echa de menos el Tribunal no es tanto la existencia de una condición de invalidez, que halla demostrada, sino si la invalidez y con ella el lucro cesante futuro reclamado, fueron causados por el accidente relatado en la demanda.
Un examen al acervo probatorio muestra que buena parte de los documentos emanados de quienes no son parte, tanto aportados por la demandante como por petición que el juzgado hiciese a terceros, relacionados en el cargo, llegaron al proceso en fotocopia simple, aspecto que pone de presente la Sala, no obstante que dicha glosa no fue advertida en las instancias ni, por supuesto, tratada en el cargo, que apunta justamente a su realce probatorio en procura demostrar el error del Tribunal a partir de lo que con ellos intenta acreditarse. Y se pone de presente porque, en la tarea que el censor encarga a la Corte, de analizar dichas probanzas a efectos de cotejarlas con la conclusión fáctica del Tribunal y constatar así el yerro que denuncia, tropieza enseguida la Sala con este escollo, que impediría la estimación de los documentos que seguidamente se relacionan, pues, de conformidad con sólida posición jurisprudencial su mérito probatorio es ninguno (Cfr. Cas. Civ. de 4 noviembre de 2009; de 7 de junio de 2012, Exp. No. 11001-02-03-000-2012- 01083-00; de 28 de junio de 2010, exp. 0500131030052005-00053-01; de 18 de diciembre de 2012, exp. 11001 3103 036 2006 00104 0, entre otras).
1. Así, obran en fotocopias simples:
a) A folio 49 del cuaderno 1, el “dictamen médico legal de lesiones no fatales” producido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional Antioquía, sede Medellín, de fecha 3 de agosto de 2004 (el accidente ocurrió el 4 de junio) en el que se indica: “PRESENTA: collar ortopédico que inmoviliza el cuello, hay marcado dolor con los movimientos en ambos miembros superiores. Según fotocopia de historia clínica nro. 38963 del HPTU sufrió fractura lineal transversa de la lámina izquierda de C6. CONCLUSIÓN: MECANISMO CAUSAL: contundente. INCAPACIDAD MÉDICO LEGAL: PROVISIONAL. Sesenta (60) días”.
b). A folio 50, el “dictamen médico legal de lesiones no fatales” producido por el mismo Instituto, de fecha diciembre 6 de 2004, en el que se indica que la demandante camina con dificultad, arrastra los miembros inferiores y tiene notoria limitación para movilizar el cuello y el hombro derecho. En el dictamen se indica que la paciente relata parestesias en miembro superior derecho y dolor desde columna cervical hasta la lumbar. Indica el certificado que la incapacidad médico legal definitiva es de 60 días, pero que se debe evaluar a la paciente en dos meses.
c). A folio 51, “dictamen médico legal de lesiones no fatales” producido por la referida Institución, de fecha junio 16 de 2005, en el que se hace constar que la paciente presenta limitación para la abducción del miembro superior derecho y pérdida de la función prensil de esa mano. Reproduce aspectos que figuran en la historia clínica para señalar finalmente que se decreta una incapacidad médico legal definitiva de 60 días con secuelas médico legales descritas así: “perturbación funcional de miembro, de carácter permanente, perturbación funcional de órgano, de carácter permanente, perturbación funcional del órgano, de carácter transitoria. Notas: se refieren las secuelas al miembro superior derecho y al órgano prensil de la mano derecha por las lesiones descritas. La perturbación funcional del órgano de locomoción fue de carácter transitoria y ya cesó”.
d). A folios 77 a 100, la historia clínica levantada en el Hospital Pablo Tobón Uribe, de fecha 4 de junio de 2004, en la atención de urgencias, en la que se indica que la paciente llega caminando sola.
f). A folio 310, la comunicación fechada el 16 de diciembre de 2008, que la Fundación Médico Preventiva, por conducto de Augusto Antonio Arias Hurtado y Carlos Alberto Betancur Castañeda, remite a la Secretaría de Educación del municipio de Bello, en la que le recomiendan pensionar a Doris Viviana Pulgarín Muñoz, por presentar una pérdida de la capacidad laboral del 94.69%.
g). A folio 310, la comunicación fechada el 30 de octubre de 2009, con el nombre de los anteriores profesionales, de la Fundación Médico Preventiva, en la que le indican a la Coordinadora del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio que la paciente Doris Viviana Pulgarín debe continuar pensionada.
h). A folios 351 y 352, el listado de incapacidades que la Fundación Médico Preventiva le concedió a Doris Viviana Pulgarín, con los diagnósticos que las generaron, la mayor parte, en las fechas próximas a la del accidente, relacionadas con temas de la columna cervical y lumbago1.
2. Y, pertinentes al asunto que se examina, están aportados al proceso, en original:
a) A folio 53 y vto. figura el formulario diligenciado por la Junta de Calificación de Invalidez de Antioquia, de fecha 29 de noviembre de 2005, en el que se recoge el dictamen para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral. En la “descripción de deficiencias” aparecen dos: secuelas de hernia de núcleo pulposo C5C6 operado e histerectomía, las que junto con la fórmula establecida en el propio formulario arroja una calificación de 11.96%. En la “descripción de discapacidades” (con los ítems para ser diligenciados referidos a la conducta, la comunicación, el cuidado de la persona, la locomoción, la disposición del cuerpo, la destreza y la situación) el dictamen le asigna un 4.7 %. Y en “descripción de minusvalía” (orientación, independencia física, desplazamiento, ocupacional, integración social, autosuficiencia económica, en función de la edad) el dictamen arroja un porcentaje de 11.25%, para un total de 27.91%.
b) A folio 54 documento suscrito por el médico César Augusto Osorio Vélez, ponente ante la Junta que adoptó el porcentaje de incapacidad del 27.91%, en el que se detalla lo que la paciente relata y además da cuenta cronológica (desde el ocho de junio de 2004 hasta el 19 de octubre de 2005 ) de episodios que se refieren a aspectos importantes de su evolución, tales como la epicrisis (del 8 al 10 de junio de 2004, con diagnóstico de esguince cervical y rayos X normales), TAC con fractura lineal no desplazada de lámina de C6 transversa no clara por lo que se ordenara resonancia magnética, en la que se reporta hernia y con un electromiograma (EMG) normal, realizado el 29 de julio, hasta la información de la paciente (19 de octubre de 2005) en la que dice que no tolera la fisioterapia.
c) A folio 101, la historia clínica levantada (con fecha 19 de octubre de 2005) por la Fundación Médico Preventiva en la que se indica que Doris Pulgarín llega sin acompañante, con “diagnóstico de fractura C3-C7 con evolución de un año, cirugía de columna con material de osteosíntesis e injerto óseo con evolución de cinco meses”.
d) A folios 109 a 111, detalle de la consulta médica especializada realizada por la paciente en la clínica de Oncología Astorga, de fecha 5 de abril de 2006, en la que se puede leer que la paciente no es capaz de movilizar el miembro superior derecho, con parestesias del miembro superior derecho y “ahora la siente en el miembro inferior derecho”. Para el 30 de enero de 2006 la paciente relata un mejor control del dolor con presentación de mareos y se indica que llega en esa fecha para bloqueo simpático del ganglio estrellado derecho. Para el 8 de febrero de 2006 se indica en el documento que la paciente relata un muy buen control del dolor en el miembro superior derecho, mejoría en el dolor de la cicatriz pero con dolor a nivel cervical intenso, aún con insomnio de mantenimiento y se indica que tiene buena adherencia al tratamiento. Para el 5 de abril la paciente relata mal control del dolor, sensación de ahogamiento y está incapacitada. Allí se indica que dentro de los antecedentes tiene hipotiroidismo sin tratamiento actualmente. En los hallazgos indica que las extremidades están sin posición antálgica y sin protectora del MSD (miembro superior derecho).
e) A folio 116 puede leerse el diagnóstico de fecha septiembre 23 de 2006, suscrito por el especialista en dolor y cuidado paliativo Dr. Jorge René Estupiñan, de la Clínica Oncológica Astorga, en el que indica, refiriéndose a Doris Viviana Pulgarín, que a la paciente se le debe autorizar “IC por fisiatría” e indica que tiene un SDRC tipo I (síndrome de dolor regional complejo).
f) A folio 309 consta certificación del médico coordinador de salud ocupacional, Augusto Antonio Arias Hurtado, de la Fundación Médico Preventiva, de fecha 25 de febrero de 2009, en la que indica que la paciente presenta un diagnóstico de “hernia de disco cervicales operada, limitación para la flexo extensión del codo derecho, limitación de la pronación del antebrazo derecho, y neuralgia postrauma. Es consecuencia natural y directa del accidente de tránsito sufrido por la paciente en el año 2004. Con una pérdida de la capacidad laboral del 63.13% de acuerdo al manual único de calificación de invalidez decreto 917 de 1999” y seguidamente señala que corresponde a un 94.69% de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo.
Pues bien, si, abstracción hecha de la mencionada falencia formal, se aplicase la Corte a examinar todos estos documentos, encontraría que de los mismos no fluye de todas maneras, en forma terminante o concluyente, la demostración –no hallada por el ad quem- de que el accidente haya sido la causa de los achaques y dolencias de diverso orden que ha venido padeciendo la demandante a lo largo del tiempo, pues las certificaciones y en general los documentos a que alude la censura, solo describen el estado de salud, molestias, antecedentes, incapacidades, tratamientos y hasta secuelas, pero en manera alguna existe alguno que, en forma fundamentada entregue al juzgador elementos de juicio o explicaciones que le sirvan de ilustración para deducir, con algún marcado índice de verosimilitud, cuál fue la causa de los padecimientos.
Porque debe repararse en el hecho de que no obstante afirmarse en un documento (fls. 54 vto, c. 1) que el origen de la incapacidad permanente parcial fue “accidente” (Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia) y en otro más ( fl. 301, ib), que los padecimientos de la actora son “consecuencia natural y directa del accidente de tránsito sufrido por la paciente en el año 2004”, tales asertos no vienen soportados de una explicación que satisfaga los requerimientos de firmeza, precisión y fundamentación que, en tratándose de pruebas técnicas deben acompañar la conclusión o el criterio de este tipo de afirmaciones, como lo exige para el dictamen pericial el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil. Son, más bien, declaraciones conclusivas en las que, quienes las suscriben, hacen constar el resultado de una averiguación previa, de cuyo desarrollo, pertinencia y rigor –en cuanto a métodos, técnicas, ponderación de la incidencia de las preexistencias y/o del accidente sufrido frente al daño corporal que origina la invalidez decretada, etc- nada se sabe y por tanto, no pueden fundar una declaración certera acerca de la conexión directa entre el lucro cesante reclamado y el accidente sufrido.
En suma, tales documentos, incluso si se aprecian en su totalidad y se hace caso omiso –como ocurrió en las instancias-de la advertida falencia en algunos de ellos, no desvirtúan las manifestaciones y explicaciones del testigo técnico, pero además, no ofrecen esclarecimiento alguno de lo que, a fin de cuentas, se averigua en el proceso, que no es la invalidez como tal, en la que tanto se esforzó la casacionista, sino en la causa del daño indemnizable reclamado en el proceso. Nótese que en la certificación acerca de la invalidez dictaminada por las autoridades encargadas de ello, lo determinante es dar a conocer un criterio técnico científico que sirva en el plano de la seguridad social para obtener el reconocimiento de una prestación por causa de la invalidez, en la que hasta se incluye una histerectomía practicada a la paciente. El carácter omnicomprensivo y totalizador que sobre el estado psicofísico de la persona examinada tiene el dictamen lo torna inepto, en este caso, para dar con lo que en el proceso se averigua, que es el ligamen entre el lucro cesante futuro reclamado y el accidente.
Y es que ciertamente, dentro de los tópicos de más ardua dilucidación en el terreno de la responsabilidad civil, y en concreto, en el de la intensidad del daño a la persona en accidentes de tránsito, está el de la consideración acerca de si el hecho calificado en la demanda de dañoso es el que ha desencadenado las consecuencias ya latentes en la víctima, y que tal hecho sólo vino a materializar; si el alegado hecho dañoso simplemente agravó los padecimientos preexistentes, o en fin, si el accidente ocasionó perjuicios diferentes pero que se suman a los que venía incubando la víctima.
Tópicos estos que se entroncan con la causalidad, para cuya averiguación surge como idónea herramienta de verificación de los hechos la prueba técnica que dé cuenta fundamentada acerca de si esa preexistencia lesiva que tenía la víctima puede conducir a aminorar la cuantía de la indemnización o si la lesión que se alega haberse causado como consecuencia del accidente existía antes en su integridad.
Pero ocurre que en este proceso las certificaciones sobre incapacidades o específicamente sobre invalidez que aporta la demandante no solamente son disímiles sino que, según se indicó, refieren circunstancias que no pudieron quedar despejadas, como el hecho de que, como ocurre con la certificación de la Fundación Médico Preventiva, se haya incluido una histerectomía para tasar el porcentaje de discapacidad en la paciente y demandante o las circunstancias de que en el plenario obren pruebas que dan cuenta de un proceso degenerativo de las vértebras cervicales, cuyo estado in potentia y larvado o ya presente en menor o mayor intensidad, quedó sin esclarecerse.
Surge palmario, por consiguiente, que en este proceso el tribunal, en uso razonable de su autonomía para valorar las pruebas, inherente a su oficio, encaró el asunto desde la óptica de la causalidad y al no tener certeza sobre el origen de las secuelas aducidas por la demandante, no encontró acreditado el lucro cesante futuro pretendido, dándole credibilidad a un testimonio en el que su deponente, experto en el tema, iba analizando durante la declaración documentos a que refiere la censura, de lo cual extrajo el Tribunal sus conclusiones, que en consecuencia encuentran objetivo soporte en los medios examinados.
Como corolario de la anterior conclusión, y de acuerdo con el sendero argumentativo que plantea el cargo, tampoco pueden resultar triunfantes los reproches atinentes a la tasación de los daños morales y a la vida de relación, porque quedaron ellos subordinados al acogimiento de las censuras antes despachadas, y que apuntaron también a demostrarlos con solo acreditar el estado de invalidez, deducción que el Tribunal descartó, y que la Corte no puede calificar de contraevidente, según lo dicho.
En consecuencia, el cargo no prospera.
Las agencias en derecho serán determinadas en la presente providencia atendiendo el hecho conforme al cual la demanda de casación fue replicada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia 18 de octubre de 2011 dictada por la Sala Primera Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario de responsabilidad civil promovido por Doris Viviana Pulgarín Muñoz y Luis Albeiro Cartagena Durango, Juan Pablo Cartagena Pulgarín y Luisa Fernanda Cartagena Pulgarín contra Cooperativa de Transportadores de Bello Tax Coopebello y Luis Argemiro Ocampo Peláez, quienes llamaron en garantía a la Compañía Agrícola de Seguros S.A. sucedida por Seguros Generales Suramericana S.A.
Costas de casación a cargo de los recurrentes. En su liquidación inclúyase la cantidad de seis millones de pesos ($6.000.000,00) por concepto de agencias en derecho.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente.

MARGARITA CABELLO BLANCO

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA

FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ

1 En el documento se indica el diagnóstico con estas siglas: S122: Fractura de otras vértebras cervicales especificadas; S134: Esguinces y torceduras de la columna cervical; J040: Laringitis aguda; R521: Dolor crónico intratable; M541: Radiculopatía; M545: Lumbago no especificado; M511: Trastornos de disco lumbar y otros, con radiculopatía; M490: Tuberculosis de la columna vertebral.


JVR. Exp. 05001-31-03-006-2007-00196-01



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